Alberto Fernández pide en la COP26 “canje de deuda por acción climática”

Fecha de Publicación: 04/11/2021
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó en su intervención en la cumbre de líderes de la COP26 que se cree un sistema de “canje de deuda por acción climática” para conseguir la descarbonización de la economía mundial.
“Para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”, declaró el presidente argentino este martes en la conferencia sobre el cambio climático que se celebra en la localidad británica de Glasgow.
El mandatario latinoamericano señaló que “es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI) a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas”.
“La Argentina no tiene la intención de que esta COP quede sólo en palabras, por eso proponemos la creación de un comité político y técnico sobre financiamiento climático con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios”, dijo.
Ese comité, señaló Fernández, deberá reconocer “el principio de responsabilidades comunes pero diferenciados” y tener “en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales así como las necesidades de bienestar social”.
“Países como Argentina constituyen, a través de su ecosistema, un sostén a los medios de vida de todo el plantea, al tiempo que contribuyen de manera decisiva a la seguridad alimentaria”, indicó Fernández, quien aseguró que su país considera “la lucha contra el cambio climático como política de Estado”.
En ese sentido, recordó que ha elevado su ambición de reducción de emisiones en un 27 % respecto a los compromisos adoptados tras el Acuerdo de París de 2015 y trabaja en “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal”, así como en “un proyecto de ley sobre electro-movilidad y otro sobre protección de bosques nativos”.
“La crisis sanitaria de la pandemia no hizo más que desnudar una crisis mucho mayor de insostenibilidad y desequilibrio que afecta al medioambiente y la economía”, lamentó Fernández, quien aseguró que “esta triple crisis amplió las crisis existentes entre países y personas”.
Para aliviar esa situación, llamó a asumir “responsabilidades comunes, pero bien diferenciadas” con “medios para su implementación que nos permitan una transición hacia una economía limpia con menos carbono y resiliente a los impactos del cambio climático”.
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Crece poco el número de usuarios que inyectan energía solar a la red

Fecha de Publicación: 04/11/2021
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional


Le echan la culpa a trabas que existen en la reglamentación que impuso el EPRE. El ranking en otras provincias.
El último informe que acaba de publicar la Secretaría de Energía de la Nación, con datos a septiembre; indica que en San Juan hay solamente 7 usuarios generadores de energía solar inscriptos para el plan que permite obtener energía proveniente de renovables para autoconsumo, e inyectar el excedente a la red de distribución eléctrica. El programa se denomina "generación distribuida", es una ley que nació en el país en el 2018 y que aquí fue reglamentada el año pasado. Así, esta provincia que es líder en generación solar, sin embargo tiene un crecimiento lento en usuarios "generadores", y se ubica quinta en el ranking nacional. Lidera Córdoba con 347 usuarios, seguida de Buenos Aires con 165, CABA con 53 y Mendoza con 30 (ver infografía).
En el sector le echan la culpa de tan baja adhesión a que la reglamentación realizada el año pasado por el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) tiene fallas, y por lo tanto, los requisitos que piden las distribuidoras para ingresar al programa están lejos de ser un incentivo, distinto a lo que sucede en otras provincias. Fuentes del sector privado criticaron que el contrato que exigen firmar las distribuidoras es "leonino", y que los costos para el usuario son altos porque la tarifa o VAD (Valor Agregado de Distribución) se le cobra por la energía que inyecta al sistema, en vez de cobrarle sólo por la energía que consume. Eso hace que las empresas u hogares que colocan paneles solares en San Juan, lo usen sólo para autoconsumo y cuando generan más energía de la que precisan, esta se pierde en vez de introducirla a la red para que la aproveche el conjunto de la sociedad.
El presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) opinó que existen trabas en la reglamentación asociadas al costo de la tarifa, mientras que desde el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE), justificaron la normativa.
Víctor Doña, titular del EPSE; opinó que hay dos causas que provocan la escasa adhesión al sistema. Mencionó un factor nacional, que es que la plataforma nacional que permite la inscripción de los usuarios y por la cual se pueden pedir los beneficios de esta ley, está funcionando de manera lenta. Pero también consideró que el factor local: "La reglamentación de San Juan no quedó totalmente bien", dijo, y agregó que "no termina de incentivar a la gente para que adhiera a este mecanismo". Dijo que en Buenos Aires y Córdoba tienen otro formato menos costoso, y por eso esas jurisdicciones van a la punta en este sistema. "Habría que trata de adaptar y ajustar nuestra reglamentación a la de esas provincias", indicó. Por su parte, el presidente del EPRE, Oscar Trad; no cree que esa sea la causa. Cree que hay pocos usuarios por los costos de inversión, ya que la adquisición de paneles solares es caro, y opinó que se irá abaratando paulatinamente cuando entre en funcionamiento la fábrica de paneles sanjuanina. Además justificó que se cobre el VAD para ingresar energía a la red, porque la distribuidora debe mantener sus redes e infraestructura en condiciones óptimas, y el usuario generador "debe pagar por usarlas". "Eso se discutió mucho cuando se hizo la reglamentación y mi opinión es que el VAD lo tiene que pagar", dijo. Por último, Trad consideró que la reglamentación de la ley lleva poco tiempo, y también que hay que medir la escala de economía de cada provincia.

Datos principales
* Según datos a setiembre, de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía; los usuarios generadores de todo el país pasaron de 272 en octubre de 2020 a 614 en septiembre del 2021. Todos esos proyectos completaron la instalación y se convirtieron en usuarios generadores. La potencia instalada por esos usuarios generadores tuvo un crecimiento fuerte: pasó de 2.594 kilowatts en octubre del 2020, a 6.920 kilowatts instalados y conectados a la red mediante un medidor bidireccional, en septiembre pasado.
* La ley 27.424 de Generación Distribuida para Inyectar Excedentes a la Red, fue fue sancionada a nivel nacional en el 2017, y San Juan adhirió a ella en diciembre de 2018, pero no se reglamentó hasta el año pasado, luego del Acuerdo San Juan. Los usuarios generadores que inyectan también a la red obtienen beneficios impositivos. Por cada kilovatio instalado, un usuario inversor logra $30.000 en crédito fiscal, que se puede usar para pagar a la AFIP cualquier impuesto.
* La instalación de un sistema de placas fotovoltaicas para generar energía requiere de un inversión importante, pero las empresas del sector aseguran que tiene un retorno positivo. Los tiempos de amortización están en el orden de los 8 años.
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Paraná: las últimas lluvias aliviaron, pero el caudal del río podría volver a un nivel crítico

Fecha de Publicación: 04/11/2021
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Litoral Argentino


Las últimas lluvias en la parte superior de la cuenca del Río Paraná aliviaron la bajante que la afecta, el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA), del 27 de octubre pasado, señaló que la condición hídrica aún no es normal y que la probabilidad de retornar a una condición general crítica en los próximos meses es alta.
Además, el INA pronosticó que no se esperan precipitaciones.
Con una altura actual en Rosario de 1,50 metros, el INA evaluó que la situación obliga a mantener la cautela a la hora de las decisiones de largo plazo en el uso de la vía fluvial.
Cabe destacar que por tercera campaña agrícola consecutiva persiste la merma del caudal del Paraná, que viene cayendo desde septiembre de 2019 hasta la fecha a su nivel más bajo en 77 años, provocando numerosos inconvenientes en la artera de comunicación que es esencial para las economías argentina, paraguaya y brasilera.
Hubo un efecto negativo en las exportaciones agroindustriales, en todo lo relacionado al aprovisionamiento de agua para la población y, además, en la generación hidroeléctrica a lo largo de su curso, que representa una energía clave para la región.
La bajante impactó en los precios de exportación del complejo sojero, porque limita la carga de los buques y obligar a desviarla a otros puertos, como los ubicados en el sur de la provincia de Buenos Aires, con el consecuente encarecimiento logístico.
En julio, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que la baja del Paraná implicó un costo cercano a US$315 millones en seis meses para el complejo agroindustrial exportador y los productores, por mayores costos logísticos, de transporte e industriales, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
«Según nuestras estimaciones, en el semestre que va desde el 1º de marzo hasta el 31 de agosto del 2021, la extraordinaria bajante del Río Paraná, principal vía de salida de los productos del complejo agroindustrial argentino, generaría pérdidas a la cadena de valor granaria argentina del orden de los US$ 315 millones, aproximadamente», indicó la BCR.
Entre los mayores costos figuran el denominado «falso flete»: la necesidad de ajustar el volumen de carga en algunos buques en el Gran Rosario, por la bajante, que deben salir con menor tonelaje a su destino; y la necesidad de completar la carga en otros puertos, como Bahía Blanca o Quequén, donde el precio de la mercadería termina siendo mayor por logística y transporte terrestre (sin contabilizar aquellos que completan cargas en los nodos portuarios brasileños).
Además, por el menor tonelaje que cargan los trenes de barcazas que bajan por los ríos Paraná y Paraguay al Gran Rosario desde Paraguay, Bolivia y puertos locales; y pérdidas por menores precios de exportación.
Durante 2020, en las terminales portuarias del Gran Rosario se embarcó 70% de los granos, 96% de los aceites vegetales y 96% de las harinas que exportó el país, por un valor aproximado de US$20.000 millones -37% de las ventas al exterior de Argentina-.
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Una empresa australiana invertirá más de u$s8.000 millones en la Argentina para producir hidrógeno verde

Fecha de Publicación: 03/11/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Río Negro


La firma australiana Fortescue anuncia una importante inversión en Río Negro. Creará miles de puestos de trabajo y el ingreso de divisas por exportación.
La firma australiana Fortescue, del acaudalado Andrew Forrest, realizará una multimillonaria inversión, más de u$s 8.000 millones, en Argentina destinada a producir hidrógeno verde. La información fue adelantada en exclusiva por Ámbito, y ratificada luego por la compañía y funcionarios nacionales en Roma.
Fortescue ya ha iniciado trabajos de prospección en la provincia de Río Negro con vistas a la producción de hidrógeno verde a escala industrial, lo que le demandará una inversión de más de u$s8.000 millones y generará la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos.
De esta manera, se espera convertir a Río Negro en un polo mundial exportador de hidrógeno verde en 2030, con una capacidad de producción de 2.2 millones de toneladas anuales, lo que cubriría una producción energética equivalente a, por ejemplo, casi un 10% de la energía eléctrica consumida por Alemania en un año.
El anuncio fue realizado tras la reunión que mantuvo el Jefe de Estado, acompañado por los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca y el asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, Marcelo Kloster, con los directivos de Fortescue, Andrew Forrest (Presidente), Julie Shuttleworth (CEO), Agustín Pichot (Presidente para la Región Latinoamérica), Todd Clewett (Senior Manager Global) y Sebastián Delgui (Gerente Regional de Gobierno y Comunidades para Región Latinoamérica).
El mandatario nacional afirmó que “la Argentina tiene una gran oportunidad por delante y necesita empresas así, que inviertan y generen trabajo”.
Fernández destacó especialmente que “el hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica”, poniendo en valor además que con esta inversión tan importante “en poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente las emisiones de carbono en el mundo”.
Además, celebró “la responsabilidad social de la empresa para construir con los mejores valores de las comunidades”, consideró que “el mundo no resiste más maltrato”, y destacó que “una persona tan querida y respetada en nuestro país, como Agustín Pichot”, forme parte de la empresa y de tan importante anuncio.
Forrest, por su parte, agradeció la disposición del Presidente, y aseguró: "Estamos listos para invertir en la Argentina, somos una empresa de energía de punta que contrata gente y capacitamos gente, y eso queremos hacer en su país. Estamos acá para que la Argentina sea líder mundial en energía renovable y para que sea exportadora”.
Y expresó que su empresa “es un ejemplo por su comportamiento y sus valores sociales y ambientales: la presencia femenina en mi empresa es masiva y es un valor muy importante el respeto por las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad”.
El proyecto se desarrollará en los alrededores de la ciudad de Sierra Grande, la cual cuenta con antecedentes en la producción de mineral de hierro. Esa localidad rionegrina supo tener su momento de esplendor con la instalación allí de la empresa Hipasam SA, que no solo llegó a explotar la mina de hierro más grande de Sudamérica, sino que dio trabajo a miles de habitantes que poblaron su geografía hasta que un decreto presidencial en 1992 determinó su cierre y una seria crisis económica y social en Sierra Grande.
La prospección que inició la empresa se basa en analizar cantidad y calidad de vientos, fuente energética principal para la producción, y se inició a partir de un acuerdo firmado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Nación y el Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Una vez determinado que el recurso eólico y otros son satisfactorios, se dará inicio a las consultas públicas y trámites para la construcción del proyecto, el cual tendrá tres etapas. La etapa piloto, para confirmar las capacidades previstas, con una inversión estimada en 1.200 millones de dólares, que producirá unas 35 mil toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250 mil hogares, la cual se iniciará en 2022 y finalizará en 2024.
La primera etapa productiva, con una inversión estimada en 7.200 millones de dólares, producirá unas 215 mil toneladas de hidrógeno verde, capacidad energética equivalente para cubrir el consumo eléctrico de 1 millón 600 mil hogares, y se extenderá hasta el año 2028.
En noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández ya había mantenido una reunión por medio de una videoconferencia con representantes de la empresa Fortescue Metals Group, quienes le habían expresado su interés en invertir en la Argentina en la generación de energías renovables y la producción de minerales en el marco de lo que denominan industria verde.
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Dudas y fantasmas luego del fallo de la Corte por la minería

Fecha de Publicación: 03/11/2021
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Corte Suprema ratificó los tres postulados principales de la ley 7722. Pero declaró inconstitucional una frase y eso generó reacción.
La sentencia de la Corte Suprema de la Nación sobre la ley 7722 hizo surgir debates, fantasmas y protestas que inquietan en Mendoza. Ese tribunal declaró inconstitucional una "frase" de la norma que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y regula los procedimientos para aprobar proyectos de esa industria. En realidad la Corte, en el mismo fallo, dio también otras señales categóricas en cuanto a la importancia del principio precautorio y hasta ratificó algunos de los postulados de la ley "antiminera". Pero la modificación de una frase, puede generar una reacción que en el Gobierno no esperaban y molesta.
El Tribunal declaró inconstitucional la referencia de la ley que habla sobre "otras sustancias" que están prohibidas, además del cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. La vaguedad; la indefinición del concepto hace, según la Corte, que sea ilegal. La causa sobre la que toma el fallo es una que surgió de manera lateral a la sentencia plenaria de la Suprema Corte de Mendoza. Es la iniciada por Minera San Jorge contra la 7722, en la Sala 2 del máximo tribunal mendocino. Allí la decisión fue casi idéntica al fallo plenario, aunque con algunas argumentaciones más. Es decir, se ratificaba la constitucionalidad de la ley, pero Mario Adaro repitió allí conceptos propios, como que para él el artículo 3 es inconstitucional y también había discriminación en la forma en la que estaba redactado el artículo 1. Como sea, Minera San Jorge presentó un recurso extraordinario que fue rechazado y, en la última instancia, la queja logró "algo" de su cometido: la Corte se avocó y ejecutó algo que parecía imposible; modificar algo de la ley 7722, la norma que más repercusión social, económica y política ha tenido en Mendoza en los últimos 20 años.

La historia
El rechazo al fallo de la Corte nacional ya generó repercusión y eso inquieta. Aunque se trata de una sentencia nacional, si hay protestas repercutirán en la provincia y reviven otros fantasmas. En diciembre de 2019, el gobernador Rodolfo Suarez impulsó la modificación de la ley en acuerdo con Anabel Fernández Sagasti. Las protestas sociales hicieron que diera marcha atrás y el impacto político fue brutal para todos. A poco del aniversario de esos hechos y, en medio de un proceso electoral, puede volver a agitarse el tema.
La ley 7722 fue sancionada en 2007 y fue el segundo intento de "prohibición" de la minería. El primero fue otra norma que fue vetada por Julio Cobos. La norma tiene tres ejes fundamentales. Primero, prohíbe el uso de sustancias tóxicas. Segundo, obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental de cualquier proyecto minero (incluso en etapa de exploración) requieran ratificación legislativa. Tercero, y de manera transversal, pone al agua como bien a cuidar. En diciembre de 2015, la Suprema Corte determinó que la ley era constitucional. Ahora la Corte nacional hizo lo mismo con los postulados principales de esa norma, salvo una excepción.
La sentencia firmada el jueves tiene una trascendencia importante. La Corte hace propios los argumentos de la fiscal Laura Mercedes Monti, quien tiene una larga trayectoria en temas no penales en ese tribunal y específicamente en temas ambientales. Ella y la propia Corte son referenciados como "pro ambiente". En el dictamen, se hace una fuerte defensa de la potestad de la provincia para legislar y regular sobre los recursos, y ratifica la legitimidad y legalidad de los tres ejes de la ley 7722: el cuidado del agua, la prohibición del usos de sustancias tóxicas (por principio precautorio) y la decisión de exigir ratificación legislativa para los proyectos mineros.
El enfoque de la Corte, incluso, puede preocupar en otro plano. Es que el Gobierno nacional busca impulsar la minería como actividad productiva y por eso hay diálogo con las provincias. El fallo sobre la ley mendocina da pie a pensar que ante litigios que puedan surgir, se puede apelar a los argumentos ratificados allí. Tanto que se reafirma que hay sustancias que son riesgosas, aún cuando ya se usan en la industria minera en San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Chubut, Jujuy, entre otras.
Tras la sentencia, la 7722 tendrá una nueva redacción "ad hoc". "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
La referencia a esas tres sustancias sigue siendo restrictiva porque prácticamente anula la posibilidad de que haya minería a cielo abierto con procesos de lixiviación para extraer oro (cianuro) y cobre (ácido sufúrico). Sin embargo. podrían emplearse otras técnicas como la flotación y el uso de xantato, como pretendía hacer Minera San Jorge. En realidad la 7722 "vieja" también lo permitía. Lo que no desaparece es la exigencia de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros; es decir el filtro político "pos análisis" técnico y ambiental de cada propuesta.
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Incendios: van más de 80 mil hectáreas quemadas este año

Fecha de Publicación: 03/11/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El sábado se controlaron los dos focos mas complejos, que llevaban días de actividad, en el oeste provincial y en Sierras Chicas.
Este sábado fue otro día muy complicado, por temperaturas y por sequía, para los incendios en Córdoba. Pero el alivio parecía llegar durante la noche del sábado, cuando un frente de tormenta ya anunciaba que habría lluvias en varias regiones de Córdoba y que el calor ya reduciría en intensidad.
Antes de que las tormentas aparecieran, bomberos y personal provincial lograron contener los dos incendios mas preocupantes que seguían activos. Uno, iniciado el miércoles en el paraje Tala Cañada, del departamento Pocho (en el oeste provincial) habría quemado en cuatro días unas cinco mil hectáreas, según las primeras estimaciones.
El otro, iniciado el jueves cerca de La Granja (en Sierras Chicas), también pudo ser finalmente controlado y, aunque amenazó de cerca a zonas pobladas, no afectó finalmente a ninguna vivienda.
Por la tarde, quedaba un fuego activo en una zona rural cercana a Los Cóndores (Calamuchita), aunque con su frente de avance contenido. El sábado por la noche, los bomberos seguían combatiendo en ese punto, mientras una tormenta prometía una ayuda clave.
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que unas 80 mil hectáreas ya se quemaron este año en Córdoba. El mayor, de más de 60 mil hectáreas, fue el incendio que por una semana afectó el norte cordobés hace un mes. El de Pocho contenido el sábado fue el segundo más grande del año. Otros graves se dieron en las zonas de Potrero de Garay y de Intiyaco, en agosto.
En 2020 se habían quemado 341 mil hectáreas (el mayor registro desde 1988). En 2019 fueron 22.500; en 2018, otras 20.900, y en 2017, 45.800.
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Cañada de Gómez: imputaron a un productor agropecuario por contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 02/11/2021
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Es el primer proceso en Santa Fe que podría llegar a la condena del arrendatario, el propietario y el aplicador por los alcances de la ley de residuos peligrosos
Un productor agrario fue imputado penalmente en Cañada de Gómez por aplicar agrotóxicos en la vivienda de una familia poniendo en riesgo la salud de las personas, envenenar el agua, el suelo y el ambiente. La novedad surgió luego de una audiencia realizada el martes último en la que la Fiscalía, con el acompañamiento de la querella, solicitó la imputación atribuyéndole en calidad de autor el delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24051 “de residuos peligrosos” por envenenamiento , adulteración o contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general . Además, se dispuso una medida cautelar que prohíbe aplicar cualquier tipo de agroquímicos a una distancia de 500 metros a contar del límite de la zona urbana.
El trámite judicial de primera instancia se basó en una investigación penal que logró producir y aportar prueba documental, testimonial, pericial e informativa que acredita los distintos hechos de fumigación de los cuales Norma Cabrera y su familia son víctimas desde 2015. En caso de que se determinar la responsabilidad se convertiría en la primera condena penal por fumigaciones con agrotóxicos en Santa Fe . La acusación Apunta Como Principales Responsables al arrendatario y productor agropecuario Jesús M., al Propietario del campo Carlos P. y al aplicador de agroquímicos Miguel A .
“La auténtica pesadilla toxicológica sanitaria que vive la familia Cabrera ya lleva seis años de historia y por lo menos dos episodios de fumigaciones concretas a 15 metros de distancia de la vivienda en la que viven (ubicada en avenida La Plata al 1700)”, explicó el abogado Rafael Colombo, quien participó de la audiencia junto a su par Lucas Micheloud en representación de Norma Cabrera, la multisectorial Paren de Fumigarnos y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Colombo, contó que “Las aspersiones comenzaron hace muchos años y continúan hasta la actualidad porque Norma denunció dos hechos más de fumigaciones durante septiembre y octubre de este año. Logramos acreditar y circunstanciar cada hecho de fumigación con fotos, con el testimonio de vecinos que narraron esos episodios y que al mismo tiempo también son víctimas”. Además, sumaron una pericia que acreditó que la denunciante tiene glifosato en su sangre y otra que detectó restos del mismo componente en el agua y en la tierra de su domicilio.

El más utilizado
“El glifosato es uno de los herbicidas más utilizado por el imputado como productor agrario y por eso se da también una relación de causalidad entre el hecho de la fumigación y el herbicida aplicado y la prueba incontrastable de carácter pericial científico que determina que Norma y el inmueble en el que ella y su familia habitan están repletos de residuos de glifosato y otros principios activos”, explicó Colombo.
Al cúmulo de pruebas presentaron también informe del director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Damián Verzeñassi, quien fue muy dirimente a los fines de acreditar los impactos toxicológicos de los agrotóxicos. Además, se contextualizó con informes y papers del ingeniero químico, Marcos Tomasoni, en relación a las derivas indeseadas de las aplicaciones que resultan incontrolables, más allá de los métodos de manejo.
Entre los aportes más importantes presentados hay numerosos informes médicos legales realizados sobre el estado de salud de Cabrera que acreditan sus distintos padecimientos en todos estos años. Hubo además un allanamiento en el campo del productor en el que se detectaron irregularidades que fueron sancionadas en el ámbito administrativo por el Ministerio de la Producción.
“Hay numerosa, incontrastable y contundente evidencia que prueba, sin dejar lugar a dudas, que las acciones que lleva a cabo el imputado en cuanto a su actividad agropecuaria se realizan de manera totalmente irresponsable e ilegal afectando particularmente la salud de Norma y la de su familia, conformada por su esposo, sus hijos y nietos”, relató el abogado y destacó que “hay implicancias de derechos fundamentales de los niños y adolescentes que se sumaron al resto de los motivos que llevaron a la Fiscalía y a la querella a solicitar la imputación al productor y arrendatario del campo en el que se llevan a cabo las aplicaciones”.

La cautelar
El otro punto importante es que en la audiencia el juez penal, Álvaro Campos, aceptó la solicitud del “cese de estado antijurídico”, una figura contemplada en el Código Procesal Penal (CCP) de Santa Fe y que básicamente consiste en una cautelar que se plantea sobre todo en aquellos ilícitos cuyas consecuencias son inmediatas y permanecen en el tiempo, mientras dura el trámite de la causa. El CPP establece así la necesidad de que los órganos del Estado eviten la continuación del delito y el padecimiento del daño que invoca la víctima.
Al respecto, Colombo precisó que “el juez aceptó literalmente la medida cautelar como lo propusieron la Fiscalía y la querella y que consiste en ordenarle al productor que cese en la aplicación de productos agrotóxicos de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros a contar del límite de la zona urbana. Además, establece la obligación de que las aplicaciones que se realicen a partir de esa distancia se ejecuten con una metodología basada en el cumplimiento de la normativa vigente, sobre todo de la ordenanza local y la legislación provincial, que exista la receta extendida por un ingeniero agrónomo, que intervenga la Municipalidad a través de la autoridad de aplicación correspondiente y un informe de verificación dentro de las 48 horas. También exige dar aviso previo a la familia y que se tengan en cuenta la temperatura y la dirección del viento”.
“Este es un avance por demás significativo porque Norma venía siendo fumigada a 15 metros de distancia y después a 150. La denuncia fue presentada en octubre de 2018. Ese mismo mes se reformó una ordenanza de fitosanitarios de Cañada de Gómez ejemplar -sancionada 1987 y ratificada en 2016- que establecía tres mil metros de distancia mínima para la aplicación de biocidas y se retrotrajo el perímetro de proscripción a 150 metros. A eso lo vamos a cuestionar en sede civil porque es manifiestamente inconstitucional por el principio de progresividad y no regresión”, adelantó Colombo.
Explicó además que “en principio fumigaban a 15 metros, luego de la modificación de la normativa pasaron a 150 metros y ahora logramos que se fijen 500 metros, lo que va en línea con lo que dispone la normativa provincial, aunque muchos municipios y comunas de la provincia de Santa Fe suelen evadir fijando distancias menores de manera completamente inconstitucional”.
Para Colombo, lo más importante fue frenar la aspersión de agroquímicos que daña la salud de la familia Cabrera y la de su huerta y granja de animales. “Además, logramos la imputación del productor y señalamos que Norma viene sufriendo persecución política por parte del municipio de Cañada de Gómez. Hay una cierta condición de hostigamiento hacia esta familia que se encuentra en situación de manifiesta vulnerabilidad, no solo sanitaria sino también social”.

Próximos pasos
Durante la semana entrante la defensa tendrá la posibilidad de apelar la medida cautelar. Si no lo hace quedará firme y la causa se encaminará hacia un escenario de juicio. “En ese contexto, tanto la Fiscalía como la querella ratificaremos todas las actuaciones realizadas para probarlas en el marco de un juicio penal contra todos los actores involucrados”, anticipó Colombo.
“Jesus M. es el exponente del modelo de agroindustria de base biotecnológica que depende de la aplicación de millones de litros de plaguicidas tóxicos. Durante todos estos años los aplicó a sabiendas de que estaba dañando la salud de la familiaCabrera. Jamás tomó medida alguna ni dio aviso para minimizar los riesgos y así evitar que se produzcan consecuencias negativas sobre la salud y el ambiente. Nunca respetó las distancias mínimas de la legislación provincial y tampoco tuvo en cuenta la dirección del viento. Nunca le importó que inmediatamente frente al campo que arrienda y en el que aplican agrotóxicos de manera indiscriminada vive una familia compuesta por un matrimonio, sus hijos y sus nietos. No le importó que esa familia posea una pequeña y modesta granja para la cría de animales y que una huerta orgánica casi dejó de existir desde el comienzo de las aplicaciones ”, concluyó el abogado.

Antecedente
El primer antecedente en el país de un juicio similar se dio en Córdoba con la renombrada “Causa Gabrielli” en la que en 2012 se condenó a tres años de prisión, con ejecución condicional, al propietario de un campo y al piloto de una avioneta fumigadora. Se los inculpó por el delito de contaminación ambiental mediante fumigaciones ilegales, en un campo cercano al barrio periférico Ituzaingó Anexo.
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"Chubut debería explotar el mayor reservorio de plata del mundo"

Fecha de Publicación: 02/11/2021
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut


"Es la mayor desidia política no poner en marcha al mayor reservorio de plata del mundo que puede dar trabajo a tanta gente de Chubut". Así lo consideró el secretario general de AOMA en Santa Cruz, Javier Castro. Fue en el marco de una nueva charla organizada por la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut. Habló del impulso que en los comienzos de la década de 1990 el exgobernador Néstor Kirchner le dio a la actividad, que hoy emplea a unas 20.000 familias de manera directa e indirecta en esa provincia.
El secretario general de la seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), afirmó que el Proyecto Navidad, ubicado en la Meseta del Chubut, “es el mayor reservorio de plata del mundo”, y consideró no obstante que “es también la mayor desidia política desde que tengo uso de razón”, por el hecho de que “no hayan podido poner en marcha esa posibilidad de trabajo para tanta gente”.
Castro fue el invitado a una nueva charla que el último viernes organizó la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM), y que fue transmitida en vivo por Facebook.
“Desde el año 1997 tengo relación directa y activa con la actividad minera”, dijo Castro, quien comentó en este sentido que a Santa Cruz “la minería extractiva llegó en el año 93-94, en una situación de la provincia que era bastante penosa”.
Al respecto recordó que en la localidad de San Julián y “en toda la provincia de Santa Cruz había necesidad de una oportunidad. El volcán Hudson había terminado de destruir la única salida fuera del Estado que era la ganadería. Y nos encontrábamos en una situación muy difícil, sin esperanzas”.

El rol de Kirchner
“La minería llegó para quedarse, y fue generando muchos recursos”, dijo, y añadió: “El entonces gobernador Néstor Carlos Kirchner impulsó, con sus aciertos y errores, una minería con participación directa del Estado, algo que hoy es casi un modelo para las restantes provincias”.
En este sentido, indicó, “la primera gran multinacional que llegó tuvo que asociarse al Estado a través de Fomicruz, con una participación directa del 7%. En ese momento desconocíamos la minería a gran escala, y fuimos aprendiendo. Hubo muchas oportunidades no solo para gente de San Julián”.
Comentó que “una vez que empezó a andar se vieron las cosas. Soy nacido y criado en Puerto San Julián, conozco de punta a punta mi provincia, y la verdad es que en lugares como Perito Moreno, Gregores y San Julián se ve lo que ha generado”.
“Podemos discutir si pudo haber sido mejor, pero es innegable desconocer que esta actividad, muchas veces injustamente vapuleada, ha generado muchísimo crecimiento y desarrollo. Y tiene para dar muchísimo más”, aseguró.
Mencionó que “los proveedores locales no estaban preparados para un desarrollo a gran escala”, ya que “no era lo mismo que una ferretería vendiera 10 tornillos en el pueblo, que de repente venga una empresa y le pida 1.000 tornillos. Fue un proceso de adaptación”.
“Es posible generar un circuito local más virtuoso. Así como nosotros aprendimos a manejar las máquinas en la minería, los proveedores también tuvieron que aprender y adaptarse. Algunos pudieron, otros están en ese camino, y otros esperan la oportunidad”, remarcó.
En este sentido consideró imprescindible “generar el circuito de la comunicación entre el Gobierno de turno, el sector empresario y los proveedores”, y dijo que en Santa Cruz “a través de legislación se está acomodando la situación para que sea útil para todos los proveedores”.
“Si vamos a lo macro, veintipico de años de una actividad es poco tiempo. Yo he tenido la posibilidad de recorrer el mundo entero en cuanto a minería se refiere y he conocido historias que asombran, de personas que eran pequeños emprendedores y que ahora incluso han crecido tanto que pudieron desarrollarse en otros países. El recurso humano está y no hay que bajar nunca los brazos”, dijo.
En relación con el empleo que genera hoy la minería en Santa Cruz cuantificó: “Hay 8.500 trabajadores directos en la minería, que son los convencionados a los que nosotros representamos; hay unos 2.000 jerárquicos, que también dependen de la minería, y unos 10.000 alrededor de la actividad en prestaciones, insumos, servicios, proveedores”.
“En total, unas 20.000 familias, a octubre de 2021, en una de las provincias con menor densidad de población. Es un impacto gigantesco, sobre todo en los pueblos del interior”, remarcó.

Zonificación minera
En este contexto se refirió a la zonificación minera que existe en Santa Cruz. Sostuvo que “una de las salidas más rápidas y efectivas en Chubut es igualar la ley de zonificación santacruceña”.
“No es mi trabajo convencer a nadie que no esté de acuerdo con la minería. Pero teniendo las reglas claras hemos demostrado que en 24 años, gracias a las fuertes políticas de seguridad, nada de lo que cuestionan quienes se oponen a la actividad sucedió”, dijo.
“Son hechos reales. No estoy hablando en abstracto. Se lo dije al sector político de Chubut durante mucho tiempo. Definitivamente tienen que ponerse los pantalones largos para tomar las decisiones, que para eso han sido elegidos”, enfatizó.
En este contexto, Castro habló de “la necesidad de definir a la minería como política de Estado porque está absolutamente probado todos los beneficios que podría traerle a cada una de las provincias y las comunidades que tienen más cercanía con el desarrollo minero”.
“No se hace minería a cualquier costo”, dijo el secretario general de AOMA. Y, en relación con los mitos que hablan de pagos en negro y de trabajos en malas condiciones, explicó que “el nivel de los salarios de minería en Santa Cruz está en los más altos actividad por actividad, con un alto nivel de sindicalización, del 98% de la totalidad de los trabajadores, lo cual es un orgullo porque es algo voluntario”.
Y dijo que “en los últimos 12 años, no ha habido una sola paritaria de otro sector que supere a la de la actividad minera”.

Proyecto Navidad
En este contexto, consultado sobre el Proyecto Navidad, dijo que “es el mayor reservorio de plata del mundo. Y es también es la mayor desidia política desde que tengo uso de razón, que no hayan podido poner en marcha esa posibilidad de trabajo para tanta gente”.
Añadió que este yacimiento de plata de clase mundial ubicado en la Meseta, entre Gan Gan y Gastre, “igualaría en cantidad de empleos a casi la totalidad de gente que está trabajando hoy en Santa Cruz en todos los yacimientos. Lo digo con todo el dolor del mundo. Porque vengo mirando la historia de la minería de Chubut, y siempre me pongo en el lugar de la gente que espera la posibilidad, porque no es más que trabajo y desarrollo lo que están pidiendo”.
Comentó, acerca de la continuidad de la minería en Santa Cruz que en Cerro Vanguardia “empezamos a trabajar en julio de 1997 y la producción comenzó en enero de 1998. Se decía públicamente que era un proyecto que iba a sacar oro y plata durante 7 años. Hoy va por el año 24 de producción, y están asegurados 4 años más, hasta 2025”.
Al respecto, Castro explicó que “hay varios factores externos, como el valor de los commodities o la situación del país, que pueden generar un punto final en un yacimiento, o hacerlo más potable”.
Y finalizó: “En plena pandemia, donde el 90% del sector industrial del mundo está casi quebrado, la minería se ha podido desarrollar, ha podido seguir creciendo, se reinventan algunos proyectos. Tenemos que aprovecharlo. Hoy el sector minero está en uno de los mejores escenarios posibles, por el valor del commoditie, por la situación del país y porque el contexto internacional demanda los recursos”.
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El Riachuelo hoy: desafíos pendientes de la mayor deuda ambiental del país

Fecha de Publicación: 02/11/2021
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


La Corte impuso su saneamiento hace 15 años, pero continúan las demoras. La infraestructura y las relocalizaciones de familias son clave: el 70% de la contaminación proviene de residuos cloacales.
Mientras los principales mandatarios del mundo debaten sobre el cambio climático en Glasgow, Escocia, en estas tierras sigue su curso una de las mayores deudas ambientales del país. La Cuenca Matanza–Riachuelo es una de las más contaminadas del planeta. Su historia está llena de percances, retrocesos y avances, que siempre saben a poco, a pesar de tener una sentencia firme de la Corte Suprema desde hace 15 años, que obliga al Estado nacional, bonaerense y porteño a que realicen acciones específicas para sanearla. Poco se sabe de cómo está hoy, tras año y medio de pandemia. Este diario recorrió buena parte del espejo de agua para intentar dar con alguna respuesta.
La navegación arranca en La Boca, donde un puñado de patos se anima a nadar y a meter la cabeza dentro del agua, cerca de la desembocadura con el Río de La Plata, adonde confluye la basura a través de sus afluentes, atravesando 14 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires. Unos metros antes del puente de la autopista que conecta con La Plata, comienza la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar), el ente autárquico encargado por mandato de la Corte para sanear la región.
Allí se encuentra la última barrera flotante de residuos sólidos que gracias a una malla subacuática intenta contener buena parte de la basura. “Ese era el sistema que se utilizaba hasta agosto principalmente. En el nuevo contrato (por cuatro años) incorporamos una limpieza más activa, que es ir a buscar el problema donde se genera, aguas arriba”, explica Ricardo Rolandi, director de Residuos de Acumar. Será el encargado de describir los paisajes por donde nos lleve Hugo, uno de los capitanes al servicio del organismo que más conoce los obstáculos bajo el agua: desde escombros que quedaron tras la construcción de viejos y nuevos puentes, hasta grandes piedras, ramas o muelles derruidos.
En total, hay 21 de estas barreras que estiradas una sobre la otra tendrían unos 1200 metros de largo. Fueron desplegadas en todo el Riachuelo y en algunos arroyos como Don Mario y Morales de La Matanza, y el Ortega de Esteban Echeverría. “Le adicionamos una serie de catamaranes que por su poco calado, profundidad y baja altura, pueden pasar debajo de los puentes e ir a sitios de difícil acceso”, añade Rolandi. La flota está compuesta por 10 embarcaciones: seis extraen basura, tres son para tareas operativas y completa una lancha de inspección. En promedio, los barcos grúas sacan unas 10 toneladas de basura por mes.
Entre otras cuestiones, el organismo controla y limpia periódicamente 300 basurales a cielo abierto de la región, de no menos de dos hectáreas cada uno. Unos 1300 trabajadores distribuidos en 49 cooperativas desmalezan las orillas y tratan de mantener fluidos los arroyos. Además, una decena de camiones se encargan de trasladar la basura a los rellenos sanitarios de la zona.
Las primeras semanas de cuarentena rígida el año pasado supuestamente deberían haber ayudado a bajar la degradación ambiental del Riachuelo por el parate industrial. Pero ni la cuarentena dio un respiro. “Uno podría haber pensado que durante la pandemia bajó la basura en la cuenca, pero a pesar de la poca actividad comercial e industrial, los residuos subieron. La gente se quedó en sus casas y aumentó el trabajo informal en los hogares, con lo cual se generó más basura”, analiza Rolandi. Y aporta un dato clave: el 70% de la contaminación está vinculada con los residuos cloacales. De fondo, queda a la vista la desembocadura de los caños y canales clandestinos. Esta situación sobresale en Villa Caraza, en Lanús, o la Villa 21-24, en CABA, pero se mantiene en los más de 2000 km2 de superficie de la cuenca. Gran parte de este problema se resolverá cuando concluyan el Sistema Riachuelo, que mejorará la conexión cloacal de unas 4,5 millones de personas, y sumará a la red a un millón y medio de habitantes.
Otra clave es la relocalización de miles de familias, sobre todo en el Camino de Sirga, la franja costera del río. Sin embargo, CABA sigue demorando las nuevas viviendas, sobre todo para la 21–24.
“Acá el agua casi no corre, camina muy poco, porque es un río típico de llanura. Eso atenta contra la limpieza porque no hay tanto escurrimiento y prácticamente carece de oxígeno, no es como otros ríos”, precisa Rolandi.
Consultado por este medio, el director ejecutivo de Acumar, Daniel Larrache, asegura que con los proyectos en ejecución se verán “cambios significativos en la calidad de la cuenca, como la construcción de un parque industrial con una planta de tratamiento para la industria curtidora en Lanús, el traslado del Mercado de Hacienda a Cañuelas, la readecuación que se hizo en el polo petroquímico de Dock Sud, el avance de las redes clocales y las plantas de Aysa en Lanús, Fiorito y Laferrere”.
A eso se suma “el control de la adecuación ambiental de las industrias que vuelcan en la cuenca. Ya deben ser menos de 800 los agentes contaminantes. Vamos hacia una producción limpia y sustentable, con normas cada vez más severas”, agrega. Con las obras finalizadas y el deseado cumplimiento de las empresas, entre 2023 y 2024, “la naturaleza debería ir recuperándose de a poco”.

Sólo el 28%
Con lentitud avanza la liberación del Camino de Sirga, uno de los mandatos más importantes de la Corte para sanear al Riachuelo. El jueves pasado comenzó la mudanza de 41 familias de la Villa 21-24 al complejo habitacional Orma, también en la zona. En noviembre se prevé el traslado definitivo de 188 familias.
En 2020 se relocalizaron 357 familias en los complejos Mundo Grúa y Alvarado, también de la Ciudad de Buenos Aires. Con estos traslados, se alcanzará apenas el 28% de cumplimiento de lo establecido en el Convenio Marco que estipula 17.771 soluciones habitacionales. Entre 2016 y 2019 CABA entregó un promedio de 129 viviendas al año.
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Cumbre de cambio climático: Argentina, entre la neutralidad de carbono y el metano de las vacas

Fecha de Publicación: 01/11/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El país podría anunciar su plan de “carbono cero” para 2050. Sin embargo, aún no está claro cómo reducirá las emisiones ganaderas, el sector local con más impacto en el cambio climático.
La COP26 será la primera cumbre formal sobre crisis climática en la que participará la gestión de Alberto Fernández. Los expertos plantean cierta incertidumbre sobre cuál será su posición.
Lo cierto es que el país está arrinconado entre dos paredes. De un lado, su promesa de transformarse en una nacional carbono neutral para 2050. Del otro, la presión internacional para que reduzca sus emisiones, a pesar de no ser una de las naciones más contaminantes (figura 30º a nivel mundial en la actualidad).
Pero todo esto significaría sacrificar dos pilares del desarrollo nacional: el yacimiento Vaca Muerta y la ganadería. Esta último es el sector que más impacta en el cambio climático. Las vacas emiten metano, un gas de efecto invernadero (GEI) 28 veces más nocivo que el dióxido de carbono (CO2) de los autos. El 21,8 por ciento de las emisiones GEI nacionales provienen de la ganadería, mientras que el transporte genera el 13,8 por ciento.
“Alcanzar la neutralidad de carbono no es compatible con el plan ganadero del país. Este plan prevé un aumento en las cabezas de ganado para los próximos años, pero es imposible lograr la descarbonización con ese camino”, asegura Catalina Gonda, del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Christopher Kiessling, investigador posdoctoral de políticas climáticas del Conicet en la Universidad Católica de Córdoba, coincide: “Es un punto muy tenso dentro del gobierno y a lo largo de la historia Argentina. No será fácil la resolución. Hay presiones desde los sectores agropecuarios del país, pero también los jóvenes reclaman acción climática e incluso un cambio en la dieta de los argentinos”.
Gonda explica que se pueden tomar medidas para que la ganadería sea menos contaminante como mejoras en el manejo veterinario y cambios en la dieta de los animales. “Pero si agregamos más vacas, es inevitable que aumenten las emisiones de metano. Y la realidad es que deben bajar todos los GEI para alcanzar la neutralidad del carbono y mantener a la Tierra en un límite climático seguro”, explica.

Presiones argentinas
Días atrás trascendió que Argentina y Brasil presionaron en la ONU para que en uno de los documentos oficiales sobre cambio climático no figure la necesidad de reducir el consumo de carne como una medida para bajar las emisiones de GEI.
El borrador del informe afirmaba que las dietas a base de vegetales pueden reducir las emisiones de GEI hasta en un 50 por ciento en comparación con la dieta occidental media. Nuestro país también pidió que en el informe no figuren otras acciones contra la ganadería como la posibilidad de un impuesto sobre la carne roja y a la iniciativa “lunes sin carne”.
Hace unos días, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con organizaciones agropecuarias defendieron el sector. “Existe evidencia científica de que la captura y secuestro de carbono del sistema productivo extensivo-pastoril compensa largamente las emisiones”, señala el documento.

Neutralidad y deuda externa
Argentina todavía no presentó el plan de mitigación para reducir emisiones del sector agropecuario y es algo que tampoco se va a dar a conocer este año. Sin embargo, sí se espera que el país presente la hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono desde 2050.
Esto significa que a partir de esa fecha el saldo de emisiones GEI debería ser cero, entre los que expulsa y lo que captura en la atmósfera.
Para Gonda será el anuncio argentino más esperado. “Es casi seguro que el presidente va a hacer énfasis en el financiamiento climático, en especial, para la adaptación a sus consecuencias, tema que siempre ha sido una prioridad para el país”, detalla.
Para Kiessling hay más presión hacia Argentina para que mejore su ambición climática aunque históricamente ha tenido menos responsabilidad. “Se están buscando resultados para lograr la meta del Acuerdo de París. La comunidad internacional cree que Argentina puede llevar acciones realizables, frente a otros países en donde el panorama es más complejo”, detalla.
Ambos expertos creen que la postura nacional será: “Más ambición pero a cambio de dinero”. “Lo más probable es que Argentina ponga sobre la mesa la deuda externa. Un especie de canje de deuda por acción ambiental. Este planteo no es tan nuevo, pero creo que excede la COP26″, asegura Kiessling.
Gonda explica que es un discurso repetido por Fernández en varios foros climáticos informales. “Es probable que lo vuelva a mencionar en la COP26. Pero no hay claridad sobre cómo podría insertarse en el marco de las negociaciones del Acuerdo de París”, asegura.
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La Corte declaró inconstitucional una parte de la 7722, aunque mantiene la vigencia gran parte de la ley "antiminera"

Fecha de Publicación: 01/11/2021
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Corte Suprema de la Nación admitió un recurso extraordinario contra la 7722. Pero solo es por la generalidad de la prohibición de "otras sustancias" además de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico para hacer minería.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó un recurso extraordinario para revisar la legalidad de una parte de la ley 7722, la norma que restringe la actividad minera metalífera en Mendoza y que ha generado una gran cantidad de polémicas y debates. La Corte falló sobre un pedido de Minera San Jorge que había recurrido a esa instancia como último paso. Los jueces en realidad ratificaron la sentencia original, pero anulan una parte de esa norma; puntualmente cuando habla de la prohibición de "otras sustancias similares". La "indeterminación" es lo que para la Corte es inconstitucional.
Es que la ley prohíbe expresamente el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Pero incluye el genérico "otras sustancias" que genera dudas. La Corte avaló el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que considera a esa mención como muy general. "El empleo de "otras sustancias tóxicas similares", se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación", dice el dictamen que avala la Corte.  "La Corte ha expresado que el art. 19 de la Ley Fundamental exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas", agrega.
El resto de la ley, incluso las prohibiciones explícitas, se mantienen. La misma Corte rechaza todos los cuestionamientos de Minera San Jorge referidos al resto de la 7722. Pero sí reabre un debate extenso. Ahora podrían avalarse sin esas prohibiciones los proyectos mineros que no incluyan las tres sustancias prohibidas expresamente. En realidad eso ya pasó: San Jorge avanzó, lo mismo que Hierro Indio. Pero además podría haber necesidad de incluir alguna norma complementaria que determine cuáles son las "otras sustancias" prohibidas. Igualmente la sentencia ya generó polémica.

Historia de una norma
La ley fue sancionada en 2007, su constitucionalidad fue cuestionada y 10 años después la Suprema Corte de Mendoza la ratificó. Es la norma más discutida luego de sancionada, porque literalmente prohibió la minería. En 2019 el gobernador Rodolfo Suarez impulsó su modificación, proyecto que fue aprobado. Sin embargo, por los fuertes reclamos sociales hubo marcha atrás y se derogó la modificación. La 7722 quedó igual que la sanción original.
Tras la sentencia de la Corte local, que había sido fundada por Jorge Nanclares, las empresas mineras recurrieron a la Nación por vía extraordinaria. Minera San Jorge fue una de ellas. Esa empresa tiene un proyecto para explotar cobre y oro en Uspallata. Fue el único que saltó las restricciones de la 7722, pero fue rechazado por la Legislatura. En realidad hay una discusión curiosa: la Corte avala el reclamo por la mención genérica "otras sustancias". Pero el proyecto San Jorge no había sido bochado por eso, pues para extraer el mineral iban a usar la técnica de flotación con el uso de xantato. El Gobierno entendía que no entraba en las prohibiciones. El rechazo de San Jorge lo hizo la Legislatura, en medio de fuertes presiones sociales (en la sesión hubo manifestantes que ingresaron a la Legislatura).
En síntesis, para la Corte nacional la ley 7722 es constitucional. Pero revisarán algunas cláusulas. "Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario, y se confirma parcialmente la sentencia apelada", dice la sentencia firmada por los ministros de la Corte Suprema.
Las prohibiciones, la necesidad de ratificación legislativa, otras de las claves de esa norma, fueron ratificadas. En ese sentido, descartó el Tribunal que se violen otras normas, como el Código de Minería, y también que haya discriminación hacia la minería. La sentencia ya generó reacciones.  
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Detectaron un desmonte cercano a la Reserva Nacional de Pizarro

Fecha de Publicación: 01/11/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Aunque se dio aviso de esta situación, se desconoce si hubo una actuación de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Hace dos semanas un grupo de la organización ambientalista Greenpeace se acercó hasta una zona de la que surgió, a través del análisis de imágenes satelitales, un desmonte ilegal de 75 hectáreas que se generó entre enero y mayo en la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento Anta.
Pese al tiempo transcurrido, hasta el momento en el que se pudo llegar al lugar, los ambientalistas se dieron con que las cenizas de la quema de los restos del desmonte eran recientes. “Se veía el humo y hasta alguna chispa”, dijo a Salta/12 el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El desmonte se realizó en la zona de amortiguación de la emblemática Reserva Nacional Pizarro, que simboliza de algún modo (para bien o para mal) cómo continúa la situación de la conservación después de haberse sancionado la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Según la información que brindó Greenpeace, “documentamos un desmonte ilegal de 75 hectáreas en la Categoría I – rojo, máxima protección en la Ley Nacional de Bosques, a sólo 5 kilómetros de la Reserva Nacional Pizarro, Salta”. Giardini sostuvo que tomó conocimiento de que en aquel momento vecinos de la zona que se incendiaba habían comunicado de la situación a la Policía y la Secretaría de Ambiente de la provincia, “Pero al parecer nadie apareció”.
El ambientalista entendió que como en las imágenes se fue acumulando la cantidad de superficie desmontada realizada mes a mes, estimaron que la actividad ilegal se realizó de a poco entre enero y mayo.
En la zona se destacan árboles como cebil colorado, palo borracho, algarrobo, quebracho, duraznillo, palo blanco palo amarillo y tipa. Se recordó que este es uno de los últimos sectores de Selva Pedemontana de Yungas, en un departamento altamente deforestado por la agroindustria. De hecho, la Reserva quedó rodeada de desmontes que se generaron durante el boom sojero.
Pobladores de la zona, en tanto, confirmaron que apenas vieron el fuego, hace unas semanas, se dio aviso de la situación. La humareda se veía en el camino vecinal que une la plaza del pueblo de General Pizarro por 22 kilómetros hasta llegar a la zona de aguas termales que están dentro de la Reserva.
El lugar está altamente modificado por los desmontes realizados por finqueros dedicados al agronegocio a escalas mayores, y productores hortícolas. En esas producciones los vecinos son testigos del uso de agrotóxicos cuyos bidones, dijeron, terminan muchas veces tirados en las aguas de los ríos o alrededor de las fincas.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, se comprometió a verificar el inicio de sumarios por este desmonte, aunque entendió que deberían haberse iniciado, dado que 75 hectáreas "no se le escapan” al monitoreo de imágenes satelitales de la provincia.
Por su parte, la organización ambientalista afirmó que mediante imágenes satelitales comprobaron que en lo que va de 2021 en la provincia de Salta se deforestaron 8.769 hectáreas de bosques nativos. “Necesitamos que se prohíba y se penalice el desmonte”, sostuvieron.
Esta semana se conoció que ingresó en el Congreso un proyecto de Ley presentado por el diputado nacional salteño Lucas Godoy, que establece penas de prisión efectiva para aquellos que hayan desmontado de manera ilegal. Además incluye una millonaria multa económica si se comprueba que se hizo la deforestación con fines de lucro.
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Recuperadores urbanos se movilizaron en apoyo al proyecto de Ley de Envases con inclusión social

Fecha de Publicación: 30/10/2021
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) realizaron hoy una movilización al Congreso de la Nación para acompañar la presentación del proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social que se hizo en la Cámara de Diputados, con la presencia del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.
El proyecto, que se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos donde también estuvieron el diputado nacional Federico Fagioli y Jacquelina Flores de la Faccyr, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) e insta a las empresas a hacerse cargo del costo de los envases que colocan en el mercado.
Asimismo, prevé que la recaudación estará destinada a fortalecer los Sistemas de Reciclado con Inclusión Social, que permitan recuperar los envases para que vuelvan a la industria y dignifiquen el trabajo de los cartoneros de todo el país, reportó la Faccyr en un comunicado.
En el país se producen 50 mil toneladas de residuos diarios, mientras que la mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario y alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo.
Actualmente, se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados, según datos de la organización.
La organización informó que los 150.000 cartoneros que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones y miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia.
Para dar una respuesta a esa problemática, el proyecto propone la implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado y premia a los que se hagan con materiales reciclables y de fácil reciclado, basándose en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP).
La federación explicó que «es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental» y «su financiamiento respecto de los envases introducidos por ellos en el mercado nacional y los envases post consumo».
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, sostuvo en un comunicado que el proyecto de ley promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para «reducir su impacto sobre el medio ambiente» e integra en el proceso a los trabajadores que se dedican al reciclado de residuos.
En ese sentido, dijo que se trata de la iniciativa de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores.
«La norma, sustentada sobre el principio de la responsabilidad extendida a las y los productores, va a servir sustancialmente a la tarea y la industria del reciclado y a ayudar a los municipios en sus políticas de separación en origen», aseguró Cabandié, según un comunicado de prensa.
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Diputados: es ley la ampliación del Parque Provincial Iberá

Fecha de Publicación: 30/10/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Se incorporaron 41.470 hectáreas en 5 lotes distintos, que pertenecen a la Fundación Rewilding Argentina. Tambien se declaró monumento histórico e integrante del patrimonio cultural de la provincia a la iglesia Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Curuzú Cuatiá.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la normativa que amplía la superficie del Parque Provincial Iberá incorporando 41.470 hectáreas que pertenecen a la Fundación Rewilding Argentina. Además se declaró “Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia” a la Iglesia Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Curuzú Cuatiá, autoría del senador David Dos Santos.
En la sesión 13 de la Cámara Baja Provincial ayer se convirtió en Ley el proyecto del Senador Sergio Flinta mediante el cual se suman 41.470 hectáreas de superficie al Parque Provincial Iberá.
Durante el encuentro, el diputado Horacio Pozo explicó a sus pares el proyecto venido del Senado Provincial y señaló “es la incorporación de 41.400 hectáreas, producto de haber identificado una serie de lotes cuyas adremas los identifican y que se incorporan formalmente  al Parque Provincial”.
“El parque Iberá es una de las joyas de la provincia. Se incorporan  4.783 hectáreas en 5 lotes distintos, que pertenecen a la Fundación Rewilding Argentina y que en el expediente consta el acto formal de la intención de transferir al Patrimonio provincial para que forme parte del Parque”.
También en la sesión se aprobó la adhesión a la Ley Nacional Nº 26872 de Patología Mamaria y sobre el proyecto, la diputada Alicia Meixner, destacó que a través de esta iniciativa se garantiza que toda patología mamaria que implique la ablación  de las mamas, tenga cobertura de cirugía reconstructiva de forma inmediata para mejorar o paliar los efectos psicológicos que tiene la paciente.
En el mismo encuentro parlamentario, obtuvo sanción la aprobación del “Consenso Fiscal 2020” y se declaró “Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia” a la Iglesia Nuestra Señora del Pilar de la ciudad de Curuzú Cuatiá, autoría del senador David Dos Santos. Además se rindió homenajes a los 38 años de la elección de Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación el próximo 30 de octubre; y a la figura del ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento.
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Se realizó la segunda Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático del año

Fecha de Publicación: 30/10/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El evento contó con la asistencia de más de 400 participantes con quienes se compartió el avance de la definición de la política climática nacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que lidera Juan Cabandié, realizó esta tarde la segunda Mesa Ampliada del año, organizada por el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) con el objetivo de fomentar un espacio de participación ciudadana e institucional y avanzar hacia una estrategia climática para el país con enfoque federal, inclusivo y justo.
La apertura estuvo a cargo del secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, quien expresó: “En las cercanías de la COP 26 y ante la evidencia científica de la realidad respecto a la problemática del cambio climático que se hace cada vez más difícil, urgente e integral, quisiéramos hacer referencia al reciente del informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que nos muestra que la situación está a nivel global, realmente mucho más compleja de lo que esperábamos y mucho antes del tiempo que planificamos”.
“Esto dio lugar a que la discusión política también incremente su nivel y su velocidad. Y por eso estamos viendo en los últimos meses una actividad muy importante de parte de los líderes del mundo que debaten con respecto a la necesidad de la ambición y la acción climática urgente, problemática que la Argentina comprende, suscribe y atiende de manera central como una política de Estado”, agregó el secretario.
Además el secretario mencionó: “Nosotros tenemos como marco normativo e institucional para la elaboración de la política climática la Ley n.° 27520, Argentina reconoce que el cambio climático demanda un diálogo y una discusión profunda porque está en juego la supervivencia de la especie humana, esto nos invita a repensar el modo en el que estamos haciendo las cosas para prepararnos al escenario adverso del cambio climático”.
El funcionario también presentó la actualización de la meta de la Contribución Determinada a Nivel Nacional y explicó: “En este marco durante el año 2020, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, se elaboró la Segunda Contribución. Asimismo, el 22 de abril, el presidente Alberto Fernández, en la Cumbre de Líderes por el Clima, comprometió que vamos a presentar ahora en Glasgow una actualización de la misma un 2 % adicional a la presentada el 30 de diciembre, así como la elaboración de una estrategia de largo plazo que se oriente a la carbono neutralidad hacia el año 2050”.
“También en el marco de la mencionada ley se estipula que se garanticen instancias de participación pública, de sensibilización, concientización y participación en todo el proceso de elaboración de las políticas públicas”, agregó Rodríguez Tornquist y detalló: “Estamos elaborando el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de cara a 2030, que se compone de distintos planes sectoriales y de planes de respuesta jurisdiccionales, porque una de las instancias centrales en la discusión es la discusión federal”.
En este sentido, el funcionario sumó: “Estamos trabajando junto con las jurisdicciones provinciales para elaborar estos planes de respuesta de manera articulada, para hacer frente a esta agenda en un marco de transición justa y sin que nadie se quede atrás”.
Junto al secretario, estuvo presente la directora del Servicio Meteorológico Nacional y vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, quien realizó una presentación de la situación climática a nivel global y nacional y la secretaria de Investigación Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa, Daniela Castro quienes participan activamente del GNCC.
A su turno, la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell expuso los avances del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y de la estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo. Los mismos serán presentados en la 26° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará del 31 de octubre al 12 de noviembre, en Glasgow.
El evento se realizó de forma virtual y fue transmitido a través del canal oficial de YouTube del Ministerio. Cabe mencionar que la Ley n.° 27520, de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, establece que la elaboración de la política climática debe garantizar la participación ciudadana y promover la articulación entre múltiples sectores y actores.
En esta línea, la segunda parte de la jornada contó con un espacio de intercambio donde las y los funcionarios respondieron preguntas de las y los participantes que se inscribieron previamente para poder participar y transmitir sus consultas y comentarios.
En este marco, participaron de esta instancia organizaciones de la sociedad civil; investigadores e investigadoras; miembros de universidades, sindicatos, comunidades indígenas; representantes de partidos políticos, gobiernos locales, sector privado; agrupaciones y grupos de jóvenes; movimientos sociales; consejos profesionales; legisladores y legisladoras; entre otros.
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