Dow, cierre y contaminación: denuncian a la planta por residuos peligrosos

Fecha de Publicación: 25/11/2024
Fuente: Portal RedacciónRosario
Provincia/Región: Santa Fe


Un informe del sindicato petroquímico señala la presencia de productos químicos peligrosos en la planta del cordón industrial recientemente cerrada. El diputado Carlos del Frade reclamó explicaciones del gobierno provincial.
La multinacional Dow sigue dando que hablar en la agenda santafesina. Tras el cierre definitivo de su planta de Puerto General San Martín, fue denunciada por un informe del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), que registró –en un documento presentado el pasado 15 de octubre al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático– la presencia en la empresa de productos químicos peligrosos.
Ante esta situación, el diputado provincial Carlos del Frade elevó a la legislatura santafesina un pedido de informe al Ejecutivo. “Solicitamos la mayor información posible de parte de los Ministerios de Trabajo, Ambiente y Cambio Climático y Salud de la provincia de Santa Fe”, indicó el legislador del Frente Amplio por la Soberanía.
 La denuncia del Soepu en la cartera ambiental santafesina fue sobre “riesgo a la vida de los trabajadores y a la población circundante”, del cordón industrial, “solicitando aplicación de sanciones administrativas y medidas preventivas y urgentes”, recordó el periodista y dirigente político.
El gremio apuntó que dentro la planta existen 200 toneladas de óxidos de propileno, “producto altamente peligroso si se almacena en condiciones no seguras, ya que el óxido de propileno puede polimerizarse (autorreaccionar) debido al calor elevado o a la contaminación, lo que puede provocar la ruptura y explosión de contenedores en los que se encuentre”.
Además, el Soepu agregó que se encontraban 50 toneladas de dowanol PM, también clasificado como peligroso porque contiene líquidos inflamables, toxicidad aguda y también específica en determinados órganos.
Por otro lado, la misma empresa informó al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que “el suelo y las aguas subterráneas de su planta industrial ubicada en Puerto General San Martín se encuentran contaminadas con productos extremadamente peligrosos para la salud de los trabajadores y de la población en general”.
Esos productos son: tetracloruro de carbono, clorofomo, dicloroeteno, zinc y material sólido blanco. “La empresa habría detectado algunos de estos compuestos en los límites del establecimiento lo que transforma la situación no sólo peligrosa para el personal existente dentro del establecimiento sino también para la población circundante”, sostuvo en su momento la denuncia del gremio del cordón industrial.
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Contaminación ambiental: empresarios azucareros deberán pagar 80 millones de pesos por arrojar residuos peligrosos al agua

Fecha de Publicación: 18/11/2024
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán


En el marco de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, la justicia federal de Tucumán determinó que los directivos de la firma “Azucarera J.M. Terán SA”, que explota el ingenio “Santa Bárbara”, deberán abonar una indemnización de 80 millones de pesos por provocar daños ambientales con sus actividades industriales. Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal tras homologar la propuesta presentada por los fiscales Pablo Camuña y Daniel Weisemberg.
Los hermanos Julio José Colombres y José Agustín Colombres, máximos responsables de la empresa azucarera, enfrentaban cargos por contaminar los ríos Chico y Salí-Dulce y violar, de ese modo, el régimen penal de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24051, que reprime a todo aquel que, utilizando determinados desechos, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general”.
Dicha normativa también aclara que cuando esas conductas “se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.
El proceso contó con la intervención de la jueza subrogante Carina Frías del Tribunal de Santiago del Estero, quien a través de su homologación validó la postura acusatoria respecto al acuerdo como una herramienta legal idónea para reparar los perjuicios ocasionados en la comunidad de Santa Bárbara, situada a 100 km al sur de San Miguel de Tucumán.
Según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), el dinero será abonado en cuatro cuotas semestrales ajustadas por inflación y se destinará a obras que mejoren la calidad de vida en las zonas afectadas por la contaminación residual, derivada de una operatoria industrial sin los controles y certificaciones ambientales correspondientes.
Si bien los empresarios fueron eximidos de realizar labores comunitarias en virtud de su avanzada edad, deberán implementar una reconversión estructural en sus plantas para adecuarlas a las normativas vigentes. En esa línea, los empresarios dejaron asentado su compromiso para llevar adelante auditorías periódicas dentro del ingenio para lograr procesos productivos más limpios y sostenibles en el tiempo. El propósito, según informó el MPF, tiene como norte reducir la posibilidad de futuros impactos ambientales en la región.
El expediente tuvo su origen en 2006 por medio del impulso fiscal de Gustavo Gómez, que recibió información de la Dirección de Medio Ambiente respecto a posibles daños ambientales producidos por afluentes líquidos arrojados por la compañía azucarera en el río Chica, que sale al río Salí y desemboca luego en la cuenca del Dique Frontal. Si bien en primera instancia los empresarios resultaron sobreseídos, las actuaciones llegaron hasta la Cámara Federal de Casación, desde donde se dispuso el dictado de una nueva resolución.
La contaminación fue corroborada por diferentes informes y estudios especializados que dieron cuenta de la alteración nociva en el agua. Con ese sustento fáctico, Camuña y Weisemberg promovieron el acuerdo con los imputados para resarcir el daño colectivo. Los hermanos Colombres, por otro lado, firmaron distintos convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para recomponer los pasivos ambientales de la zona y contar con un auditor que controle la producción limpia.
Un caso similar sucedió en septiembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial homologó dos condenas de tres años de prisión de ejecución condicional para Alicia Inés Petit, presidenta del directorio del ingenio azucarero La Corona, y Enrique Fausto González, director de la misma empresa. Ambos fueron condenados por haber cometido delitos de contaminación ambiental en la localidad tucumana de Concepción y por afectar la salud de su población durante un periodo que abarca desde 2006 hasta 2017.
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El Gobierno no quiere la ley que impulsan las provincias y prepara una propia

Fecha de Publicación: 11/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Daniel González, exCEO de YPF y hombre de confianza de Luis Caputo en cuestiones energéticas, propone desregular más el mercado de lo que prevé la iniciativa provincial.
El proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por provincias productoras de biodiesel y bioetanol pierde fuerza en el Congreso, mientras que el gobierno trabaja en una propuesta alternativa más desreguladora.
Este enfoque, liderado por Daniel González, exCEO de YPF, busca mayor consenso e incluye consultas con petroleras, fabricantes de autos y productores de biocombustibles. La reciente designación de María Carmen Tettamanti en la Secretaría de Energía añade desafíos, ya que las provincias habían negociado con el funcionario anterior. La postura del gobierno podría afectar a las empresas no integradas a grandes aceiteras, favorecidas en el proyecto provincial.

¿Oportunidad perdida?
Tras un primer intento fallido de eliminar las regulaciones del mercado de biocombustibles, las "provincias bio", lideradas por Santa Fe, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto que equilibrara los intereses de todos los sectores, introduciendo reformas para abrir la competencia. A pesar de las tensiones internas entre fábricas integradas y no integradas a aceiteras, y entre productores y petroleras, se logró consenso en que la nueva propuesta era mejor que la actual.
Sin embargo, las demoras en el Congreso provocaron divisiones. Las grandes aceiteras, que inicialmente decidieron no criticar el proyecto, comenzaron a rechazarlo públicamente, alegando que no incentivaba la competencia ni nuevas inversiones. Por su parte, las petroleras, que podrían ingresar al mercado solo si la demanda aumenta considerablemente, empezaron a reactivar su lobby contra el proyecto, que no favorece una liberalización total del mercado.

Batalla de fondo
La normativa impulsada durante el kirchnerismo asignó a las aceiteras internacionales el mercado de exportación y a las empresas nacionales no integradas a aceiteras el mercado interno, con cupos y precios fijados por el Estado. Inicialmente, esta ley favoreció la inversión en grandes plantas y creó una red de empresas nacionales, pero con el segundo mandato de Cristina Kirchner surgieron problemas, como la restricción de exportaciones y la congelación de precios.
Bajo el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de liberalización que no se concretaron, y el gobierno de Alberto Fernández modificó la ley para reducir el corte obligatorio, cediendo a las demandas de las petroleras. El gobierno de Javier Milei intentó desregular el mercado, pero fracasó. Ahora, las provincias han propuesto un nuevo proyecto que busca un consenso entre los sectores, aunque aún sin avances legislativos significativos. El gobierno actual sigue promoviendo una nueva ley más liberalizadora del mercado.
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Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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La Justicia Federal ordenó a Barrick pagar una multa millonaria por lo exportado

Fecha de Publicación: 23/10/2024
Fuente: Portal Minería y Desarrollo
Provincia/Región: Mendoza  - Nacional


Un fallo de la Cámara Federal de Mendoza pone en discusión cuál es el tope a las retenciones en la minería del oro, ya que la decisión que se conoció la semana pasada impone que se considere una alícuota del 12% a las retenciones mineras y no el tope del ocho por ciento (8%) establecido por el artículo 52 de la Ley N° 27.541 -sancionada el 23 de diciembre pasado-.
Esto se produjo luego de un recurso de queja que impulsó la AFIP (Aduana) cuestionando un fallo de primera instancia aquí en San Juan -dictado por el titular del Segundo Juzgado Federal, Leopoldo Rago Gallo- que benefició a Barrick y por el que ahora, y además, se le reclama unos 8 millones de dólares por diferencias de retenciones mal liquidadas.
Según el cálculo realizado por Barrick, detallado en el mismo escrito judicial, el cambio de porcentajes a pagar por derechos de exportación le provocará un “daño de veintidós millones de dólares (U$S 22.000.000) -diferencial de derecho de exportación entre la tasa del 12% y el tope legal del 8%-”, atento que las ventas previstas del oro de Veladero para el 2020 “llegan a una suma de setecientos veintidós millones de dólares estadounidenses (U$S 722.000.000)”.
A esto se agrega que como el pago de las retenciones quedaron con efecto devolutivo y no suspensivo, hasta que la sentencia quede firme, Barrick deberá pagar el 12% por tasas de exportación a la AFIP (Aduana) por lo que está obligada a pagar una diferencia de casi 8 millones de dólares, más los intereses por el 4% no liquidados en los últimos meses previstos en el Art. 794 del Código Aduanero.
Los representantes legales de Barrick, antes de que se conociera la sentencia en su contra, fueron durísimos en los escritos en contra de la posición de la AFIP (Aduana) local y llegaron a sostener que tener que defender sus derechos puso “en riesgo sanitario a sus propios abogados y a sus funcionarios” al dar a entender que esa situación se verificaría al haber reclamado un pedido de habilitación de Feria y en su recurso extraordinario.
Destacaron también que el nuevo esquema tributario los obliga a afectar una suma multimillonaria al pago de tributos “ilegales en lugar de preservar ese dinero para el mantenimiento de sus operaciones y el pago de sueldos”.
Agregaron, además, una amenaza de futuras acciones cuando señalaron que: “La promoción de la demanda y todo lo actuado en consecuencia es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Aduana, que deberá hacerse responsable por las consecuencias de sus acciones y omisiones.”
El escrito original de Barrick pedía también que se ordenara a la AFIP (Aduana) abstenerse en el futuro de aplicar derechos de exportación superiores a ese tope y reintegrar los pagos ya hechos en exceso de él.
Sin embargo, la Justicia Federal le negó este pedido y ahora le intima a pagar 8 millones de dólares extras por diferencias de pago de retenciones.
Todo hace suponer que los jueces federales de Mendoza terminaron de aprobar el planteo de la AFIP (Aduana) sobre la base de los números que la propia empresa le entregó al juzgado y que darían a entender la factibilidad del cobro de tributos en medio de una escalada histórica del precio del oro en el mundo.
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La versión cordobesa del RIGI: una norma hecha para impactar en el ambiente y delegar superpoderes

Fecha de Publicación: 22/10/2024
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba


Con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, la Legislatura adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que tendrá alto impacto ambiental. La oposición cuestionó la falta de debate sobre los alcances y tildó la delegación de facultades como un “cheque en blanco”.
La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles la adhesión a la ley nacional que impulsa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases de Javier Milei, y ahora sancionado en Córdoba con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. La versión local incorporó “beneficios extras” para Córdoba con el objetivo de atraer más capitales, según argumentó el oficialismo.
El proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora -que ingresó 24 horas antes- se salteó el debate en comisiones y fue tratado sobre tablas pese a los reclamos opositores. Al final de la noche del miércoles, con una protesta de sectores socio ambientales afuera de la Unicameral, el PJ logró reunir los votos y darle vía libre al RIGI en la provincia.

Pero, qué es el RIGI
La normativa establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar proyectos de inversión de gran envergadura en sectores que el Gobierno nacional denomina “estratégicos” por el impacto que tienen en la economía.
Apunta a inversiones cuya magnitud supere los 200 millones de dólares, según la Nación para que “mejoren el clima de negocios” y se atraiga tanto inversores locales como extranjeros, aunque dado el tamaño de las inversiones requeridas es posible que los proyectos de mayor porte provengan de capital extranjero.
Entre los sectores a los que apunta el RIGI, están: minería (explotación de minerales), tecnología (desarrollo de bienes y servicios tecnológicos innovadores con foco en la biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otros), siderurgia (industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones), forestoindustria (industrialización y explotación de recursos forestales), turismo (relacionado al desarrollo de hospedajes, alojamientos y otras infraestructuras turísticas), infraestructura (construcción de redes y sistemas públicos y privados que incluyan transporte, logística y proyectos de esparcimiento), energía (generación y distribución de energía, incluyendo fuentes renovables, como así también proyectos energéticos de gran envergadura en energías renovables como no renovables), petróleo y gas (incluye exenciones de derechos de importación para infraestructura relacionada con la explotación de hidrocarburos, petroquímica y gas natural licuado).

Superpoderes al Ejecutivo provincial
“Hay actores del entramado productivo que no fueron escuchados, donde sabemos que también hay muchos temores porque son sectores -como el caso de las pymes- que podrían verse perjudicados por incentivos dirigidos a actores que pueden entrar en una suerte de competencia desleal con productores locales”, dice a LNM la legisladora Brenda Austin (UCR) sobre la falta de debate en comisión del proyecto oficialista que además, en su artículo tres, delega facultades al Gobernador para determinar quiénes serán los beneficiarios de los “millonarios incentivos” para invertir.
Para Austin, no puede existir una ley que brinde beneficios a inversores por 30 años con estabilidad fiscal y normativa y cuya decisión “quede en manos de una sola persona”.
“El gobernador puede determinar la ampliación de los beneficios del RIGI sin siquiera establecer un límite a las categorías o actividades que puede llegar a alcanzar o cuáles son esos tipos de beneficios que podrían obtenerse”, cuestiona la legisladora provincial y agrega que “una pregunta muy atinada” que se hizo en la sesión del miércoles fue “cuánto vale esa firma” ante tanto poder delegado para otorgar beneficios a grandes inversores.
“Creemos que esa era una de las razones más fuertes por las que gran parte de la oposición votó en contra. Este artículo de delegación de facultades abre un universo muy incierto con respecto al verdadero alcance que va a tener el RIGI en Córdoba”, explica Austin y añade que esto va a poner en riesgo a los actores que hoy representan el gran empleador de la provincia que son las pymes, que dan más del 80% de la mano de obra de Córdoba.
Tras la adhesión al RIGI con una versión local, para la referente de la UCR ahora se abre un nuevo capitulo que tiene que ver con cómo se reglamentará y cómo se controlará dicha normativa: “Estamos pensando alternativas para que este superpoder en manos del Gobernador sea estrictamente controlado, algo que tampoco está en el proyecto aprobado y que por lo menos la Legislatura de los ciudadanos tengamos derecho a saber a quiénes les van a estar otorgando estos beneficios”.

El artículo 165 y la vulneración de leyes ambientales
“Nosotros somos muy críticos con lo que implica en términos de entrega porque hasta los propios empresarios a nivel nacional estaban sorprendidos de la generosidad de todo lo que se ofrece el RIGI, prácticamente sin nada a cambio, porque estas inversiones tienen pocos condicionamientos”, dice a este medio la legisladora Luciana Echeverría del MST en el Frente de Izquierda Unidad en Córdoba, uno de los espacios más críticos con la normativa y que forma parte de la campaña plurinacional en contra del RIGI y su impacto en los recursos nacionales.
Echeverría indica que la legislación a la que adhirió Córdoba plantea que la utilización de divisas se liberan completamente en el tercer año y por lo tanto, los inversores “se pueden llevar todo y no dejar nada acá”. En los primeros años, la inversión puede llegar solo al 40% y podría en algunos casos reducir al 20% por lo que “ni siquiera van a ser dólares que van a ingresar rápido”, dice la legisladora y agrega: “Todo esto también con beneficios por 30 años con lo que significa eso”.
Por otro lado, entre las mayores críticas sobre todo de sectores ambientalistas, se hace foco en el artículo 165 de la ley que establece que las “grandes inversiones que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país”, por tanto, “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido”, tanto a nivel nacional, provincial o municipal “será nula, de nulidad absoluta e insanable”, y la Justicia competente deberá, en forma inmediata impedir su aplicación.
“Esa parte es la que más nos preocupa, que deja sin efecto leyes ambientales que con tanta lucha y esfuerzo se fueron conquistando a lo largo de los años, más allá que tampoco se las cumple mucho, pero son herramientas de protección que quedarían sin efecto para favorecer estos tipos de emprendimientos”, destaca Echeverría y puntualiza que el discurso del oficialismo “por lo bajo dice que acá no hay litio ni petróleo y que entonces no afectaría el medioambiente, pero hablan incluso de una planta de "biojet" para aviones, donde ya sabemos que toda la producción de biocombustibles implica a la ampliación de las fronteras agropecuarias, el uso de agroquímicos, desmontes, y demás”.
“Otra de las cosas que plantean es la producción de cal para la industria del cobre, lo cual significa dinamitar las sierras. Y también los tipos de emprendimientos turísticos como un parque acuático -como ya se venía diciendo-, en la zona de Paravachasca que sufre estrés hídrico y ponerle un parque acuático, es complejo”, agrega Echeverría.
Para la legisladora, lo que ofrece el Gobierno "es mucho más que solo beneficios". Cuando la Provincia plantea facilitar infraestructura, puede ser más autovía, más rutas. Es decir, “por todos lados afectaría al ambiente” y es una normativa que, como lo dicen organizaciones como Fundes, en ningún lado establece la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental ni hacer procesos de audiencias públicas, nada. “La ley no habla de sanciones a la violación de normas protectoras porque justamente el artículo 165 va para el lado contrario, es un entrega de soberanía completa porque las condiciones son realmente complejas”, plantea Echeverría.

Judicialización del RIGI
“Lo primero que hay que decir es que es básicamente una norma inconstitucional y será inevitable que se judicialice porque no se puede a través de una norma ignorar el cumplimiento incluso de tratados”, dice el biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, que forma parte de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam). “En el caso del RIGI, no solamente colisiona con la Constitución sino también con el acuerdo de Escazú- que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y además, es el primero en el mundo en contener disposiciones de protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales-. Además, va en contra de la base del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas”, plantea.
En la misma línea de cuestionamientos, Montenegro indica que cualquier proyecto que entre en la norma del RIGI será provisto de una serie de inmunidades para los daños ambientales, es decir que la propia definición el RIGI lo que hace es institucionalizar inversiones de alto impacto ambiental sin consecuencias legales a quienes hagan ese tipo de impacto negativo ambiental.
“Sin eufemismos, el RIGI es una normal hecha para impactar el ambiente y en el caso de Córdoba, entre las provincias con peor administración ambiental en el país, llega en un momento de vulnerabilidad ambiental extrema, donde por ejemplo, queda menos del 4% de la superficie original del bosque nativo”, puntualiza el biólogo y agrega que en cuanto al cuidado ambiental, “la gestión Llaryora continúa en la misma línea que el gobierno anterior, solo que con más utilización de pintura verde”. Para Montenegro, “el RIGI entra perfectamente en ese esquema porque tanto la gestión de Schiaretti como la de la Llaryora, directamente no entienden lo que es biodiversidad, y esto es clave porque es el principal problema ambiental de la provincia”.
El biólogo explica que si una provincia no tiene suficiente ambiente con biodiversidad, el funcionamiento de las cuencas hídricas, la regeneración de suelo, la resistencia al cambio climático, todo eso se ve dificultado: “Lamentablemente el RIGI no deja de ser una herramienta de alto impacto en lo ambiental e ingresa a una provincia donde no se protegen en términos generales el ambiente ni la biodiversidad. Es por ello, que no se puede aprobar el proyecto de estas características”.
A nivel local, para Montero, el RIGI vulnera la Ley 7343 que es la primera legislación de ambiente de Córdoba, sancionada hace casi 40 años y que tiene por objetivo la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial. “El RIGI destroza todo lo que a partir de entonces, y pese a los gobierno, se fue agregando”, dice y agrega: “La insensatez con que está hecha la norma sobre el RIGI hace que tenga que ser muy poderosa las movilizaciones tanto a nivel administrativo, judicial y a nivel público porque muestra que no les importa el futuro de las nuevas generaciones”.
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Tucumán desmiente acusaciones sobre un derrame de vinaza denunciado por Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 17/10/2024
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Autoridades de la vecina provincia acusan que el pasado viernes miles de litros de desechos mezclados con agua a la localidad de El Palomar. Desde el gobierno tucumano, realizaron inspecciones y no registraron residuos compatibles con vinaza. Los vecinos afectados apuntan contra el empresario Jorge Rocchia Ferro.
El Gobierno de Tucumán y el de Santiago del Estero mantienen un nuevo cruce ambiental, luego de que autoridades de la vecina provincia denunciaran que el viernes último por la tarde, llegaron millones de litros de vinaza hacia la localidad El Palomar, del departamento Jiménez, a través de un canal interprovincial.
El defensor del Pueblo de la vecina provincia, Martín Díaz Achával, señaló que la novedad fue proporcionada por Hugo Juárez, comisionado municipal de El Arenal que tiene jurisdicción sobre la localidad de El Palomar. Según el diario El Liberal, "los pobladores de la pequeña población, nuevamente tienen que enfrentarse a los inconvenientes que genera el tener que convivir con el desecho proveniente del ingenio La Florida, del empresario Jorge Rocchia Ferro". "Es que, como se recordará, a fines del año pasado esta firma derramó a través del canal, más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegaron al pueblo santiagueño", agregaron.
Tras las denuncias, la Secretaría de Estado de Producción, a cargo de Eduardo Castro, realizó inspecciones en los canales de riego de la provincia a fin de evaluar las consecuencias de las fuertes lluvias registradas entre los días 8 y 10 de octubre y como resultado no se registraron residuos compatibles con vinaza.
El viernes 11 de octubre, personal de la Dirección de Recursos Hídricos llevó a cabo controles en el distrito III de riego, especialmente en canales que podrían incidir en la zona de El Palomar, en la provincia de Santiago del Estero. También se verificaron puntos clave como el canal excachacero del Florida en Ruta 321, el Canal Lolita y el Canal del Este en Ruta 303, y el Canal Troncal Virginia en Ruta 345, entre otros.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Tucumán, durante las inspecciones, se realizaron exámenes de conductividad en los canales. Y como resultado, en general se observó una creciente importante demostrada por la vegetación caída, volcada por el paso del agua, causando un gran arrastre de sedimentos. Además, personal de la Dirección de Protección Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente revisó los sitios de disposición de vinaza de los ingenios que operan en la zona. Aunque las muestras tomadas aún se encuentran en proceso de análisis, no se encontraron a simple vista residuos compatibles con vinaza.
Los técnicos concluyeron que el fenómeno observado se debió a una creciente súbita producto de la escorrentía superficial ocasionada por las intensas lluvias. Según datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, la zona afectada recibió entre 100 y 140 mm de precipitación en esos tres días, siendo el tercer día el que tuvo mayor acumulación de lluvias.
Para concluir, desde la Secretaría de Producción informaron que continúan en conversaciones con el defensor del pueblo de Santiago del Estero, a fin de tratar de evaluar conjuntamente la situación y poder llegar a una solución satisfactoria para ambas provincias.
El diario santiagueño señaló que el panorama en la localidad no había variado: persistían los olores pestilentes del residuo que se genera durante el proceso de elaboración de alcohol de la melaza de caña de azúcar. También, la invasión de moscas que provoca incertidumbre y preocupación en las personas por los efectos nocivos que pudieran generar estos insectos, sobre todo en la salud de los niños.
Vecinos de la zona, realizaron una recorrida por el canal hasta la zona donde la planta industrial construyó reservorios usando parte del acueducto público. A través de imágenes que cedieron a este medio, se comprobó que todavía hay un reservorio con vinaza y que el inmenso piletón de más de cinco kilómetros de largo por 45 metros de ancho y 5 de fondo, se encuentra colmado por las aguas de lluvias de los últimos días.
La sospechas de los lugareños, es que se rompieron los bordos del reservorio para dejar que se escurran los restos de la vinaza acumulada en el lecho del piletón con el agua de las precipitaciones.
Además, los vecinos comentaron que en Los Hardoy, localidad de Tucumán próxima al límite con Santiago del Estero y cercana a El Palomar, hay un curso de vinaza que recorre un canal público, en clara violación a la disposición de la Justicia Federal de Tucumán, que le prohibió al ingenio La Florida, la utilización de dichos canales como reservorio o medio de transporte de vinaza u otro efluente industrial.
En este sentido, Martín Díaz Achával había expresado que esperaba que Tucumán haga cumplir a sus industrias, la disposición que prohibe el uso de canales para transportar o almacenar vinaza. “Esperamos que terminen de utilizarse los canales que son lugares para transportar agua y no residuos industriales”, se quejó el ombudsman santiagueño.
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Pueblo santiagueño recibió una"marea" de efluentes industriales

Fecha de Publicación: 15/10/2024
Fuente: Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estado


Grave episodio de contaminación. Buscan dar con responsables para imputarlos. Una pesadilla que se repite para la población, una década después.
El pequeño pueblo El Palomar que depende de la comisión municipal de El Arenal, en el departamento Jiménez, se vio sorprendida ayer por una inmensa "marea" de efluentes industriales que llegaron desde el este de Tucumán. Millones de litros de efluentes industriales de color marrón y olor fétido, inundó una laguna que está en esa población y que da justo con el fondo de la propiedad de una vecina.
Esta mujer hizo una denuncia que llegó a la Fiscalía Federal Nº 1 del Dr. Pedro Simón, que inició una investigación y solicitó tomas de muestras y también mapas satelitales para dar con los responsables de este grave episodio de contaminación. También dio conocimiento al juez federal Nº 1 de Santiago del Estero, Dr. Guillermo Molinari, quien se encuentra de turno.
Este episodio hizo recordar a la población cercana al límite de Tucumán, la pesadilla que vivió entre fines de 2012 y principios de 2013, cuando el ingenio La Florida, del grupo Los Balcanes, volcó millones de litros de vinaza (desecho de la producción de bioetanol) que llegó a la población. Por esa causa que fue instruida justamente por el fiscal Pedro Simón, se realizó un juicio en 2023 contra el empresario Jorge Rocchia Ferro y el gerente de la planta, Roberto Coronel, resultando ambos condenados, en una decisión que fue histórica, al tratarse de los primeros condenados por delitos ambientales en el NOA.
El fiscal Simón que trabajó con la colaboración del secretario Pedro Basbús (h), mandó a Gendarmería a constatar este hecho y corroboraron que millones de litros de efluentes industriales llegaron al pueblo. En el lugar, los gendarmes realizaron toma de muestras. El magistrado también se comunicó con el defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel Suárez, para que dé participación al grupo técnico del Comité de Control de la Cuenca Salí-Dulce para que realice también constataciones y tomas de muestra.
También solicitó imágenes satelitales para ver de dónde salieron los desechos para imputar a los responsables.
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Clausuraron una química en el Parque Industrial de Almirante Brown

Fecha de Publicación: 15/10/2024
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires


El Municipio de Almirante Brown junto con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) clausuraron una empresa química del Parque Industrial de Burzaco luego de comprobar que generaba efluentes que desembocaban en el Arroyo del Rey.
Desde la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local explicaron que la situación fue advertida en el marco de los monitoreos preventivos que se llevan adelante en forma permanente y regular en el Parque Industrial para potenciar el cuidado del ambiente y bregar por un distrito sustentable.
En este sentido, en uno de los controles en los que se supervisa la calidad del aire y de efluentes que llegan al Arroyo del Rey se observaron incongruencias en los valores y colores que no coincidían con los registrados en los últimos monitoreos realizados.
Fue entonces cuando se llevó a cabo un exhaustivo análisis para comprobar de dónde provenían esos líquidos a partir del uso de Rodamina Colorante, un químico que expone los elementos contaminantes en el agua. Y se logró determinar que tenían características contaminantes.
Con los datos recabados, el personal llegó hasta la Química Ros, donde tras inspeccionar el lugar se encontró una cañería clandestina enterrada bajo tierra por la que se derramaban sobrantes químicos que recaían directamente en los efluentes.
Ante esta situación, ACUMAR realizó conjuntamente con la Comuna una clausura administrativa en el lugar, la cual estará vigente hasta que la empresa revierta todas las irregularidades.
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Desmontes: el gobierno provincial logró que se reanude la actividad de pequeños productores madereros y carboneros

Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Libertad Digital
Provincia/Región: Chaco


Ante una solicitud del Ejecutivo, la Justicia explicó que se encuentran prohibidas las actividades que impliquen el cambio del uso del suelo, no así las que no afecten la masa boscosa de la provincia. “La medida judicial será cumplida a rajatablas, pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y el carbón”, indicó la secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño.
Ante la orden de la jueza federal Zunilda Niremperger de suspender por tres meses los desmontes en Chaco, autoridades provinciales aclararon que, si bien se encuentra prohibida toda actividad que implique el cambio del uso del suelo, están habilitadas actividades como el manejo sostenible en la variante aprovechamiento forestal.
“Es decir que están autorizados los trabajos que no afecten la masa boscosa de la provincia. Lo que implica que no está prohibido el trabajo de los pequeños productores que fabrican muebles, así como de los carboneros, quienes cumplen un rol fundamental en la actividad económica”, aclaró el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos Jorge Gómez.
En este contexto explicó que la Provincia hizo una presentación ante la jueza para salvaguardar los intereses de los pequeños productores chaqueños y aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para aclarar los alcances del dictamen judicial”.
La secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño remarcó que la Provincia se encuentra a disposición de la Justicia para que lleve adelante el procedimiento de rigor correspondiente. “Somos taxativos en cuanto a que la medida judicial será cumplida a rajatablas pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y carbón,”, subrayó.
La suspensión de los desmontes en Chaco tiene como fin prevenir el daño “inminente” e “irreversible” sobre el ecosistema de esa región. La jueza fundamentó su fallo en la necesidad de proteger el medio ambiente bajo el principio in dubio pro natura, que prioriza la conservación ambiental ante la duda, ya que, según expresó, “la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”.
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Cambio de usos del suelo: ¿Cómo es el después de los incendios en los bosques nativos?

Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


El problema es global y, a pesar de los esfuerzos, no se puede frenar el daño ambiental. Córdoba es una de las provincias argentinas en la que el fuego ataca todos los años y donde gran parte de sus suelos terminan destinados al cultivo y ganadería.
Como sucede desde hace años, la provincia de Córdoba fue foco de grandes incendios, como los últimos registrados en la localidad de La Calera, poniendo en riesgo a los bosques nativos y la biodiversidad de la región. Una vez apagado el fuego, surgen distintos interrogantes sobre si estas acciones son intencionales y realizadas para cambiar el uso de la tierra.
Investigadores de distintas ramas científicas se plantean estos interrogantes y los abordan desde la geografía, la geología y las ciencias ambientales, midiendo la acción humana en la pérdida de entornos naturales. El cambio de uso del suelo no es un proceso nuevo, pero se aceleró debido al crecimiento de la agricultura y la ganadería como negocio, reconvirtiendo 1.000 millones de hectáreas que antes eran bosques nativos en áreas de cultivo o pastoreo.

La situación en Córdoba y el Gran Chaco
Según Joaquín Deon, geógrafo, doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, el fuego es una herramienta para generar grandes cambios en los suelos. El investigador señala que, al ser Córdoba una provincia del centro y una de las más grandes, predomina el modelo agropecuario ganadero y extractivo.
Este uso también se extendió a todo el Gran Chaco, que abarca las provincias de Formosa, Chaco y Salta, donde las leyes no protegen al medio ambiente y esto hace que haya cada vez más tala de árboles y megaminería. “Ni siquiera la cuarentena obligatoria pudo frenar el fuego, porque durante 2020 se produjeron grandes incendios”, señaló Deon.
“La Ley 26331 de Protección de Bosques Nativos es muy discutida en la actualidad y fue debilitada por la falta de financiamiento estatal, y no se pudo evitar que grandes empresas utilicen el cambio de uso en los suelos para garantizar su rentabilidad”, expresó el investigador sobre la protección de bosques por parte del Estado.
Durante la pandemia, con la quema de miles de hectáreas a lo largo del país, la población se empezó a movilizar para la protección de los bosques, pero la normativa que impedía que durante 40 años la tierra no pudiera cambiar su uso fue derogada.
Por otro lado, el investigador del CONICET señaló que se están actualizando las normativas de bosques nativos y lo primero que surgió es que los bosques que se deberían haber protegido en el marco normativo de 2006 no se protegieron y se redujeron. “Córdoba tuvo una pérdida del 90% de los pocos bosques que le quedan, por eso se tiene que actualizar esta ley y no se pueden perder más bosques”, cerró.

Cambio climático y de los ecosistemas   
Para Deon, la acción del hombre también afecta los ciclos climáticos normales y esta problemática genera preocupación en el mundo. Hay lugares en que se ven amplitudes térmicas que antes no había, por ejemplo, pasando de tener 0 grados un día a 35 al otro. Estos cambios tienen que ver con que la atmósfera está muy cargada con el efecto invernadero y los rayos que ingresan a la atmósfera van influyendo sobre el movimiento de las masas de aire.
Las temperaturas marítimas influyen en este ciclo y las sequías son cada vez más habituales, favoreciendo la propagación del fuego descontrolado. Las grandes masas de aire cargadas de humedad provocan enormes tormentas, que a su vez desembocan en inundaciones en áreas que antes no se registraban y ahora se dan de forma continua, como sucede en Córdoba.
Dentro de estas ciencias que investigan los cambios climáticos está la Geología, que estudia los ciclos naturales del planeta que se dan hace millones de años. Como por ejemplo en los glaciares, las montañas, en el fondo de los océanos y cambios atmosféricos de las partículas en el aire.
Con este trabajo científico interdisciplinario se pueden llegar a conclusiones sobre el impacto negativo de los cambios en el uso del suelo, que no están siendo frenados. A pesar del compromiso que deben tener los Estados, las acciones que impulsan no son del todo efectivas.

Políticas del Estado nacional y provincial
Los incendios como el de Córdoba, además de ser devastadores, son eventos inesperados que alteran el entorno natural, dañan a las personas y ocasionan pérdidas de bienes. La Ley 26.815 garantiza que debe haber un presupuesto de la Nación destinado a contar con el equipamiento necesario, ya sean camiones hidrantes, aviones y bomberos a disposición para resolver esta emergencia buscando apagar el fuego lo antes posible.
El Plan de Manejo del Fuego fue creado en 1996 ante los persistentes incendios rurales. Hasta 2023 perteneció al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en el gobierno actual, depende de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte.
Respecto a la provincia de Córdoba, el investigador del CONICET afirmó que los presupuestos que maneja la provincia para este tipo de emergencias “son multimillonarios y están asignados para una red de cuarteles de bomberos voluntarios, defensa civil local, equipos que trabajan con aviones hidrantes, capacitación permanente para emergencias y estos equipos están articulados con la policía provincial”.
Si bien Deon mencionó que hubo casos en los que la Justicia sancionó gravemente la quema de bosques, como por ejemplo tras el incendio registrado en el departamento de Ischilín durante 2021, resaltó que siguen registrándose fallas en el cambio de uso de los suelos para que no se pierdan los bosques que quedan.

Un fenómeno a nivel global
El cambio de uso del suelo no solo es un fenómeno que se da en Argentina, sino que sucede en gran parte de Sudamérica y del mundo. A pesar del compromiso que los Estados dicen tener con la causa ambiental, esto no se cumple.
En este sentido, Deon señaló los focos que se registran en la selva amazónica y la relevancia de una política de Estado que busque mitigar los desmontes que se realizan en los bosques. El investigador destacó que los incendios en Brasil son menores en comparación con otros años, ya que el camino del fuego se extendió a otras regiones y países, como Bolivia y Paraguay.
El geógrafo señaló que al cruzar el Atlántico, según el mapa de servicios de la NASA, se pueden observar zonas totalmente asediadas por los incendios en el centro de África, como es el caso de la República Democrática del Congo, Nigeria, parte del noroeste sudafricano y la región cercana al Lago Victoria. La inestabilidad política en estos países es un factor que hace que haya vía libre para el cambio de uso de los suelos y es así que se instalan distintas empresas multinacionales para explotarlos. También hay empresas argentinas que vieron como buena opción de negocio adquirir tierras en el continente más pobre y más vulnerable, donde no hay leyes que protejan al medio ambiente y es la ley del más fuerte.
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Contaminación ambiental: el Gobierno multó a dos ingenios tucumanos por un monto de $ 24 millones

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán

El Gobierno nacional multó a dos ingenios por contaminación ambiental por un monto de $24 millones. Al ingenio Concepción se le impuso una sanción pecuniaria de unos $17 millones por tirar efluentes industriales; en tanto que al ingenio Bella Vista de $7 millones por tirar vinaza en un camino vecinal. Mientras tanto, otros tres ingenios fueron sumariados.
A través del Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad y en concordancia con el cumplimiento de la Ley provincial de Ambiente 6.253, las dos empresas azucareras fueron multadas por contaminación ambiental.

Efluentes a la cuenca del río
El secretario de Producción, Eduardo Castro, expresó que en el primer caso “la penalización recayó contra la firma Complejo Alimenticio San Salvador SA. dueña del ingenio Concepción (ubicado en Banda del Río Salí), por tirar efluentes industriales en la zona denominada La Junta en la desembocadura de la cuenca de los ríos Salí-Dulce, en cercanías al Dique El Frontal, hecho ocurrido durante la primera quincena de julio pasado”, aseguró Castro.
“Hicieron una denuncia de vecinos y pescadores y acudió el equipo de Fiscalización Ambiental, a cargo de Susana Meoni junto a profesionales de Calidad de Agua a tomar muestras y se llegó a la determinación que la mortandad se debió a un episodio de anoxia (falta de oxígeno)”, agregó el funcionario.
El titular de Producción adelantó que por igual maniobra contaminante fueron sumariados los dueños de los ingenios Bella Vista, Santa Rosa y Fronterita. En tanto que el Director de Asuntos Jurídicos de la secretaría, Facundo Moreno Majnach, aclaró que los sumarios “están en trámite de estudio para evaluar si se impone la multa a los otros tres ingenios que presuntamente aportaron a la mortandad de peces”.
“Esto significa que el Estado por precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien nos dijo que seamos inflexibles ante estos hechos, está presente y es la primera vez que se visualiza una multa a ingenios y la celeridad con que se trabajó por parte del gobierno”, agregó Castro.

Los desechos de vinaza
En el segundo caso, Castro detalló que “se debió a una denuncia de vecinos que filmaron y subieron en redes sociales a fines de junio pasado, donde un camión de la empresa José Minetti Compañía Limitada Saci -que administra el ingenio Bella Vista-, volcó vinaza (residuo orgánico) en un camino interno en cercanías del ingenio”.
“Un camión que no estaba en condiciones de transportar vinaza fue filmado cuando se dirigía al sitio de disposición final y la tiro en el camino”, resaltó.
Las multas fueron aplicadas por Fiscalización Ambiental (que depende de la subsecretaria de Medio Ambiente) al ingenio Concepción por alrededor de 17 millones de pesos y al Bella Vista de $7 millones.
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Denuncian derrame de azufre en el muelle de Vicentín que tenía como destino la empresa Nouryon en San Lorenzo

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal 11noticias.com
Provincia/Región: Santa Fe


Desde la Secretaría de política ambiental de la UNR dieron curso a la denuncia por el hecho, mientras que el Concejal Esteban Arico solicitó información al municipio sobre las actuaciones realizadas, quienes rápidamente aclararon su intervención en el caso.
Un nuevo caso de contaminación en el río Paraná enciende las alarmas en San Lorenzo, a partir de la denuncia pública que, una vez más, los propios vecinos realizaron con imágenes que evidencian lo acontecido. Se trata de un derrame de azufre desde un barco que descargaba en el muelle de Vicentín y que tenía como destino la empresa Nouryon (ex Akzo Nobel), en la zona sur de la ciudad.
El hecho es casi una remake de lo sucedido en mayo de 2022, cuando pescadores filmaron desde su lancha el derrame de un líquido contaminante hacia las aguas del Paraná, hecho que también involucró a la firma multinacional de productos químicos. Al igual que en aquella oportunidad, los vecinos tomaron muestras y ahora se aguarda el resultado de los análisis, a partir de la denuncia presentada desde el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
En simultáneo, el concejal justicialista Esteban Arico se hizo eco del reclamo e ingresó un proyecto al cuerpo legislativo local, en el que solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que informe si realizó mediante la Subsecretaría de Preservación del Medio Ambiente, actuaciones pertinentes conforme a la legislación vigente, “relativas a un aparente episodio de contaminación ocurrido en el río Paraná a la altura del muelle de la empresa Vicentín de San Lorenzo, desde donde se vertió a las aguas una cantidad no determinada de un producto que podría tratarse de azufre”.
“Arrojar azufre en un río puede tener consecuencias ambientales graves, afectando tanto a los organismos acuáticos como a la calidad del agua, lo que a su vez impacta a las comunidades humanas y ecosistemas”, remarcó entre las justificaciones de la iniciativa el edil.

La voz del municipio
Luego de conocerse la denuncia, desde la Municipalidad de San Lorenzo confirmaron los acontecimientos y exigieron un informe de lo sucedido a los responsables. A su vez, notificaron el incumplimiento del Sistema de Alerta Temprana por Riesgo Ambiental, creado en el año 2008, que establece que ante hechos de estas características se debe notificar inmediatamente al Estado local.
“La municipalidad de San Lorenzo, por medio de la Subsecretaría de Medio Ambiente, realizó constatación en el muelle de Vicentín, por descarga de azufre, con destino a Nouryon. Personal realiazaba tareas de limpieza por azufre depositado en las defensas del muelle, se labró acta”, detalló el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Cabral.
Y añadió: “Asimismo, desde el municipio sanlorencino, se requirió Informe detallado de lo sucedido y se procedió a notificar incumplimiento de la Ordenanza N° 2751 de alerta temprana”.
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Qué infracciones ambientales cometió Papel Misionero que derivaron en una multa de más de $70 millones

Fecha de Publicación: 28/08/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


En marzo de este año, una mancha de espuma en el río Paraná, frente a Puerto Mineral, en el municipio de Puerto Leoni, despertó las alarmas. Esta sustancia, proveniente de los efluentes de la empresa Papel Misionero S.A.I.F.C., motivó que el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables tomaran muestras del agua y constató la existencia de niveles elevados de contaminación, lo que derivó en una sanción millonaria a la empresa.
Según precisaron desde la cartera de Ecología, el análisis de las muestras tomadas reveló que la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), un parámetro crucial que mide la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos para descomponer la materia orgánica en el agua, superaba en más de cinco veces el límite permitido por la normativa vigente. Según la ley, el DBO debe ser inferior a 30 cuando se vierten efluentes al río, pero en esta ocasión los niveles alcanzaron los 170. Además, se evaluaron otros parámetros como el pH y la demanda de cloro, los cuales también presentaron irregularidades.
A raíz de esto y tras revisar detalladamente los resultados de la inspección y las normativas vigentes, Ecología resolvió imponer dos multas significativas a la empresa. En el expediente se especifica que se infringió dos normativas ambientales, entre ellas la Ley XVI de Pesca y la N°25612 de Gestión Integral Residuos Industriales y de Actividades y Servicios. En ese sentido por la ley de Pesca se aplicó una multa de $21.707.840 (equivalente a 80 sueldos mínimos de la administración pública provincial), en tanto, la segunda la sanión fue de $48.842.640 (correspondiente a 180 sueldos minimis de la administración publica). Así, la suma total de las multas asciende así a $70.550.480.

Detalles del expediente
El expediente N° 9900-101/2024, que documenta la inspección y las sanciones, especifica que durante la visita de los inspectores, se descubrió que el caño de acero encargado de derivar los efluentes ya tratados hacia el río Paraná estaba roto o cortado antes de su ingreso al río. Esta ruptura generó una abundante espuma debido a la turbulencia creada por el vertido de efluentes sobre las aguas del río, lo que, debido a su impacto visual, fue la razón principal por la que los vecinos decidieron denunciar la situación.
El documento señala que el gerente de la planta, Eduardo Maglione, explicó durante la inspección que, además de la rotura del caño, se produjo una falla en una malla que actúa como filtro de celulosa en la mesa formadora de papel. Esta falla generó una pérdida significativa de material celulósico hacia la planta de tratamiento, lo que obligó a suspender el funcionamiento de ese sector fabril. La suspensión, a su vez, causó inconvenientes en otras áreas de la planta, lo que repercutió en el normal funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes, lo que finalmente resultó en la contaminación observada en el río Paraná.
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Causa ATANOR: la firma no tiene los permisos de habilitación del Ministerio de Ambiente de la Provincia por no presentar la documentación necesaria.

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: Prensa Libre SN
Provincia/Región: Buenos Aires


Para determinar si se reabrirá o no en el lugar en el que hoy se emplaza, la Justicia aguarda que el CONICET lleve adelante una evaluación de riesgo ambiental que demandaría, al menos, seis meses.
En el marco de la medida cautelar que tiene paralizado el funcionamiento de la empresa ATANOR, al menos, hasta completar una serie de medidas que llevará adelante el CONICET, Prensa Libre SN pudo acceder al detalle de los pasos pendientes, los cuales arrojarán un informe que determinará si es posible o no la reapertura. Aunque esto llevaría alrededor de 6 meses, según informaron a este medio desde la parte demandante.
Los pasos a seguir:
1. Relevamiento de información especifica disponible.
2. Auditoria in situ.
3. Actualización de la información de producción.
4. Actualización de la información de cumplimiento de normativa.
5. Análisis critico de la información, diagnostico preliminar.
6. Relevamiento impacto en vecinos.
7. Modelado de la disposición de emisiones desde fuentes fijas. Discusión técnica de red de monitoreo diseñada. Informe parcial.
8. Determinar plaguicidas y otros compuestos asociados en aire (MP y MPS), suelos y agua subterránea.
9. Discusión técnica con directivos y personal de la planta.
10. Conclusiones, propuestas.
Según lo que arroje dicho análisis, la justicia dispondrá o no la reapertura de ATANOR en el mismo lugar en el que hoy se emplaza.
Recordemos que hace pocos días, la propia jueza Bancalari fue la encargada de difundir un comunicado en el que dejó claro que “la función judicial es preservar la salud de la población y el medio ambiente”. Asimismo, durante la ultima audiencia celebrada entre las partes el ultimo viernes se desprendió que la empresa no cuenta con los permisos de habilitación necesarios expedidos por el Ministerio de Ambiente de la Provincia por falta de presentación de documentación.
De este ultimo encuentro formal en el ámbito judicial participaron, agentes de justicia, representantes del CONICET, los abogados de ATANOR y de FOMEA, personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, el subsecretario del Ministerio de Ambiente bonaerense, representantes de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el subsecretario de Contralor de la Municipalidad de San Nicolás.
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Cuáles son las empresas mineras que ya pagaban menos impuestos antes del RIGI

Fecha de Publicación: 23/08/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


La irlandesa Arcadium Lithium, la sudafricana AngloGold Ashanti, la suiza Glencore y la canadiense Barrick figuran entre las que recibieron en 2023 descuentos impositivos por $28.900 millones por la ley de inversiones mineras. Con el negocio del litio se sumarán petroleras como Tecpetrol, Pluspetrol y PAE. La fundación FARN advierte que la minería no trajo desarrollo en 30 años.
Faltan pocos días para que el Gobierno reglamente el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar siete sectores: minería, hidrocarburos, tecnología, siderurgia, turismo, infraestructura y actividad forestal. Pagarán menos impuestos, no tendrán que traer las divisas de sus exportaciones y recibirán beneficios para importar por 30 años. Habrá que ver si la reglamentación permite que la industria local provea a estos sectores o el porcentaje de proveedores nacionales quede limitado a la construcción. Pero mientras se desvela el misterio bien vale conocer quiénes han sido los beneficiarios del antecedente del RIGI, la ley de inversiones mineras, que desde 1993 otorga estabilidad tributaria por 30 años a aquellos que exploten los minerales argentinos.
 En 2023, el Estado dejó de percibir $28.900 millones en beneficios otorgados a empresas mineras por esa norma votada en el gobierno de Carlos Menem y nunca modificada, según un pedido de acceso a la información que elevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Las ventajas impositivas incluyen deducción de Ganancias, devolución del IVA y amortización acelerada, entre otros. “El Estado desconoce cuánto dejará de percibir el fisco por beneficios otorgados a la actividad minera en 2024”, advierte la FARN, que dirige Andrés Nápoli y que tiene a Ariel Slipak como coordinador de investigación.
“Los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras alcanzan a 829 empresas mineras y otras 94 de servicios. Entre ellas, empresas petroleras se expanden y comienzan a hacer minería de litio. Obtienen beneficios fiscales por ambas actividades”, resalta FARN entre sus principales conclusiones. Pero si bien cientos de empresas tienen iniciados los trámites, son 42 las que efectivamente gozan de la estabilidad fiscal porque están en explotación del recurso natural. Las otras son proyectos que van de la exploración del subsuelo hasta la construcción de la futura mina.
Entre esas 42 del listado oficial al que tuvo acceso la fundación aparecen las dos empresas que llevan más tiempo sacando litio en la Argentina, Minera del Altiplano, en Catamarca, y Sales de Jujuy, que pertenecen a la nueva empresa fusionada Arcadium Lithium, con casa matriz en Irlanda. FARN señala que Arcadium podrá adherir al RIGI en sus proyectos de ampliación de los yacimientos, con lo cual sumaría beneficios cambiarios y aduaneros a los impositivos de la ley minera.
En la lista también está Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold, que extrae oro en Santa Cruz; y la suiza Glencore, dueña de las minera Alumbrera y Agua Rica, que entre ambas constituyen el proyecto Mara. Otras firmas que gozan de estabilidad fiscal son Minera Aguilar, de José Luis Manzano, que saca plomo, plata y zinc en Jujuy; la calera y cementera Loma Negra, de Olavarría, propiedad de la brasileña Camargo Corrêa; Minera Andina del Sol, que obtiene oro en San Juan y es propiedad de la canadiense Barrick Gold —con otras iniciativas a futuro— y la china Shandong Gold; y las litieras Exar, en Jujuy, de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium; y Eramine, en Salta, de la francesa Eramet y la china Tsingshan. En este link, el listado completo.
“El recientemente aprobado RIGI marca una continuidad en una premisa que sostienen los gobiernos argentinos independientemente de su color político: es necesario otorgar beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros a grandes empresas de actividades extractivas, bajo la promesa de crear empleos y desarrollo económico”, concluye FARN. “Este régimen de incentivos, que rige para sectores como la minería, viene a sumarse a una serie de beneficios existentes como los que ofrece la ley 24.196 de inversiones mineras, que se ha traducido en grandes pérdidas para el fisco. Mientras, la creación de empleo y el desarrollo económico no terminan de llegar”, advierte la fundación, que integra redes como Climate Action Network y que es presidida por Daniel Ryan.
En Argentina, la minería cuenta con 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos pero no se puede decir que las provincias que la acogieron son desarrolladas.
“El RIGI aparece nuevamente bajo la narrativa de 'promesa de desarrollo', sin embargo, en los hechos, la Minera del Altiplano ha generado un daño ecosistémico secando la vega del río Trapiche, y ahora solicita más volúmenes de agua de la vega Los Patos”, ejemplifica FARN. En su momento, elDiarioAR dio cuenta de este conflicto a partir de la voz de los pobladores y de la propia empresa, que hasta el año pasado era de la norteamericana Livent y que ahora se fusionó en Arcadium con la australiana Allkem. Distinto fue el desempeño de la ex Allkem en Jujuy.
FARN recuerda que los $28.900 millones de beneficios a las mineras en 2023 equivalen al 0,2% del PBI argentino, y lo compara con varios presupuestos: es “más del doble de lo destinado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En el proyecto de presupuesto 2024, que elaboró el anterior gobierno y utilizó el de Javier Milei, se subestiman las ventajas tributarias a las mineras al calcularse en $55.00 millones, según la fundación, pero aun así equivalen al 96% del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente y al 79% de la Administración de Parques Nacionales. Además suponen más de 4,5 veces el presupuesto que asigna el Tesoro al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, más de 7 veces el destinado a energías renovables y más de 11 veces el del Instituto Nacional del Cáncer.
“Lo novedoso en el listado de beneficiarios es la aparición de nuevas empresas vinculadas a proyectos de minería de litio, que son subsidiarias de grandes actores del sector petrolero”, señala FARN. Como aún no comenzaron la explotación en sí, todavía no cuentan con la estabilidad fiscal. “Así, se puede ver como por ejemplo, Pluspetrol, Pan American Energy y Tecpetrol (del Grupo Techint) se lanzan a la carrera de explotación de litio, a través de empresas subsidiarias”, se refiere a las petroleras de las familias Rey Poli; PAE, de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni; y la firma del conglomerado de Paolo Rocca.
“En este sentido aparece Alpha Lithium Argentina SA, perteneciente a Techenergy Lithium, la cual es subsidiaria de Tecpetrol. Se encuentra Lithium Corporation, de Pluspetrol; y también Lithos Minerales del Norte, ambas pertenecientes a PAE”, la dueña de Axion. “Estas son empresas que ya reciben una serie de beneficios por su actividad en el sector hidrocarburífero como los subsidios a la oferta de fósiles vinculados al Plan Gas. Durante 2023 el monto correspondiente a subsidios a la oferta de hidrocarburos resultó en más de $140.000 millones, tres veces más de lo que recibió el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La inmersión de estos nuevos actores en la minería de litio les permite, a su vez, hacer uso de una narrativa vinculada a la transición energética, pretendiendo mostrarse como promotores de la transición”.
“La otra premisa que sostienen de manera ininterrumpida las diferentes gestiones es que para que haya desarrollo económico las normas ambientales deben ser flexibilizadas. En el caso del RIGI un ejemplo claro es que el régimen obliga a gobiernos subnacionales a garantizar la provisión de insumos a las empresas beneficiarias como pueden ser el agua y la energía. Así, prioriza a las empresas en el acceso por sobre la población”, advierte FARN.
“Esto es especialmente importante si consideramos que el RIGI pretende promover entre otras, la minería a gran escala, la cual consume grandes cantidades de agua y energía en áreas donde escasean, a la vez que es una actividad con grandes impactos ambientales y sociales. Los ejemplos en este sentido abundan. El 13 de septiembre de 2015 Barrick Gold derramó en su mina Veladero, en la provincia de San Juan, más de 1 millón de litros de agua cianurada”.
“En este escenario, las empresas deberían redoblar sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de la normativa internacional (con jerarquía superior al Código de Minería y los decretos procedimentales que regulan los procesos de evaluación de impacto ambiental a nivel provincial), y la normativa nacional de aplicación en materia ambiental y de derechos humanos, así como aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxime si reciben incentivos económicos para el desarrollo de su actividad extractiva”, aconseja la fundación. “Sin embargo, lejos de cumplir con tales mandatos, despliegan sus intereses rompiendo acuerdos comunitarios de consulta colectiva y ofreciendo beneficios a cambio de su aprobación, en completa violación de las normas existentes y de los acuerdos comunitarios.”
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La contaminación del aire en Tucumán duplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud

Fecha de Publicación: 22/08/2024
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


Un trabajo conjunto entre el Conicet, la UNT y otras instituciones científicas, arrojó que en la provincia “las concentraciones de material particulado superan los 30 microgramos por metro cúbico (µg/m³)”. Rwanda, una de las ciudades más contaminadas del mundo, registra 36,8 µg/m³. Cuáles son las zonas más afectadas.
En la actualidad, hay desplegados 19 sensores en toda la provincia para monitorear la calidad del aire en tiempo real, en un esfuerzo por medir los efectos de la quema de caña y la sequía sobre la atmósfera local, que durante julio y agosto se intensificaron ante la falta de lluvias común en esta época del año.
Esta investigación está liderada por el Laboratorio de Estudios Atmosféricos (LEA), en colaboración con el Instituto de Química Inorgánica (INQUINOA) y apoyados por un equipo de investigadores del Conicet, en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Facundo Reynoso Posse, investigador del Conicet y estudiante de doctorado especializado en calidad del aire, explicó la importancia de estos dispositivos, que permiten a la población acceder a datos actualizados sobre el aire que respiran.
"Estos monitores miden la cantidad de material particulado en suspensión en la atmósfera, que puede afectar la salud, especialmente en personas con patologías preexistentes como asma o EPOC", explicó Reynoso Posse.
Uno de los grandes desafíos es la precisión de los datos, ya que muchas de las estimaciones de calidad del aire provienen de imágenes satelitales, que pueden tener márgenes de error. “Lo que estamos haciendo en el laboratorio es afinar estos datos para que la población tenga acceso a información más real y precisa", detalló el investigador.
El material particulado es uno de los principales contaminantes atmosféricos, compuesto por una mezcla de polvo, humo y otras partículas. En épocas de sequía y quema de caña, estas partículas se elevan considerablemente.
Según Reynoso Posse, el monitoreo en tiempo real ha mostrado niveles preocupantes en algunas zonas de Tucumán, como Villa Carmela y Bella Vista, donde las concentraciones de material particulado han superado los 30 microgramos por metro cúbico (µg/m³), un valor que duplica la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 15 microgramos por metro cúbico. Por lo tanto, una exposición de 30 µg/m³ es considerablemente alta y representa un riesgo significativo para la salud de la población tucumana.
"Es importante no alarmarse por valores puntuales. Lo que realmente afecta a la salud es el promedio de exposición a largo plazo", indicó el especialista en La Gaceta. Sin embargo, advirtió que durante esta temporada de quema de caña, los valores tienden a ser más altos, lo que podría tener efectos negativos, especialmente en personas vulnerables.
Además de medir el material particulado, el equipo del Conicet está desarrollando nuevas líneas de investigación, como el análisis del transporte de microplásticos y patógenos a través del aire, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y otras instituciones.
Uno de los objetivos del proyecto es que la población pueda acceder a los datos en tiempo real a través de la plataforma "Breath To Change", donde se pueden consultar los niveles de calidad del aire en diferentes zonas de la provincia. La iniciativa ha sido reconocida internacionalmente, ganando un premio de la Universidad de Chicago, que ha permitido la expansión y sostenibilidad del proyecto.
En cuanto a las soluciones, Reynoso Posse hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana: "No debemos generar focos de incendio, ni siquiera quemar basura u hojas. Las condiciones meteorológicas actuales son extremadamente propicias para la propagación de incendios".
Finalmente, destacó la necesidad de continuar colaborando con las autoridades locales para aplicar políticas que reduzcan la contaminación atmosférica en la provincia. "Es crucial que esta información no solo sea de acceso público, sino que también se utilice para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la población", concluyó Reynoso Posse.
La contaminación atmosférica causa una de cada nueve muertes en el mundo, y es la mayor amenaza medioambiental para la salud humana. Según la OMS, es responsable de unos siete millones de muertes prematuras al año en todo el mundo.
Según precisaron especialistas de la OMS, “la exposición a la contaminación atmosférica por PM2,5 provoca y agrava numerosos problemas de salud, como el asma, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares. Además, la exposición a niveles elevados de partículas finas puede perjudicar el desarrollo cognitivo de los niños, provocar problemas de salud mental y complicar enfermedades ya existentes, como la diabetes”.
La materia particulada o PM (por sus siglas en inglés) 2.5 son partículas muy pequeñas en el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros (aproximadamente 1 diezmilésimo de pulgada) o menos de diámetro.
Con un tamaño menor que el grosor de un cabello humano, la materia particulada es una mezcla que puede incluir sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales, y es uno de los criterios de contaminantes del aire que se toman en cuenta para hacer estos estudios.
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