Argentina acelera hacia el agotamiento: el Día del Sobregiro llega cada vez más temprano

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: Portal EconomíaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Greenpeace advirtió que, si toda la humanidad consumiera como Argentina, los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año se agotarían el 13 de junio.
Argentina agotará este año su presupuesto ecológico mucho antes de que termine el calendario. Según los cálculos de la Global Footprint Network, si toda la población mundial mantuviera los mismos patrones de consumo que el país, el Día del Sobregiro ocurriría el 13 de junio de 2026. La fecha marca el momento en que la demanda humana de recursos y servicios ecológicos supera la capacidad de la Tierra para regenerarlos durante un año.
El dato resulta especialmente preocupante porque refleja un deterioro acelerado: en 2025, el sobregiro ecológico argentino se había alcanzado recién el 3 de julio. Es decir, en apenas un año el límite se adelantó casi tres semanas.
Desde Greenpeace sostienen que este fenómeno no responde a proyecciones alarmistas, sino a mediciones científicas que muestran una presión creciente sobre los ecosistemas.
“A partir de junio, Argentina entra en un déficit ecológico. La ciencia nos está dando el diagnóstico exacto de un planeta con fiebre. Esta fecha no es un estimado al azar, sino el resultado del análisis riguroso de la huella ecológica y la biocapacidad”, afirmó Matías Arrigazzi, biólogo y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Día del Sobregiro en Argentina: qué revela la ciencia sobre la crisis ambiental
Para la organización ambientalista, el Día del Sobregiro es una evidencia concreta de que la humanidad está excediendo los límites físicos del planeta.
Greenpeace recuerda que ya fueron sobrepasados seis de los nueve Límites Planetarios definidos por la comunidad científica para mantener condiciones seguras para la vida. Entre ellos figuran el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso del suelo impulsado por la deforestación, la contaminación química, la alteración de los ciclos del nitrógeno y fósforo y el deterioro de los recursos de agua dulce.
A esto se suma un dato que preocupa a la comunidad científica internacional: la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera superó de manera sostenida las 420 partes por millón (ppm), un nivel que el planeta no registraba desde hace más de tres millones de años.
Mientras esos cambios ocurrieron naturalmente durante miles o millones de años en el pasado geológico, la actividad humana produjo un aumento similar en apenas siglo y medio. Para los especialistas, esta velocidad impide la adaptación de los ecosistemas y acelera fenómenos climáticos extremos.
El diagnóstico también fue respaldado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que concluyó que la influencia humana calentó la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre a un ritmo sin precedentes en al menos los últimos 2.000 años.

Cambio climático y políticas ambientales: las advertencias que el Gobierno no puede ignorar
La preocupación de Greenpeace no se limita al presente. La organización sostiene que las decisiones políticas que reducen los controles ambientales podrían agravar aún más el escenario futuro.
Durante los últimos años, organismos como Copernicus, la NASA y la NOAA confirmaron que la temperatura media global superó por primera vez el umbral de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales durante un período continuo de doce meses. Para los científicos, esta tendencia incrementa la probabilidad de eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y alteraciones profundas en los sistemas productivos.
En ese contexto, Arrigazzi advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar Argentina si continúa ignorando las señales de alerta. “La ciencia no solo sirve para alertar, sino para predecir. Si esta tendencia continúa y se siguen flexibilizando las leyes ambientales en el país, los modelos científicos predicen que Argentina sufrirá sequías e inundaciones cada vez más extremas que afectarán gravemente la economía y la seguridad hídrica y alimentaria. Ante este panorama, financiar la investigación científica, escuchar a la academia y cambiar la matriz de consumo son las únicas formas de retrasar el reloj de agotamiento de recursos”.
El mensaje de fondo es contundente: mientras los indicadores científicos muestran que los recursos naturales se consumen a una velocidad cada vez mayor, las respuestas políticas continúan siendo insuficientes. Para Greenpeace, el adelanto del Día del Sobregiro es una señal inequívoca de que el actual modelo de producción y consumo está llevando al país y al planeta hacia un escenario de creciente vulnerabilidad ambiental.
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Ambiente restituyó a 3 provincias más de 70 cardenales amarillos rescatados del tráfico ilegal de fauna

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Las aves fueron decomisadas en la provincia en operativos que realizó Ambiente y devueltas a Rio Negro, San Luis y Buenos Aires.
La Secretaría de Ambiente concretó el traslado de más de 70 cardenales amarillos a las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires para su liberación. Estas aves fueron decomisadas en diferentes operativos contra una red de tráfico ilegal de fauna silvestre realizados en San Juan.
Cabe recordar que el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), es una especie catalogada en peligro de extinción. Entre las principales amenazas para su conservación se encuentran la captura ilegal para comercialización y la pérdida de hábitat natural.

Un lote de cardenales a Río Negro tras el decomiso de Ambiente
La Secretaría de Ambiente concretó el traslado de 26 ejemplares de cardenal amarillo hacia la provincia de Río Negro, como parte del proceso de recuperación de aves rescatadas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Los ejemplares fueron decomisados en el departamento Rawson durante operativos y allanamientos realizados por el área de Flora y Fauna. La investigación permitió detectar que estas aves fueron cazadas ilegalmente en esa provincia y luego vendidas de forma ilegal en San Juan.
Tras el decomiso, el área de Rescate de Fauna Silvestre llevó adelante tareas de contención, evaluación sanitaria y rehabilitación inicial. Los cardenales fueron alojados en un aviario acondicionado para la especie, donde recibieron controles clínicos, cuarentena preventiva y manejo nutricional específico.
En el marco del trabajo conjunto entre organismos especializados, las aves fueron trasladadas a la Fundación Bubalcó, en Río Negro. Allí continuarán las etapas de recuperación y readaptación necesarias para favorecer su futura reinserción en ambientes naturales.
Previamente, los ejemplares fueron identificados y anillados por personal de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro.

Cardenales a San Luis y Buenos Aires
Con procedimientos similares, Ambiente también derivó un lote de 25 cardenales amarillos a la provincia de San Luis, y uno de 26 aves de esta especie a la Buenos Aires. La diferencia fue que en ambos casos, a través de análisis específicos, se logró determinar su estado sanitario, la variabilidad genética y la procedencia poblacional de cada individuo. Es por este motivo que se los restituyó a sus provincias de origen.
Los cardenales que se enviaron a Buenos Aires fueron derivados a la Fundación Temaikén, en la localidad de Escobar donde comenzarán el proceso de rehabilitación.
Estas acciones forman parte de las políticas de protección de la biodiversidad que impulsa la Secretaría de Ambiente. El rescate, la rehabilitación y el trabajo articulado con instituciones científicas contribuyen a combatir el tráfico ilegal de fauna y a preservar especies amenazadas para las futuras generaciones.
Para esta tarea, la Secretaría de Ambiente trabaja coordinadamente con diferentes fuerzas como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de San Juan, Policía Ecológica y Policía Rural.
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Encuentran decenas de peces muertos en un río de Tucumán

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tucumán


Este desastre ambiental tuvo lugar a la altura de la localidad de Los Bulacios, a unos 30 kilómetros de la capital provincial
Preocupa por estas horas el hallazgo de decenas de peces muertos en el río Salí, ubicado a unos 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Vecinos y pescadores de la zona registraron imágenes de bagres y mojarras flotando sin vida en la leve corriente o encallados, agonizando, a un lado de la orilla del cauce.
Este desastre ambiental tuvo lugar a la altura de la localidad tucumana de Los Bulacios. La situación generó preocupación entre quienes frecuentan el río y motivó el pedido de intervención de las autoridades para determinar qué provocó el fenómeno. 
De acuerdo al medio local Contexto Tucumán, el hecho se produce en un contexto en el que distintos sectores vinculados a la actividad pesquera detectaban una recuperación de las poblaciones de peces en la cuenca del Salí-Dulce. Se había advertido una mayor presencia de ejemplares en distintos puntos comprendidos entre El Cadillal y el embalse Río Hondo. La abundante caída de lluvia de las últimas semanas había colaborado con esa propagación de especies.
Según trascendió, la provincia habría activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones: relevamiento de la zona afectada, toma de muestras de agua y recolección de ejemplares para su análisis. Los estudios permitirán determinar si la mortandad estuvo relacionada con factores naturales, alteraciones en la calidad del agua o cualquier otra circunstancia que pudiera haber afectado a la fauna ictícola del cauce del río.

San Martín de los Andes: descartan contaminación masiva en el lago Lácar
Tras semanas de intensas polémicas y cruces institucionales por el estado del sistema de saneamiento del lago Lácar, una mesa de trabajo convocada por el Gobierno de la provincia de Neuquén descartó los escenarios de contaminación masiva que habían sido denunciados recientemente.
El encuentro, que reunió a autoridades provinciales, municipales y de Parques Nacionales, permitió delinear una hoja de ruta con acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.
La crisis escaló a fines de mayo, cuando la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió una dura notificación al intendente Carlos Saloniti en la que advertía sobre una “extrema gravedad ambiental”. Según la funcionaria, vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco estaban impactando de forma irreversible en el ecosistema protegido. La preocupación se alimentaba de antecedentes críticos, como las roturas de cañerías en 2024 y 2025 que obligaron a clausurar playas céntricas por riesgos para la salud pública.
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La Justicia ratificó la protección de los bosques nativos del Chaco y frenó nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había flexibilizado la suspensión de los cambios de uso de suelo en la provincia. El fallo fue celebrado por organizaciones ambientalistas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la protección judicial de los bosques nativos del Chaco al anular por unanimidad la decisión que había permitido flexibilizar la suspensión de los desmontes en la provincia. Asimismo, reestableció la prohibición de otorgar nuevos permisos para cambiar el uso de suelo.
La medida implica, en los hechos, que vuelve a regir plenamente la cautelar dictada en 2024 para frenar el avance sobre los bosques nativos.
Además del impacto inmediato sobre los desmontes en Chaco, el fallo sienta un precedente para otros conflictos ambientales del país. La Cámara reafirmó que los principios de prevención y precaución deben guiar las decisiones judiciales cuando están en juego bienes colectivos como los bosques nativos, incluso cuando todavía no se hayan producido daños irreversibles.
La decisión fue celebrada por la ONG Aves Argentinas, que destacó que la sentencia reafirma que los principios del derecho ambiental no son simples declaraciones teóricas sino herramientas concretas que deben orientar las decisiones judiciales y administrativas.
Entre los aspectos más relevantes, el tribunal fortaleció la aplicación de los principios precautorio, preventivo, de no regresión, in dubio pro natura y de tutela judicial efectiva. En otras palabras, dejó sentado que los jueces no deben esperar a que el daño ambiental se produzca para intervenir cuando existen indicios de que puede ocurrir.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. La Cámara sostuvo que la sanción de nuevas normas provinciales —en este caso las leyes 4005-R y 4152-R— no constituye por sí sola una razón suficiente para levantar una medida cautelar ambiental. Para hacerlo, señaló, debe demostrarse que los cambios normativos no reducen el nivel de protección alcanzado previamente, algo que no quedó acreditado en este caso.
La Cámara también rechazó el argumento de que la intervención de la Justicia federal implicara una intromisión en competencias provinciales y recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, cuestionó que los controles quedaran en manos de organismos cuyos funcionarios están bajo investigación por presuntas irregularidades en la autorización de desmontes.
Para Aves Argentinas, el fallo pone en evidencia problemas estructurales detrás de la deforestación ilegal, como controles deficientes, sanciones poco efectivas y fallas en la fiscalización de la actividad forestal. La organización señaló además que monitoreos satelitales independientes detectaron desmontes incluso durante la vigencia de la cautelar judicial.
La entidad también rechazó la idea de que la conservación de los bosques sea incompatible con el desarrollo económico. Sostuvo que actividades como el aprovechamiento forestal sostenible, la apicultura, el turismo de naturaleza y la restauración ecológica pueden generar empleo e ingresos sin comprometer los ecosistemas.
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El mayor emisor de metano entre basurales del mundo está en Buenos Aires: el informe que pone bajo la lupa al CEAMSE

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


Un informe de la Universidad de California ubicó al Complejo Ambiental Norte III entre los mayores emisores de metano detectados por satélite. CEAMSE cuestionó la metodología y defendió sus sistemas de captura de biogás.
El Complejo Ambiental Norte III, operado por CEAMSE en Campo de Mayo, volvió a quedar bajo el foco internacional luego de que un informe del proyecto STOP Methane, desarrollado por investigadores de la Universidad de California (UCLA), lo identificara como el sitio de disposición final de residuos con la mayor tasa de emisiones de metano detectada por satélites durante 2025.
La conclusión surgió del análisis de información recopilada por Carbon Mapper a partir del satélite Tanager-1 de Planet Labs y del instrumento EMIT de la NASA instalado en la Estación Espacial Internacional. En total, los investigadores estudiaron casi 3.000 plumas de metano provenientes de 707 rellenos sanitarios y basurales distribuidos en decenas de países para elaborar un listado con los 25 casos más relevantes.
Sin embargo, los propios autores introducen una aclaración importante: el ranking no representa necesariamente a los sitios que más metano emitieron a lo largo del año, sino a aquellos donde se detectaron las mayores tasas horarias de emisión durante los sobrevuelos satelitales. Aun con esas limitaciones, sostienen que constituye la aproximación más precisa disponible para identificar las fuentes más importantes de este potente gas de efecto invernadero.

El corazón del sistema metropolitano de residuos en Buenos Aires
La relevancia del Complejo Ambiental Norte III también está dada por su magnitud. Allí se deposita cerca del 85 % de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un ingreso promedio superior a las 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.
Para atribuir las emisiones detectadas, el equipo de UCLA recurrió a imágenes satelitales, datos geográficos y fuentes públicas, identificando a CEAMSE como el operador potencialmente responsable del predio. La empresa administra un complejo que, además de recibir enormes volúmenes de residuos, cuenta con instalaciones destinadas a captar el biogás generado por la descomposición de la materia orgánica y transformarlo en energía eléctrica.
El estudio también ofrece una referencia que ayuda a dimensionar el fenómeno: un relleno sanitario que libera cinco toneladas de metano por hora genera en un año un impacto climático comparable al de un millón de vehículos utilitarios deportivos o al funcionamiento de una central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios.

La respuesta de CEAMSE: "Son mediciones puntuales"
La publicación del informe motivó una rápida reacción de CEAMSE, que cuestionó la metodología empleada por los investigadores y defendió el funcionamiento de sus complejos ambientales.
En un comunicado, la empresa sostuvo que las mediciones utilizadas para elaborar el ranking corresponden a observaciones satelitales realizadas bajo condiciones atmosféricas específicas y que, por ese motivo, no representan el comportamiento continuo y dinámico de las emisiones que registra un relleno sanitario de gran escala.
Según la entidad, Norte III opera bajo estándares técnicos y regulatorios vigentes y dispone de una extensa red de captación de biogás que evita que buena parte del metano producido por la degradación de los residuos llegue directamente a la atmósfera.
CEAMSE también recordó que desde 2012 cuenta con plantas de generación eléctrica alimentadas con ese biogás y que actualmente posee una potencia instalada de 23 megavatios, con una ampliación proyectada hasta 33 megavatios. Esa capacidad, asegura, permitiría abastecer el consumo de entre 100.000 y 120.000 personas.

Bonos de carbono, monitoreo y nuevas inversiones
Como parte de su estrategia para reducir emisiones, la empresa informó que durante 2025 inició un proceso de certificación internacional de bonos de carbono bajo el programa VERRA y el estándar Verified Carbon Standard, con el objetivo de validar la captura y tratamiento del metano mediante mecanismos independientes.
De acuerdo con datos difundidos por la propia compañía, durante abril de 2026 el sistema alcanzó una captación cercana a los 16.000 metros cúbicos de biogás por hora, alrededor de un 16 % más que en registros anteriores.
Además, incorporó monitoreo de emisiones fugitivas mediante drones equipados con tecnología Sniffer, una herramienta utilizada para detectar pérdidas de gas y optimizar el funcionamiento de los sistemas de extracción.

Un problema global con impacto local
El metano es considerado uno de los principales aceleradores del cambio climático. Aunque permanece mucho menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, durante sus primeras dos décadas puede tener un poder de calentamiento hasta 80 veces superior.
Los investigadores de UCLA recuerdan que este gas explica aproximadamente la mitad del incremento de 1,2 °C registrado en la temperatura media global desde la Revolución Industrial y que los residuos constituyen la cuarta fuente mundial de emisiones, detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.
Al mismo tiempo, destacan que la reducción del metano ofrece una de las oportunidades más rápidas para desacelerar el calentamiento global, especialmente mediante una mejor gestión de los rellenos sanitarios y el aprovechamiento energético del biogás.
En ese contexto, el caso del Complejo Ambiental Norte III trasciende el resultado de un ranking. La discusión ya no pasa únicamente por una medición satelital o por la respuesta de una empresa pública, sino por cómo las grandes ciudades administran millones de toneladas de residuos y qué tan eficaces son las tecnologías disponibles para impedir que ese volumen se convierta en una fuente creciente de gases de efecto invernadero.
Mientras el informe internacional pone de relieve la magnitud del desafío, CEAMSE insiste en que las emisiones detectadas deben interpretarse dentro de un sistema complejo que continúa incorporando inversiones y herramientas de mitigación. Entre ambas posiciones queda abierto un debate que probablemente gane cada vez más espacio en la agenda ambiental: cuánto puede reducirse el metano generado por los residuos y cuál será el futuro de un modelo que todavía depende, en gran medida, del enterramiento de basura.
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Mendoza endurece las multas por desmontes ilegales de flora y bosques nativos

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MendoVoz
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno modernizó el sistema de cálculo de sanciones ambientales. El nuevo esquema eleva los montos y evalúa la gravedad del impacto, los antecedentes del infractor y el valor de conservación de la zona afectada.
La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente aprobó una nueva metodología para el cálculo de infracciones vinculadas a desmontes de flora nativa y bosques nativos realizados sin autorización.
La medida busca actualizar un sistema de sanciones que había quedado desfasado frente a la complejidad de los casos detectados y a la magnitud de los daños ambientales que pueden producir este tipo de intervenciones, especialmente en un contexto de cambio climático, donde las especies nativas cumplen un rol central para amortiguar los efectos de las lluvias intensas, las inundaciones, las olas de calor y los procesos de degradación del suelo.
La actualización fue impulsada por el Departamento de Flora Nativa y aprobada mediante el proyecto denominado “Modernización de cálculo de infracciones de desmonte de flora nativa y bosque nativo”, con el objetivo de incorporar criterios técnicos y ambientales que permitan graduar las sanciones de manera más precisa y homogénea.
El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó que la medida responde a una necesidad detectada durante las tareas de control y fiscalización que desarrolla el organismo. “Era necesaria una actualización. La metodología anterior no contemplaba de manera suficiente las distintas variables que intervienen en una afectación de flora nativa o bosque nativo, por lo que avanzamos en una herramienta más objetiva y ajustada a la realidad ambiental de cada caso”.
La nueva metodología reemplaza un esquema basado en valores establecidos por la Resolución Nº 419/18, cuyos montos máximos habían quedado desactualizados en relación con el daño ambiental generado. “Se contemplan de manera integral factores como la ubicación de la infracción, la gravedad de la afectación, la presencia de especies protegidas o la reincidencia de los responsables”, explicó Funes Pinter.
Funes Pinter señaló que uno de los cambios más importantes es la incorporación de criterios vinculados al valor de conservación de los ambientes afectados. “La Ley Nacional de Bosques establece tres categorías: I, II y III, también identificadas como rojo, amarillo y verde. La Categoría I, o roja, es la de máxima protección. La Categoría II, o amarilla, permite un uso sostenible. Y la Categoría III, o verde, funciona más como una zona de amortiguación o buffer”, explicó. 
El funcionario precisó que estas categorías pasan a tener incidencia directa en la determinación de las sanciones. “Existen distintos agravantes. Por ejemplo, si se usa fuego, si se realiza rolado, dónde se hace la intervención y qué categoría de bosque tiene el área afectada. Si se trata de una zona de bosque de máxima protección, no se puede desmontar de ninguna manera”.

Más factores para medir el daño
La nueva fórmula también considera el tipo de cobertura vegetal afectada, la capacidad de recuperación natural del ecosistema, la presencia de especies de flora o fauna amenazadas y otras características ecológicas que permiten dimensionar el impacto de la intervención. 
“Influyen otros factores, como el tipo de cobertura vegetal, la capacidad de restauración del sitio —si es alta o baja— y si en el lugar hay flora o fauna amenazada o con alguna categoría especial de protección. Todos esos elementos pueden funcionar como agravantes o atenuantes y ahora se tienen en cuenta dentro de la fórmula, además de la superficie afectada”, concluyó Funes Pinter. 
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Ecocidio: avanza en el Senado un proyecto que prevé hasta 25 años de prisión por delitos ambientales graves

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: Portal LaPolíticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal argentino impulsado por la senadora nacional Edith Terenzi de CHUBUT (PRO). Contempla penas de hasta 25 años de prisión y multas millonarias para quienes provoquen daños graves, extensos o irreversibles sobre ecosistemas, recursos naturales o la salud de las poblaciones.
El debate sobre los delitos ambientales dio un paso importante en el Congreso de la Nación. Un proyecto de ley que propone incorporar la figura de ecocidio al Código Penal comenzó a avanzar en el Senado y reabre una discusión que gana fuerza en distintos países: cómo sancionar penalmente los daños ambientales de gran magnitud.
Las características de este tipo de delito presenta un desafio y uno de las falencias jurídicas que tiene el sistema de protección ambiental.
La iniciativa plantea que determinadas conductas que generen destrucción masiva o irreversible de ecosistemas puedan ser consideradas delitos autónomos, con penas que llegarían hasta los 25 años de prisión para sus responsables.
De aprobarse, Argentina se convertiría en uno de los países de la región con una de las legislaciones más severas en materia de protección penal del ambiente.
Qué es el ecocidio
El concepto de ecocidio comenzó a instalarse en el ámbito jurídico internacional durante los últimos años.
La definición más utilizada describe al ecocidio como aquellos actos ilícitos o arbitrarios realizados con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, extensos o duraderos al ambiente.
La discusión ya llegó a organismos internacionales, universidades, organizaciones ambientales y parlamentos de distintos países.
Quienes impulsan su incorporación sostienen que muchas de las grandes catástrofes ambientales actuales no encuentran una respuesta adecuada dentro de los sistemas penales tradicionales.
Derrames petroleros, desmontes masivos, contaminación industrial, destrucción de humedales, incendios intencionales o actividades extractivas que generan daños irreversibles suelen ser abordados mediante sanciones administrativas o económicas que, según sus promotores, resultan insuficientes frente a la magnitud de los impactos.

Qué propone el proyecto
La iniciativa que se discute en el Senado busca crear una figura penal específica para los delitos ambientales más graves.
Según el texto impulsado por legisladores y organizaciones especializadas en derecho ambiental, podrían ser alcanzadas aquellas personas físicas o jurídicas que provoquen daños significativos sobre:
    Bosques nativos.
    Humedales.
    Glaciares.
    Cuencas hídricas.
    Ecosistemas marinos.
    Áreas protegidas.
    Recursos naturales estratégicos.
Las sanciones previstas incluyen penas de prisión de hasta 25 años, multas económicas de gran magnitud, decomiso de bienes utilizados para cometer el delito y obligaciones de reparación ambiental.
Uno de los puntos centrales es que la responsabilidad no se limitaría únicamente a quienes ejecutan materialmente la actividad dañosa, sino que también podría alcanzar a directivos, funcionarios o responsables de decisiones empresariales que hubieran participado de las conductas investigadas.

Una respuesta a los grandes conflictos ambientales
La propuesta aparece en un contexto marcado por conflictos ambientales cada vez más frecuentes en Argentina.
Los incendios forestales en la Patagonia, los desmontes en el norte argentino, las denuncias por contaminación industrial, los conflictos vinculados a la minería y los cuestionamientos por fumigaciones con agroquímicos impulsaron durante los últimos años reclamos para fortalecer las herramientas judiciales de protección ambiental.
Quienes apoyan el proyecto sostienen que existe una brecha entre la gravedad de algunos daños ecológicos y las consecuencias legales que actualmente enfrentan sus responsables.
Según esta mirada, el derecho penal debería intervenir cuando la afectación ambiental alcanza niveles extraordinarios capaces de comprometer ecosistemas completos o generar riesgos para generaciones futuras.
Las críticas al proyecto

La iniciativa también genera cuestionamientos.
Algunos especialistas advierten sobre posibles problemas de precisión jurídica al momento de definir qué constituye exactamente un daño "grave", "extenso" o "irreversible".
Otros sectores sostienen que el desafío principal no radica en crear nuevos delitos sino en mejorar la aplicación de las normas ambientales ya existentes y fortalecer los organismos de control.
También existe preocupación en sectores productivos que temen que la incorporación de figuras penales amplias pueda generar incertidumbre jurídica para determinadas actividades económicas.
Por ese motivo, uno de los principales debates legislativos girará en torno a la definición precisa de los alcances del delito y los estándares probatorios necesarios para acreditar el daño ambiental.

Un debate que crece en el mundo
La discusión sobre el ecocidio ya trascendió las fronteras argentinas.
Diversos países europeos analizan reformas similares y organizaciones internacionales impulsan su incorporación como un crimen perseguible a nivel global.
Incluso existe una campaña internacional que busca que el ecocidio sea reconocido como el quinto crimen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
Aunque ese objetivo todavía enfrenta obstáculos jurídicos y políticos, refleja un cambio de paradigma en la forma en que la comunidad internacional comienza a abordar los daños ambientales de gran escala.

Lo que está en juego
Más allá de las diferencias sobre el contenido del proyecto, el avance de la iniciativa marca un cambio en la discusión ambiental argentina.
Durante décadas, gran parte de los conflictos ecológicos fueron abordados desde el derecho administrativo o civil. La incorporación del ecocidio al Código Penal trasladaría parte de ese debate al terreno de la responsabilidad criminal.
La pregunta que deberá responder el Congreso es hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema jurídico para proteger ecosistemas que cumplen funciones esenciales para la biodiversidad, el clima y la calidad de vida de las poblaciones.
La respuesta podría redefinir la manera en que Argentina enfrenta algunos de los mayores desafíos ambientales del siglo XXI.
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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Vuelve el streaming del Conicet por las profundidades del Mar Argentino: el Falkor navegará frente a las costas de Chubut

Fecha de Publicación: 10/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La campaña, que transmitirá en vivo las inmersiones del ROV SuBastian, busca descubrir nuevas especies, analizar la biodiversidad y fomentar la ciencia abierta y la educación pública en torno al Mar Argentino.
El Conicet anunció que los biólogos marinos que formaron parte de la expedición al cañón submarino Mar del Plata en 2025 volverán a explorar el océano profundo a bordo del buque Falkor (too) del instituto internacional Schmidt Ocean. Se trata de una nueva hazaña en el Mar Argentino, a partir de la cual, en abril de 2027, y a lo largo de 23 días, un grupo de 19 científicos explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa.
Se trata de un área clave porque Argentina tiene una de las regiones marinas más ricas y productivas del mundo con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie sumergida.
Según se precisó, la inmersión del ROV SuBastian será transmitida en vivo por streaming desde el canal oficial de la entidad científica al igual que en la campaña anterior. En paralelo, se realizarán actividades educativas en tiempo real con escuelas de todo el país y contenidos para divulgación científica.
La expedición, bautizada Talud Continental V, tiene como objetivo reunir información de una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables.
“Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país. Esta campaña se llama Talud continental V y eso tiene que ver con que es la continuación de un plan de trabajo que inició allá por el 2011, cuando Pablo Penchaszadeh y Mariano Martínez pusieron el foco en el cañón Mar del Plata", explicó al respecto Daniel Lauretta, el investigador del Conicet en el Museo Argentino “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.
Y agregó: “Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”.
Por su parte, Martín Brogger, investigador del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CENPAT, CONICET) sostuvo: “Además de la emoción científica por descubrir nuevos ambientes y especies, también sentimos una gran motivación por seguir construyendo capacidades en el país, fortaleciendo equipos de trabajo interdisciplinarios y generando información que pueda ser útil para la conservación y el manejo del Mar Argentino”.

Qué esperan encontrar en la misión Talud V
Talud Continental V se propone avanzar hacia una nueva región del margen continental argentino, para ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas profundos, de acuerdo con una línea de investigación sostenida durante más de una década sobre el estudio de la fauna del mar profundo.
Uno de los objetivos centrales será explorar profundidades superiores a los 4 mil metros, ampliando el rango de observación alcanzado en campañas anteriores y accediendo a ambientes aún no estudiados en Argentina.
En relación a las expectativas que genera la exploración de los cañones Ameghino Almirante Brown, Lauretta afirmó: “Los cañones submarinos mundialmente son considerados posibles zonas de alta biodiversidad, ya que presentan una gran variedad de ambientes en una zona relativamente pequeña. Dado que el tiempo de barco es muy limitado y que los fondos bajo jurisdicción nacional son muy amplios, nosotros tratamos de ir a zonas donde suponemos que la biodiversidad es particularmente alta. En ese sentido tenemos grandes expectativas respecto a la fauna a encontrar en los cañones“.
En tanto, remarcó que “la zona profunda de estos cañones no ha sido estudiada desde el punto de vista biológico hasta la fecha, por lo que va a ser la primera vez que vamos a poder ver y estudiar esta fauna”.
El científico añadió que si bien por un lado esperan encontrar especies que ya vieron en el cañón Mar del Plata, también tienen expectativas de hallar muchas especies diferentes.
“Parte del plan de estudiar la fauna en los diferentes cañones que se encuentran a lo largo del talud continental argentino es ver cómo se distribuye la fauna de norte a sur”, explica.
El equipo multidisciplinario de GEMPA, integrado por investigadores de distintas instituciones del país, abordará: biodiversidad de fondos profundos (invertebrados y peces); arrecifes de corales de aguas frías y hábitats vulnerables; ADN ambiental (eDNA) y conectividad biológica; procesos oceanográficos y dinámica de sedimentos e impacto humano en ambientes remotos, incluyendo microplásticos.
Los científicos que conformarán el grupo pertenecen en su mayoría insitucioens argentinas, como el CONICET, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET) el Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR, CONICET), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET- UNMDP), el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y el Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET-UNC). También forman parte investigadores de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata y Prefectura Naval Argentina.
Desde la institución destacaron el valor de la nueva misión y de la profesionalidad del cuerpo científico argentino. “Fortalece el desarrollo de investigaciones sobre biodiversidad y ecosistemas marinos vulnerables. Talud Continental V representa una oportunidad para continuar descubriendo la biodiversidad del Mar Argentino, generar información clave para su conservación y reforzar el vínculo entre la ciencia y la sociedad”, ponderaron.
“El océano profundo es uno de los ambientes menos explorados del planeta, y en Argentina todavía conocemos muy poco sobre gran parte de la biodiversidad que habita estos ecosistemas. Estudiar las profundidades del mar permite comprender cómo funcionan estos ambientes, qué especies viven allí, cómo se conectan con otros ecosistemas y qué rol cumplen en procesos globales como el ciclo del carbono o la regulación climática”, aseguró Brogger.

Talud Continental IV: un hito en la exploración marina argentina
Entre el 23 de julio y el 11 de agosto del 2025 una expedición liderada por científicos del Conicet exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata -una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico Sur- a bordo del Falkor (too). Durante esta expedición se utilizó por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV), lo que permitió capturar imágenes del fondo marino en ultra alta definición de hasta casi 4 mil metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el entorno.
En el marco de esta histórica campaña se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria, incluyendo más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.
Además, la expedición generó un impacto sin precedentes en la comunicación pública de la ciencia, con millones de visualizaciones en transmisiones en vivo desde el fondo del océano. Esta experiencia permitió acercar la exploración científica a la sociedad y a instituciones educativas de todos los niveles, y consolidó un modelo de ciencia abierta con fuerte participación pública.
“Nunca imaginamos que la transmisión podía tener semejante repercusión. La sorpresa genuina ante cada ambiente o animal que descubríamos fue compartida con miles de personas, especialmente con los más chicos. Recibir tanto interés por el océano profundo y su fauna fue algo muy lindo que vamos a recordar durante toda nuestra carrera como investigadores”, comenta Ignacio Chiesa, investigador del Conicet en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
Para Brogger, se trató de una experiencia muy movilizadora: “Muchas veces la exploración científica ocurre lejos de la sociedad, especialmente cuando hablamos de ambientes tan remotos como el océano profundo. Ver a millones de personas siguiendo en vivo las inmersiones, haciendo preguntas, emocionándose con los hallazgos y siendo parte de alguna manera de la expedición fue muy importante para todo el equipo. También mostró que existe un enorme interés por la ciencia y por el océano cuando la información se comparte de manera abierta y accesible. Para nosotros fue una confirmación de que la comunicación pública y la ciencia abierta tienen que ser parte central de este tipo de expediciones”, expresa el científico.
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Atropellamientos en ruta: un fenómeno que crece y mutila a la fauna mendocina

Fecha de Publicación: 10/06/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Organizaciones ambientales alertan por el aumento de los atropellamientos a animales en rutas mendocinas y reclaman más señalización y controles.
Las imágenes de animales muertos al costado de las rutas mendocinas son cada vez más frecuentes. Aunque muchas veces pasan desapercibidos para quienes circulan por estos caminos, detrás de cada atropellamiento existe un impacto que preocupa a organizaciones ambientalistas, investigadores y especialistas en conservación de la fauna.
 Desde la Fundación Cullunche advierten que la problemática viene creciendo y que Mendoza no está ajena a una situación que se repite en distintas provincias del país. Según explicó Jennifer Ibarra a MDZ, durante un viaje de ida y vuelta a Malargüe pudieron observar cerca de una decena de animales muertos sobre la ruta.
La situación no solo implica la pérdida de ejemplares silvestres. También genera lo que los especialistas denominan defaunación, es decir, la disminución progresiva de animales en los ecosistemas por causas vinculadas a la actividad humana.

 Lo que se puede observar en las rutas
"El otro día fuimos a Malargüe y de ida y vuelta vimos más o menos una decena de animales muertos", relató Ibarra. Desde la organización sostienen que las altas velocidades y la falta de señalización adecuada favorecen este tipo de episodios en distintos puntos de la provincia.
De hecho, en un solo fin de semana y en un recorrido de 356 kilómetros entre ida y vuelta, integrantes de la fundación registraron la muerte de una liebre, tres zorros grises, dos zarigüeyas, dos zorrinos y tres perros. Para los ambientalistas, estos números reflejan una realidad que muchas veces queda invisibilizada.
Las rutas suelen atravesar zonas donde los animales viven, buscan alimento o se desplazan naturalmente. Cuando esos corredores quedan divididos por el avance de la infraestructura vial, aumenta considerablemente el riesgo para la biodiversidad.

Los estudios también muestran el impacto
La preocupación no surge únicamente de observaciones ocasionales. Un trabajo presentado por investigadores del IADIZA, la Reserva de Biósfera Ñacuñán y organismos provinciales analizó los atropellamientos registrados en la Ruta Provincial 153, que atraviesa un área protegida de Mendoza.
Durante el monitoreo se contabilizaron 189 animales atropellados pertenecientes a 31 especies diferentes. El grupo más afectado fue el de los mamíferos, seguido por aves y reptiles. Entre las especies registradas aparecieron zorros grises, cuises y pequeños felinos, entre otros ejemplares de la vida silvestre.
Los investigadores también detectaron que la cantidad de atropellamientos era mayor dentro del área protegida que fuera de ella. Por ese motivo recomendaron reforzar medidas de mitigación y promover una conducción más responsable en zonas donde existe presencia de animales.

Cartelería y concientización
Ambientalistas piden campañas de concientización y más cartelería para reducir un problema que afecta tanto a la fauna como a las personas.
Ante este escenario, desde Cullunche anunciaron nuevas campañas para visibilizar el problema. Además, adelantaron que presentarán pedidos formales ante organismos viales para incorporar más señales que adviertan sobre cruces de animales en sectores críticos.
La organización sostiene que muchas rutas de Mendoza y del resto del país atraviesan ambientes naturales sin contar con la señalización suficiente. Por eso consideran que una mayor presencia de carteles puede ayudar a que los conductores reduzcan la velocidad y estén atentos a posibles cruces de especies.
En la Legislatura provincial también surgieron iniciativas vinculadas al tema. Durante 2025 se presentó el proyecto "Un cartel, una vida", que busca prevenir atropellamientos de animales en rutas y caminos mendocinos mediante mayor señalización y acciones de sensibilización.

Un desafío ambiental y también vial
Los especialistas remarcan que el problema no afecta únicamente a los animales. Los choques con fauna silvestre también pueden provocar accidentes graves, daños materiales e incluso víctimas fatales entre los conductores y acompañantes.
Experiencias desarrolladas en otras provincias muestran que existen alternativas para reducir estos episodios. Entre ellas aparecen los pasos seguros para animales, mejoras en la infraestructura vial, monitoreos científicos y campañas permanentes de prevención.
Mientras tanto, desde las organizaciones ambientales insisten en una medida simple que cualquier conductor puede adoptar de inmediato: disminuir la velocidad y prestar atención al entorno. Para quienes trabajan en la conservación de la naturaleza, cada animal que logra cruzar una ruta de manera segura representa una pequeña victoria para el equilibrio de los ecosistemas y para la seguridad de todos los que transitan por los caminos de Mendoza.
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Depredación pesquera de buques extranjeros en el Mar Argentino 

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Nacional


Una vez más volvieron a conocerse denuncias sobre la pesca ilegal por parte de buques extranjeros que operan en el Mar Argentino, la mayoría de ellos sin permiso y dentro de la zona pesquera de nuestro país. Así, un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), determinó que flotas de otros países que operan sobre el borde de la milla 201 extraen entre 1,5 y 3 millones de toneladas de recursos por año, una cifra que supera ampliamente las capturas de la industria nacional.
Se trata de una situación que se presenta hace décadas, con barcos que se llevan los mejores recursos, un verdadero botín millonario del que despojan a la Argentina sin que nada los detenga. Los datos relevados indican que mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, los buques internacionales llegan a capturar hasta cuatro veces más volumen. El estudio señala además que entre 2019 y 2024 la extracción en el Atlántico Sudoccidental aumentó un 65 por ciento.
La mayoría de las embarcaciones proviene de China, Corea del Sur y Taiwán. Cada año, entre 400 y 600 embarcaciones extranjeras se concentran en la zona para capturar recursos migratorios asociados al ecosistema argentino. Imágenes aéreas tomadas hace años desde un avión argentino mostraron lo que desde lejos parece ser una ciudad nocturna totalmente iluminada en el mar, aunque se trataba de una concentración de barcos pesqueros.
La FULASP advirtió que muchas especies están siendo capturadas antes de completar sus ciclos reproductivos, lo que compromete la capacidad de recuperación de los recursos. “El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural”, señaló el especialista.
Uno de los recursos que genera mayor preocupación es el calamar Illex argentinus, considerado una especie clave para la actividad pesquera y para la cadena alimentaria del Atlántico Sur. La organización Environmental Justice Foundation (EJF) advirtió que la combinación de sobrepesca y cambios ambientales podría provocar un colapso poblacional en apenas un año debido al corto ciclo de vida de esta especie.
De acuerdo a versiones, la presencia de esta verdadera flota de barcos que piratean la inmensa riqueza ictícola del país, llevándose una pesca que luego es enlatada y vendida a muy altos costos –en una actividad que debiera ser aprovechada por los argentinos- se vio intensificada desde principios de la pandemia, en 2020, hasta la fecha.
Distintos operadores coinciden en que faltan patrullajes, logística y decisión política por parte de la Argentina para combatir esta gigantesca depredación de sus recursos. Se han registrado últimamente ingresos masivos de pesqueros ilegales al Mar Argentino, sin que frente a ellos resultaran suficientes los escasos patrullajes y la presencia del Estado para proteger los recursos naturales del país.
Desde luego que también está en juego el concepto de la soberanía y de allí la necesidad de acudir en protesta ante los organismos internacionales, avanzando asimismo en acuerdos diplomáticos con los Estados cuyos barcos violan el espacio marítimo argentino, depredando recursos que nos pertenecen y que, si el país decidiera explotar esa enorme riqueza desaprovechada, podría allegar una enorme cantidad de divisas al país.
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Ampliaron a $21 mil millones un embargo por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Página12
Provincia/Región: Salta


El desmonte ilegal fue detectado por la AFIP en 2014 junto a una situación de trata laboral. El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo de restauración que los dueños de las tierras incumplieron recurrentemente.
La administración de justicia salteña hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros rurales del norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La jueza en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, Viviana Yance, resolvió en tal sentido tras el pedido del procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez Román.
La ampliación de la medida cautelar ambiental es en contra de los hermanos Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, y detectado por la ex AFIP en 2014, en un operativo a raíz de denuncias sobre personas que estaban en situación de trata laboral.
El embargo original era de 171 millones de pesos. A cambio, durante la gestión como procurador General del ahora juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals, en 2018 se había acordado la reparación del monte.
Pero desde entonces fueron insistentes las denuncias sobre incumplimientos del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental, y también las resoluciones judiciales que daban cuenta de la situación.
La última decisión judicial elevó el embargo preventivo original que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal -catastros 30.746 y 30.747- del departamento San Martín con el fin de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen, además, que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Como vinieron denunciando comunidades indígenas de la zona y hasta la asociación ambientalista Greenpeace en estos últimos años, e el Ministerio Público Fiscal confirmó ahora que “entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo”.
El Juzgado consideró acreditado el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

Uso judicial para dilatar
En su presentación, ella con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, el procurador García Castiella señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, y aseguró que en efecto, esto demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Asimismo, advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.
El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y a las comunidades indígenas de la zona.
“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.
Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.
Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal de Tartagal requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal, este pedido fue concedido por la jueza Viviana Yance, que intimó a los hermanos Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que fue rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, destacó la actualización de la multa, pero advirtió en la penalización de los desmontes ilegales.
“Si bien es muy importante que se actualice la multa a uno de los mayores desmontes ilegales de la historia, la nula restauración del bosque y la demora en el pago de las sanción económica, demuestran que es necesario avanzar con la penalización de la destrucción de bosques”, aseguró. 
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Montañas de residuos del fracking contaminan el ambiente en Argentina

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Neuquén


La ciudad de Neuquén está dividida en dos realidades por un gran barranco que la atraviesa. Las calles suburbanas del valle son muy parecidas a las de cualquier otra ciudad argentina. Pero en la meseta, la industrialización cubre en absoluto el paisaje. Es un páramo con tendido eléctrico que espera nuevos residentes en una de las regiones de más rápido crecimiento del país.
El motor de estos cambios es Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale gas más grandes del mundo y una formación aclamada por todo el espectro político argentino como la salvación económica del país.
Según datos del Ministerio de Energía de Neuquén, más del 97% del petróleo de la provincia y más del 90% de su gas se extraen mediante fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos. A finales de 2025 se batió el récord histórico de producción.
Se trata de una técnica controvertida que se ha relacionado con un aumento de los sismos. Pero los residentes señalan otra cara oculta del auge: los residuos. Los expertos sostienen que los residuos del fracking no se están tratando adecuadamente en Argentina, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos potenciales para la salud pública.
La normativa local exige que se procesen adecuadamente. Pero allí hay montañas de residuos que demuestran lo contrario.

La vida bajo las montañas de residuos
La calidad de vida en Neuquén depende de la dirección del viento. “Cuando pega para este lado, sube mucho olor. También te agarra irritación en los ojos y estornudás constantemente”, dice Julio Polo. Es guardia de seguridad en el desarrollo urbano que rodea el Parque Industrial Neuquino Oeste (PINO).
El olor es similar al del azufre, aunque hay muchas más sustancias químicas en el aire y el suelo. El fracking genera dos tipos de residuos. El agua contaminada vuelve a la superficie tras la fractura, junto con salmuera natural, y se inyecta en pozos subterráneos.
Esta práctica se ha relacionado con la sismicidad inducida, ya que la presión puede reactivar fallas inactivas. En algunos países de América del Norte, hasta el 70% de estas aguas residuales se reutiliza para el fracking y otros fines industriales, pero en Argentina, más del 95% se deposita bajo tierra, según explicó a Vaca Muerta News Pedro Brisio, miembro de la comisión directiva del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.
Los residuos semisólidos del fracking, por su parte, son una pasta del color de la tierra húmeda y compuesta por roca perforada, denominada cuttings, mezclada con residuos procesados y arena. Dentro del procesamiento de estos lodos, industrias tercerizadas los acumulan formando montañas visibles. Algunas de estas plantas lo han hecho muy cerca de poblaciones.
La normativa provincial exige que estos lodos se traten mediante métodos autorizados, entre ellos hornos de alta temperatura que queman los componentes tóxicos y los reducen a cenizas en un ambiente controlado. Sin embargo, en la práctica, la capacidad de tratamiento ha sido sistemáticamente insuficiente para los volúmenes que se producen. Los residuos se acumulan. En 2023, los volúmenes aumentaron en más de un tercio con respecto al año anterior, según datos a los que ha tenido acceso Chequeado.
Los inversores internacionales tienen una participación significativa en el auge que genera estos residuos. Las empresas chinas han invertido aproximadamente US$ 6.000 millones en el sector de los combustibles fósiles de Argentina, incluida Vaca Muerta, según un análisis de Perfil. Esto representa alrededor de una cuarta parte de todas las inversiones chinas en el país.
Pan American Energy, el cuarto mayor productor de petróleo de Vaca Muerta, es propiedad conjunta de Bridas Corporation y BP. Bridas es una empresa conjunta entre la familia argentina Bulgheroni y el gigante energético marítimo estatal chino CNOOC, cuya participación en Bridas supuso la mitad de la inversión total de China en combustibles fósiles en Argentina.
Mientras Argentina se apresura a convertirse en un importante exportador de gas natural licuado (GNL), China figura entre los principales compradores potenciales a los que apunta la empresa energética estatal argentina YPF, junto con Brasil, India, Japón y Europa.
El fracking y sus residuos constituyen importantes fuentes de contaminación para las zonas circundantes. Según un estudio de 2019 realizado por la iniciativa Concerned Health Professionals of New York, se detectaron más de 200 contaminantes en el aire cerca de las operaciones de fracking en Estados Unidos, y se encontraron más de 1000 sustancias químicas en los fluidos de fracking. El estudio también describe la presencia de radiactividad en las aguas residuales.
En la provincia de Neuquén actualmente hay 5 vertederos y 5 plantas de tratamiento en funcionamiento, según Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial. También hay tres plantas de tratamiento que han estado o están actualmente involucradas en disputas legales relacionadas con casos de contaminación: E.ET., HP&V y Comarsa.
Esteves afirmó que no se autorizarán nuevos vertederos. “Las empresas deben invertir en métodos alternativos de tratamiento de residuos, no solo por razones medioambientales, sino también por razones logísticas”, añade a Dialogue Earth.
Destaca que los emplazamientos existentes son seguros y cuentan con las licencias pertinentes, pero reconoció que son “zonas de sacrificio”: “No podrán utilizarse para nada más”.

El caso Comarsa
Una de las empresas acusadas de contaminar la zona es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales (Comarsa), que opera dentro del PINO desde 2009.
La fiscalía del caso, acompañada de una querella compuesta por organizaciones ambientales y vecinales, le imputa haber aceptado una cantidad de material muy superior a la que podía tratar en sus cuatro hornos.
El resultado, según explica la querella a Dialogue Earth, fue que se acumularon alrededor de 350.000 metros cúbicos de residuos al aire libre sobre terreno sin impermeabilizar, desbordando los muros de contención de hormigón de las instalaciones.
En 2024, Comarsa perdió su licencia estatal para procesar residuos de perforación, incluidos los recortes. Sus hornos fueron desmantelados y se ordenó a la empresa que transportara los residuos a un emplazamiento designado a unos 115 kilómetros de distancia, en una zona alejada de entornos urbanos, según coinciden tanto Esteves como la fiscalía.
Rafael Colombo, un abogado que forma parte de la querella contra Comarsa y es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), alega que la acumulación de residuos ha causado contaminación del suelo y del aire, incluyendo elementos que pueden ser perjudiciales para la salud humana como el benceno, el plomo y el arsénico.
En la última audiencia judicial celebrada en marzo, los abogados que representan a Comarsa intentaron restar importancia al daño ambiental, según documentos a los que ha tenido acceso Dialogue Earth. Afirmaron que la empresa ya estaba retirando los residuos del emplazamiento de Neuquén y que esta tarea concluiría en breve; el acuerdo con el gobierno provincial puso como fecha límite octubre. También señalaron que el suelo que rodea la planta no estaba contaminado.
Los hornos originales, que ahora están cerrados, han pasado factura a los residentes de la zona. Varias personas que conversaron con Dialogue Earth describen experiencias similares: olores fuertes que causan irritación en la boca, la nariz y los ojos, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Todos lo atribuyen a la planta de Comarsa. Varios vecinos afirman que estos síntomas reaparecen cuando hace calor o después de llover.
Carlos, que prefirió no revelar su apellido, ha vivido allí toda su vida y recuerda que, cuando los hornos estaban en funcionamiento, los síntomas eran mucho más graves. “Los hornos quemaban mal. Se emitía un humo negro. A la noche se ve menos el humo y por eso muchas veces quemaban más a la noche”, afirma, haciéndose eco de las opiniones de otros cuatro residentes.
Daniel, un profesor que protestó contra la planta en 2016, dijo que el humo provocó problemas de salud. “Fue entonces cuando los bebés y los niños comenzaron a sufrir los efectos de la contaminación”, afirma. “Imagínense, las personas que viven en estos asentamientos informales son familias jóvenes. El grupo vulnerable son principalmente los niños”, añade.
El equipo jurídico de Comarsa no respondió a la solicitud de comentarios de Dialogue Earth. El caso está a la espera de juicio.
En la apertura de la sesión legislativa de este año, un discurso anual en el que los líderes políticos exponen sus logros y prioridades, el gobernador Rolando Figueroa anunció que ya se habían retirado 139 mil toneladas de residuos de la planta de Comarsa en Neuquén.

Los vertederos de Añelo
Neuquén no es la única localidad transformada por el fracking. Añelo se encuentra a poco más de 100 kilómetros de distancia, junto a una ruta que ofrece acceso directo al yacimiento de Vaca Muerta. Un flujo constante de camionetas blancas y camiones pesados satura el camino.
Pero Añelo no siempre fue así. “Tenía más o menos mil habitantes. Arrancó como una posta de correo que después se convirtió en un pueblo de crianceros, sobre todo de chivos. Eso cambió hace poco más de 15 años”, cuenta Cecilia Romero, profesora y vecina del lugar. “De estar en asados de chivos y en fiestas criollas con todos usando alpargatas, boina y a caballo pasamos a una hilera de camiones todo el día”, añade. Calcula que ahora pasan por Añelo unas 50 mil personas al día.
Al igual que en la capital provincial, Añelo cuenta con una meseta donde se asienta la población que llega para trabajar en la industria. A pesar de estar situados junto a uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, estos barrios solo tuvieron gas instalado hace unos meses, según contaron algunos residentes a Dialogue Earth. Se encuentran a menos de dos kilómetros de uno de los vertederos donde se procesan los residuos sólidos del fracking en Vaca Muerta.
En estas instalaciones se encuentra una planta operada por Indarsa, una empresa controlada por el Grupo Urcera, uno de los grupos empresariales más importantes de la provincia. Este grupo controla 2 de los 5 vertederos de la zona, según registros del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) a los que tuvo acceso Dialogue Earth.
En una recorrida por la zona para este artículo, se pudo observar que es el relleno más grande: una montaña de cenizas con una altura similar a la de un edificio de cinco plantas. Los lodos se procesan hasta convertirse en cenizas que luego se depositan allí. Por el fuerte viento patagónico, las empresas riegan con agua la cresta de esos montículos para evitar que el polvo vuele, aunque no siempre lo logran.
Los lodos transportados desde Comarsa, en Neuquén, también terminan en este emplazamiento.
Algunos residentes están preocupados por el impacto de estos residuos en el suministro de agua. “Nosotros tomamos agua embotellada porque sabemos que la del río no es buena. Puede venir con químicos del petróleo”, afirma un vecino.
Indarsa no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, los residuos no son la principal preocupación para la mayoría de los residentes de Añelo. No ven que Vaca Muerta les aporte desarrollo ni puestos de trabajo. “Estamos peleando contra gente de afuera, formada para la actividad petrolera. Nosotros somos neuquinos que crecimos en el valle con crianceros y chivos”, reflexiona un residente. “Entonces te tenés que adaptar a una situación que te impusieron”.
Esteves reconoce que existe presión para resolver el problema de los residuos sólidos del fracking lo antes posible. Pronto se exigirá a las petroleras que traten sus residuos con métodos más modernos, afirma. La intención es que esto se haga en el propio lugar de extracción. La petrolera estatal YPF ya está desarrollando una planta de tratamiento de residuos a 17 kilómetros de Añelo.
Para Esteves, Estados Unidos es un ejemplo de las oportunidades que se están perdiendo en Argentina. “Allá se está discutiendo usar las cenizas en la construcción de caminos y rutas”, dijo.
Mientras tanto, en Argentina, la producción crece y las montañas de residuos siguen acumulándose.
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Caza de nutrias: ONG rechazó la autorización para matar 100 mil ejemplares

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La caza de nutrias volvió a generar polémica en Entre Ríos luego de que organizaciones ambientalistas cuestionaran la autorización provincial para la extracción de hasta 100 mil ejemplares de coipo. Gabriel Bonomi, integrante de una ONG dedicada al estudio de las aves y el ambiente, manifestó su rechazo a la medida durante una entrevista en el programa “GPS”, que se emite por Elonce.
El referente explicó que existe una confusión habitual sobre la especie involucrada. “Lo que se autoriza es la matanza de coipos. En Entre Ríos se conoce casi indistintamente dos especies diferentes de nutrias, que en realidad no es una nutria, sino algo similar. Son familias totalmente diferentes. Los coipos son animales acuáticos muy importante para los ecosistemas acuáticos de la provincia”.
Según indicó, la preocupación principal radica en la ausencia de estudios científicos que permitan determinar el impacto que podría tener una extracción de semejante magnitud sobre las poblaciones silvestres de la especie. 

Falta de estudios y controles
Bonomi cuestionó los fundamentos utilizados para habilitar la actividad y sostuvo que los argumentos expuestos tienen un fin económico: “El gobierno provincial autorizó la matanza de 100 mil ejemplares de esta especie. Los argumentos son comerciales, pero lo que entendemos es que no hay estudios realizados por la provincia para determinar si las poblaciones de esta especie están en condiciones de hacer semejante extracción porque estamos hablando de un número sideral”.
Asimismo, remarcó que la falta de controles constituye otro de los aspectos que genera preocupación entre las organizaciones ambientalistas. “Además, considerando la absoluta falta de control que hay en cuanto a la matanza. El Estado provincial no tiene ningún tipo de capacidad para controlar la matanza”.
Las declaraciones se suman al debate que desde hace tiempo mantienen distintos sectores respecto de la conservación de la fauna silvestre en la provincia y el equilibrio entre las actividades económicas y la protección ambiental.

El papel del coipo en los humedales
El integrante de la ONG también hizo referencia a la función ecológica que cumplen estos animales dentro de los ecosistemas acuáticos entrerrianos. En ese sentido, destacó que su importancia excede ampliamente el valor comercial que pueda atribuirse a la especie.
“Estas especies además de formar parte de la cadena trófica –son presas de yacarés, de gatos montés, de lobitos de río-, son grandes dispersores de huevos y semillas de plantas acuáticas que se pegan en su pelaje y lo van trasladando a lo largo de los humedales de la provincia de Entre Ríos. Esto no se está teniendo en cuenta por parte del gobierno provincial”, sostuvo.
Para los ambientalistas, cualquier decisión vinculada con la extracción de fauna silvestre debería contemplar estudios técnicos actualizados y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar las consecuencias sobre los ecosistemas. 

Pedido de información y posibles acciones
En relación con los pasos a seguir, Bonomi adelantó que solicitarán documentación oficial para conocer los fundamentos de la medida y los estudios que respaldan la autorización.
“Vamos a pedir información pública al gobierno provincial, algo que debió haberse hecho sin necesidad de que se la solicite. Esto debió ser una decisión participativa para honrar acuerdos internacionales que hablan de la protección del ambiente”, afirmó.
Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtienen respuestas satisfactorias. “Consideramos la posibilidad de accionar nuevamente contra el gobierno provincial por esta cuestión, más allá de la demanda que existe por la caza de aves”, resaltó.
De esta manera, la autorización para la extracción de coipos volvió a instalar el debate sobre la gestión de la fauna silvestre en Entre Ríos, mientras organizaciones ambientalistas reclaman mayor información, estudios científicos y participación ciudadana en las decisiones vinculadas a los recursos naturales. 
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