Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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Fuertes contrapuntos en la oposición por la modificación a la Ley de Glaciares que pretende hacer el Gobierno

Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Portal ElParlamentario
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas. Ya se había intentado introducir estos cambios con la Ley Bases. 
El Gobierno nacional continúa con su política alejada de la cuestión ambiental y anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas, algo que ya había intentado introducir en la Ley Bases.
La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.
El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.
Al trascender estas informaciones, diputados opositores dividieron las opiniones al respecto. En contra de ello, se expresó el diputado nacional y presidente de la CC Maximiliano Ferraro quien exigió: “LOS GLACIARES NO SE TOCAN”.
Ferraro explicó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) es “lo que no pudo aprobar en el primer intento de la Ley Bases, ahora se intenta imponer por la fuerza de un decreto presidencial”, y alertó que “es un intento escandaloso de retroceso ambiental, sin debate democrático, y con un solo objetivo: facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles para beneficio del negocio minero”.
“No se trata de una actualización técnica ni de una mejora legislativa. Se trata de desproteger glaciares y ambientes periglaciares que hoy están preservados, reescribiendo la definición misma de qué debe ser protegido. Se trata de permitir la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, violando abiertamente el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina y en plena vigencia”, denunció el diputado de la CC.
Así, enumeró que el Gobierno busca: “Recortar la definición de glaciar, dejando afuera formaciones pequeñas pero esenciales, incluso si ya están relevadas por el Inventario Nacional. Condicionar la protección a criterios arbitrarios y discrecionales, como una supuesta “función hídrica efectiva y relevante”, desconociendo la integralidad ecosistémica. Habilitar la intervención sobre el ambiente periglacial, zona vital como reguladora hídrica, reserva de agua dulce y barrera climática”.
“Este decreto no solo contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que responde a los intereses históricos que han buscado durante años remover los límites que impone la Ley de Glaciares. Hoy lo intenta por la ventana del decreto, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar consecuencias socioambientales”, señaló Ferraro.
El presidente de la Coalición Cívica indicó que “en un contexto de crisis climática, sequías extremas, pérdida acelerada de ecosistemas y contaminación de nuestras fuentes de agua, no podemos tomarlo a la ligera.  Advertimos que cualquier modificación regresiva a la Ley de Glaciares, y más aún por decreto, es inconstitucional”, e instó a rechazar en ambas Cámaras el DNU. “Un ejemplo más de por qué debe modificarse la ley 26.122, violatoria de la división de poderes, que permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso debería aprobar con el voto de ambas Cámaras”, planteó.
“No pudo el kirchnerismo cuando Cristina Kirchner vetó la ley en 2010, y tampoco podrán ahora. Los glaciares no se tocan. El agua no se negocia”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada nacional Graciela Camaño: “Sin dudas la ignorancia los llevará a cometer otro acto legislativo inconstitucional. La modificación por decreto de la Ley de Glaciares responde a la voracidad de las empresas mineras que pretenden los ambientes periglaciares, empresas que han tenido durante 30 años régimen de subvenciones impositivas, y que ahora tienen RIGI por 40 años. Es interesante ver el deterioro económico, fiscal y social del país en el periodo”, denunció.
“Lo que quizá no sepa el gobierno es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación referencia decisiones importantes en 3 oportunidades en el Principio pro Aqua y el Principio pro Naturaleza, motivo por el cual y en virtud de la Constitución Nacional acudiremos a la justicia para su impugnación en caso que se emitan los decretos”, anticipó.

Desde el Pro respaldan al Gobierno
De la vereda de enfrente, una diputada del Pro salió a respaldar la decisión del oficialismo. Se trata de Florencia De Sensi, que responde a Cristian Ritondo, quien celebró la modificación de la reglamentación de los glaciares porque “la normativa actual frena inversiones incluso en zonas sin función hídrica relevante. Eso no protege el ambiente: bloquea proyectos clave y empleo formal en provincias con alto potencial productivo”.
“La nueva regulación va a definir con más claridad técnica qué áreas deben cuidarse, mantener los estudios de impacto ambiental y respetar el inventario nacional”, consideró y sumó: “Dicho simple: se corrige una regulación exagerada que venía frenando el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita. Este es el camino a seguir”.
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Decreto presidencial modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas de explotación

Fecha de Publicación: 10/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El decreto tiene como fin instalar industrias mineras o hidrocarburíferas en las actuales zonas protegidas. 
A través de un decreto, el Gobierno modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas de explotación. La norma 26.639 fija las regulaciones para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. La decisión se fundamenta en brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que se instalen en estos territorios.
El decreto busca la reducción de zonas protegidas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica. Según confirmó TN, apunta también a darle atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias. 
Ante las críticas de los sectores ambientalistas, el oficialismo aseguró que exigirá informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Además, mantendrán el marco de restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos. Las regulaciones actuales contemplan multas, suspensiones y el cese definitivo de la actividad.
En una reunión entre el Ministerio de Economía, encargado de proponer la medida, la secretaria de Energia, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energia y Mineria, Daniel Gonzalez, y de los equipos técnico de la Casa Rosada, confirmaron que estudian nuevas medidas para promover las inversiones. 
Las modificaciones de esta disposición ya habían sido impulsadas en las primeras versiones de la ley de Bases. El Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por no tener apoyo legislativo.
En su momento, la iniciativa provocó advertencias en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo” y expresó que podría afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”. 

Explotación en la zona periglaciar
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, fallo en el que marcaba que la responsabilidad en su protección es compartida entre Nación y las provincias. La norma establece la obligación de realizar estudios y monitoreos para evaluar el impacto de las actividades en los glaciares y el ambiente periglacial. 
También establece la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta fundamental para la recopilación de información y el monitoreo de estos cuerpos de hielo. Al mismo tiempo, estuvo involucrada en disputas relacionadas con la megaminería y sectores que limitan la protección de los glaciares para permitir la actividad minera.
Así, el Gobierno nacional, bajo el argumento de promover y “cuidar las inversiones extranjeras” busca modificar la norma. “Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, explicó la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker. 
Las zonas periglaciares son zonas montañosas con suelos congelados. “Son clave porque ahí se conserva mucha agua”, comunicó Becker. "En Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más", informó.
"El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol. Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más", concluyó. 
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Los glaciares de Argentina están amenazados por decenas de proyectos mineros y retroceden

Fecha de Publicación: 22/03/2025
Fuente: Agencia EFE Verde
Provincia/Región: Nacional


Los glaciares en Argentina están en retroceso y bajo la amenaza de decenas de proyectos mineros, mientras que la protección de los campos de hielo se ve afectada por presupuestos y recursos humanos insuficientes.
De acuerdo a un inventario oficial hecho entre 2011 y 2018, ahora en actualización, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur. En total, cubren 8.484 kilómetros cuadrados.
En un informe presentado en diciembre pasado ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución.
El emblemático glaciar Perito Moreno -declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981- tuvo en los últimos siete años "un retroceso histórico, perdiendo en uno de sus frentes más de 700 metros", dijo a EFE Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Rossi Serra apuntó que publicaciones científicas han dado cuenta de que los glaciares del tramo norte de los Andes argentinos se redujeron alrededor de un 8 % en los últimos diez años.

Ley pionera pero con deudas
Argentina aprobó en 2010 una ley de protección de glaciares pionera en Latinoamérica.
Según Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la implementación de la ley tuvo algunos avances, como la confección del inventario de glaciares, pero hay "deudas pendientes", como la puesta en marcha de políticas efectivas de protección de los glaciares articuladas entre el Gobierno nacional y las provincias.
Rossi Serra también posa su mirada sobre las tareas de control y monitoreo ordenadas por la ley, limitadas por la "falta de recursos financieros y de recursos humanos".
Con todo, Gómez destacó a EFE que la ley de protección de glaciares "está en vigencia, a pesar de los diferentes ataques e intentos de reforma que sufrió".
El último de estos embates fue el año pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei intentó reformar la norma para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, lo que no prosperó por los contundentes reclamos de los ambientalistas.

Glaciares bajo amenaza
Rossi Serra remarcó que los glaciares conservan el 70 % del agua dulce del planeta, cumplen un rol fundamental de regulación de los ciclos hídricos y hay muchas comunidades que dependen del agua de deshielo para el consumo humano, riego y generación de energía.
Su importancia es tal que, para hacer evidente su valor y el peligro que corren, Naciones Unidas declaró 2025 como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares y estableció que cada 21 de marzo se celebre el Día Mundial de los Glaciares.
La minería sobre ambientes glaciales representa una amenaza directa.
En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.
En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.
Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los dos últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 311.
"Uno de estos proyectos es la mina de oro y plata Veladero, en la provincia de San Juan, que está operativa a pesar de que se encuentra sobre ambiente periglacial. Otros son Josemaría (yacimiento de cobre, oro y plata, también en San Juan), que está en exploración avanzada y que podría afectar ambiente periglacial, y Mara (cobre, oro uy plata), en la provincia de Catamarca", señaló Gómez.
Otro núcleo de proyectos que preocupa a los ecologistas es el Malargüe Distrito Minero Occidental, en la provincia de Mendoza (oeste). Allí se aprobaron en noviembre pasado 34 proyectos mineros y en breve podrían avalarse otros 27. Apenas dos fueron rechazados por estar sobre glaciares.
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Distrito Minero Malargüe: rechazaron dos de los 29 proyectos por la presencia de glaciares

Fecha de Publicación: 14/03/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Lo definió la evaluación de impacto ambiental sobre la segunda etapa. Los restantes 27 proyectos para explotar cobre tendrán continuidad y serán sometidos a una audiencia pública el próximo 12 de abril.
Como resultado de la evaluación de impacto ambiental, que mostró la presencia de glaciares en la zona, la Autoridad Ambiental Minera rechazó dos de los 29 proyectos de la segunda etapa del Distrito Minero Malargüe Occidental (MDMO). En tanto, los restantes 27 para explotar cobre serán sometidos para su consideración en una audiencia pública.
 La Autoridad Ambiental Minera evaluó las presentaciones realizadas por los técnicos de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental, y decidió rechazar la aprobación de informes de impacto ambiental de dos de los 29 proyectos que había presentado en primera instancia el proponente.
Tal como figura en las resoluciones 88 y 89 del Boletín Oficial de este miércoles, los proyectos rechazados son los denominados Piedras Verdes y MEL. Según los técnicos, se encuentran prácticamente ocupados por la presencia de cuerpos de glaciares inventariados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
"Se mantiene la recomendación de no aprobación del Informe de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad de Aplicación", define la normativa del Boletín Oficial.
En el caso de Piedras Verdes, un informe de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) concluyó que el área total presenta siete cuerpos glaciares identificados, que cubren 201 de las 505 hectáreas totales. Sumadas al área periglacial, terminan ocupando el 100% del terreno. Mientras que la zona de MEL está cubierta por 21 glaciares que ocupan gran parte del área.
“Esta decisión de la Autoridad Ambiental Minera coincide con los informes técnicos de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, que había recomendado la no aprobación de estos dos proyectos en particular”, destacó el director de Minería, Jerónimo Shantal. Y agregó: “Por más que el lugar del proponente hoy lo ocupe una empresa estatal, nuestro rol es el de controlar, y vamos a ser igual de rigurosos con todos”, concluyó.
Ahora, el siguiente paso será el envío de todo el expediente a los organismos sectoriales a los fines de que analicen toda la información de los 27 proyectos con continuidad y se manifiesten sobre las áreas de su competencia.
Entre los organismos se encuentran la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (Iadiza), el Ianigla, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Dirección de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación y las direcciones de Ganadería y de Planificación.
La fecha de audiencia pública quedó programada para el próximo sábado 12 de abril a las 9 en el Centro de Convenciones Thesaurus, en Malargüe. Habrá opción virtual para quienes no puedan asistir al lugar.
Allí, los participantes podrán analizar las evaluaciones de los informes de impacto ambiental correspondientes a los 27 proyectos de exploración minera en Malargüe, en cumplimiento con lo establecido por la ley N°5.961 y su decreto reglamentario N°820/06.
“La audiencia pública se realiza en cumplimiento de toda la normativa ambiental minera y la obligación de dar mayor participación ciudadana sobre la evaluación del informe de impacto ambiental”, destacó el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández.
Todas las personas que deseen participar en la audiencia pública pueden inscribirse a través de las páginas de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental hasta el 10 de abril a las 23.59.

La nota que no se dio en dos proyectos
A fines de febrero, la ministra de Energía Jimena Latorre dio explicaciones sobre los proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental 2 que estaban observados.
Dijo Latorre en aquella oportunidad, a radio Jornada: "Acá hay una alerta sobre que hay cosas que pueden estar mejor, y aunque quizás ese informe de la Universidad hubiera dado para obtener un 4 o un 6, la intención de la promoción de esta política minera es que se apruebe con un 8 o un 9".
"Dimos traslado al proponente para que trabaje en esa información y devolvérselo a la universidad para saber si es satisfactorio. Pero no queríamos empezar a arrastrar esas falencias o deficiencias cuando se puede trabajar al respecto", agregó.
Finalmente, lejos del aprobado, dos proyectos quedaron reprobados.
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Publicaron la actualización del Inventario Nacional de Glaciares

Fecha de Publicación: 08/01/2025
Fuente: Portal Unidiversidad
Provincia/Región: Nacional


Así lo determinó el Gobierno. Una causa judicial demoró la aprobación del documento. Comprende veintidós subcuencas ubicadas en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán.
Con demoras debido a una causa judicial en curso, el Gobierno nacional aprobó la publicación de la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, un trabajo científico clave realizado por el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), del CCT Conicet Mendoza, para cuidar esas reservas estratégicas de agua dulce.
La publicación del informe, que fue aprobada por la Vicejefatura de Gabinete del Interior a través de la resolución 142/2024, está disponible en el sitio del Inventario Nacional de Glaciares y es de libre acceso para la población.
El documento de actualización suma información a la existente desde 2018. Contempla las masas de hielo de la región de los Andes Desérticos (noreste argentino), que incluyen 22 subcuencas que se localizan en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán.

Proteger un recurso estratégico
El 30 de septiembre de 2010, el Congreso aprobó la Ley 26630, que prevé un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial. Se trata de una serie de pautas “mínimas” que deben respetar las provincias, que son las que tienen competencia sobre sus recursos naturales para proteger esas reservas estratégicas de agua dulce.
El artículo 5 de la norma estableció la realización del Inventario de Glaciares y del Ambiente Periglacial, y designó al Ianigla como el órgano científico responsable de realizarlo y actualizarlo cada cinco años, siempre con la coordinación de la autoridad de aplicación.
La ley, en su artículo 6, establece la prohibición de realizar algunas actividades en las zonas donde se encuentran los glaciares, con el objetivo de evitar que afecten su condición natural o que interfieran en su avance. Estas son: la construcción de obras (excepto las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos), la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.

Primera causa judicial
Luego de la aprobación de la ley, se abrieron dos causas judiciales. La primera la iniciaron las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A, junto con el gobierno de San Juan, que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 la rechazó. Sustentó su decisión en tres fundamentos: avaló la forma en que fue aprobada la norma, desestimó la acusación de que la Nación se hubiera excedido en el ejercicio de sus competencias sobre recursos naturales provinciales y determinó que ni las firmas ni el gobierno de San Juan demostraron que el sistema de preservación de los glaciares les generase algún tipo de daño en sus derechos. Esta decisión del máximo tribunal avaló la plena vigencia de la ley en todo el territorio nacional.

El informe
Un equipo de profesionales de Ianigla comenzó el relevamiento en 2012 a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y concluyó en 2018 un primer informe que se publicó con la aprobación del Gobierno. El documento relevó 16.968 cuerpos de hielo, que ocupan una superficie total de 8484 km², de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur.
El informe mostró que Mendoza se ubica en el segundo lugar en cuanto a la superficie de los glaciares de todo el país. Ocupan 1239 km² y 4172 cuerpos inventariados.

Segunda causa judicial
La segunda causa judicial la inició la Asamblea Jáchal No Se Toca, que cuestionó la metodología de elaboración del inventario. Su razonamiento fue que solo se incluyeron los glaciares de una hectárea de extensión en adelante, lo que dejó fuera los de menor superficie, lo que, según su punto de vista, posibilitó los derrames de solución cianurada que se produjeron en 2015 y 2016 en las minas Veladero y Pascua Lama que opera la Barrik Gold, porque los cuerpos de hielo eran más pequeños.
Luego de la denuncia, el equipo de Ianigla explicó que se incluyeron los cuerpos de hielo de una hectárea siguiendo un estándar internacional para este tipo de trabajo. Destacaron la necesidad de no confundir la Ley de Glaciares, que protege a todos los cuerpos de hielo, estén o no en el inventario, con ese trabajo que es una especie de mapa para saber dónde están y monitorear la situación de esas masas de hielo. Además, aclararon que integran un órgano científico, no de contralor de una actividad, tarea que está en mano de los gobiernos provinciales.
Pese a las explicaciones científicas, la causa avanzó en la Justicia Federal. Primero estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, que en 2007 imputó a quien era en ese momento el director del Ianigla, Ricardo Villalba, y a autoridades de Medio Ambiente de Nación. Ahora, a siete años de la denuncia, la causa está en manos de María Servini de Cubría y no tiene avances, salvo que solicitaron a los denunciados actualizar la lista de testigos.
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Minería advirtió al Ianigla por la presencia de glaciares en algunos de los nuevos proyectos de cobre

Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno quiere que el Ianigla ponga especial cuidado en determinadas zonas. Ahora comienza el proceso para habilitar, o no, nuevos pedidos de exploración
La Dirección de Minería de Mendoza observó esta semana particularidades en 29 proyectos nuevos que iniciaron el camino hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que los habilite a realizar exploración de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental.
En uno de ellos hizo especial hincapié por estar completamente cubierto de glaciares, lo que podría dificultar o impedir la actividad minera. Lo mismo sucedió en parte de otro, que está dividido en varias propiedades.
Estas evaluaciones en marcha responden a una segunda tanda de proyectos en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), que llega después de que los primeros 34 lograran la ratificación de la DIA en la Legislatura provincial y están prontos a iniciar las actividades de prospección para aprovechar la temporada veraniega.
Para seguir ese mismo camino y lograr la habilitación, tal como pasó con aquellos 34, propietarios de derechos mineros ubicados dentro del distrito se postularon para aprovechar el informe de impacto ambiental realizado por la firma GT Soluciones Integrales sobre toda la zona, a pedido de la empresa estatal Impulsa Mendoza SA.
Apenas comenzados los expedientes, el primer paso fue el informe técnico de la Dirección de Minería de Jerónimo Shantal; una revisión de cada uno de los proyectos con sugerencias y observaciones que los organismos sectoriales (como Ianigla, Iadiza, Irrigación, Patrimonio, Municipalidad, etcétera) deberán tener en cuenta en el paso siguiente, que es el de los dictámenes de cada uno de ellos, que luego se contemplan en la audiencia pública y la posterior aprobación o rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad minera de la Provincia.

Qué vio Minería en el informe ambiental y por qué la alerta al Ianigla
Según el informe técnico, Piedras Verdes, propiedad de la firma Agaucu, está completamente cubierto por glaciares por lo que se advirtió al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla- Conicet) que tenga especial consideración a la hora de analizarlo para el dictamen sectorial.
Lo mismo hizo en el caso de una de las propiedades mineras que forman parte del proyecto PAS, de SudFlow SAS, que ya tenía un viejo dictamen del Ianigla advirtiendo sobre la imposibilidad de realizar tareas en el área.
De los 29 totales, hay otros 14 proyectos en los que hay presencia de glaciares o cercanía con ellos, pero la Dirección de Minería les pidió a los expertos del Conicet que pongan el ojo principalmente en estos dos, porque sus condiciones difícilmente hagan posible la exploración anhelada en las zonas observadas.
Esto es porque, conforme recuerdan los informes de impacto ambiental de esos proyectos, existen las llamadas áreas de cautela sobre cada glaciar y además, las áreas de amortiguamiento que tienen un perímetro con radio no menor a los 500 metros alrededor de cada uno. Dentro de esas áreas protegidas "sólo se pueden realizar actividades científicas, a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglaciar".
La Dirección de Minería advirtió esa situación al revisar los proyectos y le tiró la pelota a los organismos sectoriales. Ahora, son ellos los que tienen hasta el martes 17 de diciembre para presentar sus dictámenes.
El proceso continuará recién el año próximo, con la audiencia pública convocada para principios de febrero. Y, después de ello, los expedientes volverán a manos de la Dirección de Minería (y de la Dirección de Protección ambiental) para la decisión administrativa final sobre la aprobación o no de cada una de las DIA.
Las aprobadas son las que pasarán luego a la Legislatura para su ratificación.

Las advertencias de la Dirección de Minería en los nuevos proyectos mineros
El informe técnico de la Dirección de Minería fue el paso previo y necesario para el inicio del proceso de Declaración de Impacto Ambiental, que quedó declarado el martes con las resoluciones 178/24 de la Dirección de Minería, y la 58/24 de la de Protección Ambiental.
Como decía, se realizó sobre 29 nuevos proyectos de exploración que se presentaron en el proceso que el Gobierno ha llamado como MDMO II. El proyecto que encabeza la petición de DIA es El Destino, propiedad de la firma canadiense Kobrea (que en total le compró 7 derechos a la minera Agaucu).
Para iniciar los estudios y avanzar en los trámites, los canadienses autorizaron por poder ser representados por la empresa estatal Impulsa Mendoza SA.
Además de El Destino, en esta etapa Kobrea va por la habilitación para la exploración de Cuprum y Sofi. Agaucu se quedó con el mencionado Piedras Verdes, con Tango, Sierra Azul y Tordillo; Raúl Concina –como particular, porque además es representante de Agaucu-, presentó Chamamé, Elisa, Excalibur, Pampa, Qatar y Titán. Silvia Marigliano es propietaria de los derechos de Lucero y SudFlow SAS, del proyecto PAS.
La Zubia tiene Malargüito; y Pampa Exploración, Clotilde y Villagra. Andean Exploration SA busca la DIA para otros cinco proyectos: Belluno, Benetto, Cateo 10, Mel y Roma; en tanto que, New Era Metals la busca para otros seis: Alicia de la Piedra, La Victoria, 14 de febrero, Huanquimileo, Mariano y Mercedes North.
Ingresados los expedientes, los técnicos dirigidos por Shantal hicieron sus observaciones y sacaron conclusiones sobre cada uno de los proyectos.
Algunos deben corregir coordenadas, otros tener en cuenta que se exceden de los límites del Distrito minero Malargüe Occidental; que están atravesados por rutas usadas para trasladar ganado; o que hay presencia de humedales o cavidades en el polígono.
Pero especialmente, lo que se procuró es transmitirle al Ianigla que “preste atención” a la presencia de cuerpos glaciares de diferentes tipos, glaciares y áreas de permafrost, es decir, capas de suelo que están congeladas.
“Según lo indicado en el Inventario Nacional de Glaciares, dentro de los límites de la propiedad minera, hay presencia de siete glaciares”, figura en el informe de impacto ambiental etapa exploración que preparó GT Ingeniería SA sobre Piedras Verdes.
De esos 7, tres son glaciares descubiertos, que ocupan una superficie de 58 hectáreas; otros dos son cubiertos con glaciar de escombros y ocupan 139 hectáreas; otro es un glaciar cubierto de 3,7 hectáreas y se observa un manchón de nieve de 0,6 hectáreas.
La primera conclusión de la Dirección de Minería sobre este proyecto en particular es contundente: “Resulta importante que el organismo dictaminador y los sectoriales, en particular, el Ianigla, presten especial atención a este proyecto minero, atento a que la superficie del pedimento está cubierta por 7 glaciares que ocupan casi la totalidad del mismo (sin considerar además el área periglaciar y de permafrost) y la alta probabilidad de existencia de humedales”.
Y además, concluyeron: “la Reserva Natural Laguna del Atuel se ubica a 1,37 km”.
También es directa la advertencia con relación al derecho minero Pehuenche, una de las tres propiedades que componen el proyecto PAS.
En este caso, en todo el área hay presencia de 11 cuerpos glaciares, pero la Dirección de Minería hizo foco especialmente en el expediente de Pehuenche, donde ya existe un dictamen previo del Ianigla "advirtiendo la presencia de glaciares y la imposibilidad de realizar tareas".
Según explicaron a Diario UNO desde Minería habrá que esperar las consideraciones de los expertos para poder tomar una decisión respecto de la viabilidad o no de una exploración en áreas con estas condiciones.
Y esto tiene que ver con uno de los puntos centrales que desde el gobierno de Alfredo Cornejo se intenta dejar en claro: "Estamos comprometidos en hacer minería sostenible y transparente, por eso los informes y esas conclusiones están a disposición, en la página de Minería", señaló Jerónimo Shantal en plena cumbre minera. Así, si los especialistas aconsejan no avanzar en ciertos polígonos, entonces no se permitirá.

Otros proyectos con glaciares
La Dirección de Minería pidió atención al Ianigla también en otros proyectos, aunque ya no con la misma preocupación.
En Chamamé hay presencia de 23 cuerpos glaciares y la probabilidad de permafrost y de humedales, por lo que también se advirtió al Iadiza.
En Sofi se pidió “especial atención a la presencia de 40 cuerpos glaciares de diferentes tipos y la presencia de permafrost. Además de la probabilidad de presencia de humedales”; y se señaló que la “Reserva Natural Provincial Laguna del Atuel, limita al sur con el proyecto”.
En Tordillo también destaca Minería que en especial Ianigla, Iadiza, Áreas Protegidas, Patrimonio y Dirección de Biodiversidad “deberán prestar especial atención a la presencia de un cuerpo glaciar, permafrost, probabilidad de humedales y 10 cavidades en la zona de buffer al proyecto”.
En el proyecto de exploración Villagra se aconseja “prestar atención a la presencia de un cuerpo glaciar en el área del proyecto y a la probabilidad de humedales”.
En el Mel, lo mismo por presencia de 21 cuerpos glaciares que ocupan gran parte del área, presencia de permafrost y la alta probabilidad de humedales.
En el proyecto Angélica, los organismos técnico- sectoriales deberán prestar especial atención a la presencia de 17 cuerpos glaciares y a la probabilidad de permafrost en la zona del proyecto. Además cuenta con la presencia de 1 ruta de trashumancia.
En éste las propiedades mineras sobrepasan levemente el límite del MDMO 2, por lo que Minería advirtió que “no toda el área del proyecto resulta aquí analizada, es decir, sólo se evalúan ambientalmente las propiedades que se encuentran dentro del área bajo análisis”.
En Malargüito, se pide prestar atención por la presencia de 3 glaciares y zonas de permafrost, así como a la presencia de humedales en el área del proyecto.
En las conclusiones de Minería sobre El Titán, se expresa que “se deberá prestar especial atención a la presencia en el área del proyecto de: 3 cuerpos glaciares, 2 rutas de trashumancia y la alta probabilidad de humedales”.
Excalibur, en tanto, deberá rectificar coordenadas, ya que el polígono sobrepasa levemente el límite del MDMO, y en el caso de glaciares, prestar atención a la presencia de uno.
Algo similar le pasa a Elisa, cuyo polígono sobrepasa levemente el límite del distrito minero, y tendrá que tener cuidado por la presencia de 8 glaciares en el área del proyecto.
Clotilde, por su parte, no cuenta con cuerpos glaciares dentro de su área pero sí a un kilómetro.
En tanto que el caso del proyecto Tango asoma como particular porque la mayor parte de sus propiedades mineras -Tango 1, Tango 2 y Tango 3- caen fuera de los límites del Distrito minero, y ha sido analizada por la consultora ambiental sólo la pequeña porción que cae dentro del mismo.
En caso de obtener la DIA, advierte Minería, ésta solo habilitará a los propietarios a realizar actividades dentro de las áreas estudiadas.
En lo que refiere a glaciares, dentro de esa zona analizada, existen 114 cuerpos glaciares de diferentes tipos y áreas de permafrost.
Otro que deberá corregir coordenadas es Cuprum, que sobrepasa el límite internacional con Chile. Además, deberá prestarse a la presencia de 27 glaciares y probable existencia de permafrost así como de humedales.
Igual es el caso de El Destino, el proyecto que encabeza el pedido de declaración ambiental, cuyo polígono abarca parte de Chile. Sobre los glaciares, se advierte la presencia de uno.
Sobre las diferencias de coordenadas que se dan en varios de los proyectos, la Dirección de Minería explicó que suelen darse por cuestiones de tipeo y de medición que resultan salvables.
Y que más allá de estas observaciones, especialmente dirigidas a los organismos sectoriales, todos los proyectos cumplieron con el resto de los requisitos para poder iniciar ese proceso de evaluación Ambiental.
Una vez concluidos los informes sector por sector, quedarán a disposición para que se desarrolle la audiencia pública. Realizadas o no las correcciones necesarias, volverán a la autoridad minera que será la que deba tomar la decisión respecto de la aprobación o no de cada una de las DIA.
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Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
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Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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