Doce empresas concentran más de 1,1 millones de hectáreas del Chaco salteño

Un relevamiento de la Universidad Nacional de Salta muestra que la mayoría de los grandes compradores de tierras son nacionales y advierte que el problema central es la concentración, el cambio de uso del suelo y la desprotección de comunidades indígenas y criollas.

En medio del debate nacional por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, un investigador salteño propone correr el foco. Al menos 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño, una de las regiones más productivas de la provincia, están en manos de apenas 12 empresas. Y la mayoría de quienes compran grandes extensiones no son extranjeros.
Los datos surgen del análisis de las grandes transacciones de tierras que realizó Cristian Venencia, doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Venencia está adscripto a la cátedra de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) e integra el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). También forma parte del equipo técnico regional de Land Matrix para América Latina y el Caribe, una iniciativa que registra las grandes operaciones de tierras en el mundo.

Una tierra cada vez más concentrada
El Chaco salteño abarca unos 7 millones de hectáreas, y alrededor del 80% es hoy propiedad privada. El resto se reparte entre comunidades indígenas, lotes fiscales, áreas protegidas y parques nacionales.
Desde el año 2000, Land Matrix registró en la región 122 grandes transacciones, de 200 hectáreas o más, ya sean compraventas, arrendamientos o concesiones a privados. En conjunto involucraron más de 1,7 millones de hectáreas: el 47% se destinó a la ganadería y el 38% a cultivos como soja, maíz y poroto. El resto corresponde sobre todo a la actividad petrolera.
La distribución es profundamente desigual. El 10% de los adquirentes concentra el 70% de la superficie transaccionada, mientras que el 10% con menos tierra apenas reúne el 0,3%. Un solo comprador acumula unas 300.000 hectáreas, parte de ellas concesionadas por la propia provincia para la explotación agrícola en Salta Forestal.

Más allá de los extranjeros
El 64% de los grandes adquirentes son nacionales, una proporción cercana a la del conjunto del país, donde llega al 67%. Le sigue China, con el 12% de las adquisiciones, sobre todo para explotaciones petroleras en los departamentos San Martín y Rivadavia. Además, la presencia extranjera se desdibuja porque muchas empresas cotizan en bolsa y operan a través de fondos de inversión integrados por personas de distintas nacionalidades.
"La extranjerización de tierra es un tema importante", reconoció Venencia. Aun así, planteó que el debate también debe incluir el acaparamiento, un concepto que abarca la concentración, los cambios en el uso del suelo y los conflictos que esos cambios generan en los territorios.

Comunidades sin títulos y sin protección
La dimensión que más preocupa al investigador es la de las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan y trabajan esas tierras desde hace generaciones, en muchos casos sin títulos de propiedad. Los registros de Land Matrix identifican niveles potencialmente altos de conflictividad donde las grandes transacciones se superponen con esos territorios. Para Venencia, la consecuencia principal es "la falta de una tenencia de la tierra segura".
Ese escenario se agravó con la caída de varias protecciones legales. El 31 de diciembre de 2025 venció la última prórroga de la suspensión de desalojos de comunidades campesinas prevista en la ley provincial 7.658, y la Legislatura no la renovó. A nivel nacional, el Gobierno derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que había permitido relevar los territorios comunitarios, aunque solo alrededor de la mitad de las comunidades de Salta llegó a ser relevada. A eso se sumó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que según el investigador abre la puerta a los desalojos sin importar la nacionalidad del inversor.

El monte y el desarrollo que no llegó
Una de las consecuencias más visibles es el desmonte en territorios ocupados por comunidades originarias. Sobre la ruta nacional 86, donde el derecho indígena fue reconocido, los desmontes continúan, en algunos casos con autorizaciones cuestionadas. Y hay situaciones en las que el acceso al agua se convierte en moneda de cambio para que las comunidades no se opongan a la tala.
Venencia vinculó ese proceso con la expansión agrícola y ganadera iniciada a comienzos de los 2000, impulsada por la soja transgénica, que prometía desarrollo para la región. "Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza", advirtió, y mencionó también los casos de desnutrición infantil en comunidades indígenas.
Para el investigador, la pregunta no es solo quién se queda con la tierra, sino para qué se usa y si quienes viven allí podrán quedarse.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, Diario Página|12, Portal Gente de Salta