Sobre pescas y faunas

Fecha de Publicación: 18/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chaco - Corrientes


Este domingo en el chaqueño Diario Norte se publicó un impactante artículo acerca de la pesca ilegal, los daños que causa y la reiteración descontrolada de la pesca clandestina. Firmado por un reconocido jurista chaqueño –el Dr. Ricardo A. González Zund– el texto se refiere específicamente al río Paraná y merece urgentes consideraciones y divulgación.
Y es que la pesca ilegal en las provincias de Chaco y Corrientes reconoce infinitos y lejanos antecedentes, más allá de la negación reiterada que ha dañado gravemente la vida y el hábitat de innumerables especies, muchas de ellas en peligro de extinción.
La gravedad de la situación es tal que hoy es de público conocimiento que en casi toda la cuenca del Paraná, hace bastante más de 20 años y casi en soledad, pescadores conscientes y entidades intermedias, amantes del Río y respetados ambientalistas vienen luchando contra la piratería que implica la pesca feroz y en defensa de la riquísima fauna ictícola del Padre Río, hoy en gravísimo peligro. Y es que desde por lo menos 2006 se procura asegurar la protección de la fauna íctica en el Padre Río.
Según González Zund “ese año obtuvimos fallo favorable contra la Provincia del Chaco, en autos “Club Yapú Guazú c/ Pcia. del Chaco s/amparo 2370/06″, fallo que fue ampliamente reproducido en el diario NORTE, que es el de mayor distribución regional.
Así en aquella ocasión se ordenó a la Provincia disponer con urgencia algunas medidas como ordenar a la Subsecretaria de Recursos Naturales la “presentación de un plan de manejo sustentable, prevención, recomposición y conservación de la fauna íctica”, Asimismo, disponer los “mecanismos necesarios para reglamentar la ley de pesca N 5268”, poner en funcionamiento un registro de estadísticas pesqueras y arbitrar los medios para implementar programas de educación ambiental en establecimientos educacionales. Y también disponer que la dirección de Fauna, Parques y Ecología del Chaco arbitrar los medios necesarios para la fiscalización y control de las medidas mínimas de peces, así como el cupo máximo por pescador conforme al art. 38 de la Constitución de la Provincia.
Lo notable y paradójico fue que esa condena –firme hasta hace más de una década– en palabras de González Zund hoy está prácticamente incumplida en su totalidad. Y tanto así que de hecho y como consecuencia de las últimas bajantes del Paraná “promovimos otro amparo para frenar la depredación”.
Además hubo otro fallo que fue apelado por la Provincia y resuelto con el concurso de ciudadanos respetables –Diego Derewicki y Fernando Heñin– con fundamentos fácticos y jurídicos incuestionables, quienes rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la Provincia.
Fue así como se autorizó la pesca comercial, aunque sólo para tres días por semana. Esta reglamentación la dictó el Poder Ejecutivo provincial autorizando la pesca solo los días martes, miércoles y jueves, quedando dispuesto que “los demás días se pesca de manera ilegal y antirreglamentaria”.
Claro que en la realidad no existe ningún tipo de control en el río y es un hecho que los pescadores comerciales no utilizan “precintos”, que es la forma de controlar cuántos ejemplares pueden pescarse por año.
Además de todo eso, es costumbre tirar los “mallones” (que es como se llama popularmente a las redes o mallas de pesca), incluso de noche y sin controles de ninguna naturaleza. Y práctica que, como si fuera poco, se hace abiertamente todos los días de la semana, violando reglamentaciones y el mencionado Decreto.
De este modo, con solo concurrir cualquier día al puente General Belgrano-–sostiene González Zund– se pueden observar numerosas canoas tirando mallones, como si nada. Y peor aún, sostiene otro informante, “las denuncias telefónicas no son respondidas, y si lo hacen, dicen que no tienen medios económicos para llegar hasta las canoas, que depredan como se les da la gana”.
Así las cosas –continúa el informe de González Zund– un pescador denominado “artesanal” o “comercial” puede –y de hecho lo hace–, sacar todos los peces que desee, sin respetar cantidades, medidas ni especies prohibidas, como el dorado y otros. Y esto todos los días de la semana, pese a la prohibición legal.
Como consecuencia de todo esto, la fauna íctica del Paraná está próxima a agotarse. Los resultados de la última Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria (Corrientes) evidenciaron el agotamiento del recurso pesquero. Salieron 270 lanchas, que en una sola jornada pescaron 30 dorados mientras en la pesca Internacional del Surubí, en Goya, Corrientes, salieron 1.460 lanchas y capturaron 116 surubíes.
En la Pesca del Dorado de 1999 –última que se hizo con 4 capturas autorizadas por embarcación– “salimos una cantidad cercana a 140 lanchas, y se pescaron más de 100 ejemplares, todos de buen porte. Años después, en 2007 y para la Pesca del Dorado en Paso de la Patria, salieron 194 lanchas y se pescaron 60 dorados.
González Zund sostiene que está “palmariamente demostrado cómo se ha agotado el recurso pesquero; que los controles no son efectivos, y que las medidas dispuestas en la última década no sirvieron para preservar el recurso. Y aunque se diga que sí se ejercen controles y que el recurso es sustentable, la realidad supera a la ficción. En el río no existe control ni de día ni de noche, que es cuando se tiran más mallones”.
Y añade: “Duele, pero es la realidad: han colado el río Paraná, y lo siguen haciendo, estamos cerca de vivir la misma realidad que se vive hoy en el río Paraguay, donde la fauna íctica fue exterminada por este tipo de prácticas, mallones y espineles.
Y remata: “Recientemente asistimos a algo lamentable y vergonzoso: el gobierno fue informado de un gran cardumen de surubíes en la zona de Confluencia. Los cables, en el Paraná, dictaron la “veda extraordinaria”, y casi inmediatamente un “piquete” náutico que realizaron pescadores malloneros, levantó la veda y después las autoridades sostuvieron “que el cardumen se había disipado”. Claro que no era cierto: la realidad la sabemos todos: el cardumen fue capturado por pescadores comerciales y deportivos. El daño ambiental no importó y el exterminio masivo de especies ícticas, tampoco.
González Zund parece desesperar cuando añade: “Podríamos contarle a los funcionarios públicos que dirigen los recursos atrás de un escritorio, sin conocer la realidad del río cómo llegan a la costa lanchas y canoas con más de 10 surubíes cada una y cómo los descargan y continúan la masacre. Hay fotos y videos en las redes, y es más: los mismos malloneros las publican, haciendo gala de la cantidad de peces que matan.
En definitiva, no solo no hay control de la fauna íctica, ni del régimen de precintos obligatorios para controlar la cantidad que se extrae, sino que tampoco se respeta la normativa legal para pescar comercialmente. Por lo que cabe reconocer que algunos han dado un paso atrás; cediendo a la presión de depredadores que sólo quieren ganar dinero y exterminar lo poco que queda en el río, so pretexto de ser su fuente de trabajo. El deficiente nivel educativo de estas personas les impide reconocer que a este paso, y en un par de años, no podrán sacar más pescados porque habrán ejecutado a todas las madres.
La pregunta para cuando llegue ese momento es: “¿qué harán?” ¿No sería más fácil y razonable buscar otra actividad laboral ahora, y ayudar a que el río se repueble y se reproduzcan las especies? Se trata de buscar soluciones, antes que sea muy tarde. Sacar todo el pescado para venderlo a frigoríficos de pescados, no tiene sentido. Que lo compren a los criaderos si desean continuar en ese negocio; pero no a costa de agotar el recurso.
Ya no queda tiempo para caminar a media agua –concluye González Zund–. La pesca comercial debe ser erradicada definitivamente del Río Paraná.
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Argentina acelera hacia el agotamiento: el Día del Sobregiro llega cada vez más temprano

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: Portal EconomíaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Greenpeace advirtió que, si toda la humanidad consumiera como Argentina, los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año se agotarían el 13 de junio.
Argentina agotará este año su presupuesto ecológico mucho antes de que termine el calendario. Según los cálculos de la Global Footprint Network, si toda la población mundial mantuviera los mismos patrones de consumo que el país, el Día del Sobregiro ocurriría el 13 de junio de 2026. La fecha marca el momento en que la demanda humana de recursos y servicios ecológicos supera la capacidad de la Tierra para regenerarlos durante un año.
El dato resulta especialmente preocupante porque refleja un deterioro acelerado: en 2025, el sobregiro ecológico argentino se había alcanzado recién el 3 de julio. Es decir, en apenas un año el límite se adelantó casi tres semanas.
Desde Greenpeace sostienen que este fenómeno no responde a proyecciones alarmistas, sino a mediciones científicas que muestran una presión creciente sobre los ecosistemas.
“A partir de junio, Argentina entra en un déficit ecológico. La ciencia nos está dando el diagnóstico exacto de un planeta con fiebre. Esta fecha no es un estimado al azar, sino el resultado del análisis riguroso de la huella ecológica y la biocapacidad”, afirmó Matías Arrigazzi, biólogo y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Día del Sobregiro en Argentina: qué revela la ciencia sobre la crisis ambiental
Para la organización ambientalista, el Día del Sobregiro es una evidencia concreta de que la humanidad está excediendo los límites físicos del planeta.
Greenpeace recuerda que ya fueron sobrepasados seis de los nueve Límites Planetarios definidos por la comunidad científica para mantener condiciones seguras para la vida. Entre ellos figuran el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso del suelo impulsado por la deforestación, la contaminación química, la alteración de los ciclos del nitrógeno y fósforo y el deterioro de los recursos de agua dulce.
A esto se suma un dato que preocupa a la comunidad científica internacional: la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera superó de manera sostenida las 420 partes por millón (ppm), un nivel que el planeta no registraba desde hace más de tres millones de años.
Mientras esos cambios ocurrieron naturalmente durante miles o millones de años en el pasado geológico, la actividad humana produjo un aumento similar en apenas siglo y medio. Para los especialistas, esta velocidad impide la adaptación de los ecosistemas y acelera fenómenos climáticos extremos.
El diagnóstico también fue respaldado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que concluyó que la influencia humana calentó la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre a un ritmo sin precedentes en al menos los últimos 2.000 años.

Cambio climático y políticas ambientales: las advertencias que el Gobierno no puede ignorar
La preocupación de Greenpeace no se limita al presente. La organización sostiene que las decisiones políticas que reducen los controles ambientales podrían agravar aún más el escenario futuro.
Durante los últimos años, organismos como Copernicus, la NASA y la NOAA confirmaron que la temperatura media global superó por primera vez el umbral de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales durante un período continuo de doce meses. Para los científicos, esta tendencia incrementa la probabilidad de eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y alteraciones profundas en los sistemas productivos.
En ese contexto, Arrigazzi advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar Argentina si continúa ignorando las señales de alerta. “La ciencia no solo sirve para alertar, sino para predecir. Si esta tendencia continúa y se siguen flexibilizando las leyes ambientales en el país, los modelos científicos predicen que Argentina sufrirá sequías e inundaciones cada vez más extremas que afectarán gravemente la economía y la seguridad hídrica y alimentaria. Ante este panorama, financiar la investigación científica, escuchar a la academia y cambiar la matriz de consumo son las únicas formas de retrasar el reloj de agotamiento de recursos”.
El mensaje de fondo es contundente: mientras los indicadores científicos muestran que los recursos naturales se consumen a una velocidad cada vez mayor, las respuestas políticas continúan siendo insuficientes. Para Greenpeace, el adelanto del Día del Sobregiro es una señal inequívoca de que el actual modelo de producción y consumo está llevando al país y al planeta hacia un escenario de creciente vulnerabilidad ambiental.
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Depredación pesquera de buques extranjeros en el Mar Argentino 

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Nacional


Una vez más volvieron a conocerse denuncias sobre la pesca ilegal por parte de buques extranjeros que operan en el Mar Argentino, la mayoría de ellos sin permiso y dentro de la zona pesquera de nuestro país. Así, un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), determinó que flotas de otros países que operan sobre el borde de la milla 201 extraen entre 1,5 y 3 millones de toneladas de recursos por año, una cifra que supera ampliamente las capturas de la industria nacional.
Se trata de una situación que se presenta hace décadas, con barcos que se llevan los mejores recursos, un verdadero botín millonario del que despojan a la Argentina sin que nada los detenga. Los datos relevados indican que mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, los buques internacionales llegan a capturar hasta cuatro veces más volumen. El estudio señala además que entre 2019 y 2024 la extracción en el Atlántico Sudoccidental aumentó un 65 por ciento.
La mayoría de las embarcaciones proviene de China, Corea del Sur y Taiwán. Cada año, entre 400 y 600 embarcaciones extranjeras se concentran en la zona para capturar recursos migratorios asociados al ecosistema argentino. Imágenes aéreas tomadas hace años desde un avión argentino mostraron lo que desde lejos parece ser una ciudad nocturna totalmente iluminada en el mar, aunque se trataba de una concentración de barcos pesqueros.
La FULASP advirtió que muchas especies están siendo capturadas antes de completar sus ciclos reproductivos, lo que compromete la capacidad de recuperación de los recursos. “El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural”, señaló el especialista.
Uno de los recursos que genera mayor preocupación es el calamar Illex argentinus, considerado una especie clave para la actividad pesquera y para la cadena alimentaria del Atlántico Sur. La organización Environmental Justice Foundation (EJF) advirtió que la combinación de sobrepesca y cambios ambientales podría provocar un colapso poblacional en apenas un año debido al corto ciclo de vida de esta especie.
De acuerdo a versiones, la presencia de esta verdadera flota de barcos que piratean la inmensa riqueza ictícola del país, llevándose una pesca que luego es enlatada y vendida a muy altos costos –en una actividad que debiera ser aprovechada por los argentinos- se vio intensificada desde principios de la pandemia, en 2020, hasta la fecha.
Distintos operadores coinciden en que faltan patrullajes, logística y decisión política por parte de la Argentina para combatir esta gigantesca depredación de sus recursos. Se han registrado últimamente ingresos masivos de pesqueros ilegales al Mar Argentino, sin que frente a ellos resultaran suficientes los escasos patrullajes y la presencia del Estado para proteger los recursos naturales del país.
Desde luego que también está en juego el concepto de la soberanía y de allí la necesidad de acudir en protesta ante los organismos internacionales, avanzando asimismo en acuerdos diplomáticos con los Estados cuyos barcos violan el espacio marítimo argentino, depredando recursos que nos pertenecen y que, si el país decidiera explotar esa enorme riqueza desaprovechada, podría allegar una enorme cantidad de divisas al país.
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¿Por qué prohibieron la pesca de merluza?

Fecha de Publicación: 19/03/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La medida se llevará adelante entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026,y fue tomada por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo dispuso una veda para la pesca de merluza en un sector de la Zona Común de Pesca del Río de la Plata entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. ¿Cuál es el motivo de la medida? Mediante esta norma se busca proteger concentraciones de ejemplares juveniles de la especie.
La resolución también prohíbe el uso de artes de pesca de fondo dentro del área delimitada durante ese período.
Además, en ese mismo sector quedará restringida la utilización de redes de media agua durante la noche.
La decisión se basa en estudios e investigaciones realizadas en forma conjunta por los equipos técnicos de ambos países. Los análisis detectaron la presencia de una zona con alta concentración de juveniles de merluza (Merluccius hubbsi), un recurso clave para la actividad pesquera del Atlántico sudoccidental.
Según indicó la comisión, la protección de estas áreas contribuye a la conservación del recurso y a su explotación sostenible en el largo plazo.
La normativa establece que el incumplimiento de la medida será considerado una infracción grave. La resolución fue comunicada a las cancillerías de la Argentina y de Uruguay y será publicada en el Boletín Oficial argentino y en el Diario Oficial uruguayo.
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"Ficha Limpia": ¿Chubut liderará la transparencia pesquera en Argentina o se quedará a medio camino?

Fecha de Publicación: 10/03/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Chubut


La reciente reforma a la Ley de Ficha Limpia genera elogios y advertencias clave. Las organizaciones ambientales reclaman acceso público a datos de embarcaciones
La Legislatura de Chubut sancionó recientemente la reforma a la Ley IX Nº 157 de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, que instituye el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera. Esta modificación, impulsada por el gobierno provincial, representa un paso concreto hacia mayor transparencia y control en uno de los sectores económicos más relevantes de la provincia patagónica. Sin embargo, la ley no garantiza el acceso libre a la información de las embarcaciones y todo parece indicar que se trata de un punto es clave para el control ciudadano y la protección de los recursos.
Organizaciones especializadas como el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde reconocen la voluntad política del Ejecutivo chubutense para fortalecer la gobernanza pesquera mediante mecanismos de integridad y digitalización de datos. Sin embargo, advierten que la norma actual presenta limitaciones críticas que impiden alcanzar estándares internacionales mínimos de acceso a la información pública.

Un avance valorado, pero insuficiente
La reforma crea el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera (artículo 12 de la modificación), que obliga a digitalizar y hacer públicos los datos referidos a sujetos y permisos de pesca. Esta medida alinea la provincia con esfuerzos nacionales de modernización administrativa y combate a irregularidades en el sector.
Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, destaca el valor de la iniciativa: “Es un avance la digitalización de los datos públicos sobre sujetos y permisos, pero no es suficiente si no se garantiza el libre acceso a la información y la vinculación con las embarcaciones pesqueras.”
La digitalización centralizada constituye un progreso significativo respecto al registro nacional de pesca, donde los datos existen en formato digital pero permanecen inaccesibles en línea. Aun así, las organizaciones insisten en que la utilidad real del sistema depende de tres pilares esenciales: acceso en línea permanente, actualización constante y libre disponibilidad para cualquier ciudadano o investigador.

El eslabón clave: publicar los datos de las embarcaciones
El principal reclamo apunta a la ausencia de un módulo público que detalle información sobre las embarcaciones pesqueras. Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, subraya la relevancia de este componente: “Los listados de embarcaciones son la piedra angular de cualquier política de acceso a la información en el sector. Los sistemas de control robustos, que se aplican en la región y el mundo, disponen de datos públicos de las embarcaciones y sus autorizaciones como herramienta para facilitar el escrutinio público y combatir la pesca ilegal.”
La publicación abierta de estos datos permitiría un escrutinio ciudadano efectivo, fortalecería la integridad del sistema y aportaría claridad técnica tanto a la autoridad de aplicación como a la sociedad. En un contexto donde Argentina carece todavía de un registro público, en línea y de libre acceso de la flota pesquera nacional, Chubut tiene una oportunidad estratégica de posicionarse como referente en gobierno abierto aplicado al sector pesquero.

Oportunidad de liderazgo nacional
Incorporar y publicar los datos de la flota provincial elevaría el estándar de transparencia en el país. Las organizaciones ambientales enfatizan que la complementación del registro actual con información detallada sobre embarcaciones robustecería el control de la actividad, facilitaría la detección de irregularidades y contribuiría a la sustentabilidad del recurso.
La reforma ya incorpora nuevas causales de suspensión y caducidad de permisos, lo que refuerza la predictibilidad y el orden en la asignación de derechos pesqueros. Sin embargo, para que el Régimen de Ficha Limpia Pesquera cumpla plenamente su propósito transformador, resulta indispensable avanzar hacia un sistema de información completamente abierto y vinculado a las unidades productivas (embarcaciones).
Chubut se encuentra en una encrucijada: puede consolidarse como vanguardia en políticas de transparencia pesquera o limitarse a un avance parcial. Las organizaciones ambientales instan a completar el esquema con la publicación efectiva de los datos de embarcaciones, un paso que no solo alinearía a la provincia con las mejores prácticas globales, sino que también potenciaría el control ciudadano y técnico sobre una actividad estratégica para la economía y el ambiente patagónico.
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Qué reformas ambientales impulsaría el Gobierno de Milei

Fecha de Publicación: 05/03/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El oficialismo avanza con modificaciones a las leyes de Bosques Nativos y Acuicultura; crecen las dudas sobre el impacto ambiental y los compromisos internacionales
Reducción de la estructura estatal y flexibilización de las regulaciones. Este parece ser el objetivo del Ejecutivo en materia de política ambiental para este año. Si bien en el incendiario discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el presidente Javier Milei se refirió poco a esta cuestión, ratificó algo repetido en esta administración: la relevancia comercial de la Argentina recae en gran medida en los recursos naturales que resguarda.
“Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”, declaró el presidente de la Nación, Javier Milei, el domingo pasado en su discurso de apertura.
Parece que para Milei algunas de las regulaciones ambientales vigentes ya llegaron a ese límite.
Al menos dos de ellas están entre los planes de reforma que la administración libertaria pretende impulsar este año. No hay claridad sobre cuándo se entregarían al Congreso; sin embargo, las discusiones ya están en curso. 
De acuerdo con información que pudo confirmar LA NACION con una persona cercana a la Jefatura de Gabinete, miembros del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) y dos fuentes que trabajan dentro de la administración libertaria, hay dos reformas en la mira: la Ley de Bosques Nativos (26.331) y la Ley Nacional de Acuicultura (27.231). Esto forma parte de un paquete de reformas ambientales que también incluía la Ley de Glaciares, una que ya obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado y que el oficialismo espera que se vote pronto en la Cámara baja.
Este medio se contactó directamente con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para recibir una confirmación oficial de estas reformas y conocer la letra chica; sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el momento.
A pesar de estar alineadas con el ideario libertario, estas modificaciones no serían planteadas por el Ejecutivo ni formarían parte de una ocurrencia presidencial, al menos en su propuesta original. Y es que desde hace tiempo, esto ha sido un pedido insistente de varias provincias desde el inicio de esta administración.
Las reformas a la Ley de Glaciares y a la de Bosques Nativos ya aparecían en el primer borrador de la Ley Bases y, aunque se desestimaron en un primer momento, nunca dejaron de discutirse. En diciembre pasado, en el informe final de la última reunión del Consejo de Mayo, las provincias insistieron en estas reformas y sumaron la de la Ley Nacional de Acuicultura.
El viernes pasado, un día después de que el Senado otorgara media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares y aprobara el Acuerdo UE-Mercosur, hubo una reunión del Cofema en la que se discutieron nuevamente estas reformas ambientales.
Los objetivos, en términos amplios, son dos: dar mayor potestad a las provincias en la regulación ambiental —y reducir la de la Nación— y disminuir los procesos que limitan la expansión, en este caso, de la salmonicultura y el desarrollo acuícola, así como de la producción agroganadera.
En materia de protección de bosques, un asistente a esa reunión, que prefirió no revelar su nombre, explicó a LA NACION que hubo dos pedidos específicos.
El primero tiene que ver con los permisos de desmonte. En las zonas verdes —la única categoría en la que puede haber tala— el gobierno nacional debe autorizar cualquier plan de desmonte. “Lo que plantean las provincias es un aviso de la tala después de haberlo hecho y no antes”, aseguró, y explicó que eso reduciría los trámites burocráticos.
Añadió: “También piden una flexibilización para la zona amarilla [de protección media] y que la autoridad provincial tenga más facultades que la Nación”. Además, en las propuestas incluidas en el informe final del Consejo de Mayo se establece la obligatoriedad de una Evaluación de Impacto Ambiental solo en los casos de desmonte y no en los proyectos de manejo sustentable, a menos que estos “tengan el potencial de causar impactos ambientales significativos”.
En el caso del proyecto de modificación de la Ley Nacional de Acuicultura, los cambios consisten en la ampliación de los sistemas de producción sin guiarse necesariamente por criterios ambientales estrictos. Se establecería que los sistemas se mantendrán “en lo posible” ecológicamente sustentables y se buscaría reforzar la potestad provincial en la toma de decisiones. Asimismo, se permitiría la producción “de cualquier especie de organismo acuático que se trate”, sea nativo o exótico. Esto sigue la misma línea de las modificaciones que la Ley de Acuicultura Sustentable de la provincia de Tierra del Fuego (1355) pasó a finales del año pasado con la intención de flexibilizar las regulaciones ambientales.
No hay certezas, pero varias fuentes mencionaron también la posibilidad de que el Estado impulse reformas a otras leyes, como la de Parques Nacionales o el Régimen Federal de Pesca. Si bien por ahora son rumores, parece haber un clima que favorece la desregulación de varias políticas ambientales, según deslizó una persona cercana a la Jefatura de Gabinete y con amplia experiencia en la política ambiental.
“Nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos. Y esta relevancia proviene del aprovechamiento de nuestros recursos”, señaló Javier Milei
Y precisó: “Me refiero a todos los recursos, a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario”.
Habría que preguntarse a qué acuerdos internacionales se refiere. Y es que tanto el Acuerdo Argentina-Estados Unidos como el UE-Mercosur o incluso los criterios de entrada para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluyen criterios de protección ambiental y cumplimiento de acuerdos internacionales. En particular, los últimos dos son muy estrictos.
El exsecretario de Cambio Climático de la Nación con amplia experiencia en las negociaciones multilaterales, Rodrigo Rodríguez Tornquist, sostuvo que habría que repasar los criterios planteados en el documento del propio Acuerdo UE-Mercosur, que en su artículo 18 fija criterios estrictos en materia de protección ambiental, respeto a acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, la Declaración de Río de Janeiro y los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Un principio común en varios de los mencionados es el de no regresión a las políticas ambientales. Algo que en una carta de alrededor de 85 constitucionalistas señalaron hace unas semanas, en la antesala de la media sanción que el oficialismo obtuvo la semana pasada.
El documento del acuerdo también establece requisitos estrictos en la trazabilidad de productos asociados a la deforestación y a la producción acuícola. “El relajamiento de las regulaciones ambientales puede significar un límite importante a la entrada en vigor de Merco Sur-UE”, opinó Rodríguez Tornquist y advirtió que este tipo de regulaciones también se reproducen en los requisitos para formar parte de la exclusiva Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un espacio al que el gobierno argentino ha trabajado por años para pertenecer.
Para Elizabeth Möhle, investigadora especializada en ambiente y política pública de Fundar, tanto las declaraciones públicas como las políticas concretas impulsadas por el Gobierno en materia ambiental generan dudas sobre cómo se administrarán las tensiones territoriales entre desarrollo y protección ambiental. “Desde ese lugar tan adversarial, no parece promisoria la forma en que lo van a administrar. Incluso, con la forma en la que obtienen la media sanción de la Ley de Glaciares: se hizo rápido y sin demasiada discusión”, planteó Möhle.
Y agregó que la planteada “federalización” de la administración de los recursos naturales también puede esconder una descoordinación nacional. “La configuración que plantean termina siendo un mix en el que son solo las provincias las que impulsan estas actividades productivas, y si tienen o no capacidades de fiscalizar en clave ambiental”, añadió.
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De calamares y otros bichos usurpados en el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 02/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Si las Islas Malvinas son un barómetro del dolor popular argentino, también lo es la preocupación ambiental y la creciente incertidumbre pesquera, devenidas hoy en prácticas de piratas contemporáneos que desde la apropiación británica imponen un carnaval de barcos depredando nuestros mares las 24 horas de cada día.
Como informa a esta columna el especialista e inigualable conocedor de la riqueza marítima argentina, el Dr. César Lerena, Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), a pesar de que las capturas del calamar Loligo (Doryteuthis gahi) han disminuido sensiblemente en los últimos años en las Malvinas, ahora se sabe que 16 grandes buques congeladores provenientes de Vigo y Marín partieron a la búsqueda de este apreciado recurso que abastece a España y gran parte de la Unión Europea.
Sin embargo –subraya también Lerena, con toda autoridad– si bien la pesca ilegal suele ser realizada por los buques nacionales en cualquier zona exclusiva, “en su gran mayoría se trata de operatorias ilegales de buques que pescan a distancia fuera de sus jurisdicciones”. Y ejemplifica con que el 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan sólo cinco países: China, España, Taiwán, Japón y Corea. Quinteto que del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones, motivo por el cual es evidente que el mayor daño no lo ocasionan los 216 países restantes, sino solo esos cinco, según el informe “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura” de 2020.
Es claro que también hay incertidumbre entre los armadores, no solo por los altos costos de las licencias en las islas, sino “por el costo que significa trasladarse y operar en aguas de las Malvinas, donde, de no capturarse un cierto volumen de la mencionada especie se producirá un gran quebranto empresario, agravado por el incumplimiento de los acuerdos comerciales relativos a la provisión de este producto”.
La preocupación encuentra sustento, además, porque en los últimos años las capturas de esta especie se han reducido en un 50 por ciento, como muestran las estadísticas del “Falklands Islands Government”. Por lo que el temor, entre pescadores y piratas, es creciente porque no se tienen precisiones sobre el origen de semejante reducción, y –como explica Lerena– “los biólogos y expertos trabajan sobre hipótesis que van desde atribuir la disminución de las capturas a la sobreexplotación del recurso por parte de cada vez más buques que son cada vez más grandes, hasta el aumento sostenido de la temperatura del océano en la región, y también a los efectos negativos que podrían estar provocando los bombardeos sísmicos aplicados a las exploraciones offshore de hidrocarburos”.
Frente a semejante escenario de incertidumbre, el medio especializado Seafood Media Group-FIS publicó un artículo el 8 de julio pasado en el que se hace eco de la observación de capturas erráticas de la flota pesquera española en las islas Malvinas. Y donde llamó mucho la atención un comentario surgido en los propios medios de prensa gallegos, que vinculaban la merma del calamar Loligo con las prospecciones de hidrocarburos y gas, tanto en aguas meridionales del Atlántico Sur, en Malvinas, como en aguas continentales de la República Argentina.
Con la idea de esclarecer estas afirmaciones, esta columna consultó al autor del artículo referido, a quien la gente de mar identifica como un severo y competente experto en Atlántico Sur, quien a través de la “Fundación Agustina Lerena” y el CESPEL conduce desde hace años un grupo de expertos dedicados a la investigación de todas las cuestiones relativas a los recursos naturales y el medio ambiente marítimo.
Es interesante señalar, además, que los medios periodísticos gallegos vienen relacionando la disminución del calamar Loligo con las prospecciones hidrocarburíferas y gasíferas en el Atlántico Sudoccidental.
Por eso, y teniendo en cuenta su experiencia, Lerena ilustró a esta columna respecto del impacto negativo de las exploraciones sísmicas, que dependiendo de las especies y sus distintos estadíos biológicos, son analizadas por organizaciones y expertos de todo el mundo. El Dr. Lerena tiene valiosos textos escritos respecto del efecto que sobre el ecosistema argentino ocasiona la pesca en Malvinas, así como también suele aludir a informes publicados de los que se desprende que no se han reducido las capturas de las especies en general en las aguas del archipiélago, salvo el de la especie Loligo, que es la más popular. En este caso la temporada 2024 estuvo marcada “por la particular decisión de no abrir la segunda temporada de este calamar en Malvinas debido a la baja biomasa”. Y así fue que en ese año solo se capturaron 48.888 toneladas, o sea el más bajo volumen registrado desde 2016, contrastante con las capturas de todas las otras especies.
Dice que es posible atribuir culpas a las intensas exploraciones sísmicas que se realizan, tanto en el área de Malvinas (Norte/Centro Sea Lion) como en las cuencas austral marina (son 6 subáreas de 86.000 Km2), Malvinas Oeste (18 subáreas de 14.000 Km2) y Cuenca Norte (14 subáreas de 100.000 Km2) todas en el Atlántico Suroccidental.
Allí, si bien los estudios internacionales no son concluyentes, esas exploraciones pueden estar dañando significativamente los estadíos larvales y juveniles del mencionado calamar, afectando gravemente su ciclo biológico y forzando a tomar medidas precautorias ante una hipotética depredación o dispersión grave de la especie.
Esos estudios –en términos generales– implican generar y registrar ondas sísmicas para estudiar el subsuelo en el proceso anterior a la explotación de hidrocarburos. Ello requiere de investigar impacto ambiental previamente, informes que -según Lerena- no deberían ser encomendados por las empresas beneficiarias, a la vez que los organismos técnicos competentes del Estado deberían no solo evaluar procesos teóricos, sino diseñar y dirigir las operaciones para garantizar que no se produzcan efectos negativos a las especies alcanzadas en forma directa o indirecta por las operaciones petroleras.
Lo cual en la Argentina nunca se hizo, porque nunca se destinaron medios económicos suficientes al INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) ni jamás se le otorgó la conducción a esa Institución, sino un mero papel de asesoramiento. En consecuencia –remata Lerena– “los estudios de Impacto Ambiental en el Atlántico Suroccidental no han pasado de la fase teórica, lo que resulta insuficiente para garantizar procesos seguros y sostenibles para las especies más sensibles de la región, como es el caso –entre otros- del calamar Loligo”.
La Fundación que preside Lerena, por cierto, viene observando exploraciones sísmicas y analiza los estudios de impacto ambiental realizados en distintos países, como Noruega, Sudáfrica, Brasil, México, Namibia y, por cierto en Argentina desde 2010 cuando la Cía. Rockhopper Exploration inició la prospección en la cuenca norte de Malvinas, descubriendo el yacimiento Sea Lion. Y a partir de 2018 cuando el gobierno argentino licitó la explotación de unos 225.000 Km2 para la explotación offshore de petróleo, adjudicando áreas a las empresas ExxonMobil, Total, Shell, Equinor e YPF.
Lerena advierte: “los estudios de Impacto Ambiental realizados para las empresas Shell y Equinor y observamos que no estarían dando las suficientes garantías para asegurar que las acciones sísmicas no afecten cuestiones relativas a la supervivencia o distribución del calamar Loligo. Con esos análisis pudimos verificar que no se tuvo en cuenta el impacto sobre el total de las especies pesqueras comerciales, en especial las migratorias, así como es evidente la ausencia de evaluación in situ de áreas y especies críticas. Y eso entre otras deficiencias metodológicas como falta de rigor científico; referencias desactualizadas, información insuficiente o errónea y carencia de medidas precautorias y de prevención y mitigación.
Lo que sí se ha podido verificar en estudios analizados es el impacto en especies sensibles como el citado calamar Loligo, cuyo declive en Malvinas causa gran inquietud ante la falta de certezas científicas. La inquietud que adquiere mayor significación cuando se trata de esta especie, que según estudios científicos in vivo sufre severas alteraciones en su comportamiento y desarrollo debido a las prospecciones sísmicas.
Una pregunta inevitable a Lerena es acerca de si se está cometiendo fraude ambiental. Por acción u omisión, y en especial si no se profundizan los estudios relativos a la sostenibilidad de las especies, ya que las puede haber gravísimas consecuencias desde el punto de vista ambiental y económico.
Y refiere finalmente Lerena: “Todos los estudios hay que optimizarlos; los que se implementen en el futuro y los vigentes, en los que se requerirá actuar con urgencia, porque las pérdidas biológicas y económicas pueden ser de magnitud y en algunos casos irreversibles”.
Y tampoco los estudios deben ser exclusivamente teóricos sino practicados en vivo y continuados. Porque además de todo, la actividad petrolera offshore podría llegar a ser muy positiva para la economía del país y la región. Pero deberá armonizarse con la actividad pesquera”. Y ser políticamente muy bien controlada.
Claro que eso sólo se verificará cuando nuestro país recupere la absoluta soberanía sobre las Islas Malvinas y todo el Mar Argentino. Entretanto, sostiene esta columna, todo es teoría. Y flacas esperanzas, a la luz de la lamentable realidad política nacional.
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Santa Fe y Entre Ríos regulan la pesca: nuevo cupo máximo y suspensión temporal de la captura comercial de sábalo

Fecha de Publicación: 02/12/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos 


Las provincias acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de la actividad. La coordinación histórica establece reglas comunes y controles equilibrados en ambos márgenes del río.
Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos dieron un paso histórico: por primera vez, ambas provincias publicaron resoluciones complementarias para regular la actividad pesquera del río Paraná, estableciendo un marco común que prioriza la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la fauna ictícola y la fuente de trabajo de los pescadores artesanales.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola de Santa Fe y responde al trabajo de integración de la Región Litoral.

Medidas acordadas
El gobierno de Santa Fe, mediante los ministros Estévez y Puccini, emitirá una nueva resolución que reemplaza la 332/2025, estableciendo un cupo máximo de captura de 900 toneladas para el trimestre enero–marzo de 2026, en línea con lo dispuesto por Entre Ríos. Además, se suspende temporalmente la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero en ambos márgenes del río.
El cupo definitivo para el resto del año se definirá en la Audiencia Pública Anual, que se realizará el 16 de diciembre de 2025, un espacio donde pescadores, cooperativas, frigoríficos y equipos técnicos participan para garantizar reglas claras y participación informada.
Entre Ríos, por su parte, adaptó su régimen semanal de prohibiciones, equiparando los días de veda en ambos márgenes: sábados, domingos, lunes y feriados. Esta armonización evita asimetrías y fortalece la eficacia del control y la conservación.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó: “Contar con una resolución construida con los actores del sector y de manera conjunta con Entre Ríos es clave. Una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada y nos permite proteger la biodiversidad del Paraná con reglas comunes y sostenibles”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, señaló que “la coordinación con Entre Ríos nos permite ordenar la actividad y darle sostenibilidad en el tiempo; cuando ambas provincias actúan con criterios comunes, fortalecemos al sector y cuidamos un recurso vital para la economía regional y los mercados internacionales”.
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, agregó: “Desde ambas márgenes del río trabajamos juntos con un objetivo definido por los gobernadores: la defensa del recurso natural. Lo central es que estamos implementando un modelo sostenible en diálogo con todos los sectores”.

Un contexto ambiental crítico que exige coordinación
El deterioro del río Paraná dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un dato contundente. Desde la bajante histórica de 2020, los niveles no se han recuperado, y los indicadores confirman la persistencia del estrés ambiental. Según informes del proyecto EBIPES, solo 6 de cada 100 sábalos alcanzan la talla reproductiva, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias por debajo de lo normal, prolongando el escenario de vulnerabilidad.
Ante esta situación, Santa Fe convocó a todos los actores del sector y coincidieron en que la situación del recurso exige ordenamiento, control y criterios coordinados entre jurisdicciones. De esta forma, se consolidó el trabajo conjunto con Entre Ríos para revisar normativas, igualar esquemas y alinear medidas que, de manera aislada, pierden efectividad. Además, se conformó una mesa técnica provincial para evaluar medidas que fortalezcan el mercado interno.

Un punto de partida para una gestión conjunta y sostenida
Este acuerdo establece previsibilidad y cuidado del recurso, y representa un punto de partida para la gestión conjunta del río Paraná. A partir de ahora, las áreas provinciales evaluarán trimestralmente la evolución del recurso y coordinarán las medidas necesarias para garantizar un modelo sostenible, equilibrado y coherente con las realidades de las comunidades pesqueras del litoral.
La decisión inicial de Santa Fe abrió un proceso de revisión y articulación que hoy se traduce en una política compartida, fundamental para proteger la biodiversidad del Paraná y fortalecer la actividad pesquera en un contexto ambiental complejo.
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Denuncian que un pesquero chino mapea la Plataforma Continental Argentina

Fecha de Publicación: 25/11/2025
Fuente: Diario La Jornada
Provincia/Región: Nacional


El barco Lu Qing Yuan Yu 205 repite en 2025 los mismos patrones de navegación registrados en 2022, lo que refuerza las sospechas de actividades científicas no autorizadas.
El buque chino Lu Qing Yuan Yu 205, perteneciente a una flota subsidiada por el Estado chino, fue detectado nuevamente realizando maniobras compatibles con tareas de prospección dentro de la Plataforma Continental Argentina, un área donde el país ejerce derechos soberanos exclusivos.
La denuncia, impulsada por el especialista Milko Schvartzman y el Círculo de Políticas Ambientales, señala que el barco repite en 2025 los mismos patrones de navegación registrados en 2022, lo que refuerza las sospechas de actividades científicas no autorizadas.
El caso reabre el debate sobre la vigilancia en el Atlántico Sur, la falta de información oficial y los antecedentes conflictivos de la flota china en la región. La gravedad del episodio que ya no es un hecho aislado es que se detectan trayectorias lentas, rectilíneas y sistemáticas, idénticas a los patrones utilizados para estudios biológicos o geológicos.

Espionaje científico
En un artículo publicado por la agencia ArgenPorts se menciona que “en aquella primera detección, el Círculo de Políticas Ambientales analizó datos satelitales de Global Fishing Watch y concluyó que el buque chino había cubierto miles de kilómetros cuadrados sobre la plataforma argentina, en maniobras que excedían la actividad pesquera habitual”.
Ese informe alertó sobre la posible realización de “trabajos científicos sin autorización del Estado argentino, un requisito obligatorio en la Plataforma Continental”. Ahora, con el regreso del mismo patrón de navegación, las sospechas vuelven a intensificarse. Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales, platea inquietudes:
“¿Quién autorizó a un pesquero chino (Lu Qing Yuan Yu 205) a prospectar la Plataforma Continental Argentina? En 2022 lo detectamos mapeando; en 2025, otra vez más al norte. ¿Es legal? ¿Y la soberanía? ¿Se ha pedido explicaciones a la Embajada de China?”.

Falta de información oficial
La Plataforma Continental Argentina, ampliada y reconocida por la ONU, otorga al país derechos soberanos sobre la exploración y explotación de recursos naturales.
“Ningún buque extranjero puede realizar estudios sin autorización previa. Sin embargo, la nueva operatoria del Lu Qing Yuan Yu 205 deja abiertos interrogantes que aún no tienen respuesta”, plantea el reporte de ArgenPorts. ¿Hubo un reclamo formal ante la Embajada de China? ¿Se activaron mecanismos de control de Cancillería o Prefectura? ¿Existe algún tipo de permiso otorgado que no haya sido informado? Hasta ahora, no se registraron comunicaciones públicas de organismos oficiales sobre la actividad del barco.

Soberanía en riesgo
El comportamiento del pesquero se suma a un historial problemático de parte de la flota china que opera en el Atlántico Sur. La región ha sido escenario de múltiples denuncias por pesca Ilegal, No Declarada y No Regulada, capturas de especies protegidas y graves violaciones laborales.
Para Schvartzman y para organizaciones como el Círculo de Políticas Ambientales, permitir que un buque con ese perfil realice tareas presuntamente científicas sin control local implica un riesgo directo para la defensa de la soberanía y la protección de los recursos estratégicos.

Fragilidad de controles
La nueva detección del Lu Qing Yuan Yu 205 reavivó los pedidos para fortalecer la vigilancia satelital y el monitoreo integrado entre organismos argentinos, así como para elevar el nivel de presión diplomática sobre flotas extranjeras. “Mientras tanto, el episodio vuelve a exponer la fragilidad del control en una zona clave para la pesca, la biodiversidad y el futuro energético de Argentina”, concluye el informe. 
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Riesgo ambiental en el río Paraná: sólo 6 de cada 100 sábalos está en edad de reproducirse

Fecha de Publicación: 11/11/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región:  Santa Fe - Litoral Argentino


“El sábalo es un eslabón clave del ecosistema y también de la economía pesquera. La evidencia científica es contundente: necesitamos reducir la presión extractiva para asegurar su sostenibilidad”, explicó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, en declaraciones que vuelven a exponer la grave situación sobre la fauna íctica. El funcionario santafesino remarcó que la veda de acopio de pescado para la venta al exterior “no afectará el consumo local ni la exportación de peces de criadero. Buscamos preservar la biodiversidad y garantizar el futuro de la actividad pesquera”, aseguró. Investigadores en la materia consultados por ERA Verde, insisten en que la medida debe ser acompañada por las demás provincias que detenta jurisdicción en la cuenca del Paraná.
Con solo 6 de cada 100 sábalos en edad reproductiva, la provincia de Santa Fe restringirá las exportaciones de esta especie a partir de diciembre. Así, busca priorizar el cuidado del ecosistema que sostiene a comunidades pesqueras y consumidores locales, aseguró en una nueva comunicación oficial donde subraya el “por qué es importante limitar la exportación de peces del río Paraná”. En este orden, se apuntó que “la medida no afectará el consumo local ni la exportación de peces de criadero. Buscamos preservar la biodiversidad y garantizar el futuro de la actividad pesquera”, afirmó el titular de Ambiente y Cambio Climático provincial, Enrique Estévez.
La decisión del gobierno santafesino se oficializó mediante la Resolución N° 332/2025 y alcanza a todas las especies cuando provengan de capturas realizadas en ambientes naturales del río Paraná y sus afluentes en jurisdicción provincial. Se argumentó que se busca “evitar el colapso ecológico”.
Consultado por ERA Verde respecto al mecanismo, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Luis Espínola, apuntó: “La suspensión de la exportación se limita a las aguas de la provincia de Santa Fe, pero la cuenca del Paraná es transfronteriza, abarcando otras provincias y países. Aunque la mayoría de los frigoríficos se concentran en Entre Ríos y Santa Fe, este punto es clave: los frigoríficos santafesinos podrían trasladar su actividad a otras jurisdicciones, reduciendo así el efecto de la ley provincial. En consecuencia, sin coordinación interprovincial o nacional, la efectividad de la medida se vería comprometida”, advirtió.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Santa Fe, a partir del 3 de diciembre de 2025, en Santa Fe quedará suspendido por un año el acopio de pescado de río -y de sus afluentes- con destino a exportación. La decisión no prohíbe la pesca ni afecta a la comercialización de peces provenientes de criaderos, pero marca un punto de inflexión para el manejo sostenible de los recursos del Paraná.
La resolución responde a un contexto ambiental crítico. Los estudios más recientes del proyecto Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de Interés Deportivo y Comercial (Ebipes), que integran Nación, provincias, universidades y la Prefectura Naval, revelan una drástica caída en los niveles hidrométricos y en la población de sábalos con capacidad reproductiva: solo 6 de cada 100 ejemplares están en condiciones de reproducirse. Este dato resulta inquietante, ya que el sábalo es la base de la cadena alimentaria del río Paraná y una de las principales especies destinadas a consumo interno y exportación, indicó Era Verde.

En riesgo
La situación crítica del sábalo se origina por múltiples factores: la bajante prolongada del río Paraná, las bajas temperaturas y la intensa presión pesquera. Los niveles actuales del cauce generan una desconexión entre el río y las lagunas de desove, lo que dificulta la reproducción natural. A esto se suma la captura de ejemplares adultos –los únicos con capacidad reproductiva–, lo que agrava aún más el panorama.
El sábalo, que se alimenta de sedimentos y materia orgánica del fondo del río, es también alimento esencial para especies como el dorado y el surubí. Por eso, su disminución impacta no solo en el ecosistema, sino también en la economía regional y en el consumo interno, ya que abastece a pescadores artesanales, frigoríficos y mercados locales.
“La restricción a las exportaciones forma parte del Plan Ictícola Provincial, dictado por la Justicia y debatido en mesas participativas con pescadores, cooperativas y especialistas. La iniciativa se alinea con las políticas nacionales e internacionales de conservación, que buscan equilibrar la explotación comercial con la recuperación de los recursos naturales”, se agregó en el parte de prensa gubernamental.
El Gobierno santafesino también confirmó que la pesca para consumo interno y la exportación de especies de criadero seguirán habilitadas. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano e Igualdad mantiene programas de asistencia para los trabajadores del sector afectados por la medida. 

Surubí, dorado y pacú
En paralelo, hace dos semanas Santa Fe estableció una veda total para la pesca comercial y deportiva del surubí pintado y atigrado, vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Durante ese período queda prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de estas especies. Además, continúan las restricciones permanentes para el dorado –solo pesca deportiva con devolución obligatoria–, el pacú y el manguruyú, cuya pesca está totalmente prohibida.
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Piden evitar el consumo de un pescado en Semana Santa porque está en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 16/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Aseguran que se encuentra en un riesgo “extremadamente alto”
Ya sea por tradición o por creencia, muchas personas eligen no comer carne roja el Viernes Santo (que este año cae el 18 de abril). Frente a esto, opciones como el pollo o pescado suelen ser las más elegidas. En este marco, la Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina recomendó evitar el consumo de un pescado en particular ya que se encuentra “en peligro de extinción”.
La organización internacional no gubernamental con sede en el zoológico de Nueva York, que trabaja para conservar la vida y los paisajes silvestres en todo el mundo a través de la ciencia, pidió que la población no compre gatuzo, un tiburón pequeño que suele ofrecerse en las pescaderías con el nombre de “cazón” o “palo rosado”.
“La especie está catalogada como Críticamente Amenazada de acuerdo a los criterios de la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto en estado silvestre“, expresó la organización en un comunicado.
Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de rayas y tiburones de WCS Argentina, resaltó: “Queremos alertar a los consumidores que el gatuzo es uno de los tiburones que habita el Mar Argentino y que está en peligro de extinción”.
Según los datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el gatuzo es el tiburón con mayor explotación comercial en la Argentina. Es por esto que en 2021 la organización diseñó una “estrategia global de 10 años” para salvar tiburones y rayas enfocada en cerca de diez lugares críticos de conservación alrededor del mundo, en donde el Océano Atlántico Sudoccidental y el Océano Indico Occidental resultaron áreas de especial de preocupación.
“Es necesario investigar e implementar métodos de pesca alternativos, selectivos, eficientes y sostenibles para disminuir la presión pesquera dirigida a especies endémicas amenazadas; mientras tanto se necesita una moratoria, es decir, que se deje de pescar por un tiempo determinado para que la especie se pueda recuperar”, agregó Cuevas.
Los datos informados por la WCS Argentina arrojaron que en las últimas cuatro décadas la población de gatuzo (o Mustelus schmitti, por su nombre científico) disminuyó más del 90%. Además, se trata de una especie con baja fecundidad y reproducción tardía, cuyas hembras paren a partir de los ocho años y de una a 16 crías por año. Estas características incrementan su vulnerabilidad frente a las presiones que afectan su población, como las prácticas pesqueras no sostenibles, tanto comerciales como deportivas.
La importancia de su conservación radica en que es uno de los tiburones endémicos del Océano Atlántico Sudoccidental, lo que quiere decir que habita exclusivamente en esta región y si desaparece en el área se extinguiría a nivel global.
“Durante Semana Santa, época en la que aumenta el consumo de pescado en la Argentina, alentamos a la comunidad a ser aliada en la conservación de los tiburones, a informarse consultando en la pescadería qué especies está comercializando, y no comprar ni consumir especies en peligro, como el gatuzo”, enfatizó Cuevas.
En el Mar Argentino hay 55 especies de tiburones que viven o migran en distintas épocas del año. En el marco del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, WCS Argentina participó en la evaluación de 35 especies de peces cartilaginosos en la región, de las cuales 20 fueron identificadas bajo alguna categoría de amenaza de extinción, debido a la sobrepesca comercial o recreativa. Y de esas 20 especies amenazadas, 15 son endémicas de esta región, como el gatuzo.
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Así opera la flota pesquera china al borde de aguas territoriales argentinas

Fecha de Publicación: 12/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Un operativo de vigilancia identificó cientos de barcos extranjeros en la frontera de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Autoridades advierten sobre el impacto ambiental y económico
Aeronaves y embarcaciones de la Armada Argentina llevaron adelante un operativo de patrullaje para monitorear la presencia de barcos pesqueros extranjeros en las inmediaciones de la Milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). La Armada detectó 380 embarcaciones, en su mayoría chinas, operando en el borde de las aguas territoriales del país.
El despliegue incluyó el uso de un avión P-3C “Orion”, especializado en vigilancia marítima, junto con aeronaves más pequeñas y buques de guerra. Este esfuerzo se enmarcó dentro de las estrategias del Gobierno para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marítimos.

Una flota de cientos de barcos en el Atlántico Sur
La presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras en los límites de la ZEE argentina es un fenómeno recurrente. Las autoridades identificaron que más del 80% de los barcos registrados navegaban con bandera china. También se detectaron embarcaciones de España, el Reino Unido y las Islas Malvinas.
Uno de los métodos utilizados por estos barcos para la captura de calamar, una especie clave en el ecosistema marino, es el uso de poderosos reflectores nocturnos que atraen a los ejemplares a la superficie.
El relevamiento permitió detectar un patrón de comportamiento sospechoso entre las embarcaciones. En reiteradas ocasiones, apagaron sus sistemas de identificación automática (AIS), lo que dificulta su seguimiento y genera sospechas sobre incursiones dentro de la ZEE.

Control y patrullaje en la Milla 200
El Gobierno argentino asegura haber reforzado la vigilancia en la Milla 200, un punto crítico donde barcos extranjeros operan en la frontera de aguas nacionales. Desde septiembre, la Armada incorporó nuevas aeronaves especializadas en vigilancia marítima para fortalecer el monitoreo.
El Ministerio de Defensa remarcó la importancia de estos operativos para evitar incursiones ilegales dentro de la ZEE. En un mensaje publicado en redes sociales, la cartera afirmó:
“En este gobierno, defendemos el mar argentino con todos los recursos a nuestra disposición. Desde la Milla 200, la Armada Argentina, bajo la coordinación del Comando Conjunto Marítimo, se mantiene firme, patrullando y vigilando y asegurando que ningún barco extranjero cruce nuestra zona económica exclusiva para saquear lo que le pertenece a los argentinos. Soberanía es acción y estamos listos para actuar y defenderla”.
Además del control aéreo, se desplegaron buques de guerra para patrullar la zona. En algunos casos, se realizaron maniobras de acercamiento a los pesqueros para documentar su actividad y disuadir posibles violaciones a la soberanía marítima argentina.

Impacto ambiental y económico de la sobrepesca
El calamar argentino es una de las especies más afectadas por la sobreexplotación. Este molusco cumple un rol fundamental en la cadena alimentaria marina y su captura descontrolada puede alterar el equilibrio del ecosistema. Expertos en conservación han alertado sobre el riesgo de colapso de las poblaciones de calamar si no se implementan mayores controles.
El aumento de la flota pesquera en el borde de la ZEE ha generado preocupación en el sector pesquero local. Darío Sócrate, director de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Jigueros, explicó que la competencia con barcos extranjeros reduce el volumen de captura para la flota argentina. Según sus estimaciones, los pesqueros nacionales logran capturar solo la mitad del calamar disponible debido a la presión ejercida por las flotas extranjeras.
Desde 2010, la cantidad de barcos operando en la zona ha crecido en casi un 30%, pasando de 400 a 550 embarcaciones. La mayoría proviene de China, cuya flota de pesca en aguas distantes se ha expandido globalmente en las últimas décadas.
En Argentina, la llegada de barcos chinos a la Milla 200 representa un desafío para la soberanía marítima y la conservación del ecosistema. La combinación de tecnología avanzada, subsidios estatales y una flota numerosa permite que estos pesqueros mantengan una presencia constante en los límites de la ZEE argentina.
El gobierno argentino ha reforzado su postura en defensa de los recursos pesqueros nacionales, apostando por mayores controles y patrullajes en el Atlántico Sur. Mientras tanto, la actividad de la flota extranjera sigue bajo la lupa de las autoridades y organismos de conservación.
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Advierten por falta de transparencia en acceso a la información pública en la pesca argentina

Fecha de Publicación: 21/02/2025
Fuente: Portal ParteDePesca
Provincia/Región: Nacional


El Círculo de Políticas Ambientales y la fundación ‘Sin Azul No Hay Verde’ presentaron un reciente trabajo conjunto en el cual advierten sobre las dificultades para contar con libre acceso a la información pública, sobre las empresas y buques que tienen asignadas concesiones estatales para la explotación de recursos naturales.
“Hacia finales del año pasado, y tal como lo establece la normativa vigente, culminó el proceso de asignaciones de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies cuotificadas, las que regirán desde el 1° de enero de 2025 por un plazo de 15 años. A pesar de que se trata del reparto de un bien público (recursos comunes de aguas de jurisdicción nacional) que genera derechos exclusivos para un aprovechamiento privado por muchos años, en generalial, este proceso es desconocido por la mayor parte de la sociedad”, dice el estudio de las ONGs.
Y agregan que “si bien las empresas pagan por el derecho a la extracción, y recientemente se ha aplicado un canon a la actividad, ello no excluye el derecho a saber de los ciudadanos acerca de la explotación de un bien público: ¿Quiénes lo explotan? ¿Cómo? ¿Cuál es el estado de los recursos?”, se interrogan en el trabajo interdisciplinario.

Por debajo de los radares del escrutinio público
Asimismo, sostienen que “como en muchos países, la pesca en la Argentina es una actividad que se mantiene por debajo de los radares del escrutinio público debido a múltiples causas, entre ellas, la falta de información pública clara y accesible, y la ausencia de espacios de participación de actores que no sean las empresas dedicadas a la actividad, los sindicatos, los gobiernos subnacionales con litoral marítimo y la autoridad nacional
En otro tramo, señalan que “la información sobre las empresas pesqueras y su desempeño y sobre los derechos de explotación de especies no es de fácil acceso público. En general, la asignación de cuotas es informada públicamente una vez hecho el reparto (de acuerdo con una ponderación establecida por la autoridad en el marco del Consejo Federal Pesquero), a través de un acta que incluye el resultado del proceso que es publicada en un sitio web oficial. Para obtener más información sobre el proceso, sobre los propietarios de las empresas o embarcaciones beneficiadas, sobre su historial de sanciones, etc., es necesario recurrir a pedidos especiales de acceso a la información a través de un procedimiento administrativo -no siempre conducente- ya que, o los datos requeridos no están publicados o están diseminados por diferentes sitios; no están accesibles al público en general o no son legibles o interpretables para actores no especializados”, aducen en el estudio realizado.

“Es muy difícil acceder a información”
El Círculo de Políticas Ambientales y la fundación ‘Sin Azul No Hay Verde’ advierten que actualmente, “la información referida a las embarcaciones y a las empresas que explotan los recursos pesqueros de jurisdicción nacional no se encuentra disponible de forma accesible, ni de manera parcial ni en su totalidad”.
“Para poder conocer datos sobre alguna embarcación específica es necesario ingresar en los registros contenidos en las actas y resoluciones del CFP. En las mismas se puede hallar información fragmentada y desordenada sobre alguna embarcación y/o sus representantes legales, así como también datos sobre especies a las que ha tenido acceso a través de permiso de pesca y/o CITC. Para los casos en que cuestiones relacionadas a embarcaciones y/o empresas no hayan requerido ser tratados dentro del CFP, y éste no se haya expresado sobre las mismas, es muy difícil acceder a información”, insisten las fundaciones que realizaron el estudio.
Asimismo, dicen que “también es posible obtener datos a través de la realización de un Pedido de Información Pública a una institución determinada mediante la plataforma de Trámites a Distancia. Esta metodología no siempre resulta exitosa, y la información que se obtiene raramente cumple en responder a lo solicitado”.
No obstante, señalan que a diferencia de otros países, “la Argentina no cuenta con un registro público de las embarcaciones de pesca, sus permisos y o CITC, sus propietarios/beneficiarios directos, sus beneficiarios finales, los derechos de explotación con los que cuentan, historial de su conducta y/o sanciones”.
Finalmente, proponen que “es necesario que las autoridades comiencen a interpretar a la Ley Federal de Pesca en el entramado más amplio de la normativa ambiental, desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental”.
En este marco, “queda claro que el acceso a la información pública clara y accesible es un derecho de todos los ciudadanos y que la pesca no es una excepción. En esa línea, la creación de un registro de embarcaciones en línea, instrumento con el que vienen trabajando varias naciones del mundo, es un primer paso para transparentar la actividad, la toma de decisiones y el desempeño de las autoridades y del sector privado”, concluyen.

Link al Informe completo
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Depredación de peces en el río Paraná: “Es necesario arbitrar medidas de preservación”

Fecha de Publicación: 18/12/2024
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Litoral Argentino


El ambientalista correntino Luis Martínez fue consultado por CIUDAD TV sobre las denuncias por depredación de peces en el río Paraná en medio del bajante y en épocas de reproducción de las especies, poniendo en peligro a la fauna íctica y resaltó el pedido para que se intensifique el trabajo conjunto entre Chaco y Corrientes.
“El río Paraná está atravesando por un periodo de aguas bajas, que se viene marcando desde el 2019, y son periodos clave donde hay de reproducción y desove de la especie de fauna ética que empieza desde octubre y finaliza en marzo. Son períodos sumamente importantes, por lo que la semana pasada hemos solicitado a los organismos de la provincia de Corrientes, como así también a los organismos de la provincia del Chaco, arbitrar medidas de preservación en cuanto a un uso más sostenible de los recursos ícticos del río Paraná y para evitar un deterioro como la depredación”, explicó Martínez.
El especialista remarcó que es “importante devolver estas especies al agua ya que son especies claves y de futuras reproducciones”; incluso algunos de “devolución obligatoria”. “Esto también deja sobre el escenario la escasez de los controles sobre el río Paraná. Es por eso que hemos solicitado a los organismos un trabajo unificado con ambas provincias y un trabajo regional para proteger a los ejemplares de fauna íctica del río Paraná ante este escenario de aguas bajas y donde quedan expuestos para la depredación”, reafirmó sobre el pedido que aún no tuvo respuesta.
“No estamos diciendo que no se pesque, lo que estamos diciendo es que pongamos sobre la mesa el contexto en el cual está el río Paraná y en las condiciones en las que está. Arbitrar medidas y reglamentaciones en cuanto a cuántas especies se puede extraer y hacer pesca de costa de subsistencia, que no haya pesca comerciales y respetar los ciclos de reproducciones de la fauna íctica”, planteó el ambientalista.
Para Martínez, “si bien la provincia de Corrientes junto con la provincia del Chaco, se ha puesto un trabajo en conjunto, hay que profundizar mucho más porque es un problema regional y proteger nuestra fauna íctica es primordial”.
“Recordemos que las fauna ícticas se reproducen aguas arriba y se alimentan aguas abajo. O sea que nosotros estamos en el punto clave de reproducción de las especies y por ende es importante un trabajo articulado y en conjunto con ambas provincias. Es importante que apoyemos y se sigan profundizando estas mesas de diálogo y así también llamar a las distintas organizaciones a ser partícipe para un trabajo que apunte hacia la sostenibilidad y un uso sostenible de los recursos del río Paraná”, concluyó.
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Luz verde a la Ley Bases y más política extractiva en Argentina

Fecha de Publicación: 17/06/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases aprobada por la Cámara de Senadores profundiza el modelo político-económico de explotación de la naturaleza, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Las grandes empresas internacionales, que ya contaban con amplias ventajas de rentabilidad y ausencia de controles, celebraron la medida. Represión en las calles y el extractivismo como política de Estado.
El Senado aprobó la Ley Bases. Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados, donde se deberá revisar las modificaciones que, aunque mínimas, hizo la Cámara Alta. La iniciativa del Gobierno beneficia a grandes trasnacionales, como mineras, petroleras y firmas del agronegocio. Todas las asambleas socioambientales, movimientos campesinos y organizaciones indígenas coinciden en que esta norma profundiza el modelo extractivo y, al mismo tiempo, incrementará la presión (y los conflictos) territoriales en Argentina. Mientras se desarrollaba la sesión, las personas que se manifestaban en el Congreso fueron ferozmente reprimidas y más de 30 fueron apresadas.
Tras un empate de 36 votos afirmativos, 36 negativos y cero abstenciones, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villaruel, resolvió a favor del proyecto del Ejecutivo. En las horas previas trascendió que la senadora Lucila Crexell será nombrada en la Embajada ante la Unesco a cambio de su voto afirmativo. También fueron llamativos los votos a favor de los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Espínola (Corrientes). "Este proyecto exacerba la matriz extractivista porque genera beneficios fiscales, financieros y cambiarios que acentúan la política de saqueo de nuestra naturaleza. Y su tratamiento fue escandaloso. Es la Banelco del siglo XXI. Más que una explicación política, hay que buscar una explicación criminal", afirmó tras la sesión Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas.
El abogado fue uno de los expositores de la sociedad civil contra la Ley Bases en la Cámara de Diputados. "Estábamos discutiendo leyes del siglo XXI y pasamos a discutir temas del siglo XIX", afirmó entonces. Ya con la aprobación de ambas cámaras, denuncia: "Estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático y de la cuestión ecológica, que además es entreguista y está manejado por grandes corporaciones. Esto le cae como anillo al dedo a Elon Musk para saquear el litio argentino, por ejemplo. Pero no hubiera salido sin la complicidad de gran parte de la denominada oposición". En la Cámara Alta hay sólo siete senadores oficialistas, por lo que la gran mayoría de los votos fueron de legisladores de otros bloques.
Al volver el proyecto a Diputados, se abren tres posibilidades: la primera es que esa cámara apruebe la ley tal como salió del Senado. La segunda es que la apruebe pero insista en el proyecto original (para eso necesita la mitad de uno). Y la tercera es que rechace todo. En caso de darse este último escenario, el tema no podría volver a tratarse durante este año. Pero para Viale no es probable que ocurra. "Hay que estudiar si no hubo complicidades por parte de senadores que acompañaron diciendo que hacían modificaciones, sabiendo que después vuelve a Diputados y se puede volver al proyecto original", apunta y concluye: "Hay que seguir más juntos que nunca defendiendo a la naturaleza, los territorios y la patria".

RIGI: las puertas abiertas para el saqueo
"Este proyecto significa más extractivismo, menos democracia y un gobierno que pone todo el aparato represivo al servicio de las corporaciones", resume Viale. La sanción del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es el mayor exponente del modelo que busca instalar la Ley Bases. Dicho régimen comprenderá proyectos de "foresto industria" (como se llamó durante el debate al agronegocio), infraestructura, minería, energía y tecnología.
Las empresas de esos rubros que hagan inversiones de más de 200 millones de dólares tendrán enormes ventajas en relación al resto de las empresas del país. Entre ellas, obtendrán una reducción en el impuesto a las Ganancias, no tendrán restricciones ni aranceles para importar maquinaria e insumos —lo que desalienta la compra a proveedores nacionales— y tampoco pagarán retenciones a las exportaciones. Sumado a eso, a partir del tercer año del proyecto no tendrán obligación de liquidar ni de ingresar al país las divisas que generen por las exportaciones que realicen. Además, tendrán prioridad en el acceso a recursos como el agua o la energía ante un escenario de escasez. Durante los próximos 30 años tendrán "estabilidad fiscal": no podrán tener modificaciones impositivas ni legales.
El RIGI fue uno de los temas que generó más polémica en el Senado por los beneficios que otorga a los grandes capitales. Sin embargo, las modificaciones terminaron siendo sólo cosméticas. Uno de esos cambios fue modificar (según se observó en el debate) "agroindustria" por "foresto industria". "Con esto estamos protegiendo al campo, a la agroindustria, a sectores tradicionales argentinos. No necesitamos que vengan grandes capitales, compren el complejo aceitero de Santa Fe, hagan un RIGI y no paguen impuestos. Esto es para actividades nuevas, como la forestal, que en Argentina está tan mal manejado que terminaron todas las pasteras yéndose a Uruguay", alegó el senador salteño Juan Carlos Romero.
Al votar de forma afirmativa, el legislador también manifestó, en relación al artículo 163, que demanda la adhesión de las provincias para la aceptación de un proyecto: "Se protege el ejercicio legítimo de las provincias. Soy reacio a que le cedamos el resguardo ambiental a la Nación o que aparezcan los grupos ambientalistas porteños a decir si es bueno o no un proyecto en la Puna. La cuestión ambiental es de las provincias".
Los senadores decidieron no resguardar el derecho al ambiente sano ante el desembarco de estas empresas. Ni siquiera cuando lo solicitó en plena sesión la senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta. "El régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales. A lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación con respecto a los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos de estos proyectos", argumentó. Y propuso agregar el requisito de que los emprendimientos den pruebas de su “sustentabilidad ambiental” para ser aprobados y que el incumplimiento de la normativa ambiental sea causal de exclusión del régimen.
Ninguna de las dos propuestas fueron tenidas en cuenta. Pero la legisladora terminó votando a favor.
En el mismo sentido votaron Guillermo Andrada, senador del PJ cercano al gobernador Raúl Jalil de Catamarca. Una de las modificaciones que propuso fue incluir un plan de desarrollo de proveedores locales, aunque no avanzaron en la contratación de trabajadores locales para los proyectos mineros. En la bancada oficialista también se sumaron los votos a favor del RIGI de Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Sin organismos ni fondos para proteger la naturaleza
La Ley también salió del Senado con otras modificaciones en materia de regulación ambiental y cesión de recursos. En el artículo 3°, de delegación de facultades, se habilita al presidente Javier Milei a avanzar en la reforma del Estado y una reorganización administrativa. Para ello, se le permite modificar la estructura jurídica, disminuir competencias o, directamente, eliminar organismos estatales. Entre los espacios claves para la coordinación y aplicación de políticas ambientales que quedarán a merced del Presidente están el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia) y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
En la Cámara Alta se exceptuó de este artículo a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).
Durante la sesión, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (UP) propuso sin éxito quitar la palabra “eliminar” de las facultades cedidas al Presidente. En tanto, el artículo 5° faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre ellos, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el Foder (orientado al desarrollo de energías renovables) y el Fodis (destinado a la promoción de generación distribuida de energías renovables).
La decisión del Congreso de avalar la posibilidad de eliminar estos fondos perjudica a las áreas protegidas como, por ejemplo, los bosques nativos. “La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques (Ley 26.331)”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Hidrocarburos para la exportación
El proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo (nacional o provincial, según corresponda), podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de esas actividades. También se elimina la prioridad del abastecimiento interno y la potestad del Ejecutivo de fijar precios.
"Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional", se lee en la iniciativa. De esta manera, se modifica la Ley 17.319 de Hidrocarburos; la 24.076, de Gas Natural, y la 26.741, por la cual se nacionalizó el 51 por ciento de YPF en 2012. Además, introduce cambios en los entes reguladores y en las leyes 15.336 y 24.065, sobre generación, transporte y regulación de la energía eléctrica.
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