La Justicia federal suma fiscales, gendarmes y ambientalistas para frenar desmontes en Chaco

La jueza federal Zunilda Niremperger creó un equipo interinstitucional que vigilará con satélites, drones y allanamientos el cumplimiento de la cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, donde el bosque nativo sigue cayendo pese a la prohibición.

La Justicia federal de Chaco creó un equipo especial que reúne a fiscales, funcionarios provinciales y nacionales, gendarmes, guardaparques y ambientalistas con un objetivo concreto: frenar los desmontes ilegales en los bosques nativos de la provincia. La decisión fue tomada por la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a pedido de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la organización que impulsa la causa penal conocida como la “mafia de los desmontes”.
El nuevo organismo lleva el nombre de Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco. Según la resolución judicial, su función es “garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente”, que prohíbe los desmontes en el territorio chaqueño.

Quiénes lo integran
El equipo suma a representantes de distintos niveles del Estado. Por el Ministerio Público Fiscal Federal participan los fiscales Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell. Por la provincia, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Gustavo García. La autoridad ambiental nacional envió al ingeniero forestal Eduardo Manghi, y la Administración de Parques Nacionales estará representada por Néstor Arriola, intendente del Parque Nacional Copo, y Sergio Arias Valdecantos, director de la Regional Norte. Completan la mesa el comandante general de Gendarmería Nacional Claudio Brilloni y Fabián Maggi, de la asociación de abogados ambientalistas.
“Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales”, destacó Maggi, que calificó la resolución como muy trascendente.

Satélites, drones y allanamientos
La resolución fija tareas concretas. Los integrantes deberán intercambiar información a partir del monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana y vigilancia en el territorio. Gendarmería tendrá que reforzar sus recursos humanos, técnicos y operativos, y evaluar la incorporación de personal, vehículos y drones, mientras que el Ministerio de Seguridad provincial deberá fortalecer las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales.
Cada alerta será comunicada a la Dirección de Bosques de la provincia, y el Ministerio Público Fiscal intervendrá ante posibles delitos o incumplimientos de la cautelar. El esquema prevé además una intervención judicial urgente cuando sea necesario ordenar allanamientos o decomisos de maquinaria. La Dirección de Bosques y la fiscalía federal deberán presentar informes periódicos: el primero, en la primera quincena de febrero de 2027, y luego cada tres meses.

Una cautelar que va y viene
La medida que el equipo deberá custodiar tiene una historia accidentada. Fue dictada por la propia Niremperger en agosto de 2024, poco después de que la asociación de abogados ambientalistas presentara una denuncia penal por un presunto entramado de corrupción público-privada en el otorgamiento de permisos de desmonte, que involucra a funcionarios, legisladores y empresarios. En aquel momento, la jueza suspendió los desmontes autorizados que aún no se habían ejecutado y prohibió otorgar nuevos permisos.
La cautelar fue prorrogada en 2025, pero luego levantada en forma parcial, con el argumento de que una nueva ley provincial cambiaba el escenario. En mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión al hacer lugar a los recursos de la fiscalía y de los ambientalistas, al considerar que no se había explicado por qué la nueva norma reducía el riesgo ambiental. Los jueces invocaron el principio precautorio y señalaron que se habían detectado desmontes ilegales incluso con la medida vigente.

El bosque sigue cayendo
La creación del equipo responde a una realidad que la prohibición judicial no logró detener. En septiembre, la asociación denunció el desmonte de unas 1.800 hectáreas de bosque nativo a pocos metros del Parque Provincial Loro Hablador, dentro del paisaje de conservación del yaguareté y del corredor del Chaco Seco. La Dirección de Bosques secuestró topadoras y cadenas tras la primera denuncia, pero la tala continuó. Según estimaciones de Aves Argentinas, el desmonte liberó más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono.
De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 se perdieron 9.339 hectáreas de bosque en Chaco, dentro de un total de más de 73.000 hectáreas en las cuatro provincias del norte más afectadas. El Gran Chaco, el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonia, es también uno de los que más rápido desaparece.
Los ambientalistas esperan que la iniciativa se traduzca en una protección real del bosque. La primera evaluación llegará en febrero, con el informe inicial.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
Provincia/Región: Chaco 
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo; Portal Economía Sustentable; Diario Tiempo Argentino