Bloquearon la polémica empresa Treater
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Protesta de Greenpeace: Treater asegura que cumple con las normas ambientales
Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La empresa de tratamientos de residuos petroleros acusó a los activista de negarse a dialogar. Destacaron que mientras el bloqueo se extiende la industria continúa generando desechos.
La firma de tratamiento de residuos de la actividad hidrocarburífera Treater SA. emitió un comunicado a raíz del bloqueo que desde esta mañana realiza un grupo de activista de Greenpeace en su sede de Añelo. Desde la empresa destacaron que cumplen con las exigencias de las normativas ambientales y señalaron que la protesta atenta contra la fuente laboral de 100 familias.
“Nuestra empresa realiza todos sus procesos con la tecnología adecuada para esta actividad y en cumplimiento de todas las normas ambientales de nuestra provincia (Ley 1.875 y decretos reglamentarios)”, indicó la empresa en el comunicado y agregó que “todas nuestras operaciones se desarrollan bajo protocolos de Seguridad y Calidad pensados para la protección de las personas y del medio ambiente. Las tareas que llevamos a cabo son constantemente monitoreadas y supervisadas por nuestros clientes, entidades gubernamentales, y por la autoridad de aplicación, la subsecretaria de Ambiente de Neuquén”.
Es por esto que desde Treater destacaron que “dado que ofrecemos una solución ambiental a la industria, en donde nuestra principal actividad es el tratamiento de los residuos que se generan en ella, el hecho de que nuestras instalaciones estén bloqueadas no sólo representa un acto ilegal, sino que además impide el tratamiento de los residuos acopiados y los que se continúan generando en la industria hidrocarburífera”.
El bloqueo comenzó a primera hora de la mañana por 45 activistas de Greenpeace quienes se ataron entre sí con cadenas para impedir el ingreso de camiones. A su protesta se sumaron, en apoyo, integrantes de la comunidad mapuche.
Los manifestantes reclaman el cierre del predio. “Sabemos que es una empresa particular, pero nosotros responsabilizamos a las petroleras, que por ley deben hacerse cargo de sus residuos y lo saben”, aseguró Leonel, uno de los voceros de Greenpeace.
Desde Treater se señaló que intentaron “mantener un diálogo abierto con los activistas, invitándolos a recorrer las instalaciones y a que tomen conocimiento de los procesos que nuestra empresa realiza, a lo cual nos respondieron que su intención es bloquear por tiempo indeterminado las instalaciones”.
La firma dio intervención a la justicia y desde la Fiscalía se ordenó el desalojo del predio, aunque hasta el momento la medida no se había materializado.
Treater ha sido foco de varias polémicas como la violenta detención del fotógrafo alemán Stefan Borghardt quien investigaba la denuncia de contaminación que realizó anteriormente Greenpeace y que está actualmente bajo investigación en la Fiscalía de Delitos Ambientales.
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Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La empresa de tratamientos de residuos petroleros acusó a los activista de negarse a dialogar. Destacaron que mientras el bloqueo se extiende la industria continúa generando desechos.
La firma de tratamiento de residuos de la actividad hidrocarburífera Treater SA. emitió un comunicado a raíz del bloqueo que desde esta mañana realiza un grupo de activista de Greenpeace en su sede de Añelo. Desde la empresa destacaron que cumplen con las exigencias de las normativas ambientales y señalaron que la protesta atenta contra la fuente laboral de 100 familias.
“Nuestra empresa realiza todos sus procesos con la tecnología adecuada para esta actividad y en cumplimiento de todas las normas ambientales de nuestra provincia (Ley 1.875 y decretos reglamentarios)”, indicó la empresa en el comunicado y agregó que “todas nuestras operaciones se desarrollan bajo protocolos de Seguridad y Calidad pensados para la protección de las personas y del medio ambiente. Las tareas que llevamos a cabo son constantemente monitoreadas y supervisadas por nuestros clientes, entidades gubernamentales, y por la autoridad de aplicación, la subsecretaria de Ambiente de Neuquén”.
Es por esto que desde Treater destacaron que “dado que ofrecemos una solución ambiental a la industria, en donde nuestra principal actividad es el tratamiento de los residuos que se generan en ella, el hecho de que nuestras instalaciones estén bloqueadas no sólo representa un acto ilegal, sino que además impide el tratamiento de los residuos acopiados y los que se continúan generando en la industria hidrocarburífera”.
El bloqueo comenzó a primera hora de la mañana por 45 activistas de Greenpeace quienes se ataron entre sí con cadenas para impedir el ingreso de camiones. A su protesta se sumaron, en apoyo, integrantes de la comunidad mapuche.
Los manifestantes reclaman el cierre del predio. “Sabemos que es una empresa particular, pero nosotros responsabilizamos a las petroleras, que por ley deben hacerse cargo de sus residuos y lo saben”, aseguró Leonel, uno de los voceros de Greenpeace.
Desde Treater se señaló que intentaron “mantener un diálogo abierto con los activistas, invitándolos a recorrer las instalaciones y a que tomen conocimiento de los procesos que nuestra empresa realiza, a lo cual nos respondieron que su intención es bloquear por tiempo indeterminado las instalaciones”.
La firma dio intervención a la justicia y desde la Fiscalía se ordenó el desalojo del predio, aunque hasta el momento la medida no se había materializado.
Treater ha sido foco de varias polémicas como la violenta detención del fotógrafo alemán Stefan Borghardt quien investigaba la denuncia de contaminación que realizó anteriormente Greenpeace y que está actualmente bajo investigación en la Fiscalía de Delitos Ambientales.
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Los residuos siguen sin solución en Buenos Aires
Aunque los rellenos colapsan, crece la basura que mandan los distritos del GBA
Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Subió 41,8 % en 7 años, más que el promedio de la población. Expertos dicen que faltan políticas de gestión y de prevención sostenidas. La Ciudad, Ituzaingó y Brandsen, las excepciones.
Pese a las esporádicas campañas de concientización, el problema de la basura sigue sin resolverse. Al contrario: según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, la cantidad de residuos sólidos urbanos que se envían a rellenos sanitarios creció un 41,87% entre 2010 y 2017. Más que el promedio de la población. La tendencia es sostenida y se observa en 31 de 34 distritos que enviaron regularmente residuos a enterrar en el período analizado. Las tres excepciones son la Ciudad, Ituzaingó y Brandsen (ver mapa).
El estudio está basado en datos de la CEAMSE. Con casi 16 millones de habitantes, la zona genera 18.500 toneladas de residuos sólidospor día y un 96% va a rellenos sanitarios. El principal es el de José León Suárez, donde se entierran las de Capital y otros 35 municipios. El segundo, en González Catán, recibe las de La Matanza y un tercero, en Ensenada, aloja las de ese partido más la de La Plata, Brandsen, Magdalena y Berisso.
En algunos municipios, el aumento de la basura enviada a enterrar en siete años fue de 4% a 30%: Florencio Varela, Almirante Brown, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Morón, General San Martin, Tres de Febrero, San Isidro y Vicente López. En otros, de 30% a 60%: Lomas de Zamora, Pilar, Escobar, Avellaneda, Magdalena, José C. Paz, Ensenada, Quilmes, Presidente Perón, Tigre, Berisso, Esteban Echeverría y La Matanza). En San Fernando, La Plata, Merlo y Berazategui, el crecimiento fue de 60% a 90%. Y en Ezeiza, General Rodríguez, San Miguel y Lanús se registró el pico: entre 90% y 150%.
“Las cifras muestran lo que pasa cuando no se toman medidas para disminuir la basura que generamos. No hay políticas de gestión de residuos sostenidas en el tiempo, pero tampoco de prevención”, afirma Consuelo Bilbao, una de las directoras del Círculo de Políticas Ambientales y autora del informe.
Los datos disponibles en el INDEC para 2018 –de enero a septiembre-, según información provista por la CEAMSE, evidencian que hubo un aumento de la disposición del 9% respecto del mismo período del año anterior. Si bien la recesión puede haber disminuido esta tendencia, es preocupante si se tiene en cuenta que el espacio disponible en el relleno de José León Suárez se agotará en cinco años, según la propia CEAMSE.
De los tres municipios que redujeron la cantidad de basura, sólo la Ciudad de Buenos Aires ofrece una disminución sostenida en el tiempo. Aunque es el distrito que más basura genera, entre 2010 y 2017, bajó un 47,22% el envío de residuos. Según el Gobierno porteño, en 2018, se registró una reducción de 29.258,6 toneladas. Esto, dicen, se logró por la inauguración en 2013 de una planta que trata los residuos áridos -escombros y restos de obra-, que permite reutilizar 2.500 de las 6.700 toneladas de basura que genera la Ciudad por día. También hay 300 puntos verdes, 2.500 contenedores verdes y dos plantas de procesamiento MRF (Material Recycling Facility).
“Aumentamos las bocas de captación y la capacidad de procesamiento. Así, logramos bajar un 53% la cantidad de toneladas que enterramos desde 2013, cuando empezó este proceso”, sostiene Eduardo Macchiavelli, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
A su vez, en los municipios del Conurbano y desde la Provincia de Buenos Aires indican que, en algunos casos, el aumento de las cifras registradas se debe a que los residuos que antes iban a basurales a cielo abierto ahora son enviados a los rellenos. “En general, un incremento sostenido del envío de residuos a la Ceamse indica una mejora de la gestión”, señala Javier Arguilla, director de residuos del Organismo Provincial para el Desa- rrollo Sostenible (OPDS), la autoridad ambiental bonaerense.
“Tratamos de formalizar cooperativas de recolectores y estandarizar los procesos de las plantas de reciclaje que tienen los municipios para poder contabilizar lo que se recupera en función del objetivo de reducir la disposición final”, agrega el funcionario. Pero por el momento, no hay cifras oficiales de tasas de recupero.
En Lanús, uno de los municipios con más crecimiento de envíos, afirman que recolectan entre 10 y 12 toneladas diarias de basura domiciliaria y que esa cifra no varió respecto de años anteriores. “Sí aumentó la cantidad de ramas o de escombros recolectados y eso se debe a que estamos combatiendo los basurales”, señala una fuente municipal.
En Ezeiza, donde la cantidad de residuos enviados a enterrar aumentó un 147%, la recolección fue estatizada. “El sistema está muy organizado y nos evitamos los conflictos con las empresas de recolección”, aseguran. Esto incluye la incorporación de los antiguos recolectores informales como monotributistas, para complementar la recolección primaria con camiones. Las autoridades municipales aseguran que la cantidad de basura enviada a enterrar indica la eficiencia del sistema. Por otro lado, hace un año y medio se inauguró un centro de disposición final de residuos dentro del mismo partido.
Lo cierto es que un incremento general del 40% -o del más del 100% en casos puntuales- parece muy grande como para explicarse únicamente por el “sinceramiento” de los residuos que antes se enviaban a basurales.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es crítico: “Los municipios no hacen ningún esfuerzo por minimizar la producción de residuos como lo establece la ley nacional -señala-. Cada tanto hay planes pilotos voluntaristas, pero no existen iniciativas concretas de parte de los partidos, así como tampoco a nivel nacional. Por otro lado, la Provincia falla en el control de los basurales”.
Para Nápoli, la falta de medidas tiene que ver con un objetivo a más largo plazo. “Han tomado una decisión, que es el camino hacia la incineración. Todo lo que tienen que hacer es no hacer nada hasta que se agoten los rellenos sanitarios”, advierte.
Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, si bien Nápoli reconoce que hubo una reducción sensible en el envío de basura, afirma que aún no se llegó a los parámetros establecidos por ley.
Una pregunta se impone: ¿qué hacer cuando ya no haya más lugar en los rellenos? La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que impulsan el tratamiento en plantas de termovaloración (Waste to Energy), donde se incineran los desechos. “Se genera energía a partir del vapor de la combustión y los gases se tratan para no dañar el medio ambiente. En Europa hay más de 400 plantas de este tipo en funcionamiento”, señala el ministro Macchiavelli.
Qué hacer con los envases: el 60% de los desechos
El 60% del volumen de basura enviada a los rellenos corresponde a packaging o envases. Desde el Círculo de Políticas Ambientales abogan por una ley basada en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor, que obligue a grandes empresas a hacerse cargo de aspectos económicos, legales y físicos de la gestión de los materiales envasados. “Si el fabricante de un bien de consumo masivo tiene que incluir entre sus costos el la basura que genera, va a tener mayor participación en su reducción y prevención. Hoy en Argentina a ese costo lo pagan los municipios”, explican. Legislación de ese tipo existe ya en Uruguay, Chile, Colombia y Brasil.
Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires
Subió 41,8 % en 7 años, más que el promedio de la población. Expertos dicen que faltan políticas de gestión y de prevención sostenidas. La Ciudad, Ituzaingó y Brandsen, las excepciones.
Pese a las esporádicas campañas de concientización, el problema de la basura sigue sin resolverse. Al contrario: según un informe del Círculo de Políticas Ambientales, la cantidad de residuos sólidos urbanos que se envían a rellenos sanitarios creció un 41,87% entre 2010 y 2017. Más que el promedio de la población. La tendencia es sostenida y se observa en 31 de 34 distritos que enviaron regularmente residuos a enterrar en el período analizado. Las tres excepciones son la Ciudad, Ituzaingó y Brandsen (ver mapa).
El estudio está basado en datos de la CEAMSE. Con casi 16 millones de habitantes, la zona genera 18.500 toneladas de residuos sólidospor día y un 96% va a rellenos sanitarios. El principal es el de José León Suárez, donde se entierran las de Capital y otros 35 municipios. El segundo, en González Catán, recibe las de La Matanza y un tercero, en Ensenada, aloja las de ese partido más la de La Plata, Brandsen, Magdalena y Berisso.
En algunos municipios, el aumento de la basura enviada a enterrar en siete años fue de 4% a 30%: Florencio Varela, Almirante Brown, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Morón, General San Martin, Tres de Febrero, San Isidro y Vicente López. En otros, de 30% a 60%: Lomas de Zamora, Pilar, Escobar, Avellaneda, Magdalena, José C. Paz, Ensenada, Quilmes, Presidente Perón, Tigre, Berisso, Esteban Echeverría y La Matanza). En San Fernando, La Plata, Merlo y Berazategui, el crecimiento fue de 60% a 90%. Y en Ezeiza, General Rodríguez, San Miguel y Lanús se registró el pico: entre 90% y 150%.
“Las cifras muestran lo que pasa cuando no se toman medidas para disminuir la basura que generamos. No hay políticas de gestión de residuos sostenidas en el tiempo, pero tampoco de prevención”, afirma Consuelo Bilbao, una de las directoras del Círculo de Políticas Ambientales y autora del informe.
Los datos disponibles en el INDEC para 2018 –de enero a septiembre-, según información provista por la CEAMSE, evidencian que hubo un aumento de la disposición del 9% respecto del mismo período del año anterior. Si bien la recesión puede haber disminuido esta tendencia, es preocupante si se tiene en cuenta que el espacio disponible en el relleno de José León Suárez se agotará en cinco años, según la propia CEAMSE.
De los tres municipios que redujeron la cantidad de basura, sólo la Ciudad de Buenos Aires ofrece una disminución sostenida en el tiempo. Aunque es el distrito que más basura genera, entre 2010 y 2017, bajó un 47,22% el envío de residuos. Según el Gobierno porteño, en 2018, se registró una reducción de 29.258,6 toneladas. Esto, dicen, se logró por la inauguración en 2013 de una planta que trata los residuos áridos -escombros y restos de obra-, que permite reutilizar 2.500 de las 6.700 toneladas de basura que genera la Ciudad por día. También hay 300 puntos verdes, 2.500 contenedores verdes y dos plantas de procesamiento MRF (Material Recycling Facility).
“Aumentamos las bocas de captación y la capacidad de procesamiento. Así, logramos bajar un 53% la cantidad de toneladas que enterramos desde 2013, cuando empezó este proceso”, sostiene Eduardo Macchiavelli, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
A su vez, en los municipios del Conurbano y desde la Provincia de Buenos Aires indican que, en algunos casos, el aumento de las cifras registradas se debe a que los residuos que antes iban a basurales a cielo abierto ahora son enviados a los rellenos. “En general, un incremento sostenido del envío de residuos a la Ceamse indica una mejora de la gestión”, señala Javier Arguilla, director de residuos del Organismo Provincial para el Desa- rrollo Sostenible (OPDS), la autoridad ambiental bonaerense.
“Tratamos de formalizar cooperativas de recolectores y estandarizar los procesos de las plantas de reciclaje que tienen los municipios para poder contabilizar lo que se recupera en función del objetivo de reducir la disposición final”, agrega el funcionario. Pero por el momento, no hay cifras oficiales de tasas de recupero.
En Lanús, uno de los municipios con más crecimiento de envíos, afirman que recolectan entre 10 y 12 toneladas diarias de basura domiciliaria y que esa cifra no varió respecto de años anteriores. “Sí aumentó la cantidad de ramas o de escombros recolectados y eso se debe a que estamos combatiendo los basurales”, señala una fuente municipal.
En Ezeiza, donde la cantidad de residuos enviados a enterrar aumentó un 147%, la recolección fue estatizada. “El sistema está muy organizado y nos evitamos los conflictos con las empresas de recolección”, aseguran. Esto incluye la incorporación de los antiguos recolectores informales como monotributistas, para complementar la recolección primaria con camiones. Las autoridades municipales aseguran que la cantidad de basura enviada a enterrar indica la eficiencia del sistema. Por otro lado, hace un año y medio se inauguró un centro de disposición final de residuos dentro del mismo partido.
Lo cierto es que un incremento general del 40% -o del más del 100% en casos puntuales- parece muy grande como para explicarse únicamente por el “sinceramiento” de los residuos que antes se enviaban a basurales.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es crítico: “Los municipios no hacen ningún esfuerzo por minimizar la producción de residuos como lo establece la ley nacional -señala-. Cada tanto hay planes pilotos voluntaristas, pero no existen iniciativas concretas de parte de los partidos, así como tampoco a nivel nacional. Por otro lado, la Provincia falla en el control de los basurales”.
Para Nápoli, la falta de medidas tiene que ver con un objetivo a más largo plazo. “Han tomado una decisión, que es el camino hacia la incineración. Todo lo que tienen que hacer es no hacer nada hasta que se agoten los rellenos sanitarios”, advierte.
Respecto de la Ciudad de Buenos Aires, si bien Nápoli reconoce que hubo una reducción sensible en el envío de basura, afirma que aún no se llegó a los parámetros establecidos por ley.
Una pregunta se impone: ¿qué hacer cuando ya no haya más lugar en los rellenos? La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que impulsan el tratamiento en plantas de termovaloración (Waste to Energy), donde se incineran los desechos. “Se genera energía a partir del vapor de la combustión y los gases se tratan para no dañar el medio ambiente. En Europa hay más de 400 plantas de este tipo en funcionamiento”, señala el ministro Macchiavelli.
Qué hacer con los envases: el 60% de los desechos
El 60% del volumen de basura enviada a los rellenos corresponde a packaging o envases. Desde el Círculo de Políticas Ambientales abogan por una ley basada en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor, que obligue a grandes empresas a hacerse cargo de aspectos económicos, legales y físicos de la gestión de los materiales envasados. “Si el fabricante de un bien de consumo masivo tiene que incluir entre sus costos el la basura que genera, va a tener mayor participación en su reducción y prevención. Hoy en Argentina a ese costo lo pagan los municipios”, explican. Legislación de ese tipo existe ya en Uruguay, Chile, Colombia y Brasil.
Retoman la construcción de las represas en Santa Cruz
Tras años de inactividad, avanza la construcción de las polémicas represas en Santa Cruz
Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Pasaron casi 11 años desde que el kirchnerismo anunció que se reactivaba en Santa Cruz el proyecto hidroeléctrico sobre el río homónimo, que nace en Lago Argentino a 180 metros sobre el nivel del mal, recorre 300 kilómetros y desemboca en el océano Atlántico. En ese tiempo, la inactividad caracterizó el estado de las obras, que hoy recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras llamarse por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.
Pero la situación cambió en los últimos meses y las máquinas importadas de China comenzaron a moverse sobre el suelo rocoso, a la orilla del río. Con 750 empleados trabajando en cada obra en dos turnos de 12 horas, el proyecto ya está avanzado en el 21% de la excavación y el 13% del relleno de las presas. La fecha de inauguración está estimada para septiembre de 2023 en el caso de La Barrancosa, que es más chica, y para abril de 2024 para la puesta en marcha de Cóndor Cliff.
Esta última represa estará construida a 145 kilómetros de distancia en auto de la ciudad de El Calafate. Tendrá 68 metros de altura y contendrá cinco turbinas del estilo Francis, que generarán por año 3167 gigavatios por hora (GW/h).
La Barrancosa, en tanto, tendrá un altura menor, de 41 metros, y contará con tres turbinas del tipo Kaplan, que proveerán 1780 GW/h por año. La represa estará ubicada a 50 kilómetros de distancia al oeste de Cóndor Cliff, y cuando comiencen a funcionar se generará un lago entre ambos embalses.
En total, las dos obras permitirán aumentar un 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional, lo que equivale a abastecer aproximadamente a 700.000 familias.
Las obras fueron adjudicadas en 2013 tras realizarse una licitación internacional. El ganador -con polémica de por medio por consignar un monto de $24.750 millones por debajo de las demás ofertas- fue la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la china Gezhouba, Electroingeniería y la mendocina Hidrocuyo.
Pero la construcción de las represas quedó casi dos años sin ejecución en 2016, con la asunción de la actual administración y la revisión de los contratos.
El año pasado, luego de adaptar el proyecto a un estudio ambiental que pidió la Corte Suprema -donde se decidió no aumentar la altura del río porque podía tener implicancias en el Lago Argentino, y se redujo la cantidad de turbinas-, la construcción comenzó a tomar impulso.
Ni la causa de los cuadernos logró frenarla esta vez, aunque tuvo implicancias en la sociedad UTE luego de que el entonces vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, quedara implicado.
Desde entonces, Gezhouba, que ya tenía el 54% de las acciones, compró un 16% de la participación de Electroingeniería, y esta pasó de tener el 36% del total al 20%. Hidrocuyo, en tanto, que es la que tendrá a cargo la operación de las represas una vez que finalicen las obras, mantuvo su 10%.
La empresa china no pudo comprar más acciones porque el pliego establece que al menos un 30% de la participación societaria tiene que ser nacional.
En el mediano plazo se espera que alguna otra empresa argentina adquiera las acciones de la cuestionada Electroingeniería, aunque quedan pocas empresas de obra pública en la Argentina que no hayan estado afectadas por la causa de los cuadernos.
Luego de que el socio local se viera salpicado por el escándalo, los ejecutivos chinos comenzaron a tener más responsabilidades en el manejo de la obra, ayudados por la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa), la ex-Enarsa, encargada de ejecutar la obra.
Al momento, el 20% del personal es chino. De ellos, 160 trabajadores están empleados con la modalidad de cinco meses de trabajo intensivo y un mes de descanso, y se les pagan los pasajes para volver de visita a su país. Todos viven junto con los empleados locales en las villas removibles que se construyeron al lado de las represas. Sin embargo, tienen sus propios horarios para comer y distinta variedad de menúes.
Se espera que en dos años, cuando se llegue al pico de empleo y haya 5500 trabajadores en las represas, la presencia de empleados chinos también aumente. En general, sus responsabilidades están vinculadas con lo electromecánico e incluyen dar capacitación a los empleados locales para el posterior mantenimiento de las turbinas.
El crédito para financiar las obras también proviene de China. Su banco de desarrollo prestó US$4714 millones, que se desembolsan a medida que avanzan las obras. Con la devaluación, sin embargo, los costos de la construcción se redujeron a US$4100 millones.
Del total, un 23% del dinero quedará en China para pagar las turbinas, algunas máquinas y las compuertas que se importarán para las obras. El 77% restante será ejecutado en el país.
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Fecha de Publicación: 28/02/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Pasaron casi 11 años desde que el kirchnerismo anunció que se reactivaba en Santa Cruz el proyecto hidroeléctrico sobre el río homónimo, que nace en Lago Argentino a 180 metros sobre el nivel del mal, recorre 300 kilómetros y desemboca en el océano Atlántico. En ese tiempo, la inactividad caracterizó el estado de las obras, que hoy recuperaron sus nombres originales, Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras llamarse por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente.
Pero la situación cambió en los últimos meses y las máquinas importadas de China comenzaron a moverse sobre el suelo rocoso, a la orilla del río. Con 750 empleados trabajando en cada obra en dos turnos de 12 horas, el proyecto ya está avanzado en el 21% de la excavación y el 13% del relleno de las presas. La fecha de inauguración está estimada para septiembre de 2023 en el caso de La Barrancosa, que es más chica, y para abril de 2024 para la puesta en marcha de Cóndor Cliff.
Esta última represa estará construida a 145 kilómetros de distancia en auto de la ciudad de El Calafate. Tendrá 68 metros de altura y contendrá cinco turbinas del estilo Francis, que generarán por año 3167 gigavatios por hora (GW/h).
La Barrancosa, en tanto, tendrá un altura menor, de 41 metros, y contará con tres turbinas del tipo Kaplan, que proveerán 1780 GW/h por año. La represa estará ubicada a 50 kilómetros de distancia al oeste de Cóndor Cliff, y cuando comiencen a funcionar se generará un lago entre ambos embalses.
En total, las dos obras permitirán aumentar un 4,5% la oferta de energía eléctrica nacional, lo que equivale a abastecer aproximadamente a 700.000 familias.
Las obras fueron adjudicadas en 2013 tras realizarse una licitación internacional. El ganador -con polémica de por medio por consignar un monto de $24.750 millones por debajo de las demás ofertas- fue la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por la china Gezhouba, Electroingeniería y la mendocina Hidrocuyo.
Pero la construcción de las represas quedó casi dos años sin ejecución en 2016, con la asunción de la actual administración y la revisión de los contratos.
El año pasado, luego de adaptar el proyecto a un estudio ambiental que pidió la Corte Suprema -donde se decidió no aumentar la altura del río porque podía tener implicancias en el Lago Argentino, y se redujo la cantidad de turbinas-, la construcción comenzó a tomar impulso.
Ni la causa de los cuadernos logró frenarla esta vez, aunque tuvo implicancias en la sociedad UTE luego de que el entonces vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, quedara implicado.
Desde entonces, Gezhouba, que ya tenía el 54% de las acciones, compró un 16% de la participación de Electroingeniería, y esta pasó de tener el 36% del total al 20%. Hidrocuyo, en tanto, que es la que tendrá a cargo la operación de las represas una vez que finalicen las obras, mantuvo su 10%.
La empresa china no pudo comprar más acciones porque el pliego establece que al menos un 30% de la participación societaria tiene que ser nacional.
En el mediano plazo se espera que alguna otra empresa argentina adquiera las acciones de la cuestionada Electroingeniería, aunque quedan pocas empresas de obra pública en la Argentina que no hayan estado afectadas por la causa de los cuadernos.
Luego de que el socio local se viera salpicado por el escándalo, los ejecutivos chinos comenzaron a tener más responsabilidades en el manejo de la obra, ayudados por la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa), la ex-Enarsa, encargada de ejecutar la obra.
Al momento, el 20% del personal es chino. De ellos, 160 trabajadores están empleados con la modalidad de cinco meses de trabajo intensivo y un mes de descanso, y se les pagan los pasajes para volver de visita a su país. Todos viven junto con los empleados locales en las villas removibles que se construyeron al lado de las represas. Sin embargo, tienen sus propios horarios para comer y distinta variedad de menúes.
Se espera que en dos años, cuando se llegue al pico de empleo y haya 5500 trabajadores en las represas, la presencia de empleados chinos también aumente. En general, sus responsabilidades están vinculadas con lo electromecánico e incluyen dar capacitación a los empleados locales para el posterior mantenimiento de las turbinas.
El crédito para financiar las obras también proviene de China. Su banco de desarrollo prestó US$4714 millones, que se desembolsan a medida que avanzan las obras. Con la devaluación, sin embargo, los costos de la construcción se redujeron a US$4100 millones.
Del total, un 23% del dinero quedará en China para pagar las turbinas, algunas máquinas y las compuertas que se importarán para las obras. El 77% restante será ejecutado en el país.
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Continúan los desmontes ilegales en Chaco
Greenpeace denuncia que siguen los desmontes ilegales en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Hace pocas semanas, el gobernador Domingo Peppo firmó el decreto 298/19 (1) que derogó los permisos de desmonte en bosques nativos. Esta semana, Greenpeace fiscalizó el departamento de Almirante Brown, al este de la provincia y colindante con Santiago del Estero, y comprobó el avance de las topadoras.
A través de un comunicado, la organización dio a conocer que detectó días atrás el avance del desmonte a través del monitoreo de imágenes satelitales, por lo que se hizo presente en el lugar.
El desmonte que sería ilegal pertenece al establecimiento Monterrey, que se encuentra ubicado en El Impenetrable chaqueño y abarca cerca de 5.700 hectáreas. Actualmente llevan desmontadas más de 750 hectáreas de bosque protegido.
“Estos bosques nativos están clasificados en la Categoría II – amarillo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco y es lindera al Parque Nacional Copo (Santiago del Estero) y la Reserva Provincial La Pirámide (Chaco)”, recordó la organización.
Este caso fue denunciado en un informe de la organización presentado en diciembre pasado (2 y 3). Esta finca, junto a otras recategorizadas, se encuentra sobre la zona delimitada como corredores de conservación del Gran chaco.
“Al permitir esta destrucción, el gobernador Peppo, está poniendo en grave peligro al Parque Nacional Copo, que alberga una gran biodiversidad. Está en sus manos cancelar la ejecución de los desmontes en las fincas recategorizadas y avanzar en un plan de restauración de los bosques ilegalmente desmontados. No hay otro camino que respetar la ley de bosques”, sostuvo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según exponen desde la ONG, el desmonte se encuentra en una zona de amortiguación del Parque Nacional. “Esta es una zona lindante al Parque Nacional Copo, y debe respetarse. Las máquinas están matando al bosque a muy pocos kilómetros, perforando esta zona del Corredor del Gran Chaco”, agregó Cruz.
Greenpeace advierte a su vez, serias consecuencias en la fauna autóctona. Especies que habitan el Impenetrable están en peligro, como es el caso del Yaguareté. Quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña. También la zona alberga al tatú carreta y al oso hormiguero, entre otros; todos ellos en peligro.
El 28 de enero, el gobernador del Chaco firmó el decreto que derogó los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspendió el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.
Greenpeace destacó la medida, pero reclama que aún no fueran cancelados los permisos otorgados y que tampoco se dispuso un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados.
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Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Hace pocas semanas, el gobernador Domingo Peppo firmó el decreto 298/19 (1) que derogó los permisos de desmonte en bosques nativos. Esta semana, Greenpeace fiscalizó el departamento de Almirante Brown, al este de la provincia y colindante con Santiago del Estero, y comprobó el avance de las topadoras.
A través de un comunicado, la organización dio a conocer que detectó días atrás el avance del desmonte a través del monitoreo de imágenes satelitales, por lo que se hizo presente en el lugar.
El desmonte que sería ilegal pertenece al establecimiento Monterrey, que se encuentra ubicado en El Impenetrable chaqueño y abarca cerca de 5.700 hectáreas. Actualmente llevan desmontadas más de 750 hectáreas de bosque protegido.
“Estos bosques nativos están clasificados en la Categoría II – amarillo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos del Chaco y es lindera al Parque Nacional Copo (Santiago del Estero) y la Reserva Provincial La Pirámide (Chaco)”, recordó la organización.
Este caso fue denunciado en un informe de la organización presentado en diciembre pasado (2 y 3). Esta finca, junto a otras recategorizadas, se encuentra sobre la zona delimitada como corredores de conservación del Gran chaco.
“Al permitir esta destrucción, el gobernador Peppo, está poniendo en grave peligro al Parque Nacional Copo, que alberga una gran biodiversidad. Está en sus manos cancelar la ejecución de los desmontes en las fincas recategorizadas y avanzar en un plan de restauración de los bosques ilegalmente desmontados. No hay otro camino que respetar la ley de bosques”, sostuvo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según exponen desde la ONG, el desmonte se encuentra en una zona de amortiguación del Parque Nacional. “Esta es una zona lindante al Parque Nacional Copo, y debe respetarse. Las máquinas están matando al bosque a muy pocos kilómetros, perforando esta zona del Corredor del Gran Chaco”, agregó Cruz.
Greenpeace advierte a su vez, serias consecuencias en la fauna autóctona. Especies que habitan el Impenetrable están en peligro, como es el caso del Yaguareté. Quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña. También la zona alberga al tatú carreta y al oso hormiguero, entre otros; todos ellos en peligro.
El 28 de enero, el gobernador del Chaco firmó el decreto que derogó los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspendió el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia.
Greenpeace destacó la medida, pero reclama que aún no fueran cancelados los permisos otorgados y que tampoco se dispuso un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados.
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Denuncian muerte de niño por agrotóxicos en Entre Rios
La fumigación sigue matando gente en Basavilbaso: esta vez un pequeño de 3 años
Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Entre Rios Ya
Provincia/Región: Entre Rios
Se conoció en las últimas sobre la noticia que conmueve otra vez a Basavilbaso por la muerte de otra víctima de la fumigación realizada en la zona expresaron los vecinos a EntreRíosYA.
El caso de Fabián Tomasi se conoció hace años. Quizás la mecha la encendió el a través de diferentes notas y entrevistas pero también fue la tapa del libro “Envenenados”, de Patricio Eleisegui, y protagonista de la exposición El costo humano de los agrotóxicos, de Pablo Piovano. Había sido peón de campo y obrero antes de conseguir trabajo en 2005 para la empresa Molina en su Basavilbaso natal, en Entre Ríos, a unos 200 kilómetros de Paraná.
Fabián se fue de este mundo dejando un mensaje para aquellos que de alguna manera puedan ser ó no afectados por la fumigación.
El veneno no perdonó esta vez a Santino Uriel Díaz, un pequeño basavilbasense de solo tres añitos que falleció en Paraná producto de una enfermedad terminal.
Otro gurisito más que se nos va, expresó Silvia Liliana Miguez a través de la red social Facebook. Además agregó “y se siguen sumando a la lista de muertos por leucemia y distintos tipos de cáncer”.
Fabián Tomasi expresó “Voy a llegar al último día y voy a decir ‘yo intenté defender la verdad’.
El que se calló, que se haga cargo de qué decirle a su hijo”, reflexionó hace unos años Tomasi en un panel que se realizó en la Universidad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Entre Rios Ya
Provincia/Región: Entre Rios
Se conoció en las últimas sobre la noticia que conmueve otra vez a Basavilbaso por la muerte de otra víctima de la fumigación realizada en la zona expresaron los vecinos a EntreRíosYA.
El caso de Fabián Tomasi se conoció hace años. Quizás la mecha la encendió el a través de diferentes notas y entrevistas pero también fue la tapa del libro “Envenenados”, de Patricio Eleisegui, y protagonista de la exposición El costo humano de los agrotóxicos, de Pablo Piovano. Había sido peón de campo y obrero antes de conseguir trabajo en 2005 para la empresa Molina en su Basavilbaso natal, en Entre Ríos, a unos 200 kilómetros de Paraná.
Fabián se fue de este mundo dejando un mensaje para aquellos que de alguna manera puedan ser ó no afectados por la fumigación.
El veneno no perdonó esta vez a Santino Uriel Díaz, un pequeño basavilbasense de solo tres añitos que falleció en Paraná producto de una enfermedad terminal.
Otro gurisito más que se nos va, expresó Silvia Liliana Miguez a través de la red social Facebook. Además agregó “y se siguen sumando a la lista de muertos por leucemia y distintos tipos de cáncer”.
Fabián Tomasi expresó “Voy a llegar al último día y voy a decir ‘yo intenté defender la verdad’.
El que se calló, que se haga cargo de qué decirle a su hijo”, reflexionó hace unos años Tomasi en un panel que se realizó en la Universidad de Buenos Aires.
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Más acciones legales por la contaminacion en Nahuel Huapi
Odarda se suma a la querella para frenar contaminacion en Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Río Negro
La senadora Magdalena Odarda, desde su carácter de co-promotora del último amparo por el vertido de líquidos cloacales al Lago Nahuel Huapi, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de San Carlos de Bariloche junto al Legislador Alejandro Ramos Mejía y los abogados patrocinantes, Darío Rodríguez Duch, Jorge Olguin, Horacio Brucellaria y Karina Chueri, luego de lo cual mantuvieron una reunión con el Fiscal de Cámara Dr. Martín Lozada y el Fiscal Guillermo Lista, a cargo de la referida causa, a fin de sumarse a la querella iniciada por la co amparista Ana Wieman y de brindar continuidad a la investigación propuesta en la referida causa, hasta tanto se esclarezcan las responsabilidades penales en que pudieran haber estado comprometidos los funcionarios intervinientes en relación con el último vuelco de efluentes al Lago Nahuel Huapi durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018.
Luego de haber presentado en diciembre pasado, junto a la militante ambientalista Ana Wieman, la acción de amparo que derivara en la medida cautelar dispuesta por el Juez Rubén Marigo para frenar en el futuro el vuelco de los residuos cloacales en crudo al Lago Nahuel Huapi; y habiéndose dispuesto la remisión de las actuaciones a las fiscalías provincial y federal para investigar la posible comisión de delito ambiental y de incumplimiento de deberes de funcionario público, la Senadora Magdalena Odarda hizo efectiva su presentación como querellante en las nuevas actuaciones iniciadas.
A través de la referida medida cautelar, el Juez Rubén Marigo hizo lugar al planteo de las amparistas al ordenar a la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda a que “cese el volcado de líquidos crudos al Lago Nahuel Huapi iniciado el día 10 del corriente, hasta tanto acredite la existencia de otro método que evite el daño ambiental que provoca dicho volcado o la existencia de una evaluación de impacto ambiental efectuado por una institución independiente y especializada”, si bien la medida llegó en la última etapa del proceso, finalmente se dispuso el traslado de la causa principal a la justicia federal para continuar con el planteo de fondo.
A través del seguimiento en la querella de la causa penal iniciada, se brindará continuidad al reclamo de las amparistas y vecinos, a fin de encontrar y sancionar a los responsables de la permanente contaminación que viene realizándose sobre el Lago Nahuel Huapi, poniendo en ejecución el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y de acceder al agua potable en condiciones de salubridad.
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Fecha de Publicación: 27/02/2019
Fuente: Agencia APP
Provincia/Región: Río Negro
La senadora Magdalena Odarda, desde su carácter de co-promotora del último amparo por el vertido de líquidos cloacales al Lago Nahuel Huapi, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de San Carlos de Bariloche junto al Legislador Alejandro Ramos Mejía y los abogados patrocinantes, Darío Rodríguez Duch, Jorge Olguin, Horacio Brucellaria y Karina Chueri, luego de lo cual mantuvieron una reunión con el Fiscal de Cámara Dr. Martín Lozada y el Fiscal Guillermo Lista, a cargo de la referida causa, a fin de sumarse a la querella iniciada por la co amparista Ana Wieman y de brindar continuidad a la investigación propuesta en la referida causa, hasta tanto se esclarezcan las responsabilidades penales en que pudieran haber estado comprometidos los funcionarios intervinientes en relación con el último vuelco de efluentes al Lago Nahuel Huapi durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018.
Luego de haber presentado en diciembre pasado, junto a la militante ambientalista Ana Wieman, la acción de amparo que derivara en la medida cautelar dispuesta por el Juez Rubén Marigo para frenar en el futuro el vuelco de los residuos cloacales en crudo al Lago Nahuel Huapi; y habiéndose dispuesto la remisión de las actuaciones a las fiscalías provincial y federal para investigar la posible comisión de delito ambiental y de incumplimiento de deberes de funcionario público, la Senadora Magdalena Odarda hizo efectiva su presentación como querellante en las nuevas actuaciones iniciadas.
A través de la referida medida cautelar, el Juez Rubén Marigo hizo lugar al planteo de las amparistas al ordenar a la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda a que “cese el volcado de líquidos crudos al Lago Nahuel Huapi iniciado el día 10 del corriente, hasta tanto acredite la existencia de otro método que evite el daño ambiental que provoca dicho volcado o la existencia de una evaluación de impacto ambiental efectuado por una institución independiente y especializada”, si bien la medida llegó en la última etapa del proceso, finalmente se dispuso el traslado de la causa principal a la justicia federal para continuar con el planteo de fondo.
A través del seguimiento en la querella de la causa penal iniciada, se brindará continuidad al reclamo de las amparistas y vecinos, a fin de encontrar y sancionar a los responsables de la permanente contaminación que viene realizándose sobre el Lago Nahuel Huapi, poniendo en ejecución el derecho de todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y de acceder al agua potable en condiciones de salubridad.
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Mendoza sigue golpeando a La Pampa con el Atuel
Mendoza insiste con las perforaciones para entregar agua del Atuel
Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la reunión de la CIA, La Pampa reclamó que Mendoza deje de cortar el río Atuel para poder recomponer el ecosistema en el oeste provincial, tal como lo ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde el gobierno mendocino proponen hacer 23 perforaciones y entregar sólo un metro cúbico.
El grupo de trabajo y el Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) retomaron la actividad con un reclamo prioritario y urgente por parte de la provincia de La Pampa: la restitución inmediata del caudal de agua al noroeste pampeano, cortado completamente desde el mes de diciembre.
De la reunión participaron representantes del Gobierno nacional y de las provincias de La Pampa y Mendoza. La delegación pampeana estuvo integrada por el fiscal de Estado de La Pampa, José Vanini; el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli; el director de Políticas Hídricas, Gastón Buss; el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri; y el ingeniero Jorge Scarone, técnico de la UNLPam.
En el ingreso a La Pampa el cauce del río Atuel se encuentra completamente seco pese a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2018 que ordenó a Mendoza restablecer un caudal mínimo ecológico para recomponer el ecosistema pampeano.
“Mendoza manifiesta que hay un problema de disponibilidad hídrica que afecta a toda la cuenca y también a la provincia de La Pampa al no recibir una gota de agua desde hace un mes y medio. En realidad no es que a La Pampa la afecta la oferta disminuida de agua, todos los años alrededor del mes de diciembre se corta el río y hoy el caudal que tenemos en La Pampa es cero”, se quejó Tittarelli.
Por su parte, Vanini sostuvo que “la respuesta de Mendoza a nuestro reclamo es que saben que el río está cortado. Pero alegan que es porque no nos hemos puesto de acuerdo en las obras necesarias para recuperar el caudal, a lo que les contestamos que eso no es cierto porque el río se corta desde hace 20 años y eso se debe al uso que ellos hacen del Atuel”.
Propuesta mendocina
Durante el encuentro los representantes mendocinos presentaron una propuesta de obras que contempla la realización de 23 perforaciones que aprovecharía Mendoza para riego y permitiría liberar un caudal de 1 metro cúbico por segundo desde Carmensa, lejos de los 4,5 metros cúbicos de caudal fluvioecológico que reclama La Pampa.
“Mendoza presentó un plan de perforaciones que pretendían aprobar hoy mismo, a lo que nos opusimos rotundamente”, señaló Vanini. “Lo vamos a analizar, como hemos analizado cada una de las propuestas que hacen, o las ‘no’ propuestas que hacen”, añadió el fiscal de Estado pampeano.
Ambas delegaciones acordaron realizar una reunión por videoconferencia a través del sistema del CFI el miércoles 27 de febrero a fin de analizar conjuntamente la propuesta mendocina. En caso de existir avances volverían a reunirse el viernes 1 de marzo.
“La Pampa tiene un reclamo concreto: necesitamos restaurar nuestro medioambiente lo antes posible porque todos los ecosistemas tienen un límite de deterioro por sobre el cual es muy difícil después recuperarlos porque siguen avanzando el tamarisco y las especies invasoras que representan pérdidas tanto ambientales como económicas. Tenemos predisposición en avanzar pero no vamos a cesar en nuestro reclamo elemental que es un caudal hídrico apto para recomponer nuestro ambiente y sentarnos con Mendoza a discutir el manejo conjunto del caudal del Atuel”, señaló Tittarelli.
Durante la reunión, además, se abordó la cuestión de la institucionalización de la CIAI y un grupo de especialistas presentó un estudio sobre eficiencia de riego en Mendoza que recibió objeciones de ambas provincias.
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Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la reunión de la CIA, La Pampa reclamó que Mendoza deje de cortar el río Atuel para poder recomponer el ecosistema en el oeste provincial, tal como lo ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde el gobierno mendocino proponen hacer 23 perforaciones y entregar sólo un metro cúbico.
El grupo de trabajo y el Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) retomaron la actividad con un reclamo prioritario y urgente por parte de la provincia de La Pampa: la restitución inmediata del caudal de agua al noroeste pampeano, cortado completamente desde el mes de diciembre.
De la reunión participaron representantes del Gobierno nacional y de las provincias de La Pampa y Mendoza. La delegación pampeana estuvo integrada por el fiscal de Estado de La Pampa, José Vanini; el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli; el director de Políticas Hídricas, Gastón Buss; el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri; y el ingeniero Jorge Scarone, técnico de la UNLPam.
En el ingreso a La Pampa el cauce del río Atuel se encuentra completamente seco pese a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2018 que ordenó a Mendoza restablecer un caudal mínimo ecológico para recomponer el ecosistema pampeano.
“Mendoza manifiesta que hay un problema de disponibilidad hídrica que afecta a toda la cuenca y también a la provincia de La Pampa al no recibir una gota de agua desde hace un mes y medio. En realidad no es que a La Pampa la afecta la oferta disminuida de agua, todos los años alrededor del mes de diciembre se corta el río y hoy el caudal que tenemos en La Pampa es cero”, se quejó Tittarelli.
Por su parte, Vanini sostuvo que “la respuesta de Mendoza a nuestro reclamo es que saben que el río está cortado. Pero alegan que es porque no nos hemos puesto de acuerdo en las obras necesarias para recuperar el caudal, a lo que les contestamos que eso no es cierto porque el río se corta desde hace 20 años y eso se debe al uso que ellos hacen del Atuel”.
Propuesta mendocina
Durante el encuentro los representantes mendocinos presentaron una propuesta de obras que contempla la realización de 23 perforaciones que aprovecharía Mendoza para riego y permitiría liberar un caudal de 1 metro cúbico por segundo desde Carmensa, lejos de los 4,5 metros cúbicos de caudal fluvioecológico que reclama La Pampa.
“Mendoza presentó un plan de perforaciones que pretendían aprobar hoy mismo, a lo que nos opusimos rotundamente”, señaló Vanini. “Lo vamos a analizar, como hemos analizado cada una de las propuestas que hacen, o las ‘no’ propuestas que hacen”, añadió el fiscal de Estado pampeano.
Ambas delegaciones acordaron realizar una reunión por videoconferencia a través del sistema del CFI el miércoles 27 de febrero a fin de analizar conjuntamente la propuesta mendocina. En caso de existir avances volverían a reunirse el viernes 1 de marzo.
“La Pampa tiene un reclamo concreto: necesitamos restaurar nuestro medioambiente lo antes posible porque todos los ecosistemas tienen un límite de deterioro por sobre el cual es muy difícil después recuperarlos porque siguen avanzando el tamarisco y las especies invasoras que representan pérdidas tanto ambientales como económicas. Tenemos predisposición en avanzar pero no vamos a cesar en nuestro reclamo elemental que es un caudal hídrico apto para recomponer nuestro ambiente y sentarnos con Mendoza a discutir el manejo conjunto del caudal del Atuel”, señaló Tittarelli.
Durante la reunión, además, se abordó la cuestión de la institucionalización de la CIAI y un grupo de especialistas presentó un estudio sobre eficiencia de riego en Mendoza que recibió objeciones de ambas provincias.
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Tierra del Fuego: denuncian desmontes por un corredor
Colosal desmonte de bosques para la apertura del corredor del Beagle
Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: La Licuadora TDF
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Pese a la resistencia de numerosas asociaciones ambientales y de miles de vecinos de Ushuaia que advertían acerca de las serias consecuencias ambientales que traería la construcción del Corredor del Beagle, el Gobierno Provincial avanza con un colosal desmonte de bosques en la ruta complementaria J.
A pesar de las serias consecuencias ambientale que traería la construcción del Corredor del Beagle, el Gobierno Provincial avanza con un colosal desmonte de bosques en la ruta complementaria J..La faraonica obra estuvo cuestionada desde un inicio, no solo por los enormes efectos negativos para el bosque, la fauna autóctona y la pérdida de sitios arqueológicos de un valor histórico incalculable, sino también por el gran costo que se fue multiplicando desde el proyecto original hasta superar los mil setecientos millones de pesos. Además, existen serias sospechas de manejos poco claros en la concesión de los trabajos a la empresa Gancedo S.A. vinculada a Lázaro Báez.
Gancedo S.A. es una empresa que los propios kirchneristas reconocen ligada a Lázaro Báez, una de las figuras más controversiales de los últimos años por su identificación con hechos de corrupción y lavado de dinero.
Se trata de la misma firma que ganó la licitación de ampliación del Hospital de Ushuaia, obra que se paralizó por dos años sin demasiadas explicaciones.
En los últimos días, se conocieron imágenes de los desmontes que se están realizando en la Ruta Complementaria J (Camino a Estancia Harverton). El daño que se está provocando a la naturaleza y al paisaje es evidente por sí mismo. Difícilmente el informe de impacto ambiental manipulado por el Gobierno pueda convencer a cualquier visitante de lo contrario.
Este medio recorrió este fin de semana el camino mencionado hacia Estancia Harberton y realmente es notable el deterioro de toda la zona que paisajisticamente ha sido arruinada.
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Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: La Licuadora TDF
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Pese a la resistencia de numerosas asociaciones ambientales y de miles de vecinos de Ushuaia que advertían acerca de las serias consecuencias ambientales que traería la construcción del Corredor del Beagle, el Gobierno Provincial avanza con un colosal desmonte de bosques en la ruta complementaria J.
A pesar de las serias consecuencias ambientale que traería la construcción del Corredor del Beagle, el Gobierno Provincial avanza con un colosal desmonte de bosques en la ruta complementaria J..La faraonica obra estuvo cuestionada desde un inicio, no solo por los enormes efectos negativos para el bosque, la fauna autóctona y la pérdida de sitios arqueológicos de un valor histórico incalculable, sino también por el gran costo que se fue multiplicando desde el proyecto original hasta superar los mil setecientos millones de pesos. Además, existen serias sospechas de manejos poco claros en la concesión de los trabajos a la empresa Gancedo S.A. vinculada a Lázaro Báez.
Gancedo S.A. es una empresa que los propios kirchneristas reconocen ligada a Lázaro Báez, una de las figuras más controversiales de los últimos años por su identificación con hechos de corrupción y lavado de dinero.
Se trata de la misma firma que ganó la licitación de ampliación del Hospital de Ushuaia, obra que se paralizó por dos años sin demasiadas explicaciones.
En los últimos días, se conocieron imágenes de los desmontes que se están realizando en la Ruta Complementaria J (Camino a Estancia Harverton). El daño que se está provocando a la naturaleza y al paisaje es evidente por sí mismo. Difícilmente el informe de impacto ambiental manipulado por el Gobierno pueda convencer a cualquier visitante de lo contrario.
Este medio recorrió este fin de semana el camino mencionado hacia Estancia Harberton y realmente es notable el deterioro de toda la zona que paisajisticamente ha sido arruinada.
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Represa afecta la fauna ictícola de Santa Fe
Piden remover una represa que afecta la fauna ictícola
Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Un grupo de localidades del sur provincial convocó a una movida regional para lograr que la provincia quite el dique frente al Molino Semino
Un grupo de localidades del sur santafesino que forma parte de la cuenca del Carcarañá definirán estrategias para lograr que la provincia avance en la remoción de una represa que atraviesa al río homónimo y afecta la ecología y el desarrollo turístico de la región.
El dique ubicado frente al Molino Semino, en jurisdicción de Carcarañá, cumple la función de generar una parte de la energía que necesita esa empresa para funcionar pero son mayores los daños que provoca desde lo ambiental y recreativo.
La situación afecta a poblaciones aguas arriba de la presa que parte al medio al río y atenta básicamente contra la vida acuática. Es un problema de vieja data que ya motorizó diversos reclamos de vecinos y pescadores de la zona que bregan, aun sin éxito, para terminar con esa estructura que, aseguran, "sólo beneficia intereses particulares en detrimento de lo colectivo".
El tema fue reflotado a través de una iniciativa surgida desde Arequito con el ánimo de sumar voluntades para fortalecer el reclamo y convertir en realidad lo buscado desde hace tiempo.
Así al menos lo explicó el representante de la minoría en la comisión comunal de ese pueblo del departamento Caseros, Gabriel Bustamante, quien ya impulsó un proyecto a nivel local y ahora está abocado a la organización de un encuentro con intendentes, jefes comunales, ediles de la zona, legisladores provinciales y representes de instituciones para evaluar el asunto y exigir respuestas.
Primera semana de marzo
La convocatoria será lanzada la primera semana de marzo y sólo resta definir el lugar del conclave. "La idea es concretar una mesa de trabajo para relevar el grado de impacto y afectación en cada distrito e impulsar un pedido o resolución que será elevado a las autoridades provinciales para que tomen cartas en el asunto a fin de solucionar de una vez por todas esta problemática", dijo el impulsor de la iniciativa.
Bustamante, quien además integra el equipo de colaboradores del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi, planteó la necesidad de abrir el juego y delinear una movida regional tras mantener conversaciones sobre el asunto en cuestión con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno santafesino.
Explicó que "al no haber avances concretos se hace indispensable armar un esquema de trabajo pare ejercer presión y lograr una decisión que garantice la esperada remoción del dique que afecta a una gran zona, especialmente a localidades que están aguas arriba como, Casilda, Los Molinos, Arequito, San José de la Esquina, Arteaga, Villa Eloísa y Cañada de Gómez, entre otras".
Sostuvo que "la represa afectabásicamente la fauna ictícola al impedir o frenar el paso de peces hacia aguas arriba , lo que se traduce también en perjuicios económicos al limitar el desarrollo turístico y recreativo por el que trabajan entidades deportivas y balnearios".
Es de tal magnitud el impacto para la biodiversidad que de las 225 especies de peces con la que cuenta el Carcarañá, que es la misma cantidad que hay en el resto de la cuenca del Paraná, aseguran que "sólo conviven agua arriba menos de 30 variedades".
Bustamante resaltó que "si bien los directivos de la empresa se habían comprometidos en llevar adelante una serie de obras para no generar problemas medioambientales no cumplieron y se originó un expediente que avanza muy lentamente".
En esa dirección inscribió la importancia del planificado encuentro para forzar que "el Ministerio o el organismo que corresponda se expida al respeto".
Señaló que "la empresa tendría que demostrar por medio de estudios técnicos pertinentes que el dique no genera impacto ambiental ante el planteo de especialistas e incluso autoridades que apuntan al daño que causa al río Carcarañá que desde 2012 integra el sistema provincial de áreas naturales protegidas".
La ley 12.175 define como tal a "todo ambiente o territorio que está sujeto a un manejo legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de conservación, protección y preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes de su ecosistema".
La norma fija ocho categorías de las cuales la cuenca del Carcarañá encuadra dentro de lo calificado como "reservas hídricas naturales".
El Carcarañá tiene su origen en Córdoba, donde confluyen los ríos Tercero y Saladillo, y desemboca en el río Coronda, afluente del Paraná. Entre 1867 y 1878 se construyeron tres diques sobre el río pero el único que sigue en pie es el que está en la localidad de Carcarañá "en beneficio de una empresa, algo que resulta incomprensible ya que no debería permitirse que un privado abuse de un recurso público con consecuencias ambientales negativas", opinó Bustamante.
Afirman que el impacto para la biodiversidad es tal que de 225 especies de peces del Carcarañá sólo conviven 30 aguas arriba.
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Fecha de Publicación: 26/02/2019
Fuente: La Capital de Rosario
Provincia/Región: Santa Fe
Un grupo de localidades del sur provincial convocó a una movida regional para lograr que la provincia quite el dique frente al Molino Semino
Un grupo de localidades del sur santafesino que forma parte de la cuenca del Carcarañá definirán estrategias para lograr que la provincia avance en la remoción de una represa que atraviesa al río homónimo y afecta la ecología y el desarrollo turístico de la región.
El dique ubicado frente al Molino Semino, en jurisdicción de Carcarañá, cumple la función de generar una parte de la energía que necesita esa empresa para funcionar pero son mayores los daños que provoca desde lo ambiental y recreativo.
La situación afecta a poblaciones aguas arriba de la presa que parte al medio al río y atenta básicamente contra la vida acuática. Es un problema de vieja data que ya motorizó diversos reclamos de vecinos y pescadores de la zona que bregan, aun sin éxito, para terminar con esa estructura que, aseguran, "sólo beneficia intereses particulares en detrimento de lo colectivo".
El tema fue reflotado a través de una iniciativa surgida desde Arequito con el ánimo de sumar voluntades para fortalecer el reclamo y convertir en realidad lo buscado desde hace tiempo.
Así al menos lo explicó el representante de la minoría en la comisión comunal de ese pueblo del departamento Caseros, Gabriel Bustamante, quien ya impulsó un proyecto a nivel local y ahora está abocado a la organización de un encuentro con intendentes, jefes comunales, ediles de la zona, legisladores provinciales y representes de instituciones para evaluar el asunto y exigir respuestas.
Primera semana de marzo
La convocatoria será lanzada la primera semana de marzo y sólo resta definir el lugar del conclave. "La idea es concretar una mesa de trabajo para relevar el grado de impacto y afectación en cada distrito e impulsar un pedido o resolución que será elevado a las autoridades provinciales para que tomen cartas en el asunto a fin de solucionar de una vez por todas esta problemática", dijo el impulsor de la iniciativa.
Bustamante, quien además integra el equipo de colaboradores del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi, planteó la necesidad de abrir el juego y delinear una movida regional tras mantener conversaciones sobre el asunto en cuestión con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno santafesino.
Explicó que "al no haber avances concretos se hace indispensable armar un esquema de trabajo pare ejercer presión y lograr una decisión que garantice la esperada remoción del dique que afecta a una gran zona, especialmente a localidades que están aguas arriba como, Casilda, Los Molinos, Arequito, San José de la Esquina, Arteaga, Villa Eloísa y Cañada de Gómez, entre otras".
Sostuvo que "la represa afectabásicamente la fauna ictícola al impedir o frenar el paso de peces hacia aguas arriba , lo que se traduce también en perjuicios económicos al limitar el desarrollo turístico y recreativo por el que trabajan entidades deportivas y balnearios".
Es de tal magnitud el impacto para la biodiversidad que de las 225 especies de peces con la que cuenta el Carcarañá, que es la misma cantidad que hay en el resto de la cuenca del Paraná, aseguran que "sólo conviven agua arriba menos de 30 variedades".
Bustamante resaltó que "si bien los directivos de la empresa se habían comprometidos en llevar adelante una serie de obras para no generar problemas medioambientales no cumplieron y se originó un expediente que avanza muy lentamente".
En esa dirección inscribió la importancia del planificado encuentro para forzar que "el Ministerio o el organismo que corresponda se expida al respeto".
Señaló que "la empresa tendría que demostrar por medio de estudios técnicos pertinentes que el dique no genera impacto ambiental ante el planteo de especialistas e incluso autoridades que apuntan al daño que causa al río Carcarañá que desde 2012 integra el sistema provincial de áreas naturales protegidas".
La ley 12.175 define como tal a "todo ambiente o territorio que está sujeto a un manejo legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de conservación, protección y preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes de su ecosistema".
La norma fija ocho categorías de las cuales la cuenca del Carcarañá encuadra dentro de lo calificado como "reservas hídricas naturales".
El Carcarañá tiene su origen en Córdoba, donde confluyen los ríos Tercero y Saladillo, y desemboca en el río Coronda, afluente del Paraná. Entre 1867 y 1878 se construyeron tres diques sobre el río pero el único que sigue en pie es el que está en la localidad de Carcarañá "en beneficio de una empresa, algo que resulta incomprensible ya que no debería permitirse que un privado abuse de un recurso público con consecuencias ambientales negativas", opinó Bustamante.
Afirman que el impacto para la biodiversidad es tal que de 225 especies de peces del Carcarañá sólo conviven 30 aguas arriba.
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Patagonia Gold se va y deja pasivos ambientales
Patagonia Gold se va. Deja190 trabajadores en la calle y un gran pasivo ambiental ante el silencio de AOMA y el gobierno provincial
Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Nada pasa por casualidad, el origen de las cosas es la causalidad. En el tema minero, OPI ha desarrollado desde el año 2006 una permanente tarea de difusión, pero no de las bondades de la minería, sus publicidades y los tours informativos a los cuales en los primeros años solían invitarnos. Desde este lugar hemos contado lo que ellos y los gobiernos no quieren escuchar; el atrás de la escena, los negociados, las mentiras, la contaminación, el ocultamiento en el que incurren las empresas y los sectores gubernamentales y la forma en la cual llegan a afincarse en Santa Cruz mediando los buenos oficios del sindicato, diputados y ministros con intereses en la actividad minera de la provincia y un encadenamiento de personajes que son ampliamente funcionales a los fines de las multinacionales, como intendentes, concejales y empresarios.
En el año 2010 mediante un video que armamos tras un trabajo de campo realizado en la zona de Perito Moreno, El Tranquilo, Arroyo Feo, Lomada de Leiva, Bandurrias y Cueva de las Manos, cuando nuevos proyectos megamineros como los de Patagonia Gold estaban cerrándose en Santa Cruz, adelantábamos cuáles eran los engaños y los perjuicios de este tipo de emprendimientos, los riesgos sociales, ambientales, económicos y las consecuencias de los laboreos en zonas tan sensibles como esa región de la provincia donde abundan los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que nadie cuida o al menos que en ese momento no estaban protegidos para su preservación.
Ocho años después, todo lo que allí dijimos (lamentablemente) se hizo realidad. Hoy nos enteramos que Patagonia Gold dejó los yacimientos de Lomada de Leiva, El Tranquilo y Campo Oeste, porque “la ley” (veta de oro y plata) por no ser rentable, razón por lo cual la empresa ha decidido terminar con el laboreo minero en la zona.
La noticia en si, no es una más. Patagonia Gold explota el único emprendimiento a cielo abierto en la zona; es decir, es lo que técnicamente se denomina “megaminería”, una de las actividades de mayor impacto ambiental, visual y social que desarrolla esta modalidad en el mundo.
Como consecuencia de esto quedan 190 trabajadores en la calle, el pasivo ambiental para que hereden los santacruceños y todo esto sin ningún tipo de reclamo, acción directa o cuestionamiento, ni de parte del gremio AOMA, tampoco del sector político municipal y mucho menos aún de la provincia, que se sabe, es socia primaria de Patagonia Gold, dado que Fomicruz ( empresa del Estado provincial) está vinculada a los negocios mineros, más las regalías que obtiene el gobierno de manera proporcional a la producción de oro y plata.
Es decir, que el silencio existente sobre el abandono de Patagonia Gold de 200 trabajadores, tierra arrasada, lixiviada, contaminada y con pits enormes que nunca nadie va a rellenar, no es una casualidad, es una causalidad. Sucede porque todos, de alguna manera, están vinculados al negocio o para ser más preciso, a los negociados, con la minera.
OPI entrevistó a Damián Pessolano, hoy concejal de Perito Moreno, pero en el 2010 una de las personas que mejor marcó en la investigación que hicimos, cómo y hasta dónde llegarían los problemas con la explotación minera en la zona, específicamente en el área en el que se asentaría Patagonia Gold, de la cual hoy (ocho años después), estamos asistiendo a su cierre.
“Ya se tuvieron que ir de Arroyo Feo y Lomada Leiva porque tuvieron problemas en la zona de Bandurrias por el tema de los yacimientos arqueológicos y todo ese material sigue lixiviando hace más de 3 años, sin que a nadie le llame la atención”, le dijo Pessolano a OPI y consultado sobre las causas por las cuales la minera abandona la zona dijo “Es que el yacimiento de El Tranquilo agotó el recurso y Patagonia Gold no tiene rentabilidad. Y precisamente es uno de los puntos con los cuales engañan las mientras cuando llegan a la provincia, porque no hablan de “rentabilidad” sino de “sustentabilidad”. Si dijeran que cuando no les convenga cierran, no obtendrían la licencia social que necesitan”.
Luego de asegurar que estos proyectos como los que se cierran hoy son “de muy corto plazo”, cargó contra la provincia al sostener “la gobernadora y el Ministro de Producción sabían con mucha anticipación que esto ocurriría. Ellos son los socios y hubo varias reuniones en Río Gallegos sobre el tema. Lo cierto es que ni el gobierno ni AOMA dijeron nada, porque son cómplices”, aseguró.
Finalmente Pessolano extendió la crisis a otro yacimiento cercano, Huevos Verdes de Minera Santa Cruz “Acá cerca en poco tiempo más van a empezar a hablar del cierre de Huevos Verdes y en este caso Minera Santa Cruz no tiene 200 trabajadores, sino tiene entre 800 y 1000, pero nadie dice nada hasta que pase y sorprenda a todo el mundo con gente desocupada, tierra contaminada ya sin oro ni palta y nos dejan en el pueblo todas las consecuencias sociales y ambientales para que la remediemos nosotros”.
Damian recordó que esta semana hubo una reunión entre Esteban Tejada por parte de Patagonia Gold, el Subsecretario de Minería de Santa Cruz, el Secretario General de AOMA y Guillermo Bilardo, Intendente de Perito Moreno y allí se firmó todo y no hubo ningún tipo de oposición. El proceso de cierre lleva mucho tiempo, por lo cual todos los actores lo mantuvieron en secreto y hoy se ventila, como un hecho consumado. Ya no hay nada que hacer.
Pessolano, rebatiendo los mensajes que dejan las mineras cuando desean afinacarse en un lugar, aclaró que mediando las tecnologías extractivas existentes hoy, los yacimientos no perduran más de 7 u 8 años y cuando hablan de “remediación” cabe aclarar que no es el mismo estándar el de los ambientalistas que el de las mineras.
Cualquier opinión o análisis respecto de lo sucedido hoy, ya lo hemos dicho y difundido. Solo resta ahora que la sociedad tome conciencia y evalúe que las maniobras previas a la instalación de un proyecto megaminero son falsedades y engaños y juzgue tanto a los interesados como a sus facilitadores. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
Nada pasa por casualidad, el origen de las cosas es la causalidad. En el tema minero, OPI ha desarrollado desde el año 2006 una permanente tarea de difusión, pero no de las bondades de la minería, sus publicidades y los tours informativos a los cuales en los primeros años solían invitarnos. Desde este lugar hemos contado lo que ellos y los gobiernos no quieren escuchar; el atrás de la escena, los negociados, las mentiras, la contaminación, el ocultamiento en el que incurren las empresas y los sectores gubernamentales y la forma en la cual llegan a afincarse en Santa Cruz mediando los buenos oficios del sindicato, diputados y ministros con intereses en la actividad minera de la provincia y un encadenamiento de personajes que son ampliamente funcionales a los fines de las multinacionales, como intendentes, concejales y empresarios.
En el año 2010 mediante un video que armamos tras un trabajo de campo realizado en la zona de Perito Moreno, El Tranquilo, Arroyo Feo, Lomada de Leiva, Bandurrias y Cueva de las Manos, cuando nuevos proyectos megamineros como los de Patagonia Gold estaban cerrándose en Santa Cruz, adelantábamos cuáles eran los engaños y los perjuicios de este tipo de emprendimientos, los riesgos sociales, ambientales, económicos y las consecuencias de los laboreos en zonas tan sensibles como esa región de la provincia donde abundan los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que nadie cuida o al menos que en ese momento no estaban protegidos para su preservación.
Ocho años después, todo lo que allí dijimos (lamentablemente) se hizo realidad. Hoy nos enteramos que Patagonia Gold dejó los yacimientos de Lomada de Leiva, El Tranquilo y Campo Oeste, porque “la ley” (veta de oro y plata) por no ser rentable, razón por lo cual la empresa ha decidido terminar con el laboreo minero en la zona.
La noticia en si, no es una más. Patagonia Gold explota el único emprendimiento a cielo abierto en la zona; es decir, es lo que técnicamente se denomina “megaminería”, una de las actividades de mayor impacto ambiental, visual y social que desarrolla esta modalidad en el mundo.
Como consecuencia de esto quedan 190 trabajadores en la calle, el pasivo ambiental para que hereden los santacruceños y todo esto sin ningún tipo de reclamo, acción directa o cuestionamiento, ni de parte del gremio AOMA, tampoco del sector político municipal y mucho menos aún de la provincia, que se sabe, es socia primaria de Patagonia Gold, dado que Fomicruz ( empresa del Estado provincial) está vinculada a los negocios mineros, más las regalías que obtiene el gobierno de manera proporcional a la producción de oro y plata.
Es decir, que el silencio existente sobre el abandono de Patagonia Gold de 200 trabajadores, tierra arrasada, lixiviada, contaminada y con pits enormes que nunca nadie va a rellenar, no es una casualidad, es una causalidad. Sucede porque todos, de alguna manera, están vinculados al negocio o para ser más preciso, a los negociados, con la minera.
OPI entrevistó a Damián Pessolano, hoy concejal de Perito Moreno, pero en el 2010 una de las personas que mejor marcó en la investigación que hicimos, cómo y hasta dónde llegarían los problemas con la explotación minera en la zona, específicamente en el área en el que se asentaría Patagonia Gold, de la cual hoy (ocho años después), estamos asistiendo a su cierre.
“Ya se tuvieron que ir de Arroyo Feo y Lomada Leiva porque tuvieron problemas en la zona de Bandurrias por el tema de los yacimientos arqueológicos y todo ese material sigue lixiviando hace más de 3 años, sin que a nadie le llame la atención”, le dijo Pessolano a OPI y consultado sobre las causas por las cuales la minera abandona la zona dijo “Es que el yacimiento de El Tranquilo agotó el recurso y Patagonia Gold no tiene rentabilidad. Y precisamente es uno de los puntos con los cuales engañan las mientras cuando llegan a la provincia, porque no hablan de “rentabilidad” sino de “sustentabilidad”. Si dijeran que cuando no les convenga cierran, no obtendrían la licencia social que necesitan”.
Luego de asegurar que estos proyectos como los que se cierran hoy son “de muy corto plazo”, cargó contra la provincia al sostener “la gobernadora y el Ministro de Producción sabían con mucha anticipación que esto ocurriría. Ellos son los socios y hubo varias reuniones en Río Gallegos sobre el tema. Lo cierto es que ni el gobierno ni AOMA dijeron nada, porque son cómplices”, aseguró.
Finalmente Pessolano extendió la crisis a otro yacimiento cercano, Huevos Verdes de Minera Santa Cruz “Acá cerca en poco tiempo más van a empezar a hablar del cierre de Huevos Verdes y en este caso Minera Santa Cruz no tiene 200 trabajadores, sino tiene entre 800 y 1000, pero nadie dice nada hasta que pase y sorprenda a todo el mundo con gente desocupada, tierra contaminada ya sin oro ni palta y nos dejan en el pueblo todas las consecuencias sociales y ambientales para que la remediemos nosotros”.
Damian recordó que esta semana hubo una reunión entre Esteban Tejada por parte de Patagonia Gold, el Subsecretario de Minería de Santa Cruz, el Secretario General de AOMA y Guillermo Bilardo, Intendente de Perito Moreno y allí se firmó todo y no hubo ningún tipo de oposición. El proceso de cierre lleva mucho tiempo, por lo cual todos los actores lo mantuvieron en secreto y hoy se ventila, como un hecho consumado. Ya no hay nada que hacer.
Pessolano, rebatiendo los mensajes que dejan las mineras cuando desean afinacarse en un lugar, aclaró que mediando las tecnologías extractivas existentes hoy, los yacimientos no perduran más de 7 u 8 años y cuando hablan de “remediación” cabe aclarar que no es el mismo estándar el de los ambientalistas que el de las mineras.
Cualquier opinión o análisis respecto de lo sucedido hoy, ya lo hemos dicho y difundido. Solo resta ahora que la sociedad tome conciencia y evalúe que las maniobras previas a la instalación de un proyecto megaminero son falsedades y engaños y juzgue tanto a los interesados como a sus facilitadores. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Ratifican la intención de explotar el litio en Jujuy
Autoridades jujeñas ratificaron la decisión de exploración y explotación del litio
Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
El director de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oheler, sostuvo hoy que uno de los proyectos más importante que tiene la provincia es la "exploración y explotación del litio", decisión que se contrapone al reclamo de comunidades indígenas de la puna.
"Uno de los proyectos más importantes que tiene Jujuy es promover la exploración y explotación del litio", dijo el funcionario al indicar que las Salinas Grandes "sin dudas forma parte de las riquezas naturales más importante que tiene la provincia".
Para el funcionario "las circunstancias que se presentan hoy en el mundo con la demanda del litio con todo el proceso que se está llevando adelante, tiene que ver con mitigar el cambio climático promoviendo el uso de energías renovables".
En el marco de esa promoción defendió la utilización de litio para creación de baterías y obtener así la acumulación de energía limpia.
"Acá hay una decisión política que se contrapone entre el gobierno y las comunidades que creo que hay que conversarla", sostuvo Oheler, al indicar que el posicionamiento "antiminero" de los comuneros "tienen sustento en imágenes o cuestiones que están soportadas por la vieja minería".
"Esa vieja minería que atropellaba a la gente y no dejaba beneficios a la gente, es una minería que hace por lo menos 20 años no está vigente en el mundo, porque tanto los inversores como las empresas mineras fueron cambiando sus formas de vincularse con los entornos, cuidando el ambiente y teniendo integración con las comunidades", afirmó.
Asimismo, sostuvo que la provincia "tiene un modelo como es el de la empresa Sales de Jujuy S.A. –que opera en las localidades de Olaroz y Cauchari- puede mostrar resultados concretos en la relación comunidad-empresa, donde hay desarrollo de proveedores locales, cuidado de ambiente y fortalecimientos de la comunidades".
Ante la consulta de Télam en relación a las dos empresas que realizaban estudios de exploración de litio en las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, dijo que las mismas "no cumplieron acabadamente con los compromisos y autorizaciones que tenían".
Como consecuencia "si se verifican los incumplimientos –en la justicia- las dos firmas intervinientes van a ser sancionadas y si no se darán las explicaciones que en caso corresponda".
De manera simultánea, indicó, el gobierno de Jujuy remitió una nota a la Embajada de Canadá, "dando a conocer la situación de la supuesta inconducta" y solicitó al embajador que "instruya a las empresas canadienses que operan en la Puna a que deben respetar los protocolos provinciales, su vínculo con el ambiente y las comunidades originarias".
Las comunidades indígenas, por su parte, rechazan todo tipo de exploración en las inmediaciones de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc por lo que impidieron los estudios preliminares para la extracción del litio y reclaman que se declare a ambos sitios como "patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios".
Además, pidieron que la declaración considere a la región como "zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio" y de cualquier otro proyecto que "dañe a la Pachamama (Madre Tierra) y atente la forma de vida de las comunidades".
El gobierno jujeño convocó nuevamente a las comunidades indígenas manifestantes para el martes a las de 17 en Casa de Gobierno a una reunión preliminar para discutir diversos puntos del reclamo y luego el gobernador Gerardo Morales se comprometió a participar de la asamblea comunitaria en algún paraje de la puna a acordar. (Télam)
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Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy
El director de la empresa estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), Carlos Oheler, sostuvo hoy que uno de los proyectos más importante que tiene la provincia es la "exploración y explotación del litio", decisión que se contrapone al reclamo de comunidades indígenas de la puna.
"Uno de los proyectos más importantes que tiene Jujuy es promover la exploración y explotación del litio", dijo el funcionario al indicar que las Salinas Grandes "sin dudas forma parte de las riquezas naturales más importante que tiene la provincia".
Para el funcionario "las circunstancias que se presentan hoy en el mundo con la demanda del litio con todo el proceso que se está llevando adelante, tiene que ver con mitigar el cambio climático promoviendo el uso de energías renovables".
En el marco de esa promoción defendió la utilización de litio para creación de baterías y obtener así la acumulación de energía limpia.
"Acá hay una decisión política que se contrapone entre el gobierno y las comunidades que creo que hay que conversarla", sostuvo Oheler, al indicar que el posicionamiento "antiminero" de los comuneros "tienen sustento en imágenes o cuestiones que están soportadas por la vieja minería".
"Esa vieja minería que atropellaba a la gente y no dejaba beneficios a la gente, es una minería que hace por lo menos 20 años no está vigente en el mundo, porque tanto los inversores como las empresas mineras fueron cambiando sus formas de vincularse con los entornos, cuidando el ambiente y teniendo integración con las comunidades", afirmó.
Asimismo, sostuvo que la provincia "tiene un modelo como es el de la empresa Sales de Jujuy S.A. –que opera en las localidades de Olaroz y Cauchari- puede mostrar resultados concretos en la relación comunidad-empresa, donde hay desarrollo de proveedores locales, cuidado de ambiente y fortalecimientos de la comunidades".
Ante la consulta de Télam en relación a las dos empresas que realizaban estudios de exploración de litio en las cuencas de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, dijo que las mismas "no cumplieron acabadamente con los compromisos y autorizaciones que tenían".
Como consecuencia "si se verifican los incumplimientos –en la justicia- las dos firmas intervinientes van a ser sancionadas y si no se darán las explicaciones que en caso corresponda".
De manera simultánea, indicó, el gobierno de Jujuy remitió una nota a la Embajada de Canadá, "dando a conocer la situación de la supuesta inconducta" y solicitó al embajador que "instruya a las empresas canadienses que operan en la Puna a que deben respetar los protocolos provinciales, su vínculo con el ambiente y las comunidades originarias".
Las comunidades indígenas, por su parte, rechazan todo tipo de exploración en las inmediaciones de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc por lo que impidieron los estudios preliminares para la extracción del litio y reclaman que se declare a ambos sitios como "patrimonio natural, cultural y ancestral de los pueblos originarios".
Además, pidieron que la declaración considere a la región como "zona libre de emprendimiento de megaminería, minería de litio" y de cualquier otro proyecto que "dañe a la Pachamama (Madre Tierra) y atente la forma de vida de las comunidades".
El gobierno jujeño convocó nuevamente a las comunidades indígenas manifestantes para el martes a las de 17 en Casa de Gobierno a una reunión preliminar para discutir diversos puntos del reclamo y luego el gobernador Gerardo Morales se comprometió a participar de la asamblea comunitaria en algún paraje de la puna a acordar. (Télam)
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Intentan controlar la flora exótica en el Parque Nahuel Huapi
Multiplican esfuerzos para controlar la flora exótica en el Parque Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Hay campañas periódicas de erradicación, pero es vital la detección a tiempo de las especies que puedan afectar la biodiversidad local de la zona del Nahuel Huapi. Sauces, retama y rosa mosqueta son algunas de las plantas que afectan a la vegetación nativa.
El control de las especies exóticas que se expanden y amenazan la vegetación nativa pasó a tener alta prioridad en el parque nacional Nahuel Huapi, que realiza periódicas campañas de erradicación de pinos, sauces, retama y otras invasivas y planifica acentuar esas acciones a futuro.
En los primeros días de febrero hubo uno operativo de “extracción mecánica” de flora exótica en la zona de Pampa Linda y otras tareas similares se realizaron tiempo atrás en puerto Blest, luego de detectar un tipo de hiedra riesgosa para el ambiente.
El jefe de Conservación y Educación Ambiental del PNNH, Horacio Paradela, dijo que la expansión del sauce en zonas de ríos y arroyos también es un problema a atender. Otras especies foráneas de difícil control son la retama y la rosa mosqueta, que desplaza en muchos sectores a la vegetación nativa. Paradela reconoció que en ciertos lugares la expansión de exóticas sólo se puede detener y “evitar la dispersión”, pero la erradicación total resulta imposible.
La principal preocupación de los técnicos de Parques es evitar que esas especies afecten la biodiversidad. En Pampa Linda la acción estuvo orientada a frenar la proliferación de pinos asilvestrados, cuyo punto de origen fue el asentamiento de Gendarmería nacional, que los plantó antes de los años 90, cuando comenzó a regir una estricta prohibición.
Paradela dijo que el objetivo es actuar sobre “parches” puntuales de pino exótico y evitar que se desarrollen “nuevos núcleos”.
La expansión del sauce en zonas de ríos y arroyos del parque nacional Nahuel Huapi es un problema a tener en cuenta.
Más allá de ese trabajo en Pampa Linda, Parques realiza campañas similares en distintos lugares del parque para el control de distintas especies. “Es una lucha constante y desigual”, admitió Paradela.
Como ocurre con otros programas, la efectividad depende de los recursos asignados. Paradela dijo que participan los guardaparques, los brigadistas y que no les falta personal, pero confió en que las acciones para preservar la biodiversidad se podrán multiplicar con el nuevo plan de gestión del parque Nahuel Huapi, que le otorga alta prioridad y que fue aprobado hace pocos días por el directorio de la APN.
Uno de los sitios críticos en los que se concentraron los trabajos en los últimos operativos es la ruta 40 sur desde Mascardi hasta El Manso, donde hay pinos escapados de forestaciones que invaden las banquinas. También hubo acciones de control en las zonas de Puerto Blest, Isla Victoria, cerro Carbón, Lago Espejo y la península de Quetrihue, donde el arce se transformó en un problema.
En Puerto Blest, dijo Paradela, intervinieron a partir de la denuncia que formuló una guía de turismo sobre la presencia de una especie de hiedra que no había visto con anterioridad. Luego de estudiarla con especialistas del Instituto Inibioma y comprobar que era exótica, Parques inició tareas para su extracción. La actuación temprana es clave para evitar un daño mayor.
Paradela aclaró que la situación no es preocupante, salvo en los puntos del parque con mayor impacto antrópico. Destacó que el plan de gestión es un instrumento esencial porque “fija prioridades a diez años de manera general” y permite “territorializar” la tarea.
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Fecha de Publicación: 25/02/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Hay campañas periódicas de erradicación, pero es vital la detección a tiempo de las especies que puedan afectar la biodiversidad local de la zona del Nahuel Huapi. Sauces, retama y rosa mosqueta son algunas de las plantas que afectan a la vegetación nativa.
El control de las especies exóticas que se expanden y amenazan la vegetación nativa pasó a tener alta prioridad en el parque nacional Nahuel Huapi, que realiza periódicas campañas de erradicación de pinos, sauces, retama y otras invasivas y planifica acentuar esas acciones a futuro.
En los primeros días de febrero hubo uno operativo de “extracción mecánica” de flora exótica en la zona de Pampa Linda y otras tareas similares se realizaron tiempo atrás en puerto Blest, luego de detectar un tipo de hiedra riesgosa para el ambiente.
El jefe de Conservación y Educación Ambiental del PNNH, Horacio Paradela, dijo que la expansión del sauce en zonas de ríos y arroyos también es un problema a atender. Otras especies foráneas de difícil control son la retama y la rosa mosqueta, que desplaza en muchos sectores a la vegetación nativa. Paradela reconoció que en ciertos lugares la expansión de exóticas sólo se puede detener y “evitar la dispersión”, pero la erradicación total resulta imposible.
La principal preocupación de los técnicos de Parques es evitar que esas especies afecten la biodiversidad. En Pampa Linda la acción estuvo orientada a frenar la proliferación de pinos asilvestrados, cuyo punto de origen fue el asentamiento de Gendarmería nacional, que los plantó antes de los años 90, cuando comenzó a regir una estricta prohibición.
Paradela dijo que el objetivo es actuar sobre “parches” puntuales de pino exótico y evitar que se desarrollen “nuevos núcleos”.
La expansión del sauce en zonas de ríos y arroyos del parque nacional Nahuel Huapi es un problema a tener en cuenta.
Más allá de ese trabajo en Pampa Linda, Parques realiza campañas similares en distintos lugares del parque para el control de distintas especies. “Es una lucha constante y desigual”, admitió Paradela.
Como ocurre con otros programas, la efectividad depende de los recursos asignados. Paradela dijo que participan los guardaparques, los brigadistas y que no les falta personal, pero confió en que las acciones para preservar la biodiversidad se podrán multiplicar con el nuevo plan de gestión del parque Nahuel Huapi, que le otorga alta prioridad y que fue aprobado hace pocos días por el directorio de la APN.
Uno de los sitios críticos en los que se concentraron los trabajos en los últimos operativos es la ruta 40 sur desde Mascardi hasta El Manso, donde hay pinos escapados de forestaciones que invaden las banquinas. También hubo acciones de control en las zonas de Puerto Blest, Isla Victoria, cerro Carbón, Lago Espejo y la península de Quetrihue, donde el arce se transformó en un problema.
En Puerto Blest, dijo Paradela, intervinieron a partir de la denuncia que formuló una guía de turismo sobre la presencia de una especie de hiedra que no había visto con anterioridad. Luego de estudiarla con especialistas del Instituto Inibioma y comprobar que era exótica, Parques inició tareas para su extracción. La actuación temprana es clave para evitar un daño mayor.
Paradela aclaró que la situación no es preocupante, salvo en los puntos del parque con mayor impacto antrópico. Destacó que el plan de gestión es un instrumento esencial porque “fija prioridades a diez años de manera general” y permite “territorializar” la tarea.
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Científicos se oponen a una Villa Turística en el PN Iguazú
Científicos del CeIBA no recomiendan el desarrollo del proyecto de una Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú
Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Desde la asociación civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), dieron a conocer a la comunidad de Puerto Iguazú, los puntos por los cuales exponen su disconformidad acerca del proyecto del gobierno nacional de “villas turísticas” denominado de “Oportunidades Naturales” para la inversión privada de ecolodge, cabañas y glampings (campamentos de lujo) dentro del área del Parque Nacional Iguazú (PNI).
La organización bajo la conducción actual de Andrés Cifuente y Diego Varela, está integrado por otros miembros como los biólogos Mario di Vitetti, Carlos de Angelo, Agustín Paviolo, Ezequiel Vanderhoeven, Natalia Vespa, por mencionar algunos.
“El PNI ya cuenta con una amplia zona de uso público, con infraestructura y prestaciones dentro del área para el turista, por lo tanto consideramos innecesaria la implementación de un proyecto que tiene como objetivo principal generar oportunidades de desarrollo turístico, sin resolver los problemas actuales que deben atender para mitigar el impacto del turismo en el área natural. Nuestra preocupación es ambiental, es por la falta de respuesta a las recomendaciones que oportunamente se hizo llegar a los administradores del PNI. La cantidad de turistas que ingresan diariamente, demandan de una gestión para mitigar el impacto sobre la biodiversidad, aún no tuvimos respuestas de las empresas que operan en concesión de servicios, por ejemplo”, explicó Vespa en contacto con ArgentinaForestal.com.
Los investigadores expusieron que las actividades turísticas generan un impacto sobre la biodiversidad. “Desde hace más de 15 años que el CeIBA trabaja en el PNI estudiando las problemáticas asociadas al turismo y proponiendo recomendaciones para mitigar sus impactos. Hemos detectado problemáticas asociadas al atropellamiento de fauna, o conflictos en la interacción visitante-fauna silvestre (que dan comida a los animales silvestres y los enferman), hemos recomendado la construcción de pasafaunas, o la necesidad de cerramiento de los patios de comida dentro del Parque, por mencionar algunos de los problemas”, remarcó la investigadora.
Sin embargo, hasta el momento estas recomendaciones no fueron implementadas y los conflictos fueron en aumento en los últimos años, junto con el incremento del número de visitantes y de nueva infraestructura (como nuevos puntos de venta de comida rápida).
“Es importante destacar que actualmente el mayor impacto por circulación de vehículos y personas (empleados y turistas), se produce principalmente durante el día. Sin embargo, con el proyecto “Oportunidades Naturales” este impacto se vería incrementado porque la infraestructura propuesta de más inversiones (Ecolodge, Cabañas y Glampings) pretende extender el horario de uso durante la noche”, cuestionaron en el documento.
Por otra parte, respecto a la ampliación en la permanencia de los turistas en el área de uso público, desde el CeIBA consideran que implicará un impacto sostenido durante las 24 horas del día. “Esta situación generaría ruidos permanentes, luz artificial durante la noche, un posible aumento de los atropellamientos de especies con hábitos nocturnos debido a la circulación permanente de vehículos y ofreciendo además nuevas áreas de posible contacto entre animales propensos a interactuar con las personas (como lo son los coatíes y los monos)”, advirtieron desde la organización científica.
Aclararon que todas las cuestiones anteriormente citadas cuentan con bibliografía científica que demuestra cómo el turismo puede afectar de manera negativa a la fauna ante la ausencia de gestión sostenible, ocasionando, por ejemplo, un mal estado sanitario de los animales involucrados debido a cambios en su dieta, área de acción y ocasionando, en consecuencia, un aumento en los niveles de estrés.
Finalmente, respecto a las propuestas que se enmarcan en el proyecto “Oportunidades Naturales” del gobierno nacional, señalaron que incumplen las reglamentaciones vigentes de APN (ley No 22.351, ley No 25.675) y las recomendaciones de la regional NEA de promover las inversiones turísticas fuera de las áreas nacionales protegidas para potenciar el desarrollo regional. “No se puede pretender fomentar desarrollo segmentando a un público elite o de poder adquisitivo de categoría “internacional” si planificar el desarrollo local y la inequidad social que esto provocaría para el acceso de los visitantes argentinos”, explicó Vespa.
Desde el CeIBA reflexionaron en que “se debería tener en cuenta que las inversiones que busca este proyecto están orientadas a servicios ofrecidos por grandes empresas privadas, los cuales serán asequibles principalmente para un público de alto nivel adquisitivo, excluyendo a la mayor parte de la población, iniciativa que no es lo que se espera de una institución como APN que se mantiene gracias al aporte de recursos de todos los ciudadanos argentinos, que se merecen un trato respetuoso e igualitario, al igual que todos los visitantes”, concluyeron.
El CeIBA es una ONG enfocada en generar conocimiento científico sobre la ecología, la conservación y el manejo del Bosque Atlántico del Alto Paraná, para contribuir con el desarrollo sustentable regional, promoviendo la formación de recursos humanos para la investigación, la colaboración y el crecimiento conjunto de todas las instituciones que trabajan en la región.
La sede institucional se encuentra en la localidad de Puerto Iguazú, compartiendo el edificio las oficinas de trabajo e investigación con el Instituto de Biología Subtropical (IBS).
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Plan de trabajo para salvar al cóndor andino
Ambiente promueve acciones para la conservación del cóndor andino
Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con la finalidad de tomar medidas urgentes en relación al uso ilegal de cebos tóxicos en el país y de aportar herramientas para la conservación de la población del cóndor andino (Vultur gryphus), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación —a cargo de Sergio Bergman— y la Fundación Bioandina acordaron un plan de trabajo conjunto. El mismo abarca las 14 provincias en las que hay ocurrencia de esta especie: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Córdoba, San Luis, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En ese marco, se trabajará articuladamente con las autoridades ambientales provinciales y otros actores relevantes en materia de conservación de la especie. El trabajo con las provincias apunta a mejorar la detección y tratamiento de los casos de envenenamiento, minimizando el riesgo para el personal que interviene en estos procesos. El plan de trabajo también está orientado a generar un conocimiento más preciso de los sitios de mayor conflicto para orientar los esfuerzos de conservación y las tareas de difusión y educación en las comunidades.
Adicionalmente, se trabaja en la comunicación de la problemática, mediante un mensaje claro de conservación, poniendo de manifiesto el peligro e ineficacia del uso ilegal de cebos tóxicos aplicados a la ganadería.
En caso de detección de situaciones de envenenamiento, se realizarán pruebas toxicológicas para profundizar en las causas que generan el uso ilegal de estos productos y se buscará obtener resultados científicos que sustenten las causas legales y sanciones de reparación ambiental. A su vez, la detección de los tipos de sustancias utilizadas permitirá investigar los canales de venta de productos y mejorar los controles de su comercialización y uso.
A partir del trabajo a campo que se llevará a cabo con productores ganaderos, se realizarán demostraciones prácticas de la disponibilidad de medidas alternativas al uso de venenos y se implementará una amplia difusión de las mismas.
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Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con la finalidad de tomar medidas urgentes en relación al uso ilegal de cebos tóxicos en el país y de aportar herramientas para la conservación de la población del cóndor andino (Vultur gryphus), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación —a cargo de Sergio Bergman— y la Fundación Bioandina acordaron un plan de trabajo conjunto. El mismo abarca las 14 provincias en las que hay ocurrencia de esta especie: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Córdoba, San Luis, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En ese marco, se trabajará articuladamente con las autoridades ambientales provinciales y otros actores relevantes en materia de conservación de la especie. El trabajo con las provincias apunta a mejorar la detección y tratamiento de los casos de envenenamiento, minimizando el riesgo para el personal que interviene en estos procesos. El plan de trabajo también está orientado a generar un conocimiento más preciso de los sitios de mayor conflicto para orientar los esfuerzos de conservación y las tareas de difusión y educación en las comunidades.
Adicionalmente, se trabaja en la comunicación de la problemática, mediante un mensaje claro de conservación, poniendo de manifiesto el peligro e ineficacia del uso ilegal de cebos tóxicos aplicados a la ganadería.
En caso de detección de situaciones de envenenamiento, se realizarán pruebas toxicológicas para profundizar en las causas que generan el uso ilegal de estos productos y se buscará obtener resultados científicos que sustenten las causas legales y sanciones de reparación ambiental. A su vez, la detección de los tipos de sustancias utilizadas permitirá investigar los canales de venta de productos y mejorar los controles de su comercialización y uso.
A partir del trabajo a campo que se llevará a cabo con productores ganaderos, se realizarán demostraciones prácticas de la disponibilidad de medidas alternativas al uso de venenos y se implementará una amplia difusión de las mismas.
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El problema de la vinaza con posible solución
Con potasio, quieren poner fin al drama de la vinaza
Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
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Fecha de Publicación: 23/02/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Un día, Sockolsky se puso a experimentar en una botella de gaseosa y logró extraer potasio de la vinaza. Esa prueba fue la base y el punto de partida para el desarrollo del proceso que se propone transformar un problema ambiental en una alternativa productiva. Con el invento patentado bajo el brazo, la firma Ecopotasio se prepara para plasmar esta idea innovadora en una planta piloto.
La idea es tan atractiva y tan virtuosa, que parece irreal. En palabras simples, el proyecto promete solucionar una de las causas del padecimiento ambiental de la región y, además, crear una alternativa productiva con capacidad exportadora a partir de una inversión menos costosa que las alternativas de “gasto puro” disponibles. Los promotores de semejante iniciativa saben que cunde el escepticismo. Por eso decidieron tejer alianzas con instituciones científicas y hoy, con una patente registrada como capital y la certeza de que el proceso funciona, se preparan para pasar del laboratorio a la planta piloto. Si la realidad corrobora y acompaña las perspectivas de los creadores de la empresa Ecopotasio del Norte, Tucumán no sólo podría librarse de los males de la vinaza y proyectar un futuro industrial limpio. También sacaría partido al efluente como base para la elaboración de un fertilizante y convertiría ese líquido marrón que es sinónimo de contaminación, en una fuente de riqueza. Todo ello sucedería de la mano de un elemento químico: el potasio.
La historia de esta startup de base tecnológica 100% tucumana, como sus dueños definen a Ecopotasio, se remonta a la inquietud de un emprendedor nato llamado Carlos Sockolsky. Con la naturalidad que otorgan el conocimiento y la experiencia, este empresario con mil y un negocios dice que allá por los años 80 avizoró que el boom de la producción alcoholera a partir de la caña de azúcar para su uso en combustibles iba a traer como contrapartida la gestación de mares de vinaza. Este “desecho” es la “consecuencia no querida” de la deshidratación de alcohol. “Salen diez litros de vinaza por cada litro de alcohol”, precisa Sockolsky. Basta con hacer cálculos para advertir la magnitud del desafío ambiental. “Un ingenio hoy puede volcar hasta siete millones de litros de vinaza por día. Tucumán está inundado de este efluente”, explica en presencia de sus socios en este emprendimiento: el abogado Fernando Valdez (sí, se trata del legislador radical); la contadora María Eugenia Ortiz y la ingeniera química Natalia Ibarra (el especialista en fermentaciones industriales, Rómulo Luque, participa a la distancia).
El cuco de la vinaza radica en el potasio, uno de sus componentes, que se torna nocivo justamente por el volumen inmenso de líquido que lo contiene (12 gramos en promedio por litro). Es este elemento el que poluciona el ambiente: saliniza la tierra y la vuelve estéril, además de perjudicar el agua. El mal olor es un detalle al lado de los daños que el efluente inflige a la región conectada por la Cuenca Salí-Dulce. Según el equipo de Ecopotasio, las soluciones para este desastre son incompletas y tan costosas que ponen en jaque la rentabilidad de la industria sucroalcoholera. En suma, la vinaza hace estragos en Tucumán y en todos los lugares del mundo con sectores industriales de la misma especie.
Pero así como los que aman odian, con permiso de Silvina Ocampo, el potasio malo también puede ser bueno. “Sólo hay que aislarlo”, resume Sockolsky. Imbuido de los principios que adquirió cuando estudiaba Ingeniería Química, este empresario desarrolló un experimento casero. “Hice una prueba en una botella de Fanta. Y funcionó”, dice.
A Sockolsky se le ocurrió que un método utilizado para ablandar aguas de caldera podía servir para remover el potasio de la vinaza. Relata:“este procedimiento emplea resinas de intercambio iónico para retener calcio y magnesio. Yo pensé: ¿por qué no probar? Entonces, utilicé esa resina para retener potasio y lo retuve. Fue una solución: había logrado extraer el 93% del potasio. O sea, quité toda la parte contaminante de la vinaza”.
Quedó abierta, entonces, la posibilidad de pensar en el costado positivo del potasio, que sirve como precursor para el desarrollo de fertilizantes. Ese es el horizonte productivo de una sustancia cuyos cristales, curiosamente, se parecen a los del azúcar. Además, libre del componente que lo demoniza, el efluente puede ser “reciclado” y reutilizado por la propia industria.
“Seguir escalando”
El “invento de garaje”, como llama Valdez al hallazgo de Sockolsky (un método de extracción del potasio contenido en la vinaza), se transformó en una fórmula registrada y en el corazón de la empresa fundada en 2014. La inscripción del descubrimiento y la protección de los derechos dio lugar a una fase de testeo en los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán. A continuación, Ecopotasio se vinculó con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec). Estos contactos permitieron intercambios con especialistas y la obtención en 2016 de un fondo público de alrededor de U$S 100.000 para “seguir escalando”.
Los exámenes han llegado hasta el punto de que en los próximos meses, con una bolsa de potasio en la mano (“prueba de concepto”), la empresa dará los próximos pasos hacia la captación de los capitales necesarios para instalar una planta piloto que ayude a precisar la capacidad de trabajo.
La vinaza como materia prima
El universo del potasio, nutriente fundamental para el desarrollo de las plantas, está conmúmente ligado a una actividad extractiva como la minería. Sockolsky y sus socios consideran que, con la cantidad de vinaza existente, Tucumán es candidata a proveer el fertilizante a todo el país e, incluso, a exportarlo. “Hoy la Argentina importa potasio porque los suelos lo necesitan. Nosotros vemos la posibilidad de desarrollarlo a partir de un efluente”, dice Ortiz. Ibarra agrega: “el país consume alrededor de 60 mil toneladas de fertilizantes potásicos al año. Sólo 3.400 o 3.500 toneladas se producen aquí, en San Luis: el resto se importa. Brasil adquiere el 80% del producto en el extranjero”.
El potencial luce descomunal. “Lo más difícil, cuando sos emprendedor, es pasar de emprendedor a empresario”, medita Ibarra. Y añade respecto del invento de Sockolsky: “la innovación es utilizar cosas que ya existen en aplicaciones que no fueron pensadas”. Valdez pone las cosas en estos términos: “podemos ir de la vinaza como problema ambiental a la vinaza como materia prima. El cambio de enfoque resuelve el problema y genera un negocio. Estamos listos para dar el paso”. A Sockolsky le parece que existe una oportunidad para hacer virtud del defecto y está convencido de que los frutos despejarán el camino. Tal vez esta sea su revancha: en 1982, cuando comenzaba el Plan Alconafta, viajó a Estados Unidos a buscar tecnologías para deshidratar alcohol y consiguió siete representaciones. A los pocos días estalló la Guerra de Malvinas y el negocio se cayó. “Parece una película italiana: sólo a mí me pasan estas cosas”, dice con resignación. (Con la colaboración de Juan Martín de Chazal)
La receta de “ecopotasio del norte”
1. Novedad, aplicación industrial y actividad inventiva
Natalia Ibarra, la ingeniera química de la empresa, enumera las tres condiciones necesarias para que una invención sea susceptible de aplicar a una patente. Ellas son: 1) que sea novedosa (es decir, que mantenga innovación); 2) que pueda ser usada industrialmente; y 3) que se distinga por una actividad inventiva (en otras palabras, que la invención no sea una combinación de elementos conocidos con un resultado predecible). “Significa que lo que vos innovaste o inventaste no es algo obvio. Entonces, cuando las consecuencias a las que se llegan no es un resultado evidente y ya conocido en el estado del arte, se considera la altura inventiva”, explica.
2. Una vinculación estratégica con el sector científico-tecnológico
“Lo que buscamos es vincularnos con el sistema tecnológico porque las posibilidades de esta empresa, que es una startup de base tecnológica, es un gran aporte para el sistema científico de Tucumán”, dice el legislador Fernando Valdez, socio del emprendimiento iniciado por Carlos Sockolsky (foto). En ese sentido, el contacto con instituciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y la Fundación Innova-T, y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo de Tucumán (Sidetec); permitieron comprobar la solvencia de este invento tucumano y un acceso a fondos públicos.
3. La conjunción entre una actividad económica y una solución ambiental
Mediante la producción de fertilizantes potásicos obtenidos a partir de efluentes y residuos de la industria sucroalcoholera, este emprendimiento local quiere “atacar” la problemática ambiental de la vinaza, a la vez que busca generar una nueva actividad económica en la región. “No tendrá sólo un impacto positivo en la provincia, sino que en todo el país. Argentina importa la mayoría de los fertilizantes, que suelen tener un origen minero, y produce muy poco. Con esta invención, ese panorama podría cambiar desde Tucumán”, manifiesta Ibarra.
4. La protección de la propiedad intelectual
El modelo de negocio a futuro de la empresa permitirá a sus propietarios obtener réditos económicos por medio de una licencia otorgada a otros productores del mundo para que puedan emplear su idea. Eso será posible gracias a la protección garantizada por la patente que ya poseen, y por las próximas que buscarán en el las siguientes etapas. “Si bien lo explotaremos nosotros acá, otros países que también produzcan este alcohol podrán operar y comercializar el sulfato de potasio con un aprovechamiento productivo. En esos casos, no seríamos nosotros quienes operaríamos pero sí tendríamos un retorno económico por la patente”, plantean Ibarra y Ortiz.
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Misiones: propusieron controles por el atropellamiento de fauna
Proponen instalar puestos de control para evitar el atropellamiento de fauna
Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
La muerte de animales por atropellamiento es una constante en las noticias de la provincia de Misiones, que ha sido ratificada como “Capital de la Biodiversidad”. Ante esto, y en busca de una solución para este problema, el diputado por el Partido Agrario y Social (Pays), Isaac Lenguaza, elevó a la Cámara de Representantes una propuesta con la que impulsa la instalación de puestos de control en áreas protegida, para poder regular así la velocidad de los vehículos en la zona. Se trata de "una solución efectiva y al alcance de la provincia", asegura el Legislador.
En Misiones más de 3.000 animales mueren por año solo en la zona norte de la provincia debido al exceso de velocidad de los vehículos, según datos de las organizaciones ambientales y de protección animal. Estas Organizaciones sostienen que nuestra provincia encabeza el ranking de animales muertos en las rutas, un triste podio que echa por tierra el esfuerzo que realiza la provincia para seguir ampliando el número de hectáreas que ingresan al Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP) creado por Ley Provincial XVI-Nº 29 según explica la fundamentación del proyecto presentado el 3 de julio del 2018.
Por ello, entre los proyectos presentados en el periodo legislativo pasado, Lenguaza propuso un “Programa provincial de prevención del atropellamiento de fauna silvestre en áreas naturales protegidas”. Este establece que en las rutas provinciales que atraviesen por áreas protegidas la instalación de Garitas de control de ingreso y egreso. Allí personal de Guardaparques durante las 24 horas controlará el ingreso de los vehículos y se hará entrega de una tarjeta de control donde se detallará hora de ingreso, datos del vehículo y de los ocupantes.
En las casillas ubicadas en la salida o finalización de las áreas protegidas, los agentes podrán proceder a la revisación de los vehículos con el objetivo de controlar el posible transporte de animales silvestres o sus subproductos (carne, cuero, pieles, plumas, etc.), el transporte de flora silvestre y/o subproductos de la misma, y/o el transporte de armas de caza, trampas, redes de pesca, espineles.
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Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
La muerte de animales por atropellamiento es una constante en las noticias de la provincia de Misiones, que ha sido ratificada como “Capital de la Biodiversidad”. Ante esto, y en busca de una solución para este problema, el diputado por el Partido Agrario y Social (Pays), Isaac Lenguaza, elevó a la Cámara de Representantes una propuesta con la que impulsa la instalación de puestos de control en áreas protegida, para poder regular así la velocidad de los vehículos en la zona. Se trata de "una solución efectiva y al alcance de la provincia", asegura el Legislador.
En Misiones más de 3.000 animales mueren por año solo en la zona norte de la provincia debido al exceso de velocidad de los vehículos, según datos de las organizaciones ambientales y de protección animal. Estas Organizaciones sostienen que nuestra provincia encabeza el ranking de animales muertos en las rutas, un triste podio que echa por tierra el esfuerzo que realiza la provincia para seguir ampliando el número de hectáreas que ingresan al Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP) creado por Ley Provincial XVI-Nº 29 según explica la fundamentación del proyecto presentado el 3 de julio del 2018.
Por ello, entre los proyectos presentados en el periodo legislativo pasado, Lenguaza propuso un “Programa provincial de prevención del atropellamiento de fauna silvestre en áreas naturales protegidas”. Este establece que en las rutas provinciales que atraviesen por áreas protegidas la instalación de Garitas de control de ingreso y egreso. Allí personal de Guardaparques durante las 24 horas controlará el ingreso de los vehículos y se hará entrega de una tarjeta de control donde se detallará hora de ingreso, datos del vehículo y de los ocupantes.
En las casillas ubicadas en la salida o finalización de las áreas protegidas, los agentes podrán proceder a la revisación de los vehículos con el objetivo de controlar el posible transporte de animales silvestres o sus subproductos (carne, cuero, pieles, plumas, etc.), el transporte de flora silvestre y/o subproductos de la misma, y/o el transporte de armas de caza, trampas, redes de pesca, espineles.
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Las colas o desechos mineros ahora preocupan en el país
La tragedia minera de Brasil preocupa ahora a las provincias argentinas
Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: grupolaprovincia.com
Provincia/Región: Nacional
El control de la contaminación generada por las colas o desechos mineros provenientes de los complejos productores de uranio constituye uno de las realidades ambientales más preocupantes en las provincias de Mendoza, de Córdoba y también lo será en Formosa en cuanto se ponga en marcha la Nueva Planta de Uranio
Esos pasivos ambientales no pasan inadvertidos ante los ojos de una sociedad más exigente y consciente de que el cuidado de los recursos naturales exige involucrarse y participar. El derecho a la participación ciudadana es fundamental e inherente a nuestra Constitución Nacional, otorgando a la ciudadanía el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchados por las autoridades públicas, de manera que las apreciaciones sean incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones
De esta manera, la participación ciudadana termina siendo una herramienta trascendental para la protección del ambiente, como así también para lograr el intercambio y la armonía entre la ciudadanía y el Estado, puesto que su principal objetivo es garantizar la comunicación entre los vecinos y las autoridades de manera eficaz y transparente
Convocada por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, se realizó la semana pasada la Audiencia Pública con la presencia de más de 500 personas y alrededor de 80 oradores que dieron a conocer su posición ante la "Manifestación General de Impacto Ambiental" del proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). Un tema que no fue resuelto en 25 años. Los mendocinos se han mostrado muy activos ante la convocatoria de la actual gestión provincial que busca solucionar esta postergada situación. En simultáneo, aún permanecen frescas en las retinas las imágenes con las terribles consecuencias de la tragedia de Brumadinho, en Brasil, que dejó como saldo 150 muertos, 182 desaparecidos, el río Paraopeba contaminado, un pueblo entero arrasado y cerca de un millar de personas que han sido evacuadas de las inmediaciones de dos presas del estado de Minas Gerais por temor a nuevos derrumbes. En ese contexto de la minería regional, resulta de público conocimiento que la provincia solicitó en reiteradas gestiones a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la remediación ambiental de los residuos contaminantes que se generaron durante los años de operación de la planta y, cumpliendo con los procedimientos correspondientes previos a una Declaración de Impacto Ambiental. La Ley Nacional N° 24804 que regula toda la actividad nuclear en Argentina indica que un Complejo Minero Fabril como el de Sierra Pintada, debe tener el mismo nivel de seguridad que una Central Nuclear. Cosa que no sucedió. En el año 2011, se produjo un evento que consistió en la rotura de una membrana geo-textil que impermeabilizaba un importante dique destinado a confinar efluentes líquidos contaminados. Allí hubo un derrame de líquidos y este hecho fue catalogado por autoridades locales de CNEA como un "atentado o sabotaje". Por ello tomó intervención el Juzgado Federal de San Rafael conjuntamente con el Fiscal Federal. El otro episodio más complejo tuvo lugar en 2013, cuando se produjo un desborde de líquidos contaminados que llegaron al Arroyo El Tigre y posteriormente al Río Diamante. Este hecho fue detectado por inspectores de Irrigación, a través de la División Policía del Agua, derivando en una multa pecuniaria. Aquí cabe señalar, y de acuerdo a lo indicado por Irrigación en la citada Resolución, se intentó "ocultar" este evento por parte de la CNEA. El hecho derivó en una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de San Rafael, por parte del entonces senador nacional Ernesto Sanz conocedor de la problemática dado que fue intendente de dicha ciudad entre 1999 y 2003.. Desechos y líquidos ácidos.. El Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR), primer eslabón del ciclo de combustible nuclear, operó desde mediados de los años 70 hasta 1997, obteniéndose durante dicho período 1.600 toneladas de uranio. A mediados de los años 90 como consecuencia de los muy bajos precios del concentrado de uranio en el mercado internacional y los elevados costos internos, Sierra Pintada detuvo su producción. Durante esos años, se generaron residuos producto de la actividad minera y de la concentración de mineral, a causa de la extracción a cielo abierto del mineral de uranio. Durante estas actividades se fueron generando canteras agotadas, rocas estériles y mineral marginal -rocas con bajo contenido de uranio-
Actualmente, en los huecos de las canteras ingresa agua de lluvia y subterránea que, al estar en contacto con zonas mineralizadas naturalmente, cambian su composición originando lo que se denomina agua de cantera. Una vez que el mineral fue extraído de las canteras, se procesó en la planta para separar el uranio de las rocas. Durante esta etapa se produjeron colas de mineral, precipitados -producto de la neutralización de los efluentes de planta- y desechos mineros. Es decir, los residuos generados por la actividad de la planta de concentración de mineral, y en existencia en el Complejo son: las colas de tratamiento y los lodos de precipitación. La planta de concentración, durante su operación, también generó como residuo efluentes líquidos ácidos, los que eran neutralizados con cal y evaporados en diques impermeables
En su propuesta ante los vecinos la CNEA expresó cómo se incluirían actividades para la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del 90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio es de 14 mil kilos. En esta Audiencia Pública, la Comisión Nacional de Energía Atómica, presentó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, el proyecto "Manifestación general de impacto ambiental". Para ello, explicaron que se actualizó el estudio de impacto ambiental y el dictamen técnico fue hecho por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo) con la participación de técnicos y expertos de la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Minería, el Departamento General de Irrigación y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Las medidas propuestas remiten a la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales. Por eso, más allá del amplio reconocimiento y las buenas intenciones de las Audiencias Públicas en términos políticos y su incorporación como instrumento obligatorio para la aprobación de proyectos susceptibles de dañar al ambiente en Argentina, sabemos que, algunos casos, presentan defectos y otras veces no resulta eficaz para integrar mejoras ambientales a las que aspiramos para las presentes y futuras generaciones. Ojalá que no sea este el caso. (*) (Noticias Argentinas)
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Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: grupolaprovincia.com
Provincia/Región: Nacional
El control de la contaminación generada por las colas o desechos mineros provenientes de los complejos productores de uranio constituye uno de las realidades ambientales más preocupantes en las provincias de Mendoza, de Córdoba y también lo será en Formosa en cuanto se ponga en marcha la Nueva Planta de Uranio
Esos pasivos ambientales no pasan inadvertidos ante los ojos de una sociedad más exigente y consciente de que el cuidado de los recursos naturales exige involucrarse y participar. El derecho a la participación ciudadana es fundamental e inherente a nuestra Constitución Nacional, otorgando a la ciudadanía el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchados por las autoridades públicas, de manera que las apreciaciones sean incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones
De esta manera, la participación ciudadana termina siendo una herramienta trascendental para la protección del ambiente, como así también para lograr el intercambio y la armonía entre la ciudadanía y el Estado, puesto que su principal objetivo es garantizar la comunicación entre los vecinos y las autoridades de manera eficaz y transparente
Convocada por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, se realizó la semana pasada la Audiencia Pública con la presencia de más de 500 personas y alrededor de 80 oradores que dieron a conocer su posición ante la "Manifestación General de Impacto Ambiental" del proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). Un tema que no fue resuelto en 25 años. Los mendocinos se han mostrado muy activos ante la convocatoria de la actual gestión provincial que busca solucionar esta postergada situación. En simultáneo, aún permanecen frescas en las retinas las imágenes con las terribles consecuencias de la tragedia de Brumadinho, en Brasil, que dejó como saldo 150 muertos, 182 desaparecidos, el río Paraopeba contaminado, un pueblo entero arrasado y cerca de un millar de personas que han sido evacuadas de las inmediaciones de dos presas del estado de Minas Gerais por temor a nuevos derrumbes. En ese contexto de la minería regional, resulta de público conocimiento que la provincia solicitó en reiteradas gestiones a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la remediación ambiental de los residuos contaminantes que se generaron durante los años de operación de la planta y, cumpliendo con los procedimientos correspondientes previos a una Declaración de Impacto Ambiental. La Ley Nacional N° 24804 que regula toda la actividad nuclear en Argentina indica que un Complejo Minero Fabril como el de Sierra Pintada, debe tener el mismo nivel de seguridad que una Central Nuclear. Cosa que no sucedió. En el año 2011, se produjo un evento que consistió en la rotura de una membrana geo-textil que impermeabilizaba un importante dique destinado a confinar efluentes líquidos contaminados. Allí hubo un derrame de líquidos y este hecho fue catalogado por autoridades locales de CNEA como un "atentado o sabotaje". Por ello tomó intervención el Juzgado Federal de San Rafael conjuntamente con el Fiscal Federal. El otro episodio más complejo tuvo lugar en 2013, cuando se produjo un desborde de líquidos contaminados que llegaron al Arroyo El Tigre y posteriormente al Río Diamante. Este hecho fue detectado por inspectores de Irrigación, a través de la División Policía del Agua, derivando en una multa pecuniaria. Aquí cabe señalar, y de acuerdo a lo indicado por Irrigación en la citada Resolución, se intentó "ocultar" este evento por parte de la CNEA. El hecho derivó en una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de San Rafael, por parte del entonces senador nacional Ernesto Sanz conocedor de la problemática dado que fue intendente de dicha ciudad entre 1999 y 2003.. Desechos y líquidos ácidos.. El Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR), primer eslabón del ciclo de combustible nuclear, operó desde mediados de los años 70 hasta 1997, obteniéndose durante dicho período 1.600 toneladas de uranio. A mediados de los años 90 como consecuencia de los muy bajos precios del concentrado de uranio en el mercado internacional y los elevados costos internos, Sierra Pintada detuvo su producción. Durante esos años, se generaron residuos producto de la actividad minera y de la concentración de mineral, a causa de la extracción a cielo abierto del mineral de uranio. Durante estas actividades se fueron generando canteras agotadas, rocas estériles y mineral marginal -rocas con bajo contenido de uranio-
Actualmente, en los huecos de las canteras ingresa agua de lluvia y subterránea que, al estar en contacto con zonas mineralizadas naturalmente, cambian su composición originando lo que se denomina agua de cantera. Una vez que el mineral fue extraído de las canteras, se procesó en la planta para separar el uranio de las rocas. Durante esta etapa se produjeron colas de mineral, precipitados -producto de la neutralización de los efluentes de planta- y desechos mineros. Es decir, los residuos generados por la actividad de la planta de concentración de mineral, y en existencia en el Complejo son: las colas de tratamiento y los lodos de precipitación. La planta de concentración, durante su operación, también generó como residuo efluentes líquidos ácidos, los que eran neutralizados con cal y evaporados en diques impermeables
En su propuesta ante los vecinos la CNEA expresó cómo se incluirían actividades para la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del 90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio es de 14 mil kilos. En esta Audiencia Pública, la Comisión Nacional de Energía Atómica, presentó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, el proyecto "Manifestación general de impacto ambiental". Para ello, explicaron que se actualizó el estudio de impacto ambiental y el dictamen técnico fue hecho por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo) con la participación de técnicos y expertos de la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Minería, el Departamento General de Irrigación y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Las medidas propuestas remiten a la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales. Por eso, más allá del amplio reconocimiento y las buenas intenciones de las Audiencias Públicas en términos políticos y su incorporación como instrumento obligatorio para la aprobación de proyectos susceptibles de dañar al ambiente en Argentina, sabemos que, algunos casos, presentan defectos y otras veces no resulta eficaz para integrar mejoras ambientales a las que aspiramos para las presentes y futuras generaciones. Ojalá que no sea este el caso. (*) (Noticias Argentinas)
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Córdoba impulsa el autoconsumo de energía
Reducción de impuestos para quienes instalen paneles solares en su casa
Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia dio a conocer los beneficios fiscales para quienes se sumen al régimen de generación distribuida de energía. Este ahorro se sumará a la reducción que verán en la factura de luz. La contra: los equipos son caros.
El Gobierno provincial dio a conocer el decreto en el que fija los beneficios fiscales a los usuarios que se sumen al régimen de generación distribuida de energía.
Son reducciones en los impuestos inmobiliario, a los ingresos brutos y a los sellos tanto a usuarios residenciales como también a Pymes.
Inmobiliario. El descuento para los usuarios generadores podrá ser de hasta el 20 por ciento. En este caso como en los otros beneficios fiscales la autoridad de aplicación fijará una escala de porcentajes según los distintos niveles de usuario-generadores. Además, todos los beneficios fiscales tendrán una vigencia de cinco años.
Ingresos brutos. Los usuario-generadores podrán recibir una reducción de hasta el cinco por ciento en este impuesto. Además, la inyección de energía eléctrica al sistema de distribución que gestionan Epec y las cooperativas estará exenta de pagar esta alícuota siempre que no se exceda una determinada cantidad de kilovatios.
Sellos. Quedarán eximidos del pago de este impuesto todos los actos, contratos y/o instrumentos necesarios para la tramitación de la adhesión al régimen de generación eléctrica distribuida.
Otros detalles
El anexo fija tres categorías de usuario-generador según la cantidad de energía que generen. Los pequeños, hasta 3 kW; medianos de 3 a 300 kW y grandes, de 300 kW hasta 2MW.
El distribuidor (Epec o las cooperativas) deberán responder en un plazo de tres días hábiles cualquier solicitud de un usuario para sumarse a este régimen.
Si se lo autoriza, se expedirá un certificado y el distribuidor deberá colocar un medidor bidireccional para poder computar la energía que consume y la que eventualmente inyectare al sistema.
Vender energía
Esta energía que inyecte al sistema será el excedente que se genere luego de atender su propio consumo.
Ese excedente se pagará al valor que tiene el kW en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el momento de la inyección al sistema.
En la factura se realizará un balance de facturación. Es decir, al monto que la distribuidora le cobra por su consumo se le restará el monto de dinero que le pagará por la energía inyectada al sistema.
En un informe de este diario, varios expertos señalaron que esta forma de compensación no sería muy conveniente para los usuarios residenciales que decidan instalar paneles solares y no tengan sus mayores consumos en lo momentos de generación (entre las 10 y las 18 horas).
Sin embargo, la generación distribuida, por utilizar fuentes renovables, sí ayuda a reducir las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático.
Buena parte de la electricidad del país se produce por la quema de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) que producen estos gases.
Créditos para equipos
Otro problema con la implementación de paneles solares es un gran costo inicial. En este sentido, el gobernador Juan Schiaretti anuncio la implementación de un sistema de créditos blandos para la compra de estos equipos. Este programa contará con fondos por 600 millones de pesos.
Según detalló Schiaretti durante el inicio de la sesiones de la Legislatura, será créditos de cinco y siete años, con dos años de gracias y con un tope en la tasa de interés.
Estos beneficios se podrán sumar a los que disponga la Nación a través del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis).
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Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia dio a conocer los beneficios fiscales para quienes se sumen al régimen de generación distribuida de energía. Este ahorro se sumará a la reducción que verán en la factura de luz. La contra: los equipos son caros.
El Gobierno provincial dio a conocer el decreto en el que fija los beneficios fiscales a los usuarios que se sumen al régimen de generación distribuida de energía.
Son reducciones en los impuestos inmobiliario, a los ingresos brutos y a los sellos tanto a usuarios residenciales como también a Pymes.
Inmobiliario. El descuento para los usuarios generadores podrá ser de hasta el 20 por ciento. En este caso como en los otros beneficios fiscales la autoridad de aplicación fijará una escala de porcentajes según los distintos niveles de usuario-generadores. Además, todos los beneficios fiscales tendrán una vigencia de cinco años.
Ingresos brutos. Los usuario-generadores podrán recibir una reducción de hasta el cinco por ciento en este impuesto. Además, la inyección de energía eléctrica al sistema de distribución que gestionan Epec y las cooperativas estará exenta de pagar esta alícuota siempre que no se exceda una determinada cantidad de kilovatios.
Sellos. Quedarán eximidos del pago de este impuesto todos los actos, contratos y/o instrumentos necesarios para la tramitación de la adhesión al régimen de generación eléctrica distribuida.
Otros detalles
El anexo fija tres categorías de usuario-generador según la cantidad de energía que generen. Los pequeños, hasta 3 kW; medianos de 3 a 300 kW y grandes, de 300 kW hasta 2MW.
El distribuidor (Epec o las cooperativas) deberán responder en un plazo de tres días hábiles cualquier solicitud de un usuario para sumarse a este régimen.
Si se lo autoriza, se expedirá un certificado y el distribuidor deberá colocar un medidor bidireccional para poder computar la energía que consume y la que eventualmente inyectare al sistema.
Vender energía
Esta energía que inyecte al sistema será el excedente que se genere luego de atender su propio consumo.
Ese excedente se pagará al valor que tiene el kW en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el momento de la inyección al sistema.
En la factura se realizará un balance de facturación. Es decir, al monto que la distribuidora le cobra por su consumo se le restará el monto de dinero que le pagará por la energía inyectada al sistema.
En un informe de este diario, varios expertos señalaron que esta forma de compensación no sería muy conveniente para los usuarios residenciales que decidan instalar paneles solares y no tengan sus mayores consumos en lo momentos de generación (entre las 10 y las 18 horas).
Sin embargo, la generación distribuida, por utilizar fuentes renovables, sí ayuda a reducir las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático.
Buena parte de la electricidad del país se produce por la quema de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) que producen estos gases.
Créditos para equipos
Otro problema con la implementación de paneles solares es un gran costo inicial. En este sentido, el gobernador Juan Schiaretti anuncio la implementación de un sistema de créditos blandos para la compra de estos equipos. Este programa contará con fondos por 600 millones de pesos.
Según detalló Schiaretti durante el inicio de la sesiones de la Legislatura, será créditos de cinco y siete años, con dos años de gracias y con un tope en la tasa de interés.
Estos beneficios se podrán sumar a los que disponga la Nación a través del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis).
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La 7.722 mendocina nuevamente en la Corte Suprema
El reclamo por la 7.722 llegó a la Corte de la Nación
Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Doce años después de su sanción, la ley “antiminera” (7.722), sigue dando que hablar en el ámbito de la actividad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad presentada en 2007 por la minera San Jorge deberá ser analizada por la Corte Suprema de la Nación, que deberá decidir si acepta revisar la norma que el tribunal local declaró constitucional.
La minera San Jorge, cuyo proyecto de extraer oro y cobre en Uspallata quedó trunco desde el 2008, presentó un recurso extraordinario federal para habilitar una revisión en la Corte Suprema de la Nación. Esa acción había sido rechazada, sin embargo tras un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema, el caso tomará relevancia nacional.
Teniendo en cuenta que en Mendoza la norma fue declarara constitucional por el máximo tribunal local, la Corte Suprema es la última instancia que tienen la empresas para reclamar.
Según explicó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez, el máximo tribunal local “no tiene nada más que hacer porque resolvió a favor de la ley”, explicó. Es por eso que para que la causa quede en manos de la nación, la Suprema Corte debe remitirle los antecedentes para que decidan si se abocarán a una revisión de la ley o no.
Hay que recordar que en 2015, el máximo tribunal local ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Entre los planteos que hizo San Jorge para pedir la inconstitucionalidad están los primeros artículos de la ley entre los que se prohíbe el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera metalífera. Además cuestionaron la exigencia de la adecuación de las actividades en curso a las nuevas disposiciones de la 7.722 y la intervención del Poder Legislativo para la ratificación posterior de la Declaración de Impacto Ambiental.
Tras el rechazo que generó el proyecto, los accionistas de la empresa en 2016 presentaron otro plan alternativa para extraer el cobre y el oro en Mendoza pero luego trasladarlo y procesarlo en San Juan. En 2017 el gobierno resolvió rechazar el informe de impacto ambiental de San Jorge y según manifestó Rodríguez el año pasado presentaron un nuevo informe.
Nuevo estudio de impacto ambiental
Sobre el caso de San Jorge, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con mejoras respecto del anterior que había sido rechazado.
Ahora la tarea del Ejecutivo es estudiar la manera en que se va a analizar la información y este proceso tendrá al menos una demora de seis meses.
En cuanto al proyecto de la minera, se apunta a la extracción y procesamiento en la provincia a través del proceso de flotación, que no utiliza ácido sulfúrico, cianuro, ni mercurio ni sustancias tóxicas. En total la inversión prevista es de 600 millones de dólares.
“Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental y se resolverá la evaluación que se le dará al estudio cumpliendo leyes y decretos”, concluyó Guiñazú.
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Fecha de Publicación: 21/02/2019
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Doce años después de su sanción, la ley “antiminera” (7.722), sigue dando que hablar en el ámbito de la actividad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad presentada en 2007 por la minera San Jorge deberá ser analizada por la Corte Suprema de la Nación, que deberá decidir si acepta revisar la norma que el tribunal local declaró constitucional.
La minera San Jorge, cuyo proyecto de extraer oro y cobre en Uspallata quedó trunco desde el 2008, presentó un recurso extraordinario federal para habilitar una revisión en la Corte Suprema de la Nación. Esa acción había sido rechazada, sin embargo tras un nuevo recurso de queja en la Corte Suprema, el caso tomará relevancia nacional.
Teniendo en cuenta que en Mendoza la norma fue declarara constitucional por el máximo tribunal local, la Corte Suprema es la última instancia que tienen la empresas para reclamar.
Según explicó el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM), Raúl Rodríguez, el máximo tribunal local “no tiene nada más que hacer porque resolvió a favor de la ley”, explicó. Es por eso que para que la causa quede en manos de la nación, la Suprema Corte debe remitirle los antecedentes para que decidan si se abocarán a una revisión de la ley o no.
Hay que recordar que en 2015, el máximo tribunal local ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Entre los planteos que hizo San Jorge para pedir la inconstitucionalidad están los primeros artículos de la ley entre los que se prohíbe el empleo de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad minera metalífera. Además cuestionaron la exigencia de la adecuación de las actividades en curso a las nuevas disposiciones de la 7.722 y la intervención del Poder Legislativo para la ratificación posterior de la Declaración de Impacto Ambiental.
Tras el rechazo que generó el proyecto, los accionistas de la empresa en 2016 presentaron otro plan alternativa para extraer el cobre y el oro en Mendoza pero luego trasladarlo y procesarlo en San Juan. En 2017 el gobierno resolvió rechazar el informe de impacto ambiental de San Jorge y según manifestó Rodríguez el año pasado presentaron un nuevo informe.
Nuevo estudio de impacto ambiental
Sobre el caso de San Jorge, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con mejoras respecto del anterior que había sido rechazado.
Ahora la tarea del Ejecutivo es estudiar la manera en que se va a analizar la información y este proceso tendrá al menos una demora de seis meses.
En cuanto al proyecto de la minera, se apunta a la extracción y procesamiento en la provincia a través del proceso de flotación, que no utiliza ácido sulfúrico, cianuro, ni mercurio ni sustancias tóxicas. En total la inversión prevista es de 600 millones de dólares.
“Presentaron el nuevo estudio de impacto ambiental y se resolverá la evaluación que se le dará al estudio cumpliendo leyes y decretos”, concluyó Guiñazú.
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