Atanor en San Nicolás: una historia de contaminación e impunidad

Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Buenos Aires


La planta de Atanor en San Nicolás fue clausurada por segunda vez tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Demuestra la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución.
 Hace unos días, autoridades de la provincia de Buenos Aires ordenaron la clausura preventiva total de la planta de Atanor en San Nicolás tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Fue detectado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) tras una inspección en junio pasado. Esta es la segunda clausura en menos de dos años, y demuestra, una vez más, la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución pese a las reiteradas denuncias de contaminación contra la empresa durante décadas en la localidad bonaerense.
El escandaloso accionar de esta empresa ha expuesto a la comunidad de San Nicolás a la contaminación ambiental en varias oportunidades, dejando a la población en un estado de permanente riesgo y vulnerabilidad. Entre ellos, el daño irreversible al Río Paraná reconocido en un fallo judicial en 2023 y producto de una causa iniciada por los vecinos de San Nicolás hace más de una década, quienes con esfuerzo y coraje han buscado justicia todo este tiempo frente a la indiferencia institucional.
En las muestras tomadas el mes pasado, provenientes del vuelco clandestino y analizadas por ADA, se detectaron más de 30 sustancias contaminantes, entre ellas glifosato, atrazina y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, entre otros, lo cual confirma que efectivamente se trataba de efluentes industriales. Esto no es un accidente ni una falla aislada: es la expresión de una irresponsabilidad sistemática, agravada por el hecho de que la empresa solo contaba con autorización para descargar efluentes cloacales. A su vez, en las muestras se encontraron niveles por sobre los parámetros legales de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, lo cual evidencia el desprecio por las normativas vigentes y la salud pública.
La Autoridad del Agua ordenó hace semanas la clausura preventiva, el cierre del ducto industrial y la limpieza del líquido contaminante, además de exigir un plan para desmantelar la planta. Además, el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y egreso de camiones.
Para Atanor, la contaminación ambiental es historia conocida. La planta ya había sido responsable de una explosión en su reactor de atrazina en marzo del año pasado. Producto de dicha explosión, un equipo de Greenpeace tomó muestras en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de la planta. Los resultados fueron contundentes: había presencia de atrazina, un agroquímico altamente contaminante. En los últimos días y en el marco de la nueva clausura, fueron citados a indagatoria los gerentes y un representante legal de la empresa por dicha explosión, imputados penalmente por delitos graves como contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública y violaciones a las leyes de residuos peligrosos y de ambiente.
A raíz de las denuncias y la presión ejercida por los vecinos a lo largo de más de una década, la empresa finalmente anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva hacia otras plantas que tiene en el país, en las ciudades de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Sin embargo, en el predio de San Nicolás quedaría en funcionamiento un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar. Esta situación aún representa un riesgo persistente para la salud y el ambiente local que no podemos pasar por alto: trasladar el problema no es una solución sino una forma de perpetuar la contaminación y el peligro para las comunidades. Además, la presencia de este centro mantendrá la circulación de sustancias peligrosas en una zona que ya cuenta con graves antecedentes de contaminación.
En el marco de la relocalización, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires también exigió que Atanor lleve adelante un plan urgente de remediación ambiental en San Nicolás, advirtiendo que la empresa tiene una responsabilidad indeclinable. Este reclamo debe ser escuchado y cumplido.
Atanor es un claro ejemplo de impunidad, que ha generado graves daños al ambiente y a la comunidad nicoleña durante años. Si bien se espera que el proceso de relocalización le lleve tiempo a la empresa, no podemos permitir que evada su responsabilidad por los pasivos ambientales que dejará en San Nicolás, tal como ya ocurrió en otras localidades dónde se retiró sin hacerse cargo de los costos ambientales que dejó atrás su producción.
Desde Greenpeace, seguiremos de cerca las operaciones de esta empresa, que se irá de San Nicolás dejando atrás décadas de contaminación y daño hacia el ambiente y la comunidad. La relocalización no puede ser un escape para evadir responsabilidades. La defensa del ambiente y el acompañamiento a la comunidad seguirán siendo prioridad.
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Exigen un “urgente plan” de remediación ambiental tras la salida de Atanor de San Nicolás

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


El pedido fue realizado desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. Piden a la provincia “diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados”. 
Ante la reciente salida de San Nicolás de la empresa de agroquímicos Atanor, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ)  hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” plan que la empresa lleve a cabo un plan de remediación ambiental.
Desde el organismo pidieron que Atanor cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
En ese marco, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación” indicaron.
Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Los antecedentes de Atanor señalados por el Consejo Profesional de Química
Desde la entidad profesional recordaron que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso “la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná”.
La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron “la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país)” así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a esto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años” sostuvo.
Y se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?” cuestionó.
Además dejó otros interrogantes: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?” advirtió.
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Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por grave contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires clausuró preventivamente la planta de Atanor en San Nicolás tras detectar, durante una inspección realizada el 9 de junio, una grave violación a las normas ambientales. Los análisis de laboratorio confirmaron el vertido ilegal de efluentes industriales con altos niveles de agroquímicos (como glifosato, atrazina y clorpirifos) y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, entre otros) directamente al Río Paraná. La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales.
Vecinos, organizaciones como FOMEA y Greenpeace habían denunciado la situación, que fue calificada como una acción deliberada y clandestina, con posibles consecuencias penales. Como respuesta a la presión social y legal, Atanor anunció el traslado de su producción, aunque mantendrá un centro logístico en el predio, lo que preocupa a la comunidad por el posible almacenamiento continuo de sustancias peligrosas.
Greenpeace y representantes legales de los vecinos exigen que la empresa asuma su responsabilidad por el daño ambiental generado, se impida el uso futuro del sitio para actividades con riesgo químico y se garantice una remediación integral del área afectada.
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"Cenizas cero": inspecciones ambientales en diez ingenios de Tucumán

Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


La Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, junto a organismos nacionales y defensorías del pueblo controlan el tratamiento y la disposición final de cenizas, vinaza y agua de lavado de caña.
Este miércoles, la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Producción, en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y las Defensorías del Pueblo de Santiago del Estero y Tucumán, llevaron adelante nuevas inspecciones en ingenios sucroalcoholeros de la provincia, con el objetivo de verificar que cumplan sus compromisos de “cenizas cero” y “vinaza cero”.
Desde Casa de Gobierno se informó que el subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Abg. Facundo Moreno Majnach, participó de las tareas de supervisión, acompañado por el equipo técnico del Programa de Reconversión Industrial (PRI), perteneciente a la Dirección de Protección Ambiental (DiPrA), y detallaron que estas actividades dan continuidad a las inspecciones conjuntas que se llevan a cabo antes del inicio de la zafra.
El objetivo de las mismas es verificar, conforme al marco normativo vigente, el tratamiento y la disposición final de cenizas, vinaza y agua de lavado de caña (en caso de que se utilice). De este modo, se busca evitar el vertido de cenizas generadas por los filtros de calderas en los efluentes líquidos residuales (“ceniza cero”), impedir el vuelco de vinaza a cuerpos de agua receptores (“vinaza cero”) y garantizar la recuperación total del agua utilizada en el lavado de caña de azúcar.
En ese sentido, detallaron que las inspecciones se realizan de forma trimestral y continua durante todo el año. Luego de cada visita, se labra un acta que registra el cumplimiento de los puntos establecidos en el Acuerdo, la cual es firmada por todas las partes presentes. Este procedimiento tiene como finalidad fortalecer el trabajo articulado en la reducción de la contaminación en la cuenca.
Posteriormente, se elabora un informe que, de manera trimestral, es presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del amparo promovido por la provincia de Santiago del Estero.
En este contexto, funcionarios y equipos técnicos recorrieron distintos ingenios sucroalcoholeros, organizados en tres comisiones de trabajo que permitieron cumplir con el cronograma establecido durante dos jornadas. En total, se visitaron diez ingenios: Bella Vista, Famaillá, Santa Rosa, La Corona, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Concepción, Leales y La Florida.
Durante el recorrido estuvieron presentes, por parte de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Lic. Javier M. Finkelstein, el Lic. Luis Tournier, Ing. Pablo Martin y el Lic. Leonardo Di Paolo; y, por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, el subsecretario Abg. Facundo Moreno Majnach, el director de Protección Ambiental Lic. Marcelo Lizárraga, y la Lic. Noemí Santillán, a cargo del equipo del PRI junto a la Lic. Nadia Obrist, Lic. Mariano Robles, Ing. Agustín Samaniego y el Ing. Emanuel Castro.
El defensor del pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa y, por parte de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, la Abg. Silvina Bosio y Abg. Teresita Albornoz Mena, junto a sus equipos técnicos.
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Probation para un empresario petrolero en Centenario: la situación de otra compañía de servicios

Fecha de Publicación: 01/07/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La firma accedió a una probation por contaminar un desagüé con residuos del fracking. Otra empresa consiguió una licencia comercial en ese predio. Detalles.
La justicia penal de Neuquén avaló una probation de tres años para el dueño de una empresa petrolera en Centenario que vertía residuos del fracking en canales de riego en Centenario, en el predio de la exjuguera. Sin embargo, una derivación de ese mismo caso tuvo un final mucho más exigente en el plano político: otra firma, BM Inspecciones, que compartía ese espacio con la cuestionada Monali SAS, fue autorizada a operar, pero bajo estrictas condiciones, tras un debate en el Concejo Deliberante.
Vale recordar que la jueza de garantías Carina Álvarez homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de un hombre, titular de Monali SA.S., imputado por haber arrojado líquidos contaminantes con hidrocarburos al desagüe principal de la ciudad entre enero y agosto de 2024. Se trataba de efluentes provenientes del lavado de maquinaria petrolera, que fueron canalizados ilegalmente al sistema hídrico de Centenario.
El empresario accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation) por tres años, con la obligación de cumplir pautas de conducta, remediar el predio y destinar $300.000 en materiales de construcción a una organización civil. A pesar del daño ambiental constatado, la sanción penal fue considerada por muchos sectores como leve.
 El ingreso a la exjuguera donde estaba la empresa que vertió líquidos a los desagües. Ahora BM Inspecciones logró tener la licencia comercial por cinco años y tiene que remediar lo que dejó la otra empresa judicializada.
En paralelo a ese proceso, el Concejo Deliberante de Centenario aprobó hace unos días, por unanimidad, la licencia comercial por cinco años para BM Inspecciones, otra de las empresas que operaba en el predio de la ex Jugos del Sur. Pero la habilitación no fue automática ni sencilla. Los concejales impusieron condiciones duras y específicas, que incluyen la obligación de asumir parte de la remediación del daño ambiental que dejó la empresa vecina.

Empresa de Vaca Muerta: cómo le dieron la licencia comercial
El tema, de todas maneras, no cerró por la lógica, ya que le dieron seis meses para remediar, mientras que a la otra empresa que asumió la condena, tres años. Si bien BM Inspecciones no fue imputada penalmente, la presión pública y el antecedente del escándalo obligaron al órgano político a intervenir con mayor firmeza que la propia Justicia.
Esa diferencia de criterios generó malestar entre empresarios y vecinos. Sin embargo, ni los concejales sabían la decisión judicial que se iba a tomar con Monali SAS y le extendieron una licencia comercial a la empresa que quedó adentro del predio, que de alguna manera no se sabe si fue testigo de la contaminación, estando tan cerca a metros, una de otra.
Pero la polémica no termina ahí. Una de las preguntas que surgió en el debate es cómo una empresa de servicios petroleros puede operar durante años en medio de las chacras, sin licencia comercial, sin habilitación de Recursos Hídricos, sin inscripción como generadora de residuos peligrosos ni estudios de impacto ambiental actualizados.
Es más, en ese lugar que es zona rural, hace un par de años un taller de chapa y pinturas que trabajaba con solventes tuvo que abandonar el predio. Sin embargo, estas empresas de servicios, que operan por perfilados, siguen apostadas. ¿'Cuál es la razón? Nadie sabe.
En contraste, otras compañías que trabajan en la industria deben someterse a estrictos controles ambientales, pagar tasas elevadas, contratar auditorías externas y hasta certificar normas de calidad ISO 9001 para poder seguir funcionando. El caso de Monali SAS y la empresa que quedaron en el precio, sala a la luz que a todos se los mide con distinta vara.
La firma fue multada con $10,3 millones en 2023 por la jueza de Faltas Carolina Vidal. Pero más allá de la sanción económica, operó caños sin controles efectivos ni intervenciones a tiempo. BM Inspoecciones no tuvo sanciones (las inspecciones municipales no hallaron irregularidades graves y hubo voluntad de trabajo) y logró la licencia comercial definitiva por cinco años, pese a que convivía en el mismo predio con Monali SAS.
El predio en cuestión de la exjuguera es una marca registrada ene la historia de Centenario. Allí funcionaba la antigua Jugos del Sur SA, una planta frutícola que cerró hace años y cuyos dueños estaban en división de bienes desde hace años. Ell galpón reciclado en instalaciones industriales albergaba al menos tres empresas vinculadas a la industria del petróleo: Monali SAS, un taller de soldadura y BM Inspecciones.
Desde hace años, vecinos de las zonas rurales advertían movimientos irregulares como el lavado de flota pesada con agua subterránea, olores fuertes, presencia de hidrocarburos en los desagües. Una torre de acero entre las alamedas se volvió símbolo del avance petrolero en zonas tradicionalmente agrícolas.

Residuos del fracking, directo al río Neuquén
Las inspecciones municipales constataron que los efluentes iban directo a los canales de riego a través de un caño clandestino. A pesar de las actas labradas en abril y mayo de 2024, la actividad no se detuvo. La clausura preventiva recién llegó después del escándalo.
Lo ocurrido en Centenario se transformó en una postal del modelo que avanza en lo poco que queda de la zona rural en Neuquén. Las áreas cultivadas, donde antes predominaban las chacras y el cultivo de manzanas, hoy conviven con torres petroleras, camiones pesados y empresas que muchas veces operan en la informalidad o con escasa fiscalización.
La torre ficticia (se hacen reparaciones) que se alza en medio de las alamedas resume esta transformación. Es parte del decorado de una ciudad que empieza a oler más a petróleo que a fruta. Una ciudad donde, al parecer, algunas empresas pueden operar sin licencia ni permisos, mientras otras deben pagar costos millonarios por cumplir con las normas.
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La Justicia investiga otra vez a Atanor por vertidos de efluentes industriales con una conexión clandestina

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La irregularidad en la fábrica de agroquímicos de San Nicolás, que estuvo cerrada durante varios meses en 2024 tras la explosión de un reactor, fue constatada por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires. La firma cuenta con una condena por daño ambiental en su haber
En marzo de 2024, la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás, que fábrica agroquímicos, sufrió la explosión de un reactor que obligó a evacuar los barrios aledaños y a clausurar el predio donde funciona. Tras ese episodio, reabrió sus puertas en noviembre pasado. Pero una inspección del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires en junio de este año marcó una grave inconsistencia por vertidos de efluentes industriales en el suelo que está dentro del mismo predio y que se encuentra muy cercano a la barranca del río Paraná.
Esta irregularidad surge de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), organismo que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios del ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.
El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes del ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.
Desde Greenpeace, ONG que sigue de cerca las acciones de la firma, detallaron a este medio que el sector en cuestión está muy cerca de la barranca del río Paraná, “por lo que la descarga representa un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica”.
El acta que hicieron los agentes de la ADA dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace.

Condena reciente
El abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
La referencia del letrado es hacia una condena que ya pesa sobre Atanor. A principios de 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva y dictó una sentencia definitiva contra la firma por considerar que ocasionó contaminación ambiental tras volcar sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin ser correctamente tratadas.Por esta reiteración de infracciones, Maggi indicó que se presentó el pedido una medida cautelar para “tratar de frenar el desmanejo que la empresa hace de sus efluentes industriales, que son residuos peligrosos por la actividad que despliega”.
“Pese a estar clausurado el vuelco, siguen volcando a través de bombas clandestinas y de mangueras”, resaltó en diálogo con La Capital. Y profundizó sobre la medida cautelar solicitada a la jueza Díaz Bancalari: “Se intenta darle un corte al circuito de agua. Si Atanor no puede extraer agua de las napas subterráneas y no puede usar el agua del río, le impedimos la posibilidad de que genere efluentes líquidos industriales y, de esa manera, logramos proteger el ambiente impidiendo que vuelquen clandestinamente como lo vienen haciendo hasta ahora.

Incumplimientos de Atanor
En línea con el abogado, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra, que forma parte del equipo de Greenpeace, remarcó: “Este nuevo vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales, y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población”.
“No estamos ante un accidente sino frente a un patrón sistemático de contaminación, y estamos frente a una empresa reincidente que ya fue condenada por causar daño irreversible al río Paraná. Es urgente que la Justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir”, agregó.
Por parte, Maggi puntualizó que no sólo la firma reincide sino que, además, viola compromisos asumidos que fueron pactados con la jueza para poder reabrir su planta a finales del año pasado. Este fue el principal motivo por el que el abogado que representa a Fomea ingresó el pedido de medida cautelar.
Tras la audiencia del 13 de junio, Díaz Bancalari notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que investiguen la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa.
Por su parte, la magistrada pidió que esta nueva irregularidad detectada por la ADA se sume al expediente asociado a la medida cautelar que, en marzo del año pasado, había clausurado la actividad en la planta tras la explosión. A su vez, solicitó al organismo dependiente del Ministerio de Ambiente bonaerense otro informe para magnificar el impacto ambiental por los vuelcos y sus riesgos asociados.
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Abejas en peligro: el impacto de los agroquímicos

Fecha de Publicación: 24/06/2025
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional


Los agroquímicos no solo amenazan la biodiversidad: estudios recientes revelan cómo afectan los sentidos, el aprendizaje y la vida social de las abejas melíferas
En los campos argentinos, donde los cultivos se despliegan en vastas extensiones, un problema silencioso pero profundo amenaza el equilibrio de los ecosistemas.
Las abejas, fundamentales para la polinización de un tercio de los cultivos agrícolas, enfrentan un enemigo silencioso: los agroquímicos. ¿Qué consecuencias tiene esta exposición en las colmenas?
Un estudio pionero realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), junto con otras instituciones, destapa un panorama preocupante que podría comprometer la sustentabilidad del agro.
La polinización, un proceso esencial que une flores y frutos, trasciende lo estético al ser clave para la producción agrícola y la biodiversidad. Es una base insustituible de la producción agrícola. Sin embargo, las abejas melíferas, principales aliadas de este proceso, están en peligro.
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Las abejas, al polinizar, entran en contacto con estos productos, los cuales se acumulan en la colmena, afectando a toda la colonia”, explicó Jorge Zavala, investigador de la FAUBA y del CONICET.
El estudio reveló que los agroquímicos, especialmente el glifosato, impactan en las abejas a múltiples niveles: desde sus capacidades sensoriales y cognitivas hasta su comportamiento social.
Ivana Macri, profesional del INTA y autora principal de la investigación, comentó que estas sustancias alteran genes esenciales, debilitando las defensas y complicando actividades vitales como la higiene y la recolección de alimento.
En condiciones reales de campo, los investigadores instalaron colmenas en distintos lotes y monitorearon a las abejas antes y después de las aplicaciones de agroquímicos. “Hallamos residuos químicos en el polen y en las abejas recolectoras. Esto generó una exposición múltiple que debilitó a toda la colonia”, señaló Macri.
Los resultados fueron contundentes: las abejas expuestas perdieron capacidad para asociar olores de flores con recompensas y fueron menos sensibles al néctar, recolectando menos alimento para la colmena.
El daño no se limitó a las habilidades individuales. “Cuando se altera un gen vinculado al cerebro, el comportamiento social se ve afectado, reduciendo la eficiencia en la recolección de alimento y comprometiendo la supervivencia de la colonia”, agregó Macri.
La exposición a agroquímicos también redujo la calidad y diversidad de los recursos alimenticios disponibles, acentuando las dificultades.
¿Podemos imaginar un futuro sin abejas? Su rol en la polinización no solo sustenta la producción agrícola, sino que también garantiza la diversidad en los ecosistemas.
Estos insectos trabajan incansablemente, moviéndose de flor en flor, asegurando la continuidad de cientos de especies vegetales. Su declive no solo impactaría la economía agrícola, sino también la estabilidad ambiental.
Para Jorge Zavala, la conclusión es clara: “Si se afecta la capacidad de las abejas para recolectar alimento y transmitir información, la polinización a largo plazo se verá comprometida”.
Por su parte, Macri adelantó que el equipo continuará investigando, profundizando en cómo los agroquímicos afectan a las abejas según sus diferentes edades y tareas en la colmena. Además, buscarán entender cómo estos compuestos alteran la flora intestinal de las abejas, clave para su inmunidad y nutrición.
La relación entre la producción agrícola intensiva y el impacto en los polinizadores plantea interrogantes cruciales. Abordar esta problemática será esencial para garantizar un equilibrio entre la agricultura sostenible y la conservación de los ecosistemas.
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La innovación productiva le presenta pelea a la desertificación en el Gran Chaco

Fecha de Publicación: 21/06/2025
Fuente: Portal NoticiasFormosa
Provincia/Región: Norte Argentino


En una de las regiones más biodiversas y, al mismo tiempo, más amenazadas por el avance de la frontera agropecuaria; organizaciones sociales, gobiernos locales y productores impulsan estrategias colectivas para enfrentar uno de los desafíos más graves de nuestra era: la degradación ambiental y la pérdida de suelos fértiles.
Con el impulso del proyecto Impacto Verde, la red de actores que integra Redes Chaco avanza en una agenda de transformación productiva basada en la regeneración, la organización colectiva y la innovación territorial. Hoy, esa apuesta se vuelve más urgente que nunca.

¿Por qué es importante hablar de desertificación y sequía en nuestra región?
“La desertificación y la sequía son, tal vez, las mayores limitantes que enfrentamos para cualquier cadena de valor en el Chaco”, afirma Mercedes Borrás, especialista en ganadería y cadena forestal de Fundación Gran Chaco. Se trata de condiciones propias del ecosistema chaqueño, pero que se ven agravadas por modelos productivos intensivos, desmontes descontrolados y falta de planificación de largo plazo.
Comprenderlas como una problemática estructural es fundamental para diseñar estrategias de adaptación y resiliencia. Desde Redes Chaco, este enfoque se convierte en acción concreta: articulación institucional, planificación territorial y transferencia de soluciones tecnológicas para el arraigo y la sostenibilidad.
La relación entre desertificación y producción no es teórica, se observa todos los días. “El desmonte en el Chaco es una de las principales causas de desertización”, explica Agustín Noriega, presidente de Fundación Gran Chaco y coordinador técnico en el proyecto Impacto Verde. “A eso se suma la pérdida de fertilidad de los campos, los incendios de pasturas implantadas y la erosión eólica, que deja los suelos completamente expuestos”, amplió Noriega.
Durante décadas, los modelos ganaderos basados en el desmonte masivo ofrecieron resultados rápidos, pero generaron degradación, pérdida de biodiversidad y crisis hídricas. En paralelo, los pequeños productores también enfrentan limitaciones: falta de infraestructura, sobrepastoreo y agotamiento del suelo en zonas cercanas a aguadas o corrales.
El desafío actual no es sólo técnico, es político. Se trata de reorganizar el sistema productivo del Gran Chaco, incorporando criterios de regeneración, acceso al agua, sostenibilidad y participación de las comunidades.

Red Nueva de Ganadería: una herramienta contra la desertificación
Frente a este panorama, nace la Red Nueva de Ganadería Chaqueña, explica Agustin Noriega. Un espacio que articula a productores, técnicos, universidades y organizaciones como Redes Chaco, TNC, Fundación Gran Chaco, ACDI, Solidaridad, RegenoA, UNJu, UNSa y Fundapaz, entre muchas otras.
La Red impulsa una plataforma técnica para el diseño de soluciones regenerativas. Su objetivo es acompañar a los productores ganaderos de los tres países que integran el Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia) en la transición hacia prácticas sostenibles. No se trata solo de tecnología, sino de una apuesta por el conocimiento compartido y la organización desde el territorio.
“La red es un espacio donde se intercambian experiencias, se identifican fragilidades del sistema actual y se construyen nuevas respuestas colectivas”, resume Borrás. Con 35 millones de hectáreas comprometidas en la actividad ganadera chaqueña, lo que se juegue en este espacio será decisivo para el futuro ambiental y productivo de la región.

Acción climática para el futuro común
Resolver el acceso al agua, promover la ganadería regenerativa, frenar el desmonte y planificar el uso del territorio con base en datos y saberes locales son prioridades para Impacto Verde. Para lograrlo, el proyecto impulsa una agenda con gobiernos, cooperación internacional, productores pequeños y grandes, que permita pasar del diseño a la implementación concreta.
El compromiso de la comunidad regional es vital. La lucha contra la desertificación no es solo ambiental, es una disputa por el presente y el futuro de las comunidades, por la soberanía productiva y por el equilibrio ecológico de uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.
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Proponen una Ley de Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis del sector

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: Portal Pescare
Provincia/Región: Nacional


 Un proyecto de ley propone declarar la Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis económica, social y productiva del sector. Incluye incentivos fiscales, un fondo especial y un sistema obligatorio de trazabilidad. 
Un proyecto de ley ingresado al Congreso propone crear la Ley de Emergencia Pesquera Nacional por el término de 24 meses, con posibilidad de prórroga, con el objetivo de enfrentar la crisis económica, social, ambiental y productiva que atraviesa el sector. La medida alcanzaría a todas las jurisdicciones con actividad pesquera, haciendo foco en las provincias marítimas y fluviales de mayor volumen extractivo e industrialización. El proyecto es impulsado por el diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Entre sus objetivos, la iniciativa busca recuperar la sustentabilidad económica del sector, fortalecer el empleo, modernizar la industria, garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). También promueve la expansión de los mercados internacionales y el incremento del consumo interno de productos del mar y de río.
Durante el período de emergencia, el proyecto prevé la suspensión de aumentos impositivos y vencimientos fiscales y previsionales que impacten directamente en la pesca y la acuicultura. Asimismo, se propone la creación del Fondo de Fomento y Sostenibilidad Pesquera (FOFOSPE), que se financiará con recursos provenientes de multas por pesca ilegal, aportes provinciales, fondos del presupuesto nacional, asistencia internacional y donaciones.
En paralelo, se pondrá en marcha un régimen de incentivos fiscales para empresas que inviertan en innovación, reconversión productiva y sostenibilidad. Además, se creará un Fondo Rotatorio con créditos blandos para proyectos de modernización tecnológica.
Una de las medidas centrales del texto es la implementación obligatoria del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SUTraP), con validación técnica a cargo del INIDEP y en línea con estándares de la FAO. Las empresas que exportan deberán adaptarse al sistema en el plazo de un año, mientras que las que operan en el mercado interno tendrán un plazo de tres años.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía deberán diseñar estrategias de diversificación y apertura de mercados internacionales, mientras que el Ministerio de Salud y el de Agricultura impulsarán campañas de promoción del consumo local de pescado como alimento saludable.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación de la ley, en coordinación con organismos como el INIDEP, el SENASA y el Consejo Federal Pesquero. A los 18 meses de entrada en vigencia, deberá presentar un informe de evaluación de impacto al Congreso, incluyendo la evolución de indicadores económicos, estado de los fondos y recomendaciones para la continuidad o ajuste de las medidas
Finalmente, se establece la creación de un portal público y gratuito donde se difunda información sobre la ejecución del FOFOSPE, beneficiarios de incentivos fiscales y el avance en materia de sostenibilidad.
De aprobarse, el Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la norma.
Un exceso de legislación asfixiante, una autoridad de control que opera desde la ignorancia más absoluta de la dinámica real de la actividad, y una propuesta que, lejos de ofrecer soluciones tangibles, se limita a maquillar el problema con fórmulas vacías. En el fondo, no se trata de avanzar, sino de aparentar que se hace algo, mientras el núcleo del conflicto permanece intacto, erosionando cada día más la legitimidad y la eficacia del sistema. Este proyecto, de avanzar, no soluciona ni la forma ni el fondo de la cuestión.
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Decreto presidencial modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas de explotación

Fecha de Publicación: 10/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El decreto tiene como fin instalar industrias mineras o hidrocarburíferas en las actuales zonas protegidas. 
A través de un decreto, el Gobierno modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas de explotación. La norma 26.639 fija las regulaciones para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. La decisión se fundamenta en brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que se instalen en estos territorios.
El decreto busca la reducción de zonas protegidas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica. Según confirmó TN, apunta también a darle atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias. 
Ante las críticas de los sectores ambientalistas, el oficialismo aseguró que exigirá informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Además, mantendrán el marco de restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos. Las regulaciones actuales contemplan multas, suspensiones y el cese definitivo de la actividad.
En una reunión entre el Ministerio de Economía, encargado de proponer la medida, la secretaria de Energia, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energia y Mineria, Daniel Gonzalez, y de los equipos técnico de la Casa Rosada, confirmaron que estudian nuevas medidas para promover las inversiones. 
Las modificaciones de esta disposición ya habían sido impulsadas en las primeras versiones de la ley de Bases. El Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por no tener apoyo legislativo.
En su momento, la iniciativa provocó advertencias en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo” y expresó que podría afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”. 

Explotación en la zona periglaciar
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, fallo en el que marcaba que la responsabilidad en su protección es compartida entre Nación y las provincias. La norma establece la obligación de realizar estudios y monitoreos para evaluar el impacto de las actividades en los glaciares y el ambiente periglacial. 
También establece la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta fundamental para la recopilación de información y el monitoreo de estos cuerpos de hielo. Al mismo tiempo, estuvo involucrada en disputas relacionadas con la megaminería y sectores que limitan la protección de los glaciares para permitir la actividad minera.
Así, el Gobierno nacional, bajo el argumento de promover y “cuidar las inversiones extranjeras” busca modificar la norma. “Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, explicó la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker. 
Las zonas periglaciares son zonas montañosas con suelos congelados. “Son clave porque ahí se conserva mucha agua”, comunicó Becker. "En Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más", informó.
"El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol. Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más", concluyó. 
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Cambio climático: 130 industrias de Mendoza deberán medir su nivel de contaminación

Fecha de Publicación: 06/06/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


En un registro oficial informarán el volumen de emisión de gases efecto invernadero y un plan para reducirlos. Incentivos para moderar el cambio climático
Desde ahora, las industrias de Mendoza que emitan gases efecto invernadero deberán inscribirse en un Registro Provincial de Emisiones. Así lo decidió el Gobierno, en función de pautas de ONU en materia de cambio climático y contaminación.
La decisión se da en el marco del Programa Provincial Integral de Emisión de Gases Efecto Invernadero, creado por el decreto 748 este año. Las empresas tienen plazo hasta setiembre próximo para registrar emisiones durante el año 2023.
Según indicó a Diario UNO Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería, "de las 20 mil empresas que hay en la provincia, vamos a empezar por 130 industrias con chimeneas que son grandes generadores de gases".
Si bien el nuevo Registro inicia con industrias, no son los únicos actores económicos alcanzados. Para el ministerio de Energía es la primera etapa de un plan para mitigar la emisión de gases efecto invernadero como fin último.

Efecto invernadero: qué busca el control a industrias
"Se creó con el objeto de establecer un marco regulatorio para cuantificación, reporte y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito provincial", señala la resolución del director de Transición Energética, Ángel De Cicco.
Entre los grandes generadores, cementeras y también petroleras son parte del universo a alcanzar con la medida cuya autoridad de aplicación es el área de Transición Energética provincial.
Según trascendió, el objetivo es darle trazabilidad a la emisión de gases. Y, en definitiva, lograr que las empresas presenten su propio plan de reducción de la contaminación a partir de la presentación de reportes anuales. Sin embargo, representan un 30% de los 18 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) que se generan en Mendoza.
Al respecto, Sánchez Bandini puntualizó que "al contrario de lo que se supone, el grueso de las emisiones que contribuyen al cambio climático pasan por el transporte y los residenciales. Por eso es importante monitorearlas y reducirlas".

La postura de Mendoza frente a la ONU y el Acuerdo de París
En definitiva, ya está en marcha la primera etapa, la de la medición del nivel de contaminación.
Luego, en una segunda instancia, vendrán los beneficios que se puedan otorgar a los "cumplidores", que el Gobierno aún no define y van desde incentivos fiscales hasta el acceso a los mercados financieros a través de los llamados "bonos verdes".
Toda una decisión del Ejecutivo mendocino en tiempos en que el gobierno nacional, con el presidente Javier Milei al frente, niega, o al menos relativiza, los efectos del cambio climático.
De hecho, en febrero Milei criticó el Acuerdo de París impulsado por la ONU. Y calificó de "fraude ambientalista" el pacto firmado por los países a favor de encarar acciones para detener la contaminación y el calentamiento global.
¿Una eventual salida de Argentina del Acuerdo de París implicaría un cambio en la política ambientalista de la provincia? ¿O aún así Mendoza seguiría adelante? "Sin lugar a dudas, estamos convencidos de que este es el camino. Más allá de la decisión que tome el Estado nacional en ese sentido", resaltó Sánchez Bandini.
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Fallo judicial ordenó frenar desmontes ilegales en el Espinal entrerriano

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


En una sentencia que sienta precedente, una jueza de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en zonas protegidas del bosque nativo. Se reconoció la responsabilidad ambiental de los actores involucrados.
La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en áreas del Espinal entrerriano protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El fallo, considerado como ejemplar en lo fáctico y jurídico, también reconoció la responsabilidad ambiental de personas y empresas implicadas, y exhortó al Estado provincial a actuar con urgencia en la resolución administrativa del conflicto.
La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de Entre Ríos, Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representada por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, por desmontes ilegales en tres lotes identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278.
Las parcelas están categorizadas como zonas rojas (I) y amarillas (II) dentro del OTBN, lo cual prohíbe expresamente cualquier tipo de desmonte, salvo en casos excepcionales con aprobación previa, la cual no existía en este caso.
En su resolución, la magistrada se basó en evidencias técnicas contundentes, entre ellas:
-Mediciones de un agrimensor, que detectó franjas de 50 a 60 metros abiertas en el monte, presentadas falsamente como cortafuegos.
-Un informe técnico de la UADER, que confirmó que los desmontes comenzaron en junio de 2024, mientras Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso por comodato.
-La desestimación del peritaje de Cian, por su falta de rigor técnico, señalada por la Fundación.
-Se destacó además la aplicación del principio preventivo, para evitar mayores daños, al constatarse el desmonte ilegal de al menos 125 hectáreas.
-La jueza también exhortó al Estado provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo N° 3.010.683 iniciado por los responsables del desmonte, y a informar sobre los avances judiciales.
Desde Fundación CAUCE celebraron la sentencia como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y la Constitución Provincial, destacando que sienta un precedente valioso en la protección del patrimonio natural entrerriano.
“Continuaremos trabajando para garantizar la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y que se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, expresaron desde la organización ecologista. 
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El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Salta


El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia su expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
 Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.  
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.  
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.   

“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
 El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.   
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
 La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.   
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.  
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Se aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones del sector se cuadrupliquen para 2035

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Salta


Lo anunció el secretario coordinador de Energía de Luis Caputo. Es para la producción de litio en Salta. Las expectativas del sector que busca superar los US$10.000 millones de ventas al mundo para 2028.
El Gobierno aprobó el cuarto proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la primera iniciativa en minería y es por el emprendimiento Rincón, de la gigante Rio Tinto, ubicado en Salta, para la producción de litio.
La novedad fue anunciada por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante su participación en ArMinera 2025, la mayor conferencia minera del mundo que se realiza en la Argentina.
“Ya se aprobó el primer proyecto minero para Rincón Litio, de Rio Tinto. Además, contamos con tres proyectos de energía aprobados”, indicó. El tema ya estaba generando preocupación en las empresas del sector: había 7 proyectos mineros presentados al RIGI, y ninguno aprobado.
El proyecto de Rio Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón. La planta producirá carbonato de litio a escala industrial, con un esquema de desarrollo por etapas.
González recordó que existen otros tres proyectos energéticos que también recibieron luz verde en el marco del RIGI: un parque solar en Mendoza; el oleoducto sur de Vaca Muerta y el proyecto para exportar gas por barco desde Río Negro.
Consultado sobre los obstáculos que enfrentó la minería en los últimos años, apuntó directamente a las restricciones cambiarias: “El cepo ha sido el principal factor que afectó la competitividad del sector; el problema va más allá del tipo de cambio”, sostuvo.
Las perspectivas del sector minero quedaron marcadas también por las proyecciones de exportaciones e inversiones a largo plazo: según dos destacados economistas, el sector podría aportar en la próxima década US$30.000 millones en inversiones y US$20.000 millones en exportaciones, con el boom del litio y la apuesta por el cobre.
Sin embargo, los analistas marcaron dudas sobre el “puente” actual hasta la estabilidad cambiaria que podría producirse en los próximos años con el boom exportador de minería y energía. Así surgió del panel organizado por IDEA y CAEM en el marco de Arminera, este miércoles en La Rural.

Las exportaciones podrían cuadruplicarse en diez años
El nuevo escenario normativo y macroeconómico proyectado por el Gobierno generó un marco optimista entre analistas. Según Esteban Domecq, las exportaciones mineras podrían pasar de US$4400 millones en 2024 a US$21.200 millones en 2030.
Entre 2021 y 2024, las exportaciones mineras promediaron US$5816 millones por año, lo que representó el 7,4% del total exportado por la Argentina.
De cumplirse las proyecciones, en apenas tres años el sector superaría la barrera de los US$10.000 millones anuales. Para 2025 se estiman exportaciones por US$6800 millones.
Para 2028, el volumen exportador podría incrementarse a US$15.900 millones, con un fuerte impulso del litio, que aportaría por sí solo US$6000 millones.
Hacia 2030, el monto total treparía a US$21.200 millones, con el cobre como principal motor del crecimiento, también con US$6000 millones proyectados.
En paralelo estará la mejora en la balanza comercial energética. De acuerdo a las proyecciones de Invecq, la balanza energética —que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía— cerraría 2025 con un superávit de US$8000 millones.
Para 2030, ese saldo favorable podría alcanzar los US$24.600 millones. “Vaca Muerta dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una realidad”, mencionó Domecq.
Por su parte, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, explicó que el crecimiento de las exportaciones estará acompañado por un cambio estructural en la composición de los minerales exportados.
En 2025, en las ventas al exterior sigue liderando el oro (59% del total), le sigue el litio (26%) y en tercer lugar la plata (10%). Para 2035, la participación se modificará fuertemente: el litio alcanzaría el 33%, el oro bajaría al 11%, la plata descendería al 1% y aparecería un actor central, el cobre, que podría representar el 55% de las exportaciones la próxima década.
Izquierdo subrayó que “hay 16 proyectos en factibilidad y construcción”. Según sus proyecciones, el sector podría atraer más de US$30.000 millones en inversiones durante los próximos diez años. Además, remarcó que el desarrollo de estos proyectos podría generar más de 120.000 nuevos empleos.
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Más torres, menos fruta. La mutación del Alto Valle

Fecha de Publicación: 22/05/2025
Fuente: Agencia ADN
Provincia/Región: Río Negro


El Alto Valle del Río Negro es una de las principales regiones frutícolas de la Argentina. En la última década, en la zona también creció la producción de hidrocarburos de la mano del megaproyecto Vaca Muerta. Un trabajo hecho en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó el cambio en el área destinada a cada actividad en la localidad patagónica de Allen, como caso testigo de la región.
Según se desprende de ese estudio, entre 2010 y 2020, la superficie hidrocarburífera aumentó un 170%, mientras que la frutícola se redujo un 25%. En parte, la transformación se dio por las políticas públicas incentivaron al sector energético mucho más que al alimentario.
“El Alto Valle del Río Negro y es una importante zona frutícola. Aporta al empleo de la región y a las exportaciones nacionales”, comentó Juan Ignacio Azpitarte, licenciado en Economía y Administración Agrarias de la FAUBA. «Sin embargo -agregó- hoy la actividad está atravesando una crisis estructural. Disminuyeron la superficie y la cantidad de explotaciones dedicadas a producir peras y manzanas. Cayeron sus precios internacionales, sus exportaciones, su rentabilidad”, subrayó.
Azpitarte aseguró: “Además, en la última década, la actividad hidrocarburífera creció en la región como parte del megaproyecto Vaca Muerta. Se comenzaron a extraer hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking”.

¿El sector energético está desplazando al frutícola?
Para saberlo, Juan analizó cuánto cambió la superficie destinada a cada actividad entre los años 2010 y 2020. “Me enfoqué en Allen, una localidad del Alto Valle, donde hay una gran interacción entre la fruticultura y la extracción de hidrocarburos”.
En el trabajo se detectó un descenso de la fruticultura: de 6.545 a 4.870 hectáreas, una disminución del 25,6%. Al mismo tiempo, el área destinada a extraer hidrocarburos creció de 42 a 114 hectáreas; un aumento del 178%. “De estas 72 hectáreas nuevas, 33 eran tierras frutícolas y 21 eran frutales abandonadas o con otras actividades agropecuarias”.
“Esto nos hizo pensar que la crisis frutícola y otros factores influyeron en el cambio en el uso del suelo de la zona, además del crecimiento de Vaca Muerta”, reflexionó Azpitarte. Por eso, también decidió estudiar el rol del Estado respecto de ambos sectores.

Torres de perforación entre campos frutícolas
María Marta Di Paola, docente de la FAUBA y directora del trabajo de Azpitarte, resaltó que las políticas públicas destinadas al sector energético fueron más estructurales y constantes en el tiempo, y generaron condiciones favorables para su desarrollo. “En cambio, las dirigidas al sector frutícola fueron de corto plazo y reactivas a la emergencia agropecuaria, y no lograron frenar su retroceso”.
La docente advirtió que observaron un modelo de desarrollo desigual en el que se prioriza la producción de energía por sobre la de alimentos. “Esto está reconfigurando el territorio del Alto Valle del Río Negro, su economía y sus relaciones sociales”.
“Hace años que estudio la transformación de la Argentina como un polo energético a partir del avance de Vaca Muerta —dijo Di Paola—. Es muy impresionante ver las torres de fracking entre campos frutícolas. Nuestro trabajo abarca desde el 2010 hasta el 2020, ya que en 2013 se firmó el acuerdo YPF-Chevron que dio entrada a la técnica del fracking en la Argentina”.

Microfracturas, grandes cambios
El fracking se utiliza para extraer hidrocarburos no convencionales; es decir, gas y petróleo atrapados en rocas impermeables o semipermeables, de difícil acceso. La técnica consiste en realizar perforaciones verticales y horizontales, e inyectar cantidades grandes de agua, químicos y arena a presión para generar microfracturas.
Junto con otros docentes y estudiantes de la FAUBA, Di Paola investiga los diversos impactos de la expansión de la extracción de hidrocarburos en la fruticultura del Alto Valle. “El objetivo del proyecto es responder si el fracking está desplazando a la producción frutícola”.
Para cerrar, indicó que van a evaluar si la tendencia que observaron continuó en los últimos cinco años, además de otros impactos del sector energético en el alimentario. “En su rentabilidad, en el empleo que genera y en sus condiciones ambientales. En cómo lo viven los habitantes de ese territorio”.
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Gases de efecto invernadero en la industria hidrocarburífera: Chubut a la vanguardia de la normativa ambiental

Fecha de Publicación: 21/05/2025
Fuente: Portal ChubutLine
Provincia/Región: Patagonia


Chubut y otras tres provincias han comenzado a impulsar nuevas regulaciones relacionadas a los límites de emisiones en la Argentina debido a la dificultad para arribar a una legislación nacional uniforme en materia de protección ambiental para las actividades del sector hidrocarburífero.
Pese a que en noviembre de 2023 se creó el “Programa nacional de medición y reducción de las emisiones fugitivas derivadas de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos” , a la fecha esa Resolución N° 970/23 dictada por el Secretaría de Energía no fue reglamentada y el proyecto de ley citado no ha merecido tratamiento en el Congreso
En el interín, varias provincias hidrocarburíferas han dictado regulación específica que, si bien tienen en común el objetivo de protección ambiental y reducción de emisiones, difieren en el tipo de gases cuya medición, cuantificación y/o reducción se exige; en los sujetos obligados; así como en las acciones, planes y/o programas que se les exige a las empresas.

Regulaciones en Chubut y Rio Negro
El puntapié inicial lo dio la provincia de Río Negro mediante el dictado de la Ley N° 5733 (19/7/24) aplicable a las empresas petroleras que prorroguen sus concesiones en la provincia. Se exige el compromiso de planificar a mediano plazo adecuaciones de las instalaciones e implementación de medidas para reducir las emisiones GEI de forma progresiva e incorporar tecnologías de CCUS (Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono). Las concesionarias deberán adoptar criterios de reducción de emisiones e incluir en los Estudios de Impacto Ambiental, la evaluación de la huella de carbono, justificando la elección con relación a la alternativa de menor valor de huella de carbono. Asimismo, en los Informes de Monitoreo Anual Ambiental o Monitoreo Anual de Obras y Tareas deberá considerarse la cuantificación de inventario de gases de efecto invernadero (GEI), la cual se realizará conforme a lo establecido en la norma IRAM 14064.
Por su parte, en septiembre de 2024 la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut dictó la Resolución N° 58/2024 (23/9/24), que regula las emisiones de metanoprovenientes de la actividad hidrocarburífera. Establece objetivos y lineamientos para la detección, control, monitoreo, cuantificación y reducción de emisiones de metano provenientes de las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.
La norma exige la presentación de varios planes y programas, entre ellos un Plan Anual de Gestión de Emisiones de Metano, un Programa de Detección y Reparación de Fugas, un Plan de monitoreo anual y un Plan de acción para recambio de equipos.
Posteriormenta la provincia de Neuquén creó por Resolución N°  285/25 de la Secretaría de Ambiente (21/2/25) el “Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Sector Hidrocarburífero”.  Por medio del cuál exige a las empresas petroleras informar las emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso y contar con un registro de lo que emiten. Son sujetos obligados las empresas que realicen exploración, explotación, transporte, almacenamiento, procesamiento, y/o industrialización de hidrocarburos en la provincia.
Finalmente, días pasados la provincia de Mendoza creó mediante el Decreto N° 758/25 (15/4/25) el “Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero”.  El mismo establece objetivos y lineamientos para la detección, control, monitoreo, cuantificación, medición, reporte, verificación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en actividades relacionadas con las grandes industrias, entre las cuales se encuentra la actividad hidrocarburífera. Los sujetos obligados deberán cuantificar las emisiones de gases que produzcan anualmente y declararlo ante la autoridad de aplicación, quien podrá establecer límites de intensidad de emisiones a cumplir para los años 2030, 2040 y 2050 y programas de reducción y compensación de emisiones.
Si bien algunas de las regulaciones referenciadas fueron dictadas con posterioridad al dictado del Decreto N° 1057/24 (reglamentario del 163 de la Ley 27.742), todas ellas han incursionado en aspectos que el artículo 2° del Anexo III del citado decreto establece como uno de los temas a ser regulados de manera uniforme y armónica entre Nación y provincias: … f) emisión de gases de efecto invernadero asociada a la actividad (Descarbonización).
A la vista de estas nuevas normas provinciales, se pone nuevamente en evidencia la dificultad en arribar a una legislación uniforme en materia de protección ambiental de las actividades hidrocarburíferas, desafío respecto del cual se comentó en la nota publicada en este medio en diciembre de 2024.

Por Verónica Tito - Abogada, magister en Gestión de la Energía y consultora en Regulación Energética, Transición y Sustentabilidad
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“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”: denuncian abandono y retrocesos

Fecha de Publicación: 16/05/2025
Fuente: Portal FaroNoticias
Provincia/Región: Riachuelo


A pesar del cierre de la supervisión judicial por parte de la Corte Suprema, organizaciones sociales y vecinos afectados advierten que las condiciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo siguen siendo críticas. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de ser una historia cerrada, la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo una herida abierta para miles de personas. Un reciente artículo publicado por la Agencia de Noticias Científicas (ANC) retoma un reclamo urgente: el saneamiento del Riachuelo no está cumplido, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya decidido, en octubre pasado, dar por concluida su supervisión judicial del proceso.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), junto a otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones sistemáticas a los derechos de los vecinos que habitan la cuenca.
El artículo de ANC señala que el Sistema Riachuelo, obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la expansión de redes de agua y cloaca, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Esta demora profundiza los efectos de la contaminación y perpetúa la exclusión en los barrios más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor. Al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan pozos ciegos que, cuando llueve, se desbordan y van directo al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y descargan sus residuos en la Cuenca”, relata Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús
La denuncia se suma a años de promesas incumplidas y políticas que, aunque anunciadas con bombos y platillos, no han llegado a transformar la vida cotidiana de quienes conviven con el veneno ambiental todos los días. A pesar de los avances formales, el Riachuelo sigue siendo un símbolo de deuda social y ecológica. Y como tantas veces en la historia argentina, la sentencia del poder judicial parece escrita lejos del barro, del agua sucia y del dolor de los más postergados.
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