Ambientalistas advierten que la Corte Suprema se aleja de los grandes conflictos ambientales

Abogados y organizaciones ambientales sostienen que el máximo tribunal rechaza o demora durante años causas sobre bosques, glaciares, el Riachuelo y derechos indígenas, en un contexto de desregulación que, según denuncian, favorece a los proyectos extractivos.

Organizaciones y abogados ambientalistas advierten que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aleja cada vez más de los grandes conflictos ambientales del país. Según sus críticos, el máximo tribunal rechaza o demora durante años causas estructurales sobre bosques, ríos, glaciares y derechos de los pueblos indígenas, mientras avanzan las políticas de desregulación y los proyectos extractivos. El planteo retoma conclusiones del segundo Informe de Regresiones Socioambientales de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que analizó las políticas aplicadas entre julio de 2025 y julio de 2026.
La Corte funciona hoy con solo tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con dos vacantes sin cubrir y sin ninguna mujer en su composición. Para Lucas Micheloud, codirector de la asociación, la falta de respuestas del tribunal “termina siendo funcional a quienes saquean nuestros bienes comunes”. En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la organización, la calificó como una de las peores Cortes de la historia reciente.

Causas que esperan
La lista de expedientes pendientes es extensa. En 2019, Greenpeace presentó un amparo contra el Estado nacional y las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco. La Corte tardó cuatro años en declararse competente y todavía no resolvió el fondo, mientras los desmontes continúan: entre enero y septiembre de este año se perdieron más de 73.000 hectáreas de bosque nativo en esas cuatro provincias, según el monitoreo satelital de la propia organización.
Algo similar ocurre con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que entre otras medidas derogó la Ley de Tierras, que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros. El tribunal rechazó un planteo contra esa derogación por falta de legitimación y, casi tres años después de la firma del decreto, sigue sin pronunciarse sobre su constitucionalidad.
En el golfo San Matías, en Río Negro, la Multisectorial que defiende el área cuestionó en 2023 la derogación de la Ley 3.308, que prohibía la actividad hidrocarburífera en sus aguas. La causa tampoco fue tratada por la Corte, en una zona donde hoy avanza la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación de crudo.

Respuestas tardías
Los críticos señalan además casos en los que la Corte respondió cuando ya era tarde. La comunidad qom Nam Qom, de Formosa, reclamó la consulta previa por la instalación de una planta de dióxido de uranio de la empresa estatal Dioxitek. El tribunal tardó once años en expedirse y, cuando lo hizo, la obra estaba prácticamente terminada y rechazó el planteo.
La causa Mendoza, por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, es otro ejemplo citado. En octubre de 2024, tras dieciséis años, la Corte dio por finalizada la supervisión del cumplimiento de su histórica sentencia de 2008 y ordenó archivar el expediente, aunque gran parte de los objetivos de acceso al agua, cloacas y salud pública seguían pendientes. Este año, la provincia de Buenos Aires denunció que la Nación abandona las tareas de limpieza del río.
El próximo desafío llegó con la reforma de la Ley de Glaciares, la Ley 27.804, promulgada en abril. La provincia de La Pampa, junto con la Universidad Nacional de La Pampa y otras entidades, pidió al tribunal que suspenda la norma mientras se define su constitucionalidad. El pedido todavía no tiene respuesta.

De los fallos emblemáticos al silencio
El contraste es mayor si se considera la historia reciente del tribunal. La misma Corte construyó una jurisprudencia ambiental reconocida en toda la región con fallos como el de la causa Mendoza, Salas, que frenó desmontes en Salta, Majul, que reconoció el valor de los humedales, y el del río Atuel, que obligó a Mendoza a garantizar un caudal mínimo hacia La Pampa.
El malestar también se trasladó a la calle. En octubre, durante el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, una protesta interrumpió la exposición de Lorenzetti en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obligó a suspenderla, y hubo manifestaciones similares en San Martín de los Andes.
Más allá de la Corte, el informe de los abogados ambientalistas describe un retroceso más amplio, con la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación de 16 proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el 90% vinculados a minería, hidrocarburos o infraestructura asociada, y recortes en organismos como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta el momento, la Corte no respondió públicamente a las críticas.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Tiempo Argentino; Portal Economía Sustentable; Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas