La planta de hidrógeno de HIF en Constancia reaviva el fantasma de las papeleras y pone en alerta a Colón

Fecha de Publicación: 07/11/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Entre Ríos  - Nacional


Uruguay avanza con la instalación de una planta de hidrógeno verde frente a Colón, Entre Ríos, y reaviva las tensiones por el impacto ambiental sobre el río Uruguay. El proyecto de HIF Global, de US$ 4.000 millones, promete desarrollo energético. 
La historia vuelve a escribirse a orillas del río Uruguay. Dos décadas después del enfrentamiento binacional por las papeleras de Fray Bentos, la instalación de una planta de hidrógeno verde de HIF Global en Constancia, Paysandú, frente a Colón (Entre Ríos), vuelve a tensionar la relación entre ambos países. El proyecto, que promete transformar a Uruguay en un polo de combustibles sintéticos, ya generó reacciones políticas, advertencias diplomáticas y preocupación ambiental en la ribera argentina.
La futura planta estará emplazada en el paraje Constancia, a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Paysandú y a apenas 12 kilómetros en línea recta de Colón, en Argentina, separados por el río Uruguay. El sitio proyectado se ubica incluso más próximo a Colón que al propio centro urbano sanducero, un dato que alimenta el reclamo entrerriano por la relocalización del proyecto. La distancia al puente internacional General Artigas, que une ambas ciudades, es de unos 20 kilómetros, lo que ubica a la obra dentro de una zona de alto tránsito binacional y turístico.
HIF Global, con capitales chilenos, estadounidenses y europeos, planea invertir más de US$ 4.000 millones para producir hidrógeno verde y e-combustibles destinados a la exportación. El proceso se alimentará de energía solar y eólica, y requerirá tomar agua del río Uruguay para su electrólisis. Si bien la empresa asegura que “no habrá descargas contaminantes” y que los efluentes serán “tratados según estándares internacionales”, las autoridades y vecinos de la costa argentina exigen garantías verificables y monitoreo binacional.
Desde la Cancillería argentina, fuentes consultadas por Perfil confirmaron que se solicitó información técnica a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para evaluar si el proyecto debe ser notificado formalmente bajo el Estatuto del Río Uruguay de 1975, que regula las obras que puedan tener impacto transfronterizo.
Si bien el gobierno de Javier Milei no emitió una posición pública contundente, en el Palacio San Martín reconocen “la necesidad de transparencia ambiental y cooperación diplomática” con Uruguay. Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en reserva: “Argentina no se opone al desarrollo del hidrógeno, pero sí exige que cualquier obra que pueda afectar el río compartido se someta a información y monitoreo conjunto.”

Entre Ríos: apoyo al hidrógeno, pero rechazo a la ubicación
El gobernador Rogelio Frigerio fue categórico: “El principal punto es la ubicación: está mucho más cerca de Colón que de Paysandú. No nos oponemos a las energías limpias, pero queremos que el desarrollo no afecte a nuestras ciudades turísticas ni al río que compartimos.”
El Ejecutivo entrerriano respaldó oficialmente el pedido de relocalización impulsado por intendentes de la región de Tierra de Palmares, que incluye a Colón, San José y Villa Elisa. Además, la provincia trabaja con la CARU para acceder al estudio de impacto ambiental uruguayo y solicitar participación de técnicos argentinos en las evaluaciones.
Desde el municipio de Colón, el intendente José Luis Walser encabezó las gestiones para pedir información formal y la revisión del emplazamiento. El Concejo Deliberante colonense aprobó una resolución unánime pidiendo la intervención de la Cancillería argentina y la apertura de un monitoreo binacional preventivo.
Del lado uruguayo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, defendió el emprendimiento al considerarlo “una oportunidad histórica” para la región y dijo: “No es una pastera, es una planta de hidrógeno verde. Uruguay necesita producir energía limpia y atraer inversiones. Vamos a demostrar que se puede hacer con respeto ambiental.”
En tanto, las autoridades locales del municipio de Constancia, una zona rural con menos de 2.000 habitantes, sostienen que el proyecto traerá “empleo, infraestructura y desarrollo inédito para el norte de Paysandú”. Los promotores remarcan que el hidrógeno es “el combustible del futuro” y que el impacto ambiental será “mínimo y controlado”.

Gobierno de Orsi: desarrollo verde, diálogo abierto
El presidente Yamandú Orsi defendió públicamente la política energética del nuevo gobierno y el rol de HIF Global dentro de su estrategia de “transición justa”: “Uruguay seguirá apostando a las energías renovables y al hidrógeno verde como motor de empleo y desarrollo. No vamos a comprometer el ambiente ni la relación con Argentina. Todo lo que se haga será informado en el marco de la CARU.”
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, agregó: “Este proyecto tiene una dimensión nacional e internacional. Queremos que sea un ejemplo de cooperación ambiental. Si hay inquietudes del otro lado del río, las atenderemos con total transparencia.”
Fuentes cercanas al Ejecutivo uruguayo aseguran que el gobierno está dispuesto a “abrir instancias técnicas de diálogo”, pero sin detener el avance administrativo del proyecto.

Combustibles sintéticos en Argentina: entre la oportunidad y la deuda tecnológica
Mientras Uruguay avanza con HIF Global, en Argentina el desarrollo de combustibles sintéticos todavía transita una fase inicial, aunque comienzan a surgir polos industriales y proyectos estratégicos. La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Hidrógeno, elaborada por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, prevé la producción de metanol, combustibles de aviación sostenibles (SAF) y aceite vegetal hidrogenado (HVO) como parte de la transición hacia energías limpias.
El ejemplo más concreto es el de YPF en San Lorenzo (Santa Fe), donde se proyecta la planta Santa Fe Bio, con una inversión estimada de US$ 400 millones para producir combustibles sintéticos para aviación. Además, la Patagonia, por su disponibilidad de recursos eólicos y solares, figura como zona prioritaria para futuros polos de hidrógeno verde y e-fuels, especialmente en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro.
Sin embargo, la producción comercial a gran escala aún no se concretó: faltan marcos regulatorios específicos, infraestructura portuaria adaptada y acuerdos internacionales de exportación. En este contexto, el avance uruguayo con HIF expone la brecha tecnológica y regulatoria que separa a ambos países en la carrera por el hidrógeno verde.
La combinación de intereses ambientales, turísticos y energéticos vuelve a ubicar al río Uruguay en el centro de una tensión diplomática. El antecedente de Botnia/UPM aún resuena en la memoria colectiva de ambas orillas, y en Colón muchos temen que la historia vuelva a repetirse. El desafío será encontrar un equilibrio entre desarrollo y confianza, un punto medio donde el hidrógeno verde no termine teñido del mismo conflicto que, hace veinte años, dividió a dos pueblos unidos por el agua.
.

“Profundiza el cambio”: el Gobierno implementó una fuerte desregulación en agroquímicos

Fecha de Publicación: 06/11/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Senasa realizó modificaciones en el régimen de registro y permiso de productos; entre otros puntos, los establecimientos elaboradores podrán iniciar actividades con solo presentar una declaración jurada, sin necesidad de una autorización previa ni de contar con un director técnico
El gobierno nacional oficializó hoy nuevas modificaciones en el régimen de registro y autorización de productos fitosanitarios en el marco del proceso de desregulación del sector agropecuario impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Lo hizo a través de la resolución 843/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz “Pilu” Giraudo, donde se introdujeron cambios y aclaraciones a la resolución 458/25 que había establecido un nuevo manual de procedimientos para el registro, importación y comercialización de agroquímicos en el país.
La norma, que entrará en vigencia a partir del 5 de enero de 2026, simplifica los requisitos para los establecimientos elaboradores, acelera los tiempos de aprobación de productos y amplía los criterios para aceptar estudios y ensayos realizados en el exterior.
Entre los principales cambios, la nueva normativa destaca que los establecimientos elaboradores podrán iniciar actividades con solo presentar una declaración jurada, sin necesidad de una autorización previa ni de contar con un director técnico, por lo que quedarán sujetos a la fiscalización posterior del Senasa. Además, el organismo aceptará ensayos internacionales que acrediten buenas prácticas de laboratorio (GLP), lo que permitirá reducir costos y tiempos en los registros. También se agiliza la importación de productos fitosanitarios ya comercializados en países de alta vigilancia —como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y ahora también Suiza, Noruega y Liechtenstein— mediante un sistema de declaración jurada y registro transitorio.
En cuanto a los productos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM), la resolución dispone que no deberán someterse a una nueva evaluación, siempre que cuenten con aprobación previa de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia).
Asimismo, se aprueba una Guía de Procedimientos para la Gestión de Productos Fitosanitarios, que estará disponible en el sitio web del Senasa, con el objetivo de brindar mayor transparencia y facilitar la comprensión de los trámites. Con esta medida, también se incorpora al régimen general a los productos de la llamada “Línea Jardín”, de uso doméstico o no agrícola, que deberán inscribirse en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios.
“Aquellos productos que ya se comercializan para uso agrícola en la Argentina ingresarán automáticamente mediante la presentación de una Declaración Jurada, acompañando la documentación indicada en el punto I ‘Información Administrativa’ del Anexo V de la presente resolución, y un proyecto de marbete en idioma español, de acuerdo con la normativa vigente de etiquetado de productos fitosanitarios, considerando los usos autorizados en el país para el producto fitosanitario de referencia”, indica la resolución. 
“Aquellos que aún no tienen antecedentes de registro y uso agrícola en la Argentina deberán presentar una Declaración Jurada en la que conste que el producto no representa un riesgo para la salud humana, animal ni para el ambiente en el Territorio Nacional”, observa.
Tras conocerse la nueva normativa, el ministro Federico Sturzenegger salió a destacar la medida en las redes sociales: “La aclaratoria de la resolución 458/25 publicada hoy en el Boletín Oficial, con firma del titular del Senasa, sobre registro de productos fitosanitarios, profundiza el cambio iniciado con la desregulación en el sector en línea con el pedido del presidente Javier Milei".
Citó, además, que se elimina la exigencia del director técnico en establecimientos. “Se aceptan ensayos internacionales siempre que acrediten buenas prácticas, reduciendo costos y tiempos para registrar productos", indicó.
En efecto, en la resolución 458/25, el artículo 2 exigía que los establecimientos elaboradores de productos fitosanitarios obtuvieran autorización previa del Senasa, lo que implicaba la intervención de un director técnico responsable. Sin embargo, la resolución 843/25 sustituye ese artículo y establece que la autorización se obtiene automáticamente con una declaración jurada, eliminando la necesidad de una evaluación o aprobación previa y sin mencionar la figura del director técnico.
Sturzenegger agregó que se admitirá ágilmente la importación de productos registrados y comercializados en los países de alta vigilancia, ahora ampliado con Suiza, Noruega y Liechtenstein. "Si un fitosanitario contiene un OGM que ya fue aprobado por Conabia, no requerirá una nueva evaluación. Un mercado de agroquímicos más competitivo es mayor productividad para nuestro agro. Gracias a los equipos de Senasa, a los de la Secretaría Coordinadora de Producción del Ministerio de Economía, y a los equipos del Ministerio de Desregulación, por esta vuelta de tuerca", resumió. 
.

Bosque nativo en Hudson: denuncian avance de un nuevo emprendimiento inmobiliario sobre 170 hectáreas

Fecha de Publicación: 06/11/2025
Fuente: Diario 5Días
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones y vecinos de la zona de Hudson alertan sobre el avance de las topadoras en un área de 170 hectáreas de humedales, bosque nativo y selva en galería, recientemente adquiridas por la desarrolladora Puerto Nizuc, lindera al country existente.
Las máquinas ya comenzaron a trabajar sobre el pastizal, arrasando con añosos ejemplares de Coronillo (Scutia buxifolia), que albergaban núcleos de Mariposas Bandera Argentina y muchas otras especies nativas que hoy están siendo desplazadas.
Según denuncian, el proyecto contempla continuar el desmonte hasta el río, eliminando por completo un sector de selva marginal de altísimo valor ambiental.
“Estamos siendo testigos de un ecocidio. Se está destruyendo uno de los últimos relictos de selva marginal más austral”, expresaron desde las organizaciones vecinales.
Las entidades señalan como responsables directos al Municipio de Berazategui, al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y al Poder Judicial, por permitir la destrucción de un ecosistema clave para la regulación hídrica y la biodiversidad del área.
Hace algunos meses, los vecinos habían presentado una acción judicial para frenar otro emprendimiento similar —el denominado Distrito “Eco” Urbano— en el límite con Ezpeleta. En esa oportunidad, el Municipio de Berazategui respondió en su descargo que las organizaciones “mueven todo el aparato judicial guiados por una ceguera contra el progreso y la urbanización”, y que “se erigen como paladines de los humedales sin explicar quién les otorgó dicha potestad”.
“Resulta una verdadera falta de respeto hacia los vecinos que defienden lo que es de todxs”, señalaron.
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente provincial aún no respondió al pedido de información pública ambiental presentado por las organizaciones, pese a que las tareas de desmonte continúan.
“No estamos pidiendo un favor: es un derecho consagrado por ley. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información ambiental y de actuar para detener el daño”, enfatizaron.
El área afectada integra el relicto de selva marginal más austral, conocido en el informe realizado por la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET a solicitud del propio Ministerio de Ambiente, a través del Consejo Federal de Inversiones. Dicho informe desaconseja enfáticamente la urbanización sobre la planicie de inundación del Río de la Plata, destacando la importancia de conservar estos ecosistemas.
“De nada sirven los informes técnicos y los discursos sobre sustentabilidad si en la práctica se permite que las topadoras destruyan los humedales”, concluyeron los vecinos.
.

La Argentina cambió sus metas climáticas y ahora podrá emitir más gases efecto invernadero que hace cinco años

Fecha de Publicación: 05/11/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Como parte de un acuerdo internacional, el país debe actualizar cada 5 años su plan para luchar contra el calentamiento global. En este caso, el Gobierno irá por un objetivo menos ambicioso que el que había asumido en 2020. La posibilidad de ingresar a los mercados de carbono.
Cada 5 años todos los países que están dentro del Acuerdo de París, como la Argentina, tienen que presentar un documento para mostrar su plan para reducir las emisiones de gases efecto invernadero para evitar que la Tierra siga calentándose. Este documento se llama Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por su sigla en inglés) y durante la tarde del lunes la subsecretaría de Ambiente hizo una presentación con los principales puntos.
Aunque aun no se hizo la presentación formal de este texto en la ONU (se hará la semana que viene), según pudo saber TN el Gobierno fijó para los próximos años una meta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero menos ambiciosa que la que había hecho en 2020. Así, se pasó del compromiso de no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2030 a 375 millones de toneladas de C02 al 2030 y 2035.
Sobre esta cambio, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, aseguró: “Nuestro trabajo desde la subsecretaría de Ambiente es mitigar, adaptar y sobre todo postular para el 2030 y el 2035 objetivos alcanzables y realistas: la ambición debe ser siempre lo posible”.
Además se publicó un comunicado en donde se explicó: “La nueva contribución incorpora mejoras metodológicas; el aumento de la cobertura territorial; el incremento de categorías de emisión reportadas; y finalmente un cambio en las métricas del IPCC utilizadas. Todas estas modificaciones, que resultan en una mayor calidad y transparencia en la forma de medir, se traducen en una mejora frente a la NDC previa".
TN consultó al respecto a Carlos Villalonga, experto en clima y energía del Círculo de Políticas Ambientales, que señaló que este cambio parece ser una jugada de la Argentina para posicionarse como país en el mercado mundial de compra y venta de bonos de carbono. Además, criticó la falta de compromiso del Gobierno para la reducción de emisiones.
El mercado de carbono es un sistema que pone precio a la contaminación. Cada tonelada de dióxido de carbono emitida tiene un valor económico. Si hay países que tienen un sobrante en sus metas (es decir, que emitieron menos de lo previsto) pueden venderlo a países o empresas que hayan emitido más y así compensar.
“Es una tomada de pelo, muy serio. Esta discusión está fuera de registro (por parte del Gobierno). En el fondo de la cuestión el problema es que están especulando con entrar en el negocio de los bonos de carbono. Cuando vos inflás el inventario, te queda un remanente que podés vender. Es una contradicción”, explicó Villalonga. El experto asegura que la Argentina, con el correr de los años y con mejoras en la tecnología, reducirá sus emisiones en vez de aumentarlas.
Y sumó: “Con esta nueva meta estamos hablando de que no va a haber ningún tipo de reducción. Vamos a ser el hazmerreír de todo el mundo. Hay quienes se comprometen poco, mucho, pero hay compromiso. Lo de la Argentina es una falta total de compromiso".
Al respecto, el director nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática, Nazareno Castillo Marín, explicó en la presentación de esta tarde: “A través de los mercados de carbono, aplicados con el objetivo claro de contribuir al cumplimiento de la NDC, pueden ser un gran incentivo para que las acciones de mitigación ocurran”. Y aclaró: “La actualización y presentación de nuestra contribución es un requisito indispensable e ineludible para participar de estos mercados”.
La presentación de este plan llega días antes de que comience en Belém, Brasil, la COP30, la cumbre de cambio climático de la ONU más importante del año. La Argentina, si bien miembro de la organización, aun no definió la delegación que enviará.
.

El oficialismo acelera el tratamiento de la declaración de impacto ambiental de San Jorge

Fecha de Publicación: 05/11/2025
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Este jueves comienza el estudio en la Cámara de Diputados del expediente para avanzar con el emprendimiento minero PSJ Cobre Mendocino.
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, junto a otras propuestas de leyes vinculadas al impulso de la minería en la provincia. El oficialismo no demorará la discusión legislativa de estas iniciativas y esta misma semana comenzará a analizar la ratificación del estudio que autoriza el arranque de la explotación de cobre en Uspallata.
El miércoles pasado el Gobierno provincial presentó una batería de proyectos mineros. Uno de ellos fue la DIA del proyecto minero San Jorge para la extracción de cobre y oro en Uspallata. También llegaron las DIA de los 27 proyectos del bloque Malargüe Distrito Minero Occidental II, que es la segunda etapa del plan para impulsar la minería en el departamento sureño.
 Al mismo tiempo, también ingresaron a la Casa de las Leyes las propuestas de creación de un Régimen de Regalías Mineras de Mendoza; y otro proyecto para crear el Fondo de Compensación Ambiental.

Tratamiento sin demoras
La discusión de los proyectos, en especial la DIA de San Jorge, comenzará esta misma semana en la Legislatura.
Desde el oficialismo provincial confirmaron a MDZ que este jueves a las 10 se realizará un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, para debatir la ratificación al estudio de impacto ambiental para el proyecto de explotación de cobre y oro en la zona de Uspallata.
La agenda de invitados oradores para la etapa de análisis legislativo se terminará de definir este martes, pero adelantaron que este jueves dirán presente los funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia, para dar detalles técnicos sobre el proyecto minero.
El radicalismo pretende que todas las iniciativas tengan apoyo de los legisladores de la oposición una vez que tengan que ser votados en el recinto. Apuestan fundamentalmente al respaldo del intendente peronista de Malargüe, Celso Jaque.

Batería de proyectos mineros
Además de la DIA de PSJ Cobre Mendocino, el Gobierno provincial también envió las declaraciones de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración para el área de Malargüe Distrito Minero Occidental II.
La primera etapa de los emprendimientos mineros en el departamento sureño contó con el visto bueno para 34 DIA y ahora el Gobierno pretende ampliar los trabajos en la zona.
Asimismo, también se presentó un proyecto de Ley de Regalías Mineras para la provincia. Según la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, la iniciativa busca otorgar previsibilidad jurídica, fortalecer la institucionalidad y asegurar una distribución transparente de los beneficios de la actividad minera en la provincia.
El gobierno de Cornejo apunta a determinar una especie de formato móvil para el cobro de las regalías, que pueden llegar a ser de hasta el 3% o el 5%, pero que cambien en sintonía con los momentos de cada proyecto. Apuntan a que en las etapas de mayor rentabilidad la percepción sea más alta y que cuando sea necesaria una mayor inversión o haya una baja productividad o valor de los minerales, las regalías bajen.
El proyecto establece que la recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá en un 88% para la Provincia y un 12% para los municipios que adhieran a la ley. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.
En tanto, de los fondos que obtendrá la provincia un 15% estarán afectados al Fondo de Desarrollo Socioambiental.
Otra propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial es la creación del Fondo de Compensación Ambiental. Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales. Permitirá una "intervención inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas".
.

El Impenetrable, un ‘pulmón’ de Sudamérica amenazado por la ganadería y la deforestación

Fecha de Publicación: 04/11/2025
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Norte Argentino


El Impenetrable, un vasto territorio del norte de Argentina ubicado en la ecorregión boscosa más grande de Sudamérica después del Amazonas, enfrenta la doble amenaza de la deforestación y la ganadería, actividades que ofrecen ingresos de subsistencia para sus habitantes pero que generan daños difíciles de reparar.
Esta región, cuyo nombre proviene de las arduas condiciones ambientales que limitaron su accesibilidad, es parte esencial del Gran Chaco americano, que con su millón de kilómetros cuadrados repartidos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil funciona como un ‘pulmón’ continental clave para contener el aumento de las temperaturas.
En las entrañas del bosque un viento cálido levanta el polvo fino entre la densa vegetación: añosos algarrobos de madera dura conviven con quebrachos y espinosos vinales, que con facilidad destrozan las ruedas de los camiones que recorren sus senderos, rodeados también por las flores amarillas de la brea y envueltos por el aroma del palo santo.
A su vez, esta zona de más de 128.000 hectáreas de superficie es una de las más olvidadas por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales de Argentina, algo que se evidencia en el escaso servicio eléctrico, la ausencia casi total de señal de telefonía móvil y el limitado acceso al agua, dependiente en buena medida de las lluvias, que son impredecibles y solo llegan en verano.

Proteger el bosque o vivir de él 
Las casi 60.000 personas que lo habitan son en su mayoría indígenas, campesinos y pequeños productores rurales.
Jorge Luna tiene 55 años, cuatro hijos y toda su vida transcurrió en parajes del Impenetrable como La Armonía, donde actualmente desarrolla tres actividades simultáneas: cría vacas, cerdos, cabras y caballos, guía a turistas por los senderos cerrados del bosque y es dueño de un camping a orillas del río Bermejito, uno de los dos cursos de agua primordiales para la zona.
Hace siete años, en momentos de crisis económica, aceptó una oferta de una empresa maderera que quería talar y llevarse toda la vegetación valiosa de sus 100 hectáreas de tierra.
«Acá tengo molles, algarrobos, palo santo, quebracho colorado y blanco. Son especies de madera buena. Por suerte rescindí el contrato», relató a EFE desde la sombra verde de su arboleda, y explicó que recibió asesoramiento de la Administración de Parques Nacionales y de la Fundación Rewilding Argentina.

Protección de la zona
Desde 2014, gracias a una iniciativa de organizaciones ambientales locales, esta región forma parte del Parque Nacional El Impenetrable, por lo que se prohibió la tala y la caza en su interior y se asignaron guardaparques para protegerla.
Uno de ellos, Matías Almeida, dialogó con EFE en una de las puertas de acceso al parque, y advirtió sobre los crecientes peligros que enfrenta el bosque: «Hace tres años que estoy trabajando en el área protegida, y en este corto tiempo he visto grandes cambios. El paso de camiones de extracción maderera es constante».
Durante sus patrullajes diarios bajo el agobiante sol del mediodía, Almeida y su equipo se topan con frecuencia con grandes extensiones de monte quemadas. «Todo se hace rápido, en el anonimato», señaló, y denunció que a la extracción maderera se suma el avance de cultivos de soja, que produce «riqueza para unos pocos en poco tiempo, pero no equivale a los beneficios ecosistémicos que tiene este bosque con su biodiversidad».
El problema de la deforestación ilegal no se limita únicamente al área protegida sino que afecta a buena parte de Chaco, la provincia argentina que lo alberga, donde, según un reciente estudio de la organización Greenpeace mediante imágenes satelitales, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 esta práctica afectó 167.684 hectáreas.
«A mi papá y mi tío les dije ‘¿qué le quieren dejar a las generaciones siguientes? Si seguimos talando árboles, algún día no vamos a tener más lluvia o el calor va a ser insoportable’. Hemos tenido veranos de 50 grados», aseguró Melina Ybañez, estudiante de guardaparque de 26 años nacida y criada en el Impenetrable. 
Ybañez es además guía de turismo, una industria creciente en la zona y vista por cada vez más vecinos como una alternativa prometedora y sustentable. 
En los últimos años, muchos pobladores comenzaron a adaptar sus viviendas para ofrecer alojamiento y comidas a viajeros que llegan para observar la fauna. El turismo, sin embargo, enfrenta todavía fuertes trabas producto de la difícil accesibilidad y la falta de inversión.

La ganadería, otra amenaza
Otro de los peligros que enfrenta El Impenetrable acecha a plena luz del día, masticando pastos y hojas con aire cansino: las vacas. Criadas ‘a monte’, como sus dueños locales le llaman a la práctica de soltarlas en zonas del bosque sin delimitar, consumen las escasas reservas de agua disponibles para los animales silvestres.
Si bien la zona se emplaza entre el Bermejo y el Bermejito, dos ríos sinuosos y cargados de sedimento que dan su característico color té con leche al caudaloso Paraná y al Río de la Plata, la cantidad y diversidad de fauna en el bosque es tal que el agua no siempre alcanza.
«El ganado genera una competencia hídrica. Las vacas y los caballos toman mucha cantidad de agua por día, lo que seca muy rápidamente las charcas», alertó Almeida, que comprende que el ganado es un factor de subsistencia para los vecinos de la zona, pero que desbalancea tanto el frágil ecosistema que lo mejor sería erradicarlo.
En los márgenes inestables del Bermejo abrevan a diario decenas de especies de aves, así como tapires y pecaríes, mamíferos herbívoros que atraen a la creciente repoblación de yaguaretés, impulsada por la Fundación Rewilding.
«Los humanos somos los responsables de esa destrucción del bosque chaqueño, pero también podemos participar activamente de su recuperación», afirmó a EFE Débora Abregú, integrante del equipo de la fundación, que trabaja en paralelo en la concienciación de la población en la idea de que proteger y «producir naturaleza» es más beneficioso que el negocio de la tala y la ganadería.
.

Demora judicial y contaminación

Fecha de Publicación: 04/11/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe


Procesan a ex directivos de Aguas Santafesinas por volcar efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento.  
La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, confirmó el procesamiento de exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A (ASSA) por el presunto delito de contaminación peligrosa del río Paraná. El fallo, firmado el 30 de octubre de 2025 por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, considera probado que los imputados “volcaron efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios” desde la planta Emisario Sur en Rosario.
La resolución se produce tras los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que habían impugnado la decisión de la Cámara Federal de Rosario, la cual —en mayo de este año— había anulado los procesamientos. Casación consideró aquella nulidad “arbitraria” y fundada en “una deficitaria aplicación del marco jurídico y una valoración incongruente y parcial de la prueba reunida”.
El abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, celebró la decisión del máximo tribunal penal federal y la vinculó directamente con el proceso civil ambiental que tramita en paralelo. “La sentencia penal que anuló el fallo de la Cámara Federal de Rosario está estrictamente relacionada con la causa civil ambiental en la que la jueza Silvia Aramberri condenó a Aguas Santafesinas, al ENRESS, a la Provincia de Santa Fe y al Estado Nacional a arbitrar los medios para construir la planta de tratamiento que Rosario necesita”, explicó.
El letrado calificó como “preocupante” el patrón de demoras judiciales que, según dijo, “vulnera el derecho humano a obtener una resolución en un plazo razonable”. “La causa de Aguas Santafesinas ya lleva casi una década de expedientes judiciales. Esta apelación fue presentada en diciembre de 2024 y, pese a tratarse de un asunto ambiental urgente, la Cámara Federal de Rosario todavía no resolvió. Habitualmente este tipo de planteos se resuelven en cuatro o cinco meses”, apuntó.
El fallo de Casación remarcó que los residuos vertidos por ASSA “poseen la característica de ser encuadrados, según el Anexo II de la Ley 24.051, como sustancias infecciosas”, y que las muestras analizadas “dieron cuenta de coliformes termotolerantes elevados y la presencia de Escherichia coli que supera los límites legalmente permitidos”.
En su presentación, la querella sostuvo que “el predio de la firma denunciada no cuenta con una planta depuradora ni los desechos reciben el tratamiento adecuado y exigido por la ley, volcando los líquidos cloacales crudos al río Paraná”. Además, se denunció que Aguas Santafesinas operó durante años sin el Certificado de Aptitud Ambiental, y que el documento posteriormente presentado fue objetado por falsedad ideológica.
La sentencia también rechazó la interpretación de la defensa según la cual los residuos cloacales no serían peligrosos por no provenir de procesos industriales. “La norma penal tampoco puede quedar inhabilitada por una regulación administrativa que, de modo alguno, puede legitimar la realización del resultado típico contemplado en la normativa nacional”, afirmaron los jueces.
Para Maggi, los fallos penal y civil “deben verse como parte de una misma lucha por el saneamiento del Paraná”. “Siempre sucede en estas problemáticas ambientales que no se pueden tratar de manera aislada. Hay que abordarlas integralmente, porque el vertido de efluentes sin tratamiento se repite en todo el litoral del río, desde Santa Fe hasta San Nicolás y San Pedro”, señaló. “Se han detectado metales pesados y Escherichia coli en todas esas ciudades, y muchas carecen de planta de tratamiento. Incluso en San Pedro ya hay una causa penal en curso”, añadió.
El abogado advirtió también sobre el riesgo adicional que representa el dragado del Paraná, al remover los sedimentos donde se acumulan los contaminantes. “El dragado, sin la correspondiente evaluación ambiental, resuspende los metales pesados y los distribuye aguas abajo, afectando las plantas potabilizadoras que no pueden eliminar completamente estos elementos”, explicó.
La Asociación Cuenca Río Paraná insiste en la necesidad de que el Poder Judicial fije plazos concretos de cumplimiento para la construcción de la planta de tratamiento ordenada por la jueza Aramberri. “Si no hay fechas, la condena es simbólica e ineficaz. Necesitamos un plan con metas verificables que puedan exigirse tanto a la empresa como a los Estados condenados”, afirmó Maggi.
Por último, el letrado reiteró el pedido de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico y Acumulativo para toda la cuenca. “El Paraná necesita una verdadera línea de base que determine cuál es el nivel actual de contaminación y qué actividades pueden continuar. Sin eso, cada decisión aislada agrava el daño ambiental”, concluyó.
En rigor el fallo de Casación devuelve impulso a un proceso judicial de alto impacto institucional y ambiental. Por un lado, reabre la investigación penal por contaminación peligrosa; por el otro, refuerza las obligaciones del Estado y de Aguas Santafesinas en la causa civil que busca la construcción de la planta de tratamiento. Mientras tanto, el río Paraná —una de las principales fuentes de agua potable del país— sigue recibiendo diariamente cientos de millones de litros de efluentes sin tratamiento adecuado.
.

Un estudio del Conicet detectó un aumento de la mortalidad durante las olas de calor en 15 ciudades argentinas

Fecha de Publicación: 03/11/2025
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


Debido al cambio climático, las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas en todo el mundo, situación que se replica en Argentina. Esto hace que el número de personas expuestas al calor extremo esté aumentando, y con eso las muertes asociadas.
Ahora, un estudio publicado en la revista The Journal of Climate Change and Health por científicos del Conicet encontró que en 15 de 21 ciudades argentinas analizadas hubo un aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, respiratoria y renal durante olas de calor entre 2005 y 2019.
Los hallazgos son especialmente relevantes en un país donde las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte evitable, según el Ministerio de Salud de la Nación.
“Nuestro anhelo es que estos resultados contribuyan a políticas que aborden el problema del impacto de las olas de calor, que se están haciendo más frecuentes, más duraderas y más intensas por el cambio climático”, dice a Chequeado Francisco Chesini, magíster en salud pública, investigador del Grupo de estudios en salud ambiental y laboral de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y becario de Conicet, autor del estudio junto a Matilde Rusticucci, investigadora principal del Conicet y profesora emérita de la UBA.

Aumento de la mortalidad en 15 ciudades argentinas
El estudio determinó el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares, respiratorias y renales (por enfermedades preexistentes) vinculado a las olas de calor en 21 ciudades argentinas, que representan aproximadamente un tercio de la población urbana nacional.
Para eso, aplicaron un método llamado de series temporales, que analiza cómo cambian los datos a lo largo del tiempo. Los investigadores compararon las muertes diarias durante las olas de calor con las registradas en otros días cálidos (de octubre a marzo) y ajustaron los resultados por factores como el mes o el día de la semana. Así pudieron aislar el efecto específico del calor extremo sobre la mortalidad.
Para ello, utilizaron cifras oficiales de mortalidad y datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional. El análisis abarcó ciudades de distintas regiones climáticas: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, San Miguel de Tucumán, Resistencia, Formosa, Corrientes, Posadas, Salta, San Salvador de Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia y Bahía Blanca.
En 15 ciudades se observó un aumento significativo de la mortalidad por las causas analizadas durante los episodios de olas de calor y los días siguientes. Se constató que los efectos no están confinados a las zonas cálidas del país, sino también afectan a la región patagónica. En concreto, se identificaron aumentos en mortalidad cardiovascular en 13 ciudades, respiratoria en 10 y renal en 7.
En Tucumán, el riesgo de morir por causas cardiovasculares aumentó un 46 % durante las olas de calor en comparación con los días sin ola de calor.
En La Rioja las muertes por causas respiratorias aumentaron un 54 % durante las olas de calor, y ese incremento se mantuvo hasta dos días después.
En Bariloche, el riesgo de mortalidad por causas renales fue el más alto del país: las muertes se incrementaron en un 213% respecto de los días sin ola de calor.
“Argentina cuenta con un sistema de alertas tempranas por temperaturas extremas que ha sido pionero a nivel regional. Lo que queda pendiente es qué hace el sistema de salud con esa información. No es suficiente con que se emitan alertas meteorológicas si del otro lado los usuarios de esa información y quienes tienen que planificar las políticas no están informándose oportunamente y no están diseñando acciones de respuesta del sistema frente a esta amenaza climática”, expresó Chesini.

El impacto del calor (y del cambio climático) en la salud
Los golpes de calor son la primera causa de defunción relacionada con el clima y pueden agravar enfermedades como la diabetes, el asma, los trastornos mentales y las enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo a Chesini, el calor “puede afectar la termorregulación y esto puede traer efectos agudos, como son el síncope por calor, calambres por calor, edemas por calor, todas manifestaciones que ameritan una intervención médica”.
El médico cardiólogo Pablo Gulayin, coordinador del Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), explica: “Muchos de los mecanismos generales que contribuyen al aumento de la mortalidad cardiovascular asociada al cambio climático se relacionan de modo directo con lo que se denomina ‘ruptura de placa aterosclerótica’, lo que puede llevar a tener episodios coronarios agudos, como el infarto de miocardio o la muerte súbita”.
Si bien la evidencia científica disponible varía según la región geográfica, la duración e intensidad de las exposiciones al calor o la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, el especialista describe cuatro mecanismos que contribuyen al aumento de la mortalidad cardiovascular asociada al cambio climático:
- Cambios fisiológicos directos: las temperaturas extremas pueden alterar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la viscosidad sanguínea, el estado de hidratación, entre otros parámetros.
- Disrupciones en la atención sanitaria: los fenómenos climáticos extremos pueden provocar cortes de energía o interrupciones en la cadena de suministro de medicamentos, afectando la continuidad de la atención médica.
- Efectos sobre la salud mental: la exposición a eventos climáticos adversos puede favorecer la aparición de ansiedad, estrés y depresión.
- Impacto sobre factores socioeconómicos indirectos: los fenómenos climáticos extremos pueden desencadenar crisis económicas que pueden alterar la prevención y atención de la salud. 
.

En Chubut plantaron 17 mil árboles en áreas afectadas por los incendios

Fecha de Publicación: 03/11/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chubut 


En el marco del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios Forestales 2014-2015, se realizaron en Chubut tareas de restauración forestal en sitios degradados por el fuego. Mediante la iniciativa se plantaron 17 mil árboles nativos en veinte hectáreas del Área Natural Protegida Nacientes del Río Tigre (Cholila) y en 3 ha de la Reserva Forestal Provincial Currumahuida (Lago Puelo), con el objetivo de recuperar la cobertura boscosa, fortalecer la biodiversidad y contribuir a la adaptación al cambio climático.
Como parte del componente Restauración de Paisajes Forestales, liderado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco del proyecto ProClimar, el apoyo técnico de la Secretaría de Bosques de Chubut y organizaciones de la sociedad civil, la reforestación se realizó con 10 mil coihues (Nothofagus dombeyi) y 7 mil cipreses de la cordillera (Austrocedrus chilensis) sobre una superficie total de 23 hectáreas, con la logística financiada por la Fundación para Cuidar al Planeta y sus Habitantes ReforestArg.
En Cholila, el trabajo se concentró en la zona del valle del río Alerce con 15 mil ejemplares, como parte de actividades piloto de implementación e involucramiento temprano de socios colaboradores. En Lago Puelo, por su parte, con el acompañamiento del Colegio Provincial Agrotécnico N° 717, se plantaron 2 mil cipreses en una actividad que reunió a docentes y estudiantes de escuelas secundarias de las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Esquel y Trevelin como continuidad de un programa de educación ambiental que viene trabajando la Secretaría de Bosques. La plantación se llevó a cabo con una densidad de entre 850 y 900 plantas por hectárea. 
“La restauración de estas áreas afectadas por los incendios no solo significa volver a plantar árboles para recuperar la funcionalidad ecológica del bosque y la biodiversidad sino también fortalecer la relación entre las comunidades y su entorno natural”, destacó Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Cada acción es una contribución concreta a la resiliencia de nuestros paisajes frente a los efectos del cambio climático”, señaló.
“Chubut atraviesa un proceso de reconstrucción ecológica y social sin precedentes. Cada acción de restauración, monitoreo y conservación fortalece la resiliencia de nuestros paisajes y consolida un modelo de manejo sostenible que vincula el bienestar humano con la protección del bosque nativo”, expresó Gastón Arancibia –licenciado en Gestión Ambiental, director general de Programas y Proyectos de la Secretaría de Bosques de Chubut–.
Además de la reforestación, se desarrolla un proceso participativo con comunidades, instituciones y actores locales para actualizar y poner en marcha el Plan Estratégico de Restauración, integrando conservación, resiliencia climática y desarrollo socioeconómico.
.

Presentaron una denuncia penal por contaminación en la cuenca del río Paraná

Fecha de Publicación: 01/11/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Lit


El Foro Ecologista y Fundación CAUCE presentaron una denuncia penal por contaminación en el río Paraná. Exigen investigación, control y remediación urgente. Punto por punto, lo que se solicita.
Fundación CAUCE y el Foro Ecologista de Paraná presentaron una denuncia penal ante el fiscal federal Leandro Ardoy por los delitos de contaminación ambiental que afectan al río Paraná y sus afluentes. Las organizaciones solicitaron una investigación urgente, inspecciones inmediatas y la identificación de las empresas responsables de los vertidos de residuos industriales y cloacales en la cuenca de los arroyos Espinillo, Crespo, Las Conchas y Las Tunas.
La denuncia se basa en los hechos ocurridos este 26 de octubre, cuando se reportaron episodios de teñido rojizo de las aguas del arroyo El Espinillo, uno de los afluentes más importantes del Paraná. Instan a la apertura de una investigación penal para determinar las responsabilidades por los delitos contemplados en los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, debido a la posible descarga de efluentes sin el tratamiento adecuado. 

Evidencias de contaminación: estudios y declaraciones
El informe presentado también cuenta con el respaldo de evidencias científicas, incluyendo un reciente estudio multidisciplinario publicado en la revista Water Environment Research. Dirigido por el investigador Rafael Lajmanovich (UNL-CONICET).
El trabajo analizó los arroyos Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas, y determinó niveles extremos de toxicidad incompatibles con la vida acuática, detectando además el mayor nivel histórico de glifosato registrado en Sudamérica: 5.002 microgramos por kilo de sedimento.
“El estado que tiene el arroyo Las Tunas y el que sale de Crespo es impresionante. Están vertiendo desechos cloacales e industriales en cuerpos de agua muy pequeños, con escaso o nulo poder de dilución. Es una situación de ecocidio y una verdadera zona de sacrificio ambiental. Todo eso va a parar a la cuenca Las Conchas y después al Paraná”, advirtió Lajmanovich.
En 2016, el científico Damián Marino ya había alertado sobre el impacto del glifosato en la cuenca del Paraná.

La responsabilidad del Estado y la falta de control
La denuncia también cuestiona la inacción de las autoridades provinciales en la protección del ambiente.
En 2024, ante un episodio similar en la misma zona, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos declaró públicamente que se implementaría un monitoreo permanente del arroyo El Espinillo y una estrategia integral para toda la cuenca del arroyo Las Conchas. Sin embargo, en la respuesta oficial del 22 de enero de 2025 a una nueva solicitud de acceso a la información presentada por Fundación CAUCE, la misma Secretaría reconoció que no se ha desarrollado una Estrategia de Monitoreo Integral y Complementaria para la cuenca completa, y que esta no fue incluida en el Programa de Monitoreo y Seguimiento de Cuencas Hídricas de Entre Ríos (Resolución N° 869/24 S.A.).

Lo que solicita la denuncia
- La inspección judicial inmediata y la toma de muestras en los arroyos afectados, con participación de peritos especializados.
- Que se requiera a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Secretaría de Industria y el Municipio de Crespo toda la documentación referida a habilitaciones, controles e informes técnicos sobre las industrias radicadas en la cuenca.
- La identificación de las empresas que operan en los parques industriales de Crespo y Paraná, junto con sus registros de efluentes y manifiestos de residuos peligrosos.
- La recepción de testimonios de vecinos, del equipo científico encabezado por Rafael Lajmanovich (UNL-CONICET) y de representantes de organizaciones sociales que han registrado los episodios de contaminación.
- La citación a declarar a funcionarios públicos responsables del control ambiental, en caso de verificarse incumplimiento de sus deberes. (Con información de Cauce)
.

La contaminación silenciosa de una antigua mina de uranio en Argentina

Fecha de Publicación: 01/11/2025
Fuente: El País (España)
Provincia/Región: Córdoba


Ambientalistas temen por las toneladas de residuos tóxicos que se encuentran a cielo abierto desde hace cuatro décadas. El ex yacimiento se ubica muy cerca de una reserva hídrica 
Hace 36 años que toneladas de residuos radiactivos y químicos de una antigua mina de uranio abandonada permanecen a cielo abierto en las Sierras Grandes de Córdoba. El predio sin remediación es uno de los pasivos ambientales más graves de la historia de la provincia argentina y un ícono de la desidia de la industria nuclear en el país. Se trata del yacimiento Schlagintweit, ubicado en los macizos serranos de Los Gigantes, cercano a una reserva natural hídrica, donde funcionó entre 1982 y 1989 una planta de concentración de uranio del Complejo Minero Fabril Los Gigantes.
En siete años, se extrajeron de allí 207 toneladas de uranio y, tras el cierre, quedaron en el predio 2,4 millones de toneladas de colas de mineral. Allí permanece casi toda la radiactividad, metales pesados y sustancias químicas utilizadas durante el proceso, y 97.000 metros cuadrados de escombrera permanente, un millón de toneladas de estériles, 600.000 toneladas de marginales, diques con efluentes líquidos producidos por las operaciones mineras y de procesamiento y lodos.
Según los datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), responsable de las instalaciones abandonadas, el dique principal contiene 120.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a 48 piletas olímpicas. “Dejaron un desastre”, asegura Juan Carlos Ferrero, doctor en geología, miembro de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) y excoordinador del foro social del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu), que se creó en 2008 para la remediación de la mayoría de las minas de uranio cerradas en el país.
En septiembre pasado, la noticia de la rotura en una geomembrana de impermeabilización del dique de desechos número 3 de la exmina, a consecuencia de vientos de 100 kilómetros por hora, volvió a poner en agenda el tema. El incidente, en realidad, había ocurrido en 2021, y los trabajos de reparación terminaron en 2024, según confirmó la CNEA en un comunicado, en el que también desmintió que hubieran existido filtraciones en los diques y contaminación ambiental o de cursos de agua. Sin embargo, el ruido ya se había generado y fue un recordatorio más de las dificultades en la gestión de esta antigua mina de uranio que, casi cuatro décadas después de su cierre, sigue generando preocupación por su potencial contaminación. El Gobierno de Córdoba y la CNEA han declinado hacer declaraciones sobre este asunto a América Futura para este reportaje.

Los riesgos
El predio del antiguo complejo minero se encuentra en un sistema montañoso clave para la generación de agua. Si bien los pasivos ambientales se encuentran fuera de los límites de la Reserva Hídrica Natural Los Gigantes –a menos de cinco kilómetros—, el yacimiento se ubica en las cuencas hídricas que protegen la reserva; en especial, la cuenca alta del río San Antonio, entre los arroyos El Cajón y Cambuche.
Este río abastece de agua potable a varias localidades y al embalse San Roque, que provee de agua al 70% de la población de la capital de Córdoba, donde viven 1,5 millones de personas. El sitio está prácticamente igual a como se encontraba en la década de 1980, cuando era explotada por la empresa constructora Sánchez Granel Ingeniería SA, sin antecedentes en la actividad minera. El problema es que las montañas de desechos áridos se han desplazado con los años a raíz de las precipitaciones y los vientos, según consta en la documentación existente.
El biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award) y ex subsecretario de gestión ambiental de la Provincia de Córdoba asegura que hoy el mayor riesgo es que se produzca un “colapso masivo”. “Nuestra preocupación es que, con la situación climática global y las tormentas eléctricas con grandes yunques en la zona, tenemos gran probabilidad de que en la cuenca alta se registren fenómenos atípicos, cientos de milímetros en poco tiempo, y que esa masa de agua ingrese a la mina”, subraya. Para el biólogo, el riesgo es alto, con lo cual es necesario —dice— plantear modelos para el peor escenario: que un módulo enorme de agua arrastre residuos radiactivos y tóxicos hacia el río San Antonio.
“Pedimos que haya una auditoría independiente y un plan ciudadano de emergencia, que hoy no existe. En el caso de un colapso masivo, que produzca una gran fuga de material, la gente tiene que saber cómo actuar aguas abajo. No hay plan para el máximo accidente posible”, asegura.
En el año 2017, la CNEA presentó ante la Secretaría de Minería de Córdoba un Plan de Cierre del Yacimiento Schlaginweit, ya que sus instalaciones se encontraban (y aún se encuentran) prácticamente abandonadas desde que dejó de funcionar. En el expediente, se deja constancia que los componentes del pasivo ambiental minero “representan riesgo de impactos potenciales para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”. El Gobierno de Córdoba, responsable de los recursos naturales de su territorio, no respondió a esa requisitoria.

Basura radioactiva
Los expertos sostienen que la contaminación comenzó con el funcionamiento de la planta. Montenegro relata que la empresa descargaba sustancias alcalinas o ácidas que contenían uranio al arroyo Cambuche de manera clandestina los días de lluvia. Un informe presentado al Banco Mundial confirma que, en los siete años que funcionó la mina, se arrojaron sustancias tóxicas. “Años de laxitud en la aplicación de la normativa medioambiental y en las prácticas de gestión de la industria de extracción de uranio” dejaron un “legado medioambiental indeseable”, dice el experto, que incide también en la preocupación sobre “la salud pública a largo plazo y el uso de los recursos naturales”. A pesar de ello, nunca se realizaron estudios epidemiológicos en la zona.
Por su parte, el documento del Plan de Gestión de la Reserva Hídrica (2024-2029) indica que existen “registros de desbordes y vertidos de líquidos contaminantes de la mina que afectan la cuenca del río San Antonio”. El ingeniero químico Juan Carlos Paesani, presidente de la ONG Educación, Ambiente y Trabajo y parte del disuelto foro social del Pramu, subraya que se incumple con la Ley Nacional del Ambiente N° 25675 y la Ley Provincial N° 7343 que plantea los principios de prevención y de precaución para el presente y las próximas generaciones.
El uranio es un metal pesado, radiactivo y químicamente tóxico. “No se mueve solo, trabaja con los minerales anexos al uranio, que también son críticos”, explica Ferrero.En Argentina se extrajo entre 1952 y 1997 en una decena de minas, la mayoría a cielo abierto y algunas subterráneas.
El periodista ambiental Cristian Basualdo, del Movimiento Antinuclear Argentina, detalla que en total se extrajeron unas 2.600 toneladas en el país, “con una ley promedio de un 0,1%”. Esto significa que, para obtener un kilo de uranio, hubo que remover mil kilogramos de mineral. “Esto nos da una idea de la cantidad desmesurada de residuos que genera la minería del uranio”, remarca.

Un legado peligroso
Cuando las minas cerraron en Argentina, quedaron abandonadas. La CNEA gestionó un crédito de 30 millones de dólares ante el Banco Mundial para financiar la remediación de casi todas las minas de uranio de Argentina y la fábrica Dioxitek, en la ciudad de Córdoba, una planta de conversión a polvo de dióxido de uranio, que también acumula toneladas de residuos. 
El préstamo alcanzó para ejecutar la obra de Malargüe, en Mendoza, en donde se reubicaron y encapsularon los estériles (minerales residuales del proceso de extracción que no contienen uranio). En Los Gigantes, apenas se realizaron algunos estudios. La remediación, cuyo plan consistía en la evaporación de los líquidos en los diques para, luego, colocar las colas del mineral, tiene un costo de 66 millones de dólares.
“Lo que se llama remediación consiste en empaquetar los residuos minerales. El uranio tiene un período de semidesintegración de unos 4.500 millones de años. Ese material va a ser radiactivo por el resto de la eternidad”, apunta Basualdo.
En Argentina, la Ley nacional Nº 25.018 de Régimen de gestión de residuos radiactivos, estipula la creación de un fondo para la gestión y disposición final de los residuos radiactivos. Pero la normativa aún está sin reglamentar. Montenegro vaticina que la remediación que se espera desde hace décadas no está en los planes de nadie. “¿Alguien imagina que puede interesarle al Gobierno de Javier Milei, un negacionista del cambio climático, que se utilicen millones de dólares para remediar la mina de uranio de Los Gigantes?”, se pregunta. 
.