La investigadora que el INTA busca exonerar presentó su estudio sobre plaguicidas en personas

Virginia Aparicio expuso en Balcarce los resultados del proyecto europeo SPRINT, que detectó residuos de múltiples plaguicidas en el agua, el suelo, los animales y los cuerpos de vecinos del sudeste bonaerense, mientras enfrenta un sumario que podría costarle su cargo.

La investigadora Virginia Aparicio, a quien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) busca exonerar tras un sumario administrativo, presentó en Balcarce los resultados del estudio internacional que coordinó en la Argentina sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas. Los datos muestran residuos de múltiples sustancias en el suelo, el agua, los animales y los cuerpos de los participantes del sudeste bonaerense.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA Balcarce y del Conicet, durante la charla abierta a la comunidad. El INTA, por su parte, se desligó de la presentación.

El proyecto SPRINT
La investigación formó parte del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020, que analizó la presencia de más de 200 plaguicidas en distintos países. La Argentina se sumó en septiembre de 2020, a través del INTA, como el único país no europeo participante. Aquí, el trabajo abarcó diez partidos del sudeste bonaerense, entre ellos Balcarce, Tandil, Necochea y Tres Arroyos, y contó con 73 voluntarios de zonas rurales y urbanas.
Con protocolos de muestreo armonizados con los equipos europeos, se analizaron suelos, aguas superficiales, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos, además de muestras de sangre, orina y materia fecal de las personas. Los participantes también usaron durante siete días pulseras de silicona que captan las sustancias a las que están expuestos.

Lo que encontraron
Los resultados son contundentes. Ninguna muestra de agua superficial estuvo libre de residuos, con un valor típico de 20 sustancias por muestra. En el polvo de las viviendas rurales se halló una mediana de 75 plaguicidas por muestra, con casos de hasta 121. Según los datos difundidos del estudio, el glifosato apareció en la sangre del 86% de los participantes argentinos y el clorpirifos, un insecticida prohibido en la Unión Europea, en el 37,7%, frente al 3,7% registrado en Europa.
Un relevamiento complementario sobre 154 muestras de agua de red y de pozos de la región pampeana, tomadas entre 2019 y 2022, detectó atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. El 9% de las muestras de red y el 18% de los pozos rurales superaron el umbral de referencia de la Unión Europea. La investigadora también señaló que se registraron aplicaciones con dosis de hasta 20 veces las recomendadas en las etiquetas.

Del silencio al sumario
El camino de estos resultados fue accidentado. En 2023, la conducción del INTA decidió retirar al organismo del proyecto y suspendió una reunión prevista para informar los resultados a los voluntarios. Aun así, los datos argentinos permanecieron en la base del proyecto, que concluyó en febrero de este año.
Desde comienzos de 2025, Aparicio enfrenta un sumario administrativo en el que se le imputan ocho hechos, entre ellos ocultar información a sus superiores y causar un perjuicio económico al Estado. El INTA, que preside Nicolás Bronzovich, propuso su exoneración, la sanción más grave de la administración pública, que implicaría la pérdida de su cargo en el organismo y también en el Conicet. Los cuestionamientos se centran en los procedimientos de toma y análisis de muestras humanas, el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a los datos de los participantes, y no en los análisis ambientales.
Su defensa rechaza las acusaciones, sostiene que todas las acciones fueron informadas y que los fondos del proyecto provinieron de Europa y fueron rendidos, y anticipó que, si la exoneración se confirma, recurrirá a la Justicia. El INTA indicó que esperará la resolución del sumario antes de pronunciarse públicamente.

Rechazo y reclamos
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, agrupaciones científicas y la asociación del personal del INTA impulsan una campaña contra la exoneración y reclaman que los resultados se difundan públicamente. En Balcarce, vecinos que asistieron a la charla pidieron actualizar la legislación, ampliar los controles sobre el agua y los alimentos y estudiar el impacto de los plaguicidas sobre las abejas y la apicultura.
El caso reabre el debate sobre la libertad de investigación en el sistema científico público y sobre el acceso a la información en un país que es uno de los mayores consumidores de agroquímicos del mundo, donde la exposición de las comunidades rurales sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto SPRINT (Unión Europea).

La Corte Suprema dejó firme la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros en Sastre

Ocho años después de que una nena de dos años con cáncer moviera a su comunidad contra las fumigaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró de manera definitiva el caso de Sastre y Ortiz, Santa Fe, y dejó firme una zona de exclusión que ya se perfila como antecedente para otros pueblos fumigados del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la Municipalidad de Sastre y Ortiz, en el centro-oeste santafesino, y dejó firme la sentencia que establece una zona de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres con agroquímicos alrededor de toda la planta urbana, y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas. "El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma. Por ello, se desestima la queja", señaló la Corte en una resolución de apenas unas líneas, publicada el 13 de agosto, que cierra ocho años de litigio.

La historia de una nena de dos años
El conflicto se remonta a 2018, cuando Zoe Giraudo fue diagnosticada con linfoma linfoblástico tipo T a los dos años. Su madre, Sonia González, relató en su momento que los médicos vincularon el cáncer con la exposición a agroquímicos: la familia vivía a metros de campos de soja y ella misma había trabajado once años en una cooperativa agrícola, con su oficina a cinco metros de un depósito de insumos químicos. Ese diagnóstico movilizó a gran parte de la comunidad de Sastre, un pueblo de poco más de 6.000 habitantes donde hasta entonces se podía fumigar a apenas 100 metros de las viviendas. Los vecinos lograron primero que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que alejaba las aplicaciones a 200 metros, pero la norma fue vetada por la oposición de productores y del propio municipio, cuya intendenta, María del Carmen Amero de Brunazzo, nunca recibió a los vecinos para tratar el tema.

El camino judicial
Los vecinos autoconvocados recurrieron entonces a la Justicia con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, y en noviembre de 2018 el juez de San Jorge Daniel Zoso les otorgó una cautelar de 400 metros. La medida quedó frenada hasta que, en septiembre de 2020, el juez rafaelino Duilio Hail dictó sentencia firme y extendió la zona de resguardo a 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas. Desde entonces, ningún tribunal modificó esa decisión central: la Municipalidad, respaldada por productores agropecuarios que se presentaron como terceros coadyuvantes, agotó sin éxito los recursos ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela y la Corte Suprema de Santa Fe, hasta llegar en 2024 a la Corte Suprema nacional, con el patrocinio del estudio jurídico Rondina. El Gobierno de Santa Fe intervino en el proceso como tercero interesado.

La evidencia científica detrás del fallo
El fallo de primera instancia, de 54 páginas, se apoyó en pruebas científicas que luego resistieron todas las instancias posteriores. El Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Damián Verzeñassi, aportó un informe que documentó una tasa de cáncer en Sastre por encima de la media nacional, en base a los llamados "campamentos sanitarios". El biólogo Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, presentó veinte años de estudios de laboratorio sobre áreas sojeras argentinas y una docena de investigaciones internacionales sobre el daño en la salud -en particular en niños- por la exposición a fumigaciones, y recomendó específicamente una zona de resguardo de 1.000 metros. También se incorporó la investigación en genética y mutagénesis ambiental de la genetista Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esa base, la Justicia aplicó el principio precautorio, que permite adoptar medidas de protección ante un riesgo de daño grave o irreversible aun sin certeza científica absoluta.

Un antecedente para otros pueblos fumigados
Aunque la Corte Suprema no fijó una doctrina propia ni se pronunció sobre el fondo del asunto -solo desestimó el recurso por falta de fundamentación autónoma-, dejó en pie un antecedente que especialistas consultados por medios locales calificaron como "una referencia obligada en materia ambiental". El fallo confirma que un amparo colectivo puede desplazar una ordenanza municipal, y que el principio precautorio alcanza para sostener una restricción de este tipo incluso frente a la incertidumbre científica sobre los efectos de los agroquímicos. Sastre y Ortiz queda así como caso testigo para los reclamos de otros pueblos fumigados de la Argentina que discutan distancias de resguardo similares.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo, Diario Tiempo Argentino, Diario La Capital de Rosario

Ley de Semillas: el Gobierno decidirá quiénes pagarán por el uso propio tras la falta de acuerdo

Tras meses de negociación entre productores y semilleras, el Gobierno quedó a cargo de definir cuántos productores pagarán por el uso propio de sus semillas en la futura Ley de Semillas, en un debate que además reabre la discusión de fondo sobre la adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91 y su impacto sobre la agricultura familiar.

Tras una reunión con parte de los integrantes de la Mesa de Enlace y sus técnicos, la discusión por una nueva Ley de Semillas entró en una etapa de definición en manos del Gobierno. Después de tres mesas de trabajo entre representantes de la producción y la industria semillera, ambas partes expusieron ante funcionarios nacionales hasta dónde lograron acercar posiciones y cuáles son las diferencias que todavía mantienen, especialmente sobre qué productores deberían pagar por el uso propio de semillas y quiénes quedarían exceptuados. Con esa información, ahora será el Gobierno el que avance en la elaboración del proyecto que pretende enviar al Congreso.

La discusión por los deciles
Según explicó una fuente oficial a La Nación, para los cultivos de soja, trigo y arroz los productores proponen que el pago por el uso propio alcance a los deciles 1, 2 y 3 del Sistema de Información Simplificado Agrícola, mientras que los ubicados entre los deciles 4 y 10 quedarían exceptuados. La industria semillera, en cambio, plantea ampliar el universo alcanzado a los deciles 1 al 6, y exceptuar únicamente a los comprendidos entre los deciles 7 y 10. La distancia entre ambas posiciones involucra a 16.818 productores y 1.855.452 hectáreas.
El universo analizado con base en información del SISA comprende 56.065 productores y 14.582.238 hectáreas, con un promedio de 260 hectáreas por productor, aunque la distribución es muy desigual. Los 16.818 productores que integran los tres primeros deciles representan el 30% del total, pero concentran el 82,72% de la superficie registrada: es el universo que propone alcanzar la producción. Bajo ese esquema, el 70% restante -39.247 productores, que en conjunto trabajan apenas el 17,28% de la superficie- quedaría exceptuado. La propuesta de la industria, en cambio, alcanzaría a 33.636 productores (60% del universo, con el 95,44% de la superficie), dejando la excepción reservada solo para 22.429 productores de los deciles más altos, que manejan apenas el 4,56% de la superficie.

Quién estuvo en la mesa
La convocatoria, realizada por el Instituto Nacional de Semillas, tuvo una participación dispar: Federación Agraria Argentina no estuvo presente por la realización de su Congreso anual; por Confederaciones Rurales Argentinas participaron de forma virtual Pablo Ginestet y Gustavo Suter Schneider; por la Sociedad Rural Argentina estuvo Tomás Palazón, y por Coninagro, su presidente, Lucas Magnano. "El diálogo fue constructivo y permitió avanzar en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias", describió Magnano, quien señaló que el Gobierno evaluará la información recibida, elaborará una propuesta y volverá a convocar a productores y obtentores antes de avanzar. Desde la industria semillera calificaron el proceso como "positivo" y remarcaron "una visión conjunta de entender que tenemos que salir de donde estamos", aunque reconocieron que persisten diferencias en algunos puntos.

El trasfondo: la adhesión a UPOV 91
Más allá de la discusión puntual sobre los deciles, persiste otro punto central de desacuerdo: la eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91, un marco internacional para la protección de las obtenciones vegetales. El país está adherido desde 1994 al Acta de 1978, más flexible con los agricultores, mientras que la Asociación de Semilleros Argentinos ratificó que mantiene su propuesta de adhesión al Acta de 1991 como "el norte" a seguir. Ese compromiso surgió en febrero de este año, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, y viene generando fuerte resistencia desde entidades de agricultura familiar, campesina e indígena, que lo consideran una amenaza directa a la soberanía alimentaria.
Bajo UPOV 91, el uso propio deja de ser un derecho automático de los agricultores y puede requerir autorización expresa del obtentor, además de extenderse la protección al producto de la cosecha, no solo a la semilla original. Más de cien organizaciones, entre ellas la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Unión de Trabajadores de la Tierra, reclamaron al Congreso que rechace cualquier adhesión a ese convenio. El sector hortícola y la agricultura familiar resultarían especialmente afectados: utilizan en gran medida variedades de polinización abierta y cultivares desarrollados por el INTA -como la serie UCO-, que hoy permiten el uso propio sin depender de insumos externos, algo que UPOV 91 podría limitar. Especialistas advierten además que una mayor concentración de las variedades cultivadas en manos de pocas empresas reduce la diversidad genética disponible, lo que puede aumentar la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas frente a nuevas plagas asociadas al cambio climático. Ya en junio de este año, el Gobierno había avanzado con resoluciones administrativas que, sin modificar formalmente el texto de la Ley de Semillas vigente desde 1973, habilitaron un mayor control privado sobre las variedades genéticas sin pasar por el debate parlamentario.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Nación,  Portal Soberanía Alimentaria (Cátedras Libres CALISA), Instituto Nacional de Semillas (INASE)

La Defensoría del Pueblo exhortó a fortalecer el control de fumigaciones cerca de escuelas

Tras una investigación de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de establecimientos educativos en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a organismos provinciales, municipales y a ACUMAR a reforzar los controles, avanzar en estudios epidemiológicos y garantizar el monitoreo ambiental permanente.

Tras una investigación iniciada de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de escuelas en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer los resultados obtenidos en el barrio Santa Rosa, de Marcos Paz, y en la localidad de Carlos Keen, provincia de Buenos Aires, y solicitó informes a distintos organismos provinciales y municipales. En Marcos Paz, en abril de 2023, se registró un episodio de fumigación en un predio lindero a una escuela primaria y un jardín de infantes durante el horario escolar, que generó olores intensos y preocupación entre docentes y estudiantes. En Carlos Keen, vecinos, organizaciones sociales e instituciones educativas denunciaron en 2024 que un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una biblioteca popular debieron suspender sus actividades por fumigaciones cercanas, en lo que describieron como situaciones reiteradas.

Una infracción confirmada y un estudio sobre exposición
Durante la investigación, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense confirmó que, en el caso de Marcos Paz, la fumigación se había realizado dentro del perímetro de exclusión, sin receta agronómica ni la habilitación correspondiente, por lo que sancionó a la empresa responsable. La Universidad Nacional de Luján, por su parte, aportó un estudio propio que concluyó que la totalidad de las zonas urbanas del partido se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos fumigables, con Carlos Keen entre las localidades de mayor exposición potencial identificadas.

Organismos que no respondieron
El organismo señaló además que no obtuvo respuesta de los Ministerios de Ambiente y de Salud provinciales, ni de la Municipalidad de Luján, algo que evidenció debilidades en la articulación interinstitucional para abordar esta problemática.

Las exhortaciones a cada organismo
A partir de estos hallazgos, la Defensoría resolvió exhortar a distintos organismos a adoptar medidas concretas. Al Ministerio de Ambiente provincial le solicitó implementar programas de monitoreo ambiental de agroquímicos en agua, suelo y aire cerca de las escuelas, además de garantizar el acceso público a esa información. Al Ministerio de Salud provincial le requirió realizar estudios epidemiológicos sobre las poblaciones expuestas -especialmente niños, niñas y adolescentes, además de trabajadores rurales- y crear registros de intoxicaciones asociadas a agroquímicos. Al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial le pidió fortalecer la fiscalización de las aplicaciones, revisar las distancias mínimas de resguardo con criterios científicos actualizados y promover la producción agroecológica como alternativa. A la Municipalidad de Luján le solicitó reforzar el control local de fumigaciones y establecer protocolos de actuación inmediata ante episodios de deriva cerca de escuelas. Por último, a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo le pidió incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus monitoreos habituales de agua y sedimentos.

Un grupo especialmente vulnerable
La Defensoría remarcó que los niños, niñas y las comunidades educativas constituyen grupos especialmente vulnerables frente a la exposición a agroquímicos, y subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, monitoreo y protección sanitaria y ambiental en todo el territorio bonaerense, no solo en los casos puntuales investigados. La resolución del organismo vuelve a poner en agenda una tensión que se repite en distintas provincias del país: la convivencia entre las actividades agrícolas y los establecimientos educativos ubicados en zonas periurbanas y rurales, donde la distancia entre los cultivos fumigables y las aulas suele ser mínima.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Defensoría del Pueblo de la Nación, Universidad Nacional de Luján

Protestaron contra el fallo que redujo los límites para fumigar cerca de viviendas

Familias de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera se manifestaron frente a los Tribunales de Paraná contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia que anuló la distancia de resguardo de 1.095 metros para fumigar cerca de sus viviendas, mientras un investigador del Conicet remarcó que la evidencia científica que sustentó esa distancia sigue vigente.

Vecinos de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera protestaron frente a Tribunales de Paraná contra el fallo que redujo los límites para fumigar cerca de viviendas y dejó sin efecto medidas de protección que, según explicaron, habían sido reconocidas en cuatro resoluciones anteriores. Entre los manifestantes estuvieron Ariel Gareis y Gimena Rosso, quienes habían participado de los amparos presentados para impedir las pulverizaciones con agroquímicos en las inmediaciones de sus domicilios. Las familias reclamaron que se restablezca la distancia de 1.095 metros y anticiparon que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que el caso sea revisado. "Queremos manifestarnos por las medidas de seguridad que nos sacaron. Teníamos un amparo de 1.095 metros que nos resguardaba de las pulverizaciones", explicó Gareis.

Una niña con daño genético
Gareis relató que su hija, de 10 años, tiene un daño genético acreditado mediante estudios médicos: "notaba que cada vez que pulverizaban, cuando había mucho olor, la nena se descomponía. Empecé a averiguar y terminamos viajando a Córdoba para hacerle un estudio de daño genético". El análisis confirmó alteraciones genéticas, y estudios posteriores realizados en Paraná no permitieron descartar la exposición a agroquímicos como posible factor. Los amparistas expresaron además que la decisión judicial los dejó expuestos a nuevas aplicaciones: uno de los productores ya notificó que realizaría una pulverización con un producto de banda azul, con un plazo de apenas 48 horas de aviso previo. "Para nosotros significa que en breve nos van a estar fumigando nuevamente. Nos quitaron las medidas de protección que habíamos ganado en cuatro sentencias anteriores", sostuvo Rosso.

"Un cambio jurídico, no científico"
En paralelo a las protestas, el investigador del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral Rafael Lajmanovich remarcó que el fallo no invalida la evidencia científica detrás de la distancia de resguardo. "Una sentencia puede cambiar el marco jurídico, pero no puede cambiar los resultados científicos", sostuvo el especialista, quien lideró un estudio publicado en la revista internacional Water Environment Research sobre la cuenca del arroyo Salto. Ese trabajo, con muestreos realizados en marzo de 2022 cerca de Aldea Brasilera, halló 26 agrotóxicos junto con concentraciones de cobre, zinc y plomo que superaron los límites legales fijados por la Ley de Residuos Peligrosos para la protección de la vida acuática. Las pruebas de exposición mostraron letalidad en larvas expuestas al agua y los sedimentos, y alteraciones en biomarcadores de neurotoxicidad. "Los 1.095 metros no salieron de la nada: fueron la distancia de resguardo que el STJ estableció en 2024 sobre evidencia científica", explicó Lajmanovich, y remarcó que "no se conoce estudio alguno con evidencias demostrables que avale como seguro el fumigar a distancias menores".

De la sentencia de 2024 al nuevo fallo
En 2024, la Comuna de Colonia Ensayo había promovido una acción de amparo ambiental que derivó en resoluciones respaldadas en evidencia científica -incluido el informe de Lajmanovich- y en el dictamen de una médica forense que advirtió sobre riesgos de disrupción endocrina, malformaciones, déficit neurológico y cáncer asociados a la exposición a pesticidas. En esa oportunidad, la Justicia había aplicado el principio precautorio, el principio de prevención, el criterio in dubio pro natura y la Convención sobre los Derechos del Niño. El nuevo fallo del STJ, en cambio, rechazó los amparos del barrio Tierra Alta y de la familia de Aldea Brasilera, con el argumento de que no correspondía establecer judicialmente un régimen distinto al de la Ley provincial 11.178 sin una declaración previa de inconstitucionalidad.

Costas y próximos pasos
Los manifestantes también rechazaron que la sentencia les hubiera impuesto las costas del proceso, algo que interpretaron como una forma de desalentar nuevos reclamos: "esta sentencia es una medida de castigo porque, además, impusieron las costas a las partes. Quieren que hagamos silencio, pero no lo vamos a aceptar", sostuvo Rosso. Las familias solicitaron al juzgado que revise la resolución y mantenga las medidas de protección mientras avanza el trámite, y adelantaron que apelarán ante tribunales nacionales e internacionales. "No puede ser que en cuatro sentencias anteriores se haya considerado perjudicial fumigar a menos de 1.095 metros y ahora se sostenga que hacerlo a 10 metros es inofensivo", planteó Rosso, mientras el reclamo judicial continúa abierto en los tribunales entrerrianos.


Fecha de Publicación: 28/09/2026
Provincia/Región: Entre Ríos 
Fuentes Consultadas: Elonce, APFDigital

El INTA está a un paso de exonerar a su investigadora referente en agrotóxicos

Virginia Aparicio, con 22 años de carrera en el INTA y coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, enfrenta la exoneración -la sanción más grave del empleo público- tras un proceso de tres años que incluyó la censura de sus resultados y un progresivo deterioro de sus condiciones laborales, mientras crece una campaña que reclama revertir la decisión.

Con 22 años de trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet especializada en la detección de agroquímicos. Tiene publicaciones científicas, participó en libros y fue perito en causas judiciales sobre pueblos fumigados, entre ellas el fallo histórico de Pergamino. Ahora enfrenta un sumario administrativo cuyo expediente propone su exoneración, y el Consejo Directivo del organismo, presidido por Nicolás Bronzovich, ya la habría ratificado según trascendidos, con el expediente derivado al área de Legales.

El proyecto que originó el conflicto
El caso se remonta al proyecto internacional SPRINT ("Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global"), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea y desarrollado entre 2020 y febrero de este año en once países, entre ellos Argentina como único caso no europeo. El INTA figuró como beneficiario argentino del convenio y, durante los primeros años, la propia institución difundió sus objetivos, resultados y la participación de Aparicio como coordinadora nacional. En 2021 se analizaron 4.573 muestras de suelo, agua, sedimentos, aire, cultivos, animales y personas, con datos recolectados en 73 participantes de zonas rurales y urbanas bonaerenses. Los resultados mostraron presencia de glifosato en la totalidad de las personas testeadas, junto con 2-4D, atrazina, clorpirifos, fipronil, imidacloprid y cipermetrina, con rangos de entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina, hasta 18 en materia fecal y entre 7 y 53 en el aire respirado por persona, además de entre 10 y 28 plaguicidas distintos en agua superficial. Según el estudio, los suelos y el agua bonaerenses presentaron concentraciones más altas que las registradas en los países europeos incluidos, y Argentina resultó el país con mayor presencia de plaguicidas de alto riesgo como el glifosato y el clorpirifos.

De la censura a la salida del proyecto
La presentación pública de los resultados argentinos estaba prevista para el 21 de junio de 2023, pero el INTA instruyó a Aparicio a suspenderla pocos días antes, con el argumento de que los estudios "exceden la incumbencia institucional". Meses después, el 7 de diciembre de 2023, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, formalizó el retiro argentino del consorcio internacional. Pese a esa salida institucional, Aparicio continuó vinculada a publicaciones científicas derivadas de SPRINT durante los años siguientes, y la campaña que reclama por su situación sostiene que la propia Agencia Europea de Investigación recomendó publicar los resultados en la herramienta de evaluación de riesgo sanitario global del proyecto, recomendación que no se habría cumplido en el país.

Un deterioro laboral sostenido
Según reconstruyó la Agencia de Noticias Tierra Viva, tras la censura de 2023 Aparicio atravesó un proceso continuo de deterioro en sus condiciones de trabajo: descensos en sus evaluaciones institucionales, cambios de funciones en su equipo sin consultarla, exclusión de reuniones y del grupo de comunicación del área, negativa a incorporarla en una nueva línea de trabajo con equipamiento que ella misma había gestionado, y una reducción de la interlocución con las autoridades de su estación experimental desde 2025. El sumario en su contra comenzó a avanzar entre fines de 2024 y comienzos de 2025, y entre los cargos atribuidos figura un supuesto perjuicio material a la administración pública. Su abogado, Mario Bolla, cuestiona esa acusación y sostiene que la investigación fue financiada por la Unión Europea y había atravesado todas las instancias institucionales del INTA antes de ser aprobada, y anticipó que recurrirán a la Justicia si se confirma la exoneración. "Me quitan todo, con un proceso en el que me condenaron desde el inicio del sumario", resumió Aparicio.

Una campaña por su continuidad
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, entidades científicas y los gremios APINTA y ATE impulsan actualmente una campaña para reclamar que no se concrete la exoneración. Desde APINTA remarcaron que "la investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional" y recordaron que la suspensión de 2023 ya había generado preocupación gremial en su momento. El caso plantea una discusión que excede la situación individual de Aparicio: qué investigaciones puede desarrollar un organismo estatal dedicado al sector agropecuario, quién define sus prioridades, y qué ocurre cuando los resultados de esa ciencia ponen en cuestión prácticas extendidas del modelo productivo agroindustrial.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal ANRed, Agencia de Noticias Tierra Viva, Página/12 (Radio 750), Bichos de Campo

Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos

Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet que coordinó en el país el proyecto internacional SPRINT sobre presencia de agroquímicos en el ambiente y las personas, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración; el gremio del organismo salió a respaldarla y denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.

Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos en el ambiente. Hoy enfrenta un expediente administrativo que propone su exoneración, la sanción más severa que contempla la normativa de empleo público nacional, y que no implica solo la pérdida de su puesto actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado.

El proyecto que la puso en el centro de la escena
El origen del conflicto se remonta al proyecto SPRINT, una iniciativa internacional aprobada en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que se propuso determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en muestras humanas y ambientales de distintos países. Argentina fue el único país no europeo incluido en ese monitoreo. En el país se incorporaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, entre ellos productores convencionales y agroecológicos, con el objetivo de trabajar luego junto a productores en prácticas que redujeran los impactos y la dependencia de determinados insumos, una segunda etapa que finalmente nunca pudo desarrollarse en el país.

De la censura de 2023 al sumario actual
En junio de 2023, la conducción del INTA prohibió a Aparicio difundir los resultados de sus mediciones: el entonces director nacional del organismo le remitió una nota en la que le prohibía explícitamente presentarlos como investigadora del INTA. Meses más tarde, en diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar todo vínculo institucional con el proyecto internacional. Pese a que en algún momento posterior hubo disculpas ofrecidas desde el propio INTA, el hostigamiento no se redujo sino que, según la denuncia gremial, se incrementó con el paso del tiempo.
El capítulo más reciente de ese proceso es un sumario que propone directamente la exoneración de la investigadora, motivado en el envío a analizar al exterior de las muestras tomadas durante el estudio, un procedimiento que, según explicó la propia Aparicio en instancias anteriores, resultó necesario porque el organismo no cuenta con capacidad para realizar ese tipo de análisis en el país. Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA "casi no les dieron oportunidad de defensa" durante el proceso. La sanción todavía no fue notificada de manera formal, pero tanto Aparicio como su defensa ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si finalmente se confirma la medida.

El respaldo del gremio
Frente a esta situación, la Asociación del Personal del INTA difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y denunció que la investigadora atraviesa un cuadro de persecución, censura y silenciamiento dentro del organismo. "La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional", sostuvo el gremio, que además impulsó una recolección de firmas en su apoyo y reclamó garantías institucionales para el desarrollo de la actividad científica. En una publicación posterior, titulada "Basta de persecución en el INTA", la organización planteó que los resultados del proyecto SPRINT habían sido adversos para la salud pública y, en particular, para el sector productivo, una lectura que -sostuvieron- explicaría buena parte de la resistencia institucional a difundirlos. "No hay ciencia sin libertad para investigar", remarcaron.

El clima interno
Más allá del respaldo gremial, la propia investigadora denunció que sus compañeros de trabajo comenzaron a tomar distancia de ella por temor a sufrir una persecución similar dentro del organismo, algo que graficó con una frase elocuente: "ahora parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". El caso, que ya lleva más de tres años de desarrollo, expone una tensión que excede a esta investigadora en particular: la que existe entre la producción de conocimiento científico independiente sobre el impacto ambiental y sanitario de los agroquímicos, y las presiones institucionales y sectoriales que ese tipo de estudios suele generar dentro de organismos públicos de investigación agropecuaria.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Portal EcoNews Global, Portal Bichos de Campo

Investigadores y comunidades expuestas alertan sobre el impacto oncogénico, la contaminación hídrica y las fallas en las zonas de resguardo


Estudios en epidemiología ambiental y ecotoxicología documentan la exposición crónica a formulaciones de plaguicidas en franjas periurbanas y sus secuelas en la población.

Un relevamiento enfocado en las dinámicas del modelo agroindustrial argentino expone la vulnerabilidad sanitaria de las poblaciones rurales sujetas a pulverizaciones continuas. La deriva atmosférica y la posterior escorrentía de agroquímicos —que incluyen principios activos como el glifosato, la atrazina y diversos organofosforados— transportan moléculas tóxicas hacia zonas residenciales, escuelas rurales y fuentes de agua para consumo. Las investigaciones de campo demuestran que la ingestión, la vía inhalatoria y el contacto dérmico repetido con estas sustancias químicas generan una carga de morbilidad sensiblemente superior a los promedios nacionales en patologías crónicas y reproductivas.

Genotoxicidad edáfica y mecanismos de daño al ADN
La constante aspersión de plaguicidas genera un impacto prolongado que trasciende la sintomatología de la intoxicación aguda. En el plano citogénico, la exposición a dosis subcoletales de biocidas induce estrés oxidativo y daño en la doble hebra del ADN, evidenciado mediante ensayos de microcélulas y cometa en muestras biológicas de residentes expuestos. A nivel hidrogeológico, la percolación de metabolitos persistentes alcanza los acuíferos someros, donde las matrices de filtración natural del suelo resultan incapaces de degradar los xenobióticos. Este proceso contamina los recursos hídricos subterráneos de los que se abastecen las comunidades, afectando el sistema endocrino y actuando como disruptores hormonales en el desarrollo infantil.
Vectores de vulnerabilidad identificados en las comunidades periurbanas:
- Deriva secundaria e inversión térmica: Suspensión y desplazamiento de partículas tóxicas horas después de la aplicación.
- Biomarcadores de daño celular: Presencia de aberraciones cromosómicas en muestras epiteliales de habitantes en zonas de fumigación.
- Contaminación de pozos de agua: Percolación de agrotóxicos y sus productos de degradación a las napas freáticas.

Evaluaciones toxicológicas y categorización de riesgo biológico
Estudios desarrollados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y laboratorios de toxicología de universidades públicas argentinas coinciden en que la exposición continuada a mezclas de formulados plaguicidas incrementa la probabilidad de desarrollar mutagénesis y enfermedades oncohematológicas. Las clasificaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sitúan a varios de estos compuestos dentro de las categorías de probable o potencial carcinógeno humano, lo que respalda la necesidad de revisar los criterios de aprobación comercial y los límites residuales permitidos en matrices ambientales.

Reconversión productiva y amortiguamiento sanitario
La mitigación de este impacto en la salud pública requiere la reconfiguración urgente de las zonas periurbanas de producción. La fijación de franjas de restricción absoluta para la aplicación de agroquímicos, el fomento de barreras forestales protectoras y el impulso a esquemas agroecológicos libres de sintéticos emergen como las vías indispensables para frenar el deterioro ambiental y resguardar la salud comunitaria.


Fecha de Publicación: 17/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Perfil, RDI (Radio de la Iglesia), Agencia Télam, Infobae, La Nación
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Empresarios del agro impulsan una ley que regule los mercados de carbono para generar US$ 3.900 millones anuales en divisas


La iniciativa empresarial busca crear un marco normativo transparente en la Argentina que otorgue certeza jurídica a los créditos generados por la siembra directa, la captura en suelos y la conservación forestal.

Un fuerte reclamo proveniente del sector agroindustrial argentino ha tomado relevancia institucional a través de reportes publicados por la sección especializada TN Campo: empresarios, bolsas de comercio y entidades del agro exigieron al Congreso de la Nación la urgente sanción de un marco regulatorio integral que ordene el mercado de carbono en el país. Según estimaciones del sector, contar con una ley nacional clara y alineada con los estándares internacionales del Artículo 6 del Acuerdo de París permitiría a la Argentina certificar prácticas agrícolas sustentables e ingresar divisas por hasta US$ 3.900 millones anuales mediante la venta de créditos de carbono (o bonos de carbono) a empresas e institucionales globales que buscan compensar su huella de emisiones.

Captura en suelos, siembra directa y trazabilidad de los bonos
El potencial argentino para liderar la oferta de créditos de carbono radica en su vasto territorio y en la adopción masiva de la siembra directa, la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura y la gestión de pastizales nativos. Estas prácticas permiten fijar de manera biológica toneladas de dióxido de carbono atmosférico en el perfil del suelo en forma de materia orgánica. Sin embargo, los empresarios advierten que la falta de un marco legal nacional genera superposición de registros provinciales, vacíos sobre la titularidad del carbono capturado (si pertenece al propietario de la tierra o al productor) y dudas sobre la doble contabilidad de emisiones, lo que resta competitividad y ahuyenta las inversiones de fondos internacionales dedicados a la descarbonización.
Para desglosar los ejes centrales del proyecto de ley propuesto por el sector privado y sus impactos económicos, se destacan los siguientes puntos:
- Creación del Registro Nacional de Créditos de Carbono: Una plataforma unificada y transparente para validar, registrar y auditar los proyectos de mitigación.
- Certeza jurídica y propiedad del activo: Definición clara de la naturaleza jurídica de los créditos de carbono como bienes negociables de titularidad privada.
- Alineamiento con los estándares internacionales (MRV): Definición de metodologías homologadas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) sustentadas en evidencia científica.

Tensión entre metas ambientales y regulaciones fiscales
El debate parlamentario sobre la regulación de los mercados de carbono reaviva también las discusiones en torno al tratamiento tributario de estas transacciones. Las entidades del agro solicitan que la comercialización de estos certificados quede exenta de retenciones u homologaciones fiscales distorsivas que desincentiven la inversión en tecnología y conservación. Asimismo, remarcan que la sanción de este marco legaría a los productores locales herramientas para cumplir con los nuevos requerimientos de descarbonización impuestos por mercados compradores como la Unión Europea y el Reglamento de Cadenas de Suministro Libres de Deforestación.

Una oportunidad estratégica para el desarrollo sustentable
La regulación del mercado de carbono en la Argentina representa un paso indispensable para transformar el esfuerzo de conservación y mitigación del agro en un motor de crecimiento económico. Sancionar un marco legal transparente y riguroso permitirá posicionar al país como un actor clave en la transición energética global, atrayendo divisas y promoviendo prácticas productivas en armonía con el medio ambiente.


Fecha de Publicación: 14/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: TN Campo, Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Sociedad Rural Argentina (SRA), Ministerio de Economía de la Nación
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Ratifican que localidades agrícolas de Santa Fe y Entre Ríos sufren un incremento del 32 % en la mortalidad pediátrica por cáncer


Estudios epidemiológicos y de salud comunitaria advierten sobre la correlación entre la exposición crónica a plaguicidas y la incidencia de patologías oncológicas en la población pediátrica rural.

Un preocupante hallazgo científico enfocado en la salud ambiental del corazón productivo argentino ha sido difundido por el portal especializado Noticias Ambientales: investigaciones epidemiológicas realizadas en localidades agrícolas del sur de la provincia de Santa Fe y del suroeste de Entre Ríos revelaron un incremento del 32 % en el riesgo de mortalidad por cáncer en niños y jóvenes respecto de la media nacional. Las evaluaciones —desarrolladas por equipos de investigación universitaria y de salud comunitaria mediante el análisis de campamentos sanitarios y registros de defunción locales— vinculan esta anomalía estadística con la exposición ambiental directa e indirecta a mezclas de agroquímicos. La proximidad de las viviendas y escuelas rurales a los lotes de producción extensiva donde se aplican herbicidas, insecticidas y fungicidas configura un escenario de alta exposición para las poblaciones vulnerables.

Exposición sistémica, vulnerabilidad pediátrica y deriva ambiental
El informe epidemiológico resalta que los niños y adolescentes presentan una vulnerabilidad fisiológica significativamente mayor frente a los xenobióticos debido a sus tasas de absorción metabólica, la inmadurez de sus sistemas de detoxificación hepática y renal, y un patrón de desarrollo celular activo. En estas regiones de la "zona núcleo" pampeana, la exposición no ocurre de forma aislada a una única sustancia química, sino mediante una combinación continuada de múltiples formulados a través de la deriva primaria y secundaria de la pulverización, la inhalación de polvo atmosférico impregnado y el consumo de agua subterránea contaminada con metabolitos de plaguicidas. La presencia recurrente de moléculas clasificadas como posibles o probables carcinógenos humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en muestras ambientales de estas comunidades reaviva la urgencia de discutir los límites de la producción con base en insumos sintéticos.
Para desglosar las variables epidemiológicas y los factores de riesgo identicados en la investigación, se destacan los siguientes puntos clave:
- Asociación espacial y temporal: Elevada incidencia de tumores del sistema nervioso central, leucemias y linfomas en localidades rodeadas por cultivos transgénicos intensivos.
- Deriva de largo alcance y contaminación hídrica: Presencia de residuos de glifosato, AMPA, atrazina y clorpirifós en napas freáticas y agua de lluvia en entornos escolares.
- Insuficiencia de las franjas de amortiguamiento: Las normativas locales que permiten fumigaciones a menos de 500 metros de las plantas urbanas resultan ineficaces para proteger la salud infantil.

Demandas de intervención judicial y aplicación del principio de precaución
La repercusión mediática de estos datos durante los últimos días ha reavivado los reclamos de colectivos médicos, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas ante las Cortes Supremas provinciales y el Poder Judicial de la Nación. Se exige la inmediata aplicación del Principio de Precaución consagrado en la legislación ambiental argentina, lo que implicaría ordenar distancias mínimas de exclusión de 1.000 a 1.500 metros para las aplicaciones de fitosanitarios alrededor de cascos urbanos y escuelas rurales, así como la implementación obligatoria de un registro epidemiológico unificado y transparente en tiempo real.

Una prioridad sanitaria ineludible para el modelo productivo
La ratificación periodística sobre el aumento del riesgo de cáncer infantil en Santa Fe y Entre Ríos demuestra que la producción agrícola no puede desligarse del resguardo de la salud humana. Garantizar la vida y la integridad de las poblaciones rurales exige decisiones regulatorias firmes que prioricen los derechos fundamentales por sobre las presiones del sector agroquímico.


Fecha de Publicación: 14/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos 
Fuentes originales consultadas: Agencia Télam, Noticias Ambientales, Instituto de Salud Socioambiental (FCM / UNR), Red de Salud de Pueblos Fumigados

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El Poder Ejecutivo busca llevar tranquilidad al sector agropecuario tras las dudas generadas por la tipificación del delito ambiental


Frente a la contundente preocupación expresada por entidades del campo y productores agropecuarios, el Gobierno nacional aclaró los alcances del proyecto de ley que busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, desmintiendo que las actividades productivas tradicionales vayan a ser criminalizadas de forma arbitraria.

La iniciativa legislativa orientada a tipificar el delito de "ecocidio" e incorporar los crímenes ambientales de gran escala dentro del Código Penal de la República Argentina desencadenó una intensa polémica política e institucional entre el Poder Ejecutivo y las principales cámaras empresarias del sector agroindustrial. Dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y diversas asociaciones de productores expresaron un enérgico rechazo al texto borrador, advirtiendo que la inclusión de figuras legales ambiguas —conocidas doctrinalmente como "leyes penales en blanco"— podría generar un marco de severa inseguridad jurídica para la actividad ganadera y agrícola regular. Ante la escalada del conflicto y el temor empresarial a sanciones penales por prácticas operativas cotidianas, voceros del Gobierno salieron a bajar la tensión, asegurando de forma categórica que la normativa está diseñada exclusivamente para sancionar estragos ambientales dolosos de gran magnitud y que no afectará el desarrollo productivo tradicional.

La controversia jurídica sobre la "ley penal en blanco"
El núcleo central del debate técnico-jurídico radica en la utilización del recurso legislativo de las "leyes penales en blanco", es decir, aquellas normas sustantivas que fijan una sanción o pena pero remiten la definición del comportamiento prohibido a reglamentaciones administrativas variables o a decretos provinciales secundarias. Juristas, penalistas y asesores legales de las entidades del campo sostienen que este mecanismo viola el principio constitucional de legalidad y tipicidad penal, ya que deja a criterio de un funcionario de turno la determinación de qué práctica agrícola (como el uso de fitosanitarios, la quema controlada de pastizales o la limpieza de rodeos) constituye o no un delito ambiental grave. La falta de definiciones taxativas y claras en el proyecto original encendió las alarmas sobre una eventual judicialización masiva de los productores y la discrecionalidad estatal al momento de fiscalizar los predios rurales.
Para desglosar la matriz del desacuerdo entre el sector productivo y los redactores del proyecto, especialistas en derecho ambiental e hídrico señalan los siguientes puntos de fricción institucionales:
- Incertidumbre en los umbrales de daño: La ausencia de parámetros cuantificables y objetivos sobre qué escala de alteración ecosistémica califica como "ecocidio" genera interpretaciones encontradas entre jueces y fiscales.
- Solapamiento con normativas provinciales de ambiente: Las jurisdicciones subnacionales poseen sus propios códigos de faltas y leyes de presupuestos mínimos, lo que podría derivar en una doble penalización o un conflicto de competencias jurisdiccionales.
- Riesgo para las inversiones y el crédito agropecuario: La amenaza de imputaciones penales o embargos cautelares sobre unidades productivas afecta la previsibilidad financiera y el acceso a financiamiento internacional para el sector agroexportador.

La respuesta oficial y los mecanismos de concertación legislativa
Frente al frente de tormenta abierto con el ámbito rural, representantes del Ministerio de Justicia y del área ambiental de la Nación explicaron que la intención de la norma es dotar al Estado argentino de una herramienta penal efectiva para castigar a actores que provoquen desastres ecológicos masivos e irreversibles, tales como incendios intencionales a gran escala para especulación inmobiliaria, vertidos industriales altamente tóxicos en cuencas hídricas interprovinciales o la deforestación ilegal masiva en áreas protegidas por la Ley de Bosques. Desde el Gobierno enfatizaron que el proyecto ingresará a comisiones parlamentarias en el Congreso de la Nación sujeto a modificaciones, abriendo una mesa de diálogo técnico con los representantes de las cadenas bioindustriales para perfeccionar la redacción de los artículos, precisar las definiciones técnicas y garantizar que la ley no interfiera con las buenas prácticas agrícolas ni con la producción sustentable.

El desafío de equilibrar la tutela ambiental con la seguridad jurídica
Este conflicto deja al descubierto la complejidad estructural que enfrenta la Argentina al momento de actualizar su legislación penal en clave ambiental. Mientras que organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho ambiental destacan la urgencia de contar con un capítulo de delitos contra el ambiente para frenar el avance impune de la degradación ecológica, el sector productivo demanda garantías claras de que las leyes no se transformen en herramientas punitivas arbitrarias que desincentiven la inversión. Alcanzar un equilibrio técnico que proteja de manera efectiva los bienes comunes de la Nación sin vulnerar las garantías constitucionales del debido proceso ni atentar contra la competitividad del campo argentino representa uno de los mayores desafíos legislativos para el Congreso en la presente agenda parlamentaria.


Fecha de Publicación: 03/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Sociedad Rural Argentina (SRA), Ministerio de Justicia de la Nación Argentina
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Santa Fe lanza sistema para certificar producción sin deforestación: clave para la UE y la competitividad

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal MiradorProvincial
Provincia/Región: Santa Fe

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina. 
El Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS) en la Expo Rural de Palermo 2026, una iniciativa para certificar la producción agropecuaria libre de deforestación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó que esta herramienta pública y gratuita responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y fortalecerá la competitividad de los productores santafesinos.

Santa Fe lanza un sistema público para certificar productos libres de deforestación
El gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente en el marco de la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una iniciativa pública, gratuita y voluntaria que busca certificar que los productos agropecuarios de la provincia provienen de establecimientos libres de deforestación. Esta condición cobra cada vez mayor relevancia para el acceso a los mercados internacionales, especialmente en Europa.
La medida responde directamente a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, que a través del Reglamento EUDR 1115/2023, ha establecido que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a su mercado si acreditan que no hubo deforestación en los predios desde diciembre de 2020. «Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores», explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.
El funcionario destacó que el desarrollo del programa es fruto de un trabajo conjunto iniciado en la gestión anterior, con el acompañamiento de consultores europeos y la propia Unión Europea. Un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia, elaborado en este marco, confirmó que Santa Fe posee una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques. El estudio reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales de la provincia presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea. «Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina», sostuvo Mántaras, resaltando la ventaja competitiva de la provincia en la zona núcleo productiva.

Un certificado que agrega valor y abre puertas internacionales
El programa Santa Fe Produce Sustentable permitirá a los productores obtener un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos por los compradores internacionales. Inicialmente, estará enfocado en las cadenas de carnes y cueros, pero el gobierno provincial planea expandirlo progresivamente a otras producciones clave para la economía regional, como el arroz, las frutillas, la miel y diversos cultivos.
Para Mántaras, el alcance de esta iniciativa va más allá del simple cumplimiento de una norma europea. «Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados», afirmó, subrayando la importancia de la diferenciación y el valor agregado en los precios que pueden obtener los productos santafesinos.
El secretario resaltó el carácter inédito y público de la herramienta. «La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial», dijo, asegurando la equidad y accesibilidad para todos los eslabones de la cadena agropecuaria.

¿Cómo funciona la plataforma de certificación?
El proceso de certificación se realiza de manera totalmente digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor, utilizando su identidad digital, ingresa el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias de su establecimiento. La plataforma valida automáticamente esta información con los registros del Catastro provincial y la cruza con los datos oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, que queda vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas. Mántaras hizo hincapié en la sencillez del procedimiento y el amplio interés que despertó la herramienta durante su presentación en Palermo, tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales. «Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones», señaló.

La provincia se prepara para un posible escenario de «El Niño»
Durante la entrevista, el secretario Ignacio Mántaras también abordó el escenario climático esperado para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño. Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo y coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos en el territorio santafesino.
«Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación», indicó Mántaras. Entre las medidas implementadas, se mencionaron jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para diferentes sectores como la agricultura (incluyendo estrategias de siembra y manejo de perfiles de humedad), ganadería (con foco en la invernada y el feedlot), lechería, apicultura y horticultura. Además, se desarrollan nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
Se destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), una plataforma que permitirá vincular rápidamente a los productores afectados por contingencias climáticas con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar la situación.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana, diseñado para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y los propios productores. «No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario», concluyó, enfatizando la importancia de una respuesta articulada frente a los desafíos del clima.
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Epidemia de abortos espontáneos e hipotiroidismo en ciudades por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: Portal SudOeste BA
Provincia/Región: Santa Fe


Nueve pueblos dedicados al agro transgénico y el aumento alarmante de  embarazos que no llegan a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los  agrotóxicos en las mujeres de regiones fumigadas. A tres décadas de agronegocio en Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario. 
Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. "Es irrebatible lo que producen los  plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente", destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.
Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.
Políticos y empresarios señalan el "modelo exitoso" del campo y publicitan las "ganancias" vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma
El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.
La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.
"La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo", es una de las conclusiones de la investigación.
En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.
Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.
"Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas", resume Fernández.
En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la  salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.
El estudio del Instituto de  Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.
La investigación alerta: "Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas".
Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido "principio precautorio" (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.
La investigación concluye: "Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de  plaguicidas".
Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad
La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.
La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.
Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.
"Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición", remarca el trabajo.
Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: "Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables".
La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): "A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática".
Fernández remarca que "los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de  salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen".
Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.
"Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades", instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de  Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.
En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.
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