Santa Fe: para la Corte provincial, la presencia de agroquímicos en peces "requiere de atención"

Fecha de Publicación: 30/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La presencia de agroquímicos en las vísceras de los peces del río Salado “requiere de una especial atención”, señaló Jorge Barraguirre, procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que investiga las causas de la masiva mortandad que desde diciembre afecta a la fauna acuática del río que atraviesa el sur de la provincia. Ambientalistas de la zona insistieron en que esa mortandad tiene que ver con la presencia de estas sustancias. “La debilidad de los peces es producto de la contaminación con agrotóxicos”, advirtió Carlos Manessi, integrante de la Multisectorial Paren de Fumigarnos.
El Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) registró la presencia de herbicidas -glifosato y ácido 2,4-D- y un insecticida -clorpirifos- en peces del río Salado. Según detalla el informe, el herbicida 2,4-D, junto con el glifosato y la atrazina “son los agroquímicos más empleados en el país”, principalmente en la fase previa a la siembra de soja y maíz transgénicos.
“Aunque no sea la causa directa de muerte, hay que estudiar el impacto de estas sustancias que no deberían estar ahí”, explicó a Página/12 Barraguirre y aclaró que se trata de “ver la película completa”. El informe advierte que “no se puede descartar” que la presencia de agroquímicos “no esté afectando la supervivencia de peces en condiciones ambientales extremas”, como la bajante extraordinaria que el río Salado sufre desde diciembre, un fenómeno que no ocurría a este nivel hace más de 50 años.
La Multisectorial, que engloba a especialistas de distintas profesiones comprometidos con el objetivo de proteger el medioambiente, asegura que la causa de la mortandad de los peces no tiene que ver únicamente con la bajante, sino con la debilidad de la fauna luego de recibir la contaminación de estas sustancias. “La hipoxia existe y existe la bajante del río, pero es parte de la naturaleza que los peces se acostumbren a la falta de agua. El eje del problema es otro”, señaló Manessi, referente del Centro de Protección a la Naturaleza e integrante de la Multisectorial, y explicó que “los peces están contaminados y eso los debilita físicamente”.
Hace más de diez años que los integrantes de la organización reclaman por una actualización o modificación de la Ley 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en Santa Fe. “Cuando llueve, el agua lava el campo y la correntía con los residuos de agroquímicos va a parar primero a la cuneta, después a las lagunas, los arroyos y termina en el río”, describió Manessi. "Los productores tienen que entender que ya no se puede seguir envenenando el ambiente”, advirtió.
El proyecto para modificar la Ley que regula el uso de agroquímicos, sancionada en 1995, un año antes de que el Gobierno nacional autorizara el cultivo de soja transgénica en la Argentina, está a la espera del tratamiento en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia. “Santa Fe es la segunda provincia del país con mayor producción sojera, después de Buenos Aires. Utilizamos entre 70 y 80 millones de litros de agrotóxicos por año”, alertó el especialista y agregó que "es una cantidad de veneno muy grande esparcida por todo el campo". El proyecto, firmado por el diputado Carlos Del Frade prevé la prohibición de la fumigación y aspersión aérea de agroquímicos y la restricción de la aplicación terrestre a mil quinientos, dos mil y tres mil metros del ejido urbano, según la clasificación del producto, para el cual existen cinco categorías según los niveles de toxicidad.
En otras provincias, como La Pampa o San Luis, se aprobaron recientemente normas similares para proteger la salud de la población y ecosistema que convive con la producción agrícola. En San Luis, con la norma sancionada en 2016, existe una restricción de 1.500 metros desde la última línea de edificación del trazado urbano, mientras que en La Pampa, desde diciembre del año pasado, la restricción es de 500 metros para la aplicación terrestre y de 3 mil para la aérea. "Se está produciendo de una forma que afecta a la salud de las personas", señaló Manessi. Desde la Multisectorial impulsaron otros dos proyectos de Ley para reducir la contaminación con agroquímicos en la provincia: uno de fomento a la producción agroecológica, y otro para reubicar los acopios de granos -silos- donde se almacenan las cosechas. "Los silos quedaron en medio de los pueblos. Cuando se ventea para secar el grano, se esparce la cáscara contaminada por todos lados", explicó el referente.

Seguir investigando
Hasta ahora, el Procurador coincidió con la postura del Gobierno de Santa Fe, que asegura que la causa de la mortandad de los peces es la bajante del río y la falta de oxígeno que sufrieron (hipoxia), pero alertó que el fenómeno requiere de una mayor observación. “El nivel de estrés que tiene la fauna da cuenta de que efectivamente hay algo que los tensiona”, evaluó Barraguirre tras recibir el informe del estudio que a pedido de la Procuraduría lleva adelante el investigador Rafael Lajmanovich, del Laboratorio de Ecotoxicología de la UNL.
En el próximo semestre los investigadores de la UNL seguirán tomando muestras de peces del río Salado para evaluar la evolución de la presencia de agroquímicos, y el impacto que tienen sobre el comportamiento de la fauna acuática. “En base a lo que encontremos, podría haber consecuencias en la regulación del uso de estos productos”, precisó el procurador.
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Se reabre una causa por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 30/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


La petroquímica Electroclor cerró en 2013 en Capitán Bermúdez pero quedaron sustancias altamente tóxicas en la exfábrica, advirtió el Taller Ecologista.
Luego de que la Cámara Penal ordenara la realización de la audiencia imputativa contra el exfiscal regional Patricio Serjal por ordenar el archivo de una investigación contra la ex petroquímica Electroclor, por contaminación, en el cordón industrial, ayer la abogada del Taller Ecologista, Florencia Sívori, consideró fundamental la decisión de la Alzada que reabre la causa por el daño ambiental. "Los niveles de contaminación son alarmantes", dijo la letrada sobre los datos que reunió el Taller, que hizo denuncias administrativas desde 2016. Serjal está preso e imputado por connivencia con el juego ilegal y en breve sumará la nueva imputación.
La ex Electroclor, que funcionó hasta 2013 en Capitán Bermúdez, tenía una investigación penal en su contra debido a que una vez que dejó de funcionar hubo irregularidades, en relación al plan de cierre, y sanciones. En la causa penal, el entonces jefe de los fiscales de la regional Rosario ordenó que esa investigación no continuara, en 2019. Ahora, en prisión por cobrar coimas a un empresario del juego, la Fiscalía resolvió avanzar sobre aquella decisión del exfiscal y sobre la causa que había sido archivada bajo sus órdenes. En ese contexto, el año pasado resolvió que harían imputaciones a los entonces responsables de la ex petroquímica de Bermúdez, Sergio y Máximo Taselli y Matías Gallegos, al entonces fiscal de Estado adjunto, Gustavo Luzzini, por supuesto desestimiento; y a Serjal. La audiencia se iba a realizar en diciembre, pero el juez de San Lorenzo, Eugenio Romanini, consideró que el caso de contaminación ambiental ya era cosa juzgada.
Anteayer, tras un planteo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el camarista Daniel Acosta resolvió que la audiencia debe desarrollarse y se espera que la Oficina de Gestión Judicial ponga fecha. Mientras tanto, desde el Taller Ecologista recordaron que en la planta se detectaron sustancias altamente tóxicas y peligrosos niveles de contaminación.
“La causa sobre la contaminación ambiental de la ex Electroclor de Capitán Bermúdez, se basa en una investigación penal, se iba a presentar un plan de mediación, y todo quedó en la nada. En 2020 denunciamos que en la empresa había movimientos de camiones y nadie controlaba. En Fiscalía habían dado órdenes de archivo”, dijo Sívori en LT8. Al mismo tiempo, recordó: “Sabíamos que la causa estaba avanzada y luego se archivó, pero nunca vimos la orden escrita de Serjal, algo así es poco probable que se vea por escrito, vemos los hechos, o mejor dicho, el no accionar de la fiscalía en ese momento".
La letrada señaló también que “cuando uno mezcla sustancias tóxicas, la potencialidad de los daños son superiores, se deben tener en cuenta factores geográficos, demográficos, como son una empresa al lado del río, con vientos que en muchos casos transportan las sustancias, pensamos concretamente en la población, la gente que vive en esa zona, próxima a la ex Electroclor. No se puede decir a corto plazo que desapareció la peligrosidad en un cien por ciento”, consideró.
Y, para cerrar, aseguró que “estas acciones no se pueden resolver en tres o cuatro meses, la desidia hace que lleve mucho tiempo la limpieza ambiental para después concretar un plan de obras. Veamos como ejemplo el caso del Riachuelo en Buenos Aires. El daño ambiental es grave y persiste en el tiempo, luego se ven las consecuencias, en el largo plazo”.
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Ley de educación ambiental: organizaciones ambientalistas solicitan que este año sea sancionada

Fecha de Publicación: 30/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Este martes 26 es el día de la educación ambiental y por eso, las organizaciones ambientalistas vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de un proyecto de Ley de Educación Ambiental federal. Si bien algunas provincias cuentan con su propia ley de educación ambiental, no existe una reglamentación que sea federal y plantee una
estrategia a nivel nacional.
A esa situación se suma que algunos planes de educación formal han avanzado en esta materia, los organismos plantean que hay puntos pendientes como la calidad de los contenidos, el sostenimiento de esos materiales y la formación docente.
En septiembre del 2021, el presidente Alberto Fernández anunció la presentación en el Congreso del proyecto deLey de Educación Ambiental con contenidos que se agregarán a la currícula educativa. Por su pedido expreso, también se incluirá la “jura por el medioambiente, que se sumaría a la tradicional promesa a la bandera.

Dos proyectos
Existen dos diputadas que están con el tema. Por un lado, desde 2015, Gisela Scaglia, Diputada por el PRO, promueve la sanción de un proyecto del tema. Y Gabriela Cerruti, Diputada por el Frente de Todos, también presentó un proyecto de ley de Educación Ambiental durante 2020 que espera ser tratado.

Una deuda pendiente
"Nosotros siempre vamos por la positiva, pero realmente es un delirio que arranquemos otro año lectivo sin una Ley de Educación Ambiental sancionada y reglamentada", plantea a PERFIL, Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global.
"La educación socioambiental es uno de los pilares fundacionales del siglo XXI. No hay agenda más inclusiva que la ambiental, porque le recuerda a la conciencia que lo importante son las similitudes, no las diferencias", agrega Mazzocco.
"Necesitamos urgente una estrategia educativa nacional, apartidaria, participativa y constante para avanzar realmente en la materia. Hoy las organizaciones sin fines de lucro tenemos la enorme responsabilidad de traccionar la educación ambiental en el país, con muy pocos recursos y miles de carencias", dice el fundador de la organización que educó a más de 70 mil alumnos de escuela en material socioambiental y cuenta con 29 programas relacionados.
Y agrega: "Es una falta de respeto que a esta altura del partido, con tantas leyes y tratados ambientales vigentes, sigamos de esta manera. Esperamos que se resuelva en las próximas semanas.
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La Provincia no habilitará nuevos desmontes hasta actualizar el ordenamiento

Fecha de Publicación: 29/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Así lo aseguró el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, durante una reunión que mantuvo con la diputada Alcira Figueroa. Igual se harán las audiencias públicas para cumplir con la Ley.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, le adelantó a la diputada nacional Alcira Figueroa que no se autorizarán desmontes en la provincia hasta que esté aprobado el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El compromiso se dio de manera verbal en la reunión que mantuvo el funcionario con la diputada nacional por el Frente de Todos el lunes último. La legisladora estuvo acompañada por el abogado especializado en temas ambientales y asesor legislativo Luis Segovia.
El OTBN de la provincia está vencido desde 2014. Sin embargo, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey no solo se continuó con la aprobación de la deforestación sino que además, a través de las llamadas recategorizaciones, se permitieron los desmontes en zonas que no debían ser desmontadas.
Solo en enero de este año, la Provincia convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes de 21.452,24 hectáreas. En diciembre se convocó a otras audiencias para el desmonte de 6.858. Las 28.310 hectáreas que involucran estos procedimientos representan una superficie de desmontes mayor a la del año 2019. En ese periodo se deforestaron 20.962 hectáreas,  según la comparación de imágenes satelitales realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Figueroa contó que durante la reunión De los Ríos afirmó que se debía cumplimentar con las convocatorias a audiencias públicas porque “eran trámites que venían desde la época de Urtubey”. El funcionario añadió que en caso de no cumplir con la convocatoria del trámite administrativo, la Provincia podría ser llevada a la Justicia. “Ellos (la provincia) dicen que no van a autorizar los desmontes hasta que esté aprobado el nuevo ordenamiento territorial”, agregó Figueroa.
Otra idea que volcó De los Ríos es que dentro del sector amarillo en el OTBN (en donde tampoco se permite el desmonte) se pinte un “amarillo clarito”. Y fundó esta posición en que en esas zonas (sobre todo en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín), existen pequeños productores criollos y comunidades indígenas que deben hacer uso del monte para, por ejemplo, la cría de ganado menor. Es que la impresión del ministro de Producción (hombre PRO y referente de los ruralistas salteños), es que tal como está hoy el mapa de OTBN implicó un retraso para que los pequeños productores puedan desarrollar sus actividades.
La visión del funcionario dista de la de los propios habitantes rurales, campesinos criollos y pueblos originarios, que vienen señalando la no regularizaicón de la tenencia de las tierras y la ineficiente ayuda estatal para afrontar los períodos de sequía, como las principales causas que impiden mejoras en sus condiciones de vida.

Patrimonio de la humanidad
El OTBN debe ser consensuado entre diversos sectores de la provincia. Figueroa sostuvo que se solicitó que la idea del amarillo clarito sea volcada en esa mesa de trabajo. Reconoció no obstante que el OTBN no es garantía del cuidado de los montes que quedan.
Un ejemplo claro es la recategorización que se permitió en 2014 a través de dos decretos firmador por Urtubey para autorizar el paso de las topadoras por zonas que estaban categorizadas como rojas y amarillas (en las que el desmonte no está permitido porque se considera prioritario la conservación de esos bosques). Las autorizaciones que se otorgaron a titulares registrales de 30 fincas quedaron suspendidas por una resolución que emitió el Ministerio de Ambiente de la Nación en 2018. Pero solo a los siete meses de la resolución, esa suspensión se dio por concluida y la posibilidad de continuar con el paso de las topadoras siguió en pie.
“Necesitamos un nuevo ordenamiento, sobre todo en la zona norte donde hubo muchos desmontes ilegales”, dijo Figueroa al indicar como imprescindible que ante el cambio climático se plantee a la biodiversidad y al bosque nativo “como patrimonio de la humanidad”.

Intereses de todos o de algunos
Segovia hizo algunas apreciaciones jurídicas ante la posibilidad de los reclamos de los empresarios que ya pidieron permisos para desmontar.
El abogado señaló que una de las posibles apelaciones de los empresarios podría ser la del “derecho adquirido” al iniciar el trámite de desmonte. Segovia entendió que las leyes ambientales “intentan compatibilizar el derecho de propiedad con el derecho colectivo, que en este caso se trata del derecho al ambiente”. Aseguró que cuando chocan intereses individuales como el de propiedad, con los colectivos, como el ambiente, se debe enmarcar como posible resolución la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1884. Esta indica que “contra el interés público no hay derechos adquiridos”. Es por ello que, a entender de Segovia y con todos los instrumentos legales en pie, de actualizarse el OTBN, se puede aplicar sobre los procedimientos administrativos que incluyeron las audiencias públicas, y frenar los desmontes solicitados en aquellas zonas en donde según el nuevo OTBN no debería haber desmontes.
“Los propietarios podrían alegar que se indemnice sus intereses, siempre y cuando comprueben que actuaron de buena fe”, añadió. El tema es que en Salta, el OTBN está vencido desde hace siete años según lo establecido por la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, que impone la actualización del mapa de ordenamiento territorial cada 5 años. “Sería un ejercicio abusivo permitirle al empresario actuar así, y el Estado no estaría compatibilizando los derechos”, concluyó el especialista.
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Gobierno envió a Legislatura conclusiones de las reuniones por la zonificación minera

Fecha de Publicación: 29/01/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno de la Provincia envió ayer a la Legislatura las conclusiones de la ronda de reuniones mantenidas la semana pasada, en torno al proyecto 128/20 que establece la zonificación minera. Incluye las sugerencias de los distintos sectores que participaron de los encuentros.
Se trata de 16 puntos surgidos en los distintos encuentros. Algunos apuntan a:
- Definir la estructura de la reglamentación del compre local y la contratación de mano de obra local promoviendo el desarrollo de la cadena de valor chubutense, no sólo para los operarios sino para los profesionales y técnicos chubutenses.
- Excluir la referencia a la palabra «hasta» y fijar el valor en el 2% en los conceptos de renta: Bono de Compensación Minera, Fondo Fiduciario para Infraestructura y Fondo Fiduciario de Sustentabilidad.
- Plantear mecanismos que permitan la participación de Petrominera en las explotaciones mineras que se habiliten.
- Incorporar universidades e instituciones científico-técnicas dentro de los organismos de control a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación dentro de los centros que conforman el observatorio.
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Constatan que el zoológico de Batán no tiene documentos que acredite la tenencia de los animales

Fecha de Publicación: 29/01/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encabezó hoy un operativo de inspección en el zoológico privado de Batán, a través del cual se pudo constatar que la habilitación estaba vencida y no contaba con documentación que acredite la tenencia legítima de los animales, se informó oficialmente.
A través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), la cartera a cargo de Juan Cabandié, comprobó que al momento de la verificación el zoológico ubicado en el partido de General Pueyrredón “carecía de la documentación que diera cuenta de la tenencia legítima del plantel faunístico, por lo que se le otorgó un plazo de 5 días hábiles para presentarla”.
En ese sentido, se intimó a que se presente en ese plazo “la información correspondiente para descartar cualquier situación de sospecha en relación a la procedencia de los animales y al sitio al cual son derivados, en el caso que fuesen quitados del plantel faunístico”
Luego de transcurridos los 5 días hábiles “se verificará cuál es el inventario —tal como lo exige la Ley n.º 12238 de Fauna de la provincia de Buenos Aires—, y se constatará si todos los ejemplares cuentan con los dispositivos electrónicos indicados para poder hacer el seguimiento”, indicaron.
Fueron relevados guacamayos amarillos, azules y rojos, cisnes, loros, cotorras, faisanes, flamencos, pavos reales, distintas especies de mono, tigres de bengala y blanco y pumas.
También un yaguareté, un guanaco, una mara, ñandúes, antílopes, muflones, ciervos, zorrinos, hipopótamos, un oso pardo, un coatí, un gato montés y reptiles como tortuga y serpientes pitón, yarará y boas, entre otros.
El operativo se realizó con el objetivo “de avanzar en la persecución del tráfico de fauna, en la identificación de todos los planteles faunísticos y en la promoción de la reconversión de todos los zoológicos hacia un modelo de mayor bienestar animal y menor exhibición de especies exóticas”.
La fiscalización, en conjunto con la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo tras denuncias que “señalaban irregularidades con el tratamiento de los grandes felinos”.
“Para revertir este tipo de situaciones, la cartera de Ambiente busca asegurar el bienestar animal, por lo que alienta a que los zoológicos se transformen en ecoparques que garanticen altos estándares para el plantel faunístico mediante cuidados e instalaciones que dispongan condiciones de habitabilidad y seguridad para cada especie”, remarcaron.
Para ello se solicita “la identificación de los ejemplares con una marca o señal distintiva para su individualización, que sea irremplazable”.
Asimismo, que estos centros “dispongan de un buen servicio veterinario y de zonas adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad o para guardar períodos de cuarentena, a los fines de evitar la propagación zoonóticas o enfermedades que puedan afectar a los animales”.
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El incendio en El Bolsón ya afecta a 10.000 hectáreas de bosque

Fecha de Publicación: 28/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro


El incendio forestal que afecta al distrito turístico de El Bolsón, en Río Negro, ya consumió 10 mil hectáreas de bosques y los brigadistas apuntan a contener las llamas para evitar que crucen la Ruta Nacional 40 y llegue a afectar viviendas y una planta de gas.
El foco ígneo, que comenzó el pasado domingo y cuyo origen habrían sido las brasas de un asado, arrasó rápidamente con grandes porciones de bosque patagónico, impulsado por fuertes ráfagas de viento y alimentado por el material combustible que hay en el lugar por la sequía de la temporada de verano.
Más de un centenar de brigadistas permanecían en la línea de fuego con el objetivo de contener las llamas, que amenazaban con cruzar la Ruta Nacional 40. Si esto ocurriera el fuego estaría ya muy cerca de la traza de las casas y de una planta de gas.
El pasado martes la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, sobrevoló la zona, para donde se pronostica para este miércoles algo de lluvia, aunque acompañada por fuertes vientos.
La mandataria patagónica indicó tras el sobrevuelo que "desde el aire se ve muy claramente el lugar donde se inició el fuego, que es una vivienda particular", y señaló que en principio "sería una situación culposa y no dolosa" la que dio origen al foco ígneo.
La principal hipótesis que se maneja sobre el inicio del siniestro apunta a un asado, cuyas brasas habrían sido esparcidas por el fuerte viento en una zona conocida como Los Repollos, en el área de Cuesta del Ternero, a unos 15 kilómetros de la parte urbana de El Bolsón.
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Pobladores wichí afirman que una zona a desmontar es usada por ellos

Fecha de Publicación: 28/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Habitan en la Reserva Nacional de Pizarro, en Anta. Aseguran que desde hace 25 años conocen y usan incluso una zona de Orán para la cual se solicitó un desmonte de casi 6 mil hectáreas.
“Un ingeniero anduvo la semana pasada y hemos ido con ellos”. Con esa frase Francisco López, hijo de Simón López, niyat (cacique) de la comunidad wichí Eben Ezer, que vive en la Reserva Nacional Pizarro, dio cuenta de que fueron en calidad de guías de un especialista que fue el primero en decirles que en la zona que se encuentra a unos 16 kilómetros de la reserva, se haría un desmonte.
Por los tiempos que comentó López a Salta/12, al momento del recorrido la audiencia pública para avanzar con el desmonte en la finca El Chaguaral, ubicada en el departamento Orán, en el límite con Anta, estaba por hacerse o ya se había hecho, dado que la audiencia se había convocado para el 12 de enero.
“Nosotros vamos para ese lugar. Todos los años pasamos para esa parte, El Chaguaral, por eso ahora está preocupada la Comunidad” ante la novedad del desmonte, sostuvo el referente originario. Agregó que a mitad de camino hay un habitante criollo que vive en la zona. Sin embargo, en las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) presentado por la empresa para proceder con el desmonte, se indicó que “en el área del proyecto no se visualizan residentes, ni reclamos por uso de suelo y/o conectividad”.
En estas conclusiones se desconoce lo denunciado por el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake, y la organización Greenpeace, en una carta al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Canbandié. En el escrito se afirma que el desmonte que se quiere hacer en El Chaguaral "se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia".
Ni los wichí ni el puestero criollo se enteraron del desmonte. Por lo que surge del EIAS, tampoco fueron consultados. Un detalle es que la Reserva Nacional queda a 16 kilómetros del desmonte que se va a realizar. Al ser consultado por esa distancia, López afirmó que llegan en moto hasta el lugar, donde también realizan sus labores de recolección de los frutos del monte. Según se pudo conocer por otras fuentes del lugar, si bien para la audiencia pública los habitantes wichí no fueron convocados, ni consultados en el EIAS, sí les ofrecieron enviarles la madera del desmonte para su aprovechamiento.
Como en otras comunidades, la de la Reserva de Pizarro sabe de los desmontes y sus efectos, pues solo se logró conservar la zona cuando intervino el Gobierno Nacional a cargo de Néstor Kirchner, en 2005, para recomprar tierras que el estado provincial, a cargo del actual senador Juan Carlos Romero, había puesto en venta a privados. El destino de la mayoría de esas tierras fue el desmonte.

Macizo de quebracho y corredor yaguareté
La finca El Chaguaral es de los hermanos estadounidenses Paul y David Gabel. Dentro de la propiedad de 20.227 hectáreas, entre 2018 y 2019 se desmontaron ya 2.800 hectáreas. El proceso de autorización de ese desmonte se realizó en 2014.
Asi surge del análisis del EIAS que realizó Greenpeace. Entre otros puntos se agrega que “la finca se sitúa en la unidad fitogeográfica del Chaco, dentro del corredor Chaco- Yungas. En el área predominan los Quebrachos Colorados y Blancos (Shinopsis lorentzii y Aspidosperma Quebracho Blanco), constituyéndose un importante macizo en buen estado de conservación”. La preocupación es que este macizo sea destruido. En ese territorio también hay "Mistol (Ziziphus mistol), Guayacán (Caesalpinia paraguarensis), Algarrobos (Prosopis sp), como también Acacias, Duraznillos, Atamiski, Sacha poroto, Sacha sandía, Quimil, entre otros”.
Además, se indicó que en la fauna se destaca la zona como parte del Corredor Yaguareté, tanto a nivel provincial como nacional. Hay presencia confirmada de especies en peligro y críticas como el pichiciego chaqueño (Calyptophractus retusus ), el mamífero menos conocido de Argentina; también es el hábitat del anta (Tapirus terrestre), la tortuga terrestre chaqueña (Chelonoidis chilensis) y  eltatú carreta (Priodontes maximus). Se agregó que “muy recientemente, un ejemplar de yaguareté fue registrado fotográficamente en la Reserva Nacional Pizarro”.
Entre las tareas a realizar en el marco de la deforestación prevista por la empresa se prevé la apertura de picadas perimetrales y de desmonte, marcado de cortinas. Volteo de la vegetación por cadeneo (la acción de dos topadoras que con una cadena arrancan el monte), / desbajerado (desmonte selectivo). Aprovechamiento forestal. Acordonado (acumulación de la vegetación desmontada). Limpieza manual (deschampe, destoconado y extracción de raíces). Quema y requema controlada de los restos. Desparramado. Instalación de infraestructura básica: casco, administración y alambrados. Instalación de infraestructura ganadera. Instalación de infraestructura de bebida. Siembra. Manejo de cultivos. Manejo del rodeo. Transporte y comercialización.
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Desconcierto en provincias por desaire a Ley de Biocombustibles

Fecha de Publicación: 28/01/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Prórroga de la norma no fue incluida en temario de extraordinarias pese a promesa de oficialismo. Fuego cruzado entre distritos petroleros del sur y productores de biodiésel y bioetanol de la región centro y norte del país.
Los distritos productores de biocombustibles se mantienen en alerta por lo que consideran una sorpresa: la exclusión de la prórroga de la Ley de Biocombustibles del temario de sesiones extraordinarias que elaboró el oficialismo; una norma que le daría previsibilidad a una industria que tiene más de cincuenta plantas en una decena de provincias.
El proyecto fue aprobado en octubre pasado en el Senado y habilita la continuidad hasta 2024 de cortes en el gasoil y la nafta, con 10% de biodiésel y 12% de bioetanol, respectivamente. Ahora, la pelota está en Diputados, y pese a la promesa de Sergio Massa, presidente de la Cámara, en la sesión del 29 de diciembre de que el proyecto se trataría en enero, la cuestión fue eludida del temario. En el sector piden que se trate urgente ante el riesgo de que en mayo caduque el régimen vigente. Y la potestad es sólo del Poder Ejecutivo para sacar el tema del cajón durante este período. Si no, habrá que esperar al menos hasta marzo.
La prórroga de la ley es objeto de una puja entre el sur petrolero y las regiones del centro y del norte del país, donde se concentran la mayor cantidad de plantas de biocombustible. Santa Fe y Córdoba son las principales productoras de biodiésel derivado de la soja, mientras que Tucumán se posiciona como jugador de relieve en el bioetanol que se produce con caña de azúcar. La ley que se buscar extender data de 2006 y no sólo fijó los porcentajes de mezcla, sino que también impulsó el desarrollo de plantas de biocombustibles con un plan de incentivo federal.
A inicios de año, el Gobierno se había hecho eco de uno de los reclamos del sector: la actualización de los precios congelados desde 2019 tanto para el biodiésel como el bioetanol, ya que la venta de la producción no alcanzaba para cubrir costos operativos y estaban en amenaza miles de puestos de trabajo, en un round que también involucraba a los gremios.

Intereses
Por supuesto, los cortes en los combustibles le restan rentabilidad a la actividad petrolera. Es que dejan de vender un 10% de gasoil y un 12% de naftas, reemplazados por biodiésel y alcohol.
Desde los distritos patagónicos indican que la norma tenía razón de ser en momentos de alza del precio del barril. Hoy, ese valor está en baja y suben los commodities agrícolas. En la cadena del biocombustible tampoco concuerdan con esa ecuación: “En verdad, las petroleras se privan de importar, porque aun con el corte de 10% y 12% se siguen importando combustibles”, dijeron a este diario desde una provincia del centro.
En las provincias productoras de biocombustibles, además de señalar el lobby del sector hidrocarburífero, ponen el acento en las cuestiones medioambientales, ya que se trata de energías limpias, que generan menos gases contaminantes y que va en línea con la reconversión de las automotrices, que tienden a dejar atrás los motores térmicos y apuntan a reducir las emisiones.
“Que no se haya incluido en el temario va a contramano de los intereses del país y de la decisión que ha tomado el mundo de descarbonizar la matriz energética”, dijo a Ámbito el ministro de Producción de Tucumán, Juan Luis Fernández. El funcionario de Juan Manzur agregó, crítico: “El Presidente viene de participar en la Cumbre de Adaptación Climática. Esto esta en contradicción con lo que dijo en ese espacio. No cumplimos con ninguno de nuestro compromisos internacionales en términos del cuidado del medioambiente y de la disminución de gases de efecto invernadero”.

Plantas
Uno de los principales actores del sector privado en diálogo con este medio afirmó: “Nos sorprendió, dábamos por hecho que se iba a tratar la norma. Hubo un compromiso de que llegaría al recinto el 20 de enero”. “Desde diciembre de 2019 no se aumentaban los precios, lo que nos llevó a tener desde agosto plantas paradas. En octubre autorizaron una suba de 10% que no fue significativa porque la soja, nuestro principal componente, había subido casi 50%”, relató el empresario, quien remarcó que hay “diez mil puestos de trabajo en juego”.
"La industria de los biocombustibles, sobre todo la de caña de azúcar, necesita de esa ley urgente. Los ingenios azucareros de Salta no pueden seguir sin que la ley los ampare", mencionaron desde ese distrito donde piden además que se amplíe el cupo para poder producir más. "Hoy esta industria da trabajo en la provincia a 14 mil personas, entre empleos directos e indirectos", agregaron.
En Santa Fe, en tanto, donde se produce el 80% del biodiésel, Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, mencionó que recibieron la exclusión del temario con “preocupación y angustia”. En declarariones a El Litoral, Facciano pidió terminar “con la incertidumbre que causa un daño enorme en la actividad y que ya lleva más de un año”.
Antes, el bloque de Consenso Federal en Diputados se había anticipado y la semana pasada solicitó al Ejecutivo que se incluyera la prórroga de la ley en las sesiones extraordinarias. Con una carta firmada por Alejandro Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, señaron que el compromiso “fue asumido en la reunión de labor parlamentaria del 28 de diciembre”. “La continuidad del régimen es vertebral para la producción federal, el agregado de valor y el trabajo en gran parte del territorio nacional. Además, las necesidades y compromisos ambientales de nuestro país aconsejan no distraer esfuerzos en materia de biocombustibles”, expresó el bloque en la misiva.
El tema también fue eje la semana pasada en la cumbre de gobernadores norteños con el Presidente que se llevó a cabo en Chilecito, La Rioja. Además de Tucumán, también hay elaboración de biocombustibles en Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
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La Laguna del Atuel será una “reserva privada”

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa


Se trata de 138.000 hectáreas en San Rafael, que pertenecen a las empresas Sominar y Luncay. Durante cinco años tendrán a cargo el cuidado del ecosistema, como ocurre en Villavicencio.
Aunque Mendoza viene trabajando desde hace años en la puesta en vigencia de las áreas naturales que posee, la pandemia de coronavirus generó un impulso en el sector, teniendo en cuenta que, tanto localmente como en el mundo, los turistas se están inclinando por visitar este tipo de atractivos en lugar de ciudades, museos o centros de compras.
Así, la Laguna del Atuel, ubicada en San Rafael, está cerca de convertirse en una Reserva Natural Privada a la que mendocinos y turistas podrán acceder una vez termine el proceso que lleva adelante el Gobierno provincial con las empresas dueñas de los terrenos.
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, explicó que todo comenzó cuando “el propietario de ambas empresas nos hizo una propuesta para explotar el área protegida”.
El proceso avanzó con la firma de un convenio de cooperación y colaboración recíproca entre la Secretaría de Ambiente y Sominar Sociedad Minera Argentina S.A. y Luncay S.A. a fines de octubre de 2018, bajo la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo.
El 19 de enero pasado fue publicado el decreto que ratifica el mencionado acuerdo. “Actualmente estamos en la etapa de armar el plan de manejo para el área, que lleva mucho trabajo de campo”, indicó Mingorance.
El plan debía realizarse durante 2020 pero el contexto de pandemia y el cierre de las áreas y reservas condicionaron el avance sobre el mismo. Mediante ese plan se debe zonificar el área de manejo y se establecerán todos los detalles de la explotación.
“La Laguna del Atuel es una reserva y estos privados quieren crear un área más grande”, precisó Mingorance, aclarando que el Estado “no le está dando el territorio a un privado; esa zona ya es de un privado”.
La intención de las autoridades provinciales es que se dé una situación similar a la que ocurre en la Reserva Villavicencio, donde un privado tiene a cargo el cuidado del ecosistema. Lo recaudado, por lo tanto, quedaría para la empresa.
De esta manera, prácticamente todo el sector cordillerano provincial quedaría protegido, “a excepción de una zona de Malargüe”, detalló el funcionario provincial. El convenio abarca 138.000 hectáreas comprendidas entre la Laguna del Diamante y la Laguna del Atuel.
La vigencia del acuerdo, según establece la cláusula 7, “será de cinco años, contados a partir de la firma del mismo, prorrogándose en forma automática por otro período de cinco años calendario”, salvo que una de las partes rescinda, con un mínimo de 30 días antes.
Si bien las áreas naturales que comprenden ambos espejos de agua quedarían colindantes, la Laguna del Diamante seguiría siendo administrada por el Estado. En este sentido, Mingorance señaló que el territorio que comprende el área natural de esta última “tiene dos dueños: el Ejército y esta empresa”, en referencia a Sominar.
Sabiendo que el hecho de que la mencionada compañía sea minera puede generar preocupación o resistencia en algunos sectores de la ciudadanía, el secretario se encargó de resaltar que la misma “no hace explotación minera, si no que le interesa explotar el área protegida”.

Expectativas por mejoras en el lugar
Actualmente, la Laguna del Atuel no cuenta con ningún tipo de infraestructura para quienes deciden visitarla y sólo se puede acceder a ella con vehículos 4x4.
Por eso hay gran expectativa en las mejoras que generarían las empresas dueñas de los territorios que abarcará la reserva. También esperan que impacte en el desarrollo económico de la región.
Actualmente, según consta en la página oficial del Gobierno provincial, quienes desean visitar la Reserva Laguna del Atuel deben solicitar un permiso en la Delegación El Sosneado de la empresa Sominar S.A. y Valle de Las Leñas S.A.
Todas las actividades que se realicen en las áreas protegidas deberán adecuarse a las disposiciones y normativas que la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales Renovables dicten en materia de uso público, conservación y realización de eventos especiales.

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En Mendoza: un empresa minera se queda con la Laguna del Atuel

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: InfoHuella
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa


La Pampa va a la Corte y pide a la CIAI que se oponga al manejo arbitrario de Mendoza.
De acuerdo a informaciones periodísticas La Pampa vuelve a  tomar conocimiento de medidas de impacto en la cuenca del río Atuel,  que deberían  discutirse y consensuarse entre las provincias que comparten el recurso.  
La laguna del Atuel es un cuerpo de agua en plena montaña, a partir de la cual comienza el escurrimiento de ese  río. Tiene vital importancia en el comportamiento, en la calidad y en la cantidad de agua que fluye hacia el resto de la cuenca, por esto, cualquier actividad en esta zona, o en cualquier otro sector del área de influencia, debe ser discutida y definida de manera conjunta entre las provincias, con la participación del Estado Nacional.
La propia Corte Suprema de Justicia  determinó  la necesidad de tomar  la cuenca como una unidad ambiental, y fue La Pampa quien propuso en innumerables oportunidades que las decisiones que se tomen en ésta, sean en conjunto.
Se trabajó intensamente en fortalecer el organismo de cuenca para tratar este tipo de temas. Se concientizó sobre  la necesidad de considerar al ambiente como un usuario más para la toma de decisiones. Mendoza fue parte de estas mesas de trabajo en el proceso judicial, aunque como siempre actúa de forma unilateral, omitiendo cualquier tipo de solidaridad con el resto de las provincias que integran la cuenca.
La Pampa desconoce la forma y la dinámica de la “explotación” de la futura reserva natural privada, y con preocupación, manifiesta,  como lo ha hecho incontables veces en el organismo de cuenca, la necesidad de disponer buena fe entre las partes para el desarrollo de la cuenca en toda su integridad.
En esta línea, el Gobierno de la Provincia de La Pampa,  informará a la CSJN sobre estos antecedentes como fundamentos para el próximo fallo sobre el caudal apto, la conformación definitiva del comité de cuenca y las incumbencias del mismo. De forma paralela se solicitará en el marco del actual Comité (CIAI), la oposición ante la Corte  Suprema de Justicia a estas medidas unilaterales de la provincia de Mendoza sobre la cuenca del Atuel.
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Alberto Fernández en la Cumbre de Adaptación Climática: "es necesario que exista mayor compromiso de los países desarrollados”

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El encuentro que se desarrolló de manera virtual tuvo como objetivo generar un espacio que permita el intercambio de iniciativas, nuevos compromisos, financiamiento y mejores prácticas en torno a la adaptación resiliente al cambio climático.
El presidente Alberto Fernández participó esta mañana de la sesión de apertura de la Cumbre de Adaptación Climática 2021 (CAS 2021), donde aseguró que “es necesario que exista un mayor compromiso por parte de los países desarrollados en la provisión de recursos técnicos y financieros”. “Nos encontramos ante la oportunidad de actuar colectivamente para dar respuesta al cambio climático”, reflexionó el mandatario al exponer en la conferencia global de alto nivel que busca impulsar una agenda para adaptar las sociedades y economías a los efectos de esa problemática en la próxima década.
Fernández aseguró que es necesario “actuar con solidaridad ante un problema que nos afecta a todos, pero cuyas peores consecuencias son sentidas por los sectores vulnerables”.
El primer mandatario convocó además a que esa tarea sea asumida con “un enfoque transversal que tenga en cuenta vulnerabilidades particulares, e integre la dimensión de género a lo largo de los sectores”. El Presidente dijo que si bien la pandemia de covid-19 “ha desafiado muchos aspectos”, y “ha presentado problemáticas profundas que debemos enfrentar como comunidad internacional”, la “urgencia de la acción climática permanece intacta”.
Además, Fernández afirmó que “la adaptación es una prioridad en la política climática de la Argentina, aun cuando somos un país en desarrollo y particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático”.
Durante su discurso, Fernández confirmó “el compromiso que la Argentina mantiene con la agenda climática” e informó que el país adelantó “la presentación de una nueva contribución determinada a nivel nacional”.
“Nuestra contribución incluye una comunicación de adaptación que busca fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los distintos sectores económicos, sociales y ambientales”, remarcó. Además, informó que la meta de mitigación o reducción respecto a las emisiones de la Argentina para el 2030 “representa un compromiso incondicional, que incluye a todos los sectores de la economía, y es un 26 por ciento más ambicioso que su anterior ejercicio”.
La Cumbre que se desarrolló de manera virtual tiene como objetivo generar un espacio que permita el intercambio de iniciativas, nuevos compromisos, financiamiento y mejores prácticas en torno a la adaptación resiliente al cambio climático.
Por eso, por la tarde se realizará la primera reunión del Diálogo Ministerial, el principal foro anual de alto nivel sobre adaptación, que contará con la apertura de John Kerry y de la que participará el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
Además, durante el encuentro que fue organizado por los Países Bajos se presentó la Agenda de Acción de Adaptación (Adaptation Action Agenda, en inglés) que surge del trabajo de una Comisión dirigida por el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el empresario, Bill Gates.Entre los líderes que formaron parte de la Cumbre se encuentran el organizador y primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte; el secretario General de la ONU, Antonio Guterres; la canciller de Alemania, Angela Merkel; los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, de Canadá, Justin Trudeau y de la India, Narendra Modi, y los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; de Chile, Sebastián Piñera; de Costa Rica, Alvaro Quesada y de Corea del Sur, Moon Jae-in.
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La provincia empieza a generar energía limpia

Fecha de Publicación: 27/01/2021
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


En febrero comenzará a ponerse en marcha lo producido desde paneles solares en Posadas y a partir de biomasa en Cerro Azul. Lo producido se inyecta al sistema
Misiones comenzará a generar en las próximas semanas energía limpia, tanto mediante el sistema de paneles solares como a partir de la biomasa.
Son dos proyectos para producir energía propia que ya están listos y según pudo saber El Territorio, en medio de la inauguración de las dos plantas, ya estará finalizado un tercer y posiblemente un cuarto proyecto para inyectar mayor porcentaje de energía. Así lo adelantó a este matutino Paolo Quintana, secretario de Energía de Misiones.
De esta manera, el primer parque solar fotovoltaico público montado en Posadas, ya está listo para comenzar a generar energía renovable. Las pruebas determinaron la generación exitosa de entre 420 a 430 kilovatios, por lo que se cumple el primer objetivo de generar en promedio unos 500 kilovatios (KW) destinados a abastecer a unas 240 viviendas emplazadas en inmediaciones al parque solar en el barrio Itaembé Guazú. No es la única buena noticia con la que arranca la provincia este año, porque también en Cerro Azul se está concretando la puesta a punto de calderas y turbinas, para generar energía e inyectar a la red a fines de febrero o principio de marzo.
Es lo que adelantó a este matutino el empresario santafesino René Mangiaterra, quien es el impulsor de la iniciativa de producir energía a partir de la biomasa (Ver En Cerro Azul ponen a punto..).
En cuanto al parque solar de generación de energía en Posadas, la obra es encarada por la Provincia y ejecutada desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y genera entusiasmo porque servirá como prueba piloto para montar proyectos similares y de mayores envergaduras en otros puntos de la provincia. De hecho, la actual con 1.520 paneles solares colocados, tiene posibilidades de ampliarse en el futuro. Cada 20 paneles tienen 12 conjuntos conectados a unos equipos llamados inversores que toman la corriente continua que generan los paneles y las convierten en corriente alterna que va a la red trifásica, para luego ser acondicionado a 220 kilovatios que es para el uso domiciliario.
Por lo tanto, en días más, será la primera planta solar en abastecer a la red pública, ya que existen proyectos de distintas envergaduras encarados por el sector privado. Desde la Provincia se trabaja para la generación de energía propia apuntando a la autonomía y lo hacen de manera conjunta desde la Secretaría de Industria, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y Energía de Misiones (ex Emsa), que recibirá próximamente esta planta para la administración y mantenimiento. De esta manera, el proyecto en Itaembé Guazú además de tratarse de la primera experiencia en energía renovable, será por ahora, en su condición de pública única en su tipo en Misiones y en el NEA.
La obra que se encuentra montada en el barrio 740 hectáreas de Itaembé Guazú, “en términos de potencia, es relativamente chica pero tiene la importancia de ser la primera experiencia en la que se va utilizar esta energía y abrirá la puerta a una cadena de proyectos de mucha más envergadura en el interior de la provincia”, dijo el ingeniero en electrónica Eduardo Nevoran de la empresa Orel Energy que fue subcontratado por Bor Com SA,  empresa que fue concesionada para llevar a cabo esta obra que demanda una inversión de más de 56 millones de pesos.
De esta manera, se observará el resultado de este sistema de generación de energía y luego replicar en mayor escala el nuevo proyecto, en un lugar donde está por definirse.
Esta experiencia piloto de generación de energía limpia sin utilizar los recursos fósiles, llegará a los hogares, sin que los usuarios deban realizar ninguna modificación porque directamente no sabrán si viene desde este nuevo sistema de abastecimiento o provistos de las habituales fuentes de alimentación como venía ocurriendo hasta ahora.
El ingeniero Nevoran, junto a Sebastián Olano, mostró a El Territorio las últimas tareas a las que están abocadas.
El ingeniero Nevoran sostuvo que “restan detalles por resolver, ya que se está en la etapa de puesta a punto”.  
Quedan pendientes obras complementarias como la instalación de cámaras de seguridad para proteger el predio.
Concluido ello y al ser la iniciativa impulsada desde el Iprodha se harán las correspondientes transferencias, para que se haga cargo Electricidad Misiones cuya razón social continúa siendo Emsa, que inyectará lo que produce el parque solar a las líneas del Servicio Integrado Provincial (SIP).

Lo que viene
Desde la Secretaría de Energía de la Provincia, por lo adelantado por el titular de la cartera, Paolo Quintana están terminando de elaborar dos nuevos proyectos.
Uno de ellos, cuyo proyecto estaría a punto de terminar de elaborarse, tendrá una generación muy superior a la que se inaugurará en las próximas semanas en Itaembé Guazú.
“Técnicamente tenemos resuelto”, afirmó el titular de Energía de Misiones, al recordar que esto que comienza a concretarse en Misiones es una idea impulsada desde el 2005 por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.
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El Gobierno analiza llamar a extraordinaria de Legislatura por la zonificación minera

Fecha de Publicación: 26/01/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


La posibilidad de una sesión extraordinaria de la Legislatura el jueves 28 de enero (ésta semana), está en análisis del Gobierno de Chubut.
La convocatoria se haría en función de darle tratamiento al proyecto de Ley 128/20, referido a la zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre. Sin embargo, hay sectores del mismo Ejecutivo que consideran que aún no hay seguridad de obtener los votos necesarios para su aprobación y prefieren esperar hasta marzo.
El Gobierno mantuvo durante toda la semana pasada una ronda de reuniones con partidos políticos, ONG’s, diputados, intendentes, científicos, cámaras empresarias y religiosos, recogiendo incluso opiniones y aportes que serán enviados a la Legisltura para enriquecer el proyecto original. Y algunos sectores declinaron participar del debate, siendo los casos más notorios los del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.
Pero sin dudas, el mayor impacto lo produjo la reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la que participaron el gobernador Mariano Arcioni; su vice Ricardo Sastre; el diputado provincial justicialista Carlos Eliceche (preside la Comisión de Medio Ambiente que tiene para el análisis el proyecto 128/20); y también el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Aquel encuentro del jueves en la Casa Rosada, fue todo un mensaje al justicialismo provincial que despreció la invitación de Arcioni al debate y se opone a dar tratamiento legislativo al proyecto.
Incluso, el presidente del justicialismo chubutense, Carlos Linares, se mostró en contra de la posición de su propio presidente partidario a nivel nacional, José Luis Gioja, quien en una entrevista concedida a EL CHUBUT ratificó su posicionamiento en favor de la actividad minera.
El presidente Fernández se mostró sorprendido en aquella reunión de que el proyecto de zonificación no haya tenido aún tratamiento legislativo. Incluso habría sugerido que el Gobierno provincial consideraba que tenía los votos necesarios para su aprobación, buscara que se tratara lo antes posible.
De allí habría surgido la idea de convocar a una sesión extraordinaria para el jueves de esta semana.
Pero hay quienes en el oficialismo no están convencidos de tener los votos necesarios para lograr que el proyecto sea aprobado y sugieren seguir con las conversaciones y esperar a marzo.
En el Gobierno dan por sentado que los diputados cordilleranos, oficialistas o de oposición, no acompañarán con su voto el proyecto de zonificación minera. Tampoco los radicales pero sí suman el acompañamiento del legislador del PRO, Sebastián López. Incluso hay algunas dudas con integrantes del interbloque de Chubut al Frente. Y claro, la incógnita del justicialismo y la advertencia de sanciones que lanzó Linares, más allá que la hiciera antes de la reunión con Alberto y la comitiva que encabezó Arcioni.
Todo esto está en evaluación por estos días, para definir si el Gobierno convoca a sesión extraordinaria para el jueves 28 o para febrero, o bien aguardar a las sesiones ordinarias de marzo.
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Para el Gobierno, no son los agroquímicos la causa de la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 26/01/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Si bien se detectó la presencia de contaminantes -herbicidas (glifosato), plaguicidas, insecticidas y metales pesados (arsénico)- en la cuenca del río Salado, un informe del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia asegura que están muy por debajo de los niveles máximos establecidos en la ley nacional. "No hay dudas de que se trató de un fenómeno natural" lo ocurrido en diciembre pasado, se afirmó.
El gobierno provincial ratificó que la principal causa de muerte de peces en la cuenca del río Salado, que se visibilizó el mes pasado, se debió al fenómeno denominado "hipoxia" y no por la contaminación producto de la presencia en las aguas de herbicidas (glifosato), plaguicidas, insecticidas y metales pesados (arsénico), que, si bien sí fueron detectados en los análisis, están muy por debajo de los valores máximos establecidos por ley.
De esta forma, convalidó un informe presentado el pasado 24 de diciembre tras la aparición de peces muertos que fue muy visible en el Salado desde los pasos carreteros de Santo Tomé y la ruta 70. "La hipoxia es un fenómeno que se puede dar tanto en verano como en invierno y que se potencia por las condiciones hidrométricas (bajante) y climáticas", explicó Gaspar Borra, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe.
El funcionario destacó que, si bien las muestras recogidas detectaron la presencia de residuos contaminantes, estos "están muy por debajo de los valores establecidos en la ley nacional. Son sólo 6 microgramos por cada litro de agua, cuando la ley en nuestro país indica un máximo de 90 microgramos. Esta información la dimos a conocer en su momento de manera pública", explicó.
"A este fenómeno lo venimos detectando aguas arriba desde octubre. Las muestras que logramos tomar son tanto de los peces muertos como del agua. Se hicieron mediciones de oxígeno y dieron números realmente bajísimos. Es una hipoxia, casi anoxia" (falta o disminución de oxígeno en las células, los órganos o la sangre), sostuvo.

Cuidar los ecosistemas
Borra recordó que desde el inicio de la nueva gestión del gobierno provincial se realizan controles permanentes sobre los niveles de contaminación en la cuenca. A modo de ejemplo, expuso un caso reciente: "Luego de diez años, en 2020 se sancionó a una empresa que vertía desechos en el arroyo Las Prusianas, afluente del Salado. Se aplicó una multa muy importante y se procedió a remover todos los caños", dijo.
"Para nosotros, es fundamental que se discuta la protección del medio ambiente. Por eso monitoreamos los niveles de contaminación antrópicas (causadas por el hombre) y las causas naturales que puedan comprometer, en este caso, a la fauna ictícola", agregó.
En ese sentido, el funcionario puso énfasis en las acciones implementadas. "En nuestra provincia rige una veda pesquera hasta el 31 de marzo. Para la pesca deportiva abarca la modalidad con devolución de todas las especies y en la modalidad comercial sólo se puede pescar tres de los siete días de la semana", recordó.
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Los animales marinos pasan hambre

Fecha de Publicación: 26/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La falta de alimento fue la principal causa que afectó a la fauna marina rescatada por la Fundación Mundo Marino en la costa bonaerense, según un relevamiento realizado por esa organización con sede en la localidad de San Clemente del Tuyú.
"La falta de alimento ocupa, como en años anteriores, el primer lugar, representando 51,6% de los casos, afección que se vio presente sobre todo en los pinnípedos, puntualmente en los lobos marinos de uno y dos pelos", indicó un informe de la Fundación.
El mismo cuadro de situación se dio con los pingüinos magallánicos, ya que de 64 asistidos, 35 presentaron cuadros de desnutrición y deshidratación, señaló.
"En ambos casos, son especies marinas que metabolizan el agua a través del alimento sólido que ingieren, por lo que frente a la falta de alimento sobreviene un cuadro de desnutrición y de deshidratación seguido de hipotermia que, en algunos casos, lamentablemente lleva a la muerte del animal", explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación.
Sobre las causas de por qué estos animales no encuentran alimento, Rodriguez Heredia sostuvo que "desde la sobrepesca hasta la emergencia climática que altera la temperatura de las aguas y la consiguiente distribución de las presas pueden afectar la normal oferta de alimento para estas especies".
"Lo que es claro es que estos animales con su sola presencia son centinelas de lo que ocurre mar adentro y no estamos pudiendo ver. Cada uno de ellos es un indicador biológico que evidencia las alteraciones que sufre nuestro ecosistema marino", dijo el especialista.
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Las empresas de energía eólica rechazan el “impuesto al viento” y piden la intervención de Alberto Fernández

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Señalan que una tasa que les aplica la municipalidad de Puerto Madryn pone en riesgo las inversiones y la continuidad de las empresas
La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) alertó que la tasa municipal que pretende imponer Puerto Madryn genera “graves perjuicios económicos” sobre los proyectos que fueron construidos en la zona. Lo denominan “impuesto al viento”.
Las empresas que conforman la Cader se refieren a la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn cuando comenzaba el aislamiento preventivo, que obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar impuestos municipales que, según explican mediante un comunicado son “millones de pesos que no fueron previstos en sus propuestas de inversión”, algo que genera “serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector”.
El problema que se generó es que por con la ampliación del ejido urbano de la cuidad los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal. Así, aunque las energías renovables están exentas de algunos tasas, el Concejo resolvió aplicar una “tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados de uso, algo que pagan todas las empresas.
Este cambio, dice la Cámara, impactará en la proyección de negocio de los parques eólicos ya que un parque de potencia promedio (100 MW) “se vería obligado a pagar 20 millones de dólares”.
“Como Cámara de representación empresarial del sector de las energías renovables con más de doce años de antigüedad y más de 100 firmas asociadas, representando toda su cadena de valor, rechaza categóricamente la implementación del ‘impuesto al viento’”, explica el comunicado.
Juan Manuel Alfonsín, Director Ejecutivo de la entidad señaló que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.
Un punto no menor es que por la Ley 27.191 los generadores de energía renovables tienen la posibilidad de trasladar al precio del producto cualquier impuesto, tasa o gravamen –nacional, provincial o municipal– que aparezca luego de la firma de los contratos. Esta especie de blindaje que en su momento estuvo amparado en la idea de la estabilidad para las inversiones hoy significaría que la tasa municipal se trasladará al valor con el que las empresas le venderán la energía a la red y, de ahí, a los consumidores.
“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó Alfonsín.
Hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos (Alfonsín)
Para Cader, de prosperar la norma, Chubut avanzaría en “una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados”.
Además, Alfonsín detalló que desde el punto de vista jurídico el “impuesto al viento carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn”.
Ante esta situación, desde la cámara le reclaman al Gobierno Nacional que se involucre en la discusión. “Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”.
Ayer hubo un encuentro entre el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el tema fue parte de la agenda.
La preocupación pasó por la posibilidad que las empresas comiencen un camino judicial, algo que desde Cader ya adelantaron que se encuentran en estudio. “Estamos estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento”, expresaron.
Desde la entidad fueron terminantes y señalaron que “en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia. Por el contrario necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales”.
Alfonsín dejó un mensaje final al señalar que Cader “ratifica su oposición a cualquier modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país”.
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Ordenan a la Provincia informar sobre la extracción de arena para fracking

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una solicitud de acceso a la información ambiental presentada por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, que solicitó saber si hubo estudios de impacto ambiental y audiencias públicas en los proyectos de extracción de arena silícea con destino a la explotación petrolífera de Vaca Muerta.
La resolución tomada por la Justicia fue en el marco de un amparo interpuesto por los administradores de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y un grupo de vecinos que temen por efectos contaminantes en la extracción de arena silícea.
El material es extraído en esa zona al sur de la provincia, a 363,7 kilómetros de Paraná, y es utilizada para la extracción de hidrocarburos bajo el polémico sistema de fractura hidráulica –fracking– en los yacimientos de Vaca Muerta en la cuenta neuquina.
La resolución fue emitida este lunes 18, en el marco del legajo “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos LTDA c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos-Secretaría de Ambiente-S/Acción de Amparo”.
En rigor, el fallo confirmó la sentencia emitida emitido en primera instancia, el 24 de diciembre de 2020, por el juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez, quien hizo lugar a la pretensión de la Cooperativa de acceder a información ambiental.
En su resolución, el magistrado había declarado abstracto el pedido de información sobre el establecimiento minero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), puesto que el Estado hizo pública la información en una plataforma digital. Fue el único punto que respondió el Estado cuando la Cooperativa requirió información por la vía administrativa.
En tanto, el magistrado hizo lugar a lo solicitado en cuanto a las demás explotaciones que se encuentren instaladas y/o a instalarse en el departamento Ibicuy, para lo cual otorgó a la administración 30 días de plazo para dar información.
Sin embargo, el fallo no se cumplió inmediatamente porque la Fiscalía de Estado, a través de su fiscal adjunto, Sebastián Trinadori, apeló. Entre otros planteos, pidió que la vía del amparo sea declarada inadmisible ya que la petición todavía estaba tramitándose en el ámbito administrativo.
Por el contrario, la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, a través de su apoderado Ricardo José Luciano, reiteró que la instalación en el Departamento Islas del Ibicuy de areneras y canteras de arena preocupa a los administradores de la Cooperativa por los probables efectos contaminantes como así también por la profundizaciones de las napas de agua que por el uso de determinadas prácticas, insumos, técnicas y ausencia de prevención y control, que dichas explotaciones pueden llegar a producir.
Según el documento al que accedió Entre Ríos Ahora, refirió que esa preocupación es compartida por la comunidad de Ibicuy, y contó que junto a vecinos autoconvocados se reunieron con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes aconsejaron la realización de estudios técnicos sobre diferentes aspectos de las explotaciones areneras en la zona, como así también del impacto ambiental que la actividad produce.
En los argumentos para solicitar la información ambiental, explicó sobre la utilidad de la arena sílica -mineral extraído por las areneras y de las canteras situadas en la zona de Ibicuy- para la industria petrolera y particularmente con destino al yacimiento denominado «Vaca Muerta», ubicado en la provincia de Neuquén. La arena se utiliza para el fracking, técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
Además, señaló que las prácticas que se realizan para la extracción de arena pueden generar efectos nocivos para la salud humana y los ecosistemas, debido a que producen tanto la volatilización del sílice generada a consecuencia de la extracción de arena sílica por las areneras y canteras, como los producidos por su lavado que efectúan utilizando químicos denominados flucolantes.
El Superior Tribunal de Justicia, de feria, integrado por Bernardo Salduna, Marcelo Baridón y Andrés Manuel Marfil, finalmente confirmó la sentencia de primera instancia este lunes 18.
“Entiendo que con toda razón asiste derecho a la Cooperativa a indagar la información tenida en cuenta por la administración para categorizar a la actividad arenera y consecuentemente exigir o no el estudio de impacto ambiental como así también informarse sobre los resultados del mismo; en la medida en que indudablemente por tratarse de probables efectos nocivos sobre el agua para consumo humano, constituye información de interés público”, dijo Salduna en el voto que comandó el fallo, y al que accedió Entre Ríos Ahora.
Enseguida, recordó que la Cooperativa intimó mediante carta documento a la Secretaría de Ambiente a que brinde la información el 2 de octubre de 2020, y que, ante la falta de respuesta, se interpuso un amparo invocando el artículo 8 del Régimen de Libre Acceso a Información Pública Ambiental.
Más adelante, destacó que el amparo debe prosperar porque se dan dos situaciones: por una lado, la Constitución provincial, en su artículo 13, contempla la obligación de responder toda requisitoria sobre información pública; y por otro que las explotaciones areneras denunciadas se encuentran en una zona geográfica que el Estado de la Provincia de Entre Ríos declaró por ley 9718 «Área Natural Protegida», lo que obliga a la administración a integrar la conservación y el uso sostenible del área; a proteger el ambiente natural, los ecosistemas y particularmente los cursos de agua; a conservar los recursos genéticos y minimizar la erosión de los suelos, entre otros objetivos.
De ese modo, se condenó al Estado provincial a que en el plazo de 30 días hábiles administrativos brinde la información respecto de los establecimientos mineros areneros y canteras de arena instaladas y/o a instalarse y en trámite de instalación en el Departamento Islas del Ibicuy -a excepción del establecimiento minero «El Mangrullo» propiedad de YPF S.A-.
En su respuesta, el Gobierno deberá dar información sobre los siguientes puntos peticionados específicamente por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy:
– 1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675;
-2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente información: a) Qué floculante se usa; b) Cantidades; c) Tratamiento del efluente; d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son utilizadas; e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta floculante en los efluentes; f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los efluentes, y con qué periodicidad se realizan los controles;
-3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.
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Greenpeace denuncia que el gobernador de Salta dio vía libre a los desmontes en la pandemia

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Salta


La organización ecologista denunció que Salta pretende habilitar en un mes más hectáreas de las que se deforestaron durante el año pasado.La agrupación ecologista Greenpeace alertó que el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas.
“El gobernador (Gustavo) Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, señaló la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.  
En 2020 se desmontaron 20.962 hectáreas en Salta, según el monitoreo que realiza Greenpeace comparando imágenes satelitales.
Cruz agregó que “la destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Cruz.         

Pedidos
Greenpeace detalló que los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar son:
- 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal,  solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
- 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
- 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., cuyo gerente es Martín Wierna, actual Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.
- 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud,  solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
- 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
 - 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA  S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
- 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.
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