Mujeres originarias de Pichanal exigen respuestas por la contaminación del pozo de Lomas de Olmedo

La Organización de Mujeres Kuape Äi pidió información oficial sobre el pozo petrolero abandonado que libera gases y líquidos en el norte de Salta, conocido como el “Chernobyl salteño”, y denunció años de silencio.

Mujeres de comunidades originarias de Pichanal, en el norte de Salta, exigieron respuestas oficiales sobre la contaminación que provoca un antiguo pozo petrolero abandonado en la zona de Lomas de Olmedo, que desde hace años libera gases y líquidos con hidrocarburos sin control. La Organización de Mujeres Kuape Äi presentó un pedido de acceso a la información pública ante el municipio, la provincia y el resto de las autoridades con responsabilidad sobre el caso, y denunció que reina el silencio.
“Hasta acá yo sé que han pasado unos años y no hay nada, hay un silencio, hay un desconocimiento”, afirmó Leticia Quispe, integrante de la organización. Las mujeres quieren saber qué estudios se realizaron, qué sustancias se detectaron, cuáles fueron los resultados de las pericias, quién es hoy responsable del pozo y si existe un programa de saneamiento. También expresaron su preocupación por la salud de los habitantes de La Estrella y Pichanal, y advirtieron que no tienen certeza sobre si las emanaciones ya están afectando el aire que respiran.

Un pozo de más de 40 años
El pozo, conocido como Lomas de Olmedo X-10 o Puesto Guardián, fue perforado en 1983 por YPF, en el departamento Orán, y luego quedó inactivo. Su última concesionaria fue la empresa President Petroleum S.A., cuya quiebra se declaró en 2025. En 2023 ya se habían registrado problemas ambientales, y la Secretaría de Minería y Energía provincial intimó a la empresa a realizar el cierre definitivo del pozo, algo que no se concretó por presentaciones legales.
En marzo de 2025 se denunció una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter formado en la estructura. A fines de ese año, la provincia declaró la caducidad de la concesión y transfirió el manejo del área a la empresa con participación estatal REMSa. Salta también inició una demanda contra la última concesionaria.

Un bosque convertido en zona muerta
El impacto es visible. Según Greenpeace, que inspeccionó el lugar, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo quedaron completamente secas en el perímetro del pozo, y la afectación podría extenderse según el viento, la presión y la temperatura. Se trata de un área de quebrachales, cebiles y palo de papel, en la transición entre el Chaco Seco y el piedemonte de las Yungas, considerada un ecosistema prioritario para la conservación.
“Los líquidos y gases se esparcían sobre el suelo y la vegetación”, describió Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina, tras recorrer la zona. Los productores locales atribuyen a la fuga la muerte de unas 350 cabezas de ganado desde 2023, además de caballos, zorros, aves y otros animales silvestres. La situación valió al caso el apodo de “Chernobyl salteño”.

La causa judicial
La Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, intervino tras la denuncia de 2025, restringió el acceso al área y exigió la contención de los fluidos y la realización de análisis ambientales. En mayo de ese año, el Senado salteño aprobó una declaración de preocupación y respaldó la exigencia de un plan de contingencia y de estudios de impacto ambiental.
En octubre de 2025, el juez de Garantías Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular en el lugar. Los informes técnicos incorporados al expediente dan cuenta de un daño grave al ecosistema en superficie, aunque la investigación todavía busca determinar su magnitud y las responsabilidades. En julio de este año, tres resoluciones judiciales rechazaron planteos de la defensa de uno de los imputados, y la fiscal continúa al frente de la causa.

Sin respuestas
Pese a la causa judicial y a los reclamos, hasta mediados de este año no se había realizado ninguna acción efectiva para contener la fuga, según Greenpeace, que reclama a la provincia la publicación de los estudios realizados y un plan integral de remediación. El municipio, la provincia y la empresa tampoco respondieron públicamente al nuevo pedido de las mujeres de Pichanal.
El caso muestra una de las caras menos visibles de la actividad petrolera: los pozos que quedan abandonados cuando las empresas se retiran, y cuyos costos ambientales terminan recayendo sobre los territorios y las comunidades que habitan cerca de ellos.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Nuevo Diario de Salta, Ministerio Público Fiscal de Salta

Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

Arrasaron más de 3.300 hectáreas de bosques en Salta y avanzan sobre territorios de comunidades wichí

Topadoras con cadenas destruyen desde agosto bosque nativo en tres fincas cercanas a Tartagal, al punto de llegar a pocos metros de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. Greenpeace y organizaciones wichí denuncian que un cambio reciente en el ordenamiento territorial de Salta habilitó el avance sobre tierras reconocidas como de ocupación ancestral indígena.

Más de 3.300 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas desde principios de agosto en el área rural de Tartagal, al norte de Salta, en un desmonte que afecta directamente a tres comunidades wichí y que, según Greenpeace, pone en riesgo el sustento de otras siete más. La organización documentó con fotos y video a dos topadoras que, mediante inmensas cadenas, destruyen el bosque y el territorio de comunidades sobre la ruta nacional 86, en las cercanías de la ciudad.

Tres fincas, tres empresas
Los denunciantes identificaron a las fincas responsables: "Tonono", de Martín Morales; "Alcoba", de la empresa Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier; y "Caraguatá", de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A. "Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí", manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Las máquinas, a metros de las casas
En la zona de Finca Tonono, las máquinas con cadenas llegaron hasta las inmediaciones de las viviendas de la comunidad Pozo Nuevo. "Las máquinas con cadenas actualmente continúan deforestando. Finca Tonono está prácticamente encima de la comunidad Pozo Nuevo. Hoy los wichis mandaron fotos de que llegan hasta pocos metros de las casas", señaló Cruz. Los habitantes lograron evitar que las topadoras ingresaran a un pequeño cementerio ubicado cerca de las viviendas, aunque el lugar sigue amenazado: "esta comunidad logró salvar de las topadoras un pequeño cementerio que tienen ahí, cerca de las casas. Hasta cuándo no sabemos, porque ese espacio está delimitado para desmontar", sostuvo Cruz. Según la referente de Greenpeace, Desdelsur lleva desmontadas más de 27.000 hectáreas en los últimos años en la zona.

Un cambio normativo que abrió la puerta
Pozo Nuevo y Tonono habían estado categorizadas como "zona amarilla" dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una clasificación que impedía avanzar con el desmonte. Pero a fines de 2024 hubo una reforma a ese ordenamiento por la cual esos sectores pasaron a la categoría "amarillo oscuro", que sí permite cambios en el uso del suelo. Según un informe previo de Greenpeace, la aprobación del nuevo ordenamiento habilitó en total la deforestación de 721.568 hectáreas en la provincia, una cifra que la organización ya denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que viola la Ley Nacional de Bosques. Cruz advirtió además sobre el alcance futuro de la norma: "con el nuevo ordenamiento, Salta tendría posibilidad de desmontar más de 100 mil hectáreas por año". Según el relevamiento satelital de la organización, en los primeros seis meses de 2026 ya se habían desmontado 11.960 hectáreas en la provincia, el doble que en el mismo período del año anterior.

Territorios reconocidos, pero no respetados
Cruz calificó de ilegítimo el avance sobre estos territorios por tratarse de comunidades que cuentan con un relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): "esta deforestación es ilegítima porque viven ahí comunidades wichis que son los verdaderos dueños, cuentan con su carpeta de relevamiento que hizo el INAI, pero la provincia de Salta no respeta esa territorialidad ancestral que tienen". Entre las comunidades que la organización identifica como afectadas por el nuevo ordenamiento en la zona están Pozo Nuevo, Cañitas, Paraíso, Arenales, Tonono, Pacará, Hoktek Toi, Kilómetro 16, Kilómetro 20 y Monte Veo.

Denuncias sin respuesta
Las comunidades presentaron denuncias ante la Justicia para intentar frenar el avance de las máquinas, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Según relató Cruz, el propio fiscal de Tartagal informó que debía intervenir la Policía, pero el operativo no se concretó por falta de combustible para los vehículos. "Se desconoce qué es lo que la Provincia autorizó porque no dieron explicación ni a los wichis ni a organismos como Greenpeace, que presentamos notas y ya denunciamos esto hace más de un mes", afirmó. La organización lanzó además una convocatoria para sumarse a la "República de los Siete Bosques", una plataforma que busca construir una comunidad protectora de los bosques frente a distintas amenazas, con inscripción abierta en sietebosques.org.

Un patrón que se repite en el norte del país
La organización recordó que Argentina todavía está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, y cuestionó en ese marco los intentos de flexibilizar aún más la Ley de Bosques a nivel nacional. "Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos", sostuvo Cruz. Un informe anterior de la organización, de principios de 2025, ya había señalado que casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte argentino durante 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco: el 75% de esa superficie correspondió a Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, con 149.649 hectáreas deforestadas, equivalentes a unos 210.000 campos de fútbol.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: El Diario AR, Nuevo Diario de Salta

Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal

Semanas después de que sus integrantes frenaran el ingreso de una topadora, la Comunidad El Tunal, del Pueblo Vilela, denunció que la Dirección de Bosques provincial autorizó formalmente a una empresa agropecuaria a desmontar uno de los últimos sectores de monte nativo de su territorio, reconocido oficialmente por el Estado como de ocupación tradicional indígena.

La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Originario Vilela, denunció que continúan los desmontes en parte de su territorio comunitario en el norte de Santiago del Estero, pese a los reclamos presentados ante las autoridades provinciales. Según informó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques de la provincia autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a avanzar con las tareas, luego de que a fines de agosto la propia comunidad lograra frenar el ingreso de una topadora que había comenzado a desmontar en el lugar.

Una autorización después de la resistencia
De acuerdo con la organización, tras aquel freno inicial se presentó en el territorio una persona con una orden atribuida a la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichelli, mediante la cual se autorizaba a la empresa a realizar el desmonte. "Ante el desconocimiento total de la comunidad, se han radicado las denuncias correspondientes, sin embargo desde las autoridades de control, se hace oído sordo", sostuvo el MOCASE-VC en una publicación difundida en redes sociales. Según la denuncia, las máquinas continúan trabajando en el lugar. La organización afirmó además que las topadoras están custodiadas por personas armadas, una acusación que no fue acompañada de documentación pública sobre la identidad de esas personas ni sobre actuaciones judiciales vinculadas al episodio.

Un territorio que el propio Estado reconoció como indígena
El Tunal está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero. En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad, y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie de aproximadamente 3.132 hectáreas, con delimitación georreferenciada y documentación histórica y antropológica incluida. Ese antecedente es central en el conflicto actual: mientras un organismo nacional registró oficialmente la ocupación tradicional del territorio, otro organismo provincial autorizó allí una actividad de desmonte.

Las preguntas que plantea la comunidad
El MOCASE-VC cuestionó los criterios utilizados por la Dirección de Bosques para otorgar la autorización y planteó interrogantes sobre la participación de la comunidad en el proceso: "¿por qué no se ha sometido a consulta pública? ¿Por qué no se mide el impacto ambiental, social, cultural, político que provoca autorizando en territorio indígena un desmonte?", preguntó la organización. La Ley Nacional de Bosques Nativos exige que los desmontes cuenten con autorización de la autoridad competente y una evaluación de impacto ambiental previa, además de contemplar mecanismos de participación pública y acceso a la información. En el caso específico de comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece además el derecho a ser consultadas mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas administrativas que puedan afectarlas directamente. La comunidad sostiene que desconocía la autorización y exige "inmediato freno a las autorizaciones otorgadas, revisión de las mismas, estudios correspondientes sobre los impactos en territorios".

Un conflicto que no es aislado
El caso de El Tunal se suma a un patrón que distintas organizaciones vienen documentando desde hace años en la provincia. Según datos de Greenpeace Argentina, Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes del país: solo en un período de seis meses se deforestaron más de 40.000 hectáreas en el norte argentino. El MOCASE-VC vinculó además este conflicto puntual con la pérdida de monte nativo y los efectos del cambio climático, y pidió que se evalúen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de las actividades autorizadas en territorios de comunidades originarias.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Alerta socioambiental en el Gran Chaco por el avance incesante de la deforestación y la pérdida de biodiversidad

Informes regionales de fiscalización ambiental y reportes periodísticos exponen la fragilidad del bioma chaqueño ante la persistencia de cambios no autorizados en el uso del suelo y el impacto en las comunidades.


La ecorregión del Gran Chaco Salteño y su entramado socioambiental contiguo enfrentan una situación crítica marcada por el desmonte sistemático, la fragmentación del hábitat nativo y la pérdida irrecuperable de bienes comunes naturales. Según coberturas especializadas difundidas por el diario Nuevo Diario de Salta y agencias de noticias del Norte Grande argentino, el avance continuo de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos de alto valor de conservación continúa operando bajo modalidades ilegales o amparadas en recategorizaciones territoriales cuestionadas por la justicia federal. La tala indiscriminada no solo vulnera la estructura biológica de especies arbóreas autóctonas como el quebracho y el algarrobo, sino que desencadena un severo impacto social sobre las comunidades campesinas y los pueblos originarios que dependen de la recolección, la apicultura y la caza para su subsistencia diaria.

Impactos hidrológicos, suelo y erosión de la biodiversidad
El Gran Chaco representa el segundo ecosistema forestal más extenso de América del Sur y el mayor bosque seco continuo del continente. La eliminación acelerada de la cobertura vegetal nativa altera de manera directa el balance hídrico de la cuenca del Río Juramento-Salado y el Río Bermejo. Sin la intercepción foliar ni el entramado radicular de los árboles autóctonos, los suelos sufren un proceso severo de compactación y salinización, incrementando drásticamente el riesgo de inundaciones devastadoras durante la estación de lluvias y acelerando la desertificación en los periodos de sequía estival. Asimismo, la destrucción de estos corredores biológicos acorrala a grandes mamíferos en peligro de extinción, como el yaguareté, el tatú carreta y el oso hormiguero gigante, empujándolos al aislamiento genético y a la desaparición local.
Para desglosar los ejes prioritarios sobre la problemática del desmonte en la región chaqueña, se destacan los siguientes eches estructurales:
- Inobservancia del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): Desmonte de parcelas clasificadas en Categoría I (Rojo) y II (Amarillo) donde la ley prohíbe de forma estricta el cambio de uso de suelo.
- Vulneración de derechos comunitarios e indígenas: Falta de titulación comunitaria y avance de la maquinaria agrícola sobre territorios ancestrales habitados por comunidades Wichí, Qom y familias criollas.
- Pérdida del servicio de captura de carbono: La quema y posterior despeje de biomasa libera miles de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, anulando la capacidad de mitigación climática de la región.

Exigencia de controles, multas efectivas y restitución de bosques
Asambleas socioambientales, entidades académicas y organizaciones de derechos humanos exigen de manera urgente a las autoridades provinciales y nacionales un endurecimiento real de los controles de fiscalización en territorio. Una de las demandas centrales apunta a la tipificación del delito penal ambiental por deforestación ilegal, dado que las multas administrativas vigentes suelen ser absorbidas por las empresas agrícolas como un costo operativo más dentro de la inversión del proyecto. Asimismo, se demanda la suspensión inmediata de todas las autorizaciones de desmonte vigentes hasta tanto se consolide un proceso de participación ciudadana vinculante y se implemente un plan de restauración ecológica obligatoria para los predios ilegalmente talados.

Defender el Chaco para la resiliencia climática del norte argentino
Preservar el Gran Chaco no constituye únicamente un imperativo biológico, sino un requisito estratégico para la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria y la estabilidad climática de todo el Norte Grande. Detener la topadora y promover modelos productivos sostenibles —como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) y el desarrollo de economías forestales no maderables— resulta indispensable para garantizar la permanencia digna de las comunidades rurales en su territorio. Garantizar la intangibilidad del bosque nativo es el único camino para asegurar un futuro de equidad socioambiental en la región.


Fecha de Publicación: 09/09/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes originales consultadas: Nuevo Diario de Salta, Agencia Télam, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta
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Denuncian a las autoridades de CAMYEN por vulnerar un área protegida con actividad minera en Catamarca


Organizaciones ambientalistas y comunidades locales presentaron acciones judiciales contra la empresa minera estatal catamarqueña por avanzar con exploraciones sin declaración de impacto ambiental en zonas de reserva natural.

Una severa controversia legal y socioambiental sacude a la provincia de Catamarca tras la presentación de denuncias penales y administrativas contra el directorio de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.). Las acciones formuladas por asambleas socioambientales, comunidades originarias y referentes de la oposición política sostienen que la firma minera oficial ejecutó aperturas de caminos, movimiento de suelos y Prospecciones mineras dentro de un área natural protegida sin contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada ni haber realizado el proceso obligatorio de consulta previa, libre e informada con las poblaciones locales. El caso reactivó el debate regional sobre los límites de la actividad extractiva frente a la legislación de conservación de la biodiversidad.

Irregularidades en el procedimiento ambiental y afección de cuencas
La denuncia fundamenta que las maquinarias pesadas contratadas o supervisadas por CAMYEN intervinieron territorio categorizado bajo protección ambiental estricta por leyes provinciales y nacionales, vulnerando ecosistemas frágiles de alta montaña y cabeceras de cuenca indispensables para el abastecimiento de agua dulce de las poblaciones del bolsón arido. Según las presentaciones judiciales, la empresa pública incurrió en la omisión sistemática de la instancia de participación ciudadana y audiencia pública requeridas por la Ley General del Ambiente (N° 25.675). La afectación directa sobre la flora autóctona, los suelos rocosos inestables y las vegas de altura reavivó la alerta entre productores ganaderos y agrícolas de la zona, quienes temen por la contaminación e interrupción de los flujos de agua superficiales y subterráneos.
Para desglosar los puntos sustantivos planteados en la acción penal y administrativa contra las autoridades de la firma estatal, se destacan los siguientes eches críticos:
- Falta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Ejecución de tareas operativas y movimiento de maquinaria pesada sin la autorización ambiental previa emitida por la autoridad de aplicación.
- Vulneración de normativas en áreas protegidas: Incursión territorial en zonas cuyo estatus legal prohíbe explícitamente el desarrollo de proyectos mineros de gran escala o prospección no regulada.
- Omisión de la Consulta Previa, Libre e Informada: Incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas radicados en el territorio afectado.

Exigencia de paralización de obras y deslinde de responsabilidades
Las organizaciones denunciantes solicitaron ante el Poder Judicial de Catamarca la emisión urgente de una medida cautelar de no innovar que ordene la paralización inmediata de todas las actividades mecánicas y el retiro de la maquinaria del perímetro del área protegida. Asimismo, se demandó a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que inicie los sumarios administrativos correspondientes contra los funcionarios responsables de CAMYEN y aplique el principio precautorio para evitar daños irreparables en el ecosistema. Dirigentes comunitarios remarcaron que el propio Estado provincial no puede actuar como eximente de la ley ambiental, debiendo ser el primer garante de la custodia del patrimonio natural catamarqueño.

El desafío de la gobernanza ambiental en los proyectos mineros
El conflicto desatado en torno a CAMYEN pone en evidencia las complejas tensiones entre el impulso a la matriz extractiva estatal como fuente de recursos económicos y el estricto cumplimiento de los estándares de protección socioambiental. Especialistas en derecho ambiental enfatizan que la legitimidad de cualquier desarrollo minero en las provincias cordilleranas exige transparencia institucional, control ciudadano efectivo y la intangibilidad estricta de las reservas naturales. Proteger las áreas de reserva resultará determinante para garantizar la sustentabilidad de los bienes comunes y la paz social en los territorios del noroeste argentino.


Fecha de Publicación: 08/09/2026
Provincia/Región: Caramarca
Fuentes originales consultadas: Diario El Ancasti, Agencia Télam, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, Fiscalía de Estado de la Provincia de Catamarca
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Comunidades indígenas denunciaron penalmente los desmontes en el norte

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Referentes indígenas explicaron que recorrieron al Ministerio Público Fiscal después de esperar por dos semanas respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Referentes de las comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la jurisdicción del municipio de Tartagal, se presentaron ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Gonzalo Vega, a denunciar los desmontes que se están llevando a cabo en la zona rural de esa localidad y solicitar que se ordene su cese urgente.
Las poblaciones indígenas habían advertido de los movimientos de topadoras en la zona al iniciar agosto. En aquel momento Salta/12 requirió información a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la respuesta fue que debía presentar un pedido de acceso a la información.
Representantes de las comunidades también pidieron información a este organismo, pero tampoco obtuvieron información documentada sobre los supuestos permisos para el desmonte que serían realizados por Martín Morales y la empresa DesdelSur.
En la zona, alejada de toda posibilidad de registro y sin inspección alguna, pobladores registraron con sus teléfonos celulares una cadena que rodea al monte que todavía queda en pie y que es llevada por una de las picadas abiertas. Las comunidades afirmaron que estas cadenas se utilizan para arrancar la vegetación.
Estas cadenas de gran tamaño son enganchadas a topadoras que avanzan paralelas por las picadas abiertas y van destruyendo la vegetación, además de la fauna que no alcance a escapar de este avance. Cada eslabón de la cadena puede medir entre 25 y 40 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos.
El ruido es perturbador. “Uno de acá de la zona fue ayer a ver qué es lo que hay y dice que ahí están topadores en cadenas y la gente de Pozo Nuevo se siente como un niño que no tiene padre o la madre. Y se escucha el ruido… que caen árboles, la tierra se mueve y están hay cementerio y mucho polvo, es que no hay viento y la gente de Pozo Nuevo respira el polvo que queda en el aire”, describió Basilia Pérez, una de las mujeres que acompañan a las comunidades que denuncian el desmonte sin encontrar eco alguno en los organismos oficiales. El testimonio es de hace una semana.

La denuncia
Basilia, junto a Marcelino Pérez, de la comunidad wichí Lapacho 2, de Tartagal, otros referentes de las comunidades indígenas y la representación legal de la abogada Cecilia Jezieniecky, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 de la ciudad norteña las actividades de desmonte en la zona de Pozo Nuevo, que afecta de manera directa a la comunidad aborigen de Arenales, en Finca Tonono. El desmonte está, aparentemente, a cargo del empresario Martín Morales, y en Finca Alcoba, a cargo de la empresa DesdelSur en la zona que va desde los parajes Alcoba a Cañitas.
En la denuncia se detalló que las actividades se realizan aparentemente en las matrículas 29.217, 29.218, y 29.219 del departamento San Martín las que afectan de manera directa a las comunidades de Alcoba y Cañitas, a tan solo 500 metros, y a las comunidades de Tonono y Pacará.
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el 1° de agosto recorrieron la zona de Alcoba y el 8 de agosto, la de Pozo Nuevo. En esas ocasiones lograron relevar “una fuerte preocupación y desesperación de las comunidades indígenas, quienes denuncian encadenados y máquinas topadoras”.
Sostuvieron que esta actividad es ilegal “en tanto por ser bosque nativo categoría amarilla la actividad de desmonte no se encuentra permitida”.
La cuestión es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia permite un área de producción/conservación (o APC) que en el mapa está pintada de marrón y que se puede trocar en verde, amarillo o rojo, dependiendo del porcentaje de desmonte que se permite en la zona, y los permisos que se otorgan.
En la denuncia, los firmantes manifestaron que el bosque nativo rodeado por las topadoras es de “alto valor ambiental y cultural. Su desmonte o cambio de uso para introducción de ganadería pone en riesgo nuestras comunidades, el ambiente y nuestra salud”. Y pidieron al fiscal que “se ordene frenar la actividad hasta tanto el Estado implemente un proceso de consulta libre, previa e informada en las comunidades afectadas por dicha actividad”.
En este punto añadieron que el 3 de agosto solicitaron información sobre la actividad en Finca Alcoba a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin tener respuesta alguna. Agregaron que este organismo “no tiene equipo en la zona de Tartagal y tiene grandes dificultades para dar una intervención rápida frente a los conflictos socio ambientales”.
Explicaron que por esto acudieron a la fiscalía a cargo de Gonzalo Vega, con el propósito de que “intervenga y pueda poner un freno a la actividad”.

Los sospechosos de siempre
Según las imágenes satelitales que la organización ambientalista Greenpeace envió a Salta/12, en solo 5 días se desmontaron al menos 200 hectáreas en la zona.
La reticencia oficial a actuar ante las denuncias de las comunidades indígenas, no es una novedad. Hace 14 años, en la zona de Cuchuy, (en la jurisdicción de General Ballivián, también del departamento San Martín), referentes indígenas denunciaron los desmontes. En aquel momento, desde el área de Ambiente se afirmó que no existía ningún desmonte. Un año después, y solo por un operativo realizado por la ex AFIP, se reveló un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, realizado por empresarios que además tenían a personas en condiciones de trabajo esclavo.
Desde 2013 hasta la actualidad, el desmonte ilegal por el cual fueron responsabilizados los hermanos José y Darío Karlen, continúa en una contienda judicial sin que se haya pagado una multa que actualmente supera los 21 mil millones de pesos. 
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Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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El grupo Eurnekian, condenado por sus aplicaciones de agroquímicos: Un fallo responsabilizó a dos de sus empresas por intoxicaciones y contaminación en comunidades originarias de Chaco

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal BichosDeCampo
Provincia/Región: Chaco


En un reciente fallo, la Justicia chaqueña acaba de responsabilizar al gobierno provincial y a dos empresas agropecuarias del grupo que dirige Eduardo Eurnekian por el impacto de las fumigaciones sobre comunidades originarias de Pampa del Indio y Presidencia Roca.
El caso remite a denuncias radicadas de forma ininterrumpida desde hace 20 años por sucesivos hechos de intoxicación, pérdida de cultivos de autoconsumo y hasta la contaminación de reservas de agua con niveles muy elevados de glifosato. La decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa retoma ese histórico reclamo y sienta un precedente en la materia.
Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Las comunidades campesinas que lo rodean son en su amplia mayoría Qom, no cuentan con acceso a la red de agua potable y necesitan de pozos, aljibes y reservorios propios para saciar sus necesidades básicas.
Ese amplio predio, ubicado en el Departamento General San Martín, pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que hoy abarca toda la cadena. Ambas son parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Uno de los estudios toxicológicos elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA junto al CONICET establece que el 90% de las muestras de agua analizadas en la región no son aptas para consumo humano, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
Ello se complementa con una serie de estudios biomédicos del proyecto internacional Sprint, llevado adelante por el INTA, que detectó hasta 10 plaguicidas distintos en muestras de sangre y entre 6 y 13 en muestras de orina, con presencia de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato, entre otras sustancias.
El punto más crítico del caso ocurrió en octubre del 2021, cuando la deriva deriva de herbicidas e insecticidas llegó hasta la Colonia San Francisco, el casco urbano de Presidencia Roca, y a orillas del Río Bermejo.
Ello motivó una amplia investigación que acreditó el impacto de las actividades en la zona. Se detectó el necrosamiento de árboles y cultivos, se perdieron colmenas, al menos 200 personas exhibieron síntomas gastrointestinales y respiratorios y dos niños de 5 años tuvieron que ser hospitalizados. En aquel entonces, incluso la subsecretaria de Ambiente, María Lidia Garrafa, formuló una denuncia penal.
Existía ya una medida cautelar de 2012 que protegía a las comunidades de la zona, pero era incumplida. Fruto de la masiva intoxicación, el juez de garantías Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar y suspendió todo tipo de fumigaciones por algunos meses. Que luego, desde ya, se reanudaron.
El último capítulo de esta larga historia lo escribieron las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas días atrás, cuando declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas y apuntaron directamente a las firmas del grupo Eurnekian por el impacto sobre las comunidades de la zona.
Cabe destacar que en la provincia, esa normativa prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y las terrestres a menos de 500 metros de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua.
Pero, en vistas de lo ocurrido, el tribunal asegura que no sólo fue desoída por las empresas, sino por el propio Estado chaqueño, que hizo una interpretación inconstitucional e incumplió su rol de fiscalizador, ya que la “línea agronómica” -que delimita dónde pueden aplicarse agroquímicos de acuerdo a la ley provincial- fue trazada sin contemplar las viviendas y reservorios de agua utilizados por las familias campesinas y originarias.
Además, también remarcaron que la provincia nunca constituyó el Registro Epidemiológico que exige la propia Ley de Biocidas para realizar el seguimiento sanitario de las poblaciones expuestas.
El fallo vertido por la justicia provincial obliga al gobierno de Leandro Zdero a rediseñar de manera urgente -en un plazo no mayor a 48 horas, ya cumplido- las zonas de exclusión para fumigaciones. La nueva traza de la “línea agronómica” deberá incorporar a las viviendas rurales, pozos de agua, aljibes y reservorios de las comunidades vecinas.
Asimismo, también ordena la inmediata creación e implementación del Registro Epidemiológico provincial, debiendo el Gobierno informar periódicamente al tribunal respecto de los avances logrados en la materia.
Para las empresas involucradas, establece que, una vez que el Estado defina formalmente los nuevos límites, tanto Marfra como Unitec Bio deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de aplicación fitosanitaria dentro de ese perímetro de resguardo.
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Comunidad indígena denuncia a una multinacional por arrasar con más de 300 hectáreas de su territorio 

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Misiones


El 5 de mayo fue detenido por la policía local el mburuvicha —cacique— Santiago Ramos de la comunidad Mbya Guaraní Tekoa Puente Quemado II, acusado por usurpación del territorio que habitan. El traslado se efectuó hasta la comisaría de Garuhapé y más tarde, con despliegue de diez patrulleros, también fueron llevados ocho miembros de la misma comunidad, más un grupo de mujeres y niños, con la intención de interrogarlos y tomar sus datos. La ONG EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen) calificó el hecho como "desalojo encubierto" y llamó a movilizarse en contra de la medida.
Según consignó la periodista Karina Ocampo para el sitio EconmíaSustentable.com, en horas de la tarde y después de la importante presión social ejercida por parte de organizaciones y miembros de la sociedad civil, los detenidos fueron liberados. La ONG XR (Rebelión o Extinción) Misiones reveló que se les habían tomado las huellas dactilares, que a los hombres se les secuestró sus celulares, les generaron causas judiciales, y fueron apartados de las mujeres y los niños.
Por su parte, Francisco Rodriguez, el Responsable de Asuntos Guaraníes, en comunicación con el jefe de la comisaría afirmó que no hubo orden de desalojo, y que "solo fueron demorados". El caso quedó en manos del Dr. Leonardo Manuel Balanda Gómez, Juez de Instrucción N° 1, de la Cuarta Circunscripción Judicial, Puerto Rico, Misiones. Un comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes habla de una denuncia por "una supuesta intrusión" y proponen la creación de una mesa de diálogo.
Las tierras de ese lote y varias más fueron hechas sin el relevamiento territorial —afirmó Rodriguez—, entiendo que no se avanzó en la compra de esos territorios lastimosamente. La presunta intrusión la denunció el señor Ruff.
El cacique Santiago Ramos había acusado al empresario forestal Alfredo Ruff, dueño de un aserradero en el departamento de Cainguás, municipio de Aristóbulo del Valle, por el desmonte de áreas prohibidas, sin tener en cuenta el relevamiento territorial y el derecho a la consulta previa, libre e informada, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En febrero pasado el cacique Ramos también había realizado un video en el que denunciaba a la empresa de recursos forestales Arauco por su responsabilidad en el incendio y plantación de pinos; monocultivo que desde 2022 invadió las 333 hectáreas que rodean a la comunidad, a quienes les corresponden 659 hectáreas, según relevamiento territorial. Llevado el caso a juicio, el propósito del cacique era talar los pinos para volver a plantar árboles nativos y comestibles con el objetivo de asegurar su alimento, tal como consigna EconomíaSustentable.com.
La ONG Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) responsabiliza además al Gobierno de Misiones y al organismo de Asuntos Guaraníes por complicidad. "El hecho —a días de haber llevado el caso de esta Comunidad Mbya ante la ONU por su lucha territorial contra la multinacional Arauco—, resulta tan absurdo como ilegítimo, porque nadie es usurpador en su propio territorio. El lote en cuestión se encuentra dentro del relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de la Comunidad".
Desde la organización socioambiental XR de Misiones cuentan que la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II se encuentra a 22 km hacia dentro de la ruta nacional N°12, que no tienen luz ni agua, y que hace más de ocho años que piden agua potable, pero que "les niegan el derecho porque los presionan para irse de ahí". También aseguran que hay más comunidades afectadas pero que son pocas las denuncias porque Arauco tiene prácticas directas de amedrentamiento: "entra con la camioneta y te prende fuego la casa".

Otra geografía, similar accionar
Según EconomíaSustentable.com, en Puerto Iguazú, la comunidad Mbya Guaraní Fortín MBororé enfrenta presiones similares, pero en este caso, vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario, al encontrarse en una región de alto valor comercial por su cercanía a las Cataratas del Iguazú. Las 270 hectáreas que tenían unas 300 familias se redujeron, entre el desmonte y la ocupación. Antonio Moreira, miembro de la comunidad, cuenta que se separaron en cinco partes y los líderes quedaron enemistados. Frente a la colocación de un cerco, los damnificados no tuvieron a quién recurrir.
—A nosotros no nos dijeron nada, solo entraron, pusieron los alambrados, y ahora ya llegaron hasta cerca de la casa de mi mamá. Pero tampoco sé cómo se manejan los líderes de la comunidad con el municipio, porque nadie vino a intervenir, esperamos que hicieran algo pero hasta ahora, nada. A ellos los están manipulando para que se peleen entre sí, y así mantenerlos ocupados en pavadas, mientras ellos hacen sus trabajos sucios.
En los últimos años hubo un avance de proyectos privados, cuenta Moreira. Según su testimonio, quienes fueron a alambrar dijeron que eran de la Municipalidad y colocaron cámaras de seguridad en el predio. Tampoco les respondieron desde la Dirección de Asuntos Guaraníes de Puerto Iguazú.
La comunidad que alguna vez fue cazadora y recolectora abandonó la caza, se adaptó a cierta modernidad y también modificó sus hábitos alimentarios cuando ingresaron los ultraprocesados. Con esfuerzo sostienen sus costumbres, encontraron una opción de desarrollo en el turismo comunitario al recibir personas que quieren acercarse a la comunidad y conocer la forma en que viven. Antonio Moreira los guía en paseos en bicicleta a través de la selva y les cuenta acerca de sus costumbres. Dice que todavía se dedican al cultivo de alimentos, con una huerta redonda, pero también tienen problemas de agua.
—Ya no tenemos nuestra vertiente de donde sacábamos el agua. Ahora estamos haciendo un pozo de agua en la casa de mi mamá. Perdimos un buen pedazo de monte y ahora ya limpiaron todo, están construyendo. Pero la tierra de mis padres no me la van a poder sacar tan fácil —asegura.
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Alertan sobre la sequía y contaminación en Laguna de Pozuelos

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Jujuy Al Momento
Provincia/Región: Jujuy


En el marco del Día de la Minería, comunidades indígenas realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua, recurso que consideran está siendo agotado por los proyectos extractivos.
Este jueves 7 de mayo se recordó el Día de la Minería. En la Puna jujeña, lejos de haber celebración, comunidades originarias realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua. 
 Kuntur Vargas, docente y comunicador indígena, conversó con Radio 2 e hizo referencia a la problemática poniendo especial foco en la Laguna de Pozuelos (Rinconada).
Enfatizó en que presenta niveles de sequía inéditos para esta época del año.
“ En pleno mayo, la laguna muestra un aspecto seco que habitualmente solo se veía en los meses de sequía extrema, de septiembre a noviembre ”, señaló.
Dijo que se ha observado un comportamiento inusual en aves como la parina o la guayata, que están abandonando la laguna para buscar agua en otras regiones, lo que indica una ruptura en su ciclo natural.
Desde la perspectiva de los pueblos originarios, el uso intensivo de agua por parte de la minería (Mina Chinchillas, Aguilar y, especialmente, el litio en Susques) afecta a toda la región. “En comunidades como El Cóndor, donde antes bastaba con recoger agua de superficie, ahora los pobladores deben excavar hasta un metro para encontrarla, y en los meses secos el recurso desaparece por completo”, alertó.
Vargas sostiene que las consultoras presentan estudios genéricos que minimizan el daño real y aseguran que no habrá modificaciones en el ecosistema, algo que la realidad contradice.
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Referentes wichi fueron a denunciar el desmonte y quedaron detenidos

Fecha de Publicación: 12/01/2026
Fuente: Portal CanalAbierto
Provincia/Región: Salta


Marta Herrera y Leonardo Pantoja, referentes de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, provincia de Salta, se acercaron hasta el destacamento policial de Padre Lozano, un paraje cercano, para denunciar las amenazas de Claudio Ferrari y la tala ilegal del monte en territorio ancestral que lleva adelante este particular, que alambró terrenos que no le pertenecen de donde saca madera.
Luego de hacerlos esperar durante horas para tomar la acusación, cerca de las 23 horas del miércoles pasado, llegaron más policías desde Embarcación, ciudad cabecera del municipio, y detuvieron a ambas personas cumpliendo órdenes de la fiscal penal Gabriela Souto.
La acusación de la representante del Ministerio Público Fiscal provincial es por lesiones y amenazas en perjuicio del dueño de la finca con el que mantienen un conflicto territorial.
La referente indígena fue trasladada a Tartagal e incomunicada. Marta tiene 74 años y padece de hipertensión, insuficiencias cardíaca y renal -tiene sólo un riñón- y chagas. Las autoridades policiales le negaron la entrega de los medicamentos que precisa sin la prescripción médica; pero, cuando las recetas fueron provistas, tampoco se los dieron. Pantoja permanece en la misma condición, pero en Embarcación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un escrito ante la fiscal para solicitar la inmediata libertad de los referentes y calificó la detención como “arbitraria, desproporcionada y contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”. En la tarde de este viernes 9 de enero, será la audiencia de imputación, y los abogados del organismo esperan que la fiscalía y el juez resuelvan la excarcelación de Marta y Leonardo “porque no hay motivos para que sigan detenidos”.
La presentación destaca el delicado estado de salud de Marta y afirma que se criminaliza a “personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en abierta contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino, en particular aquellas derivadas del Acuerdo de Escazú”.

Agroestafadores vs. comunidades
Para llevar adelante estas detenciones arbitrarias, la fiscal tomó como ciertas las denuncias por “denuncias leves” de Ferrari -a quien señalan con vínculos de parentesco con la funcionaria judicial-. Según relatan las comunidades, el empresario agropecuario avanzó sobre el territorio con extensos alambrados que restringen el acceso y profundizan el cercamiento de tierras ancestrales. La estrategia es: primero, el alambrado, luego, la tala y, finalmente, la expulsión territorial.
Desde hace meses, las mujeres wichí de Misión Chaqueña y Monte Carboncito sostienen acampes, reclamos y presentaciones formales para frenar la tala del monte nativo del que se alimentan, del que obtienen los insumos para su medicina ancestral, algarroba para la harina, madera para artesanías y que es la base de la vida comunitaria. “No se trata solo de árboles. El desmonte no es progreso, es despojo”, sostienen. De concretarse la división de esta franja de territorio, perderían la comunicación intercomunitaria y el poco de monte nativo que les queda para sobrevivir.
Cerca de año nuevo, las comunidades decidieron voltear los postes del usurpador y cuando este apareció a violentarlos se produjo un entrevero, tras el que Ferrari se denunció como víctima de violencia y lesiones.
El abogado de la comunidad Juan Carlos Vera presentó un habeas corpus solicitando el fin de la privación de la libertad y señaló: “Es un hecho gravísimo que el Estado Nacional, como garante de los derechos de las comunidades al territorio establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, no esté aplicando la normativa vigente”. También estas prerrogativas de las comunidades originarias están explicitados en el artículo 75, inciso 17, que reconoce “su preexistencia étnica y cultural, su identidad, su derecho a la tierra y propiedad comunitaria”.
La detención también fue denunciada por la Red Contra la Violencia Institucional de Salta con las firmas de Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, Centro Comunitario ALFA, Partido Obrero, Madres Protectoras Salta, ADIUNSa, referentes sociales y estudiantiles.
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Vaca Muerta: comunidad mapuche denuncia contaminación y la justicia ordena terminar con la protesta

Fecha de Publicación: 27/11/2025
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


En Vaca Muerta vuelve a quedar expuesto lo que los gobiernos y las petroleras intentan bloquear, la disputa abierta por el territorio mapuche, la defensa del ambiente ante décadas de contaminación y un aparato judicial que se pliega, una y otra vez, a los intereses del negocio del fracking. En las últimas semanas, la movilización de la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ sacudió al poder político y empresarial al frenar el avance de YPF en Loma La Lata, en un territorio históricamente habitado por la comunidad y devastado por más de treinta años de explotación. Lejos de escuchar los reclamos por contaminación, el gobierno de Neuquén y la Justicia federal respondieron con intimidación, amenazas y causas armadas. La reciente orden judicial que exige a la comunidad levantar un supuesto “bloqueo” en la planta de YPF, publicada por medios nacionales como si se tratara de un delito flagrante, es parte de la misma historia: criminalización y negación de derechos. 
Ante la situación, la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ respondió de manera contundente mediante un comunicado que volvió a poner en el centro del debate la profundidad de sus derechos y la legitimidad de su lucha: “la movilización en Vaca Muerta saca a la luz derechos que Figueroa se empeña en negar. Su única respuesta es criminalizar”, denunciaron.
Recordaron que una semana completa de acciones en su propio territorio demostró la fortaleza del Lof al marcarle límites a YPF S.A. y al gobernador Rolando Figueroa, responsables políticos de un modelo extractivo que actúa como si el territorio mapuche fuera “tierra de nadie”. Señalaron, además, que mientras las fiscalías amenazan y Gendarmería se despliega para proteger a la empresa estatal, la Justicia federal sigue otorgando amparos y medidas cautelares a favor de YPF, ignorando por completo las denuncias de desastre ecológico acumuladas durante tres décadas de explotación convencional.
Las autoridades provinciales y federales insisten en un absurdo jurídico que ya no se sostiene: pretenden desalojar a una comunidad de su propio territorio.
El comunicado del Lof enumera ejemplos recientes que exponen la fragilidad del andamiaje legal que pretende desconocer derechos indígenas básicos. Entre ellos, la intimación de los jueces Reinal y Muñoz al Gobierno de Neuquén para que entregue expedientes por contaminación; el reconocimiento del Fiscal de Delitos Ambientales sobre la gravedad institucional derivada de las firmas irregulares del funcionario Juan de Dios Lucheli, quien había sido absuelto por el TSJ bajo el argumento de que no tenía competencia para otorgar concesiones ni autorizaciones de explotación; la ratificación del decreto 1727/23, por el cual el propio gobierno reconoce el territorio comunitario y ordena iniciar la mensura para avanzar hacia la escrituración; y el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que, aunque recomienda al gobernador rechazar la impugnación del Lof a los decretos extractivos de Figueroa, insiste en que debe realizarse la Consulta Previa, Libre e Informada como requisito de seguridad jurídica. “Decime que no sirve luchar por nuestros derechos”, cierra el comunicado, reafirmando la dignidad de un pueblo que no se resigna frente a los atropellos del poder.
Mientras el Estado insiste en perseguir a quienes defienden el territorio, la otra cara de Vaca Muerta queda expuesta en un avance judicial pocas veces visto contra el corazón del modelo fósil. La Justicia autorizó el allanamiento de la planta de COMARSA en el Parque Industrial Neuquén Oeste, una de las principales denuncias históricas de vecinos, organizaciones socioambientales y comunidades.
El procedimiento, impulsado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fiscalía de Delitos Ambientales, busca establecer los límites reales del predio y determinar su expansión ilegal. Años de documentación muestran que COMARSA no solo operó en terrenos cedidos a precio irrisorio por el Municipio y el Concejo Deliberante, sino que extendió su actividad sobre tierras públicas que nunca le fueron otorgadas. Allí acumuló a cielo abierto enormes cantidades de residuos petroleros tóxicos, montañas de desechos impregnadas de hidrocarburos cuya filtración afecta el aire, el suelo, las napas y la salud de quienes viven cerca: el paisaje típico del extractivismo en Neuquén.
El allanamiento apunta a probar los delitos de usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa. Para la querella, no se trata de una simple irregularidad administrativa sino de un engranaje central del negocio petrolero: un basurero clandestino al servicio de las operadoras de Vaca Muerta. Esta causa podría abrir el camino para que se identifique a los responsables empresariales y estatales, y para exigir reparación en territorios devastados durante años por vapores tóxicos, derrames, camiones sin control y un Estado siempre dispuesto a mirar hacia otro lado.
La disputa por Vaca Muerta es, al mismo tiempo, una disputa por la justicia ambiental y por el derecho de las comunidades mapuche a vivir en sus territorios sin ser criminalizadas. Mientras Figueroa y las petroleras se escudan en el discurso del “desarrollo energético”, la resistencia de Kaxipayiñ deja en claro que la defensa del territorio no solo tiene legitimidad histórica, sino también sustento jurídico. Y que la contaminación, presentada como un costo inevitable del progreso, es en realidad una violación concreta a derechos básicos.
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El Impenetrable Chaqueño: deforestación y miel en peligro  

Fecha de Publicación: 15/10/2025
Fuente: Portal Fuego24
Provincia/Región: Chaco


En las selvas conocidas como El Impenetrable, en el interior de la Provincia del Chaco, la comunidad Qom y algunas familias de criollos han encontrado en la miel orgánica que producen las selvas chaqueñas y se envía a los Estados Unidos y a Europa, una salida laboral y una noble resistencia al desmonte bestial y generalizado.
Argentina es el tercer exportador mundial de miel orgánica y eso tiene un valor excepcional. Sobre todo porque aunque no es asunto muy reconocido, esta Provincia es la que produce más miel orgánica –y de calidad– en toda la República Argentina.
Claro que, a la vez, es sabido que para adentrarse en el ecosistema del Gran Chaco primero hay que evitar las lluvias, porque casi todos los caminos son de tierras arenosas en las que el riesgo de empantanarse está siempre latente. Y no en pequeños espacios, ya que se trata de un bosque seco subtropical de casi 50 millones de hectáreas que está ubicado al Nordeste de la Argentina, y donde las señales para comunicación son prácticamente inexistentes.
Según datos oficiales, están en producción unas 13.600 colmenas, a cargo de 87 productores que atienden la extracción y una planta de cera habilitada y con garantía de calidad en el proceso productivo.
En 2024, en todo el país se certificaron unas 34.300 colmenas orgánicas, de las cuales la mayoría se ubican en territorio chaqueño (13.595) y en las provincias de Santa Fe (5.547), Santiago del Estero (3.895) y Córdoba (3.642).
Según el Registro Nacional de Productores Apícolas y datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Chaco cuenta con alrededor de 450 productores apícolas activos, alrededor de 90 de los cuales producen miel orgánica en unas 60.000 colmenas.
Además, en esta provincia existen 22 salas de extracción habilitadas por el Senasa, dos de las cuales funcionan para homogeneizar la producción previa a la comercialización externa. Así, en la campaña 2024-2025se logró la producción de 925.550 kilos de miel.
Pero lo mejor es que la calidad de la miel chaqueña es superlativa, ya que esta provincia se distingue por la producción de mieles oscuras de sabores intensos y complejos, únicas en el mundo gracias a lariqueza de su flora nativa, que en “El Impenetrable”comienza la floración a fines del mes de Julio en arboles autóctonos (particularmente chañar, garabato, algarrobo, mistol y otros).
Esta provincia, además, se destaca en esta materia porque allí opera un sistema de cooperativas y asociaciones que nuclean a los productores apícolas, con lo que se favorecen el acopio y la comercialización de la miel producida. Así, el fortalecimiento de la cadena apícola se debe al trabajo de organismos estatales como el Senasa, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (de Tecnología Industrial). Y a la vez, el Ministerio de Producción y Desarrollo chaqueño juega un rol decisivo en el fortalecimiento de la cadena apícola, según puede consultarse en Internet.
Esos organismos aseguran el mantenimiento y crecimiento de la producción melera argentina, realizando actividades de prevención y control de enfermedades y plagas que afectan a las abejas, a la vez que capacitan y asesoran a productores para la adecuación sanitaria de residuos medicamentosos y agroquímicos, así como certifican las mieles destinadas a exportación.
Además, ahora el organismo trabaja en la prevención del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC), que es una plaga que todavía no llegó a la Argentina pero que ya se encuentra en países vecinos y amenaza con ingresar a nuestro territorio nacional. Por eso, y a fin de mitigar el riesgo de ingreso y propagación, el Senasa lleva adelante una Red de vigilancia del PEC que controla las fronteras e impulsa campañas de comunicación y notificación inmediata.
Desde luego, y gracias a las constantes alertas y cuidados, la miel chaqueña ha venido convirtiéndose en una excelente e inigualable miel orgánica, producida siguiendo prácticas apícolas sustentables, en ambientes naturales y/o establecimientos donde no se utilizan agroquímicos, herbicidas ni fertilizantes sintéticos en el cultivo de las flores con que las abejas obtienen el néctar.
Es por eso que las colmenas están siempre ubicadas en zonas donde se promueve la biodiversidad floral y donde para el control de las plagas que afectan a las abejas no se permite el uso de antibióticos artificiales ni productos de síntesis química.
Y es que la condición “orgánica” de un producto alimenticio es un atributo de calidad que garantiza que fue obtenido cumpliendo requisitos adicionales respecto de los exigidos para los convencionales. Desde hace años el Senasa establece severos requisitos para inscribir a las empresas encargadas de certificar productos orgánicos, así como controla la aplicación correcta de las normativas.
Lo cierto es que de las aproximadamente 20.000 especies de abejas que existen en el mundo, las del Chaco Argentino están consideradas entre las mejores, en términos productivos. Lo cual se debe a la excelente producción combinada de las especies Mellifera (de origen europeo) y las nativas Meliponas, que son abejas sin aguijón, muy delicadas, de manejo sencillo y con gran arraigo en las comunidades originarias. Su miel es más líquida, apenas ácida y aromática, y las comunidades originarias conocen muy bien sus usos medicinales para bajar inflamaciones o cicatrizar heridas, por lo que también las comercializan.
Todas ellas “trabajan” –puede decirse– diariamente en los montes chaqueños entre mistoles y algarrobos y los generosos quebrachos que todavía sobreviven a más de un siglo de depredación, y que son riquísimos en polen y en néctar, y florecen casi todo el año, lo que permite que muchas familias vivan de la apicultura.
Y es claro que también el quebracho –que es el árbol emblemático del monte chaqueño y es muy rico en néctar– todavía produce miel de altísima calidad, aunque desdichamente su crecimiento es muy lento y su madurez se produce después de los 80 años. Por lo cual, y como para colmo desde hace décadas se sobreexplota su madera, todo indica que su destino inexorable será la desaparición de la especie.
En Argentina, y al menos teóricamente, desde 2007 rige la Ley de Bosques Nativos, cuya función es clasificar las zonas para así determinar los diferentes valores de conservación, así como distinguir las de valor alto, medio o bajo.
La profundización de los desmontes es otro asunto complejo y de necesaria atención. Recientes datos estadísticos publicados por Greenpeace indican que, en los últimos cinco años, el Gran Chaco argentino perdió 167.684 hectáreas de bosque nativo, provocando un impacto muy negativo en la biodiversidad y en su población rural. Las temperaturas aumentan, rozando en ocasiones los 50 grados, y las sequías son cada vez más extensas. Lo que determina que en ciertas zonas del monte chaqueño las oportunidades laborales sean prácticamente inexistentes, además de que abundan ofertas piratas para talar árboles nativos en condiciones precarias y por pagos que están por debajo de la línea de pobreza.
Y es que, como es sabido, la población rural chaqueña vive de lo que le da el bosque: las cosechas, los animales, las artesanías. Y por fortuna la apicultura, que ha transformado sus formas de vida. El hecho de encontrar en la miel una alternativa digna y más rentable, brindó a muchas familias mejores ingresos económicos y, al mismo tiempo fortaleció el valor que le dan a su monte, fomentando su arraigo a la tierra natal.
La calidad de la miel argentina es indiscutible y reconocida en todo el mundo teniendo en cuenta su aroma, sabor y valor, y también su etiqueta. Argentina produce hasta 75.000 toneladas de miel convencional cada año y 600 toneladas de miel orgánica, y exporta alrededor del 90% de esa producción. Según la FAO, es el tercer exportador mundial de miel. Liderazgo que se sustenta en la trazabilidad y certificación que otorga el Estado Nacional, confiable para más de 20 destinos internacionales.
Estados Unidos es el principal país comprador, y se lleva el 60% de las exportaciones. Y lo siguen Alemania, España y Francia, que concentran el 40% de las compras restantes, habiendo desplazado incluso a China.
La apicultura chaqueña lleva décadas de práctica, pero fue recién en 2011 cuando se lanzó el primer Plan Apícola provincial con el objetivo principal de crear fuentes laborales para familias que viven en zonas rurales boscosas (las que aún quedan) y eso fue lo que generó la construcción y puesta en marcha de salas de extracción, así como la formación de técnicos en las diferentes localidades que rodean los montes.
Y en 2017 el Ministerio de Ambiente de la provincia inició la certificación de miel orgánica a fin de adaptarse a reglas estrictas de los mercados internacionales como evitar químicos y transgénicos, Y tras asegurar la separación física entre la miel convencional y la orgánica, y cumplir con las normativas específicas de cada destino de exportación, la provincia del Chaco devino la mayor exportadora a nivel nacional. Hoy fuentes oficiales y regionales señalan que el 25% de los apicultores chaqueño están especializados en miel orgánica y tienen unas 13.600 colmenas certificadas, superando a otras provincias argentinas que llegan a tener un máximo de 5.000.
Las personas que viven en su bosque nativo conocen la importancia de su biodiversidad y son conscientes de que puede seguir dándoles vida. Los apicultores rurales suelen decir que “viven de las flores”, una forma de resistencia poética que también transmiten a sus hijos o niños en las escuelas rurales, al enseñarles el valor de la apicultura en las instituciones educativas.
En el monte chaqueño y a pesar de contratiempos y carencias, para los apicultores sus vidas se definen por la biodiversidad del Gran Chaco. Al que aman más allá de contratiempos y carencias.
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