Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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“Ecocidio”. Avanza en el Senado un polémico proyecto que prevé hasta 25 años de prisión: lo apoyó Patricia Bullrich y en la Rural dicen que es un “desastre”

Fecha de Publicación: 24/06/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, de Edith Terenzi (Despierta Chubut), busca incorporar nuevos delitos ambientales al Código Penal; tuvo el respaldo de varios senadores de LLA y el voto en disidencia de Carolina Losada y otros pares; Bullrich dijo que el proyecto tendrá “muchas modificaciones”
Una iniciativa que propone incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal y crear un nuevo capítulo dedicado a los delitos contra el ambiente comenzó a ganar visibilidad en el Senado y ya comenzó a generar controversia en distintos sectores productivos. El proyecto, que recibió dictamen favorable en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, contempla fuertes sanciones penales para quienes provoquen daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles y abre un debate sobre los alcances que podría tener sobre actividades económicas de diversa índole. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron su rechazo al proyecto.
La propuesta fue impulsada por la senadora por Chubut Edith Terenzi (Despierta Chubut) y obtuvo respaldo de varios legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, sectores provinciales y algunos legisladores vinculados al peronismo. Entre las que acompañó el dictamen figura Patricia Bullrich; mientras que la senadora por Santa Fe (UCR) Carolina Losada suscribió el texto en disidencia, junto con Nadia Márquez y Maximiliano Abad. También lo respaldaron desde LLA Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Romina M. Almeida (Entre Ríos ) y Bartolomé E. Abdala (San Luis). 
El proyecto tiene como objetivo “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”.
La iniciativa plantea la creación de un nuevo Título XIV denominado “Delitos contra el ambiente”, dentro del cual se incorpora específicamente la figura del ecocidio. Según la definición incluida en el texto, se considera ecocidio al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de protección ambiental.
Uno de los puntos que más debate genera es el régimen de penas. El artículo central establece que quien provoque daños “especialmente graves, extensos y duraderos” sobre el ambiente podrá recibir penas de prisión de tres a diez años, además de multas económicas. Las sanciones se endurecen cuando el daño es considerado irreversible. En ese caso, el proyecto prevé penas de prisión de cinco a 15 años y multas más elevadas.
Un aspecto controvertido se presenta cuando el daño ambiental deriva en víctimas fatales. El texto establece que “si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco a 25 años”. Además, “si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a 10 años”.
A ello se suma otro agravante. Cuando en los hechos intervenga un funcionario público, “las penas se agravarán un tercio en su mínimo y su máximo” y se impondrá “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”
El proyecto también incorpora la responsabilidad penal de las empresas. En ese sentido, prevé multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales e incluso restricciones para contratar con el Estado.
Otro aspecto polémico es que no solo contempla conductas dolosas. También incluye la figura culposa, estableciendo que el ecocidio podrá configurarse por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo”, aunque con penas reducidas respecto de los casos intencionales.
En los fundamentos, la autora sostiene que existe un vacío legal en la legislación argentina. Allí señala que actualmente “el Código Penal argentino no contempla delitos ambientales como categoría autónoma” y que las normas vigentes resultan insuficientes para sancionar las conductas más graves contra el ambiente.
La senadora argumenta, además, que “la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal”.
Entre los antecedentes internacionales citados en el proyecto aparecen Francia, Bélgica, Colombia, Chile y Bolivia, además de iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea para endurecer las sanciones vinculadas con daños ambientales graves.
La propuesta también recoge definiciones promovidas en foros internacionales. En los fundamentos se menciona que un panel de juristas independientes convocado por la organización Stop Ecocide definió al ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.
Para su impulsora, la incorporación de esta figura permitiría fortalecer la protección ambiental y adecuar la legislación argentina a estándares internacionales más exigentes. Según el texto, “la sanción de este proyecto constituirá un paso histórico en la evolución del derecho penal argentino”.
En ese contexto, la iniciativa también abre interrogantes sobre cómo se interpretarán conceptos como “daño ambiental especialmente grave”, “daño ambiental irreversible” o “afectación multiecosistémica”, definiciones que serán centrales para determinar responsabilidades penales futuras.
La discusión recién comienza. Con dictamen favorable en comisión, el proyecto ingresó en una etapa en la que deberá reunir consensos políticos para avanzar en el recinto. Sin embargo, en el sector agropecuario ya genera una gran controversia el hecho de hasta dónde puede llegar el derecho penal cuando se trata de proteger los ecosistemas y cuál podría ser el impacto de esa decisión sobre la producción, la inversión y el desarrollo de distintas actividades económicas.

Repercusiones
La iniciativa ya comenzó a generar fuertes cuestionamientos en el sector agropecuario. En la Sociedad Rural Argentina (SRA) anticiparon que se opondrán al proyecto y advirtieron sobre los efectos que podría tener en la actividad productiva y las inversiones.
“Es sorprendente este proyecto de ley. Entendemos que esto viene por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que se puso muy nervioso por los incendios y, en vez de legislar en su provincia, impulsa una ley nacional”, afirmó Andrés Costamagna, director de la entidad, a LA NACION.
El dirigente consideró que, detrás de la propuesta, existe una lógica política orientada a obtener respaldo legislativo. “Es una devolución de favores entre gobernadores y jefes de bloque para que le voten leyes”, sostuvo.
Costamagna cuestionó además la redacción de la iniciativa y advirtió sobre la amplitud de los conceptos utilizados. “Lo que está escrito es un desastre desde el punto de vista de lo que persigue la ley en sí y la falta de conocimiento del que redactó la ley respecto a conceptos básicos. Desde lo técnico es un error, desde lo legal es un error y desde todo punto de vista es un error. Se contradice con lo que el Presidente dice. Toma de base Naciones Unidas y el cambio climático. Nace de una persona del PRO [la senadora autora era de JxC] pero parece redactado por alguien de izquierda, no entendemos nada”, señaló.
Según indicó, la principal preocupación radica en la falta de precisión sobre qué conductas podrían encuadrarse como daño ambiental. “No discrimina absolutamente nada y deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental. Según este proyecto, todo puede ser daño ambiental”, afirmó.
En esa línea, alertó sobre las consecuencias que podría generar en la actividad económica. “Meter presos a quienes causan daño ambiental suma votos, pero después también hace que los inversores no vengan nunca más”, expresó.
El representante ruralista también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para avanzar con el dictamen. “No llamaron a consulta pública, hicieron dictamen cerrado y lo mandan a tratamiento sin cumplir el procedimiento legislativo normal”, indicó. Y agregó: “Llama mucho la atención que haya sido impulsado por gente de La Libertad Avanza y del PRO y, sobre todo, que tenga la firma de Patricia Bullrich sin dialogar con los sectores productivos. Usaron el Mundial de fútbol para distraernos y mandar esto, algo que en la Argentina se hizo durante mucho tiempo”.
Por último, adelantó que la entidad buscará frenar el avance de la iniciativa. “La SRA va a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley no se trate. Entendemos que sería un error para la Argentina que exista este tipo de leyes donde se criminalizan las actividades productivas esgrimiendo al ambiente como paraguas para penalizar situaciones indefinidas. Esto daña a la Argentina, a la inversión futura y al sector productivo”, concluyó.
Las críticas al proyecto también llegaron desde la Federación de Acopiadores de Granos. Su presidente, Fernando Rivara, cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como la falta de precisiones sobre conceptos centrales que, a su entender, podrían derivar en interpretaciones arbitrarias.
“Lo más preocupante es que no se está definiendo algo absolutamente primario: qué es un daño ambiental irreversible o qué es un daño ambiental especialmente grave”, señaló. Según explicó, la redacción deja abiertos interrogantes sobre quién determinará la existencia de esos daños y bajo qué criterios: “¿Lo define un fiscal, un perito o un juez? Hay que tener cuidado porque de ese debate entre peritos puede depender que una persona sea condenada a 15 años de prisión”.
Alertó sobre el alcance que tendría la norma al contemplar el incumplimiento de regulaciones provinciales y municipales. En ese sentido, sostuvo que muchas de esas disposiciones vigentes “no tienen fundamento técnico ni científico” y consideró que el proyecto podría generar situaciones de gran inseguridad jurídica para productores y empresas.
Además cuestionó la incorporación de agravantes para funcionarios públicos que autoricen proyectos o inversiones que posteriormente sean considerados causantes de daños ambientales: “Ante la duda, cualquier funcionario va a preferir no aprobar una inversión antes que correr el riesgo de enfrentar consecuencias penales”.
Para el dirigente, la iniciativa puede terminar generando un efecto contrario al buscado. “Es un proyecto para la tribuna”, resumió. Y agregó que mientras se impulsan este tipo de propuestas, siguen sin avanzar debates vinculados con normas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y herramientas que otorguen mayor previsibilidad a la producción.

La palabra de Patricia Bullrich
Frente a las críticas, Patricia Bullrich buscó llevar tranquilidad sobre el alcance de la iniciativa y aseguró que el texto sufrirá modificaciones sustanciales antes de avanzar. “Lo que hicimos fue firmar para habilitar el trabajo sobre el proyecto, pero va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto”, señaló. La senadora remarcó que el objetivo es sancionar a quienes provoquen incendios intencionales y sostuvo que “de ninguna manera va a perjudicar al campo”.
En tanto, Carolina Losada, que firmó el dictamen en disidencia, coincidió en la necesidad de incorporar herramientas para castigar delitos ambientales, aunque cuestionó la redacción actual. “Todos estamos de acuerdo en que tiene que existir una figura para los delitos contra el ambiente, pero no así”, afirmó. Según la legisladora santafesina, este proyecto “genera miedo a los inversores” y, tal como está planteado, “las ahuyenta”.
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El grupo Eurnekian, condenado por sus aplicaciones de agroquímicos: Un fallo responsabilizó a dos de sus empresas por intoxicaciones y contaminación en comunidades originarias de Chaco

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal BichosDeCampo
Provincia/Región: Chaco


En un reciente fallo, la Justicia chaqueña acaba de responsabilizar al gobierno provincial y a dos empresas agropecuarias del grupo que dirige Eduardo Eurnekian por el impacto de las fumigaciones sobre comunidades originarias de Pampa del Indio y Presidencia Roca.
El caso remite a denuncias radicadas de forma ininterrumpida desde hace 20 años por sucesivos hechos de intoxicación, pérdida de cultivos de autoconsumo y hasta la contaminación de reservas de agua con niveles muy elevados de glifosato. La decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa retoma ese histórico reclamo y sienta un precedente en la materia.
Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Las comunidades campesinas que lo rodean son en su amplia mayoría Qom, no cuentan con acceso a la red de agua potable y necesitan de pozos, aljibes y reservorios propios para saciar sus necesidades básicas.
Ese amplio predio, ubicado en el Departamento General San Martín, pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que hoy abarca toda la cadena. Ambas son parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Uno de los estudios toxicológicos elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA junto al CONICET establece que el 90% de las muestras de agua analizadas en la región no son aptas para consumo humano, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
Ello se complementa con una serie de estudios biomédicos del proyecto internacional Sprint, llevado adelante por el INTA, que detectó hasta 10 plaguicidas distintos en muestras de sangre y entre 6 y 13 en muestras de orina, con presencia de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato, entre otras sustancias.
El punto más crítico del caso ocurrió en octubre del 2021, cuando la deriva deriva de herbicidas e insecticidas llegó hasta la Colonia San Francisco, el casco urbano de Presidencia Roca, y a orillas del Río Bermejo.
Ello motivó una amplia investigación que acreditó el impacto de las actividades en la zona. Se detectó el necrosamiento de árboles y cultivos, se perdieron colmenas, al menos 200 personas exhibieron síntomas gastrointestinales y respiratorios y dos niños de 5 años tuvieron que ser hospitalizados. En aquel entonces, incluso la subsecretaria de Ambiente, María Lidia Garrafa, formuló una denuncia penal.
Existía ya una medida cautelar de 2012 que protegía a las comunidades de la zona, pero era incumplida. Fruto de la masiva intoxicación, el juez de garantías Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar y suspendió todo tipo de fumigaciones por algunos meses. Que luego, desde ya, se reanudaron.
El último capítulo de esta larga historia lo escribieron las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas días atrás, cuando declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas y apuntaron directamente a las firmas del grupo Eurnekian por el impacto sobre las comunidades de la zona.
Cabe destacar que en la provincia, esa normativa prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y las terrestres a menos de 500 metros de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua.
Pero, en vistas de lo ocurrido, el tribunal asegura que no sólo fue desoída por las empresas, sino por el propio Estado chaqueño, que hizo una interpretación inconstitucional e incumplió su rol de fiscalizador, ya que la “línea agronómica” -que delimita dónde pueden aplicarse agroquímicos de acuerdo a la ley provincial- fue trazada sin contemplar las viviendas y reservorios de agua utilizados por las familias campesinas y originarias.
Además, también remarcaron que la provincia nunca constituyó el Registro Epidemiológico que exige la propia Ley de Biocidas para realizar el seguimiento sanitario de las poblaciones expuestas.
El fallo vertido por la justicia provincial obliga al gobierno de Leandro Zdero a rediseñar de manera urgente -en un plazo no mayor a 48 horas, ya cumplido- las zonas de exclusión para fumigaciones. La nueva traza de la “línea agronómica” deberá incorporar a las viviendas rurales, pozos de agua, aljibes y reservorios de las comunidades vecinas.
Asimismo, también ordena la inmediata creación e implementación del Registro Epidemiológico provincial, debiendo el Gobierno informar periódicamente al tribunal respecto de los avances logrados en la materia.
Para las empresas involucradas, establece que, una vez que el Estado defina formalmente los nuevos límites, tanto Marfra como Unitec Bio deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de aplicación fitosanitaria dentro de ese perímetro de resguardo.
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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados
El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionales— los abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.
Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Pruebas científicas
Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

Fumigaciones y consecuencias sanitarias
El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.
 “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.
En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

Cinco años de prisión
En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.
Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.
En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados. 

“Distancia de rescate”
Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.
El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.
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La Justicia amplió las restricciones a las fumigaciones con agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 30/05/2026
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Entre Ríos


Una nueva resolución judicial volvió a sacudir el debate ambiental y sanitario en Entre Ríos. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná resolvió hacer lugar a dos amparos ambientales vinculados a fumigaciones con agroquímicos cerca de viviendas y barrios rurales, y dispuso restricciones más amplias para las aplicaciones terrestres y aéreas de fitosanitarios.
La decisión fue tomada por la jueza María Fernanda Miotti y alcanza a zonas de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, ambas ubicadas en el departamento Diamante.

Las medidas dispuestas por el fallo
La magistrada ordenó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de agroquímicos o fitosanitarios cerca de las zonas protegidas por los amparos.
Además, estableció nuevas distancias mínimas de resguardo:
    1.095 metros para aplicaciones terrestres.
    3.000 metros para fumigaciones aéreas.

El fundamento de la resolución
La resolución se basó en estudios científicos desarrollados por Rafael Lajmanovich, utilizados como sustento técnico para evaluar posibles efectos ambientales y sanitarios derivados de la exposición a agroquímicos.
En su fundamentación, Miotti sostuvo que debe priorizarse la protección de la salud humana y del ambiente, aplicando los principios preventivo y precautorio establecidos en el derecho ambiental.
El fallo ya fue apelado por abogados de la Federación Agraria Argentina y también será cuestionado por el Gobierno provincial ante el Superior Tribunal de Justicia.
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Día Mundial de la Abeja: crece la preocupación por fumigaciones y desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 23/05/2026
Fuente: Portal LibertadDigital
Provincia/Región: Chaco


Eduardo Riquel, presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, habló en Radio Libertad en el marco del Día Mundial de la Abeja y analizó la situación de la producción de miel en el Chaco, las amenazas que enfrenta el sector y el crecimiento de la exportación de miel orgánica.
En el marco del Día Mundial de la Miel, el presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, Eduardo Riquel, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan las abejas y la producción apícola en el Chaco.
Fumigaciones, desmontes, cambio climático y enfermedades aparecen entre las principales amenazas que ponen en riesgo tanto la producción de miel como el equilibrio ambiental. "El peor enemigo de la naturaleza es el hombre", resumió el dirigente apícola durante una entrevista con Radio Libertad.
Riquel recordó que el 20 de mayo fue declarado Día Mundial de la Abeja por la ONU por dos motivos: el nacimiento de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna nacido en Eslovenia en 1734, y la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de estos insectos para el ecosistema.
"Las abejas polinizan el 75% de las plantas y cultivos que producen frutos, verduras y semillas que consumimos diariamente", explicó. En ese sentido, remarcó que proteger a las abejas significa también cuidar la producción de alimentos y la biodiversidad.
El referente apícola advirtió que desde 2010 la situación de las abejas se agravó de manera notable, principalmente por el avance de la agricultura intensiva y el uso de agroquímicos. "El avance de la agricultura con venenos es una de las principales amenazas. Hemos tenido colmenares enteros destruidos por fumigaciones", afirmó.
Según detalló, muchos productores incluso debieron abandonar la actividad tras perder todas sus colmenas por aplicaciones aéreas de pesticidas. Además, explicó que el crecimiento agrícola también trae aparejado desmontes masivos. "Cuando avanza la agricultura también avanza el desmonte y se pierden especies que generan flores y néctar para las abejas", señaló.

El impacto del cambio climático
Otro de los problemas que preocupa al sector es el cambio climático, que altera los ciclos naturales y afecta directamente la disponibilidad de flores. "Hemos tenido años de sequías extremas donde había flores, pero parecían flores plásticas porque no tenían néctar", relató.
Las abejas dependen del néctar y del polen para sobrevivir, por lo que la falta de recursos naturales impacta de lleno en la producción y supervivencia de las colmenas.
Riquel también mencionó la presencia de la varroa, un ácaro considerado uno de los principales enemigos sanitarios de las abejas. "Si el productor no cura en tiempo y forma, sabe que va a perder la colmena", explicó.
Este parásito se alimenta de la hemolinfa de las abejas y facilita el ingreso de enfermedades que pueden terminar destruyendo colonias enteras.

El Impenetrable, nuevo polo apícola del Chaco
En cuanto a la producción provincial, el dirigente aseguró que históricamente el sudoeste chaqueño era una de las zonas más fuertes para la apicultura, aunque en los últimos años el escenario cambió. "Hoy el Impenetrable avanzó muchísimo en producción apícola", destacó.
Según indicó, desde Tres Isletas hacia el norte se produce miel de muy buena calidad y en importantes volúmenes. Incluso resaltó el crecimiento de la miel orgánica chaqueña. "Chaco pasó a ser primera en exportación de miel orgánica" , afirmó.
Ese crecimiento se dio, explicó, gracias a proyectos impulsados de manera conjunta entre productores y empresas privadas.

El consumo interno creció, pero golpea la crisis
Respecto al consumo local, Riquel señaló que la situación económica impactó en las ventas, aunque aseguró que en los últimos años aumentó la conciencia sobre los beneficios de la miel. "Antes la gente consumía miel solamente cuando le dolía la garganta. Hoy entienden que es un alimento saludable", sostuvo.
De todas maneras, reconoció que el precio que recibe el productor quedó retrasado frente al aumento de costos. "El valor de la miel históricamente equivalía a dos o tres litros de gasoil, pero hoy quedó muy por debajo", explicó.
Pese al contexto económico, destacó que el consumo interno mejoró gracias a campañas de promoción como la Semana de la Miel, que se realiza desde 2017.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Apicultores insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre el rol fundamental que cumplen las abejas en el ecosistema. "Tenemos que cuidarlas y protegerlas porque son esenciales para la vida", concluyó.
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Polinizadores en caída libre: el umbral que el agronegocio no puede ignorar

Fecha de Publicación: 12/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional publicado con participación de la UBA y publicado en Science, definió el hábitat mínimo que necesitan abejas y mariposas para sobrevivir. La agricultura argentina no lo alcanza.
Los polinizadores llevan décadas perdiendo terreno. Literalmente. Desde los años '60, con la irrupción de la revolución verde y el uso masivo de agroquímicos, abejas, abejorros y mariposas vienen cediendo espacio frente al avance de la agricultura intensiva, la urbanización y el cambio climático.
Pero hasta ahora faltaba algo concreto: un número. ¿Cuánto hábitat natural mínimo necesitan estos insectos para no desaparecer de los paisajes agrícolas? Un trabajo científico acaba de responder esa pregunta, y la respuesta incomoda.
Un estudio internacional al que la FAUBA aportó datos clave mostró que para proteger a las abejas, los abejorros y las mariposas se debería conservar entre 16 y 37 % del área en cada paisaje agrícola. En la Argentina se protege entre el 5 y 15 %, y no sería suficiente.
Tal como explica el investigador del CONICET Mariano Devoto, docente de Botánica General en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), y publicado por Sobre la Tierra, "la tendencia continúa: en todo el mundo, la agricultura, el cambio global y la urbanización avanzan sobre áreas silvestres, reduciendo aún más los espacios que los polinizadores necesitan para alimentarse, nidificar o refugiarse".
Y las consecuencias de esa reducción se sienten directo en los rindes: frutales, hortalizas, girasol y café son algunos de los cultivos que dependen de la polinización para alcanzar su máximo potencial productivo.
Como señala Devoto, "el área que ocupan los cultivos que dependen de abejas, abejorros y otros insectos crece más rápido que la del resto. Necesitamos de la polinización cada vez más". Es decir: justo cuando más dependemos de los polinizadores, menos espacio les dejamos para existir. Una contradicción que el agronegocio global todavía no terminó de procesar.

Los números que la ciencia acaba de poner sobre la mesa
Un estudio publicado en septiembre de 2025 en la prestigiosa revista Science sintetizó 59 investigaciones de 19 países para establecer umbrales mínimos de hábitat seminatural en paisajes agrícolas. Los resultados son concretos y, para muchas regiones del mundo, alarmantes. Las mariposas son el grupo más sensible: necesitan al menos un 37 % de cobertura de hábitat seminatural para estar efectivamente protegidas. Los abejorros requieren un 18 %, y las abejas solitarias, un 16 %.
La FAUBA participó del estudio con datos clave. El investigador Mariano Devoto explicó que su grupo aportó los resultados de la tesis doctoral de Marcos Monasterolo, quien estudió el tema en zonas aledañas a la Estancia San Claudio, de la UBA, en la provincia de Buenos Aires. Un caso de ciencia local que alimentó conclusiones globales.
El propio Devoto advierte que los porcentajes hallados "representan pisos por debajo de los cuales las especies polinizadoras se extinguen localmente. Son bastante más altos que el 10 % que establece la Unión Europea como meta de conservación para 2030. La situación es muy preocupante". En otras palabras: la política de conservación más ambiciosa de Europa ni siquiera alcanza el umbral mínimo que la ciencia acaba de definir para las abejas.

Argentina: el campo que no conserva lo suficiente
El caso argentino es ilustrativo de lo que ocurre en buena parte del Sur Global. Según Devoto, en la Región Pampeana se conservaría entre 5 y 8 % de áreas naturales en paisajes agrícolas, y en otras partes del país, hasta un 15 %. A
un cuando estos valores no son elevados, es posible que sean insuficientes para muchos grupos de polinizadores. Los números hablan solos: la Pampa húmeda, motor del agronegocio argentino, opera con menos de la mitad del hábitat mínimo que las abejas necesitan para sobrevivir.
¿Qué significa esto en términos productivos? El propio investigador lo explica con lógica económica: "Si el rendimiento de un cultivo cae por no tener polinizadores, digamos, un diez o un veinte por ciento, el productor debe salir a alquilar colmenas. Ese costo es evitable manteniendo refugios silvestres. No requieren mucho manejo y brindan polinizadores gratuitos". La conservación, vista así, no es un gasto ambiental: es una inversión agronómica.
Devoto destaca que el gran desafío es lograr que la biodiversidad sea considerada como un insumo medible y valorable en términos económicos y sociales: "La tendencia actual es clara: estos aspectos vinculados a valorar la diversidad biológica adquieren muchísima importancia de la mano de la información que se está generando. No es una moda, es algo que llegó para quedarse". El mensaje para productores, contratistas y decisores de política agraria es directo: adaptarse ahora es más barato que remediar después.
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El Gobierno apunta contra el agro y los desmontes por el agravamiento de las inundaciones en Tucumán

Fecha de Publicación: 02/05/2026
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, advirtió que el sector agropecuario tiene "buena parte de responsabilidad" al desviar cauces naturales. También cuestionó la falta de controles en Catamarca y el avance de urbanizaciones sobre zonas inundables.
En un diagnóstico crudo sobre la recurrente problemática de las inundaciones en la provincia, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, aseguró que la infraestructura por sí sola no puede resolver el colapso hídrico si no se revisan profundamente el uso del suelo, el desmonte y las intervenciones privadas en el campo.
Para el funcionario, el cambio climático ha dejado obsoletos los estudios hidráulicos de décadas pasadas, pero la mano del hombre ha acelerado los daños. "Las lluvias no son las mismas que antes. Los estudios deben ser actualizados a esta nueva realidad", sentenció.

El impacto del sector agropecuario
Nazur fue tajante al señalar que ciertas prácticas en el ámbito rural están alterando el escurrimiento natural del agua, perjudicando a terceros y a la red vial. Según el ministro, la ambición por expandir zonas de cultivo ha llevado a la desaparición de arroyos.
“El agro produce un gran impacto, cerrando cursos de agua o desviando cauces para riego. Vemos que arroyos que antes pasaban por una finca, meses después pasás por ahí y ya no están”, denunció el titular de Obras Públicas.
Si bien reconoció que el Estado puede fallar en sus controles, insistió en que existe una responsabilidad compartida que los privados deben asumir, especialmente ante la práctica de "liberar zonas de cultivo" a costa de los cauces naturales.

El factor externo y la falta de control en Catamarca
La situación en el sur tucumano también fue objeto de análisis, particularmente respecto al río Marapa, cuyo caudal alcanzó los extraordinarios 600 metros cúbicos el último verano. Nazur vinculó este fenómeno directamente con la provincia vecina.
“El agua que colapsa al Marapa viene de Catamarca. En esa provincia no existe ningún control sobre el uso y el manejo del suelo”, afirmó, aunque aclaró que Tucumán no busca deslindar sus propias obligaciones.
Otro de los ejes de conflicto detectados es la construcción de barrios sobre paleocauces (antiguos lechos de ríos) y márgenes del río Salí. Nazur calificó esto como un "problema cultural" heredado de gestiones anteriores que no priorizaron el ordenamiento territorial.
"Hay barrios en la Capital y en el área metropolitana que están al lado del río, en zonas inundables", advirtió, señalando que la Fiscalía de Estado ya interviene en los casos de ocupaciones irregulares en estas áreas críticas.

Balance de gestión: "No se cayó ningún puente"
Pese a las críticas por los anegamientos, el ministro defendió la solidez de la infraestructura actual, comparándola con las crisis de 2015 y 2017.
Mantenimiento anual: Aseguró que ahora se trabaja todo el año y no solo antes de las lluvias. Como ejemplo, citó la extracción de 40.000 metros cúbicos de sedimentos del Canal Sur.
Resistencia estructural: “Pese a los volúmenes extraordinarios de agua, esta vez no se cayó ni se rompió un solo puente y eso demuestra que se está trabajando”, destacó.
 Finalmente, Nazur lamentó la falta de inversión del Gobierno Nacional en rutas estratégicas como la 157 y la 40, las cuales presentan serias dificultades durante la temporada estival.
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Informe de la UNRC advierte que el uso de agroquímicos creció un 2.000% y ya impacta en acuíferos

Fecha de Publicación: 09/04/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Verónica Lutri, presentó un trabajo audiovisual sobre el impacto del modelo agropecuario "químico-dependiente" y apunta a “la contaminación que no se ve”.
En 1991, en Argentina se aplicaban 30 millones de litros de agroquímicos por año. Hoy, esa cifra trepó a los 600 millones de litros. El dato, contundente, forma parte de un documental realizado por la doctora en Geología e investigadora del Conicet, Verónica Lutri.
La docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fue seleccionada para este proyecto por el International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), organismo vinculado a la Unesco. Tras realizar el material sobre la problemática del agua subterránea, Lutri fue nombrada embajadora del World Water Film Festival, que este año tendrá su edición en Argentina.
“Argentina es el tercer país productor mundial de soja y el tercero en consumo de pesticidas para este cultivo”, explica Lutri.
Su trabajo insta a reflexionar sobre una amenaza invisible: la contaminación de los acuíferos en la llanura chaco-pampeana.
Durante dos años, la investigadora reunió testimonios sobre el impacto del modelo agropecuario extractivista para dar visibilidad local a una problemática global. Según recordó, la superficie cultivada de soja en el país pasó de apenas 960 hectáreas en 1960 a más de 13 millones en 2024.
“Existen toneladas de evidencia científica sobre el efecto nocivo de los herbicidas y diversas especies y de su presencia casi total en todas las matrices ambientales. Se han detectado plaguicidas en sangre, orina y polvo ambiental, pero muchos de estos estudios fueron censurados”, sostuvo Lutri. 
También marcó la importancia de la investigación y su divulgación porque “sin agua no podemos vivir y no se cuida lo que no se conoce”.

Agroquímicos, “un problema silencioso”
La especialista detalló que la contaminación se produce con mayor facilidad cuando los acuíferos están a pocos metros de profundidad y el suelo es de materiales gruesos, como arena o grava. “Allí el agua de descarga de lluvia infiltra con mayor velocidad. Hemos detectado atrazina en acuíferos a 20 metros de profundidad. Es decir, el lixiviado está ocurriendo”, sostuvo.
Señaló que la atrazina es un herbicida de amplio espectro utilizado desde la década de 1960. Mientras que en la Unión Europea está prohibido desde 2004 por su impacto en la salud humana y el ambiente, en Argentina su uso continúa. “Hay reglamentaciones según el tipo de herbicida y suelo, pero las malezas se han hecho resistentes y se está usando mucha más cantidad, más dosis”, advirtió Lutri.
La investigadora riocuartense destacó que la expansión de la frontera agrícola conlleva la pérdida de humedales y de bosques nativos.
Además, alertó que el riesgo no se limita al consumo de agua: “Existen estudios que fueron ‘censurados’ a nivel nacional —como el Proyecto Sprint— que analizaban herbicidas en sangre y orina. El impacto no es solo a través del agua; en el polvo ambiental y en los sedimentos que vuelan en el campo hay herbicidas y la gente los respira”, apuntó.
Para el documental, Lutri consultó, entre otros, al especialista en Agroecología de la UNRC, Claudio Sarmiento. Resumió que se aboga por una producción que no sea tan “químico-dependiente”. “El sistema está saturado y es necesario buscar alternativas naturales como la agroecología, alternativas naturales, como el uso de insectos benefactores”, dijo.
 Su trabajo audiovisual plantea que así como una persona enferma tiene medicamentos en su mesita de luz, la gran cantidad de envases de agroquímicos que pueden observarse tirados, en medio de la naturaleza, son indicadores de lo que está en el suelo y en los acuíferos “Cuando el campo te muestra esto, hay algo que no está bien (…). ¿Ojos que no ven, corazón que no siente?”, se preguntó.
El video documental para divulgar el asunto fue presentado recientemente en las Jornadas sobre el uso de agroquímicos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC y está disponible en este link de Youtube.
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30 años de transgénicos en Argentina: nada para celebrar

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Nacional


El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil. A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas. Por Marcos Filardi, investigador del Grupo ETC.
El 25 de marzo de 1996, Argentina aprobó el primer cultivo transgénico: la soja resistente al herbicida glifosato (soja RR1), autorizada por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión se tomó sin debate público, en menos de tres meses y en base exclusivamente a la información proporcionada por las empresas interesadas en introducir la tecnología, Nidera y Monsanto, en un contexto de apertura económica y desregulación.
Desde entonces, Argentina se consolidó como el primer país de América Latina en abrir sus fronteras a los cultivos transgénicos y como un campo de experimentación para las empresas transnacionales. La expansión fue vertiginosa: en pocos meses, la soja RR alcanzó más de un millón de hectáreas. Treinta años después, los cultivos transgénicos ocupan alrededor de 24 millones de hectáreas y el país se ubica como el tercer productor mundial, después de Estados Unidos y Brasil.
Este modelo se organiza en torno a monocultivos de commodities, principalmente soja y maíz, orientados a la exportación. No se trata de producir alimentos, sino materias primas para cadenas industriales globales. En 1998, la aprobación del maíz transgénico profundizó este rumbo. La mayoría de estos cultivos incorporan resistencia a herbicidas o genes Bt, lo que refuerza su dependencia de insumos químicos.
Se trata de un modelo extractivista, que concibe al suelo como un recurso a explotar y se sostiene en una lógica productivista, dependiente de agrotóxicos, pesticidas o biocidas y fertilizantes sintéticos. Sus impactos son profundos: avance de la frontera agrícola, deforestación, destrucción de bosques nativos, selvas y humedales, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos. Argentina se encuentra entre los países que más deforestaron a nivel mundial, con millones de hectáreas de bosque perdidas en las últimas décadas. A esto se suman la concentración y extranjerización de la tierra, la pérdida de productores, el desplazamiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, los conflictos territoriales y el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre.
El uso intensivo de agrotóxicos también impacta directamente en la salud. La exposición a plaguicidas se vincula con cánceres, Alzheimer, Parkinson, trastornos hormonales, problemas reproductivos y malformaciones, en un contexto de contaminación generalizada del agua, el aire y los alimentos.
Al mismo tiempo, los cultivos transgénicos están estrechamente ligados a la expansión de la ganadería industrial y a otros usos industriales. La mayor parte de la soja no se destina a la alimentación humana directa, sino que se exporta o se transforma en insumos para la alimentación animal, agrocombustibles y productos ultraprocesados. En este esquema, la producción agrícola no satisface las necesidades internas, sino que prioriza la exportación.
Esto evidencia la existencia de dos sistemas antagónicos: uno orientado a producir alimentos para las poblaciones y otro -el agronegocio- orientado a generar commodities y negocios. Este modelo transforma el territorio, reduce la diversidad productiva, desplaza formas tradicionales de producción y configura un “campo sin campesinos”.
A su vez, la expansión de los transgénicos está estrechamente vinculada a la concentración corporativa del sistema agroalimentario. Empresas como Monsanto -hoy Bayer- impulsaron este proceso, hoy dominado por un pequeño grupo de corporaciones globales como Bayer, Corteva, Syngenta y BASF, que controlan gran parte del mercado de semillas y pesticidas.
A 30 años de su introducción, los transgénicos no pueden entenderse sólo como una tecnología. Son parte de un modelo agroindustrial que traslada enormes costos ambientales y sociales, mientras concentra beneficios económicos. Treinta años después, la evidencia es clara: no están diseñados para alimentar a la población, sino para sostener un sistema orientado al negocio global de materias primas.
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Confirman otra vez una multa a empresarios que desmontaron

Fecha de Publicación: 27/03/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2013 se encontró a personas en situación de esclavitud y un desmonte de 11 mil hectáreas que no estaba autorizado. Las tierras siguen en producción y el bosque no volvió a crecer.
La Cámara de Apelaciones salteña ratificó la multa impuesta a Juan José y Daniel Darío Karlen, que ya llevan 13 años sin pagar sanción ni restaurar bosque alguno, pese a las resoluciones de la administración de justicia.
La decisión de la Cámara fue ante el pedido de la fiscal de Tartagal Rosa Vélez Román, que desde 2020 viene pidiendo a la jueza de Tartagal Viviana Yance que multe a los acusados por haber incumplido con un plan de reforestación del campo desmontado sin autorización.
El desmonte ocurrió entre 2012 y 2013. Pero recién en 2013 un operativo de la ex AFIP (hoy ARCA) detectó el desmonte ilegal y a trabajadores en situación de esclavitud.
Recién en 2016 la Justicia accionó. Durante la gestión como fiscal del ahora juez de Corte Pablo López Viñals se había solicitado una multa de 171 millones de pesos.
Pero en una instancia de negociación se permitió a los Karlen presentar un plan de restauración que, sin embargo, nunca se cumplió. Por el contrario, y según las denuncias realizadas, se continuó cultivando la tierra deforestada y la venta de la producción obtenida.
Ya en 2024, cuando finalmente se determinó el incumplimiento, la fiscal Vélez Román solicitó que se aplique una multa diaria o astreintes por incumplimiento procesal. En ese entonces se pudo conocer que esa multa era de 68 millones de pesos. La jueza Viviana Yance hizo lugar e intimó a Juan y Daniel Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020, fecha desde la cual la fiscal reclamaba que se cumpla con el plan de restauración.
Los Karlen solicitaron la nulidad de la decisión y llegó a la Cámara de Apelaciones, la que rechazó este planteo con las firmas de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Araníbar.
“Si por lo menos le hubiesen hecho una clausura al campo, 13 años después tendría un monte”, opinó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, al hablar con este diario sobre la nueva decisión judicial. Indicó que en la misma zona donde se encuentra este desmonte, “hace tres años vimos una zona que se había desmontado hace 8 años. Y ahora el monte superaba los dos metros”, lo que indicaría que en el otro caso no se permite el crecimiento del monte.
Giardini analizó que, de haberse mantenido la multa de los 171 millones de pesos, hoy ese monto se traduciría en casi 50 mil millones de pesos.

En sintonía
El peligro de la demora judicial potencia el aval a los desmontes ya impulsado por el intento de modificar la Ley de Bosques Nativos.
Esa posibilidad radica en la firma del “compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, enmarcado en el Pacto de Mayo, rubricado, entre otros, por el gobernador Gustavo Sáenz.
En el proyecto oficial se dispone que las únicas áreas sin desmontes sean las de categoría uno o roja. Y libera al sector amarillo para el desmonte. Hasta el momento la legislación se encuentra estancada por la oposición de distintos sectores que ven el peligro de continuar degradando el bosque nativo.
Greenpeace hizo esta advertencia en el marco del Día Internacional de los Bosques, que se conmemoró el 21 de marzo pasado.
La organización ambientalista denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que durante 2025 la pérdida de bosques en el norte del país aumentó un 40 por ciento respecto al año anterior.
Afirmó que el total de áreas desmontadas e incendiadas revela que la pérdida de bosques durante 2025 en el norte del país fue de 210.702 hectáreas: Santiago del Estero se desmontaron 104.474 hectáreas; en el Chaco, 38.392 hectáreas; en Salta 34.067, hectáreas y en Formosa, 33.769 hectáreas.
“Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, sostiene el comunicado.
En su escrito ante la Corte Suprema, Greenpeace advirtió que “frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes. De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en los bosques clasificados en la Categoría I, rojo, abarcando en promedio cerca del 10 por ciento de la superficie de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”.
Indicó que esto será “una condena para el yaguareté, ya que provocará un marcado aumento de la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques que habita. También pondrá en serio riesgo a otras especies en peligro como el tatú carreta y el pecarí quimilero. Deben considerarse los impactos en la cultura y espiritualidad asociados al yaguareté, y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la región (Wichí, Qom, Chorote, Tapiete, Guaraní, Mocoví, Chané, Pilagá, Nivaclé, entre otros)”.
Desde 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una oportunidad para concientizar sobre el importante papel que desempeñan los bosques en la sostenibilidad ambiental, la erradicación de la bpobreza y la seguridad alimentaria.
“Las leyes de Bosques y de Glaciares son herramientas fundamentales para proteger ecosistemas frágiles y vitales. Ambas normas se lograron tras varios años de lucha del movimiento socioambiental y debemos defenderlas”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
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Juicio por fumigaciones: La fiscalía avanza con pruebas sobre daño ambiental y salud

Fecha de Publicación: 25/03/2026
Fuente: RTS Medios
Provincia/Región: Santa Fe


El proceso tiene a siete productores y dos funcionarios imputados por contaminación. El fiscal señaló: “Era una actividad peligrosa y eran conscientes de lo que pasaba”.
En el marco de un juicio por fumigaciones que se desarrolla en la justicia federal, el fiscal Federico Reynares Solari detalló el avance de la etapa probatoria, que busca determinar los daños provocados en el ambiente y en la salud de la población, en una causa que tiene a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos imputados.
El representante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario explicó que actualmente se analizan pruebas científicas y testimonios técnicos. “Estamos transitando la etapa de prueba, en la que vamos a escuchar los testimonios científicos y determinar el punto de vista objetivo qué daños se produjeron al medio ambiente”, indicó. En ese sentido, precisó que se realizan estudios de suelo, agua y evaluaciones sobre personas afectadas.
Según se expuso en el alegato de apertura, los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone fueron acusados como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que sanciona la contaminación que resulte peligrosa para la salud o el ambiente.
Al referirse a la construcción de la acusación, Reynares Solari sostuvo: “Para nosotros es indiscutible que este modo de producir, que podría haberse producido de otro modo, prácticamente en la cara de la gente, produjo lo que produjo”. En ese marco, planteó que los hechos investigados exceden los límites de una actividad permitida.
El fiscal también anticipó que la defensa podría argumentar desconocimiento del riesgo, pero lo descartó: “Ellos eran perfectamente conscientes desde el año 2011 de lo que estaba pasando”. Además, remarcó que se trata de personas con formación en la actividad, por lo que no pueden desconocer los estándares que determinan cuándo una práctica deja de ser segura.
En ese sentido, concluyó: “No pueden desconocer cuáles eran los estándares a partir de los cuales la actividad deja de ser inocua para transformarse en una actividad peligrosa”. El juicio continuará con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios en las próximas audiencias.
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Fallo histórico por agroquímicos: ratifican condena a productor por la muerte de un niño 

Fecha de Publicación: 26/02/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Corrientes


En una decisión considerada histórica para el ámbito judicial y ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena contra el productor Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de un niño y las lesiones graves sufridas por otra menor tras fumigaciones con agroquímicos en 2011.
La sentencia ratifica la pena de tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, luego de que la Justicia provincial rechazara la apelación presentada por la defensa. El fallo consolida uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad penal vinculada al uso indebido de agrotóxicos en la Argentina.
En la resolución, los magistrados sostuvieron que los elementos de prueba reunidos durante el proceso brindaron "el grado de certeza necesaria" para acreditar el hecho y la culpabilidad del acusado sin margen de duda.

El caso del niño de Corrientes: casi 15 años de espera
El hecho ocurrió en marzo de 2011 en la zona de Puerto Viejo, en la localidad correntina de Lavalle. Nicolás Arévalo, de 5 años, murió tras entrar en contacto con un agroquímico utilizado en una chacra de tomates y hortalizas administrada por el productor condenado. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, también sufrió lesiones de gravedad.
Según determinó la Justicia, el productor utilizó el organoclorado alfaendosulfán de manera imprudente y negligente. El tóxico quedó acumulado en el barro de una zanja cercana a los cultivos. El niño cayó accidentalmente en ese sector y entró en contacto directo con la sustancia. Su prima intentó ayudarlo y también resultó afectada.
Las pericias concluyeron que la exposición al agroquímico provocó un edema agudo de pulmón que derivó en la muerte del niño y en daños severos para la menor. Además, el tribunal consideró probado que ambos inhalaron plaguicidas durante las fumigaciones.
En el fallo se señaló que el productor no supervisó personalmente el proceso y permitió que las aplicaciones se realizaran con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que facilitó la dispersión aérea de los tóxicos hacia zonas aledañas donde se encontraban los menores.

Responsabilidad penal y debate ambiental
El caso es considerado un antecedente clave en el debate sobre el uso de agroquímicos en zonas rurales y periurbanas. Organizaciones ambientales, vecinos y familiares de víctimas vienen reclamando desde hace años mayores controles, sanciones más severas y una actualización de la normativa vigente frente al uso intensivo de agrotóxicos.
La confirmación de la condena abre una nueva etapa en la discusión sobre la responsabilidad de los productores en la manipulación de sustancias potencialmente peligrosas y sobre el rol del Estado en la fiscalización.

El juicio por agroquímicos en Pergamino
Mientras tanto, otro proceso judicial de alto impacto avanza en la provincia de Buenos Aires. En Pergamino comenzó un juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos acusados de contaminación con agroquímicos.
El debate se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario y es seguido de cerca por organizaciones sociales bajo la consigna "Paren de fumigarnos". Por primera vez en este tipo de causas, funcionarios estatales fueron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber controlado adecuadamente las fumigaciones denunciadas.
Entre las querellantes se encuentra Sabrina del Valle Ortiz, quien denunció haber perdido un embarazo de seis meses en 2011 tras reiteradas exposiciones a fumigaciones cercanas a su vivienda. Según relató, sufrió vómitos, mareos, inflamación y severas afecciones respiratorias antes de la muerte de su bebé.

Un precedente que puede cambiar el escenario judicial
El fallo confirmado en Corrientes y el juicio en curso en Pergamino configuran un escenario inédito en la Justicia argentina. Por primera vez, las responsabilidades penales por el uso indebido de agroquímicos alcanzan no solo a productores sino también a funcionarios encargados de controlar la actividad.
A casi 15 años de la muerte de Nicolás Arévalo, la decisión judicial no solo representa una reparación simbólica para la familia, sino que también instala un precedente que podría influir en futuras causas vinculadas a delitos ambientales y a la protección de la salud pública frente al uso de sustancias químicas en la producción agrícola.
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Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Fecha de Publicación: 16/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Dos vecinas marcaron la segunda audiencia y el debate dejó de ser técnico para instalarse en el terreno de los derechos humanos
La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.
El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.
Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras. 

En Pergamino "el daño ya está hecho"
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.
Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema. 

Conmocionados durante el juicio
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.
Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa. 

Los agrotóxicos y la contaminación de cada día
Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.
Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.
Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.
El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.

Las objeciones
La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.
En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.

Un debate histórico
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.
La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.
La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940. 
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