La Argentina usa 167 agrotóxicos prohibidos en otros países y 35 son altamente peligrosos

Un relevamiento revela que el uso de plaguicidas en el país se multiplicó más de dieciséis veces entre 1990 y 2022, mientras la regulación nacional avanza hacia la flexibilización de los registros y los controles.

En los campos argentinos se utilizan 167 agrotóxicos que están prohibidos en otros países, y 35 de ellos son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo revela una investigación periodística especializada que cruzó los principios activos autorizados en el país con las prohibiciones vigentes en el resto del mundo.
Entre las sustancias de uso habitual en la Argentina figuran el glifosato, el paraquat, la atrazina, el 2,4-D y la cipermetrina, aplicadas sobre todo en cereales y oleaginosas, pero también en el tabaco y la horticultura. Los productos son comercializados por grandes compañías del sector, entre ellas Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor.

Un consumo que se multiplicó por dieciséis
El dato más contundente es el del crecimiento del uso. Según la investigación, entre 1990 y 2022 el volumen de plaguicidas aplicados en el país pasó de 35 millones a 580 millones de kilos o litros por año, es decir, se multiplicó más de dieciséis veces. En el mismo período, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas creció un 117% y la producción un 269%, lo que muestra que el consumo de agroquímicos aumentó a un ritmo muy superior al de la propia actividad agrícola.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) citado en el trabajo estima que en unos 36 millones de hectáreas se aplican cada año alrededor de 230 millones de litros de herbicidas y otros 350 millones de litros de distintos fitosanitarios.

Qué es un plaguicida altamente peligroso
El Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, elaborado por la FAO y la OMS en 2013, define a los PAP como aquellos productos que presentan “niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico” para la salud o el ambiente, según los sistemas internacionales de clasificación. El mismo código prevé que los países consideren prohibir su importación, distribución, venta y compra cuando las medidas para reducir los riesgos no resulten suficientes.
La Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por su sigla en inglés), una coalición internacional de organizaciones, propone criterios todavía más amplios: incluye entre los PAP a las sustancias con toxicidad fatal por inhalación, las que pueden provocar daños irreversibles, las que actúan como disruptores endocrinos, las altamente persistentes o bioacumulables y las que resultan muy tóxicas para las abejas y los organismos acuáticos.
El problema se agrava por la cercanía de los cultivos a escuelas, barrios y pueblos rurales, donde los casos de exposición a las fumigaciones derivaron en reclamos vecinales y demandas judiciales en distintas provincias.

Una regulación que va en sentido contrario
La advertencia llega en un contexto de flexibilización normativa. En junio de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 458/2025, que creó un nuevo Registro Nacional de Productos Fitosanitarios con inscripciones por tiempo indefinido. La norma permite que los establecimientos que elaboran, importan o exportan estos productos funcionen con una declaración jurada y control posterior, y que los fitosanitarios aprobados en una lista de países considerados equivalentes, como Estados Unidos, Japón, Brasil y varios europeos, ingresen al mercado local mediante un trámite simplificado.
Además, en 2025 se debatió en el Congreso un proyecto de ley que, según denunció Greenpeace, reemplazaba el término agrotóxicos por fitosanitarios y fijaba distancias mínimas de aplicación de 10 metros para las pulverizaciones terrestres y con drones, y de 45 metros para las aéreas. Para la organización, se trataba de una regresión frente a los 1.000 metros de resguardo que fijaron diversos fallos judiciales y ordenanzas locales, como la del municipio bonaerense de Campana.

La paradoja de los países que prohíben y exportan
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Diversas organizaciones vienen denunciando desde hace años el doble estándar de algunos países que prohíben ciertos plaguicidas en su territorio pero permiten que sus empresas los fabriquen y los exporten hacia naciones del Sur Global, donde los controles suelen ser más débiles.
Frente a este escenario, los especialistas y las organizaciones ambientales reclaman avanzar hacia una reducción progresiva del uso de agrotóxicos, eliminar primero los más peligrosos, reforzar el monitoreo independiente sobre el agua, el suelo y los alimentos, y promover una transición hacia sistemas de producción agroecológicos.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Agencia Tierra Viva; Portal Bichos de Campo; FAO; OMS; INTA; SENASA