Revocan la orden de sanear Ar Zinc, con 800.000 toneladas de residuos tóxicos junto al Paraná

La Cámara Penal de Rosario dejó sin efecto la cautelar que obligaba a la empresa a estabilizar la barranca y contener la jarosita acumulada en su ex planta de Fray Luis Beltrán, y derivó la definición de plazos al juez civil del amparo ambiental.

La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó la orden judicial que obligaba a la empresa Ar Zinc a estabilizar la barranca y contener los residuos tóxicos acumulados en su antigua planta de Fray Luis Beltrán, en el Gran Rosario. En el predio, ubicado entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, permanecen unas 800.000 toneladas de jarosita, un residuo del procesamiento del zinc con metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. El fallo deja sin plazos fijos una remediación que vecinos, fiscales y especialistas consideran urgente.
La decisión fue firmada por el camarista Javier Beltramone, que revocó en forma íntegra la resolución dictada a fines de septiembre por el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, a pedido del fiscal Maximiliano Nicosia. Esa medida cautelar ordenaba a la empresa iniciar de inmediato los trabajos para estabilizar la barranca sobre el Paraná, contener los depósitos de jarosita, instalar un cerramiento perimetral para impedir el acceso al predio y completar las obras en un plazo máximo de ocho meses, con informes de avance cada quince días.

Una cuestión de competencia
Según el fallo, la Justicia penal no tiene competencia para fijar cronogramas técnicos ni definir soluciones de ingeniería ambiental. Beltramone señaló que esas decisiones corresponden al juez civil que tramita un amparo ambiental iniciado en 2020, con la intervención técnica del Ministerio de Ambiente de Santa Fe y de la Secretaría de Recursos Hídricos. El camarista también tuvo en cuenta que la empresa presentó contratos de obra con un plazo estimado de once meses.
El fallo aclara, sin embargo, que la decisión no libera a la compañía de sus obligaciones ambientales. Lo que cambia es quién debe fijar las órdenes y los plazos: ya no el fuero penal, sino el juez civil del amparo, a partir de los criterios técnicos que defina la autoridad ambiental provincial.

Una montaña tóxica junto al Paraná
La planta de Fray Luis Beltrán funcionó durante décadas como el principal complejo de producción de zinc electrolítico del país y también fabricaba ácido sulfúrico. El grupo suizo Glencore fue su propietario desde 2005 hasta el cierre definitivo, en 2016, cuando unos 400 trabajadores quedaron sin empleo. En 2021, el predio de unas 50 hectáreas pasó a manos de Integra Capital, un grupo liderado por el empresario José Luis Manzano. El municipio de Fray Luis Beltrán y la parte querellante sostienen que Glencore mantiene una responsabilidad solidaria por el pasivo ambiental.
La jarosita es un subproducto del proceso de obtención del zinc que concentra metales pesados. Según los especialistas, parte de esos contaminantes se filtra hacia las napas subterráneas y drena hacia el río Paraná, del que se abastecen de agua potable millones de personas en la región.

El riesgo de la barranca
La principal preocupación es la estabilidad de la barranca, sobre la que se asienta parte de las instalaciones. La fiscalía advirtió que un derrumbe podría arrastrar el material contaminado directamente al río, un escenario que se vuelve más probable con las lluvias intensas previstas para los próximos meses por el fenómeno de El Niño.
Por eso, la orden revocada exigía como primer paso el apuntalamiento urgente de la barranca, y le daba a la empresa diez días para informar si optaría por retirar el material o por tratarlo y contenerlo en el lugar, y quince días para presentar la documentación técnica y los profesionales responsables. Con la revocación, esos plazos quedaron sin efecto hasta que el juez civil defina un nuevo cronograma.

Un pasivo que se arrastra
El caso de Ar Zinc es uno de los pasivos ambientales industriales más graves del corredor del Gran Rosario, una franja sobre el Paraná que concentra puertos, plantas químicas y agroindustriales. A diez años del cierre de la planta, los residuos siguen en el predio y la remediación todavía no tiene una fecha cierta de finalización.
La discusión de fondo excede el expediente judicial. Mientras las autoridades y los tribunales definen quién debe ordenar los trabajos, cómo hacerlos y en qué plazos, las 800.000 toneladas de jarosita continúan a orillas de uno de los ríos más importantes de Sudamérica, en una zona expuesta a crecidas y lluvias extremas. El desafío ahora es que la definición de competencias no se traduzca en nuevas demoras.


Fecha de Publicación: 12/11/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Diario La Capital