Yaguareté: piden a la Corte frenar los desmontes

 


Piden a la Corte Suprema suspender los desmontes en el norte argentino para salvar al yaguareté


Greenpeace reclamó al máximo tribunal que resuelva con prioridad una medida cautelar en la causa Yaguareté, mientras en las cuatro provincias del Gran Chaco ya se perdieron más de 73.000 hectáreas de bosque nativo en lo que va del año.


Greenpeace Argentina volvió a golpear la puerta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la pérdida de bosques nativos en el norte del país. Con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la organización pidió al máximo tribunal dos cosas en la llamada causa Yaguareté: que resuelva con prioridad una medida cautelar para suspender los desmontes en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, y que convoque a una audiencia pública.
El reclamo se apoya en los datos de deforestación de este año. Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en esas cuatro provincias, según el relevamiento satelital de la propia organización. Santiago del Estero encabeza la lista con 35.368 hectáreas, seguida por Salta con 20.122, Chaco con 9.339 y Formosa con 8.395.

Un felino al borde de la desaparición
El centro de la causa es el yaguareté, el mayor felino de América, declarado Monumento Natural Nacional. En el Gran Chaco argentino se estima que sobreviven menos de 20 ejemplares. Según el escrito, la deforestación y la fragmentación de su hábitat “ponen en serio riesgo la supervivencia” de la especie en esa región.
La presentación también cuestiona las recientes modificaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta. Son los mapas que cada provincia elabora para definir qué zonas pueden desmontarse y cuáles deben conservarse. De acuerdo con la organización, esos cambios no tuvieron en cuenta los estudios científicos disponibles sobre el yaguareté y sus necesidades de territorio.

La Ley de Bosques, en el centro del debate
El pedido llega en medio de la discusión por la reforma de la Ley de Bosques, la norma 26.331 sancionada en 2007, que fija los presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos. Según el escrito, con los cambios propuestos por el Gobierno nacional el desmonte quedaría prohibido solo en los bosques de Categoría I, o rojos, que representan cerca del 10% de la superficie de los ordenamientos territoriales de las cuatro provincias. Para la organización, eso provocaría un aumento significativo de la deforestación.
La presentación suma un segundo cuestionamiento: el desfinanciamiento de la ley, que alcanza también a los fondos destinados al control de los desmontes ilegales y a la prevención de incendios. Sin esos recursos, advierten, las provincias pierden capacidad para fiscalizar lo que ocurre en el territorio.
Los datos oficiales también muestran que la ley vigente se incumple con frecuencia. En 2023, el último año con cifras oficiales consolidadas, más de la mitad del desmonte registrado en el país se produjo en zonas donde la norma prohíbe el cambio de uso del suelo, la mayor parte en bosques de categoría amarilla.

Siete años esperando una respuesta
La causa tiene una larga historia. En 2019, Greenpeace presentó un amparo contra las cuatro provincias y el Estado nacional para reclamar deforestación cero en el hábitat del yaguareté. En 2021 pidió una medida cautelar y en 2022 la Corte anunció una audiencia pública. En noviembre de 2023, el tribunal se declaró competente de manera originaria y pidió informes a las provincias, al Estado nacional y a la Administración de Parques Nacionales. Desde entonces, la cautelar sigue sin resolverse.
Para reforzar el pedido, el escrito invoca el criterio que aplicó la propia Corte en la causa Árbol de Pie, vinculada con la Ley de Tierras. En ese caso, el tribunal reconoció “el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno” y justificó una medida interina. La organización sostiene que el mismo razonamiento debería aplicarse ahora, ya que cada mes de demora se traduce en miles de hectáreas perdidas.

El Gran Chaco, un bosque sudamericano en retroceso
El Gran Chaco es el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonía y se reparte entre la Argentina, Paraguay y Bolivia. En la porción argentina viven comunidades indígenas y campesinas que dependen del monte para su subsistencia. También habitan allí especies amenazadas como el tatú carreta y el pecarí quimilero, además del yaguareté.
El avance de la frontera agropecuaria lo convirtió en uno de los focos de deforestación más activos del continente. En la Cumbre del Clima de Glasgow, en 2021, la Argentina se comprometió a alcanzar la deforestación cero para 2030. Con la reforma de la ley en debate y una causa que lleva siete años en el máximo tribunal, la decisión de la Corte sobre la cautelar puede marcar el rumbo de lo que queda del bosque chaqueño.
Greenpeace invitó además a la ciudadanía a sumarse a la República de los Siete Bosques, una comunidad de monitoreo y protección del bosque nativo.


Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Norte, El Heraldo, Portal Chequeado, Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Blog del Foro Ambiental Córdoba

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