Política ausente, futuro incierto: el ocaso de la ley que impulsó las energías limpias en Argentina

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde la urgencia por frenar la crisis climática debiese acelerar la transición energética, Argentina camina en sentido opuesto. Con una matriz energética construida sobre una base fósil, el gas y el petróleo componen más de 80 % del consumo a nivel nacional, una dependencia que ya cumple décadas y condiciona cualquier intento de transición.
En medio de esta trayectoria, la sanción de la Ley Nacional 27.191 en 2015 representó para el país un punto de quiebre, con metas obligatorias para diversificar la matriz energética, previsibilidad jurídica e incentivos fiscales. Hoy apenas 16 % de la generación proviene de fuentes limpias, lejos de 20 % fijado por la ley.
Con el vencimiento de la Segunda Etapa del régimen, la legislación – y el sector renovable- enfrenta un panorama incierto. Con instrumentos de financiamiento vacíos, un gobierno que niega el cambio climático y una prórroga de la ley centrada solo en incentivos económicos, la situación se agrava para las renovables no convencionales.
Pero Argentina no es solo su gobierno nacional. Al interior del territorio varias provincias ensayan hace casi una década modelos descentralizados y esquemas propios anclados en sus recursos, capacidades y prioridades locales. Sin certezas sobre cómo continuará el respaldo legal de las renovables, ¿podrán estos modelos asumir temporalmente el liderazgo de la transición energética? ¿Hasta qué punto puede sostenerse la agenda nacional cuando hoy su motor son experiencias provinciales dispersas?

Un marco legal que se queda atrás y uno nuevo que no acelera
En 2015, con la sanción de la Ley 27.191, Argentina dio un paso importante al fijar metas nacionales para el desarrollo de energías renovables. Estructurada en dos partes, la Segunda Etapa de la 27.191 fijó como meta 20 % de participación de renovables en la matriz energética argentina para diciembre de 2025, con incentivos para acompañar su crecimiento; un objetivo que hoy está lejos de alcanzarse.
La 27.191 surgió tras múltiples intentos previos. La Ley 25.019 de 1998 y la Ley 26.190 de 2006 sentaron precedentes, pero sus resultados fueron limitados por la ausencia de mecanismos financieros sólidos y la dependencia de fondos estatales en un país con macroeconomía inestable.
Con alto riesgo país, costo de capital elevado y marcos jurídicos poco confiables, los inversores de grandes proyectos no tenían garantías de retorno. Como señala Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
“en Argentina, invertir en renovables requiere capital intensivo, lo que en Argentina es extremadamente caro. Sin garantías de pago, sin fondos de respaldo y con volatilidad cambiaria, el riesgo percibido por los inversores hace que muchos proyectos no sean viables”, afirma.
Ante este escenario, la 27.191 buscó corregir parte de estas falencias. Además de las metas obligatorias, creó un marco jurídico más claro para inversores y mecanismos como el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), que ofrecía garantías de pago, préstamos e inversión en proyectos.
También incorporó beneficios fiscales como devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), amortización acelerada de bienes de capital, exenciones sobre ganancias y dividendos y franquicias para importar equipos. Herramientas que generaron previsibilidad y permitieron a los grandes usuarios cumplir obligaciones de consumo con contratos seguros y precios de referencia, fomentando además la diversificación de la matriz.
En 2017 se sumó la Ley 27.424 de generación distribuida, que habilitó a usuarios residenciales, pymes y cooperativas a convertirse en “prosumidores”, instalando paneles solares y volcando excedentes a la red, ampliando así la participación de actores pequeños en la transición energética.
Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la institucionalidad de las renovables se debilitó. El Foder quedó prácticamente inactivo y la Ley 27.424 sufrió la derogación de capítulos clave mediante el Decreto 70/2023, lo que debilitó su implementación.
En paralelo, la Ley 27.742 de 2024 otorgó beneficios fiscales y facilidades cambiarias al sector de hidrocarburos, consolidando un marco aún más favorable a los combustibles fósiles.
Ante la ausencia de una estrategia estatal clara, el desarrollo de renovables depende hoy de actores privados que priorizan la maximización de beneficios económicos.
Una lógica que, para Álvarez,  es insostenible ya que “ningún país del mundo, ni de economía planificada, ni de economía capitalista, ni mixta, deja que la matriz energética la resuelva el mercado».
«La decisión política define el rumbo; los privados compiten entre sí para ver quién lo hace más eficiente y/o más barato, una vez dada la estrategia, la tecnología y las fuentes elegidas. Nunca se deja librado a que gane el más barato solo considerando el valor presente del KWh generado como único parámetro tomado en cuenta para decidir”, añadió.
En paralelo, la 27.191 enfrenta este año lo que se conoce como su próximo “vencimiento”, la finalización de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento de Energías Renovables, prevista para el 31 de diciembre de 2025. Esa fecha marca el plazo para que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo eléctrico nacional, según el artículo 5.
Más allá del plazo, y aunque tanto la ley como los capítulos sobre incentivos fiscales, acceso a fuentes renovables y el Foder continúan operando, este año también expiran beneficios promocionales condicionados a la ejecución de proyectos dentro de la Segunda Etapa.
Según el artículo 6 de la Ley 27.191, los emprendimientos iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025 acceden a devoluciones de IVA, amortizaciones aceleradas y otros incentivos. Pasada esa fecha, las nuevas inversiones quedarían fuera de estas ventajas.
Sin una prórroga o una Tercera Etapa, las metas y beneficios para nuevos proyectos dejan de aplicarse, generando un vacío para la expansión renovable y un retroceso de las condiciones óptimas de mercado para el desarrollo de grandes proyectos.
A pesar de este escenario de “transicione el que pueda”, las renovables se mantienen atractivas como instrumento de inversión y generación de divisas, lo que dialoga con la visión no intervencionista del actual gobierno.
Tal es ese atractivo que en agosto de 2025 un grupo de más de veinte legisladores oficialistas presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para extender la vigencia de la Ley 27.191 hasta diciembre de 2045. La iniciativa busca mantener exenciones de impuestos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal, y resguardar la seguridad jurídica para que el uso de renovables no impacte la rentabilidad de los proyectos. E
El texto también prevé modificaciones estructurales, eliminando la obligación de que los grandes consumidores compren energía renovable a través de Cammesa, flexibilizando los precios máximos en contratos y facultando cambios en el régimen para fomentar la diversificación tecnológica y geográfica, la incorporación de medición inteligente y la gestión de la demanda.
Con estas reformas, el marco normativo se orienta a dar mayor libertad y previsibilidad a la inversión privada, facilitando la expansión de proyectos renovables de gran escala, aunque sin traducirse necesariamente en una política de transición energética integral.
Como explica Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “para que las renovables cumplan un rol estratégico en la matriz energética es necesario articular más actores, definir la demanda y construir una narrativa común sobre qué tipo de energías se desea promover, no librarlas a los megaproyectos”.
En la misma línea, Álvarez también advierte que “este proyecto de continuidad de la 27.191 se limita a asegurar beneficios fiscales y la intangibilidad de los contratos hasta 2045. Sirve para un sector de la industria, para los inversores en grandes parques, que demandan grandes inversiones, pero en términos de política sectorial, no es suficiente. Hace falta un plan de transición, con una hoja de ruta asociada”.

Un país atrapado en los fósiles y en el desorden
Una pregunta válida para cualquier lector, incluso para quien escribe estas líneas, es por qué, siendo las renovables más baratas y con recursos solares y eólicos abundantes, Argentina no logra abrirse camino hacia una transición energética. La respuesta no es simple pues el país arrastra una dependencia estructural de los combustibles fósiles que condiciona cualquier intento de cambio.
Esto se explicaría, en parte, por un esquema de subsidios que refuerza la inercia en el país. Solo en el primer trimestre de 2025 el Estado destinó más de 420 000 millones de pesos (310 millones de dólares) a empresas hidrocarburíferas, frente a apenas 2889 millones (2,13 millones de dólares) asignados a renovables y eficiencia energética, el nivel más bajo en cinco años según el Monitor de Presupuesto de FARN.
Sin embargo, el desequilibrio no se explica únicamente por la composición de la matriz, sino también por la infraestructura que la sostiene.
El Sistema Argentino de Interconexión lleva dos décadas con escasa expansión, y sin nuevas líneas de transmisión resulta imposible despachar la energía limpia generada en regiones como la Patagonia o el noroeste argentino.
Como comenta Elisabeth Möhle en conversación para esta nota, el problema de la transición radica también en la infraestructura paralizada. “Sin una red de transporte modernizada, la transición energética queda atrapada en promesas que caen en saco roto”, asegura. 
En ese sentido, Möhle aclara, además, que, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi, régimen promocional quea proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares) funcionó para algunos grandes parques.
Pero, añade, «el Rigi no resuelve para las renovables los problemas de infraestructura y los problemas más políticos de si va a estar esa demanda de seguir avanzando con la transición. Para mí, puede haber funcionado para algunos parques, pero si hubieses tenido la infraestructura, ahí van a entrar más proyectos renovables, porque al final son grandes inversiones”.
Ante este panorama, surge la pregunta de cómo ordenar todo esto para abrir un camino viable hacia la transición energética. Para algunos, la respuesta no está solo en la macroeconomía, los subsidios o la infraestructura, sino en un marco legal que provea consenso político.
En este sentido, Möhle destaca que “lo importante es que haya una ley, la ley que ordene y dé cierta previsión. Que puedas remontar, revalidar ese consenso que tuviste en 2015 con la sanción de la ley”.

Provincias en resistencia de la mano de la generación distribuida
Argentina hoy se encuentra en un punto de inflexión, con un eclipse institucional y político que sin embargo alumbra otros aspectos, quizás relegados detrás de las lógicas de mercados, que también alzan la bandera de la transición. Al interior del país, diversas provincias han comenzado, incluso antes de la sanción de la 27.191, a diseñar estrategías propias para no quedar atrapadas en la dependencia fósil.
Para aquellas que no poseen grandes yacimientos hidrocarburíferos, las renovables son tanto una oportunidad de diversificación económica como de soberanía energética.
La provincia de Santa Fe, por ejemplo, despliega hace años un modelo de transición energética propio que no convoca únicamente al gran inversor. “Estamos trabajando para posicionar un modelo de transición energética subnacional que lidere a nivel nacional”, comentó Cecilia Mijich, subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética en la provincia.
En 2006, la Legislatura de Santa Fe sancionó la Ley 12.692, que estableció un régimen promocional provincial para la investigación, desarrollo, generación y uso de energías renovables no convencionales.
Esa norma marcó el inicio de la transición energética santafesina, al sentar las bases legales para proyectos solares y eólicos (entre otras), con beneficios fiscales por 15 años para los emprendimientos habilitados.
Desde entonces, la provincia no ha dejado de avanzar, institucionalizando el proceso a través de nuevos marcos como la Ley 14.259, que consolidaron un piso regulatorio para dar continuidad a los programas.
Hoy, con el Programa Prosumidores 4.0, se amplió la potencia máxima permitida a 1,5 MW y se ofrecen tarifas diferenciales durante ocho años, lo que asegura previsibilidad a quienes invierten. “Cualquier usuario que se anote en Prosumidores 4.0 tiene garantizados los incentivos por cinco años. Incluso si cambia el gobierno, eso no se puede revertir”, subraya Mijich.
El programa, que ya tuvo versiones anteriores, desde el piloto inicial en 2016 hasta la reformulación de 2020, ha sumado cientos de usuarios residenciales, pymes, cooperativas y municipios.
A agosto de 2025, según datos compartidos por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia, esta cuenta con 1.407 usuarios generadores conectados y una potencia renovable instalada de 10.277,1 kW en todos los programas vigentes, lo que refleja un crecimiento sostenido de la generación distribuida año tras año.
“Son cientos de prosumidores que producen su energía y la inyectan a la red, y eso crea un efecto demostración muy fuerte en toda la provincia”, remarcó Mijich,
El esquema se sostiene, además, con herramientas como el Fondo de Energías Renovables, líneas de crédito provinciales con tasas bonificadas y convenios con bancos, que facilitan el acceso a equipamiento solar y eólico para pequeños y medianos usuarios.
“La clave está en que no se trata de una política coyuntural, sino de una política pública con horizonte de largo plazo. En Santa Fe tenemos un marco provincial, financiamiento propio y actores preparados para sostener la transición”, destacó Mijich.
Señala también cómo “ese andamiaje [legal y financiero] es lo que da confianza.  Cuando una pyme invierte en solar, sabe que el Estado provincial respalda esa decisión y que no se va a caer con el próximo cambio de gestión”.
Al marco de incentivos financieros se le suma un capital técnico y científico que es clave para la provincia, con más de 160 proveedores vinculados a energías renovables y eficiencia energética, gestores capacitados, etiquetadores de vivienda y magísteres en energías renovables formados en universidades públicas.
Esta red territorial asegura que la política energética no dependa de cambios de administración y que los proyectos puedan concretarse en distintos niveles, desde pequeños sistemas residenciales de 3 kW hasta parques solares privados de varios megavatios que venderán energía directamente a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe.
“El ecosistema santafesino tiene una ventaja enorme, hay proveedores locales, hay investigación aplicada y hay formación de recursos humanos. Eso garantiza que la transición energética sea una realidad productiva y tecnológica”, enfatiza Mijich. “Lo que construimos es un círculo virtuoso, usuarios que instalan, empresas que proveen, universidades que forman, y un Estado que articula. Ese es el verdadero sentido de la transición”, asegura.

¿El camino es la descentralización?
Donde el Estado nacional se retira, los modelos provinciales pueden momentáneamente hacer frente al desinterés. Pero surge la pregunta inevitable: ¿pueden estas iniciativas locales sostener una transición energética en mayor escala?
“El desarrollo de la generación distribuida en Argentina está muy atrasado si nos comparamos con Brasil”, señala Möhle. “Tenemos mucho menos capacidad instalada, y eso afecta varias dimensiones: transporte, inversión, financiamiento. Incluso la falta de metas claras es un obstáculo crítico por sí sola. La electricidad sigue siendo muy barata comparada con otros países, y eso desincentiva a individuos y empresas a instalar sistemas propios”, agrega.
Möhle explica que, aun cuando las provincias avanzan, las soluciones de menor escala no transforman la matriz energética nacional. “En muchas provincias del sur o patagónicas, donde la elección tecnológica no es tan evidente, los gobernadores priorizan eficiencia económica o energética antes que motivos climáticos”, dice.
A esta perspectiva, Álvarez agrega que las provincias tienen una ventana de oportunidad para liderar la transición en redes de distribución y generación distribuida, pero advierte que el modelo descentralizado puede profundizar desigualdades, dadas por la diferente dotación de recursos, tintes políticos y articulación entre carteras ministeriales intra provincia.
“No es deseable que cada provincia se ‘salve sola’. Santa Fe, Córdoba y Mendoza podrán avanzar; otras provincias del centro o norte verán pasar las oportunidades. La brecha se ensanchará y el individualismo provincial, en las que cuentan con recursos propios, podría tender a crecer”, sostiene.
Desde esta perspectiva, aunque el liderazgo provincial no puede reemplazar un marco nacional, genera evidencia, capacidades técnicas y marcos regulatorios que podrían ser un insumo clave para políticas nacionales más sólidas.
Para Mercure, aunque la descentralización no garantiza la transición, probar y sostener iniciativas locales es indispensable frente a la incertidumbre nacional.
“Cuando asumió la administración de Milei, nos enfocamos [desde Farn] primero en política climática nacional, y vimos que con este gobierno no iba a pasar nada. Entonces empezamos a mirar a otros niveles, identificando provincias con iniciativas en generación distribuida. La gran mayoría tenía algún tipo de plan subnacional, aunque coordinar con áreas de energía, agro o industria sigue siendo un desafío. Aun así, hay ganas de avanzar, y debemos aprovecharlo”, explica.
Mercure subraya que estas experiencias locales no son perfectas, pero que son dignas de rescatar y visibilizar aún más cuando el gobierno nacional se ausenta: “No me parece imposible mayor protagonismo por parte de las provincias. Hay que buscar soluciones, escuchar a las provincias, apoyar sus ideas. La generación distribuida también puede solventar problemas sociales, ambientales, fomentar inclusión y desarrollo local. Por lo menos necesitamos intentar y sostener la transición frente a la incertidumbre”.
En cuanto a la prórroga de la Ley 27.191 enviada a la Cámara de Diputados, esta podría asegurar la continuidad de incentivos hasta 2045, aunque no contempla objetivos de participación de energías renovables.
Respecto a las expectativas,  Álvarez subraya que “si no hay metas claras, la acción provincial y comunitaria no puede compensar la inacción nacional».
«Tenemos la oportunidad de transformar esta situación mediante una ley de transición con una hoja de ruta asociada que posibilite al país al financiamiento climático internacional y así bajar el precio de la energía local al mismo tiempo que se genera más empleo por unidad de energía generada. Es lo que tenemos, y tenemos que aprovecharlo”, considera.
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INTI y Cader lanzan el Primer Censo Solar Fotovoltaico de Argentina

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Es realizado en conjunto por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader). 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) lanzaron oficialmente el Primer Censo Solar Fotovoltaico en Argentina, una iniciativa clave para medir y ordenar el desarrollo de la energía solar en el país.
El relevamiento comenzó a desarrollarse en junio y busca generar un registro actualizado del sector solar fotovoltaico, con información detallada sobre las capacidades técnicas, la distribución geográfica, el empleo y la evolución de la actividad durante el período 2023–2024. 
Según destacaron sus impulsores, el objetivo es contribuir a la planificación estratégica y fortalecer la cadena de valor de la energía renovable a lo largo y ancho del país.
El censo se lleva adelante mediante un formulario online, gratuito y voluntario, dirigido de manera exclusiva a los proveedores de productos y servicios de energía solar fotovoltaica. 
Pueden participar fabricantes de equipos, instaladores, importadores, capacitadores y distribuidores, aunque no está destinado a usuarios finales de la tecnología.
Desde INTI y Cader pidieron a medios, cámaras sectoriales y entidades relacionadas con las energías renovables que acompañen la difusión de la iniciativa, con el fin de garantizar la mayor participación posible de empresas y actores de la cadena de valor.
Las compañías interesadas pueden acceder al formulario en el sitio oficial: https://censofv.inti.gob.ar/.
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Una planta de hidrógeno verde en Uruguay podría generar un conflicto internacional

Fecha de Publicación: 01/04/2025
Fuente: Portal FuentesInformadas
Provincia/Región: Nacional


Frigerio dijo que la planta de hidrógeno verde es un tema que tiene que seguir “muy de cerca”
La radicación de una planta de elaboración de hidrógeno verde en Uruguay, en la ciudad de Paysandú a orillas del río Uruguay que limita a ese país con Argentina generó malestar y un fuerte reclamo argentino
El presidente uruguayo Yamandú Orsi recibió al gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, y ambos descartaron que las protestas y el malestar en las poblaciones afectadas deriven en un nuevo corte de los puentes, como sucedió con la instalación de la papelera Botnia en 2006.
El pasado sábado, manifestantes argentinos cruzaron desde Colón (Argentina) a Paysandú (Uruguay), para reclamar en contra de la construcción de la megaplanta de hidrógeno verde que está prevista.
En febrero de 2024, el Estado uruguayo firmó el memorando de entendimiento con la empresa HIF, la constructora que prevé invertir seis mil millones de dólares en la planta de hidrógeno verde. Las poblaciones entrerrianas están en alerta por la cercanía que tiene con la ciudad de Colón: les preocupa especialmente una serie de chimeneas que tendrá el proyecto que, aseguran, impactaría de forma negativa en el turismo de la zona.
Los manifestantes también dejaron una alerta: la concreción del proyecto podría derivar en un nuevo conflicto entre Uruguay y Argentina. La referencia es a lo que sucedió en 2006, cuando los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez estuvieron enfrentados por la construcción de la primera planta de celulosa en Uruguay, de la empresa Botnia (hoy UPM). Los puentes internacionales estuvieron cortados durante meses.

Reunión para prevenir un conflicto
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, llegó este jueves a Montevideo para reunirse con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. La planta de hidrógeno verde para Paysandú fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa, pero la posibilidad de que haya un nuevo conflicto quedó rápidamente descartada.
El principal pedido del gobernador fue que se revisara la ubicación de la planta. “El principal punto es la ubicación. Es una planta que está mucho más cerca de Colón que de Paysandú”, dijo Frigerio en una rueda de prensa, que brindó junto al canciller uruguayo Mario Lubetkin. Consultado sobre un posible nuevo conflicto por el anuncio de la planta, Frigerio respondió: “Eso no. Por suerte, no”.
“Nunca más podemos tener otro conflicto como el que durante mucho tiempo nos separó”, dijo. “Eso no puede volver a ocurrir. Eso se evita con diálogo y sentido común. Tenemos que escuchar más a la gente y a los pobladores”, dijo el gobernador argentino ante los medios uruguayos.
Frigerio dijo que la planta de hidrógeno verde es un tema que tiene que seguir “muy de cerca” y detalló que la planta está a tres kilómetros de Colón –justo frente a las playas de esa ciudad– y a nueve de Paysandú.
El presidente Orsi también se refirió a los “reparos” que existe de pobladores de Colón sobre el planteo. “Hay que escucharlos”, señaló. “No solo escucharlos, hay que entender. No tengo idea qué margen hay para eso, lo conversaremos con los ministerios”, afirmó el mandatario uruguayo.
Tras el encuentro, el canciller uruguayo informó que la visita de Frigerio se orienta a establecer un escenario de cooperación y complementos entre Uruguay y Entre Ríos. “De lo que se trata, es de entrar en un escenario de cooperación con una provincia absolutamente estratégica para Uruguay”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.
Lubetkin destacó que un presidente de Uruguay se haya reunido con el gobernador de Entre Ríos, algo que parece ser una “excepcionalidad”. Frigerio también tiene previstas reuniones con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y con el de Turismo, Pablo Menoni.
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Transición energética en Argentina: en manos del mercado y con un Estado ausente

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Sin un plan, Argentina avanza con una transición energética en manos del mercado, beneficiada por los signos de recuperación económica y moldeada por la ausencia del Estado.
A pesar de que en Argentina hay una Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético bajo la órbita del Ministerio de Economía, hasta la fecha no existe ningún plan en ejecución para llegar a dicha transición. El gobierno libertario de Javier Milei decidió apartarse de la dirección que las administraciones anteriores desarrollaron y prefirió dejar la expansión de las energías renovables en las manos invisibles del mercado.
Esto no quiere decir que antes de Milei, en el poder desde diciembre de 2023, la transición energética caminara a pasos agigantados. El país viene arrastrando un estancamiento de por lo menos siete años.
Tampoco significa que fuera impulsada por empresas del Estado… ni siquiera nacionales.
A nivel mundial, el desarrollo de las renovables, en especial las no convencionales como la eólica y la solar, se ha visto marcado por una fuerte dinámica comercial internacional. Y en especial para los países de América Latina y el Caribe, la importación de ciertos componentes clave es aún imposible de evitar.
En este marco, hasta hace menos de dos décadas era impensable un desarrollo expansivo de las renovables en la región hasta que llegó una rotunda caída en los precios, en particular de la energía solar.
América Latina empezó un proceso desde lo económico, pero también desde lo legal, para prepararse para estas distintas transiciones que, dependiendo de cada contexto, tomaron formas diferentes… Argentina incluida.
A partir de 2015 se desarrollaron en el país políticas como las tres jornadas de RenovAr, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que impulsaron un sustancioso crecimiento de la matriz eléctrica en el país bajo el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía.
Programas como el del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable, también dieron pie a los acuerdos privados para el desarrollo de fuentes como la eólica y solar.
En un año (2015) la matriz renovable pasó de 2 % a 5,6 %. Sin embargo, para el país sudamericano, esto duró poco. Según el propio régimen, para este año el país debería tener 20 % de potencia renovable instalada, no obstante, ha habido un estancamiento que a rastras tocó 14,5 % a mediados del año pasado, según información del Ministerio de Economía.
El desorden macroeconómico, sumado a la alta tasa de inflación, provocó un efecto dominó en todo tipo de importaciones. Los programas que el macrismo había desarrollado quedaron estériles ante el contexto económico. Esta situación se desdibujó aún más durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023).
A pesar de que, durante aquel gobierno, se elaboró el Plan Nacional de Transición Energética -que punteaba ambiciosos objetivos para la mitigación de emisiones y contemplaba derechos laborales, justicia y sustentabilidad- y el Ren MDI -una jornada de licitaciones para instalar 600 megavatios renovables-, la implementación de estos proyectos siguió viéndose moldeada por el contexto económico argentino y después por el cambio de gobierno.
Actualmente, la situación parece estar invirtiendose. Las condiciones macroeconómicas y fiscales muestran signos de mejora, lo que puede potenciar este recambio, sin embargo, el Estado no está dispuesto a ordenarlo.
“En principio llevamos un año del gobierno de Milei y no hay un plan energético. El plan anterior era de diagnóstico y declamativo, porque no era vinculante. Pero por ahora, esta administración tampoco da muestras más allá del estandarte de Vaca Muerta como el futuro del desarrollo”, explica Ignacio Sabbatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet-Flacso especializado en transición energética.
Si bien desde el Ministerio de Economía no quisieron hablar del tema, Mariela Beljansky, que hasta diciembre fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético del gobierno libertario, reveló que se planteó un “cambio de mirada”.
En términos sencillos, lo que buscó la funcionaria fue mejorar las condiciones para que los mercados asociados a la transición energética se desarrollen en el territorio. Todo con la menor intervención estatal posible.
“No es el Estado quien se comprometió con el Acuerdo de París, sino la República Argentina, y la República somos todos, tanto el sector público como el privado. Nosotros pretendíamos generar instrumentos para que todos cumplamos con nuestros compromisos”, explicó Beljansky.
Ella aclara que no sabe con certeza si esta perspectiva se mantiene hasta hoy, pues no tiene contacto con Antonio Milanese, quien la sustituyó. Se trató de contactar tanto a este funcionario, así como a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que trabaja este tema en coordinación con la oficina dirigida hoy por Milanese. Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
Tanto Sabbatella como expertos regionales consultados, coincidieron en que, a pesar de no haber un plan, rgentina sigue avanzando aunque no con el potencial máximo. Y esto se debe a distintas variables políticas y económicas que no solo moldean la velocidad de la transición, sino también la forma que toma.

Una transición energética sin Estado
Si hablamos de la transición energética argentina en términos amplios, Sabbatella identifica dos grandes cuellos de botella: las condiciones macroeconómicas y fiscales, y el transporte de la energía eléctrica. Un problema de mercado y otro técnico-industrial.
El primero ha sido determinante en el desarrollo general del país, y es también una de las razones de la popularidad del gobierno de Milei. Y a pesar del negacionismo climático y la falta de prioridad de estos temas desde el oficialismo, para la transición energética, el mercado también es clave.
Hace dos años, en un pódcast llamado “Diálogos para la transición energética”, Sabbatella explicó que se vivía un “momento histórico de la explosión de la transición a nivel mundial coincidente con una grave escasez de dólares en la Argentina”.
Esa escasez, sumado a la altísima tasa de inflación que vino después y que llegó a un pico interanual de 215 %, limitó las posibles inversiones para expandir las renovables. Era difícil conjuntar fondos para aquel desarrollo y la importación de componentes era casi imposible de concretar.
“Esto no es menor, pero no es la única variable que explica el retraso de la transición energética y el desarrollo de renovables”, añade.
Sabbatella se refiere también a los subsidios a la electricidad que durante la administración libertaria se recortaron sustancialmente para los sectores residenciales, y en el caso de la industria, las pequeñas y medianas empresas, se eliminaron.
Esto explicaría que el sector que en el último año invirtió más para un recambio a energía solar y eólica fue el industrial -sin descartar los parques que se integraron al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi).
Son varios los proyectos solares y eólicos -el último registro cuenta 3,2 gigavatios instalados– que se han anunciado hasta el inicio de este año, algunos bajo el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi).
Ese esquema propone exenciones impositivas, regulatorias y arancelarias por 30 años con la condición de hacer inversiones superiores a los 200 millones de dólares y dirigidas a estas industrias:  la agrícola, la de infraestructura, la forestal, la minera, la de gas y petróleo, la siderúrgica, la de energía y la de tecnología.
A pesar de que hay alrededor de seis proyectos renovables bajo este esquema -entre los aprobados y los que se anunciaron como potenciales-, las propuestas más grandes están vinculadas a Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas no convencionales que se ubica en la región de la Patagonia.
“Hay proyectos off-grid (fuera de la red) como los de la minería, que van a ser un gran demandante energético y muchas empresas buscan descarbonizarse. La minería de cobre demanda mucha energía y ya hay anuncios de posible desarrollo de renovables para reducir el consumo de fósiles y el costo también”, describe Sabbatella.
Y añade: “Acá muchos de los procesos son de abajo hacia arriba porque hay empresas comprometidas con transicionar o porque hay todo un mercado internacional”.
Abajo hacia arriba, quiere decir, según Sabbatella, así como para el director del programa de transiciones energéticas y clima del Diálogo Interamericano, y exsecretario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Alfonso Blanco, una transición energética impulsada por los usuarios y no por el Estado como organismo planificador.
Carlos Salgado, especialista energético regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), ve central el desarrollo de planes estatales, no solo para organizar la transición energética de forma justa, sino que también para potenciar las propias inversiones extranjeras.
“En el mundo, el año pasado, las renovables recibieron el doble de inversión que la industria fósil. Sin embargo, en América Latina esto no fue igual y aquí veo dos grandes razones: el riesgo político y el impacto al desarrollo que significa la inversión”, destaca el experto.
“Tenemos que hacer un derisking (reducción de riesgos) en la región, y por supuesto en la Argentina. Y una de las primeras herramientas que se me ocurren es la de desarrollar políticas de estabilidad para que los inversores puedan poner su dinero allí”, añade Salgado.
En el caso argentino, esas políticas de estabilidad no están necesariamente dirigidas a la promoción de renovables no convencionales. Tampoco existen regímenes de promoción específicos a pesar de los proyectos que permanecen dormidos en el legislativo Congreso Nacional, como el régimen de promoción al hidrógeno verde.
El segundo factor que destaca Salgado se vincula con el planeamiento energético a nivel territorial, pero también con un análisis sobre las poblaciones en donde estos proyectos se instalan.
“En ese sentido nosotros siempre promovemos pensar en el impacto social, de género y en la biodiversidad que los parques solares o eólicos pueden provocar”, aclara y advierte que, sin el Estado presente, estas consideraciones pueden no ser tomadas en cuenta.

El desarrollo de renovables con leyes fosilizadas
Blanco reconoce que esto es más que relevante. Sin embargo, también advierte que «si vos no tenés una planeación y tenés un marco de leyes enfocado a las leyes fósiles, el libre mercado no permite desrrolar las renovables.
Este punto es clave, pues las renovables, aún siendo más competitivas que antes, se despliegan en un país cuyas leyes de promoción siguen inclinándose hacia los combustibles fósiles.
Esto queda en evidencia en los anuncios del gobierno vinculados a la energía, en los subsidios y desregulaciones al mercado gasífero que aún prevalecen e, incluso, en los informes trimestrales de coyuntura energética que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético expide, y cuyos datos corresponden, en su gran mayoría, a los combustibles fósiles.
“Si planificas, tendrías una optimización de la asignación de recursos. Y es que el marco habilitante fue diseñado para un mundo fósil. Hoy el mercado no termina asignando de forma eficiente los recursos”, señala Blanco.
Salgado resalta que los países de la región que han podido transicionar más rápido son, sin duda,  los que no tienen yacimientos hidrocarburíferos en sus territorios.
“Uruguay tenía que diversificarse porque importaba mucha energía. Sin embargo, que un país sea productor petrolero no excluye que sea una potencia en renovables. Mira a Brasil”, plantea el experto.
Si bien Argentina está apostando mucho más al gas natural, combustible fósil que es considerado por algunos como “de transición”, reconoce que no hay una vinculación entre el crecimiento de este sector y el renovable.
En esa línea, Juan Ignacio Arroyo, economista, asesor y comunicador argentino especializado en la transición energética, propone ver a YPF, la empresa estatal petrolera, como un potencial impulsor de políticas para la transición energética, y a esto no se refiere la participación en la producción de gas que tiene esta industria, sino a la inversión que ha hecho y puede hacer en el desarrollo de renovables.
“YPF Luz es un gran ejemplo de esto, también Y-TEC, pero si la empresa se corre, esto se deja a decisión de los privados”, advierte el economista.
En 2023, Sabbatella escribió un artículo científico titulado “Transición energética: el cuadrilema argentino”, que retoma el planteamiento del Consejo Mundial de Energía sobre los retos energéticos contemporáneos.
Este organismo categoriza a la seguridad y equidad energética, y a la sostenibilidad ambiental como las tres variables a equilibrar para el desarrollo de los nuevos esquemas energéticos.
Sin embargo, Sabbatella aclara que, para los países del Sur global como Argentina, la capacidad técnica-industrial es un cuarto factor necesario a considerar.
Entonces, la posibilidad de que un país genere nueva infraestructura se vuelve fundamental para poder moldear el tipo de transición energética que necesita.
Antiguas industrias podrían jugar un rol, como lo plantea Arroyo con YPF, o también otras como las metalúrgicas.
En este caso en particular, Sabbatella trae a colación la reciente venta de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), una empresa estatal que producía infraestructura para la producción de hidrocarburos, pero también de renovables.
“En términos de capacidad industrial, el cierre de Impsa da cuenta de lo poco estratégico que el gobierno contempla  este tipo de vectores para el desarrollo de un plan energético”, concluye el sociólogo.
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Generación distribuida: el modelo que puede aliviar la crisis eléctrica en Argentina

Fecha de Publicación: 11/02/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Año con año, la crisis eléctrica que sufre la Argentina se agrava. Son varios factores los que componen este problema. Primero, aparece un consumo energético per persona mucho más alto al del resto de la región que crece de forma ininterrumpida desde hace al menos 40 años.
Lo alarmante es que esto se desenvuelve sobre una infraestructura que pide renovación. Además, la red eléctrica nacional está dotada de solo algunas arterias, que son el sostén de la mayor parte de la población, de las industrias y de las empresas.
No es casual que la primera emergencia declarada por el gobierno de Javier Milei haya sido la del sector energético en los segmentos de generación, transporte y distribución, tanto para electricidad como para combustibles. Y aunque la crisis es general, son varias fuentes consultadas para este artículo las que ponen a la transmisión en la cabeza de las prioridades.
“Hoy son muchos los problemas que tenemos, pero el primer objetivo es aliviar el transporte de energía”, confirma Mariela Beljansky, que hasta hace poco más de un mes fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento del gobierno nacional.
Y es que estos desmejorados cables de alta tensión no son capaces de soportar por mucho tiempo un flujo de electricidad que, en los picos de demanda, quizás ni siquiera en su mejor época podrían haber resistido. Hoy corren el riesgo de sufrir daños fatales.
Pero este no es un problema nuevo. El gobierno anterior autorizó en 2023 el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica en Alta Tensión y el de Distribución Troncal para atender la emergencia del transporte y promover la transición a energías renovables en el sector eléctrico.
Esto también se contemplaba en el ambicioso Plan Nacional de Transición Energética. Sin embargo, tanto los planes como la estrategia nacional parecen permanecer hoy en el congelador. Se contactó a la Secretaría de Energía sobre estos proyectos y sus avances, pero hasta el momento de publicación de este informe, pero sin recibir respuesta.
A pesar de este contexto, el gobierno actual, en el poder desdediciembre de 2023,  sí planteó medidas que buscan atender la emergencia del transporte de electricidad.
Por un lado, prorrogó la declaración de emergencia energética hasta julio de 2025, desarrolló medidas como el Plan Verano 2024-2025, el aumento de la importación de combustibles y anunció que lanzará una serie de licitaciones para ampliar el transporte eléctrico.
Durante el 2024 también arrancó el Programa de reconversión y eficiencia energética que tenía como principal objetivo hacer un recambio de tecnología para reducir el gasto eléctrico y, según Bejansky, también la generación distribuida, tanto para el sector residencial, como para la industria y las pyme.
La generación distribuida es, tanto para Beljansky como para el resto de las fuentes consultadas, una de las soluciones a apostar para atender el problema del transporte o transmisión de energía. Según ellos, el potencial es aún vasto y tiene como ventaja que se necesitan inversiones atomizadas.
Primero que nada, con generación distribuida, también conocida como ciudadana,  se entiende, en términos llanos, a que las personas que consumen electricidad son también las que la producen. Pero no hay que imaginar tener un pozo petrolero en el jardín o un molino de viento en el techo del edificio. Casi 100 % de la energía que se consume bajo este esquema es fotovoltaica, es decir, que la electricidad proviene de paneles solares.
De hecho, según el informe más reciente sobre generación distribuida de la organización regional Onterra, 50 % de la potencia solar en América Latina está instalada bajo esa modalidad. Esto se debe a que los precios de la tecnología cayeron casi 90 % en los últimos años y también por una cuestión práctica: cabe en más lugares y requiere de poco mantenimiento.
Según el mismo reporte, el año pasado América Latina rompió el récord en instalaciones y plantea que tiene el potencial para aumentar de 31 gigavatios que hubo al cierre del 2023 a 159 gigavatios .
Solo como ejemplo, una familia tipo (dos personas adultas y dos menores de edad) requiere una potencia de alrededor de tres kilovatios en su casa. Esto significa que hasta el año pasado se podría haber abastecido a más de 10 millones de familias y tendría el potencial de cubrir a 53 millones.
Hoy, Brasil, México y Puerto Rico son quienes lideran en la región y muy por debajo, en el penúltimo lugar de la tabla, se encuentra la Argentina. Hasta el año pasado, este país solo tenía 33 megavatios de capacidad instalada, aunque durante el 2024, según datos oficiales, la potencia creció a casi el doble.
Esto pasó en un contexto de recesión, con caída en el consumo y recortes a subsidios, incluidos los destinados a promocionar la generación distribuida. Aquí surgen dos preguntas: ¿Por qué la Argentina tiene tan poco desarrollo comparado con América Latina?, ¿y qué significa el crecimiento de este año?

De los últimos en la lista
De acuerdo con Ignacio Romero, María Paz Cristófalo, Franco Borrello, que son los miembros fundadores de Onterra, la baja potencia de la Argentina se debe a cuatro razones.
La primera es que el país fue uno de los últimos de la región en desarrollar un marco normativo para promocionar la generación distribuida. Fue hasta 2019 que entró en operación el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública que plantea como objetivo llegar al 2030 con un gigavatios de potencia instalada.
“Somos de los países que menos tiempo llevamos desarrollando este tipo de estructura eléctrica. Además, el contexto inflacionario y el desorden macroeconómico no ayudaron nada”, explica Cristófalo. Y es que, para instalar la energía fotovoltaica, dos de los componentes clave se importan: los paneles solares y el inversor de corriente.
Estos dos aparatos vienen primordialmente de China, que en los últimos años se volvió el principal exportador de la tecnología fotovoltaica del mundo. Antes, esta tecnología era muy cara pero desde la llegada del gigante asiático a ese mercado, los precios se desplomaron.
Pero como cualquier acuerdo comercial internacional, la seguridad que brinda un país es clave, y con un contexto de deuda como el de la Argentina, el desarrollo solar en el país no se comparaba con el de otros países de la región.
Esto sumado a que la inflación explosiva y los costos, tanto de la mano de obra como de otros componentes, se dispararon. Pensemos que de diciembre de 2022 a 2023 hubo una inflación acumulada de 211,4 %, algo que disminuyó a 117,8 % de diciembre del 2023 hasta el mismo mes del año pasado.
La tercera razón que destacan los autores es el subsidio a la energía eléctrica que prevaleció hasta la administración pasada y que hacía poco competitiva a la generación distribuida.
A pesar del aumento en los costos de la electricidad, tanto por la inflación como por el alza en el costo de los combustibles fósiles (que es la principal fuente de energía eléctrica del país), los gobiernos anteriores trataron de mantener los precios bajos.
«Con la quita de subsidios y la eliminación de precios artificiales, muchas pymes e industrias empezaron a hacer el recambio por paneles solares. Eso explica el aumento de la generación distribuida durante este año», detalla Beljansky.
Para Pablo Bertinat, ingeniero eléctrico, autor e investigador especializado en transición energética de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina en la ciudad occidental de Rosario, hubo una falta de lectura tanto de esos factores macroeconómicos, como de otros aspectos técnicos y operativos a la hora de desarrollar las políticas de promoción.
“Tenemos un desarrollo con muchísimos equívocos. La ley tuvo un proceso inicial que no fue lo suficientemente discutido y acordado”, plantea. Para él, en consecuencia, el desarrollo de este esquema eléctrico ha sido “completamente anárquico”.
Bertinat explica que cada provincia desarrolló una estrategia distinta para promocionar la generación distribuida. Muchas tenían regímenes de promoción previos al nacional, otras decidieron no adherirse a la propuesta del gobierno, y otras más, han demorado años en reglamentar la ley. Ejemplo de esto es que hay provincias que tienen capacidad instalada que no aparece en los informes nacionales.
Según Martín Dapelo, miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Energía Renovable, esta falta de homogeneidad puede traducirse en mayores gastos por temas administrativos, operativos o de infraestructura, dependiendo de la provincia.
Explica que para una familia tipo, el costo de instalación de potencia solar ronda los 3000 a 3500 dólares, “pero lo que tal vez en un lugar te puede costar eso, en otro lado puede escalar a 6000 dólares”. A pesar de esto, durante el 2024 el país entero vio crecer a la generación distribuida.

Cómo es un desarrollo sin subsidios y regida por el mercado
Beljansky explica que en materia energética, como en el resto de los sectores del Gobierno, la directriz siempre fue reducir la intervención estatal: “Buscamos liberalizar todo lo que el mercado pueda abordar y después que el Estado vea programas de lo que el mercado no pueda solucionar”.
Bajo ese esquema, según el equipo de Onterra, es usual que el desarrollo de la generación distribuida en la Argentina comience en el sector industrial, seguido por las clases altas del sector residencial y, tal vez, en los estratos medio-altos más adelante.
En contraste, para los sectores de menores ingresos resulta poco probable lograr los recambios bajo las reglas exclusivas del mercado y en el contexto económico actual.
Actualmente, Argentina cuenta con cerca de 1600 usuarios-generadores de energía eléctrica, registrados a nivel nacional, en su mayoría residenciales y, probablemente, pertenecientes a estratos medios y altos, aunque no son ellos quienes más energía consumen.
Según datos oficiales, la potencia instalada, que ronda los 60 megavatios, se concentra principalmente en las industrias. Estos números están influenciados por tres factores clave: los subsidios a la electricidad, el costo de la infraestructura y los incentivos existentes.
Para instalar un sistema fotovoltaico en una vivienda, es necesario contar con al menos 3000 dólares, y esta cifra aumenta considerablemente si se trata de pymes, y aún más en el caso de industrias.
“Muchos usuarios no tienen esa plata. Según las cifras oficiales, la mitad de la población es pobre y no va a poder invertir. Quizás una élite pueda hacerlo dentro del país”, señala Martín Kalos, economista y director de la consultora EP y CA Consult.
Además, los sectores más bajos de la población enfrentan barreras económicas adicionales para acceder a estas tecnologías, por ejemplo, la infraestructura de sus viviendas. Según Dapelo, la infraestructura de más de 50 años no puede soportar paneles solares. “Los techos no están preparados”, explica.
“Teniendo en cuenta que los sectores sin subsidios son los que más consumen energía, es lógico que les resulte conveniente realizar el cambio. En este contexto, el tiempo de repago [cuando la inversión inicial se recupera] es de aproximadamente cinco años, especialmente considerando los costos históricamente bajos de la tecnología solar”, explica Romero.
Pero no es suficiente con la remoción de subsidios para desarrollar este modelo energético, explica quien además de ser miembro de Onterra, fue director del departamento nacional de Generación Distribuida durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Los incentivos elaborados por el Estado, según el propio reporte de Onterra, son herramientas útiles para la promoción de estas tecnologías.
Hasta la asunción de Javier Milei, existían tres tipos de incentivos contemplados por la ley. El Fodis, un fideicomiso que buscaba subsanar la inversión inicial de la infraestructura, beneficios promocionales para abaratar costos y un régimen de fomento de la industria nacional.
Sin embargo, estas herramientas fueron eliminadas por decreto. Según Beljansky, la razón por la que se quitaron fue porque el contexto inflacionario provocaba que se licuaran los subsidios, pues los usuarios hacían la inversión que meses después se devolvía.
No obstante, tanto para Dapelo como para Bertinat esa razón es inválida. El ingeniero eléctrico opina que tiene más una connotación ideológica que un fin práctico.
En sustitución a estos incentivos, a través de una resolución se diseñó una línea de crédito a través del programa de reconversión y eficiencia energética.
Con ella, el Banco de la Nación Argentina podría otorgar créditos de cinco a diez años con una tasa fija para la compra de casi 100 ítems entre los que se encuentran electrodomésticos eficientes, aislantes de temperatura, calentadores de agua solares y celdas fotovoltaicas.
Beljansky explica que esta fue una de las principales medidas que se tomaron en torno a la generación distribuida.
Kalos opina que la generación distribuida seguirá creciendo, pero no considera que el crédito diseñado por el Ejecutivo influya, tampoco piensa que resolverá temas de pobreza energética. “Hay que tener un perfil para acceder a ese como a cualquier crédito. Quién tiene la espalda para hacer pagos a 10 años, mucha gente no”, reflexiona.
A pesar de no tener en cuenta, al menos en un primer momento, a las clases más pobres del país, Blejansky piensa que la energía distribuida seguirá creciendo. Y si el ritmo continúa, se podría llegar al objetivo planteado en el régimen nacional.

El reto para las zonas más pobladas
Además de las variables económicas, el desarrollo de la generación distribuida también se ve moldeado por el espacio. Los paneles solares lo requieren, y es justo en los sitios donde más demanda hay que el espacio escasea.
Los núcleos urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires o capitales provinciales como Rosario y Córdoba son los lugares donde más serviría este tipo de esquemas. Pero, por un lado, los edificios no pueden cubrir con la demanda pues no hay superficie suficiente y, segundo, donde hay sol un día, puede que al siguiente deje de haber.
La referencia es a la construcción de edificios altos que generan sombra.
Beljansky reconoce que es un tema del que se habla poco dentro del Gobierno, pero que al plantearse un desarrollo en zonas urbanas es fundamental. “No hay derecho al sol en la Argentina. Vos podés instalar un panel solar y el año que viene construyen un edificio que te haga sombra”, reflexiona.
Pero tanto ella como Dapelo y el propio Bertinat plantean que para estas zonas, la solución potencial es la de formar comunidades energéticas. Consiste en tener una planta de baja tensión conectada a la red eléctrica de tu barrio, tu pueblo o tu ciudad.
Esta planta estaría lógicamente cerca, pero no lo suficiente como para verse afectada por edificios. Uno podría comprar una porción de la potencia de esa planta y recibir directamente la energía. Es una forma de energía distribuida que recién comienza a formarse en el país, con apenas algunos proyectos en las provincias de Córdoba y en Santa Fe.
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Genneia y Satellites On Fire en alianza para proteger el ambiente y la biodiversidad

Fecha de Publicación: 22/08/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El objetivo del acuerdo es brindar al Refugio “La Esperanza”, de Fundación Patagonia Natural, una plataforma innovadora para reducir la pérdida de biodiversidad provocada por incendios.
Genneia, empresa líder en energías renovables en el país, llegó a un acuerdo estratégico con Satellites On Fire, una plataforma argentina de detección temprana de incendios a través de satélites, cámaras e inteligencia artificial.
El objetivo del acuerdo es brindar al Refugio “La Esperanza”, de Fundación Patagonia Natural, una plataforma innovadora para reducir la pérdida de biodiversidad provocada por incendios. El área monitoreada abarca un total de 28.637 hectáreas y, a través de la startup, se podrán detectar de manera temprana posibles incendios, facilitando así una rápida movilización de recursos y una eficiente coordinación de equipos de respuesta de la Provincia de Chubut.
Esta herramienta funciona a través de alertas inmediatas vía Whatsapp, mail y notificaciones push que permite visualizar la ubicación del incidente y actuar inmediatamente en el foco del incendio. La alianza con Satellites on Fire, Genneia y Patagonia Natural, desempeña un papel crucial en la protección de la biodiversidad y colabora en la implementación de estrategias de conservación y restauración del ecosistema.
Franco Rodriguez Viau, CEO de Satellites on Fire expresa: "Nos alegra asociarnos con Genneia en este esfuerzo para proteger la biodiversidad de la Patagonia. En Satellites on Fire, creemos en el poder de la tecnología para hacer una diferencia real en la protección del ambiente, y la relevancia de que una empresa líder como Genneia apoye estas iniciativas es inmensa. Muestra la importancia de la colaboración para enfrentar los desafíos ambientales de manera efectiva y lograr un impacto profundo y positivo."
Por su parte,  Carolina Langan, Jefa de Sustentabilidad de Genneia, agregó: “Estamos orgullosos de trabajar junto a Satellites on Fire y Patagonia Natural para lograr prevenir riesgos en áreas claves de la provincia de Chubut. Es un orgullo poder apostar por iniciativas tecnológicas que enriquecen procesos de protección a la biodiversidad, los cuales se encuentran sumamente alineados con nuestro fuerte compromiso con el medio ambiente.”, expresó Carolina Langan, Jefa de Sustentabilidad de Genneia.
José María Musmeci, Presidente de Fundación Patagonia Natural, también sumó: “Es una alianza estratégica de gran valor para el trabajo de Conservación de la Estepa Costera Patagónica y posible recuperación de áreas sensibles, como una herramienta en la lucha contra la Desertificación y el Cambio Climático”.

Acerca de Satellites on Fire
Nacida de la visión de tres jóvenes argentinos en el colegio ORT, luego de haber visto casas de familiares quemarse, Satellites on Fire combina tecnología satelital, cámaras terrestres e inteligencia artificial para detectar tempranamente incendios forestales, con el objetivo de reducir las pérdidas de biodiversidad del mundo.
El sistema de Satellites on Fire llevado adelante por tres jóvenes universitarios de 20 años, captó la atención internacional, logrando una inversión de $600.000 dólares y valorando su empresa, comenzada como proyecto del secundario, en 3 millones de dólares. Esta propuesta innovadora ya supera en rapidez de detección a la NASA, y su tecnología está monitoreando 200 millones de hectáreas de usuarios, lo cual es el equivalente a 10 veces la superficie de Uruguay, a lo largo de 15 países.
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Argentina sobrepasó los 40 MW instalados en generación distribuida

Fecha de Publicación: 22/07/2024
Fuente: Portal energiaestrategica.com
Provincia/Región: Nacional


El país cuenta con casi 1900 usuarios - generadores entre las provincias adheridas a la ley N° 27424, de acuerdo al último reporte de avance de la Secretaría de Energía de la Nación.
La generación distribuida en Argentina continúa con el ritmo de crecimiento promedio en lo que va del año, de tal manera que el país ya sobrepasó los 40 MW de capacidad instalada bajo la ley N°27424 a lo largo de 15 jurisdicciones.
De acuerdo a los datos relevados por la Secretaría de Energía de la Nación, hay 1892 proyectos que completaron la instalación y se convirtieron en usuarios – generadores (U/G), que suman 42412 kW de potencia instalada y conectada a la red mediante un medidor bidireccional.
La evolución durante el mes de junio fue de 58 U/G (la segunda más alta del año por detrás de los 64 U/G de mayo) que aportaron 3497 kW de capacidad (el récord del 2024 lo tiene el mes de enero con 3729 kW).
Esto significa que, a lo largo del corriente año, se incorporaron 300 nuevos usuarios – generadores y 11.743 kW de potencia; por lo que, de continuar esta dinámica Argentina podría el crecimiento dado en 2023, considerando que en dicho año hubo 526 U/G y 12.631 kW instalados.
La mayor parte de los proyectos que hoy en día se encuentran en funcionamiento provienen del sector residencial (1100 U/G – 58,13% del total), seguido por el rubro comercial – industrial (694 U/G – 36,68%).
Aunque en cuanto a la capacidad en la materia, éstos últimos segmentos son los que predominan con 32147 kW, es decir más de tres cuartos de toda la potencia instalada; mientras que los hogares del país sólo tienen 4908 kW operativos.
Además de los sistemas ya en marcha y conectados a la red, el Poder Ejecutivo Nacional dio a conocer que existen otros 589 usuarios – generadores con trámites en curso, los cuales podrían sumar 15842 kW de potencia una vez estén aprobados y se conecten a la red.

¿Cómo se reparten por provincia?
Córdoba nuevamente lidera el ranking entre las 15 jurisdicciones que figuran en el último reporte de avance de la Secretaría de Energía, gracias a 846 proyectos que completaron la instalación y se convirtieron en U/G, los cuales totalizan 16359 kW; sumado a que tiene otros 113 trámites en curso por 2235 kW.
En segundo lugar se ubica la provincia de Buenos Aires con 552 usuarios – generadores y 9884 kW de capacidad instalada; mientras que San Juan se convirtió en el tercer territorio del país con más potencia en generación distribuida (4270 kW en 94 U/G), aunque CABA lo supera en proyectos conectados (124 U/G y 2981 kW).
De todos modos, cabe aclarar que aún no figura la provincia de Santa Fe a pesar que adhirió a la Ley N° 27424 a fines de abril (ver nota) y que relanzó el programa Prosumidores 4.0 con líneas de créditos especiales del Consejo Federal de Inversiones.
Por tanto los números en todo el país podrían aumentar considerablemente una vez se computen sus datos, ya que se debe en cuenta que Santa Fe posee aproximadamente 1200 instalaciones de generación distribuida entre el programa Prosumidores y el programa Energía Renovable para el Ambiente (ERA), que podrían entrar bajo la nueva órbita de la normativa nacional de GD.
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YPF invierte en un nuevo parque solar y espera al RIGI para poder ampliarlo

Fecha de Publicación: 18/07/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Mendoza


Mientras YPF analiza dónde poner su planta de GNL con Petronas en medio disputa entre Buenos Aires y Río Negro por la obra que demandará US$ 30.000 millones y será la mayor inversión privada de la historia argentina, el brazo de energías renovables de la petrolera estatal anunció un nuevo desembolso para la construcción de otro parque de energía 'limpia'.
El directorio de la empresa aprobó la construcción de la primera etapa de su segundo parque solar, “El Quemado 1”, que demandará una inversión estimada de US$ 170 millones. Su puesta en marcha se prevé para el primer trimestre de 2026 con un plazo de construcción de 18 meses, informó en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este lunes.
Al quedar la cifra por debajo del mínimo de US$ 200 millones que definió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), YPF Luz ya piensa en ampliar el monto para quedar incluida en los beneficios, le adelantó a Clarín su presidente, Martín Mandarano.
“Veníamos trabajando en esta primera etapa desde antes del RIGI. Por eso, se aprobó esta cifra. Pero el objetivo es tratar de quedar dentro del plazo que dispone el régimen para que el proyecto quede alcanzado. Claramente, es algo que nos beneficia. Si no, probablemente no pensaríamos en una ampliación de la inversión”, explicó el número uno de este vertical de YPF que está próximo a cumplir 11 años.

Cómo será el nuevo parque solar de YPF Luz
“El Quemado 1” será el primer parque de la empresa en Mendoza, en la localidad de Las Heras, y su séptimo en el país. Con una superficie de 350 hectáreas, estará situado a 53 kilómetros de la ciudad capital mendocina y a 13 kilómetros de la localidad de Jocolí.
Será desarrollado con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) en una zona de alta radiación y se estima que tendrá un factor de capacidad estimado de 31,4% con 330.000 paneles bifaciales de última generación para abastecer a la demanda industrial en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater).
“Tenemos operativo un parque de 100 MW en San Juan, este será el doble de grande. La elección de la provincia se da por una combinación de factores: disponibilidad del recurso, capacidad de transporte eléctrico y acceso al terreno. Los tres motivos hacen que sea un proyecto viable y expandible. Apostamos a que tenga más etapas”, anticipó Mandarano.
En la primera instancia, tendrá una potencia instalada total de 200 megavatios (MW), equivalente a la energía que utilizan más de 180.000 hogares. De esta manera, busca evitar la emisión de más de 298.000 toneladas de dióxido de carbono al año.
“Nuestra estrategia siempre fue la venta a la industria, incluso antes del Mater, abastecimiento a compañías como Profertil y Toyota. También pensamos apuntar a pequeñas empresas. El proyecto que reafirma el compromiso de acompañarlas para que produzcan con energía eficiente y sustentable. El parque nos permitirá ampliar a ocho provincias nuestras operaciones para continuar diversificando la matriz energética nacional”, expresó Mandarano.
“En cuanto a los sectores, entendemos que hay una oportunidad en el oil & gas con el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos atados al RIGI; y en la minería, con el cobre, el oro y el litio con amplio potencial. Y tal vez en algún momento podamos incluir a firmas de procesamiento de datos”, describió Mandarano.
De esa manera, este parque fotovoltaico le permitirá a la compañía alcanzar los 915 MW de capacidad instalada renovable. Hoy, cuenta con 497 MW en operación y 418 MW en construcción (estos últimos corresponden a este nuevo predio de 200 MW; el parque eólico General Levalle, de 155 MW en Córdoba, que será el más grande de la región, con turbinas tres veces más altas que el Obelisco; y el CASA de 63 MW, en Olavarría, provincia de Buenos Aires).
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El tren solar hizo su primer viaje

Fecha de Publicación: 21/06/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


Se puso en marcha luego de la suspensión de ayer. El ministro de Turismo Federico Posadas dijo que esperan que para el 9 de julio esté en funcionamiento la estación Tilcara.
Por fin el tren solar se puso en marcha en Jujuy. El ansiado viaje inaugural se realizó esta mañana  a las 8, tras la reprogramación del día de ayer.
Desde el Ente Autárquico informaron que los viajes se harán desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 20.
"Los tickets pueden adquirirse a través de la página web www.trensolar.com.ar y de forma presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas en la capital jujeña y en Tumbaya, Volcán, Maimará y Purmamarca, es decir, en cualquiera de las estaciones del Tren solar", informó Juan Carlos Cabrera, presidente del Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada.
Cabrera dijo que “a medida que vayan pasado los días seguramente habrá mayor demanda. Junto a la publicidad esto cada vez se hará más conocido así como los demás espacios como el Lola Mora en la capital y otros lugares”.
En tanto, el ministro de turismo Federico Posadas se mostró positivo en cuanto a las expectativas de cara al fin de semana extralargo. “Hay reservas pero en comparación con años anteriores podemos decir que las reservas son medias bajas. Hay que decir que a comparación de otros años el turista está afectado por la crisis”.
Los precios de los tickets son diferenciados para residentes locales y visitantes, tanto nacionales como extranjeros.
$40.000 para turistas nacionales y extranjeros,
$25.000 para turistas jubilados y pensionados
$10.000 para los jujeños y residentes en la provincia
El titular de la cartera de turismo dijo que esperan que para el 9 de julio la estación Tilcara ya esté en funcionamiento, “ya se hizo el traspaso de la vía por la ruta y faltan ultimar algunos detalles como al boletería y la estación”, dijo.
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Combustibles en la transición energética, en qué se avanza en la Argentina

Fecha de Publicación: 19/06/2024
Fuente: Portal mejorenergia.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Los nuevos escenarios multienergéticos de la movilidad demandan soluciones que ya están en marcha en el país y que abarcan desde las nuevas generaciones de biocombustibles, la electrificación y el desarrollo del hidrógeno.
Si para muchos la suerte de los combustibles fósiles está echada, es tiempo entonces de avizorar cuáles serán los energéticos que podrán llegar en su lugar y en particular aquellos con los cuales la industria local tenga ventajas competitivas para su desarrollo, de manera que permitan asegurar el autoabastecimiento en las próximas décadas.
La etapa de maduración de los nuevos recursos ya comenzó en la Argentina con la llegada de los biocombustibles de segunda y tercera generación, el desarrollo de la infraestructura de electromovilidad y un paso más adelante en la utilización de las distintas variables del hidrógeno con un particular enfoque en los grandes medios de transporte.
El más avanzado de estos desarrollos simultáneos y convergentes hacia un nuevo modelo de matriz energética para el transporte está vinculado al escenario de los biocombustibles, en el cual el país tiene una infraestructura con capacidad de exportación desde hace más de 15 años, a partir de sus cultivos de soja, maíz y caña de azúcar.
Pero la industria energética local está avanzando a partir de esa plataforma de conocimiento en el segmento de los bios avanzados, con proyectos activos de coprocesados sostenibles que tiene la gran ventaja de poder ser utilizados con las mismas motorizaciones y tecnologías existentes, evitando los grandes cambios de infraestructura y flotas.

Los combustibles coprocesados
La crítica clásica a nivel global sobre los biocombustibles tradicionales es que se producen mayoritariamente a partir de materias primas de primera generación, lo que se considera una competencia con los cultivos para la alimentación, generan presión en los precios internacionales de esos commodities e incluso deforestación.
Surge entonces una tendencia a utilizar materias primas que no sean una competencia a las necesidades de abastecer de alimentos a la población con los bios de segunda y de tercera generación, a base de residuos orgánicos los primeros y de cultivos energéticos los segundos.
El mundo avanza con desarrollos en los que Argentina tiene una visión incipiente referida a los combustibles SAF destinados a la aviación, y los B24 y B30 para el segmento marítimo fundamentalmente y de transporte de cargas de largo alcance.
Pero los casos más extendidos y con una trayectoria exitosa en el país son los desarrollos de bioetanol y biocombustibles a partir de los cuales se disponen los cortes obligatorios de la nafta y el gasoil.
En este caso, la alternativa para reducir aún más la huella de carbono que llega hasta 50%, es la de coprocesar los productos bios con los fósiles. El circuito actual es la incorporación del corte obligatorio de bioetanol o biocombustible al final de proceso, luego de pasar por la refinería y previo a su distribución.
Pero la industria local ya estudia incorporara la materia bio en el complejo mismo de refinación lo que convierte el producto en un coprocesado, y luego -ya fuera de las refineríassumar la etapa habitual de incorporar biocombustible previo a la distribución, con una reducción de huella hasta del 85% en relación al fósil.
Este desarrollo de menor impacto se ofrece junto a otras soluciones, a través de materias primas de segunda generación como lo que ofrece el aceite de cocina usado o la grasa animal, en una solución que requiere estar certificada con normas internacionales e idénticas características técnicas que los productos actuales.

El escenario de electromovilidad
A nivel global, China está liderando la conversión del transporte por encima de los logros de Europa y Estados Unidos, con el desarrollo de nuevos modelos de vehículos eléctricos y de las baterías, cuyos precios a la baja hacen más accesible el segmento.
Regionalmente, la Argentina viene unos pasos atrás de los avances que se registran en países como Brasil, Chile o Colombia con la electromovilidad, pero lentamente no sólo comienza a acelerarse la venta local de vehículos híbridos o 100% eléctricos, sino que se empieza a desplegar una incipiente infraestructura de carga pública con equipos de hasta 150 Kv que permiten en un período de 10 a 20 minutos completar el 80% de una batería.
Entre las primeras empresas que tomaron la posta de la carga eléctrica es el gigante YPF, que desplegó una red de 1200 kilómetros de puntos de carga en sus estaciones de servicio en el corredor que se extiende a través de las ciudades de Córdoba, Rosario, Buenos Aires y la Costa Atlántica, y la vinculación Mendoza-Santiago de Chile.
Son más de 30 puntos de carga con distancia promedio de 100 a 120 kilómetros entre cargadores, que permiten un viaje de media y larga distancia sin mayores complicaciones, además de un doble anillo en el Área Metropolitana Buenos Aires para la movilidad diaria.
A la par la empresa Raizen, a través de la marca Shell, acaba de anunciar la primera red de puntos de carga eléctrica fuera de las estaciones de servicio con el despliegue de puntos exclusivos en grandes espacios como playas de estacionamiento de supermercados o complejos comerciales.
En ambos casos el usuario podrá en breve disponer de las principales prestaciones a través de una App que permitirá conocer la disponibilidad, el estado de cada “surtidor” eléctrico y gestionar la membresía de pago más adecuada, como parte del desarrollo de un nuevo negocio para las petroleras.
Para completar la reducción de la huella de carbono del sistema, YPF junto a su subsidiaria YPF Luz acaban de lanzar un acuerdo por el cual las estaciones oficiales de la marca contarán hacia fines de 2024 con la provisión de energía eléctrica del parque eólico de General Levalle, hoy en etapa final de construcción, para cerrar el ciclo 100% sostenible de la electromovilidad.

El hidrógeno, la fuente futura
En el proceso de búsqueda de nuevas tecnologías que ya permiten anticipar un escenario multienergético para la movilidad, el hidrógeno viene ganando un espacio en la estrategia de descarbonización hacia el 2050.
En la Argentina esa mirada se viene dando a través de medio centenar de empresas vinculadas en el Consorcio H2Ar. Desde ese espacio colaborativo es que se advierte que e hidrógeno, más allá de los colores de que se trate, va a tener un rol importante en industrias de alto consumo energético y en segmentos de movilidad de larga distancia como el transporte pesado de cargas marítimas, buses, camiones y trenes.
En lo industrial se anticipa su participación positiva en ramas como el refinado de combustibles, producción de acero, aluminio, cemente y generación eléctrica. En la movilidad de vehículos particulares, el costo de desarrollo ya se observa falto de competitividad ante la carga eléctrica, pero no se descarta al hidrógeno en flotas de taxis o combis con un sistema similar al GNC con un sistema casi idéntico de carga y mejor autonomía.
Por las ventajas competitivas con que cuenta el país, el hidrógeno que tendrá casi segura prioridad es el denominado azul a partir de la captura de carbono en el gas natural –más inmediato y económico- y el verde a partir de fuentes de generación eléctrica renovable. Se abren en este segmento distintos escenarios siempre con la búsqueda de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que se puede extender no sólo al transporte, sino a distintos usos industriales -con derivados de los procesos a otras ramas- e incluso al segmento particular por ejemplo con la inyección de hidrógeno en la red de gas natural domiciliaria.
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