El arsénico corre como agua: 17 millones de argentinos están en riesgo

Fecha de Publicación: 29/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Un equipo de la Universidad Nacional de Rosario realizó un estudio que alerta sobre el consumo masivo de este contaminante. Provoca distintos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas y anomalías congénitas.
Más de 17 millones de personas en Argentina están expuestas al consumo de agua con arsénico, según reveló una investigación reciente que será publicada en la revista Water and Health (Agua y Salud). Por la dimensión del conflicto sanitario, Alejandro Oliva, el científico que lideró el trabajo, lo equipara “a una epidemia”. De hecho, se han realizado y actualmente se elaboran estudios que comprueban la conexión entre este contaminante y enfermedades como cáncer y Alzheimer. Con la información recopilada de 12 provincias, elaboraron un mapa que podría servir a la población como alarma y a los gobiernos como base de políticas públicas orientadas a frenar su impacto.
“Con este tema todos miran para el costado. Ya lo hemos conversado con diferentes ministerios provinciales y lo único que les preocupa es que esto no salga a la luz, porque deberían dar respuestas”, indica Oliva, responsable del Programa de Medio Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y autor del estudio. Luego continúa: “Si no se monta una vigilancia y se garantiza una seguridad hídrica que controle obligatoriamente lo que sucede, esto se volverá mucho más serio que cualquier problema de salud pública”.
El arsénico es un contaminante de origen natural que proviene de la erosión de las rocas en los acuíferos. Sin embargo, también se reporta, en menor medida, como el resultado de actividades humanas, vinculadas a procesos industriales como minería, fundición de metales y uso de pesticidas. Con el objetivo de conocer cuán contaminada está el agua que beben los argentinos, un equipo de científicos de la UNR decidió recopilar toda la información disponible y establecer un mapa.
En esta línea, utilizaron la información publicada y suministrada por 12 provincias que actualmente representan al 70 por ciento de la población total de Argentina. Y, en base al parámetro de la OMS --límite de 10 microgramos por litro de agua de consumo-- hallaron que más de 17 millones de individuos estaban expuestos al contaminante.
“Hay que tener en cuenta que otras 12 jurisdicciones no manejan información. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no aporta datos porque se supone que no hay arsénico en el agua que toman los porteños porque las bocas provienen del Río de La Plata. Sin embargo, no es tan así: hay zonas de la capital que están abastecidas de napas locales”.

Una cuestión de límites
A lo largo del tiempo, Argentina participó de una discusión internacional en torno a decidir qué nivel de arsénico podía considerarse un “límite”. Si para la Organización Mundial de la Salud, la máxima concentración permitida de este elemento en el agua potable es de 10 microgramos por litro (10 partes por billón), a nivel doméstico el Código Alimentario Argentino colocó la barrera más arriba y permitió la presencia de 50 microgramos por litro. De esta forma, por una actitud permisiva, se amplió la posibilidad de que una mayor proporción de la población afrontase los efectos de su consumo.
“En el pasado el límite era 50 microgramos por litro, porque era la cifra que servía para identificar el Hacre (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), una afección que afectaba la piel y que se reportaba en niños a principio de siglo. Se hicieron muchas investigaciones y las enfermedades conectadas con la presencia de arsénico en agua se ampliaron. Me refiero a cáncer, anomalías congénitas, problemas renales, de todo. Esto es: bastaba con una menor concentración del elemento para que las personas manifestaran enfermedades. La OMS emitió una alerta, lo bajo a 10 y la Comunidad Europea aceptó. Argentina adhirió a este nuevo consenso, pero en la práctica no pudo sostenerlo”.
Dos razones, cuenta Oliva, imposibilitaron la adecuación a la medida internacional por parte del territorio doméstico. Por un lado, en muchas comunidades había que hacer osmosis inversa, la metodología tradicional de remoción del arsénico, que es cara y consume mucha energía; y, por otro lado, un conflicto adicional: no se sabía muy bien qué hacer con el arsénico removido del agua. “Las comunidades manifestaron estos obstáculos y le pidieron al Estado que el límite fuera otro. Eso hizo que, finalmente, en el Código Alimentario se definiera en 50”. Hace seis años, el Conicet y el Instituto Nacional del Agua establecieron un comité para rever el asunto, aunque finalmente quedó en manos de un ente privado. “El estudio encargado, aunque exhaustivo, solo se limitó a revisar la situación en Provincia de Buenos Aires y no lo que sucedía en todo el país. Publicaron un trabajo, pero no se avanzó más allá”.
En el pasado, hubo intentos valiosos por parte de equipos científicos en Argentina de constituir un mapa de características similares. Sin embargo, para Oliva los ejemplos previos enfrentaban algunos problemas: por ejemplo, remitían a “valores aislados sin especificación de la población involucrada”. Así se llegaban a resultados considerables, pero que no hacían justicia a lo que sucedía en la realidad. Por ejemplo, hay trabajos que mencionan que el total de población expuesta en el país era de aproximadamente de 4 millones de habitantes, cuando desde la perspectiva de este grupo de la UNR la cifra es cuatro veces superior. Una de las diferencias puede estar en el modo en que se realizan las mediciones y los límites contemplados en uno y otro caso.

Un problema de 100 años
La exposición de la población argentina al arsénico tiene una historia de más de 100 años. Al comienzo, se detectó por el impacto que causaba en la piel de algunas personas que exhibían un consumo prolongado de agua contaminada, a partir de una condición denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico y mejor conocida por su versión acotada: Hacre.
Tiempo después, a medida que avanzaron las herramientas de diagnóstico y las ciencias médicas ampliaron su catálogo de efectos, se advirtió que el consumo prolongado de agua también provocaba un abanico de afecciones: desde diferentes tipos de cáncer, pasando por neurodegenerativas como el Alzheimer, así como anomalías congénitas. “En 2023 realizamos estudios ecológicos entre el nivel de arsénico y anomalías congénitas y cáncer. Ahora acabamos de terminar una investigación con Alzheimer y cáncer infantil. Nos focalizamos en la región centro, puntualmente en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos”.
Los nuevos hallazgos que involucran al mapa serán publicados en la Revista Water and Health (Agua y Salud) y fueron realizados en el marco de una articulación mayor: la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (Redinasce). Los datos obtenidos, si se conserva una mirada optimista, pueden ser útiles para que los políticos puedan tomar nota de la situación y hacerse cargo de un problema sanitario de implicancia nacional.
Mientras tanto, hay soluciones disponibles. Por ejemplo, existen técnicas de remoción del arsénico que son más sencillas y menos costosas que las utilizadas décadas atrás, ya que pueden ser incorporadas como módulos al proceso primario de potabilización. También existen desarrollos en carpeta, con artefactos domiciliarios que podrían removerlo con eficacia. “Hay gente que diseñó tecnologías más baratas de precipitación sobre suelo del arsénico, de poco consumo de energía, innovadoras y eficaces. Sin embargo, necesitamos voluntad política para que algo cambie, sino estamos complicados”, destaca Oliva.
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Ambiente y Economía obtuvo una gran asignación para 2025

Fecha de Publicación: 29/11/2024
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Se detallaron los recursos asignados para los programas de las cinco secretarías, la Autoridad de Cuencas, y Policía Ambiental
La ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, María Victoria Flores, presentó el presupuesto 2025 para esas áreas durante una reunión de comisiones en la Legislatura cordobesa. El monto destinado al funcionamiento del Ministerio alcanzó $ 1.830.278.000, según informó Flores.
En esta reunión participaron también funcionarios clave, incluyendo a los secretarios de Ambiente, Economía Circular, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Flores destacó la relevancia de contar con un ministerio enfocado en la protección del ambiente, afirmando que “la inversión en políticas ambientales es fundamental para el futuro de nuestra provincia”.
En total, el Fondo de Asistencia Ambiental de Cuencas dispuso de $4.129.773.000, con el fin de implementar programas de reducción y remediación ambiental en colaboración con gobiernos locales y comunidades regionales.
El programa de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas recibió un presupuesto de $845.600.000 para iniciativas de conservación y restauración, mientras que la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde previó $1.614.478.000 para la gestión sostenible de residuos y la educación en economía circular. Entre los programas que se financiarán se encuentran “Composta”, “Hacelo girar” y “Fortalecimiento de cooperativas de reciclado”, entre otras.
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El Ordenamiento de Bosques sería enviado a la Legislatura antes de fin de año

Fecha de Publicación: 28/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El actual Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) está vencido desde 2014.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, dijo que en los próximos días se espera el dictamen final de las autoridades de Ambiente de la Nación a favor del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), de la provincia, tras lo cual será finalmente enviado a las cámaras legislativas para su tratamiento. Se calcula que queda menos de un mes para terminar el período legislativo.
El proyecto, realizado por un equipo técnico, ya fue presentado públicamente a fines de 2022. Desde ese momento, asociaciones ambientalistas se manifestaron en contra de la creación de una nueva categoría de bosques que se identifica con el color marrón. Estas organizaciones recordaron que los colores establecidos por la Ley nacional son solo tres: rojo (bosques que deben conservarse), amarillo (en el que se puede producir bajo parámetros que prohíban el desmonte) y verde (que puede desmontarse).
Los técnicos, en tanto, explicaron que el marrón es un color dispuesto para permitir, en una superficie en donde conviven el amarillo y el verde, estudiar la posibilidad de delimitar en uno u otro color una superficie a desmontar. Sin embargo, aclararon que si una parte amarilla es convertida en verde, el resto de la superficie de una región definida (entre otros factores), por cuenca hidrográfica, se convierte en amarilla y no puede ser sometida a los desmontes.
Para los ambientalistas, esto implica una suerte de recategorización, modelo que fue cuestionado en 2011, cuando por decreto se dispuso que tierras que estaban en áreas rojas o amarillas fueran transformadas al verde.
Mientras, tras una reunión que mantuvo con la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, y el director nacional de Bosques, Octavio Pérez Pardo, el ministro De los Ríos afirmó que el proyecto de OTBN fue convalidado por las autoridades nacionales, dado que se incluyeron las recomendaciones emitidas por la Autoridad Nacional.
Aclaró que el proyecto “emplea el concepto de Áreas de Producción y Conservación (APC), en el cual las superficies a transformar se calculan de acuerdo al criterio técnico y legal ‘Umbral de Cuencas Hidrográficas’, de acuerdo al modelo de tierras compartidas”. El gobierno provincial añadió que investigaciones recientes dan cuenta de que este modelo “protege de forma más eficiente la diversidad biológica y cultural de los agroecosistemas”.

La cuestión del consenso
Desde el gobierno provincial se afirmó que el proyecto del nuevo OTBN “tiene un enorme consenso, fruto de la participación de científicos de diversas instituciones y representantes de más de 120 organizaciones sociales”. Se recordó que se trabajó de manera coordinada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Administración de Parques Nacionales (APN).
Sin embargo, las entidades ambientalistas criticaron el proceso y afirmaron que hubo comunidades campesinas que se quedaron sin participar de las reuniones para poner en común los criterios para el desarrollo. A ello sumaron que más de 720 mil hectáreas quedarán a merced de ser desmontadas.
Frente a las manifestaciones y críticas, el 23 de octubre pasado la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores se dirigió al ministro De los Ríos para trasladarle su “preocupación para con la actualización del OTBN”.
En una nota elevada al funcionario los senadores destacaron que la Comisión no contaba con el proyecto de actualización. “Sin embargo, recibimos numerosas notas y presentaciones de referentes en la materia, con una auténtica y válida aflicción, ya que al día de hoy solo se conocen los trascendidos mediáticos”.
“Pudimos constatar que los actores a los que necesariamente se les debe consultar y dar participación, conforme establecen las normas de aplicación, aun no fueron involucrados”, sostuvieron.
Sumaron la necesidad de dar “efectivo cumplimiento a lo establecido en relación a comunidades indígenas y campesinas, dotando a las mismas de seguridad jurídica a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura, más aún ante la posibilidad de que las áreas que habitan o son de su influencia vean modificadas las categorías de conservación”.
Ante ello solicitaron abrir el debate a los diferentes actores sociales para democratizar el acceso a la información.
“Se buscó apoyo en un gobierno nacional que es un negador serial de derechos humanos y ambientales”, dijo la titular de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, al manifestar su preocupación por la próxima llegada del proyecto de OTBN y aprobación en la Legislatura.
Por su parte, el investigador del CONICET y referente del proyecto del OTBN, Lucas Seghezzo, sostuvo que el trabajo para realizar el nuevo proyecto llevó años y cuenta con fundamentos científicos además de la participación de todos los grupos sociales. Afirmó que el nuevo proyecto reduce la deforestación esperada, aumenta zonas en rojo, protege las cuencas hidrográficas, y favorece a los pequeños y medianos productores.
Mientras, los grandes productores salteños ya fueron a la Legislatura a solicitar que el OTBN sea aprobado afirmando que mientras tanto, surgen obstáculos a la continuidad de la producción.
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El aire de Tucumán está hasta seis veces más contaminado que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud

Fecha de Publicación: 27/11/2024
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


El Laboratorio de Estudios Atmosféricos del Instituto de Química del Noroeste Argentino evaluó el material particulado a lo largo del año en distintas localidades de nuestra provincia y corroboró la incidencia de la actividad industrial principalmente azucarera en las enfermedades respiratorias y oculares.
Un estudio Laboratorio de Estudios Atmosféricos del Instituto de Química del Noroeste Argentino (de doble dependencia CONICET - Universidad Nacional de Tucumán) arrojó resultados alarmantes: el aire de Tucumán, el aire que respiramos a diario todos los tucumanos, en la época seca y de mayor actividad industrial está hasta seis veces más contaminado que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Rodrigo Gibilisco, Investigador del CONICET y codirector del Laboratorio de Estudios Atmosféricos, le explicó a Franco Carletto que el programa Breath To Change de monitoreo de calidad del aire de Tucumán se llevó adelante gracias al apoyo de la Fundación Alexander Humboldt  de Alemania, que "tuvo por objeto combinar diferentes actores en una problemática local: la calidad del aire que estamos respirando todos".
María Marta Sáez, licenciada en biotecnología, estudiante de la maestría en gestión ambiental y responsable de este estudio sobre calidad del aire precisó que el mismo se realizó de forma articulada con la Facultad de Medicina de la UNT, y que en el mismo el propósito era "poder otorgar datos y evaluar qué incidencia tenía en las enfermedades respiratorias y oculares en los niños de 7-11 años en la provincia".
Para ello, "se instalaron 12 módulos en distintas localidades de la capital y el interior y Medicina se encargó, a través de un sistema de encuestas que tiene un nomenclador internacional, constatar cómo era el paso del tiempo con este tipo de patologías en relación a los niños entrevistados".
"Posteriormente, se cruzaron los datos que obtuvimos y se marcó un importante aumento de las patologías respiratorias y oculares: efectivamente el aumento del incremento de material particulado, que se da coincidente con la época de la actividad industrial muy vinculada con la industria azucarera aumenta la patología en los niños de la provincia", alertó.
La especialista indicó que en el estudio "medimos material particulado, una fracción de diferentes tamaños; el estudio estuvo centrado en la fracción más fina, material particulado de pm 2.5", y aunque aclaró que "no existe una normativa que indique cual es el valor máximo" si hay "recomendaciones de OMS que va recomendando valores considerados óptimos que implican muchos parámetros".
"Dentro del equipo ya teníamos de forma concluyente que Tucumán, en la época seca donde comienza la zafra, superaba esos valores. Con este estudio comprobamos que los supera hasta seis veces más que lo recomendado", sentenció.
En ese marco, reveló que "tenemos localidades donde los valores superan los 27 microgramos por metro cúbico, que es muy elevado”, y de eso se desprende que allí “tenemos hasta seis veces valores recomendados por OMS".
Luego, subrayó que la contaminación en el aire “no se trata de tierra”, sino que producto de la actividad industrial: “Venimos trabajando en el tipo de matriz que tiene este material particulado: hay una parte del equipo de investigación que está estudiando eso a través de microscopía electrónica. Podemos dejar en claro que no se trata de tierra, sino de la cantidad de contaminante de material particulado que surge a partir de la combustión de materia orgánica, mucho vinculado al transporte, materia fósil”.
“No viene de la tierra que tiene Tucumán. El mayor pico de contaminación es coincidente con la época seca. Geográficamente Tucumán tiene una barrera montañosa: las particulas que se depositan en la atmosfera chocan con esa barrera montañosa que impide que se sigan dispersando, quizás atravesando otras provincias”, remarcó.
Sáez especificó que “la época seca donde no llueve coincide con otoño invierno, que es la época de mayor producción fabril”, y observó que “entre los síntomas que se analizaba era la dificultad para respirar, tos seca en lo respiratorio”, mientras que “en la parte ocular ardor y picazón”.
“En momentos que detectamos aumento significativo de la concentración de material particulado cuando se realizan encuestas, siete días después los casos incrementaban”, graficó.
A su turno, Gibilisco planteó que “todo lo que se queme en la atmosfera genera una gran cantidad de gas que impactan a nivel local en la salud de la gente y a nivel global por el cambio climático”, y recordó el reciente estudio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que arrojó que “más del40% de la producción de gases de efecto invernadero en el municipio son por el transporte”.
“Esa cantidad de gases son contaminantes para el aire que se respira: impacta por partida doble”, enfatizó.
En ese marco, manifestó: “Nuestro estudio, que ya concluyó la primera fase, que es determinar qué tan contaminado está el aire de Tucumán durante todo el año, un ciclo completo. Estacionalmente hay diferencias marcadas: cuando hay menos lluvias aumenta considerablemente la concentración so da lugar a enfermedades respiratorias. No encontramos algo nuevo, localizamos la medida en un lugar donde nunca se hizo antes”.
“Hoy con información científica podemos decir que existe un problema de contaminación del aire en nuestra provincia. Tiene que ser subsanado. Es contaminación generada por el hombre, por la combustión, y puede ser disminuida”, remató.
Finalmente, los investigadores celebraron que gracias a un programa de financiamiento de la Universidad de Chicago se podrá extender la red y evaluar la calidad del aire en 10 provincias del Norte del país.
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Reconocen como monumentos naturales la fauna y flora autóctonas de Córdoba

Fecha de Publicación: 27/11/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad una modificación a la Ley 6.964 de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de mejorar la conservación de las especies en peligro de extinción, y de esta manera reconocer como monumentos naturales tanto a la flora como a la fauna autóctonas.
La reforma fue impulsada por los legisladores Abraham Galo (Hacemos por Córdoba) y Brenda Austin (UCR) para reforzar la defensa de la biodiversidad y modifica los artículos 33, 34, 35 y 36 del capítulo “Monumentos Naturales Provinciales” para ampliar el concepto e incluir a las especies que están en riesgo de desaparecer.
De esta manera incorpora como eje central un inciso referido a “cosas, especies vivas de animales o plantas de interés estético, valor histórico o científico”, aspecto que está sin regular en la ley vigente. Es decir, que amplia el concepto para que no se refiera meramente a “cosas” sino también que alcance a los animales y a las plantas.
“La modificación permite cambiar esa definición y se puede declarar monumento a un sitio, a una planta o a un animal”, aclaró Austin a La Voz.
Y remarcó el trabajo mancomunado con las organizaciones, quienes señalaban desde hace un tiempo que “Córdoba no contaba con un marco de protección para resguardar a los animales y a las plantas que están en peligro de extinción o que tienen un valor icónico para la provincia. Muchas son endémicas”.
Por ejemplo, se puede declarar monumento natural al aguará guazú, especie que está en peligro de extinción. Pero también a otras como el guanaco, el carpincho, el tapetí, el oso melero, el pecarí de collar, entre otras. Además, aves como el loro hablador, el rey del bosque y el águila coronada, entre otros.
“Con la declaración de monumentos se ofrecen una serie de esquemas protectorios contra el mascotismo, la caza ilegal y los incendios forestales que destruyen sus hábitats”, remarcó la legisladora.
Y sumó: “Es un paso en un conjunto de transformaciones que tiene que dar Córdoba para custodiar nuestros recursos naturales”.

Un gran paso
La iniciativa contó con el respaldo de Fundación Mil Aves, la reserva Tatú Carreta, Fundación Natura, y equipos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“Nos parece muy importante que se de esta ampliación. Muchas de las especies que llegan a la reserva están en peligro de extinción”, expresó María Ahumada, de la reserva Tatú Carreta.
A la vez, recordó que en 2020, desde la reserva iniciaron un pedido para declarar al aguará guazú como monumento natural, algo que ya se dio en otras provincias del país, como por ejemplo Santa Fe.
“Hicimos una campaña para juntar firmas y nos dimos con que la actual legislación no contemplaba, para el caso de la provincia de Córdoba, la inclusión de especies de fauna y flora”, sostuvo, y confió que con la modificación el aguará guazú pueda convertirse en monumento natural.
“Esperamos la materialización de la real conservación, además de programas y recursos de la Provincia de Córdoba para llevarlos a cabo”, indicó la legisladora.

¿Qué son los monumentos naturales?
En las tipologías de conservación (reservas, parques, entre otros), los monumentos naturales son regiones, objetos, especies vivas de animales o plantas que tienen un valor histórico, estético o científico, y se les otorga protección absoluta.
En Argentina, por ejemplo, son monumentos naturales autóctonos: la ballena franco austral, el huemul, la taruca (ciervo) y el yaguareté.
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Incendio en la planta de Indarsa: ¿El basurero petrolero cumple con las normativas ambientales?

Fecha de Publicación: 26/11/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Neuquén


Un análisis cartográfico detalla las implicancias del incendio y cuestiona la regulación de las plantas de tratamiento de residuos petroleros en Añelo.
El incendio en la planta de tratamiento de residuos especiales de INDARSA, ocurrido el pasado sábado en Añelo, encendió las alarmas no solo por su magnitud, sino también por las críticas hacia el manejo de residuos derivados del fracking. Según el Observatorio de Sismicidad Inducida, este evento “refleja los riesgos para la salud y el medioambiente” asociados a la proximidad de estas instalaciones al área urbana.
El fuego, que comenzó en una pileta de descarga de agua contaminada, fue controlado tras cinco horas de trabajo con la intervención de cerca de 120 personas, incluidos bomberos y personal de Defensa Civil. Aunque no se registraron heridos, el evento generó preocupación por los efectos de la dispersión de partículas tóxicas en el aire.
El análisis del observatorio enfatiza que las plantas de tratamiento y disposición de residuos petroleros en Añelo, como INDARSA y TREATER, están localizadas “en evidente incumplimiento” del decreto provincial 2263/15. Este establece que dichas instalaciones deben situarse al menos a 8 kilómetros de áreas urbanizadas o con proyecciones de urbanización, algo que no se cumple en este caso.
“Las plantas de disposición final se encuentran a menos de 5 kilómetros del ejido municipal y actúan como una barrera para el crecimiento urbano de Añelo”, subrayó el informe. El barrio más cercano al incendio se encuentra a solo 4 kilómetros, mientras que la escuela técnica EPET 23 está a 7 kilómetros. Aunque el viento no dirigió partículas hacia la población, el riesgo potencial de afectación a la salud persiste.

Repercusiones ambientales y sociales
El observatorio destacó que la regulación estatal es “insuficiente y desdibujada” frente a los impactos ambientales generados por el tratamiento de residuos del fracturamiento hidráulico. A esto se suma el conflicto entre el desarrollo energético y la planificación urbana, ya que Añelo, epicentro de la actividad de Vaca Muerta, enfrenta un crecimiento poblacional acelerado.
Además, los especialistas advierten sobre la falta de transparencia en la aplicación de normativas y la necesidad de revisarlas. “El decreto de 2015 sigue vigente, pero no se cumple ni se supervisa adecuadamente. Es esencial fortalecer los mecanismos de control”, señalaron.

Conclusión: desafíos regulatorios y de seguridad
El incidente en la planta de INDARSA es un recordatorio de la importancia de garantizar la seguridad ambiental y ciudadana en áreas de alta actividad energética. Para el Observatorio de Sismicidad Inducida, el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes y la planificación a largo plazo son claves para mitigar riesgos y asegurar una convivencia sostenible entre el desarrollo industrial y el bienestar de las comunidades cercanas.
El Gobierno provincial aún no emitió declaraciones sobre las críticas del observatorio, pero el evento ha reavivado el debate sobre cómo equilibrar el crecimiento energético con una gestión responsable y segura del medioambiente.
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Detectaron tres predios con desmontes en Las Breñas y decomisaron maquinarias

Fecha de Publicación: 26/11/2024
Fuente: Diario TAG
Provincia/Región: Chaco


Inspectores de la Dirección de Bosques, junto a personal policial del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo y una oficial de justicia del Juzgado de Paz de Las Breñas, inspeccionaron tres predios en la zona de La Esterlina, en el Departamento 9 de Julio, donde se detectaron desmontes.
En el primer lote no se encontraron indicios de explotación forestal, aunque sí rastros de que una máquina había estado en el lugar.
En el segundo predio, los inspectores detectaron un cambio de uso de suelo en unas 15 hectáreas, pero no hallaron maquinaria ni personas presentes. La investigación sigue en curso para identificar a los responsables.
En el tercer predio también se constató un cambio de uso de suelo. Allí se encontraron dos maquinarias: un tractor articulado marca Michigan con pala frontal, que quedó en el lugar por desperfectos mecánicos, y un tractor John Deere, que fue decomisado y trasladado al predio del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo. En este sitio se labró un acta de infracción al operario presente, quien además brindó información sobre el propietario del predio y las máquinas.
El director de Bosques de la Provincia, Gustavo Vázquez, destacó que estas infracciones se detectaron mediante herramientas del Departamento Geo, que utiliza tecnología para identificar cambios en la cobertura boscosa. Además, el uso de un dron permitió localizar una de las maquinarias ocultas en un sector boscoso.
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Alerta: el desmonte en el norte argentino supera las 100.000 hectáreas en lo que va de 2024

Fecha de Publicación: 25/11/2024
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Nacional


La deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas. Los estados del norte están en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes.
El monitoreo satelital de Greenpeace detectó que se deforestaron 103.816 hectáreas en el norte del país durante los primeros 10 meses del año. La situación más grave se da en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
“Los desmontes provocan cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y octubre de 2024 la deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas, el equivalente a cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Los estados del norte entran en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes
Uno de los desmontes más extensos es el que está realizando la familia Canido, dueña de las gaseosas Manaos, en una finca ubicada cerca de Nueva Esperanza, al norte de Santiago del Estero, en la cual ya se arrasaron más de 10.000 hectáreas de bosques nativos con fines ganaderos.
La principal causa de la pérdida de bosques en Argentina es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
“Teniendo en cuenta el compromiso climático que firmó Argentina de alcanzar Deforestación Cero para el año 2030, es preocupante que aún se mantengan altos niveles de desmonte, y que la mayoría sean ilegales. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esperamos que convoque pronto a la audiencia pública que anunció sobre esta causa”, señaló Cruz.
En 2019 Greenpeace realizó una presentación ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que se estima sobreviven en el Gran Chaco argentino y por violar lo establecido en la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado la Corte declaró su competencia en la causa.
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Dow, cierre y contaminación: denuncian a la planta por residuos peligrosos

Fecha de Publicación: 25/11/2024
Fuente: Portal RedacciónRosario
Provincia/Región: Santa Fe


Un informe del sindicato petroquímico señala la presencia de productos químicos peligrosos en la planta del cordón industrial recientemente cerrada. El diputado Carlos del Frade reclamó explicaciones del gobierno provincial.
La multinacional Dow sigue dando que hablar en la agenda santafesina. Tras el cierre definitivo de su planta de Puerto General San Martín, fue denunciada por un informe del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), que registró –en un documento presentado el pasado 15 de octubre al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático– la presencia en la empresa de productos químicos peligrosos.
Ante esta situación, el diputado provincial Carlos del Frade elevó a la legislatura santafesina un pedido de informe al Ejecutivo. “Solicitamos la mayor información posible de parte de los Ministerios de Trabajo, Ambiente y Cambio Climático y Salud de la provincia de Santa Fe”, indicó el legislador del Frente Amplio por la Soberanía.
 La denuncia del Soepu en la cartera ambiental santafesina fue sobre “riesgo a la vida de los trabajadores y a la población circundante”, del cordón industrial, “solicitando aplicación de sanciones administrativas y medidas preventivas y urgentes”, recordó el periodista y dirigente político.
El gremio apuntó que dentro la planta existen 200 toneladas de óxidos de propileno, “producto altamente peligroso si se almacena en condiciones no seguras, ya que el óxido de propileno puede polimerizarse (autorreaccionar) debido al calor elevado o a la contaminación, lo que puede provocar la ruptura y explosión de contenedores en los que se encuentre”.
Además, el Soepu agregó que se encontraban 50 toneladas de dowanol PM, también clasificado como peligroso porque contiene líquidos inflamables, toxicidad aguda y también específica en determinados órganos.
Por otro lado, la misma empresa informó al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que “el suelo y las aguas subterráneas de su planta industrial ubicada en Puerto General San Martín se encuentran contaminadas con productos extremadamente peligrosos para la salud de los trabajadores y de la población en general”.
Esos productos son: tetracloruro de carbono, clorofomo, dicloroeteno, zinc y material sólido blanco. “La empresa habría detectado algunos de estos compuestos en los límites del establecimiento lo que transforma la situación no sólo peligrosa para el personal existente dentro del establecimiento sino también para la población circundante”, sostuvo en su momento la denuncia del gremio del cordón industrial.
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El malón diaguita se opuso a la minería y reclamó leyes

Fecha de Publicación: 23/11/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Representantes de comunidades indígenas del interior llegaron a la Capital para defender su territorio y reclamar protección.
Ayer se realizó en la Capital la marcha del “Malón por el buen vivir comunitario” de las comunidades Diaguitas. Partió desde la Plaza 25 de Mayo y tuvo por objetivo reclamar por legislación que proteja el territorio en contra de la explotación minera. Tomaron distancia de los representantes de las comunidades que se sientan a dialogar con el Gobierno.
Representantes de comunidades diaguitas de Belén, Andalgalá y Santa María, expresaron que marcharon en "malón" hasta la Legislatura en homenaje a sus ancestros para pedir legislaciones que los protejan en sus derechos.
La cacique de la comunidad indígena de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez ofició de vocera del grupo: "Estamos aquí para que no se vulneren nuestros derechos, por eso solicitamos legislación. Defendemos un derecho comunitario, defendemos el buen vivir para nosotros, porque sin territorio y sin agua no se viviría. Sabemos bien que las mineras contaminan y no hay futuro”, sostuvo. "Queremos defender nuestra tierra", expresó y reclamó por la ausencia de servicios para la zona de la Puna.
Gutiérrez recordó que habían expresado su oposición a la aprobación del RIGI, pero no fueron tenidos en cuenta.
"No nos han tenido en cuenta y queremos que lo hagan, no pueden vulnerar derechos de muchas comunidades", añadió.
“Tenemos el ‘oro caminante’ como lo llamamos, que es la fibra de vicuña. Un poncho está cotizado en 2 o 3 millones y no ganamos en una mina lo que se puede ganar con eso. Lo que nos hace falta es un poco de apoyo desde el Estado. Ellos dicen 'tenemos minas y vamos a garantizar todo', pero no tenemos servicios, por eso reclamamos, exigimos que nos dejen vivir en paz”, indicó en declaraciones a la prensa.
Más adelante enfatizó: “Reclamamos y exigimos que nos dejen vivir en paz porque el Estado nunca ha garantizado los derechos, la salud, la educación, caminos y muchas otras cosas. Nunca nos atienden los teléfonos, no nos escuchan y somos autoridades”.
En ese sentido, expresó su malestar porque la Secretaría del Interior y Pueblos Originarios que conduce Marcelo Rivero, recibe a otra parcialidad de las comunidades originarias. “No nos escuchan. Molesta porque no toman en cuenta a las autoridades indígenas, pudiendo ser nosotros los que estemos ahí y no estamos, son otras personas que viven en la ciudad, sin saber la problemática que existe en territorio”, afirmó.
Tras la presentación de su reclamo a la prensa, el malón del buen vivir comunitario se dirigió hasta la Legislatura provincial. "No le vamos a rogar a nadie, si nos quieren escuchar bienvenido sea. Vamos a seguir luchando, con las marchas, vamos a seguir caminando", expresó Gutiérrez.
De esta manera, la vocera del grupo cerró la posibilidad de que los representantes de las comunidades indígenas puedan trabajar en la minería.
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Amplían la caza deportiva ante la creciente amenaza de animales exóticos invasores

Fecha de Publicación: 23/11/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos


La provincia de Entre Ríos amplió el número de animales que se podrán cazar de manera deportiva y transportar de tres especies exóticas que se convirtieron en plaga en su territorio, causando serios perjuicios ambientales, sanitarios, productivos y económicos.
Mediante la Resolución 2702 que modifica el artículo 4° de la 1425/16 de caza deportiva, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización al mando de Antonio Sapetti estableció que a partir de ahora se permitirán cazar hasta cuatro jabalíes, tres ciervos axis y un antílope negro por cazador autorizado y por excursión.
Asimismo, dispone permitir el transporte de tres jabalíes y ciervos axis, y un antílope negro como máximo por persona habilitada y por excursión.
"Son especies reconocidas por la comunidad científico técnica y por los productores agropecuarios como perjudiciales en campos de cultivos y deterioro de bosques nativos, causando pérdidas económicas por el daño en las chacras, además al ganado y a fauna nativa. Asimismo, desarrollan una fuerte competencia por espacio y los recursos naturales con la fauna nativa", argumentaron en la modificación de la norma.
Paralelamente, avanza el tratamiento de un proyecto de ley para declarar plaga a varias especies y prevenir los daños causados por estos animales silvestres.
Funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, participaron de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados que tuvo lugar la semana pasada, en la que se analizó el proyecto de la diputada Gabriela Lena, el que permitirá al Ejecutivo provincial reglamentar la caza del jabalí, el ciervo axis y el chancho asilvestrado, tres especies plaga en el territorio entrerriano.
"Entre estas especies, la que más preocupa es el jabalí. Originario de Europa, está incluido en la lista de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Su acción de hozar, es decir remover la tierra con el hocico, para depredar semillas, afecta directamente los suelos y cultivos de los trabajadores rurales; existiendo casos también de destrozo de silobolsas", alertó en la ocasión el coordinador provincial de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa.
"La aprobación de la ley que declara como plagas a estas especies, nos habilitará a una reglamentación que regule la caza y el control del destino de la especie capturada", indicó Juan Manuel Florean, coordinador del área de Fiscalización de Carnes.
Esto incluye "normar el tratamiento que se hará respecto de la prevención de la triquinosis en el jabalí, animal que también atenta contra la seguridad de los automovilistas y personas de a pie por su porte físico", precisó el funcionario.
Cabe señalar que se han presentado numeroso casos de triquinosis en la provincia como consecuencia del consumo de chacinados y embutidos elaborados de forma casera con carne de jabalí cazado en el campo. Según controles bromatológicos realizados, entre el 17% y el 20% de esos animales presentó triquinosis, por eso, constituyen un peligro para la salud humana.

Un problema serio
Desde hace algunos años, en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Misiones, vienen creciendo aceleradamente las poblaciones de especies exóticas invasoras y, según indican los agricultores y ganaderos del noreste argentino (NEA), están provocando serios perjuicios ambientales, productivos y económicos.
Jabalíes, chanchos asilvestrados y ciervos Axis se multiplican sin control en la región ya que, al no ser autóctonos, carecen de depredadores naturales y regulación en la cadena trófica.
Estos animales circulan de campo a campo llevando parásitos y plagas de un campo a otro. Además, han producido un corrimiento de la fauna autóctona. El ciervo axis está desplazando al ciervo de los pantanos y el chancho salvaje a los teros, ñandúes y perdices ya que se alimentan de los huevos que ponen estas especies.
Estas especies exóticas representan un importante problema para la producción ganadera ya que atacan corderos, terneros, caballos y perros. Además, los chanchos silvestres se pueden llevar hasta un 30% de la comida de los silos de autoconsumo.
“El jabalí y el ciervo están causando grandes problemas. A nivel sanitario, ambos transmiten enfermedades a los animales de la producción; y el jabalí, como se lo caza y se lo usa para hacer embutidos, también transmite la triquinosis al ser humano. Es un problema importante porque son animales salvajes y no le hacen ningún tipo de control bromatológico”, contó el médico veterinario José Colombatto, vicepresidente 1° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e integrante de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).
En agricultura, los chanchos asilvestrados atacan y destruyen a los cultivos de maíz, arroz y trigo, generando grandes pérdidas económicas.
“El chancho hace estragos, rompe todo, imagínate si te lo hace un día lluvia en el que no podés sacar el maíz y reembolsarlo. Hoy solo una bolsa para maíz cuesta 400 mil pesos la bolsa, además, cuesta alrededor de 1,5 millón el embolsado, y si le sumás el producto que está adentro estamos hablando de 40 millones de pesos de pérdida, así que imagínate el daño que te puede hacer un animalito de esos un día de lluvia”, dijo Raúl Sobredo, un ganadero de la zona de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sur entrerriana, damnificado por la especies invasoras.
El ciervo axis también se ha convertido en plaga en Entre Ríos, devora los verdeos y el trigo; ingresa en los sembradíos destruyéndolos; y rompe los alambrados eléctricos. Además, está dispersando en forma alarmante las semillas de acacia negra o tamarindo, un árbol invasor de muchas y grandes espinas, que una vez que se desarrolla, no permite ni la siembra ni el ingreso del ganado, transformando a los lotes en monte improductivo.
Los jabalíes también representan un riesgo para los habitantes de la ruralidad ya que atacan a las personas que recorren los campos de a caballo o a pie.
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Ley de Fitosanitarios: profesionales y ambientalistas cuestionaron el proyecto en una audiencia con senadores

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el marco de una reunión conjunta, el Senado dio continuidad al análisis del proyecto de ley por el cual se busca adoptar buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos. En esta oportunidad, se escuchó a integrantes de organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara alta, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).

Cuestionamientos al proyecto
En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices y que en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo y que en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo.
Luego fue el turno de la abogada, magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”.
Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población.
También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

Más voces escuchadas
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
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Fuerte polémica por la baja de una resolución ambiental en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Marcelo Rucci salió al cruce porque ya no se obligará a las petroleras al uso de las mantas oleofílicas para absorber derrames en los pozos.
La decisión de la secretaría de Ambiente de Neuquén, a cargo de Leticia Esteves, que elimina la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas para contener derrames en los pozos petroleros, desató una polémica en el corazón de la industria de Vaca Muerta.
Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, calificó la medida como un retroceso y advirtió sobre las consecuencias ambientales y laborales que podría acarrear esta decisión.
Rucci, en diálogo con radio Capital, dijo que habló personalmente con el gobernador Rolando Figuroa para manifestarle su preocupación por la decisión que tomó la funcionaria provincial. Y que le dejó en claro que “en Vaca Muerta no vale todo”.
Según el sindicalista, la conversación con el mandatario provincial se centró en la posibilidad de revertir la resolución, a la que el sindicalista calificó como un error que habilita prácticas obsoletas que atentan contra el medio ambiente y la seguridad en los yacimientos.

Marcelo Rucci: "Retrocedemos a viejas prácticas"
Se trata de la Resolución 159/24, publicada en el Boletín Oficial de Neuquén el 5 de noviembre, que derogó normas vigentes desde 2014 que establecían el uso obligatorio de mantas oleofílicas orgánicas, absorbentes y no inflamables en tareas de exploración, explotación, perforación y servicios de apoyo a pozos.
El sistema fue creado para contener derrames y evitar la contaminación del suelo, había sido promovido como un estándar ambiental clave en la región, pero con el mercado de tres o cuatro emperras que ofrecían ese servicio.
Rucci no dudó en señalar que esta decisión “nos hace retroceder a viejas prácticas”, y se refirió a que, en el pasado, las empresas contenían esos derrames con bandejas colectoras y otros métodos que, según él, ya demostraron ser ineficientes y perjudiciales. “Si hay algo mejor que las mantas para absorber los derrames, no lo conocemos”, afirmó Rucci.
El sindicalista subrayó que la medida no solo pone en riesgo al medio ambiente, sino también el empleo de más de 500 trabajadores vinculados a la industria. También cuestionó las motivaciones detrás de la resolución. “Las petroleras buscan ahorrar y beneficiarse lo más que puedan, pero eso no puede ser a costa del medio ambiente ni de los puestos de trabajo”, sentenció.
“Son de las industrias que más beneficios han tenido en los últimos años, pero no podemos permitir que la presión empresarial nos haga volver atrás”, indicó. Uno de los puntos más destacados por Rucci fue la afectación directa a las pequeñas y medianas empresas proveedoras del servicio de mantas oleofílicas.

Tres empresas prestan servicios
En la Cuenca Neuquina, tres firmas dominaban este mercado: AESA (subsidiaria de YPF), Environmental Services y Real Work. La primera, al ser proveedora de la petrolera estatal, lideraba en volumen, mientras que las otras dos compartían el resto de la demanda.
El cambio normativo deja a estas empresas en una posición incierta, especialmente en el caso de Real Work, que según fuentes de la industria mantenía vínculos históricos son el sindicato petrolero.
La insistencia en el cambio de la normativa ambiental no es nueva en la agenda de las grandes operadoras. Desde 2018, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) venían presionando para eliminar la obligatoriedad de las mantas oleofílicas. Argumentaban que el sistema “restaba competitividad” y proponían reemplazarlo por soluciones técnicas superadoras.
Rucci sostuvo que esta decisión “no favorece a nadie” y marca un retroceso en un momento crítico para la explotación hidrocarburífera. “La presión empresarial no puede estar por encima de la seguridad ni del medio ambiente. Creo que hay límites y es la seguridad y eso nos corresponde en gran parte a nosotros y el medio ambiente, pero mucho más al gobierno provincial”, aseguró y afirmó que mantuvo una conversación directa con el gobernador Figueroa, a quien le planteó su preocupación por el impacto de la medida.

¿Darán marcha atrás?
“Fue un error. Lo importante es que se está evaluando y se revisa la situación”, expresó el gremialista. Según el sindicalista, el gobernador mostró apertura para analizar el tema, aunque aún no hay confirmación de un posible retroceso en la norma.
“No se puede permitir que el desarrollo de Vaca Muerta pase por encima del medio ambiente y de los trabajadores”, sostuvo. Además, reiteró que la seguridad es una prioridad que no puede estar en discusión.
La derogación de las resoluciones 506/14, 982/14 y 561/15 no solo afecta a los trabajadores y proveedores, sino que no obliga a las operadoras a contratar este servicio, que se dio de alta cuando comenzó el boom de Vaca Muerta.
La pelota está en la cancha del gobierno provincial, que deberá definir si rectifica su camino o enfrenta las consecuencias de una resolución que generó una fuerte fricción con el sindicato petrolero.
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Hasta febrero de 2025 seguirán suspendidos los desmontes en el Chaco

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La determinación de la justicia federal llegó a pedido del fiscal Sabadini, en el marco de la investigación sobre hechos vinculados al desmonte ilegal que habrían sido llevados a cabo en conjunto por funcionarios y empresarios agrícolas y forestales.  
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, prorrogó por tres meses la vigencia de la medida cautelar que suspende los desmontes en el Chaco , mientras se tramita la investigación a cargo del fiscal Patricio Sabadini en virtud de la denuncia presentada en julio pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.  
A través de una resolución que comenzó a regir este martes 19 de noviembre, la magistrada extendió la vigencia de la cautelar otorgada el 19 de agosto 2024, por el término de tres meses "o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad" de esa medida. Así, ordenó al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, "tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco".
Junto a ello, la justicia ordenó a las autoridades provinciales "adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento" de la cautelar.
La determinación de la jueza Niremperger responde a un pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, solicitando que se prorrogue la vigencia de la medida cautelar con el mismo alcance que la original.
Entre sus fundamentos , el fiscal advierte incumplimientos de la medida judicial a partir de desmontes ilegales que siguieron ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Cita como ejemplo –en base a publicaciones periodísticas- que el 5 de octubre, en el departamento de Almirante Brown, a 50 kilómetros del norte de Pampa del Infierno "se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un cambio de uso de suelo, desmonte ilegal. Se logró detener inmediatamente el trabajo, no obstante, ya se habrían afectado varias hectáreas de monte".
Más allá de informes publicados por la prensa que sustentan la medida, se agregan informes de la Dirección de Bosques de la provincia y de Gendarmería Nacional.
"Amén de la vigencia de la medida cautelar, las actividades de desmonte en el territorio de la provincia del Chaco no han cesado, constituyendo un grave incumplimiento a una orden judicial, no solo lesivo de las leyes penales correspondientes sino también del bien que se ha pretendido resguardar, es decir, el bosque nativo" , agrega Sabadini en su pedido a la jueza.

"Una decisión fundamental"
"Gran triunfo", celebró la entidad que lidera el abogado Enrique Viale en sus redes sociales, tras conocerse la decisión de la jueza Niremperger de mantener la prohibición de los desmontes en el Chaco por tres meses más.
"La decisión fundamental frena la destrucción irregular de bosques nativos.  Ya vamos varios meses con la medida en vigor, un hito crucial que logramos para defender los ecosistemas y las comunidades afectadas por la #MafiaDelDesmonte", indicó la asociación.
Al mismo tiempo, la entidad destacó que "la investigación penal continúa avanzando, con pruebas contundentes" . "El proceso judicial responsabiliza al entramado empresarial y político implicado en desmontes ilegales", agregó.
"Esta extensión de la medida cautelar confirma la necesidad de seguir luchando para terminar la impunidad de estos delitos  y promoviendo que la sociedad argentina tenga los ecosistemas que se merece", resaltó.
"Celebramos enormemente esta victoria colectiva  y confirmamos que la lucha continua siempre. Una sociedad consciente y movilizada es crucial para mantener la presión social y legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", reflexionaron desde la organización.

La investigación
Tras una presentación de la asociación ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, el 15 de agosto el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de instrucción  para promover la investigación de hechos vinculados al desmonte ilegal llevados a cabo en el Chaco "con la colaboración de funcionarios públicos y empresas de la industria agrícola y forestal ". A la vez, junto con el inicio de la instrucción de la causa, el fiscal solicitó la medida cautelar para prohibir los desmontes.  
Según indican los considerandos del requerimiento de una prórroga en la medida cautelar, en el marco del desarrollo de la investigación a cargo de Sabadini se llevaron a cabo medidas orientadas a probar las hipótesis delictivas, proceso durante el cual se advirtieron situaciones que importan incumplimientos a dicha cautelar, es decir, la detección de desmontes ilegales en distintos puntos de la provincia.
Fue en julio pasado cuando la Asociación de Abogados Ambientalistas se presentó ante la justicia federal con jurisdicción en el Chaco, con una denuncia derivada de "una investigación exhaustiva" tras la cual descubrió "la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos"  en el Chaco.
De ahí que "se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
Los denunciados "están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco", afirmaron los abogados, involucrando al entonces ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs; al exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich; a diputados hoy en funciones y a empresarios.
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