Jujuy: originarios contra la minería por el agua
Veinte comunidades originarias exigen que se detenga la explotación de litio y la minería en Jujuy
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades originarias de la puna jujeña en defensa del agua y el territorio, dieron 72 horas para que se retire la empresa que se encuentra, oculta, extrayendo en la Laguna de Guayatayoc, y que el gobierno anule el concurso por el cual se ofrece todas las Salinas Grades y la Laguna de Guayatayoc para explotación de Litio. Por biblioteca andina Ñawpayachaykuna.
El 4 de febrero se constituyo la Asamblea permanente de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por mas de 20 comunidades de las salinas , ruta 11 y ruta 79 de la Provincia de Jujuy, y se espera que en la semana se sumen mas comunidades afectadas. El Objetivo de esta asamblea es la defensa del agua y del territorio que se esta viendo amenazada por los proyectos extractivos de litio y de minería a cielo abierto impulsados por el Gobierno Provincial. Como parte de las acciones la asamblea el día de ayer se presento en el lugar donde la empresa A.I.S Resourts S.A y/o Ekekos S.A, se encuentran trabajando , al tomar conocimiento y observar que se están realizando excavaciones las 24 horas del día, en medio de la laguna de guayatayoc, destruyendo las napas de agua y la biodiversidad de la región, y habiendo pasado por alto todo los mecanismos de consulta y de respeto a lo derechos de los que viven en el territorio. La Asamblea notifico al encargado de la empresa y exigió que cese las actividades destructivas que esta realizando sobre la laguna, y que se retiren en un plazo de 72 horas del territorio.
Como segunda acción se realizo una nota al Gobernador de jujuy , exigiéndole que ademas de retirar las autorizaciones de las empresas que actualmente están explorando en la región, anule el concurso que esta realizando para entregar el territorio de las salinas Grandes y la La laguna de Guyayatyoc para la explotación de litio “Concurso de oferentes para la prospección geológica, exploración y factibilización de proyecto minero en las zonas exclusivas de interés de J.E.M.S.E. ubicadas en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama – provincia de Jujuy, Argentina” Exped N°: 660-538/2018 concurso de oferentes N° 1/2018. (aprobado por acta de directorio n° 130 del 27/12/2018). Concurso que ademas muestra que intenta priorizar a una empresa en especial .”en todos los casos en que las ofertas presentadas fueran de equivalente conveniencia, será preferida la de la razón social Integra Recursos Naturales S.A., entendiéndose que existe tal equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la de la razón social Integra Recursos Naturales S.A. y la mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%) de esta última. Ello se aplicará cualquiera sea la modalidad de adoptada, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6o del referido Decreto-Acuerdo”.
Las comunidades dijeron que se encuentran en estado de alerta y movilización y dieron un plazo de 72 horas, para que el gobierno públicamente cumpla con este pedido y anuncie lo exigido y que de no hacerlo, las comunidades realizaran acciones contundentes, ya que expresaron que peligra la vida de sus familias y de todas su generaciones, afirmando que ademas habrá un perjuicio y daño irreversible, que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales de toda la población Jujeña.
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Chaco ya sobrevuela para controlar sus bosques
Sobrevuelan bosques protegidos para controlar desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Acompañados de ingenieros forestales, personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades como parte de un operativo para el control del desmonte ilegal. Las tareas son a modo de colaboración con el Ministerio de Producción y el área de Bosques de la Provincia.
Personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades de la provincia como parte de un operativo donde realizó control de desmonte ilegal en modo de colaboración con el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia.
Comenzaron el jueves por la mañana y terminaron por la tarde. Recorrieron Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, para constatar distintas infracciones, donde darían intervención los Ingenieros Forestales.
El operativo fue parte de un convenio entre la Policía y el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia, donde concluyeron, que para apaliar los desmontes ilegales y quema de vegetación, entre otras infracciones forestales, realizarán operativos aéreos.
Los agentes colaboran con el traslado de los ingenieros forestales, quienes serían encargados de notar las infracciones para luego ellos mismos dar intervención.
La fiscalización el jueves, sobre la superficie de bosques nativos, fue desde las 6:30 hasta las 14 y abarcó zonas rurales de las localidades de Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, según las distintas coordenadas que brindaría el GPS de la Aeronave.
Finalmente, luego de verificar y controlar desmontes clandestinos, quema de vegetación, constataron diversas infracciones forestales, emprendieron su regreso, nuevamente a la ciudad. Estos operativos se realizarían aproximadamente cada 15 días.
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Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Acompañados de ingenieros forestales, personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades como parte de un operativo para el control del desmonte ilegal. Las tareas son a modo de colaboración con el Ministerio de Producción y el área de Bosques de la Provincia.
Personal del Departamento de Operaciones Aéreas sobrevoló varias localidades de la provincia como parte de un operativo donde realizó control de desmonte ilegal en modo de colaboración con el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia.
Comenzaron el jueves por la mañana y terminaron por la tarde. Recorrieron Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, para constatar distintas infracciones, donde darían intervención los Ingenieros Forestales.
El operativo fue parte de un convenio entre la Policía y el Ministerio de Producción de Bosques de la Provincia, donde concluyeron, que para apaliar los desmontes ilegales y quema de vegetación, entre otras infracciones forestales, realizarán operativos aéreos.
Los agentes colaboran con el traslado de los ingenieros forestales, quienes serían encargados de notar las infracciones para luego ellos mismos dar intervención.
La fiscalización el jueves, sobre la superficie de bosques nativos, fue desde las 6:30 hasta las 14 y abarcó zonas rurales de las localidades de Los Frentones, Pampa del infierno y Taco Pozo, según las distintas coordenadas que brindaría el GPS de la Aeronave.
Finalmente, luego de verificar y controlar desmontes clandestinos, quema de vegetación, constataron diversas infracciones forestales, emprendieron su regreso, nuevamente a la ciudad. Estos operativos se realizarían aproximadamente cada 15 días.
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Biodiésel abierto para el mercado europeo
Biodiésel: la reapertura hacia el mercado europeo podría generar divisas a la Argentina por casi 1.000 millones de dólares
Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
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Fecha de Publicación: 07/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Las ventas de biodiésel a Europa permitirían generar divisas por casi 1.000 millones de dólares anuales y reactivar las plantas oleaginosas que están totalmente paradas principalmente en el Gran Rosario.
Con los envíos hacia Europa se podría utilizar hasta el 50% de la capacidad instalada de las aceiteras, sector que aún tiene esperanzas en lograr un acuerdo similar con Estados Unidos y obtener un mayor nicho de ventas.
Así lo expresó, en diálogo con Infobae, Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), quien estimó que de cumplirse con los plazos administrativos por parte de la Comisión Europea, “esperamos que a principios de marzo próximo podamos estar en condiciones de llevar adelante los primeros envíos”.
“La industria de exportación de biodiésel está totalmente parada, por las restricciones que regían por parte de Europa, y ahora con la posibilidad de comercializar 1,2 millón de toneladas -según lo acordado con Bruselas para el 2019-, se estaría trabajando por debajo del 50% de la capacidad de producción que tienen las firmas oleaginosas que se dedican a la exportación de biocombustible, siendo estas las grandes empresas que se integran con la molienda”, explicó Castro.
Además, explicó el referente de CARBIO: “Podríamos trabajar perfectamente para abastecer al mercado interno y sustituir importaciones, ya que en noviembre pasado se importaron más de 3 millones de metros cúbicos de gasoil en Argentina, cuando la industria aceitera tiene sobrada capacidad para obtener un biodiésel que permita reemplazar esta importación y además generando industrialización del aceite y la atracción que propone la harina proteica. Por otra parte, la capacidad de dar trabajo argentino”.
Un camino a seguir también con Estados Unidos
Desde el sector privado, tal como admitió Castro, se tiene muy en cuenta el acuerdo cerrado con la Unión Europea para replicar también en el marco de las gestiones abiertas con Estados Unidos. “Se sigue buscando este tipo de alternativas y vías de negociación bilateral para poder tener acceso externo. Esperamos repetir algún esquema similar con Estados Unidos, aunque no hay nada establecido como línea de trabajo en ese sentido”.
Desde la entidad empresaria, se ponderó el trabajo realizado por la Cancillería argentina ante Bruselas, ya que en el marco del acuerdo establecido se fijaron aranceles reducidos del 6,5% para el biodiésel argentino, topes exportables y precios mínimos competitivos para los envíos locales. Sin duda, dicho arancel estará muy lejos de los derechos compensatorios del 25 al 33,4% que planteaba imponer Europa. Los envíos acordados podrán además contar con un tope de incremento del 2% anual para las ventas realizadas para los próximos cinco años. Esto representaría un negocio que rondaría entre los 900 a 1.000 millones de dólares anuales.
Según Víctor Castro, “se pudo llegar a una suerte de acuerdo que pondrá un marco de referencia para poder ingresar con exportaciones de biodiésel argentino a Europa y así evitar medidas injustificadas, que se querían colocar en base a subsidios tal como denunciada Bruselas. No es lo ideal pero las reglas de juego proponen esta alternativa: restringidos en volumen y precio mínimo pero con un horizonte para poder ingresar a este bloque”.
Para la adopción de un oportuno esquema de precios para el biodiésel argentino que ingrese a Europa en los próximos meses, desde CARBIO se indicó que se deberán tomar “una referencia de precios internacionales, un cálculo que saldrá de una evaluación de los costos, siendo estos mecanismos que se autogestiones y para los cuales la Comisión Europea cuenta con procedimientos administrativos adoptados con otros países y productos”.
“Los precios mínimos que se impongan no serán tan restrictivos como un arancel, se necesitará establecer algo que sea viable para ambas partes y no sea solo una mera declaración de intenciones. Ahora esperemos poder estar operativos para principios de marzo, es decir lo antes posible, ya que todo depende de los términos administrativos de la Comisión Europea”, cerró Castro.
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La contaminación de Villa Inflamable no es generalizada
“Sin contaminación generalizada”
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Riachuelo
El informe preliminar del organismo sobre el monitoreo permanente de suelos indica ausencia de contaminación generalizada y de derrames contaminantes. Se tomaron 160 muestras.
El Director de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Económico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Carlos Alberto Nadra, adelantó que desde el organismo se está realizando un monitoreo de suelos en Villa Inflamable, y anticipó que los datos preliminares indican la carencia de una contaminación generalizada y de derrames contaminantes en lagunas.
–¿Cuántas muestras se obtuvieron de Villa Inflamable?
–Ciento sesenta muestras de suelo superficial y subsuperficial obtenidas del muestreo de 80 puntos de sondeos, 10 muestras de agua superficial y sedimentos en lagunas, once muestras de agua subterránea de pozo de monitoreo instalados en los acuíferos freáticos.
–¿En qué consiste el estudio de Villa Inflamable?
–Es un estudio de caracterización de Villa Inflamable que comprende cuatro etapas, la primera es el análisis de toda la información que viene realizando Acumar. La segunda es el monitoreo de la zona, del suelo, agua superficial, agua subterránea y polvo atmosférico cubriendo todas las matrices. Eso arrojó que no existe contaminación generalizada, no hay derrames, hay algunos metales pesados, lo que estaría indicando escorias típicas del origen de estos suelos que tuvieron una actividad industrial. También se están evaluando las actividades informales que fueron comprobadas y sobre las cuales se va a trabajar en la etapa 4, como la quema de cables, la reventa de baterías, el desarme y reventa.
–¿Cómo se continuó luego de finalizada la etapa 2?
–Terminada la etapa 2 los resultados dieron muy por debajo de la 8.31 del suelo residencial, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces entramos a la etapa 3 que es lo que llamamos RBCA Tool Kit for Chemical Releases. La traducción es: Acciones Correctivas basadas en el Analisis de Riesgo. Y es un software.
–¿Qué es el índice de “la 8.31” y en qué consiste ese software?
–La 8.31 es el decreto reglamentario de la ley 24051 de residuos peligrosos, del año 2009, que fija los niveles guías para residencial, industrial y agrícola. Arroja los valores, cuáles son las concentraciones máximas permitidas o niveles guías. El software integral está basado en el riesgo de las rutas de exposición: contacto, ingestión, inhalación. Para ello es fundamental contar con antecedentes como los que posee Acumar de control y monitoreo de las diferentes matrices y de relevamiento social y de salud. Se hace el análisis de riesgo a la salud en donde no tiene mucho que ver la concentración de los analitos sino la evaluación de la exposición. Eso arroja un valor de riesgo para la salud que no tiene que ver con la concentración del analito sino con la vía de exposición, cuánto tiempo y de qué forma está expuesta la persona a ese analito.
–¿Qué es un analito?
–En química analito es un componente de interés. Puede ser un elemento, un compuesto o un ion. Por ejemplo, cuando decimos que hallamos cobre en suelo decimos que el analito Cobre se encontró presente en tal concentración.
–La Corte había definido en 2008 la relocalización de las personas que viven en Villa Inflamable, ¿tiene conocimiento en qué instancias está eso?
–Esa no es mi área sino de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Había un grupo de gente que se tenía que relocalizar pero no estaba relacionado en sí a contaminaciones del suelo específicamente. A parte eso es del año 2008 y yo llegué a la Dirección de Impacto Ambiental en el 2017, así que no tengo esa información. Justamente en Villa Inflamable tenés una estación de monitoreo continuo de calidad de aire que lleva más de siete años. También hicimos una caracterización en el Barrio Alianza, un área donde está programada la relocalización, que está al costado de la zona y pidieron, en su momento, que se haga un análisis de suelo. El estudio preliminar que hicimos desde la Dirección que dirijo dio que la totalidad de muestra de suelo, tanto superficiales como subsuperficiales, presentaron concentraciones por debajo de los niveles guías de la 8.31.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Riachuelo
El informe preliminar del organismo sobre el monitoreo permanente de suelos indica ausencia de contaminación generalizada y de derrames contaminantes. Se tomaron 160 muestras.
El Director de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y Económico de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Carlos Alberto Nadra, adelantó que desde el organismo se está realizando un monitoreo de suelos en Villa Inflamable, y anticipó que los datos preliminares indican la carencia de una contaminación generalizada y de derrames contaminantes en lagunas.
–¿Cuántas muestras se obtuvieron de Villa Inflamable?
–Ciento sesenta muestras de suelo superficial y subsuperficial obtenidas del muestreo de 80 puntos de sondeos, 10 muestras de agua superficial y sedimentos en lagunas, once muestras de agua subterránea de pozo de monitoreo instalados en los acuíferos freáticos.
–¿En qué consiste el estudio de Villa Inflamable?
–Es un estudio de caracterización de Villa Inflamable que comprende cuatro etapas, la primera es el análisis de toda la información que viene realizando Acumar. La segunda es el monitoreo de la zona, del suelo, agua superficial, agua subterránea y polvo atmosférico cubriendo todas las matrices. Eso arrojó que no existe contaminación generalizada, no hay derrames, hay algunos metales pesados, lo que estaría indicando escorias típicas del origen de estos suelos que tuvieron una actividad industrial. También se están evaluando las actividades informales que fueron comprobadas y sobre las cuales se va a trabajar en la etapa 4, como la quema de cables, la reventa de baterías, el desarme y reventa.
–¿Cómo se continuó luego de finalizada la etapa 2?
–Terminada la etapa 2 los resultados dieron muy por debajo de la 8.31 del suelo residencial, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces entramos a la etapa 3 que es lo que llamamos RBCA Tool Kit for Chemical Releases. La traducción es: Acciones Correctivas basadas en el Analisis de Riesgo. Y es un software.
–¿Qué es el índice de “la 8.31” y en qué consiste ese software?
–La 8.31 es el decreto reglamentario de la ley 24051 de residuos peligrosos, del año 2009, que fija los niveles guías para residencial, industrial y agrícola. Arroja los valores, cuáles son las concentraciones máximas permitidas o niveles guías. El software integral está basado en el riesgo de las rutas de exposición: contacto, ingestión, inhalación. Para ello es fundamental contar con antecedentes como los que posee Acumar de control y monitoreo de las diferentes matrices y de relevamiento social y de salud. Se hace el análisis de riesgo a la salud en donde no tiene mucho que ver la concentración de los analitos sino la evaluación de la exposición. Eso arroja un valor de riesgo para la salud que no tiene que ver con la concentración del analito sino con la vía de exposición, cuánto tiempo y de qué forma está expuesta la persona a ese analito.
–¿Qué es un analito?
–En química analito es un componente de interés. Puede ser un elemento, un compuesto o un ion. Por ejemplo, cuando decimos que hallamos cobre en suelo decimos que el analito Cobre se encontró presente en tal concentración.
–La Corte había definido en 2008 la relocalización de las personas que viven en Villa Inflamable, ¿tiene conocimiento en qué instancias está eso?
–Esa no es mi área sino de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Había un grupo de gente que se tenía que relocalizar pero no estaba relacionado en sí a contaminaciones del suelo específicamente. A parte eso es del año 2008 y yo llegué a la Dirección de Impacto Ambiental en el 2017, así que no tengo esa información. Justamente en Villa Inflamable tenés una estación de monitoreo continuo de calidad de aire que lleva más de siete años. También hicimos una caracterización en el Barrio Alianza, un área donde está programada la relocalización, que está al costado de la zona y pidieron, en su momento, que se haga un análisis de suelo. El estudio preliminar que hicimos desde la Dirección que dirijo dio que la totalidad de muestra de suelo, tanto superficiales como subsuperficiales, presentaron concentraciones por debajo de los niveles guías de la 8.31.
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Frenan explotación de litio en San Luis
San Luis suspendió la explotación de litio
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la vecina provincia dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana. Aduce que no hubo trabajos de exploración o extracción en los últimos cuatro años, y que tampoco el yacimiento posee un estudio de impacto ambiental.
El gobierno de la provincia de San Luis dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana.
La Dirección de Minería informó además, a través de un comunicado, que “no hay permiso de explotación del litio en ninguna zona de la provincia”.
En los fundamentos de la decisión consigna que se acreditó que, al menos en los últimos cuatro años, no se realizó ninguna actividad de explotación en el establecimiento ubicado a unos 8 kilómetros de San Francisco.
"Al haber permanecido paralizada sin registrar trabajos de exploración o explotación, el requerimiento de caducidad deviene procedente, registrándose en este caso una inactividad total y continua, del presente yacimiento", afirma el documento oficial.
Pese a la falta de actividad en la mina Géminis, el organismo encargado de regular la minería en la provincia aclaró que no existe declaración de impacto ambiental que apruebe el trabajo de cateo, exploración, ni de explotación de litio en suelo puntano, descartando así cualquier posibilidad de proyectos activos en búsqueda de ese metal.
Según el organismo la política provincial en ese rubro "respeta los mayores estándares ambientales del país" y toda actividad de ese tipo debe adecuarse a la Ley de "Preservación y restauración ambiental del sector minero", que expresa de manera contundente la prohibición del empleo de sustancias tóxicas y contaminantes.
"Toda actividad productiva que se desarrolle en la provincia debe ajustarse dentro del 'Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente'. Esto asegura que el crecimiento sea sustentable en el tiempo, que se cuiden los recursos naturales y se brinden más posibilidades a los habitantes de San Luis", indica el comunicado.
En diálogo con la agencia Télam, vecinos autoconvocados de San Francisco festejaron la decisión gubernamental y convocaron a una asamblea extraordinaria, hoy a las 20 horas, para analizar el nuevo escenario.
Uno de los asambleístas, Carlos Camargo, dijo que por ahora mantendrán "las medidas de visibilización diagramadas para el próximo viernes". Entre ellas prevén la ocupación de la media calzada de la ruta 146 en el acceso a la localidad el viernes próximo, de 8 a 20 horas.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la vecina provincia dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana. Aduce que no hubo trabajos de exploración o extracción en los últimos cuatro años, y que tampoco el yacimiento posee un estudio de impacto ambiental.
El gobierno de la provincia de San Luis dictó hoy la caducidad de los derechos de explotación de la mina Géminis, que se proponía explotar litio a 8 kilómetros de la localidad de San Francisco y a escasos 600 metros del Río Juan Gómez, distante a 100 kilómetros de la capital puntana.
La Dirección de Minería informó además, a través de un comunicado, que “no hay permiso de explotación del litio en ninguna zona de la provincia”.
En los fundamentos de la decisión consigna que se acreditó que, al menos en los últimos cuatro años, no se realizó ninguna actividad de explotación en el establecimiento ubicado a unos 8 kilómetros de San Francisco.
"Al haber permanecido paralizada sin registrar trabajos de exploración o explotación, el requerimiento de caducidad deviene procedente, registrándose en este caso una inactividad total y continua, del presente yacimiento", afirma el documento oficial.
Pese a la falta de actividad en la mina Géminis, el organismo encargado de regular la minería en la provincia aclaró que no existe declaración de impacto ambiental que apruebe el trabajo de cateo, exploración, ni de explotación de litio en suelo puntano, descartando así cualquier posibilidad de proyectos activos en búsqueda de ese metal.
Según el organismo la política provincial en ese rubro "respeta los mayores estándares ambientales del país" y toda actividad de ese tipo debe adecuarse a la Ley de "Preservación y restauración ambiental del sector minero", que expresa de manera contundente la prohibición del empleo de sustancias tóxicas y contaminantes.
"Toda actividad productiva que se desarrolle en la provincia debe ajustarse dentro del 'Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente'. Esto asegura que el crecimiento sea sustentable en el tiempo, que se cuiden los recursos naturales y se brinden más posibilidades a los habitantes de San Luis", indica el comunicado.
En diálogo con la agencia Télam, vecinos autoconvocados de San Francisco festejaron la decisión gubernamental y convocaron a una asamblea extraordinaria, hoy a las 20 horas, para analizar el nuevo escenario.
Uno de los asambleístas, Carlos Camargo, dijo que por ahora mantendrán "las medidas de visibilización diagramadas para el próximo viernes". Entre ellas prevén la ocupación de la media calzada de la ruta 146 en el acceso a la localidad el viernes próximo, de 8 a 20 horas.
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Cambiaron las reglas económicas de Vaca Muerta
Techint haría juicio por baja de subsidios en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
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Fecha de Publicación: 06/02/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Nacional
A través de un documento, Tecpetrol -perteneciente al grupo- anunció que revisará su nivel de producción y verá si resulta damnificada por la medida de la Secretaría de Energía
Tcpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, anunció en el día de la víspera que revisará su nivel de producción en Vaca Muerta y se reserva tomar medidas legales, luego de considerarse damnificada por la forma en que el Gobierno Nacional pagará los subsidios en ese yacimiento petrolero.
A través de un comunicado, Tecpetrol informó que la Secretaría de Energía “decidió modificar el criterio de cálculo correspondiente a los pagos de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017”, para el desarrollo de Vaca Muerta.
Según la compañía, el Estado impuso “un límite” al pago de las compensaciones “en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde con el total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente”.
Este cambio implica “hasta septiembre 2018 un menor pago de $ 1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $ 5.655 millones”.
Tecpetrol le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Sociedad “y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir”.
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Incendio fuera de control en Chubut
El incendio de Epuyén está fuera de control y afecta a más de 1550 hectáreas
Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Noticias NQN
Provincia/Región: Chubut
El incendio forestal en Epuyén está fuera de control y más de 200 efectivos combaten las llamas este domingo, con la ayuda de aviones hidrantes y un helicóptero, en “La Rinconada”, al noroeste de Chubut.
El director de Defensa Civil de la provincia, Walter Flores, confirmó que ya se consumieron más de 1550 hectáreas de bosque.
“El incendio se descontroló el sábado a causa del intenso viento y estuvimos hasta tarde haciendo fajas cortafuego con apoyo de motoniveladoras, palas cargadoras y equipos viales volcados en esa zona, muy escarpada, para contener las llamas en el flanco derecho y orientarlas hacia un lugar con menos actividad”, explicó el funcionario.
Tres aviones del Plan Nacional del Manejo del Fuego (PNMF), dos con base en El Bolsón y el restante como refuerzo desde Bariloche, más un helicóptero con helibalde, operaban en el área afectada. También se sumaron a las labores de brigadistas y bomberos voluntarios.
Los brigadistas trabajaron ayer hasta pasadas las 23 y esta mañana retomaron al amanecer.
El clima que se espera para los próximos días, no será favorable para la tarea: “Está dada la conjunción perfecta que ayuda al fuego, porque hará calor y soplará viento”, explicó Flores.
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Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Noticias NQN
Provincia/Región: Chubut
El incendio forestal en Epuyén está fuera de control y más de 200 efectivos combaten las llamas este domingo, con la ayuda de aviones hidrantes y un helicóptero, en “La Rinconada”, al noroeste de Chubut.
El director de Defensa Civil de la provincia, Walter Flores, confirmó que ya se consumieron más de 1550 hectáreas de bosque.
“El incendio se descontroló el sábado a causa del intenso viento y estuvimos hasta tarde haciendo fajas cortafuego con apoyo de motoniveladoras, palas cargadoras y equipos viales volcados en esa zona, muy escarpada, para contener las llamas en el flanco derecho y orientarlas hacia un lugar con menos actividad”, explicó el funcionario.
Tres aviones del Plan Nacional del Manejo del Fuego (PNMF), dos con base en El Bolsón y el restante como refuerzo desde Bariloche, más un helicóptero con helibalde, operaban en el área afectada. También se sumaron a las labores de brigadistas y bomberos voluntarios.
Los brigadistas trabajaron ayer hasta pasadas las 23 y esta mañana retomaron al amanecer.
El clima que se espera para los próximos días, no será favorable para la tarea: “Está dada la conjunción perfecta que ayuda al fuego, porque hará calor y soplará viento”, explicó Flores.
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Argentina en el top ten mundial en deforestación
El país de los bosques arrasados
Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.
A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.“Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.
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Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.
A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.“Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.
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Acumar pone la lupa en los countries
Countries en la mira: analizan contaminación en 74 barrios
Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Riachuelo
La Acumar, creada tras el fallo de la Corte de 2008, inspeccionó a los 74 conjuntos inmobiliarios de la cuenca Matanza Riachuela, en especial a los barrios cerrados que generan eluentes cloacales y deben tener plantas de tratamiento funcionando
La agencia ambiental Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo puso la lupa en los countries y sus efluentes cloacales. Hay 74 conjuntos inmobiliarios en la zona de influencia de la Acumar y todos tienen la obligación de tener plantas de tratamiento de estos residuos.
En los últimos meses todos fueron inspeccionados, se tomaron muestras de los cursos de agua de las cercanías, algunos fueron intimados para que corrigieran situaciones con sus plantas de tratamiento, sufrieron sanciones, y por último, resultaron incluidos en los establecimientos que debían empadronarse en el censo que realizó la Acumar y que terminó la semana pasada.
La cuenca Matanza Riachuelo sufre tres problemas puntuales: el principal por mucho es el de los efluentes cloacales, explicó Nicolás Bardella, director general de ambiente de la Acumar. Sólo 39% de la población de la cuenca tiene cloacas, aunque se están haciendo grandes trabajados para solucionar este problema, los que dependen en su mayoría de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El segundo problema es de los residuos urbanos, la Acumar retira 100.000 toneladas de basura sólida al año de la cuenca, comentó Bardella.
Y por último, los efluentes industriales, entre los que se cuentan los de industrias propiamente dichas y otros que se consideran como tales, por ejemplo, los lavaderos de autos y los propios countries.
Tampoco los countries de la cuenca tienen cloacas en su gran mayoría, pero sí tienen obligación de tener su propia planta de tratamiento de efluentes antes de volcar aguas a los cursos de agua.
De estos establecimientos variados, 831 fueron encontrados en falta con la normativa ambiental por Acumar, que realiza 6.000 inspecciones de la cuenca al año; declarados agentes contaminantes, e intimados a presentar un Plan de Adecuación, según una nueva normativa de inspección para Matanza Riachuelo, indicó Bardella.
Se trata de la Resolución 12/2019 de la Presidencia de la Acumar, del 14 de enero, que derogó 30 normas que tornaban burocrático todo el trabajo de la agencia ambiental.
Sobre todo, subió de 5 a 22 las infracciones asociadas al daño que realmente se genera a los cursos de agua de la cuenca y al aire, con efluentes gaseosos, y no tanto a cuestiones de presentaciones de papeles como eran las anteriores.
Las multas se gradúan ahora por fórmulas que tienen en cuenta los tipos de infracción, el nivel de incidencia de la industria (no es lo mismo una refinería que un lavadero de autos) y un coeficiente económico que diferencia pymes, monotributistas y grandes empresas.
Por una infracción formal un monotributista puede tener que pagar $ 5000 y una gran empresa que genere un vuelco al río con desvíos graves de la normativa ambiental, enfrentará una sanción de $ 6 millones, ejemplificó Bardella.
Para los countries no se utiliza el coeficiente económico, sino la cantidad de parcelas, ya que no es lo mismo un barrio cerrado donde viven 1000 personas que uno donde viven 10.000, y principalmente se sanciona con multas el vuelco de efluentes por fuera de los parámetros que para la Acumar son normales, expresó el funcionario.
También el no empadronamiento tiene sanción, que para los countries, al ser personas jurídicas es de $ 180.000, mientras que para las personas humanas de $ 50.000.
Este empadronamiento es el primero que se hace desde 2008, cuando se puso en funciones el sistema de control tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Además, sacó del listado de los candidato a peluquerías o carnicería de barrios, y añadió a lavaderos de autos y countries, que tienen riesgos más realistas.
Terminó el domingo 20 pasado pero sólo llegó a censarse 60% de los establecimientos que calcula la Acumar que hay en la cuenca gracias a cruces con los organismos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
Por ese motivo, ya está intimando a muchos a empadronarse. Si lo hacen dentro de los 10 días de notificados por carta documento, la multa se convierte en apercibimiento no monetario.
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Fecha de Publicación: 05/02/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Riachuelo
La Acumar, creada tras el fallo de la Corte de 2008, inspeccionó a los 74 conjuntos inmobiliarios de la cuenca Matanza Riachuela, en especial a los barrios cerrados que generan eluentes cloacales y deben tener plantas de tratamiento funcionando
La agencia ambiental Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo puso la lupa en los countries y sus efluentes cloacales. Hay 74 conjuntos inmobiliarios en la zona de influencia de la Acumar y todos tienen la obligación de tener plantas de tratamiento de estos residuos.
En los últimos meses todos fueron inspeccionados, se tomaron muestras de los cursos de agua de las cercanías, algunos fueron intimados para que corrigieran situaciones con sus plantas de tratamiento, sufrieron sanciones, y por último, resultaron incluidos en los establecimientos que debían empadronarse en el censo que realizó la Acumar y que terminó la semana pasada.
La cuenca Matanza Riachuelo sufre tres problemas puntuales: el principal por mucho es el de los efluentes cloacales, explicó Nicolás Bardella, director general de ambiente de la Acumar. Sólo 39% de la población de la cuenca tiene cloacas, aunque se están haciendo grandes trabajados para solucionar este problema, los que dependen en su mayoría de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El segundo problema es de los residuos urbanos, la Acumar retira 100.000 toneladas de basura sólida al año de la cuenca, comentó Bardella.
Y por último, los efluentes industriales, entre los que se cuentan los de industrias propiamente dichas y otros que se consideran como tales, por ejemplo, los lavaderos de autos y los propios countries.
Tampoco los countries de la cuenca tienen cloacas en su gran mayoría, pero sí tienen obligación de tener su propia planta de tratamiento de efluentes antes de volcar aguas a los cursos de agua.
De estos establecimientos variados, 831 fueron encontrados en falta con la normativa ambiental por Acumar, que realiza 6.000 inspecciones de la cuenca al año; declarados agentes contaminantes, e intimados a presentar un Plan de Adecuación, según una nueva normativa de inspección para Matanza Riachuelo, indicó Bardella.
Se trata de la Resolución 12/2019 de la Presidencia de la Acumar, del 14 de enero, que derogó 30 normas que tornaban burocrático todo el trabajo de la agencia ambiental.
Sobre todo, subió de 5 a 22 las infracciones asociadas al daño que realmente se genera a los cursos de agua de la cuenca y al aire, con efluentes gaseosos, y no tanto a cuestiones de presentaciones de papeles como eran las anteriores.
Las multas se gradúan ahora por fórmulas que tienen en cuenta los tipos de infracción, el nivel de incidencia de la industria (no es lo mismo una refinería que un lavadero de autos) y un coeficiente económico que diferencia pymes, monotributistas y grandes empresas.
Por una infracción formal un monotributista puede tener que pagar $ 5000 y una gran empresa que genere un vuelco al río con desvíos graves de la normativa ambiental, enfrentará una sanción de $ 6 millones, ejemplificó Bardella.
Para los countries no se utiliza el coeficiente económico, sino la cantidad de parcelas, ya que no es lo mismo un barrio cerrado donde viven 1000 personas que uno donde viven 10.000, y principalmente se sanciona con multas el vuelco de efluentes por fuera de los parámetros que para la Acumar son normales, expresó el funcionario.
También el no empadronamiento tiene sanción, que para los countries, al ser personas jurídicas es de $ 180.000, mientras que para las personas humanas de $ 50.000.
Este empadronamiento es el primero que se hace desde 2008, cuando se puso en funciones el sistema de control tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Además, sacó del listado de los candidato a peluquerías o carnicería de barrios, y añadió a lavaderos de autos y countries, que tienen riesgos más realistas.
Terminó el domingo 20 pasado pero sólo llegó a censarse 60% de los establecimientos que calcula la Acumar que hay en la cuenca gracias a cruces con los organismos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
Por ese motivo, ya está intimando a muchos a empadronarse. Si lo hacen dentro de los 10 días de notificados por carta documento, la multa se convierte en apercibimiento no monetario.
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Detectan disruptores endócrinos asociados a Botnia
La CARU oculta la severa contaminación provocada por Botnia en el río Uruguay
Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
Una investigación realizada entre 2006 y 2012 comprobó la presencia de índices de toxicidad en las aguas cercanas a Fray Bentos, próximas al efluente de la pastera
Una investigación de una científica uruguaya, efectuada entre 2006 y 2012 y publicada al año siguiente, reveló la presencia de disruptores endócrinos en el río Uruguay, “cerca de las zonas de descarga” del efluente de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos. La zona donde se realizó el estudio abarca desde las localidades de Nuevo Berlín a Las Cañas, incluyendo las playas Ubici, Anglo, la Bahía de Yaguareté y los arroyos Fray Bentos y Yaguareté.
Desde 2013 hasta ahora, los resultados de semejante investigación fueron ocultados al menos por dos organismos estatales del vecino país: la Delegación Uruguaya ante la CARU y la Gerencia de Agua Potable de Obras Sanitarias (OSE), máxime si se tiene en cuenta que, por un lado la autora del estudio científico es funcionaria de un importante organismo científico uruguayo y que por otro las comprobaciones alcanzadas afectan el agua del río tanto para su consumo, el uso recreativo y la pesca. Las sustancias halladas en las aguas del río Uruguay pueden causar desórdenes hormonales y enfermedades graves en seres vivos.
La investigación "Evaluación integrada de riesgos de disruptores endocrinos en el Río Uruguay" (1) fue la tesis de doctorado de la investigadora uruguaya Diana Míguez Caramés en el Instituto Cranfield del Agua, de la Escuela de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido. Actualmente Míguez Caramés es directora del Programa Agua y Medio Ambiente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Míguez Caramés realizó estudios de post grado en gestión de riesgos del agua y desde 2006 se dedicó a investigar los posibles efectos en el Río Uruguay de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM). "Si bien los efluentes tratados de estas plantas no suelen ser tóxicos en forma aguda, internacionalmente se observó disrupción en peces cerca de las zonas de descarga", explicó.
La subcuenca delimitada para la investigación quedó entre las localidades de Nuevo Berlín y Las Cañas en Rio Negro. Se incluyeron puntos de muestreo frente a Fray Bentos sobre el Río Uruguay, en el canal divisorio en el río, cercano a Gualeguaychú, en las playas de Ubici y Anglo, en la Bahía de Yaguareté y en los arroyos Fray Bentos y Yaguareté, considerando aguas del río y arroyos, suelos y sedimentos.
Asimismo el estudio determinó que la “pluma” del efluente de Botnia en Fray Bentos se extiende hasta unos dos kilómetros y medio del lugar propiamente dicho de lugar de descarga sobre el curso del río Uruguay.
La tesis concluyó que efectivamente existe una mezcla de disruptores endocrinos en los peces del Río Uruguay provenientes de las fuentes estudiadas. En la fase cuantitativa se evaluó que, si bien la salud del río era en general buena, existían riesgos por la eutrofización (brotes de algas tóxicas) en algunas zonas.
Se analizaron cerca de mil ejemplares del pez mojarra (Astyanax fasciatus), elegida como especie centinela o bioindicadora. "Los ensayos con la mojarra mostraron que los órganos de reproducción de los machos pescados en Playa Ubici, con influencia probable de efluentes tratados de la planta de celulosa, y los obtenidos en Las Cañas, estaban en condiciones no óptimas, en cuanto a la relación entre el peso y el largo del pez", explica Míguez.
La investigación evaluó en ese momento que los riesgos eran de magnitud baja para el ser humano, pero que los riesgos para el ambiente llegaban a ser de magnitud en algunas zonas, pues se observaron alteraciones como en el caso de la mojarra.
La presencia de disruptores endócrinos hace necesarias medidas de tratamiento de las aguas destinadas a consumo y de las aguas residuales descargadas en el medio acuático.
En las aguas para consumo, por ejemplo, las estrategias más comunes son la absorción con carbón activo y, en menor medida, la filtración con membranas. Ninguno de estos mecanismos se han puestos en marcha hasta ahora.
Qué es un disruptor endócrino
Se denominan xenoestrógenos o disruptores endócrinos a ciertos compuestos diseñados y desarrollados por el ser humano que, al imitar o alterar el efecto de las hormonas, pueden enviar mensajes confusos al organismo, ocasionando diversas disfunciones. Todos estamos expuestos a sustancias químicas que pueden alterar nuestro sistema hormonal y causar numerosos problemas de salud de efectos irreversibles.
Un disruptor endócrino u hormonal Endocrine Disrupting Chemicals (EDC por sus siglas en inglés) es una sustancia química ajena al cuerpo humano o a la especie animal, capaz de alterar el equilibrio hormonal de los organismos de una especie. Es decir, generan la interrupción de algunos procesos fisiológicos controlados por hormonas o provocan una respuesta de mayor o menor intensidad que lo habitual o normal.
A su vez, la citotoxicidad es la cualidad que poseen algunas células para ser tóxicas frente a otras que están alteradas. Es uno de los mecanismos de defensa de ciertas células del sistema inmunitario, para interaccionar con otras células y destruirlas. Son sustancias tóxicas que pueden estar involucradas en la inmunidad o contenidas en venenos, como los agrotóxicos.
Habitualmente, cuando se considera la contaminación y sus fuentes se suele hablar solo del fenómeno a simple vista y sus efectos inmediatos sobre el ambiente y la salud humana. Sin embargo, existen otras formas y fuentes de contaminación, que son invisibles y de largo plazo, que pueden ser mucho más peligrosas, como es el caso de los efectos que provoca la pastera de Fray Bentos.
El empleo de sustancias que actúan como disruptores endócrinos en numerosos procesos industriales ha llevado a su dispersión en el ambiente, siendo el medio acuático uno de los más sensibles a la contaminación y a la alteración de organismos y sistemas por parte de estos compuestos.
Cuando se mencionan los EDC, se alude normalmente a sustancias que pueden provocar infertilidad o cambios de sexo en peces e invertebrados. En los seres humanos afectan la fertilidad y pueden provocar pequeñas alteraciones como genitales ambiguos o testículos que no bajan al escroto.
Los disruptores endócrinos se encuentran en hormonas, pesticidas, en varios compuestos usados en la fabricación de plásticos y también en las materias primas usadas para el blanqueo de pulpa de madera y en los subproductos y residuos generados por la industria de la pasta de celulosa. Su carácter persistente y facilidad de difusión, les hace estar distribuidos indiscriminadamente, más allá de divisiones geográficas.
La Unión Europea ha identificado unas 680 sustancias con efectos disruptores, entre las que se encuentran compuestos tales como dioxinas, furanos, bifenilos, policlorinados (o también conocidos como PCB), numerosos plaguicidas, hexaclorobenceno, ftalatos, alquilfenoles y bisfenol-A, entre otros.
La ciencia ha demostrado la vinculación de estas sustancias con infertilidad, obesidad, malformaciones y cáncer de órganos reproductores masculinos y femeninos, mala calidad del esperma y endometriosis, entre otras afecciones.
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Crean un mapa de riesgo agrícola por el cambio climático
Agroindustria elaboró un mapa de riesgo agrícola por el cambio climático
Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: APDF
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la subsecretaría de Agricultura, elaboró un trabajo sobre "Mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos en los cultivos según escenarios de cambio climático", que proporciona información muy valiosa para el diseño de medidas de adaptación a la variabilidad climática, tanto a nivel intra finca como en el diseño de políticas públicas
Las principales características y beneficios de la herramienta fueron presentados hoy por los secretarios de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman en la sede de Agroindustria frente a los actores del sector.
Ante esto, Etchevehere indicó que "el cambio climático es una realidad, ante lo que contamos con acciones de mitigación y adaptación. Este tipo de análisis permite prever el impacto de políticas públicas tanto a nivel del país como a nivel regional. Es fundamental fortalecer los sistemas de información para que el productor pueda mejorar la gestión de los riesgos climáticos y que las empresas anticipen desarrollen instrumentos tecnológicos más útiles ante los nuevos escenarios".
En tanto el Secretario Bergman destacó que "Hay una primera prioridad que es el desarrollo económico de nuestro país", pero recordó que "no puede ser a expensas de dañar el ambiente ni la salud de la gente por lo que necesitamos validar las buenas prácticas". En tal sentido, señaló la necesidad de que "haya una ley de cambio climático, para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático sea una política de Estado que nos supere a nosotros en esta administración".
Al respecto, el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, explicó que "a partir de esta herramienta, se podrán llevar a cabo políticas orientadas a la intensificación de las rotaciones y al empleo de cultivos de cobertura y de servicios, teniendo en cuenta los períodos de exceso de agua que son esperables en la pampa húmeda".
La Oficina de Riesgo Agropecuario, dependiente de la subsecretaría de Agricultura, monitorea desde hace varios años las reservas de agua en el suelo, mediante un modelo de balance hídrico (que incluye características de los suelos, las diferentes fechas de siembra de los cultivos y los requerimientos en cada fase productiva), con el cual se realizaron mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos, que afectan a los principales cultivos (maíz, soja, trigo, girasol y algodón).
Estos mapas permiten comparar niveles de riesgo en relación a la disponibilidad de agua para los cultivos de secano para el período 1980/2010 con los previstos para el futuro cercano (2015/2039), según dos escenarios de cambio climático, uno de emisiones moderadas de gases de efecto invernadero (RCP 4.5) y otro más extremo (RCP 8.5), con la tendencia actual de emisiones.
El análisis de los cambios en el riesgo de cada cultivo permite establecer políticas de planificación territorial tendientes a aprovechar nuevas áreas con disminución de riesgos previstas e identificar otras prioritarias para promover técnicas de manejo de cultivos o variedades adaptadas a las condiciones futuras en aquellas donde el riesgo se prevé en aumento.
Sin embargo, los estudios sobre el clima en el futuro desarrollados en Argentina y publicados en la Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, prevén modificaciones importantes tanto en la cantidad y distribución anual de la lluvia, como en las temperaturas en vastas zonas productivas del país.
Es por esa razón que Agroindustria amplió el análisis de mapas de Riesgo de Déficit y Excesos hídricos para cultivos de secano, teniendo en cuentas distintos escenarios de cambio climático.
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Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: APDF
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la subsecretaría de Agricultura, elaboró un trabajo sobre "Mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos en los cultivos según escenarios de cambio climático", que proporciona información muy valiosa para el diseño de medidas de adaptación a la variabilidad climática, tanto a nivel intra finca como en el diseño de políticas públicas
Las principales características y beneficios de la herramienta fueron presentados hoy por los secretarios de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman en la sede de Agroindustria frente a los actores del sector.
Ante esto, Etchevehere indicó que "el cambio climático es una realidad, ante lo que contamos con acciones de mitigación y adaptación. Este tipo de análisis permite prever el impacto de políticas públicas tanto a nivel del país como a nivel regional. Es fundamental fortalecer los sistemas de información para que el productor pueda mejorar la gestión de los riesgos climáticos y que las empresas anticipen desarrollen instrumentos tecnológicos más útiles ante los nuevos escenarios".
En tanto el Secretario Bergman destacó que "Hay una primera prioridad que es el desarrollo económico de nuestro país", pero recordó que "no puede ser a expensas de dañar el ambiente ni la salud de la gente por lo que necesitamos validar las buenas prácticas". En tal sentido, señaló la necesidad de que "haya una ley de cambio climático, para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático sea una política de Estado que nos supere a nosotros en esta administración".
Al respecto, el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, explicó que "a partir de esta herramienta, se podrán llevar a cabo políticas orientadas a la intensificación de las rotaciones y al empleo de cultivos de cobertura y de servicios, teniendo en cuenta los períodos de exceso de agua que son esperables en la pampa húmeda".
La Oficina de Riesgo Agropecuario, dependiente de la subsecretaría de Agricultura, monitorea desde hace varios años las reservas de agua en el suelo, mediante un modelo de balance hídrico (que incluye características de los suelos, las diferentes fechas de siembra de los cultivos y los requerimientos en cada fase productiva), con el cual se realizaron mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos, que afectan a los principales cultivos (maíz, soja, trigo, girasol y algodón).
Estos mapas permiten comparar niveles de riesgo en relación a la disponibilidad de agua para los cultivos de secano para el período 1980/2010 con los previstos para el futuro cercano (2015/2039), según dos escenarios de cambio climático, uno de emisiones moderadas de gases de efecto invernadero (RCP 4.5) y otro más extremo (RCP 8.5), con la tendencia actual de emisiones.
El análisis de los cambios en el riesgo de cada cultivo permite establecer políticas de planificación territorial tendientes a aprovechar nuevas áreas con disminución de riesgos previstas e identificar otras prioritarias para promover técnicas de manejo de cultivos o variedades adaptadas a las condiciones futuras en aquellas donde el riesgo se prevé en aumento.
Sin embargo, los estudios sobre el clima en el futuro desarrollados en Argentina y publicados en la Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, prevén modificaciones importantes tanto en la cantidad y distribución anual de la lluvia, como en las temperaturas en vastas zonas productivas del país.
Es por esa razón que Agroindustria amplió el análisis de mapas de Riesgo de Déficit y Excesos hídricos para cultivos de secano, teniendo en cuentas distintos escenarios de cambio climático.
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Biocombustibles: Agustín Torroba se fue del gobierno
Cansado de los cambios, se fue un hombre fuerte en biocombustibles
Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció anoche, a última hora, a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energia, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.
Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.
Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.
Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes —el 28 de diciembre— todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de Ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.
Por lo pronto, Torroba, hasta hoy a cargo de la operatoria y el desarrollo del sector de biocombustibles en el país, prefirió dar un paso al costado.
Nacido en Bélgica y criado en La Pampa, el ex funcionario viene de una familia radical. Su padre, Francisco Torroba, fue diputado nacional hasta 2017, lo que le tendió un puente a la política y a Cambiemos, donde encontró el apoyo de Ernesto Sanz y Daniel Montamat, con quien trabajó muchos años. No es menor su amistad con Daniel Redondo, de la Fundación Pensar.
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Fecha de Publicación: 04/02/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció anoche, a última hora, a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energia, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.
Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.
Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.
Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes —el 28 de diciembre— todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de Ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.
Por lo pronto, Torroba, hasta hoy a cargo de la operatoria y el desarrollo del sector de biocombustibles en el país, prefirió dar un paso al costado.
Nacido en Bélgica y criado en La Pampa, el ex funcionario viene de una familia radical. Su padre, Francisco Torroba, fue diputado nacional hasta 2017, lo que le tendió un puente a la política y a Cambiemos, donde encontró el apoyo de Ernesto Sanz y Daniel Montamat, con quien trabajó muchos años. No es menor su amistad con Daniel Redondo, de la Fundación Pensar.
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Chaco suspendió todo tipo de desmontes
El gobierno de Chaco decretó suspender los desmontes en los bosques nativos
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chaco
Será hasta que se evalúen las denuncias y observaciones realizadas por las organizaciones ambientalistas. La norma abarca las zonas de categoría "amarilla"
Domingo Peppo, gobernador de la provincia de Chaco, derogó ayer las disposiciones que permitían el desmonte del bosque chaqueño y adelantó que convocará a una reunión a las entidades ambientalistas "para brindar un informe de la situación". La intención, según adelantó, es participar en conjunto del proceso de "actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos".
El decreto provincial 298/19 "suspendió la actualización del ordenamiento territorial hasta tanto se evalúen observaciones sobre el tema", aseguraron desde el Ejecutivo chaqueño.
La decisión fue anunciada por el gobernador luego de la reunión que mantuvo con los funcionarios del Ministerio de la Producción para “analizar la situación del bosque chaqueño ante las denuncias sobre desmontes ilegales".
El propio mandatario provincial anunció la decisión en su cuenta de Twitter: "Ayer firmé un decreto que suspende los #desmontes en el #Chaco, deroga las disposiciones que permitían presentar proyectos de cambio de uso de suelo en categoría amarilla y suspende la actualización del ordenamiento territorial hasta que no se evalúen las observaciones de las ONG".
Según la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, de 2007, determina que en Categoría II (amarillo) se encuentran "los sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación". Esas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
En los anuncios desde sus redes, Peppo publicó también las páginas del decreto firmado: "Desde @ChacoGobierno venimos trabajando en la detección de #desmontes #clandestinos y sus respectivas sanciones, gracias al accionar en respeto de las leyes vigentes y al ordenamiento territorial. @GreenpeaceArg".
"Convocaremos a las organizaciones relacionadas con el tema para brindar un informe de la situación, por eso las instamos a participar del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos", finalizó.
En tanto, desde Greenpeace calificaron al decreto como "un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos" puesto que deroga las tres disposiciones "mediante las cuales se autorizaban los desmontes en bosques protegidos y que suspende la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, ya que debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana", aseguró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la entidad ambientalista.
Pese a ello, la ONG reclama que "aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados".
El Impenetrable chaqueño es la zona que más desmontes ilegales sufrió y Chaco fue la provincia que más se desmontó durante los últimos tres años.
"La ley Nacional de Bosques dicta que la actualización de los Ordenamientos Territoriales no deben significar un retroceso en las zonas protegidas y se debe garantizar la participación ciudadana", finalizó Cruz.
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Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chaco
Será hasta que se evalúen las denuncias y observaciones realizadas por las organizaciones ambientalistas. La norma abarca las zonas de categoría "amarilla"
Domingo Peppo, gobernador de la provincia de Chaco, derogó ayer las disposiciones que permitían el desmonte del bosque chaqueño y adelantó que convocará a una reunión a las entidades ambientalistas "para brindar un informe de la situación". La intención, según adelantó, es participar en conjunto del proceso de "actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos".
El decreto provincial 298/19 "suspendió la actualización del ordenamiento territorial hasta tanto se evalúen observaciones sobre el tema", aseguraron desde el Ejecutivo chaqueño.
La decisión fue anunciada por el gobernador luego de la reunión que mantuvo con los funcionarios del Ministerio de la Producción para “analizar la situación del bosque chaqueño ante las denuncias sobre desmontes ilegales".
El propio mandatario provincial anunció la decisión en su cuenta de Twitter: "Ayer firmé un decreto que suspende los #desmontes en el #Chaco, deroga las disposiciones que permitían presentar proyectos de cambio de uso de suelo en categoría amarilla y suspende la actualización del ordenamiento territorial hasta que no se evalúen las observaciones de las ONG".
Según la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, de 2007, determina que en Categoría II (amarillo) se encuentran "los sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación". Esas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos al aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
En los anuncios desde sus redes, Peppo publicó también las páginas del decreto firmado: "Desde @ChacoGobierno venimos trabajando en la detección de #desmontes #clandestinos y sus respectivas sanciones, gracias al accionar en respeto de las leyes vigentes y al ordenamiento territorial. @GreenpeaceArg".
"Convocaremos a las organizaciones relacionadas con el tema para brindar un informe de la situación, por eso las instamos a participar del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos", finalizó.
En tanto, desde Greenpeace calificaron al decreto como "un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos" puesto que deroga las tres disposiciones "mediante las cuales se autorizaban los desmontes en bosques protegidos y que suspende la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, ya que debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana", aseguró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de la entidad ambientalista.
Pese a ello, la ONG reclama que "aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados".
El Impenetrable chaqueño es la zona que más desmontes ilegales sufrió y Chaco fue la provincia que más se desmontó durante los últimos tres años.
"La ley Nacional de Bosques dicta que la actualización de los Ordenamientos Territoriales no deben significar un retroceso en las zonas protegidas y se debe garantizar la participación ciudadana", finalizó Cruz.
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Las represas de Santa Cruz podrían avanzar más lento
Advierten que las represas podrían seguir a paso lento
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Es lo que habrían sugerido desde la Secretaría de Energía de la Nación que ahora conduce Gustavo Lopetegui. Se suponía que la obra tendría una ejecución de cinco años y que, en su plenitud, unos 6.500 obreros estarían en sus obradores.
El diario Clarín publicó este fin de semana que desde la cartera que conduce Gustavo Lopetegui habrían dado la orden de que la obra avance, pero “ralentizada”, es decir, sin cumplir con la curva de avance y mano de obra que se anunció en 2015.
Cuando, el 14 de enero, Mauricio Macri estuvo junto a la gobernadora Alicia Kirchner en las futuras represas, sostuvo que “sin energía no se puede desarrollar nada”, augurando que la obra, antes llamada Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, será “un antes y un después para la Patagonia”, porque “marca lo que venimos haciendo desde el primer día: crear las bases que permitan el desarrollo para todos los argentinos”.
Originalmente, el plazo de la obra estipulaba cinco años de ejecución, en los que se iba a ver una verdadera revolución de empleo, de plena ocupación y de actividad económica en la provincia. Al menos de esa forma lo había anunciado el anterior gobierno, quien aseguró que en el máximo de la curva habría unos 6.900 obreros en el lugar.
Ambas represas sumarán una potencia total de 1.740 MW, el 13% de la potencia media de Argentina, y aportarán 5.000 GWh/año, el 5% de la energía anual del país.
Con la visita del presidente, la obra volvió a ponerse en discusión respecto a los puestos de trabajo porque el secretario general de la Uocra, Mateo Suárez, acusó que sólo en esta zona tiene más de 2.000 desocupados, esto en medio de denuncias cruzadas acerca de los presuntos ingresos al obrador de personas que no están radicadas en la provincia.
Los reportes que la obra arrojó este mes indican que la construcción de las represas hidroeléctricas tiene un avance de obra de 13% y emplea en la actualidad a unos mil trabajadores, de acuerdo al monitoreo que realiza el Gobierno Nacional a través de la empresa Integración Energética Argentina (IEASA – ex Enarsa).
Las obras deberían estar finalizadas en 2022 por el consorcio integrado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba, encargada del financiamiento que se pagará con la propia generación de las centrales.
Además de la millonaria inversión, la obra prevé generar más de 6.000 empleos directos y aproximadamente 15.000 empleos indirectos durante la construcción, y tras su finalización contará con 100 puestos permanentes para su operación.
Las actividades que actualmente se realizan en el proyecto contemplan obras permanentes, como excavaciones para obras de hormigón y construcción de presas, movimiento de suelo para desvío del río, monitoreos ambientales, recepción de equipos y materiales, y otras transitorias, como infraestructura de villas y montaje de módulos habitacionales y de servicios.
En la visita presidencial se explicó que “las obras se están acelerando en los meses del verano” y ya se está en condiciones de avanzar en la construcción de los primeros muros y estructuras de hormigón, un ritmo de obra que permite proyectar el inicio del llenado de la represa hacia fines de 2021.
Tras la revisión integral del proyecto encarado en 2016, la obra avanzó con una reducción presupuestaria que pasó de los US$ 6.200 millones originales a US$ 3.800 millones, a partir de la desdolarización del contrato y la eliminación de turbogeneradores innecesarios.
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Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Es lo que habrían sugerido desde la Secretaría de Energía de la Nación que ahora conduce Gustavo Lopetegui. Se suponía que la obra tendría una ejecución de cinco años y que, en su plenitud, unos 6.500 obreros estarían en sus obradores.
El diario Clarín publicó este fin de semana que desde la cartera que conduce Gustavo Lopetegui habrían dado la orden de que la obra avance, pero “ralentizada”, es decir, sin cumplir con la curva de avance y mano de obra que se anunció en 2015.
Cuando, el 14 de enero, Mauricio Macri estuvo junto a la gobernadora Alicia Kirchner en las futuras represas, sostuvo que “sin energía no se puede desarrollar nada”, augurando que la obra, antes llamada Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, será “un antes y un después para la Patagonia”, porque “marca lo que venimos haciendo desde el primer día: crear las bases que permitan el desarrollo para todos los argentinos”.
Originalmente, el plazo de la obra estipulaba cinco años de ejecución, en los que se iba a ver una verdadera revolución de empleo, de plena ocupación y de actividad económica en la provincia. Al menos de esa forma lo había anunciado el anterior gobierno, quien aseguró que en el máximo de la curva habría unos 6.900 obreros en el lugar.
Ambas represas sumarán una potencia total de 1.740 MW, el 13% de la potencia media de Argentina, y aportarán 5.000 GWh/año, el 5% de la energía anual del país.
Con la visita del presidente, la obra volvió a ponerse en discusión respecto a los puestos de trabajo porque el secretario general de la Uocra, Mateo Suárez, acusó que sólo en esta zona tiene más de 2.000 desocupados, esto en medio de denuncias cruzadas acerca de los presuntos ingresos al obrador de personas que no están radicadas en la provincia.
Los reportes que la obra arrojó este mes indican que la construcción de las represas hidroeléctricas tiene un avance de obra de 13% y emplea en la actualidad a unos mil trabajadores, de acuerdo al monitoreo que realiza el Gobierno Nacional a través de la empresa Integración Energética Argentina (IEASA – ex Enarsa).
Las obras deberían estar finalizadas en 2022 por el consorcio integrado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba, encargada del financiamiento que se pagará con la propia generación de las centrales.
Además de la millonaria inversión, la obra prevé generar más de 6.000 empleos directos y aproximadamente 15.000 empleos indirectos durante la construcción, y tras su finalización contará con 100 puestos permanentes para su operación.
Las actividades que actualmente se realizan en el proyecto contemplan obras permanentes, como excavaciones para obras de hormigón y construcción de presas, movimiento de suelo para desvío del río, monitoreos ambientales, recepción de equipos y materiales, y otras transitorias, como infraestructura de villas y montaje de módulos habitacionales y de servicios.
En la visita presidencial se explicó que “las obras se están acelerando en los meses del verano” y ya se está en condiciones de avanzar en la construcción de los primeros muros y estructuras de hormigón, un ritmo de obra que permite proyectar el inicio del llenado de la represa hacia fines de 2021.
Tras la revisión integral del proyecto encarado en 2016, la obra avanzó con una reducción presupuestaria que pasó de los US$ 6.200 millones originales a US$ 3.800 millones, a partir de la desdolarización del contrato y la eliminación de turbogeneradores innecesarios.
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Un campamento de cazadores furtivos en Misiones
Desmantelaron a un campamento de cazadores furtivos
Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
Efectivos de la policía y el Ministerio de Ecología de Misiones desmantelaron un campamento de cazadores furtivos en la localidad de Santiago de Liniers, ubicada a 24 kil'ometros al norte de la ciudad de Posadas..
En el lugar se incautaron armas, animales faenados, redes para pesca y motos, informaron este domingo fuentes policiales.
El hecho tuvo lugar ayer en un área protegida, situada en el km 60 (Ruta 17) de la localidad misionera de Santiago de Liniers.
Según indicaron los voceros a télam, a través de un amplio operativo en conjunto con guardaparques del Ministerio de Ecología de la Provincia, se dio con "cazadores furtivos" que habían sido señalados a través de una denuncia al 911.
"Los efectivos rastrillaron varios kilómetros monte adentro hasta que se encontraron con un campamento donde estaban tres hombres, quienes se escaparon corriendo", mencionaron las fuentes.
En el lugar los cazadores "abandonaron dos caballos; tres motos sin dominio; una pistola y cartuchos de diversos calibres de escopeta; dos animales faenados; machetes, redes para pesca otros elementos utilizados para la pesca furtiva", detallaron.
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Fecha de Publicación: 02/02/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
Efectivos de la policía y el Ministerio de Ecología de Misiones desmantelaron un campamento de cazadores furtivos en la localidad de Santiago de Liniers, ubicada a 24 kil'ometros al norte de la ciudad de Posadas..
En el lugar se incautaron armas, animales faenados, redes para pesca y motos, informaron este domingo fuentes policiales.
El hecho tuvo lugar ayer en un área protegida, situada en el km 60 (Ruta 17) de la localidad misionera de Santiago de Liniers.
Según indicaron los voceros a télam, a través de un amplio operativo en conjunto con guardaparques del Ministerio de Ecología de la Provincia, se dio con "cazadores furtivos" que habían sido señalados a través de una denuncia al 911.
"Los efectivos rastrillaron varios kilómetros monte adentro hasta que se encontraron con un campamento donde estaban tres hombres, quienes se escaparon corriendo", mencionaron las fuentes.
En el lugar los cazadores "abandonaron dos caballos; tres motos sin dominio; una pistola y cartuchos de diversos calibres de escopeta; dos animales faenados; machetes, redes para pesca otros elementos utilizados para la pesca furtiva", detallaron.
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Humedales sin protección
Humedales: pese a que previenen inundaciones, están poco protegidos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Nacional
Los humedales son considerados verdaderas fábricas de vida para el planeta. Son ecosistemas claves para mitigar el cambio climático, frenar los gases de efecto invernadero y prevenir inundaciones , ya que ayudan a absorber las lluvias, que son cada vez más frecuentes y fuertes. No hace falta ir hasta el Bañado de la Estrella, en Formosa, las turberas de Tierra del Fuego o los Esteros del Iberá, en Corrientes, para estar cerca de un humedal. Hay algunos en medio de las ciudades, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, en CABA, o la Reserva Natural Provincial Santa Catalina, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Pero, a pesar de su enorme utilidad y sus muchos aportes, se están perdiendo.
Frente a esta realidad, y a la espera de una ley que implemente una política nacional de conservación, presupuesto mínimo y manejo sustentable, hay organizaciones ambientales que trabajan con las comunidades para evitar que los humedales se sigan degradando. Según los especialistas, es una de las deudas ambientales más urgentes del país.
En el monumento natural Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, la laguna se estaba secando y escaseaban los pastos para alimentar a los animales. Hace dos años, la Fundación Humedales comenzó a trabajar junto con las poblaciones locales a partir de diferentes acciones, como el manejo sustentable del pastoreo.
Se trata de áreas sumamente diversas, con particularidades únicas. Además de su biodiversidad y aporte medioambiental, suministran alimento y medios de vida a millones de personas que desarrollan actividades productivas, como agricultura, ganadería, pesca, forestación y turismo.
La Argentina tiene declarados 23 humedales de relevancia internacional, pero son muchos más los que forman parte del territorio nacional. Se estima que ocupan 600.000 km2, es decir, el 21,5% del país.
Hace cuatro años, después de una intensa campaña comunitaria y más de 55.000 firmas de los vecinos, Santa Catalina fue declarada reserva. Casi la mitad de sus hectáreas pertenecen a un humedal, uno de los últimos de la ribera sur de la cuenca Matanza-Riachuelo. "Sirve de esponja para que Lomas de Zamora no se inunde", grafica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). "Es uno de los humedales que pusimos en valor para decir que no todo en el Riachuelo está podrido y contaminado, sino que hay sitios naturales que aún se preservan muy bien, básicamente, gracias a los vecinos", agrega.
Choque de intereses
Uno de los obstáculos para conservar estos ecosistemas es su desconocimiento. "El concepto de humedal aparece concretamente en las agendas de los medios de comunicación y en la boca de la gente cuando empiezan las inundaciones. Hasta ese momento, no había una valorización", afirma Marta Andelman, coordinadora de Comunicaciones de la Fundación Humedales, parte de la red global de Wetlands International.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, explica que hoy el foco está puesto en lograr una base de información sólida. "Hasta ahora no existía y nos va a dar muchas más certidumbres para el debate y el consenso. Esta ha sido, en buena medida, la causa por lo cual los proyectos de ley no prosperaron", sostiene.
Desde 2011 se lleva a cabo un inventario coordinado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el que participan más de 60 expertos, ONG y universidades, quienes acordaron una definición teórica, llevada a terreno y consensuada con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Confema). Allí están involucradas las provincias, que son en definitiva las que decidirán cómo manejar cada humedal en sus territorios.
Ya se concluyó el primer nivel del inventario, que es un mapa muy macro de cuáles son las distintas regiones y qué tipo de estos ecosistemas contienen. Para Ana Di Pangracio, también permitirá tener una foto del momento presente para después ir evaluando los cambios y contar con números certeros sobre cuánto retroceden estos espacios en nuestro país.
Desde la Fundación Humedales, una de las ONG que participan, Marco Vermaasen, coordinador de Políticas del Programa Corredor Azul, enfatiza que es necesario que haya una ley que brinde un marco institucional.
En dos oportunidades, los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación obtuvieron media sanción y luego fueron rechazados, y no solo por la falta de precisión para definir estos ecosistemas, sino también porque existen intereses encontrados.
"La ley prosperó en el Senado, pero se trabó dos veces en Diputados. Hay que acercarse a los sectores que se oponen, sobre todo al agropecuario y al inmobiliario, según la zona del país, para que entiendan que no es una cuestión de humedales versus desarrollo, sino que se puede hacer un trabajo en armonía y sostenible", explica Di Pangracio.
Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina, Fernando Miñarro considera que una ley es urgente, necesaria y posible, especialmente ante el avance de la conversión de los humedales en las últimas décadas.
Las ONG que están trabajando en la norma entienden que hay intereses agroindustriales e inmobiliarios, pero también preconceptos erróneos. "El problema -describe Vermaasen- es que muchos que ya desarrollan actividades económicas dentro de los humedales, como agricultura, urbanismo o ganadería, consideran que si algo se define como un humedal puede ser una interferencia para su desarrollo económico".
Otro gran debate es qué restricciones habrá en cada uno de esos sitios. "Es una condición sine qua non que lo que se presume un humedal se proteja hasta que esté hecho el inventario. Necesitamos la atención del público, que la gente sepa qué son estos espacios y presione para que se apruebe algo que es para el bien de todos", concluye Vermaasen.
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El modelo agroindustrial sigue matando abejas
Apicultores indignados: murieron miles de abejas luego de ser fumigadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de apicultores de Ayacucho denuncia la pérdida de varias colmenas tras una fumigación aérea no notificada. Calculan 70 mil pesos de pérdidas. La nueva resolución que firmó el gobierno de la provincia habilita a fumigaciones cercanas a poblaciones rurales, escuelas y cursos de agua.
En Ayacucho, apicultores denuncian la pérdida de gran parte de sus colmenas luego de una fumigación aérea que no fue previamente notificada. El hecho, responde a la nueva resolución firmada por el gobierno de la provincia, en el cual –contrariamente a lo que había dictado la Suprema Corte Bonaerense en 2012-, habilita a fumigar a pocos metros de localidades rurales, así como escuelas y cursos de agua.
En un video, uno de los apicultores muestra la cantidad de colmenas afectadas por el rocío de los agroquímicos, evidenciando la muerte de una cantidad gigantesca de abejas. Los productores hablan de una pérdida que va entre los 50 y 70 mil pesos.
“Los dueños están fumigando. No nos informan, entonces al pasar el avión, matan todo. Hay productos que están aprobados y no matan ni la abeja, ni mariposas, ni polinizadores. Pero salen mucho más. Si nos avisaran, se podría convivir”, dijo para INFOCIELO, Guillermo Landagaray, apicultor de Ayacucho.
Las denuncias por fumigaciones con productos que no solo afectan a la fauna y flora, sino también a la salud humana, no son nuevas en el Partido. De hecho, en septiembre pasado la directora de la escuela rural 28 de Ayacucho realizó una denuncia formal luego de que un mosquito fumigara a tan solo 20 metros del establecimiento, en horario de clase.
Por precaución, la docente y algunos alumnos tuvieron que ser atendidos en un hospital.
La nueva resolución que firmó el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de su ministro y ex gerente de Monsanto Leonardo Sarquís, deja el camino libre para que las fumigaciones se realicen a escasos metros de centros poblacionales y márgenes de curso de agua.
La medida contradice a lo dictado por la Corte Bonaerense en 2012, que declaró ilegal las fumigaciones de agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas.
Desde entonces, diferentes localidades de la provincia han tenido intentos de regulaciones y también, casos en donde algunos municipios reducían considerablemente los metros de distancia para las fumigaciones.
Estos casos se dieron especialmente en Chascomús y Benito Juárez, en donde a contraposición de vecinos que reclamaron una regulación menos permisiva, se fallaba a favor del productor.
Por el caso de Chascomús, el máximo tribunal debió interceder nuevamente el año pasado, en donde se prohibió las fumigaciones terrestres a menos de mil metros.
Sin embargo, el gobierno de la provincia avanzó con una resolución contraria. En uno de sus puntos más polémicos, el Ejecutivo permite ahora las fumigaciones hasta las 7:59 de la mañana, es decir, a tan solo un minuto del ingreso de los alumnos de las escuelas rurales.
“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”, analizó para la Agencia Andar, Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.
Los productos tradicionalmente utilizados para eliminar plagas son el glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros químicos. Gran parte de la comunidad científica, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido las consecuencias ante la exposición de estos agroquímicos.
Entre ellos, problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y distintos tipos de cáncer.
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En Santa Fe impulsan marcha por los agrotóxicos
Impulsan Marcha de los Barbijos en Rosario contra el uso masivo de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
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Fecha de Publicación: 01/02/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial paren de Fumigarnos llamó a una demostración contra el paquete hegemónico de cultivos transgénicos y químicos para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. También será para cuestionar un modelo productivo basado en el extractivismo
El colectivo Paren de Fumigarnos anunció la organización de una Marcha nacional de los barbijos en reclamo de mayores regulaciones estatales al uso de agrotóxicos y en cuestionamiento al paquete de producción agraria en base a semillas transgénicas y uso masivo de productos químicos. La actividad, en principio, está programada para el 5 de junio, que es el Día mundial del Medio Ambiente, en Rosario.
Los convocantes anunciaron que habrá una primera reunión organizativa el sábado 16 de febrero, a las 18.30, en el Centro Cultural La Toma de Tucumán 1349.
Será una puesta en escena para hacer visible los padecimientos de vecinos de pueblos sometidos a fumigaciones cercanas a sus viviendas, y a las escuelas, por parte de productores y aplicadores de los campos aledaños.
Antecedente cercano
Un caso reciente de los conflictos de intereses en los que varios estamentos del Estado inclinan la balanza por la parte más fuerte es el de la comuna santafesina de Sastre, en el centro de la provincia.
Una jueza, en plena feria judicial, ordenó suspender una medida cautelar que impedía fumigar cerca del ejido urbano de esa localidad del departamento San Martín. La medida fue pedida por los padres de una niña de dos años que padece cáncer, en base a la presunción sobre los efectos cancerígenos de los agroquímicos avalada por la Organización Mundial de la Salud. La magistrada revirtió así el dictamen que prohibía realizar aplicaciones terrestres en un radio menor a 400 metros de la comuna, zona de resguardo que se ampliaba a 1.500 metros para fumigaciones aéreas.
La jueza de turno en feria Beatriz Forno de Piedrabuena dio rápida cabida a la presentación de unos 20 productores de Sastre para anular la medida cautelar que pidieron los padres de Zoe Giraudo, una niña de dos años que sufre cáncer y que vive en una casa expuesta a las fumigaciones. Ese reclamo había sido aceptado en diciembre pasado por el juez de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral 11 de San Jorge, Daniel Zoso. Duró poco.
Los productores no esperaron a que termine el receso del Poder Judicial, y en enero ingresaron a la causa como terceros interesados para apelar la cautelar ambiental invocando su “derecho a trabajar”. Los patrocinó el abogado Iván Cullen y no están solos. El propio municipio de Sastre contrató a un asesor externo para los mismos fines: dejar en la nada el pedido de los padres de la niña, que acompañaron vecinos luego de que durante todo 2018 solicitaran al gobierno local la readecuación de la norma local sobre fitosanitarios sin éxito.
El colectivo Paren de Fumigarnos cuestionaron, en el llamamiento a la Marcha de los barbijos, el perfil económico extractivista de sucesivas gestiones nacionales, que apostaron como sustento productivo a los agronegocios, la minería, los hidrocarburos y las explotaciones forestales sin reaseguro de sustentabilidad.
Los organizadores de la protesta apuntan tanto a gobiernos “de derecha” como a los llamados progresistas en las direcciones políticas que cuestionan. Le contraponen las numerosas organizaciones vecinales, ambientalistas, ecologistas y sociales que pusieron bajo la lupa el modelo por sus consecuencias ambientales y sobre la salud de las personas. Llamaron a unir los esfuerzos de todos y confluir el próximo Día mundial del Medio Ambiente en una marcha con sede en Rosario.
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Luminaria pública peligrosa
Advierten sobre posible contaminación con mercurio del alumbrado público en más de 30 municipios bonaerenses
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Es por las luminarias que fueron reemplazadas y cuyo tratamiento no se hizo de manera correcta. Las misma situación podría presentarse en varias provincias
"La exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos", advierte la Organización Mundial de Salud, que considera a este metal líquido como uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Y la advertencia no es gratuita. El mercurio es un elemento utilizado en sinfín de productos de uso cotidiano para millones de personas. Está presente, por ejemplo, en pilas, termómetros, barómetros, amalgamas dentales, algunos cosméticos y hasta en productos farmacéuticos. Pero el listado no termina ahí. Uno de los elementos más típicos hecho con compuestos de ese metal son las viejas lámparas usadas para el alumbrado público, que con el desarrollo de nuevas tecnologías (como el sistema Led), se comenzaron reemplazar desde hace ya varios años en muchos países y también en la Argentina. La idea era y es instalar lámparas más amables con el medio ambiente y que ayuden también a preservar la salud pública.
Era una decisión necesaria que se debía adoptar en todo el mundo, pues la toxicidad del mercurio es conocida y el daño que infringe al medio ambiente y a la población si es expuesta a él, es innegable e irreversible. Además, para muchos gobiernos el ahorro energético que implica cambiar las viejas bombitas es económicamente necesario. Sin embargo, el reemplazo de esas luminarias no es una tarea simple o que se pueda hacer sin mayores controles. Por su composición a base del metal, las lámparas antiguas son consideradas residuos peligrosos y su manejo debe cumplir con leyes, provinciales, nacionales e incluso supranacionales, aunque hay una fuerte sospecha de que en muchos lugares del país esto no se cumple.
Mario Caparelli es abogado y presidente de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con una vasta experiencia en temas ambientales, que desde hace algunos años viene recibiendo denuncias anónimas de miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires acerca de la problemática de las luminarias que fueron reemplazadas.
Al ver que se repetían los casos, comenzaron a investigar y notaron que son cientos los municipios que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
"La cuestión es que en todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico porque el mercurio es altamente tóxico. Entonces, tienen que ser destruidas. El tema es que no lo hacen", denunció Caparelli en diálogo con Infobae.
Fue así que la investigación les permitió saber que en los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero también en muchas provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pasa lo mismo. "Juntamos mucha documentación. Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas", agregó.
En todo este sistema de sustitución de lámparas que se ha dispuesto hay dos leyes nacionales que prohíben la importación y comercialización de las anteriores. En casi todas las provincias comenzaron a sustituir ese tipo de luminarias, pero el problema es que las lámparas antiguas contienen mercurio o tienen otros componentes derivados del mercurio. Se convierten entonces en un residuo tóxico
En la investigación, la ONG recopiló datos publicados por los municipios acerca del programa de sustitución de las luminarias. Empezaron a notar que eran miles y miles las bombitas que fueron cambiadas pero de las que aún no se sabe dónde están. Incluso, descubrieron que ninguno de los gobiernos locales informó en los pliegos de licitación qué debía hacerse con el material reemplazado, tal como lo marca la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley 27.356, mediante la cual Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal.
"Esas lámparas usadas tienen que ser destruidas, mandadas a un sitio de disposición final como residuo tóxico. No solamente que tengan mercurio sino que tenga otros componentes que también ya se consideran tóxicos, como lámparas fluorescentes por ejemplo. Es grave porque se violan leyes nacionales y supranacionales", resaltó.
Ante la cantidad de lugares que decidieron cambiar la iluminación, Caparelli y su equipo se enfocaron primero en pedir información a un total de 32 municipios bonaerenses (los de mayor densidad poblacional) y a las capitales provinciales para saber qué pasó con las bombitas que fueron sacadas.
La Ley 25.831 de acceso a la información ambiental ampara la Asociación a solicitar todos los datos respecto a este tema y así lo hicieron. En estos días comenzaron a enviar cartas a cada uno de los gobiernos locales y en caso de no recibir respuesta en un máximo de 30 días, recurrirán a un tribunal Contencioso Administrativo y pedir que judicialmente se los obligue a responder. "Son datos que están en los registros públicos de los municipios. El derecho de información es constitucional y tengo el derecho a difundirla", remarcó.
Casi todos los municipios bonaerenses o las provincias empezaron a sustituirlas desde hace un par de años, pero en ninguna de estas licitaciones y sustituciones se dice qué se hace con las lámparas usadas
Por lo pronto se vienen comunicado vía mail con los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Campana, Cañuelas, Escobar, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Plata, Lanús, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Miguel, Tres de febrero, Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Pinamar. En cada uno de estos lugares se llevaron a cabo planes de recambio de luminarias pero todos omitieron decir cómo fue la disposición final de los residuos. Hasta ahora no contestaron.
"Tenemos por ejemplo en Rosario un llamado a licitación en donde no se le da instrucciones al proveedor sobre qué hacer con las que sustituye. Incluso algunos municipios han hecho otra cosa que es mucho peor, que es una doble ilegalidad. Las sustituidas las instalan en lugares alejados para darle luminaria a lugares oscuros, peligrosos o que no han tenido luz. Esto duplica la ilegalidad", denunció. Este caso por ejemplo ocurrió en Morón, donde la propia municipalidad confesó en su página web que reutilizó las lámparas viejas, algo prohibido por ley.
"Hay una presunción muy grande de que lo que no se destruye desaparece del mundo ideal, pero no del mundo real porque engrosa basurales y lugares no aptos. En general hay una sobreprotección jurídica o legal y un desparpajo en violar la ley. Ya sea por ignorancia, dolo o por interés. Esto no es de una jurisdicción sola. En Mendoza, por ejemplo, dictaron una resolución de la Secretaría de Ambiente diciendo que esto es peligro y lo vamos a destruir y los municipios no la acatan. Es curioso. En Córdoba pasa algo similar. Todo los vamos a averiguar y van a tener que responder", advirtió el letrado.
Argentina suscribe el Convenio de Minamata, un acuerdo firmado por varios países en 2013 después de lo ocurrido en esa ciudad japonesa donde miles de personas murieron intoxicadas por mercurio. En el convenio, distintos estados se comprometieron a aplicar una serie de medidas para acabar con las emisiones de mercurio a la atmósfera y reducir paulatinamente los productos que contienen el metal
En ese sentido, Caparelli dijo que legalmente el Estado debe proveer la protección del ambiente a toda la población. Según la Constitución en su artículo 43 -aclara- cada ciudadano tiene el derecho de gozar de un ambiente sano y la autoridad tiene que garantizar la protección de ese derecho.
"La autoridad tiene un plus. Y a eso se le agrega la ley del Ambiente que dice que todos los que intervienen en un hecho contaminante, cuando no se ha podido determinar cuál ha sido la participación, son todos solidariamente responsables. En este caso, autoridad provincial, autoridad municipal y proveedor. Son solidariamente responsables del daño que pudieron haber causado al ambiente. ¿Dónde están esas lámparas? Tienen que haberse destruido ¿Por qué no se llevaron a destrucción final o por qué no lo informaron? Se jactaron de que las cambiaron, pero no dijeron cómo destruyeron las viejas", cuestionó.
Son miles y miles de luminarias cambiadas en todos los municipios y provincias. En Córdoba -precisa el presidente de la ONG- "se habla de 21.500. Un total del 1.000 cuadras con Led en Morón, Escobar con unos 7.000 puntos con nuevas lámparas, La Plata lleva 60 cuadras (14 mil nuevas luces que se suman a las 4000 que ya se instalaron), 50 mil luces en San Isidro, en Campana fueron 3.400 luminarias nuevas, 3500 en Lanús, como para citar algún ejemplo". En Rosario se reemplazaron unas 15.000, la misma cantidad en Hurlingham o 3.500 en Quilmes. Se anunciaron 800 nuevas en San Martín y Tres de Febrero tiene 3.100 nuevas, añadió.
Los efectos al salud
Según dijo a Infobae Eduardo Scarlato, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, cada lamparita tiene entre 5 y 10 miligramos de mercurio.
"El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente", alertó el experto. El mercurio es un metal que no se crea ni se destruye. Está en la naturaleza, una vez que se libere puede entrar en distintos procesos con las consecuencias que eso puede acarrear" agregó.
Según el médico, hay dos tipos de riesgo con el mercurio: el denominado de "exposición aguda" que desarrolla un efecto perjudicial dentro de 24 horas y el de "la exposición crónica", que es cuando se expone a muy bajas concentraciones durante mucho tiempo.
"La bombita en sí no trae riesgo. El problema surge cuando esa lámpara se rompe y se libera. Se trata del único metal líquido a temperatura ambiente. Los efectos del mercurio se saben de antaño. Acá el problema es qué se hace con eso. No es que nos volvamos "químicofóbicos" porque cualquier sustancia de la naturaleza conlleva un peligro. Lo importante es saber con qué medidas de seguridad lo tratamos. Estas bombitas quemadas son desechos peligrosos. La responsabilidad del correcto tratamiento es de los gobiernos y su disposición final no entraña mayores costos, sólo gente idónea para hacerlo", resaltó Scarlato.
El mercurio es un metal que va seguir siendo usado. El tema central es cómo se dispone de ese mercurio y que esas lamparitas son muy frágiles. Cada una tiene en promedio de ocho miligramos de mercurio y cuando se rompen se libera ese vapor al medio ambiente o al hogar. Si sumamos que son millones de lámparas, son toneladas las de mercurio que han sido liberadas. Es un riesgo para el medioambiente
La triple violación a las leyes
Las licitaciones para cambiar las luminarias comenzaron aproximadamente en el año 2011 y para fin de 2019 ya deberían estar sustituidas todas las lámparas con mercurio, según la ley. En la ONG tienen la sospecha de que otros municipios del país incurrieron en la misma falta y esperan que hagan de ahora en más lo correcto pero que paguen civil y penalmente por lo que hicieron indebidamente. "Si ninguna licitación obliga, incurren en la violación. Tanto como el que licita como el que adjudica. Pero también el organismo provincial de control es responsable. Los tres son solidariamente responsables. No se puede simplemente almacenar eso, es peligroso. Puede haber peligro de ruptura", advirtió el titular de la entidad.
La Ley Nacional de Residuos Peligrosos tiene sanciones para aquel que altere el ambiente y lo contamine. En este caso, también habrían violado la ley provincial 14.321 sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que dice que la enorme cantidad de residuos eléctricos y electrónicos deben ser reducidos.
"El foco de la cuestión es que se está violando la ley. La supranacional del Convenio, la Nacional de residuos públicos, la Ley general del Ambiente que también tiene vigencia en todo el país y en la provincia de Buenos Aires la ley especial sobre los RAEE", resaltó el experto.
Finalmente, el abogado recordó que no es necesario esperar a que alguien se enferme para tomar medidas. Según explicó, "el principio precautorio dice que aún en ausencia absoluta de certeza de lo que puede ocurrir hay que tomar medidas" pero "sabiendo que el mercurio es tóxico de por sí, no se puede dejar de tomar alguna".
"No importa que no sepan, pero en este caso se sabe. En Minomata sí sabían lo que iba a pasar. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay un costo que han querido evitarse en detrimento de la salud pública. Porque el convenio de salud pública dice que deben eliminarse todos aquellos aparatos que contengan mercurio o un componente. El destino de eso es un misterio. Se va a averiguar. Estamos mandando mails pero lo vamos a hacer", sentenció.
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Turismo en reservas y la fauna
El avance del turismo sobre las reservas
Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Río Negro
A 60 kilómetros de la ciudad rionegrina de Viedma está “La Lobería” un escenario de restingas y una serie de diques de contornos irregulares que en bajamar propician el florecer de piletones naturales. Está rodeada por altos acantilados, lo que la coloca en una posición estratégica frente a otras playas, ya que casi está afectada por viento. Además, tiene aguas cálidas, producto de la acción de la corriente marina del Brasil que toca las costas hasta la altura del Golfo San Matías. Pero a la vez, es el primer apostadero de lobos marinos de un pelo de la Patagonia y uno de los más importantes del mundo.
Lobos y hombres
O sea, desde hace años la zona se debate entre un paraíso turístico desconocido por la gran mayoría, y la reserva natural de lobos marinos. Este debate se hizo carne hace unos días cuando pareció entre las sombrillas un ejemplar adulto de lobo marino, generando la curiosidad entre los turistas.
Curiosidad que derivó en molestia en los vecinos y lugareños, quienes aseguran que se trata de una zona en la que no debería haber personas. Según publicó el Diario Río Negro, las personas que captaron el momento con sus celulares, el mamífero se paseó entre las reposeras, inspeccionó su territorio y luego se marchó.
Desde la página de Facebook del balneario pidieron a la comunidad no molestarlos, ni acercarse o darles de comer para evitar perturbar su hábitat.
En las redes, los usuarios se lamentaron por la situación y sentenciaron: “en una época no podías bajar al hábitat de los lobos. Era hermoso verlos dormir sin que nadie los molestara. En qué momento se cambió esa disposición. Hemos visto cómo quedan las playas llenas de bolsas y pañales cuando se van las familias”.
Recomendaciones
La aparición de fauna silvestre en las costas patagónicas es algo mucho más común que lo que cree la mayoría de los turistas, y ante este tipo de situaciones, desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Red de Fauna Costera solicitan que no toquen ni se acerquen a estos animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño a las personas.
Frente a apariciones de fauna marina costera, las recomendaciones a seguir son no interrumpir su salida al mar, no dejar que se acerquen los animales domésticos, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar, no arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio, sin perturbaciones y ante cualquier duda llamar al teléfono 103 para comunicarse con la Red de Fauna Costera.
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Fecha de Publicación: 31/01/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Río Negro
A 60 kilómetros de la ciudad rionegrina de Viedma está “La Lobería” un escenario de restingas y una serie de diques de contornos irregulares que en bajamar propician el florecer de piletones naturales. Está rodeada por altos acantilados, lo que la coloca en una posición estratégica frente a otras playas, ya que casi está afectada por viento. Además, tiene aguas cálidas, producto de la acción de la corriente marina del Brasil que toca las costas hasta la altura del Golfo San Matías. Pero a la vez, es el primer apostadero de lobos marinos de un pelo de la Patagonia y uno de los más importantes del mundo.
Lobos y hombres
O sea, desde hace años la zona se debate entre un paraíso turístico desconocido por la gran mayoría, y la reserva natural de lobos marinos. Este debate se hizo carne hace unos días cuando pareció entre las sombrillas un ejemplar adulto de lobo marino, generando la curiosidad entre los turistas.
Curiosidad que derivó en molestia en los vecinos y lugareños, quienes aseguran que se trata de una zona en la que no debería haber personas. Según publicó el Diario Río Negro, las personas que captaron el momento con sus celulares, el mamífero se paseó entre las reposeras, inspeccionó su territorio y luego se marchó.
Desde la página de Facebook del balneario pidieron a la comunidad no molestarlos, ni acercarse o darles de comer para evitar perturbar su hábitat.
En las redes, los usuarios se lamentaron por la situación y sentenciaron: “en una época no podías bajar al hábitat de los lobos. Era hermoso verlos dormir sin que nadie los molestara. En qué momento se cambió esa disposición. Hemos visto cómo quedan las playas llenas de bolsas y pañales cuando se van las familias”.
Recomendaciones
La aparición de fauna silvestre en las costas patagónicas es algo mucho más común que lo que cree la mayoría de los turistas, y ante este tipo de situaciones, desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y la Red de Fauna Costera solicitan que no toquen ni se acerquen a estos animales, ya que pueden sentirse agredidos y defenderse causando daño a las personas.
Frente a apariciones de fauna marina costera, las recomendaciones a seguir son no interrumpir su salida al mar, no dejar que se acerquen los animales domésticos, no mojarlos ni forzarlos a volver al mar, no arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio, sin perturbaciones y ante cualquier duda llamar al teléfono 103 para comunicarse con la Red de Fauna Costera.
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