El grupo Eurnekian, condenado por sus aplicaciones de agroquímicos: Un fallo responsabilizó a dos de sus empresas por intoxicaciones y contaminación en comunidades originarias de Chaco

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal BichosDeCampo
Provincia/Región: Chaco


En un reciente fallo, la Justicia chaqueña acaba de responsabilizar al gobierno provincial y a dos empresas agropecuarias del grupo que dirige Eduardo Eurnekian por el impacto de las fumigaciones sobre comunidades originarias de Pampa del Indio y Presidencia Roca.
El caso remite a denuncias radicadas de forma ininterrumpida desde hace 20 años por sucesivos hechos de intoxicación, pérdida de cultivos de autoconsumo y hasta la contaminación de reservas de agua con niveles muy elevados de glifosato. La decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa retoma ese histórico reclamo y sienta un precedente en la materia.
Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Las comunidades campesinas que lo rodean son en su amplia mayoría Qom, no cuentan con acceso a la red de agua potable y necesitan de pozos, aljibes y reservorios propios para saciar sus necesidades básicas.
Ese amplio predio, ubicado en el Departamento General San Martín, pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que hoy abarca toda la cadena. Ambas son parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Uno de los estudios toxicológicos elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA junto al CONICET establece que el 90% de las muestras de agua analizadas en la región no son aptas para consumo humano, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
Ello se complementa con una serie de estudios biomédicos del proyecto internacional Sprint, llevado adelante por el INTA, que detectó hasta 10 plaguicidas distintos en muestras de sangre y entre 6 y 13 en muestras de orina, con presencia de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato, entre otras sustancias.
El punto más crítico del caso ocurrió en octubre del 2021, cuando la deriva deriva de herbicidas e insecticidas llegó hasta la Colonia San Francisco, el casco urbano de Presidencia Roca, y a orillas del Río Bermejo.
Ello motivó una amplia investigación que acreditó el impacto de las actividades en la zona. Se detectó el necrosamiento de árboles y cultivos, se perdieron colmenas, al menos 200 personas exhibieron síntomas gastrointestinales y respiratorios y dos niños de 5 años tuvieron que ser hospitalizados. En aquel entonces, incluso la subsecretaria de Ambiente, María Lidia Garrafa, formuló una denuncia penal.
Existía ya una medida cautelar de 2012 que protegía a las comunidades de la zona, pero era incumplida. Fruto de la masiva intoxicación, el juez de garantías Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar y suspendió todo tipo de fumigaciones por algunos meses. Que luego, desde ya, se reanudaron.
El último capítulo de esta larga historia lo escribieron las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas días atrás, cuando declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas y apuntaron directamente a las firmas del grupo Eurnekian por el impacto sobre las comunidades de la zona.
Cabe destacar que en la provincia, esa normativa prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y las terrestres a menos de 500 metros de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua.
Pero, en vistas de lo ocurrido, el tribunal asegura que no sólo fue desoída por las empresas, sino por el propio Estado chaqueño, que hizo una interpretación inconstitucional e incumplió su rol de fiscalizador, ya que la “línea agronómica” -que delimita dónde pueden aplicarse agroquímicos de acuerdo a la ley provincial- fue trazada sin contemplar las viviendas y reservorios de agua utilizados por las familias campesinas y originarias.
Además, también remarcaron que la provincia nunca constituyó el Registro Epidemiológico que exige la propia Ley de Biocidas para realizar el seguimiento sanitario de las poblaciones expuestas.
El fallo vertido por la justicia provincial obliga al gobierno de Leandro Zdero a rediseñar de manera urgente -en un plazo no mayor a 48 horas, ya cumplido- las zonas de exclusión para fumigaciones. La nueva traza de la “línea agronómica” deberá incorporar a las viviendas rurales, pozos de agua, aljibes y reservorios de las comunidades vecinas.
Asimismo, también ordena la inmediata creación e implementación del Registro Epidemiológico provincial, debiendo el Gobierno informar periódicamente al tribunal respecto de los avances logrados en la materia.
Para las empresas involucradas, establece que, una vez que el Estado defina formalmente los nuevos límites, tanto Marfra como Unitec Bio deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de aplicación fitosanitaria dentro de ese perímetro de resguardo.
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Comunidad indígena denuncia a una multinacional por arrasar con más de 300 hectáreas de su territorio 

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Misiones


El 5 de mayo fue detenido por la policía local el mburuvicha —cacique— Santiago Ramos de la comunidad Mbya Guaraní Tekoa Puente Quemado II, acusado por usurpación del territorio que habitan. El traslado se efectuó hasta la comisaría de Garuhapé y más tarde, con despliegue de diez patrulleros, también fueron llevados ocho miembros de la misma comunidad, más un grupo de mujeres y niños, con la intención de interrogarlos y tomar sus datos. La ONG EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen) calificó el hecho como "desalojo encubierto" y llamó a movilizarse en contra de la medida.
Según consignó la periodista Karina Ocampo para el sitio EconmíaSustentable.com, en horas de la tarde y después de la importante presión social ejercida por parte de organizaciones y miembros de la sociedad civil, los detenidos fueron liberados. La ONG XR (Rebelión o Extinción) Misiones reveló que se les habían tomado las huellas dactilares, que a los hombres se les secuestró sus celulares, les generaron causas judiciales, y fueron apartados de las mujeres y los niños.
Por su parte, Francisco Rodriguez, el Responsable de Asuntos Guaraníes, en comunicación con el jefe de la comisaría afirmó que no hubo orden de desalojo, y que "solo fueron demorados". El caso quedó en manos del Dr. Leonardo Manuel Balanda Gómez, Juez de Instrucción N° 1, de la Cuarta Circunscripción Judicial, Puerto Rico, Misiones. Un comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes habla de una denuncia por "una supuesta intrusión" y proponen la creación de una mesa de diálogo.
Las tierras de ese lote y varias más fueron hechas sin el relevamiento territorial —afirmó Rodriguez—, entiendo que no se avanzó en la compra de esos territorios lastimosamente. La presunta intrusión la denunció el señor Ruff.
El cacique Santiago Ramos había acusado al empresario forestal Alfredo Ruff, dueño de un aserradero en el departamento de Cainguás, municipio de Aristóbulo del Valle, por el desmonte de áreas prohibidas, sin tener en cuenta el relevamiento territorial y el derecho a la consulta previa, libre e informada, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En febrero pasado el cacique Ramos también había realizado un video en el que denunciaba a la empresa de recursos forestales Arauco por su responsabilidad en el incendio y plantación de pinos; monocultivo que desde 2022 invadió las 333 hectáreas que rodean a la comunidad, a quienes les corresponden 659 hectáreas, según relevamiento territorial. Llevado el caso a juicio, el propósito del cacique era talar los pinos para volver a plantar árboles nativos y comestibles con el objetivo de asegurar su alimento, tal como consigna EconomíaSustentable.com.
La ONG Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) responsabiliza además al Gobierno de Misiones y al organismo de Asuntos Guaraníes por complicidad. "El hecho —a días de haber llevado el caso de esta Comunidad Mbya ante la ONU por su lucha territorial contra la multinacional Arauco—, resulta tan absurdo como ilegítimo, porque nadie es usurpador en su propio territorio. El lote en cuestión se encuentra dentro del relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de la Comunidad".
Desde la organización socioambiental XR de Misiones cuentan que la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II se encuentra a 22 km hacia dentro de la ruta nacional N°12, que no tienen luz ni agua, y que hace más de ocho años que piden agua potable, pero que "les niegan el derecho porque los presionan para irse de ahí". También aseguran que hay más comunidades afectadas pero que son pocas las denuncias porque Arauco tiene prácticas directas de amedrentamiento: "entra con la camioneta y te prende fuego la casa".

Otra geografía, similar accionar
Según EconomíaSustentable.com, en Puerto Iguazú, la comunidad Mbya Guaraní Fortín MBororé enfrenta presiones similares, pero en este caso, vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario, al encontrarse en una región de alto valor comercial por su cercanía a las Cataratas del Iguazú. Las 270 hectáreas que tenían unas 300 familias se redujeron, entre el desmonte y la ocupación. Antonio Moreira, miembro de la comunidad, cuenta que se separaron en cinco partes y los líderes quedaron enemistados. Frente a la colocación de un cerco, los damnificados no tuvieron a quién recurrir.
—A nosotros no nos dijeron nada, solo entraron, pusieron los alambrados, y ahora ya llegaron hasta cerca de la casa de mi mamá. Pero tampoco sé cómo se manejan los líderes de la comunidad con el municipio, porque nadie vino a intervenir, esperamos que hicieran algo pero hasta ahora, nada. A ellos los están manipulando para que se peleen entre sí, y así mantenerlos ocupados en pavadas, mientras ellos hacen sus trabajos sucios.
En los últimos años hubo un avance de proyectos privados, cuenta Moreira. Según su testimonio, quienes fueron a alambrar dijeron que eran de la Municipalidad y colocaron cámaras de seguridad en el predio. Tampoco les respondieron desde la Dirección de Asuntos Guaraníes de Puerto Iguazú.
La comunidad que alguna vez fue cazadora y recolectora abandonó la caza, se adaptó a cierta modernidad y también modificó sus hábitos alimentarios cuando ingresaron los ultraprocesados. Con esfuerzo sostienen sus costumbres, encontraron una opción de desarrollo en el turismo comunitario al recibir personas que quieren acercarse a la comunidad y conocer la forma en que viven. Antonio Moreira los guía en paseos en bicicleta a través de la selva y les cuenta acerca de sus costumbres. Dice que todavía se dedican al cultivo de alimentos, con una huerta redonda, pero también tienen problemas de agua.
—Ya no tenemos nuestra vertiente de donde sacábamos el agua. Ahora estamos haciendo un pozo de agua en la casa de mi mamá. Perdimos un buen pedazo de monte y ahora ya limpiaron todo, están construyendo. Pero la tierra de mis padres no me la van a poder sacar tan fácil —asegura.
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Alertan sobre la sequía y contaminación en Laguna de Pozuelos

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Jujuy Al Momento
Provincia/Región: Jujuy


En el marco del Día de la Minería, comunidades indígenas realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua, recurso que consideran está siendo agotado por los proyectos extractivos.
Este jueves 7 de mayo se recordó el Día de la Minería. En la Puna jujeña, lejos de haber celebración, comunidades originarias realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua. 
 Kuntur Vargas, docente y comunicador indígena, conversó con Radio 2 e hizo referencia a la problemática poniendo especial foco en la Laguna de Pozuelos (Rinconada).
Enfatizó en que presenta niveles de sequía inéditos para esta época del año.
“ En pleno mayo, la laguna muestra un aspecto seco que habitualmente solo se veía en los meses de sequía extrema, de septiembre a noviembre ”, señaló.
Dijo que se ha observado un comportamiento inusual en aves como la parina o la guayata, que están abandonando la laguna para buscar agua en otras regiones, lo que indica una ruptura en su ciclo natural.
Desde la perspectiva de los pueblos originarios, el uso intensivo de agua por parte de la minería (Mina Chinchillas, Aguilar y, especialmente, el litio en Susques) afecta a toda la región. “En comunidades como El Cóndor, donde antes bastaba con recoger agua de superficie, ahora los pobladores deben excavar hasta un metro para encontrarla, y en los meses secos el recurso desaparece por completo”, alertó.
Vargas sostiene que las consultoras presentan estudios genéricos que minimizan el daño real y aseguran que no habrá modificaciones en el ecosistema, algo que la realidad contradice.
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Referentes wichi fueron a denunciar el desmonte y quedaron detenidos

Fecha de Publicación: 12/01/2026
Fuente: Portal CanalAbierto
Provincia/Región: Salta


Marta Herrera y Leonardo Pantoja, referentes de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, provincia de Salta, se acercaron hasta el destacamento policial de Padre Lozano, un paraje cercano, para denunciar las amenazas de Claudio Ferrari y la tala ilegal del monte en territorio ancestral que lleva adelante este particular, que alambró terrenos que no le pertenecen de donde saca madera.
Luego de hacerlos esperar durante horas para tomar la acusación, cerca de las 23 horas del miércoles pasado, llegaron más policías desde Embarcación, ciudad cabecera del municipio, y detuvieron a ambas personas cumpliendo órdenes de la fiscal penal Gabriela Souto.
La acusación de la representante del Ministerio Público Fiscal provincial es por lesiones y amenazas en perjuicio del dueño de la finca con el que mantienen un conflicto territorial.
La referente indígena fue trasladada a Tartagal e incomunicada. Marta tiene 74 años y padece de hipertensión, insuficiencias cardíaca y renal -tiene sólo un riñón- y chagas. Las autoridades policiales le negaron la entrega de los medicamentos que precisa sin la prescripción médica; pero, cuando las recetas fueron provistas, tampoco se los dieron. Pantoja permanece en la misma condición, pero en Embarcación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un escrito ante la fiscal para solicitar la inmediata libertad de los referentes y calificó la detención como “arbitraria, desproporcionada y contraria a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”. En la tarde de este viernes 9 de enero, será la audiencia de imputación, y los abogados del organismo esperan que la fiscalía y el juez resuelvan la excarcelación de Marta y Leonardo “porque no hay motivos para que sigan detenidos”.
La presentación destaca el delicado estado de salud de Marta y afirma que se criminaliza a “personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en abierta contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino, en particular aquellas derivadas del Acuerdo de Escazú”.

Agroestafadores vs. comunidades
Para llevar adelante estas detenciones arbitrarias, la fiscal tomó como ciertas las denuncias por “denuncias leves” de Ferrari -a quien señalan con vínculos de parentesco con la funcionaria judicial-. Según relatan las comunidades, el empresario agropecuario avanzó sobre el territorio con extensos alambrados que restringen el acceso y profundizan el cercamiento de tierras ancestrales. La estrategia es: primero, el alambrado, luego, la tala y, finalmente, la expulsión territorial.
Desde hace meses, las mujeres wichí de Misión Chaqueña y Monte Carboncito sostienen acampes, reclamos y presentaciones formales para frenar la tala del monte nativo del que se alimentan, del que obtienen los insumos para su medicina ancestral, algarroba para la harina, madera para artesanías y que es la base de la vida comunitaria. “No se trata solo de árboles. El desmonte no es progreso, es despojo”, sostienen. De concretarse la división de esta franja de territorio, perderían la comunicación intercomunitaria y el poco de monte nativo que les queda para sobrevivir.
Cerca de año nuevo, las comunidades decidieron voltear los postes del usurpador y cuando este apareció a violentarlos se produjo un entrevero, tras el que Ferrari se denunció como víctima de violencia y lesiones.
El abogado de la comunidad Juan Carlos Vera presentó un habeas corpus solicitando el fin de la privación de la libertad y señaló: “Es un hecho gravísimo que el Estado Nacional, como garante de los derechos de las comunidades al territorio establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, no esté aplicando la normativa vigente”. También estas prerrogativas de las comunidades originarias están explicitados en el artículo 75, inciso 17, que reconoce “su preexistencia étnica y cultural, su identidad, su derecho a la tierra y propiedad comunitaria”.
La detención también fue denunciada por la Red Contra la Violencia Institucional de Salta con las firmas de Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, Centro Comunitario ALFA, Partido Obrero, Madres Protectoras Salta, ADIUNSa, referentes sociales y estudiantiles.
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Vaca Muerta: comunidad mapuche denuncia contaminación y la justicia ordena terminar con la protesta

Fecha de Publicación: 27/11/2025
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


En Vaca Muerta vuelve a quedar expuesto lo que los gobiernos y las petroleras intentan bloquear, la disputa abierta por el territorio mapuche, la defensa del ambiente ante décadas de contaminación y un aparato judicial que se pliega, una y otra vez, a los intereses del negocio del fracking. En las últimas semanas, la movilización de la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ sacudió al poder político y empresarial al frenar el avance de YPF en Loma La Lata, en un territorio históricamente habitado por la comunidad y devastado por más de treinta años de explotación. Lejos de escuchar los reclamos por contaminación, el gobierno de Neuquén y la Justicia federal respondieron con intimidación, amenazas y causas armadas. La reciente orden judicial que exige a la comunidad levantar un supuesto “bloqueo” en la planta de YPF, publicada por medios nacionales como si se tratara de un delito flagrante, es parte de la misma historia: criminalización y negación de derechos. 
Ante la situación, la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ respondió de manera contundente mediante un comunicado que volvió a poner en el centro del debate la profundidad de sus derechos y la legitimidad de su lucha: “la movilización en Vaca Muerta saca a la luz derechos que Figueroa se empeña en negar. Su única respuesta es criminalizar”, denunciaron.
Recordaron que una semana completa de acciones en su propio territorio demostró la fortaleza del Lof al marcarle límites a YPF S.A. y al gobernador Rolando Figueroa, responsables políticos de un modelo extractivo que actúa como si el territorio mapuche fuera “tierra de nadie”. Señalaron, además, que mientras las fiscalías amenazan y Gendarmería se despliega para proteger a la empresa estatal, la Justicia federal sigue otorgando amparos y medidas cautelares a favor de YPF, ignorando por completo las denuncias de desastre ecológico acumuladas durante tres décadas de explotación convencional.
Las autoridades provinciales y federales insisten en un absurdo jurídico que ya no se sostiene: pretenden desalojar a una comunidad de su propio territorio.
El comunicado del Lof enumera ejemplos recientes que exponen la fragilidad del andamiaje legal que pretende desconocer derechos indígenas básicos. Entre ellos, la intimación de los jueces Reinal y Muñoz al Gobierno de Neuquén para que entregue expedientes por contaminación; el reconocimiento del Fiscal de Delitos Ambientales sobre la gravedad institucional derivada de las firmas irregulares del funcionario Juan de Dios Lucheli, quien había sido absuelto por el TSJ bajo el argumento de que no tenía competencia para otorgar concesiones ni autorizaciones de explotación; la ratificación del decreto 1727/23, por el cual el propio gobierno reconoce el territorio comunitario y ordena iniciar la mensura para avanzar hacia la escrituración; y el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que, aunque recomienda al gobernador rechazar la impugnación del Lof a los decretos extractivos de Figueroa, insiste en que debe realizarse la Consulta Previa, Libre e Informada como requisito de seguridad jurídica. “Decime que no sirve luchar por nuestros derechos”, cierra el comunicado, reafirmando la dignidad de un pueblo que no se resigna frente a los atropellos del poder.
Mientras el Estado insiste en perseguir a quienes defienden el territorio, la otra cara de Vaca Muerta queda expuesta en un avance judicial pocas veces visto contra el corazón del modelo fósil. La Justicia autorizó el allanamiento de la planta de COMARSA en el Parque Industrial Neuquén Oeste, una de las principales denuncias históricas de vecinos, organizaciones socioambientales y comunidades.
El procedimiento, impulsado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fiscalía de Delitos Ambientales, busca establecer los límites reales del predio y determinar su expansión ilegal. Años de documentación muestran que COMARSA no solo operó en terrenos cedidos a precio irrisorio por el Municipio y el Concejo Deliberante, sino que extendió su actividad sobre tierras públicas que nunca le fueron otorgadas. Allí acumuló a cielo abierto enormes cantidades de residuos petroleros tóxicos, montañas de desechos impregnadas de hidrocarburos cuya filtración afecta el aire, el suelo, las napas y la salud de quienes viven cerca: el paisaje típico del extractivismo en Neuquén.
El allanamiento apunta a probar los delitos de usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa. Para la querella, no se trata de una simple irregularidad administrativa sino de un engranaje central del negocio petrolero: un basurero clandestino al servicio de las operadoras de Vaca Muerta. Esta causa podría abrir el camino para que se identifique a los responsables empresariales y estatales, y para exigir reparación en territorios devastados durante años por vapores tóxicos, derrames, camiones sin control y un Estado siempre dispuesto a mirar hacia otro lado.
La disputa por Vaca Muerta es, al mismo tiempo, una disputa por la justicia ambiental y por el derecho de las comunidades mapuche a vivir en sus territorios sin ser criminalizadas. Mientras Figueroa y las petroleras se escudan en el discurso del “desarrollo energético”, la resistencia de Kaxipayiñ deja en claro que la defensa del territorio no solo tiene legitimidad histórica, sino también sustento jurídico. Y que la contaminación, presentada como un costo inevitable del progreso, es en realidad una violación concreta a derechos básicos.
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El Impenetrable Chaqueño: deforestación y miel en peligro  

Fecha de Publicación: 15/10/2025
Fuente: Portal Fuego24
Provincia/Región: Chaco


En las selvas conocidas como El Impenetrable, en el interior de la Provincia del Chaco, la comunidad Qom y algunas familias de criollos han encontrado en la miel orgánica que producen las selvas chaqueñas y se envía a los Estados Unidos y a Europa, una salida laboral y una noble resistencia al desmonte bestial y generalizado.
Argentina es el tercer exportador mundial de miel orgánica y eso tiene un valor excepcional. Sobre todo porque aunque no es asunto muy reconocido, esta Provincia es la que produce más miel orgánica –y de calidad– en toda la República Argentina.
Claro que, a la vez, es sabido que para adentrarse en el ecosistema del Gran Chaco primero hay que evitar las lluvias, porque casi todos los caminos son de tierras arenosas en las que el riesgo de empantanarse está siempre latente. Y no en pequeños espacios, ya que se trata de un bosque seco subtropical de casi 50 millones de hectáreas que está ubicado al Nordeste de la Argentina, y donde las señales para comunicación son prácticamente inexistentes.
Según datos oficiales, están en producción unas 13.600 colmenas, a cargo de 87 productores que atienden la extracción y una planta de cera habilitada y con garantía de calidad en el proceso productivo.
En 2024, en todo el país se certificaron unas 34.300 colmenas orgánicas, de las cuales la mayoría se ubican en territorio chaqueño (13.595) y en las provincias de Santa Fe (5.547), Santiago del Estero (3.895) y Córdoba (3.642).
Según el Registro Nacional de Productores Apícolas y datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Chaco cuenta con alrededor de 450 productores apícolas activos, alrededor de 90 de los cuales producen miel orgánica en unas 60.000 colmenas.
Además, en esta provincia existen 22 salas de extracción habilitadas por el Senasa, dos de las cuales funcionan para homogeneizar la producción previa a la comercialización externa. Así, en la campaña 2024-2025se logró la producción de 925.550 kilos de miel.
Pero lo mejor es que la calidad de la miel chaqueña es superlativa, ya que esta provincia se distingue por la producción de mieles oscuras de sabores intensos y complejos, únicas en el mundo gracias a lariqueza de su flora nativa, que en “El Impenetrable”comienza la floración a fines del mes de Julio en arboles autóctonos (particularmente chañar, garabato, algarrobo, mistol y otros).
Esta provincia, además, se destaca en esta materia porque allí opera un sistema de cooperativas y asociaciones que nuclean a los productores apícolas, con lo que se favorecen el acopio y la comercialización de la miel producida. Así, el fortalecimiento de la cadena apícola se debe al trabajo de organismos estatales como el Senasa, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (de Tecnología Industrial). Y a la vez, el Ministerio de Producción y Desarrollo chaqueño juega un rol decisivo en el fortalecimiento de la cadena apícola, según puede consultarse en Internet.
Esos organismos aseguran el mantenimiento y crecimiento de la producción melera argentina, realizando actividades de prevención y control de enfermedades y plagas que afectan a las abejas, a la vez que capacitan y asesoran a productores para la adecuación sanitaria de residuos medicamentosos y agroquímicos, así como certifican las mieles destinadas a exportación.
Además, ahora el organismo trabaja en la prevención del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC), que es una plaga que todavía no llegó a la Argentina pero que ya se encuentra en países vecinos y amenaza con ingresar a nuestro territorio nacional. Por eso, y a fin de mitigar el riesgo de ingreso y propagación, el Senasa lleva adelante una Red de vigilancia del PEC que controla las fronteras e impulsa campañas de comunicación y notificación inmediata.
Desde luego, y gracias a las constantes alertas y cuidados, la miel chaqueña ha venido convirtiéndose en una excelente e inigualable miel orgánica, producida siguiendo prácticas apícolas sustentables, en ambientes naturales y/o establecimientos donde no se utilizan agroquímicos, herbicidas ni fertilizantes sintéticos en el cultivo de las flores con que las abejas obtienen el néctar.
Es por eso que las colmenas están siempre ubicadas en zonas donde se promueve la biodiversidad floral y donde para el control de las plagas que afectan a las abejas no se permite el uso de antibióticos artificiales ni productos de síntesis química.
Y es que la condición “orgánica” de un producto alimenticio es un atributo de calidad que garantiza que fue obtenido cumpliendo requisitos adicionales respecto de los exigidos para los convencionales. Desde hace años el Senasa establece severos requisitos para inscribir a las empresas encargadas de certificar productos orgánicos, así como controla la aplicación correcta de las normativas.
Lo cierto es que de las aproximadamente 20.000 especies de abejas que existen en el mundo, las del Chaco Argentino están consideradas entre las mejores, en términos productivos. Lo cual se debe a la excelente producción combinada de las especies Mellifera (de origen europeo) y las nativas Meliponas, que son abejas sin aguijón, muy delicadas, de manejo sencillo y con gran arraigo en las comunidades originarias. Su miel es más líquida, apenas ácida y aromática, y las comunidades originarias conocen muy bien sus usos medicinales para bajar inflamaciones o cicatrizar heridas, por lo que también las comercializan.
Todas ellas “trabajan” –puede decirse– diariamente en los montes chaqueños entre mistoles y algarrobos y los generosos quebrachos que todavía sobreviven a más de un siglo de depredación, y que son riquísimos en polen y en néctar, y florecen casi todo el año, lo que permite que muchas familias vivan de la apicultura.
Y es claro que también el quebracho –que es el árbol emblemático del monte chaqueño y es muy rico en néctar– todavía produce miel de altísima calidad, aunque desdichamente su crecimiento es muy lento y su madurez se produce después de los 80 años. Por lo cual, y como para colmo desde hace décadas se sobreexplota su madera, todo indica que su destino inexorable será la desaparición de la especie.
En Argentina, y al menos teóricamente, desde 2007 rige la Ley de Bosques Nativos, cuya función es clasificar las zonas para así determinar los diferentes valores de conservación, así como distinguir las de valor alto, medio o bajo.
La profundización de los desmontes es otro asunto complejo y de necesaria atención. Recientes datos estadísticos publicados por Greenpeace indican que, en los últimos cinco años, el Gran Chaco argentino perdió 167.684 hectáreas de bosque nativo, provocando un impacto muy negativo en la biodiversidad y en su población rural. Las temperaturas aumentan, rozando en ocasiones los 50 grados, y las sequías son cada vez más extensas. Lo que determina que en ciertas zonas del monte chaqueño las oportunidades laborales sean prácticamente inexistentes, además de que abundan ofertas piratas para talar árboles nativos en condiciones precarias y por pagos que están por debajo de la línea de pobreza.
Y es que, como es sabido, la población rural chaqueña vive de lo que le da el bosque: las cosechas, los animales, las artesanías. Y por fortuna la apicultura, que ha transformado sus formas de vida. El hecho de encontrar en la miel una alternativa digna y más rentable, brindó a muchas familias mejores ingresos económicos y, al mismo tiempo fortaleció el valor que le dan a su monte, fomentando su arraigo a la tierra natal.
La calidad de la miel argentina es indiscutible y reconocida en todo el mundo teniendo en cuenta su aroma, sabor y valor, y también su etiqueta. Argentina produce hasta 75.000 toneladas de miel convencional cada año y 600 toneladas de miel orgánica, y exporta alrededor del 90% de esa producción. Según la FAO, es el tercer exportador mundial de miel. Liderazgo que se sustenta en la trazabilidad y certificación que otorga el Estado Nacional, confiable para más de 20 destinos internacionales.
Estados Unidos es el principal país comprador, y se lleva el 60% de las exportaciones. Y lo siguen Alemania, España y Francia, que concentran el 40% de las compras restantes, habiendo desplazado incluso a China.
La apicultura chaqueña lleva décadas de práctica, pero fue recién en 2011 cuando se lanzó el primer Plan Apícola provincial con el objetivo principal de crear fuentes laborales para familias que viven en zonas rurales boscosas (las que aún quedan) y eso fue lo que generó la construcción y puesta en marcha de salas de extracción, así como la formación de técnicos en las diferentes localidades que rodean los montes.
Y en 2017 el Ministerio de Ambiente de la provincia inició la certificación de miel orgánica a fin de adaptarse a reglas estrictas de los mercados internacionales como evitar químicos y transgénicos, Y tras asegurar la separación física entre la miel convencional y la orgánica, y cumplir con las normativas específicas de cada destino de exportación, la provincia del Chaco devino la mayor exportadora a nivel nacional. Hoy fuentes oficiales y regionales señalan que el 25% de los apicultores chaqueño están especializados en miel orgánica y tienen unas 13.600 colmenas certificadas, superando a otras provincias argentinas que llegan a tener un máximo de 5.000.
Las personas que viven en su bosque nativo conocen la importancia de su biodiversidad y son conscientes de que puede seguir dándoles vida. Los apicultores rurales suelen decir que “viven de las flores”, una forma de resistencia poética que también transmiten a sus hijos o niños en las escuelas rurales, al enseñarles el valor de la apicultura en las instituciones educativas.
En el monte chaqueño y a pesar de contratiempos y carencias, para los apicultores sus vidas se definen por la biodiversidad del Gran Chaco. Al que aman más allá de contratiempos y carencias.
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Salvemos al Mari Menuco: campaña desde Neuquén para un lago acosado por el fracking

Fecha de Publicación: 12/09/2025
Fuente: Portal LaVaca
Provincia/Región: Neuquén 


“Las empresas están gobernando Argentina. Milei es una máscara, una careta” dijo Lefxaru Nawel, vocero de la Comunidad Mapuche de Neuquén al presentar en Buenos Aires la Campaña Salvemos el Mari Menuco. En ese lago de Neuquén, ya asediado por la extracción de gas y petróleo, quieren instalar ahora 700 pozos de fracking, afectando a una fuente de agua que llega a unas 500.000 personas. Al reclamo mapuche se le agrega la censura periodística provincial sobre el tema -vía pauta gubernamental y empresaria- y la represión que sufrieron cuatro comunidades al reclamar el reconocimiento que les corresponde constitucional y legalmente, y que los diferentes gobiernos siguen dilatando. 

Por Francisco Pandolfi. 

La Confederación Mapuche de Neuquén, junto a otras organizaciones, lanzó la Campaña “Salvemos el Mari Menuco”, lago que es fuente de agua para las provincias de Neuquén y Río Negro. La acción busca denunciar el riesgo de contaminación del Mari Menuco por las perforaciones de YPF mediante el método del fracking (fractura hidráulica) para extraer  petróleo no convencional (shale oil). “El riesgo de contaminación irremediable es enorme mientras la empresa, con el aval de los gobiernos provincial y nacional, está avanzando de hecho y estableció un estado de censura donde los medios locales son presionados para no abordar el tema”, afirman.
Lefxaru Nawel es el werken (vocero) de la Confederación y viajó a Buenos Aires para visibilizar el estado de situación junto al OPSur (Observatorio Petrolero Sur), realizaron en el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) una reunión informativa. “Fuimos reprimidos hace unas semanas (https://lavaca.org/actualidad/neuquen-represion-en-modo-milei-bullrich-a-la-confederacion-mapuche/). Lo que estamos viviendo en Neuquén nos obliga a salir de la provincia a denunciar lo que pasa”. El otro elemento es la censura a la que es sometida cualquier información por parte de medios que reciben pautas tanto oficiales como de las propias corporaciones. 

Contaminación & fracking
Planteó Nawel durante la conferencia: “Comenzamos la campaña ‘Salvemos el Mari Menuco’ cuando nos enteramos de que en marzo el gobierno provincial entregó la concesión para perforar pozos de petróleo en el lago. Ese lugar, dentro del territorio mapuche, siempre fue gasífero, perteneciente a Loma La Lata. De hecho de ahí sale gran parte del gas que viene a Buenos Aires. Ahora son más de 700 pozos los que el gobierno de Neuquén autorizó por decreto a YPF. La extracción de petróleo, y más si es por fracking, es más contaminante que el gas”.

Los Pozos
Lef mostró además el mapa que se ve en esta página, que puede se puede encontrar ingresando al sistema de información geográfica de la secretaría de Energía de la Nación.
Para verlo en detalle: https://sig.energia.gob.ar/visor/visorsig.php.
Los distintos colores corresponden a los distintos modos y características de perforación. “Aunque falten pozos actuales, la imagen dimensiona el enorme impacto del fracking y la cantidad de pozos que ya existen en la zona”.

Las petroleras expulsadas
Explicó Nawel: “Los 700 pozos que habilitó el gobierno provincial están en el área donde está el istmo entre los lagos Mari Menuco y Los Barriales. Ahí, en Loma La Lata, vive la comunidad Kaxipayiñ, que está defendiendo el territorio y exigiendo el derecho a la consulta libre, previa e informada que nos corresponde como derecho a todos los pueblos indígenas. La comunidad presentó un amparo y desde la Justicia lo rechazaron, porque hay un total alineamiento del Poder Judicial con la industria petrolera y en detrimento de los derechos constitucionales. Cuando la empresa entró a perforar, la comunidad los echó, no una sino cuatro veces, la última hace dos semanas. ¿Qué hizo YPF? Por un lado, comenzó una persecución judicial con causas penales. Por otro lado, empezó a perforar al borde del territorio de la comunidad y del lago, o sea, nos va a afectar igual porque es el agua que nosotros tomamos de este lago y de donde toman más de 500 mil personas”.

Récord de sismos y contaminación
“Sufrimos una situación de represión, censura y peligro para todas las vidas que existen debido a la contaminación petrolera, particularmente de Panamerican Energy y sobre todo de YPF. Ya no es la empresa estatal en la que trabajaron nuestros abuelos y que soñaba un futuro de soberanía energética. Es la cooptada por Paolo Rocca y por Tecpetrol. Justamente el gerente de YPF, Horacio Marín, antes fue el de Tecpetrol y es el ideólogo del plan de extracción que ya destruyó toda la orilla del río Neuquén, y donde junto con los récords de gas y petróleo están habiendo récord de sismos y de contaminación”. (El Observatorio de Sismicidad Inducida -terremotos provocados por la fractura hidráulica- ha calculado 457 sismos en los últimos 50 años, con destrucción de casas que el gobierno neuquino prometió reponer a sus habitantes, cosa que desde hace años sigue pendiente, por ejemplo en Sauzal Bonito).  

Los dueños de la Argentina
“En esa zona está el yacimiento Loma de La Lata, del que YPF se está desprendiendo. Esto es inentendible bajo todo punto de vista porque es el yacimiento de gas más importante de la provincia y uno de los más importantes del país. Se lo dará a una compañía de Pérez Companc, otro ejemplo de que hoy las empresas están gobernando Argentina. Milei es un títere, una máscara, una careta. Quienes gestionan los negocios de acá a 40, 50 años son las multinacionales y concretamente las petroleras. El grupo Techint de Paolo Rocca se ha quedado con las principales obras de infraestructura del transporte de gas, así como todos los gasoductos y los grandes oleoductos”.

La pauta encubierta
“YPF es quien está administrando la pauta del Gobierno Nacional. Es una farsa que no hay pauta en los medios de comunicación empresariales. YPF es una sociedad anónima que sigue teniendo secretos en el acceso a la información pública y está viabilizando la enorme pauta que el gobierno de Milei pone en los medios, lo que repercute en que no haya cobertura periodística de esta situación. Además, los medios locales en nuestra región están siendo comprados por grupos relacionados a las petroleras, lo que impide que esto salga a la luz”. 

Vaca Muerta, empobrecimiento y saqueo
“Dos tercios de toda la provincia de Neuquén está ocupada por la formación geológica Vaca Muerta. En la zona donde vivimos están los lagos artificiales Mari Meluco y Barriales, creados a través de embalses, y territorio totalmente impactado, no desde ahora sino desde hace 50 años que se extrae petróleo convencional”.
Sobre la falsa imagen de Vaca Muerta: “Cuando se habla de Vaca Muerta muchas veces se refiere a la prosperidad, al trabajo, a la riqueza que va a generar para la población. Pero lo que pasa en Vaca Muerta es destrucción, contaminación y empobrecimiento. No solo porque no accedemos al gas, al agua, a la luz. Los números de la macroeconomía, de los que tanto le gusta hablar a los gobernantes y a los economistas, tampoco cierran: Neuquén es la provincia per cápita más endeudada del país, mientras se continúa con el saqueo de nuestros bienes naturales”.
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Alerta en Misiones ante el creciente avance sobre los territorios guaraníes

Fecha de Publicación: 18/08/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


Denuncian que un empresario desmontó selva nativa y avanzó sobre territorio ancestral de la comunidad mbya guaraní El Pocito para instalar un emprendimiento ganadero. El hecho se suma a otros conflictos territoriales y denuncias por vulneración de derechos indígenas en la provincia. Advierten que se exacerba el hostigamiento hacia las comunidades.
La Comunidad El Pocito, en el municipio de Capioví, Misiones, denunció la intrusión, el cercamiento y el desmonte ocasionado por un productor ganadero en su territorio. El productor, quien alega tener una supuesta tenencia dominial, avanza con un proyecto para la cría de vacas y búfalos en un sector de monte nativo, habitado ancestralmente por la comunidad del Pueblo Mbya Guaraní. El negocio afecta espacios naturales que la comunidad destina al cuidado de plantas medicinales, a la recolección de frutos y de materias primas para la elaboración de artesanías. La situación no es aislada: las comunidades indígenas de la provincia aseguran que viven una ”creciente intolerancia racial”.
Hasta el momento, se han desarrollado reuniones entre referentes de El Pocito, funcionarios municipales y provinciales y Javier Striedel, el producto ganadero acusado de intrusión. Las reuniones fueron convocadas por la Municipalidad de Capioví en busca de una solución extrajudicial, pero la instancia se cerró sin llegar a un acuerdo. Striedel aseguró que irá por la vía judicial, mientras que la comunidad, que cuenta con reconocimiento oficial de la posesión tradicional de sus tierras, pide al Estado provincial que haga cumplir las leyes y que dé respuestas ante las denuncias de desmonte.
El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), que acompaña el reclamo de la comunidad con asistencia jurídica y comunicacional, explicó que "la comunidad reafirma su vínculo ancestral con el monte en disputa, ya que lo considera parte fundamental de su territorio". La mburuvicha (lideresa) de El Pocito, Sergia Ferreyra, denuncia que Striedel alambró una parte de esas tierras para avanzar con la producción ganadera. “Somos preexistentes, este es nuestro territorio y nos ampara la ley”, sentencia Ferreyra.
La comunidad obtuvo, en 2013, la carpeta técnica del relevamiento previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena y respalda la delimitación que reivindican. El conflicto se enmarca en una situación crítica por la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de derogar la ley de relevamiento, lo que no modifica el derecho adquirido por las comunidades que consiguieron el reconocimiento de sus tierras ancestrales.
Consultada acerca de las instancias de diálogo que se abrieron tras la denuncia de la comunidad, Ferreyra lamentó que "el gringo (por Striedel) no quiere entrar en razón" y denunció: "Hasta nos amenazó". Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes de Misiones, marcó la posición oficial y dejó abierto el conflicto: "La comunidad tiene título de propiedad, pero el crecimiento poblacional en la ciudad hizo que ocuparan tierras de Striedel. El Estado provincial intervino con tres mesas de diálogo junto al municipio y las partes involucradas, pero no se llegó a un acuerdo". Sin embargo, la comunidad defiende las 23 hectáreas que utiliza para sus prácticas culturales, formalmente, desde la década de 1980.
Por su parte, la integrante de Emipa, María “Kiki” Ramírez, advierte sobre la primeras denuncias de la comunidad sobre la actividad ordenada por el productor ganadero que consistió en la tala de árboles nativos y la apertura de caminos dentro del monte. “Son las propias comunidades las que terminan cumpliendo funciones de control de los desmontes”, resaltó Ramírez y señaló que aunque el Ministerio de Ecología misionero pudo constatar las infracciones denunciadas en el caso de El Pocito, aún se desconocen sanciones hacia el productor denunciado.
“Este conflicto afecta la sobrevivencia de la comunidad como cultura, pues necesitan un arroyo libre y un territorio donde transitar con libertad. La comunidad resistió mucho tiempo en silencio, pero ahora se han puesto firmes para que el propietario no avance con sus pretensiones”, marcó la integrante de Emipa. 

El monte nativo guaraní acechado
Capioví se sitúa a la vera de la ruta Nacional 12, a mitad de camino entre la capital provincial, Posadas, y la turística ciudad de Puerto Iguazú. Su nombre es una deformación de “Kapi'i Hovy”, que en guaraní significa "pasto alto". Como otros municipios de Misiones, Capioví fue un punto receptivo del oleaje migratorio que, en las primeras décadas del siglo XX, instaló en su geografía a familias oriundas de Alemania, Suiza, Polonia y otros países atravesados por conflictos bélicos y hambrunas.
La llegada de los nuevos pobladores alteró definitivamente el paisaje original: el escenario selvático empezó a diezmarse al fragor de las prácticas agrícolas iniciales de los inmigrantes europeos. Quienes hasta ese momento poblaban esos montes surcados por arroyos, los guaraníes, se vieron forzados a desplazarse. Así vieron afectado su nomadismo tradicional: comenzaron a huir en busca de rincones seguros ante la novedosa otredad, a la que percibían como una amenaza.
En la segunda mitad del siglo XX, la provincialización de Misiones y otros ordenamientos institucionales municipales dieron lugar a una serie de políticas para establecer a los grupos guaraníes en espacios fijos. Esto reductos se conocen hoy como aldeas o comunidades. Los mbya guaraní los llaman tekoa.
El 7 de agosto de 1982, se constituyó formalmente la Comunidad El Pocito. Fue a partir de un entendimiento entre el municipio y quienes entonces eran los líderes de la comunidad: Bonifacio Ferreyra y Rosa Benítez. Resultó determinante además, la intervención de la Asociación Indigenista Misionera, creada en el año 1981, por un grupo de colonos de la zona. Esta organización fue la que adquirió el lote de 23 hectáreas donde se asentó la comunidad. Hacia fines de la década del '80 la asociación ya no existía, pero la comunidad continuó asentada en ese lugar.
A diferencia de las comunidades que viven en el norte de Misiones, las dos tekoa que viven en Capioví son prácticamente periurbanas. Queda muy poco de la selva originaria y las viviendas de las familias mbya están en el centro de la ciudad. En los alrededores, en lo poco que queda de monte nativo, extraen plantas medicinales, frutos y elementos para sus artesanías. Es en ese territorio que avanzó Striedel.
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Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana en Salinas Grandes, Salta, registran el primer TICCA de Argentina

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: FARN
Provincia/Región: Salta


Diez comunidades indígenas de la Red Torna Lickana logran que su territorio sea registrado como un «Territorio de Vida» en una plataforma global, un reconocimiento a su rol esencial en la conservación de la naturaleza, por su gestión y protección de los humedales altoandinos.
El 27 de junio pasado se incorporó al Registro TICCA el primer territorio de Argentina: el Territorio de Vida donde habitan las comunidades de la Red Torna Lickana, ubicado en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Salta.
Los TICCA son Territorios y Áreas conservadas por Pueblos y Comunidades Indígenas, también conocido como “Territorio de Vida”. Se trata de un espacio donde existe una conexión estrecha y profunda entre un pueblo indígena o comunidad local y su entorno, arraigada en la historia, la identidad cultural, la espiritualidad y las formas de vida que aseguran su bienestar material e inmaterial, y quienes, a través de sus sistemas de gobernanza y gestión del ambiente, contribuyen positivamente a la conservación de la naturaleza. 
Estos territorios se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza.  Son ellas quienes establecen las normas sobre el uso y cuidado del territorio a partir de conocimientos tradicionales y de gestión y gobernanza. Los TICCA se destacan, además, por su contribución significativa a la conservación de la naturaleza, mediante la preservación y el uso sustentable de ecosistemas, hábitats, especies y paisajes.
Dentro del Territorio de Vida de la Red Torna Lickana, una red de 10 comunidades originarias se encuentran los humedales altoandinos, conformados por salares, lagunas, vegas y bofedales. Estos ecosistemas tienen múltiples contribuciones para las comunidades indígenas son espacios sagrados, de sustento y de continuidad cultural, con los que las comunidades indígenas mantienen relaciones profundas, respetuosas y arraigadas a su identidad desde tiempos ancestrales. Estos humedales albergan una biodiversidad única, son fundamentales para la regulación del agua y desempeñan un rol clave en la adaptación al cambio climático. Su conservación es necesaria no sólo para garantizar los derechos de las comunidades que los habitan y cuidan, sino también por su papel esencial en el equilibrio ecológico y en el sostenimiento de todas las formas de vida que crecen y se desarrollan en este territorio.
Según el análisis global publicado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y el Consorcio TICCA en el informe Territorios de Vida,  se estima que los territorios y áreas conservados por Pueblos Indígenas y comunidades locales cubren más del 20% de la tierra y hacen importantes aportes a las redes globales de conservación. Sin embargo, aún existe una importante falta de datos. El Registro TICCA busca documentar estos territorios y ya cuenta con 313 casos reportados a nivel mundial. Hasta ahora, ninguno provenía de la Argentina. La incorporación del territorio de la Red Torna Lickana como un TICCA – Territorio de Vida – marca un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, y en la visibilización de sus aportes fundamentales a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de la naturaleza. Es también una experiencia ejemplar hacia el fortalecimiento de formas de gobernanza propias, basadas en el respeto, la reciprocidad y el vínculo profundo con los territorios que habitan y sostienen desde hace generaciones.

¿Dónde está ubicado el TICCA y cuáles son las comunidades que forman parte?
La Red Torna Lickana —que significa “Nuestra Tierra”— es una red de comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo Atacama, conformada por 10 comunidades originarias que integran el TICCA: Casa Colorada, Cerro Negro, Cobres, Corralito, Esquina de Guardia, Incahuasi, Matancillas, Raíces Andinas, Rangel y Tipan.
Este Territorio de Vida se encuentra en el norte de la República Argentina, en la provincia de Salta, dentro de la región del Altiplano conocida como Puna, abarca los departamentos de La Poma y Los Andes, y forma parte de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que se extiende entre las provincias de Salta y Jujuy, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo fue el proceso para la inclusión en el registro?
El Registro TICCA es una plataforma gestionada por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y gobernada por un comité directo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio TICCA, la UICN, el Programa para los Pueblos de los Bosques, la Fundación Kenono (Nagalandia, India), la Cooperativa Snowchange (Finlandia) y Amazon Frontlines.
La inclusión del territorio de la Red Torna Lickana en el Registro TICCA fue el resultado de un proceso sostenido de trabajo comunitario y articulación colectiva. Más allá de su visibilidad internacional, este camino tuvo un enorme valor interno. Desde 2022, las comunidades indígenas que integran esta Red mantuvieron encuentros e intercambios para impulsar la iniciativa, reuniéndose en talleres donde reflexionaron colectivamente sobre el sentido del territorio, su biodiversidad, la memoria, historia e identidad, y sobre las amenazas —históricas y actuales— que ponen en riesgo la continuidad de todas las formas de vida que existen en el TICCA.
Los datos requeridos por el Registro fueron preparados por la Red Torna Lickana, y contaron con el acompañamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el marco del  programa Conservando los Humedales Altoandinos de Fundación Humedales/Wetlands International y de Pan para el Mundo/Brot für die Welt. A través de esta documentación, las comunidades reafirman su rol como custodias del territorio y comparten, desde su propia perspectiva, conocimientos, prácticas y formas de gobernanza ancladas en su historia y cosmovisión.

¿Qué potencial tiene para las comunidades de esta red y para otras?
La incorporación en la base de datos del Registro TICCA representa una herramienta valiosa para visibilizar el vínculo de la Red Torna Lickana con el territorio, su identidad y sus propias formas de gobernanza. Este acto no solo implica dejar constancia internacional de su presencia y relación con el lugar que habitan y cuidan desde tiempos ancestrales, sino también situarse dentro de una red global de pueblos indígenas y comunidades locales que conservan la naturaleza desde prácticas culturales, espirituales y sociales profundamente arraigadas, para construir alianzas e intercambiar experiencias, así como posicionar su rol clave en la cuidado y equilibrio de la Pachamama (naturaleza), que incluye territorios, humedales y biodiversidad. En un contexto de crecientes presiones sobre los territorios, como el avance de la actividad extractiva del litio en la región, contar con este reconocimiento simbólico y político refuerza su legitimidad frente a actores externos. Esto contribuye a visibilizar y valorar sus formas de vida, sus conocimientos, usos y relación con el territorio. 
En definitiva, registrar su territorio como un TICCA – Territorio de Vida – no es un acto simbólico aislado, sino una estrategia concreta para proyectar su presencia territorial, consolidar su autodeterminación y continuar defendiendo sus formas de vida en comunidad desde su propia cosmovisión.

Reacciones de la comunidad y especialistas que acompañaron el proceso de registro

Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, Salta.
“Las comunidades de la Red Torna Lickana decidimos avanzar en el proceso de registro de este TICCA con el objetivo de mantener los valores culturales y espirituales, preservar nuestra historia, incentivar a los jóvenes para permanecer en la zona, fortalecer el proceso de defensa de nuestros derechos sobre el territorio y la vida comunitaria.” 

Laura Castillo, coordinadora del Programa de Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
“El registro del territorio de vida de la Red Torna Lickana visibiliza el rol central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales para la transición energética global. El reconocimiento refleja su conexión profunda con el territorio, y el rol esencial de sus saberes para la protección de la naturaleza, en línea con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad. La reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también destacó la importancia de los saberes, conocimientos y cosmovisiones indígenas para abordar de manera justa y eficaz la crisis climática y ecosistémica, en pleno respeto a los derechos humanos y los límites planetarios.”

Román Baigún, coordinador del Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, de Wetlands International
“Creemos que el reconocimiento como ‘Territorio de vida’ por parte de la ONU a la Red Torna Lickana contribuye a la conservación de los humedales altoandinos. No alcanzan las áreas protegidas para proteger a estos frágiles ecosistemas, son las comunidades con su profunda conexión con la naturaleza quienes vuelven más efectiva la conservación.” 

Christof Wünsch, jefe del Departamento de América del Sur, Brot für die Welt
“Nos complace mucho que las comunidades indígenas de la Red Torna Lickana estén registradas ahora como TICCA. Esperamos que, de esta manera, se reconozcan y respeten sus derechos y su contribución a la protección del frágil medio ambiente de la región y a la diversidad cultural.”
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Comunidad Mbya vuelve a denunciar desmonte en el Teyú Cuaré 

Fecha de Publicación: 11/07/2025
Fuente: Portal MisionesOpina
Provincia/Región: Misiones


Desde la comunidad Mbokayaty denuncian que durante el mes de junio de este año fueron testigos del desmonte que se está haciendo en el Teyú Cuaré, dentro de un área que forma parte de su territorio tradicional y relevado por Ley 26.160.
Esta situación se viene registrando desde el 2019, pero en los últimos años este proceso se aceleró. Esta situación enfrenta a quienes hacen estas actividades y la comunidad que defiende su territorio, del cual implica la biodiversidad del monte, como el acceso al agua.
En esta ocasión se trata de una supuesta “reserva natural privada” llamada Monte Victoria, a nombre de Leyrías-Giménez, quienes se adjudican la propiedad del lugar.
Todo empezó con el cercamiento del territorio, prohibiendoles el acceso al lugar para acceder al río o para buscar alimentos en esa zona. Más tarde, la comunidad comenzó a ver ante sus ojos un cartel que dice “Reserva natural”, mientras detrás veían como desmontaban los árboles nativos. Sin embargo, Leyrías-Giménez no quedaron satisfechos y desmontaron también los que estaban al costado del camino, hasta avanzar por sobre el territorio de la comunidad.
La comunidad denuncia el cercamiento que vienen sufriendo hace años, donde actores ajenos al territorio deforestan la biodiversidad con sus plantas nativas y medicinales; les cortan el acceso al río, y la posibilidad de alimentarse de ciertas plantas, mientras las autoridades son indiferentes o responden al poder de personas que no viven en el lugar, y que por el contrario, ponen en peligro a las familias de los pueblos originarios.
La comunidad ya ha realizado la denuncia, la cual se suma al montón de las anteriores. En Mbokayaty se preguntan cuántas veces más deberán denunciar para que las autoridades defiendan de una vez el territorio a quienes les pertenece ancestralmente. Por eso, exigen justicia y la regularización urgente del territorio indigena en San Ignacio por el futuro de sus familias y por el monte que tanto la Provincia de Misiones dice defender.
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El impacto ambiental del desmonte descontrolado en Formosa: animales en peligro y tierras desérticas

Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Formosa


Está dentro de las provincias que más bosque pierden por el negocio agropecuario y la ganadería intensiva. Campesinos y movimientos indígenas sin título de propiedad temen quedarse sin las tierras donde viven.
El árbol da una sacudida rápida y violenta y cae hacia adelante como si fuera un palillo que se quiebra. La topadora larga una bocanada de humo negro, da marcha atrás y arremete de nuevo hacia adelante. Le pasa por arriba al árbol que acaba de tirar y voltea el siguiente. Atrás, va dejando su huella en una tierra seca, marrón. Adelante se abre el monte verde.
Desde hace un mes que hay topadoras desmontado ese polígono de más de 120 hectáreas en la localidad de Ibarreta, en el departamento de Patiño, en Formosa. TN es testigo del recorrido de la máquina desde un drone que la sigue desde el aire mientras avanza matando el bosque.
En los lugares en donde la topadora pasó hace algunas semanas quedó un campo cubierto de ramas secas y árboles con las raíces arrancadas de cuajo, apuntando al cielo. 
Parecen espinas gigantes, enredadas en un descampado marrón. La tierra está seca, sequísima y el silencio es absoluto. Ya no quedan pájaros, ni se escuchan pisadas de animales o el ruido de los insectos.
En algunos días, empleados irregulares, jornaleros, vendrán a retirar los tocones de los árboles más grandes que quedaron enterrados. Después, prenderán fuego el lugar para limpiarlo y no quedará rastro de que ahí hubo un bosque.
Solamente el año pasado, Formosa perdió 36.915 hectáreas de bosque nativo: 15 mil por desmonte y 24.800 por incendio. El principal motivo es la expansión del negocio agrícola y la ganadería intensiva. Se saca bosque para sembrar soja o pastura para animales.
“Este suelo es muy rico cuando está el monte, pero cuando no está el monte, no infiltra el agua. El suelo está todo coartado, es muy erosionable. Muy rápidamente asciende la napa freática y el suelo se saliniza, queda como una costra de sal", explicó a TN Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina.
Y cerró: “Dura un tiempo con pastura, pero después se lo abandona. Ya no tiene nutrientes. Donde había un bosque muy rico y biodiverso, hoy hay un paisaje geométrico y uniforme”.
Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 1998 y 2023 se perdieron en todo el país 7 millones de hectáreas de bosque. El equivalente a la superficie de toda la provincia de Formosa.
En 2007, se sancionó en la Argentina la ley de Bosques, se ordenaron las tierras y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde (categoría III) para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo (categoría II) para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse, pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo (categoría I) para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
El problema y la particularidad con Formosa es que a la mayoría de la provincia se la pintó de verde. Y, por lo tanto, el desmonte creció incluso después de sancionada la ley.
Más allá de la desertificación y pérdida de biodiversidad (los animales pierden su refugio) que produce el desmonte, también se ven amenazadas comunidades originarias y pequeños campesinos que viven en el monte. Estas personas hacen convivir sus actividades con los árboles, plantas y animales para no dañar el ambiente. Son una suerte de guardianes del monte, pero con escasos recursos para ganarle a la topadora de los grandes empresarios.

La lucha de los guardianes del monte
A dos horas del sitio del desmonte, en Pozo del Mortero, tiene su chacra Teófila Palma (59), dirigente del Frente Nacional Campesino que reúne a pequeños campesinos que viven en el monte y que se organizaron para tratar de pelear por sus tierras y cuidar el bosque, aunque no tienen personería jurídica.
El lugar es amplio, con 150 hectáreas. Tiene una casita sencilla de ladrillo y cemento, afuera un brasero, un toldo y un corral para las cabras y algunas vacas. Bob y Remigio, dos caniches, persiguen a unas gallinas entre las patas de una mesa.
Todo lo demás son árboles, monte que todavía se preserva. Teófila necesita que todo esté lo más verde posible, con sombra y humedad para que sus animales no mueran de sed o calor.
Teófila vive de sus animales y de su jubilación como docente. Pese a que nació en ese lugar y lo trabajó toda la vida, no es legítima propietaria. Cuenta que su papá tenía la documentación de ocupante legal, pero todas las veces que ella quiso comprar y tener un título de propiedad se lo negaron. “No me dejan legalizar, me dicen que la tierra donde estoy no está a la venta”, asegura.
Vive con el miedo de que algún día un gran terrateniente, tal vez alguien que ni siquiera vive en Formosa, le quite su tierra para transformarla en un páramo y montar un campo para ganadería intensiva o plantar soja.
“Esta es la realidad de los pequeños campesinos, de los que nos quedamos en la lucha. Vivimos de lo que producimos”, dice y le caen algunas lágrimas.
A Teófila también le preocupa las consecuencias del desmonte desmedido y de la crisis climática: nota que cada vez llueve menos, hay menos vegetación.
“Tuvimos muchísimo tiempo de sequía. Me olvidé de cómo era la lluvia. No teníamos para darle de comer a los animales, los vientos erosionan la tierra, la cambia de aspecto. Sube la temperatura, a veces tenemos sensaciones térmicas de 50 grados. Lo que nos pasa con el clima es una respuesta de lo que hacen los grandes terratenientes, de su desmonte", denuncia.
Teófila organizó una reunión con otros pequeños campesinos de la zona para discutir las problemáticas frente a algunos medios, entre ellos, TN. Vestida con un poncho rojo y mientras algunas cabritas le mastican los cordones, Mariela Soto, una campesina de 44 años que trabaja sola su campo, cuenta su historia. 
“A mí me pueden venir a ofrecer un castillo en el pueblo, pero voy a decir siempre que no. Porque yo quiero vivir en mi choza, yo nací ahí. Antes estuvieron mis viejos. Mi campo me llena de orgullo, de amor, de alegría”, mientras habla se le traban algunas palabras y llora. “Quiero seguir viviendo el monte y morir en el monte. Y ojalá algún día lo pueda ver a mi nieto corriendo por el monte y no vivir con el miedo de que me saquen mi tierra”.
Al igual que Teófila, Mariela es “poseedora” de su Tierra, pero no tiene los papeles de propiedad, nadie quiere decirle cuánto debería pagar o cómo regularizar la situación. “Es para que vivas en el aire, no sabés cuándo te va a caer un empresario y te va a decir ‘esta es mi tierra’. Yo le voy a decir que vivo acá pero no tengo los papeles. Acá las tierras se venden con los productores adentro”. 
Mariela tiene cabras y vende queso y dulce de leche. Su hijo estudia en el pueblo y ella espera poder inculcarle su amor por el monte para que él siga con su legado. Si bien él la ayuda los fines de semana, cada vez es más difícil. Más allá de su incertidumbre legal, falta el agua y hace más calor. Incluso, el año pasado, los perros desbocados de un vecino, le mataron 50 cabras. Perdió gran parte de la producción y nadie le repone eso.
“A pesar de todo, siempre tenemos esperanza. Si este año me fue mal, el que viene me van a nacer más cabritos, va a parir una vaca. Siempre tengo esperanza de mejorar, de que a mi hijo le guste el campo y siga con esto”, cierra.

La problemática para las comunidades indígenas
Una mujer de la comunidad Pilagá en Formosa. Foto: Martín Katz/Greenpeace
En otro punto de Formosa, en el sembrado Tierra Nueva viven miembros de la comunidad indígena Pilagá. Además de la producción que surge de sus cultivos, viven de planes sociales que les da la provincia y de la venta de artesanías que hacen con hojas de los árboles del monte.
La vida que llevan es sumamente humilde, con casas de adobe y chapa y animales flaquísimos que levantan el polvo de la tierra seca cuando corren. El agua es un problema: cuando no llueve, no tienen para tomar. Acá no hay gas o agua.
Y a medida que avanza el desmonte, se van perdiendo corredores verdes que conectaban a las distintas comunidades.
Una de las referentes de la comunidad es Noolé Palomo. En las elecciones del pasado 29 de junio formó parte de la elección como candidata a constituyente. El eterno gobierno de Gildo Insfrán busca reformar la Constitución y eso podría garantizarle otra reelección.
La lucha de Noolé es porque en ese revoleo, no se toque el artículo 79 que es el único que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la provincia. Si eso se pierde, podrían quedar aún más expuestos a las ambiciones económicas.
Noolé quiere que las comunidades indígenas del lugar -pilagá, nivaclé, wichi y qom- que reúnen a 700 personas puedan vivir dignamente en las tierras en las que nacieron, preservando el monte y sus tradiciones.
Cuando se desmonta no solo se barre con el bosque, sino también con la identidad de las comunidades.
“Para nosotros el monte es alimentación, es el resguardo. El aborigen nunca abusó de la caza, se caza para comer. Creemos que cada especie tiene un protector y hay que respetarlo. No hay que cazar indiscriminadamente, hay que respetar a la naturaleza”, explica Noolé mientras camina por la sombra necesaria que dan los árboles.
“Cada árbol tiene una historia y tiene vida, nos da sus semillas y sus frutos. Pero además previene el cambio climático. Ahora se habla mucho del cambio climático, pero no se hace nada para evitarlo. Queda como un título. El cambio climático lo produce el hombre, con sus manos, con la topadora, con su ambición. Pero nosotros vamos a volver a esa misma naturaleza, a abonar esa tierra, por eso hay que cuidarla”. 
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Panorama urgente: más desmonte en el Chaco, alerta por el uranio en Chubut y resistencias en todo el país

Fecha de Publicación: 28/04/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


Los legisladores de Chaco facilitan el desmonte. La comunidad indígena Cueva del Inca de Jujuy resiste desalojo. Una década de colonia agrícola en Buenos Aires. Encuentro de asambleas socioambientales en Catamarca. Alerta en Chubut por la minería de uranio y un aviso: "No es no".

Chaco: los legisladores del desmonte
La Legislatura de Chaco sancionó el proyecto de ley 1861/24 que legaliza la habilitación para comercializar madera obtenida de las deforestaciones, establece un incremento en las multas por desmontes realizados sin permiso y crea un régimen de restauración de bosques nativos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan José Bergia, denunciado en 2024 por su connivencia con los desmontes ilegales y que además está vinculado con empresarios como Roberto Nardelli, responsable de estas prácticas. La nueva norma provocó el repudio de las organizaciones socioambientales.
La norma sancionada modifica la Ley 2079-R, establece que las multas serán de diez veces el valor de base de la hectárea afectada y deberán ser abonadas por quienes deforesten sin permiso. Pero además, legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes. En febrero, el Poder Judicial chaqueño decidió prorrogar por otros seis meses la suspensión de los desmontes en toda la provincia, tras la denuncia realizada por Abogados Ambientalistas de Argentina. En 2024 se perdieron casi 40.000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde la organización Somos Monte Chaco señalaron que el proyecto tratado no tuvo en cuenta las advertencias de organizaciones y expertos realizadas en una reunión mantenida con los diputados el 4 de abril. Cuestionaron que busca legalizar la venta de madera talada ilegalmente y que no excluye especies foráneas (como el pino o el eucalipto) en los planes de reforestación. “Rechazamos esta forma de legislar que no garantiza participación real, como exigen la Constitución, la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, manifestaron.

Jujuy: la comunidad Cueva del Inca y el territorio
La comunidad indígena Cueva del Inca sufrió un intento de desalojo de sus tierras en la Quebrada de Sarahuaico (cerca de Tilcara), con un fuerte operativo policial perpetrado por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal el martes 22 de abril. El objetivo fue expulsar a las familias de su territorio ancestral, que es reclamado por los empresarios Carlos Gustavo Vásquez y Cruz Simona del Hotel Canto del Viento. El desalojo fue suspendido pero la comunidad está en alerta hasta que se suspenda definitivamente la orden judicial.
Como respuesta ante la violencia del desalojo, el mismo martes la comunidad inició una protesta pacífica en la Ruta 9. El juez de paz, Pedro Apaza, se apersonó en el lugar y dio media hora para desalojar bajo amenaza de represión. La Policía de Jujuy avanzó y detuvo a dos personas (luego liberadas).
Las familias denunciaron la violencia de la Policía y a la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, por facilitar las condiciones para el hecho. También radicaron una denuncia en el fuero federal, porque durante el desalojo del territorio comunitario se afectó un sitio arqueológico.

Diez años de la Colonia Agroecológica 20 de Abril en Luján
La “Colonia Agroecológica 20 de Abril Darío Santillán” cumplió diez años en Jáuregui (partido bonaerense de Luján). Hace una década, 50 familias campesinas de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) producen alimentos en tierras que recuperaron del abandono estatal. “Donde antes había abandono, hoy florecen la agroecología, la organización y la soberanía alimentaria”, señalan.
El predio donde trabajan tiene 84 hectáreas: eran terrenos fiscales que estaban inutilizados y que la organización campesina recuperó para la producción. Actualmente se cultivan allí verduras y frutas. Además construyeron una plantinera y una biofábrica para dejar atrás los insumos del agronegocio. Y abrieron su propia Escuela Campesina, donde las y los trabajadores pueden terminar sus estudios. La colonia permitió crear canales de comercialización directa y un consultorio de salud para la comunidad.
Cada familia trabaja una hectárea. En asamblea consensúan qué se cultiva, el precio y cómo se comercializa. Lo que producen lo venden en el almacén campesino en el ingreso a la colonia (y otro en el centro de Luján) y en las ferias de la zona. La experiencia no es un hecho aislado: las colonias son una política de la UTT para repoblar el campo, generar mejores condiciones de trabajo a las familias campesinas y avanzar hacia la agroecología.

Catamarca será sede del 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades
Entre el 1 y el 3 de mayo se realizará el 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), que reúne a organizaciones socioambientales de todo el país. La actividad se llevará a cabo en la Cooperativa Cachalahueca, en San Fernando del Valle de Catamarca, capital de una de las provincias en donde la extracción de litio viene avanzando con fuerza en los últimos años. Los anfitriones serán la asociación BePe y otras organizaciones socioambientales catamarqueñas.
La elección del lugar se debe a que es una provincia emblemática, que desde hace décadas resiste a la megaminería a cielo abierto, movilizada frente Minera La Alumbrera, antecesora del Proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), y a la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto (en Antofagasta de la Sierra).
“Una vez más Catamarca recibe a las asambleas de distintos lugares para fortalecer las articulaciones y redes en defensa del territorio y de la vida, mientras que Raúl Jalil (actual gobernador) se reúne con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en Canadá para continuar impulsando la minería de litio y de cobre”, explicaron desde UAC.
La minería de uranio es el nuevo objetivo extractivo del gobierno de Chubut, a cargo de Ignacio Torres. La Unión de Asambleas Chubutenses (UACH) denuncia que el proyecto de Ley 047/2025 presentado por el oficialismo busca generar un hueco legal para habilitar la minería, esquivando la Ley 5001, que prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia. "Podemos despertar una mañana escuchando que va a arrancar un proyecto minero de uranio porque no afecta a la Ley 5001. Eso no lo creemos porque tenemos documentación que indica que para hacer minería de uranio ‘rentable’ para las empresas tiene que ser a cielo abierto", advierte Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut.
El proyecto presentado por Torres hace una semana crea la Empresa Provincial de Energía de Chubut (Epech), una sociedad mixta público-privada de mayoría estatal, que tendrá como objetivo “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Para denunciar que se trata de un caballo de troya para la habilitación de la minería de uranio, las asambleas chubutenses apuntan al artículo 29 que indica: “La explotación de toda fuente de energía eléctrica”.
“Buscan la manera para evitar mencionar cosas que son urticantes para la sociedad”, señala Lada sobre la estrategia desplegada por el gobernador Torres, quien en campaña prometió no avanzar con la megaminería, pero ya mostró su interés por la explotación de uranio, oro, plata y cobre. Además, en marzo, le reclamó al gobierno nacional la restitución a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina, en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Alarma por las perforaciones no convencionales que proyecta YPF en cercanías de los lagos Mari Menuco y Los Barreales

Fecha de Publicación: 15/04/2025
Fuente: Portal Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La operadora estatal tiene previsto realizar 87 pozos en el itsmo que conecta ambos embalses.
Las concesión otorgada en marzo de este año a la empresa YPF para explotar en el área La Angostura Sur II, a través de la técnica del fracking, ha encendido las alarmas de comunidades mapuches y asociaciones ambientales por encontrarse muy cercana a los lagos Mari Menuco y Los Barreales, espejos de agua de donde se extrae el agua potable para gran parte de la población de la ciudad de Neuquén.
El proyecto de YPF es perforar tres pozos piloto en el istmo que conecta los embalses Mari Menuco y Los Barreales. Según informó el Observatorio Petrolero Sur, se trata de una etapa inicial que contempla pozos horizontales con ramas laterales de 2 mil metros y 28 etapas de fractura cada uno. El plan completo prevé desarrollar 87 pozos en ese lugar.
El istmo donde proyectan ubicar los los pozos piloto de YPF es una franja angosta de tierra entre los dos embalses, lugar en donde se encuentra el sistema hídrico que abastece la ciudad de Neuquén, la ciudad de Centenario y los canales de riego del Alto Valle. “Cualquier incidente —una fisura, una pérdida, un error operativo— puede tener consecuencias directas sobre la calidad del agua y el equilibrio del ecosistema”, explicaron desde Opsur.
El proyecto se realizará sobre el territorio que reclama la comunidad mapuche Kaxipayiñ, quienes exigieron al gobierno provincial que se respete el derecho a la Consulta Previa.
“Nos enteramos del proyecto porque tuvimos que parar un par de máquinas de YPF que ya estaban dentro del territorio reconocido de la comunidad”, declaró el werken Gabriel Rolando Cherqui a OPsur.
En el mismo contexto, la Confederación Mapuche de Neuquén organizó una reunión multisectorial de urgencia para analizar la situación y realizar posibles acciones en defensa de los lagos Mari Menuco y Los Barreales.
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