Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados
El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionales— los abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.
Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Pruebas científicas
Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

Fumigaciones y consecuencias sanitarias
El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.
 “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.
En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

Cinco años de prisión
En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.
Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.
En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados. 

“Distancia de rescate”
Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.
El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.
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Respirar en Vaca Muerta: la contaminación del aire en el corazón del petróleo y el gas

Fecha de Publicación: 02/05/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Neuquén


Vaca Muerta es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina. Sin embargo, la quema de gas pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas. Un informe del Ministerio de Salud y la OPS señala que el cumplimiento de los compromisos climáticos es determinante para reducir muertes evitables y proteger el PBI. Climate Tracker consultó a expertos y a la comunidad mapuche sobre los efectos de la contaminación y el aire que allí se respira.
En el valle del río Neuquén, en los alrededores de las localidades petroleras, el aire se puede “ver”. Lejos de toda metáfora, durante la madrugada es posible divisar una nube gris en el horizonte. No es un efecto óptico, sino la acumulación de gases emitidos a la atmósfera por la industria hidrocarburífera. Así, la población aledaña convive con una serie de contaminantes que ponen en riesgo su salud, mientras los Gobiernos Nacional y Provincial promueven con ahínco una actividad que, por sus impactos, busca erradicarse en todo el mundo. 
Esto es parte de lo que se vive en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, el epicentro de la industria fósil en la Argentina donde ciudades como Añelo crecen año a año por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades, aumentando así la población expuesta a la contaminación. 
En los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica libera metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Cuando ese gas no puede captarse por falta de infraestructura, se puede recurrir a dos prácticas: el venteo (liberación directa) o la quema en antorchas (flaring). Ésta última práctica se considera “preferible”, ya que al combustionar el metano se transforma en dióxido de carbono, reduciendo su potencial de calentamiento inmediato. En la provincia Neuquén, el venteo directo está restringido por la Ley provincial N° 2175, salvo excepciones técnicas.
Gran parte de las emisiones, como el metano y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), son incoloras e inodoras, lo que dificulta su detección sin tecnología específica. Patricia Rodríguez es analista de Imágenes Ópticas de Gas (OGI en inglés) en la ONG estadounidense Earthworks y viajó a la Cuenca Neuquina en 2023 para documentar las emisiones de gas. Las imágenes se capturan con una cámara que tiene un filtro espectral y sensores que, al bajar a temperaturas criogénicas (menos 200°C o 300 C°), permiten visibilizar ciertos gases, incluyendo metano y otros 19 gases más como benceno y tolueno. “En muchos lugares donde se apunta la cámara no se ve nada a simple vista y de repente se ve (en la cámara) que se está quemando”, explica la analista a Climate Tracker.
De esa manera, Rodríguez detalló los hallazgos durante aquel viaje: “Vimos contaminación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas: desde el proceso de upstream (exploración y producción), de midstream (transporte y procesamiento), y también visitamos algunas refinerías, es decir, el downstream (refinación y comercialización), que es el proceso donde se hace algo con el petróleo y el gas”. 
Además de ser difícil de percibir para cualquier ciudadano, en Neuquén son las mismas empresas las que declaran sus niveles de quema o fuga ante el Estado. Este modelo de autodeclaración empresarial también está vigente en Estados Unidos. Según un estudio, las emisiones de metano por venteo o quema son hasta cinco veces superiores a lo esperado en el país norteamericano, por lo que advierte que los reportes de emisiones a través de este tipo de mecanismos tienden a subestimarse. La dificultad de cuantificar las emisiones, según el análisis, se debe a la intermitencia de estas actividades y a la falta de un monitoreo y reporte adecuados. Según la investigación publicada en la revista GeoHealth, “el uso exclusivo de los volúmenes de gas declarados por los propios productores podría conducir a una subestimación de las emisiones procedentes de la quema y la ventilación”.
El procedimiento de la quema tampoco garantiza una combustión completa. “Con la cámara podemos ver que esa quema muchas veces no está completa. Si la quema fuera eficiente, no veríamos los humos de gases subiendo a la atmósfera que deberían estar siendo quemados. Y eso nos dice que, posiblemente, todavía haya metano junto con los otros gases que vemos en las imágenes”, sostiene Rodríguez. 
Luego del último viaje, en el que además de analizar imágenes en Vaca Muerta midieron en refinerías y otros puntos de Dock Sud y Bahía Blanca, Earthworks reportó sus hallazgos: “Los estudios de imágenes ópticas de gases mostraron niveles de emisiones de medios a altos en tres lugares de fracturación hidráulica, seis instalaciones de compresión o almacenamiento, ocho plantas de procesamiento, cuatro centrales termoeléctricas y tres refinerías, muchas de las cuales estaban muy cerca de viviendas”. 

El impacto en la salud, un hecho
Los efectos en la salud de la contaminación del aire por uso de combustibles fósiles están documentados en numerosos estudios científicos. Una investigación de 2023 publicada en la revista científica BMJ estimó que “5,13 millones de muertes adicionales anuales a nivel mundial son atribuibles a la contaminación del aire ambiente derivada del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, podrían evitarse eliminando gradualmente los combustibles fósiles. Esta cifra corresponde al 82% del número máximo de muertes por contaminación del aire que podrían evitarse controlando todas las emisiones antropogénicas”.
Una estimación similar reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando reconoce a la contaminación atmosférica como uno de los principales riesgos para la salud, responsable en 2019 de 6,7 millones de muertes prematuras, más de 380.000 ocurridas en América.
Por otro lado, un estudio de 2020 realizado en los yacimientos del sur de Texas asoció la exposición frecuente a eventos de quema nocturna con el aumento en un 50% de las probabilidades de partos prematuros, en comparación con poblaciones no expuestas.
Finalmente, otro estudio publicado en 2022 estableció el “vínculo causal” entre la quema de gas natural y la salud respiratoria en Dakota del Norte, también en Estados Unidos, entre 2007 y 2015. En él se demostró que un aumento del 1% en la quema de gas aumenta la tasa de hospitalización por problemas respiratorios en un 0,73% y que los efectos negativos en la salud se detectan hasta 60 millas (aproximadamente 96,5 km) de distancia de la fuente de quema. El estudio también revela que la quema de gases perjudica la salud de bebés lactantes y mayores de 65 años. 
En la Cuenca Neuquina, la Confederación Mapuche y el Observatorio Petrolero Sur vienen alertando sobre la prevalencia de afecciones respiratorias en niños y adultos. El escenario se complejiza en zonas donde el crecimiento demográfico se acelera por la actividad industrial y aumenta la cantidad de habitantes expuestos a la contaminación. Un ejemplo de esto es la localidad de Añelo que tuvo un aumento poblacional del 140% entre 2010 y 2022, pasando de 2.600 habitantes a 6.400, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
Lefxaru Nawel es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que viene planteando la problemática en distintos espacios de debate colectivo. En diálogo con Climate Tracker sostuvo que la contaminación del aire y sus efectos en la salud son una realidad que viven muchas familias de la comunidad en la meseta neuquina. “Lo que se ve en la zona es una gran afectación de la calidad del aire a partir de la explotación petrolera. La contaminación de ahí no es solamente por la infraestructura hidrocarburífera sino también por la presencia de las plantas de arena y por el gran tránsito que hay y la falta de los caminos”, afirma. 
Respecto a la contaminación, Nawel explica cuándo se puede percibir: “Los mecheros por lo general queman más de noche. Es una estrategia que ellos tienen para invisibilizar más ese tipo de contaminación, que a la vista siempre es difícil de percibir. Entre Fortín de Piedra, Loma de la Lata, Tratayén, además del olor, en la madrugada, cuando amanece, se ve una nube de contaminación. Pese a que hay viento de manera persistente, acá en la zona se puede ver y, más que nada, se puede sentir el olor como a combustible”. 
La Dra. Marisa Cogliati, directora del laboratorio de climatología y calidad del aire de la Universidad Nacional del Comahue, explica el fenómeno: “Estamos en un ambiente árido con viento intenso en algunas épocas del año, con lo cual lo que emiten se dispersa rápidamente y no tenemos tantos problemas. Pero en invierno durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, la atmósfera se aquieta y todo lo que se emite queda desde los 2.000 metros hacia abajo. Entonces, eso genera una zona con mucha contaminación y todo eso se va a quedar hasta que la atmósfera se ponga en movimiento. Para eso se necesita calor, o sea, que hasta que no salga el sol o corra viento no va a ocurrir y el viento de la noche es mucho más bajo”.
En ese sentido, Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, aporta otra problemática derivada de la quema: las dioxinas, compuestos químicos que se liberan durante la combustión incompleta de hidrocarburos y que, al ser contaminantes orgánicos persistentes, no se degradan fácilmente. Sobre su comportamiento en el territorio, explica: “Toda la quema libera dioxinas que el viento transporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona de mucho viento y de cambio de dirección del mismo. En el valle entra todo eso y queda ahí, por debajo de las nubes. Ese traslado de las dioxinas tiene el agravante de que se fijan en los cuerpos de agua”. 
Para las comunidades que conviven con los pozos, los efectos de la contaminación en la salud se viven en carne propia. Las afecciones respiratorias, según Nawel, son una constante que se agudizó en los últimos años. “Hay problemas respiratorios de todo tipo, de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo en la infancia. Y hay una situación donde el Estado no provee la información, donde no se realizan tampoco informes epidemiológicos ni estadísticos relacionados al impacto acumulativo de la contaminación”.  
Nawel destaca, como un posible indicador a observar, la merma en la asistencia de los estudiantes en las escuelas y el aumento de demanda en las salitas de salud durante los meses más fríos: “Basta con ver las salitas de la meseta, la enorme cantidad de afecciones respiratorias a partir del otoño. En la escuela misma te dicen: ‘Hay un gran porcentaje de ausentismo a partir del descenso de la temperatura por la estación del año por las afectaciones respiratorias’, pero el Estado, los gobiernos, impiden que haya un informe estadístico, epidemiológico”.
Una característica de esta contaminación es el impacto acumulativo que tiene la salud. “Es estar de manera permanente recibiendo contaminación, no es que vos si el día de mañana venís acá y pasás al lado de un basurero, te vas a desmayar porque hay olor feo, sino que el estar de manera constante sometido a la contaminación es un impacto que termina horadando la capacidad vital con hipertensión pulmonar, por ejemplo, o la afectación al sistema nervioso y al sistema inmunológico y además del respiratorio y todo lo que tiene que ver con con la depuración de las toxinas como es el sistema urinario, hepático”, sostuvo Nawel.
“La perversidad de los gobiernos dice que (las afecciones a la salud) son porque se calefaccionan quemando cualquier cosa que pueden, cosa que no deja de ser cierta y que muestra también la desigualdad social. Mientras por un lado está la riqueza y la opulencia que en ciertos sectores se detenta en Neuquén, por otro lado, la población no tiene gas, no tiene luz y no tiene agua. Pero no es solamente esa situación, sino que también es la contaminación del aire que es permanente: hoy contrasta con que esa misma gente a la noche en el horizonte ve todo el gas que se ventea para que no explote el gasoducto”, dijo el integrante de la comunidad Mapuche de Neuquén.
Climate Tracker se contactó con tres empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. Se les consultó por sus protocolos de medición de emisiones, estudios de calidad de aire y salud, y porcentajes de captura de gas. Desde Tecpetrol, del grupo Techint, respondieron no tener información al respecto. Shell alegó no poder responder por temas de corresponsalías. Por su parte, YPF se limitó a enviar el enlace a su reporte de sustentabilidad de 2024. 

Compromisos climáticos de Argentina y estimación de beneficios
Argentina adhirió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley nº. 27270. Y en diciembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la República Argentina en la que el país se comprometió a una meta aplicable a todos los sectores de la economía de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, representando una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. 
Sin embargo, el camino para alcanzar el objetivo se estancó. A diferencia de lo que se pretendía en la COP30 de 2025, Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, no actualizó su NDC, manteniendo una política climática que Climate Action Tracker calificó como “críticamente insuficiente”. En su último reporte, la ONG dimensiona los efectos de la falta de compromiso de Argentina con la reducción de emisiones: “En 2022, las emisiones en Argentina repuntaron por encima de los niveles de 2019 tras una fuerte caída en 2020 debido a la COVID-19. Esto sitúa las proyecciones de emisiones de Argentina para 2030, bajo las políticas actuales, aproximadamente un 15 % por encima de su ya poco ambicioso objetivo para ese año”.
Un informe del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtenido por Fundación Ambiente y Recursos Naturales mediante un pedido de información pública de 2025, estimó los beneficios sanitarios de cumplir la NDC. Los resultados son contundentes: una ganancia de casi 36.000 años de vida por prevención de muertes prematuras. También se evitarían 2.350.000 días de actividad restringida (en todas las edades) y 600.000 días de trabajo perdidos (población en edad económicamente activa) anuales. Además, el número de asma en niños se reduciría en 280.000 casos anuales. El informe concluye: “Estas y otras ganancias en salud también resaltadas por la herramienta brindan un co-beneficio económico que implicaría un ahorro de US$ 1.860.000.000 anuales”. 
 Nawel coincide con que la contaminación tiene efectos en la sobrecarga al sistema de salud pública: “Si uno habla en términos presupuestarios, que son los que le gustan al Gobierno, la afectación también va a ser por ese lado y la salud pública es la que se resiente a partir de recibir cada vez más gente enferma por esta situación. Esto tiene un correlato directo, por ejemplo, con situaciones que se viven en el país hoy como el sistema de salud o el (hospital) Garrahan, que hay muchos niños y niñas de las comunidades mapuches que se han ido a atender ahí a partir de la contaminación que han padecido y las enfermedades que muchas veces son raras, como casos de malformación. El sistema de salud pública es el que recibe esa carga y es el que, justamente, estos gobiernos que son pro extractivismo están desmantelando”.
La comunidad mapuche organizada llevó adelante distintas medidas para visibilizar el daño a la salud por contaminación a lo largo de los años. “Hicimos numerosas gestiones para que eso se atienda, pero lo que hay es ese abandono de la obligación que tienen de cuidar la salud pública, como el caso del basurero petrolero que tiene ese impacto en la población. Pero, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no lo toman como una prioridad, solamente lo mencionan como si fuera algo al pasar y no como la huella que está dejando Vaca Muerta y que va a dejar en las futuras generaciones”, afirma Nawel.

Un marco regulatorio fragmentado
La regulación de las emisiones en Argentina está fragmentada entre las normativas nacionales y las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. La Ley Nacional Nro. 20284 de contaminación atmosférica es el marco vigente y data del año 1973. En ella se establecen las normas de calidad del aire y concentración de contaminantes y fija los deberes de las empresas, como asegurar que los parámetros de emisión no excedan los establecidos.
En 2023 se presentó la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 970/23 que buscaba implementar el Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas Derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la resolución nunca se reglamentó.
Entre las propuestas de reducción de emisiones de metano figura el proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos”, impulsado por el diputado Martín Maquieyra en 2024 con apoyo de otros bloques. A pesar de la urgencia sanitaria y ambiental, el proyecto, que busca proteger la salud humana, reduciendo emisiones en el sector hidrocarburífero, corre el riesgo de quedar en la nada. De perder estado parlamentario este año por falta de tratamiento, el Congreso renunciaría a establecer un marco regulatorio nacional que guíe a las provincias y proteja a las comunidades.
En Neuquén conviven leyes de 30 años de antigüedad con algunas más actuales. La Ley Nro. 2175 de 1996 prohíbe el venteo directo y fija una tasa ante la superación de las emisiones permitidas mientras que en 2024 se sancionó el “Régimen Provincial de acción climática” bajo la Ley Nro. 3454. Esta última dispone la creación de un Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero. Entre sus objetivos figura “establecer estrategias, políticas y medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como la mejora de su capacidad de absorción”. 
A partir de la última ley, y bajo la Resolución 258/2025 se creó el “Programa de Monitoreo en el Sector Hidrocarburífero”, de la Secretaría de Ambiente, que reglamenta estas acciones específicas para la industria del petróleo y gas. El último avance en ese sentido fue el pasado 10 de abril, cuando se publicó en el boletín oficial provincial el “Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al sector Upstream”. 
 Climate Tracker consultó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén si existían mecanismos de auditoría externa a las empresas para validar las declaraciones juradas de las operadoras. Asimismo, se le consultó si había estadísticas sobre la afectación de la salud por contaminación del aire. Al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del organismo.

La postal de la contaminación invisible
La expansión de Vaca Muerta se proyecta sobre un territorio que ya evidencia efectos sobre la salud pública. Nawel pone el foco en la falta de estadísticas: “Como decimos, es la contaminación más difícil de percibir y la que menos se ha controlado, porque el gobierno provincial nunca ha invertido en controlar ese tipo de contaminación, pero la vez que hemos podido acceder a esa tecnología (las imágenes de Earthworks) ha sido concretamente muy impactante. Es una contaminación que, como decimos, no se ve, pero que está ahí de manera permanente”. 
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Qué pasó en la planta de Atanor: químicos en el aire, vecinos afectados y un escándalo ambiental que crece 

Fecha de Publicación: 29/04/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


Una explosión en la madrugada del 20 de marzo de 2024 esparció una nube tóxica sobre los barrios de San Nicolás. La tapa de un reactor de la planta Atanor estalló mientras se producía atrazina, uno de los herbicidas más usados en la agricultura argentina.
El estallido liberó cianurilo y otros químicos contaminantes al aire. Los vecinos del Barrio Química, el más cercano a la fábrica, sintieron picazón en los ojos y ardor en la garganta, según publicó la periodista Mariela Castro en el sitio EconomíaSustentable.com.
Un operador de la compañía resultó herido de gravedad. Los bomberos de San Nicolás y Ramallo controlaron el foco, según informó la empresa.
Atanor, que pertenece al grupo estadounidense Albaugh, es la principal productora de herbicidas del país. Sus plaguicidas estrella son el glifosato, la atrazina y el 2,4-D, muy requeridos por la agricultura industrial para controlar malezas en cultivos de soja, maíz y trigo.
Estos mismos productos tienen su uso limitado en varios países de Europa, Latinoamérica y Asia. Los gobiernos restringen su aplicación por sus impactos ambientales y sus potenciales riesgos para la salud humana.
La firma sostiene en su Reporte de Sustentabilidad 2024 que busca un crecimiento sustentable. Asegura que entiende que la salud de las personas y las comunidades depende de las elecciones que hace como compañía.
Sin embargo, cuando se revisan los incidentes que involucran a su planta ubicada a orillas del río Paraná, los antecedentes judiciales y las denuncias por contaminación se acumulan, según indicó EconomíaSustentable.com.

Qué pasó tras la explosión que esparció agroquímicos sobre el barrio
El comunicado oficial de Atanor, publicado por el diario La Nación, dio cuenta de un incidente controlado rápidamente. La empresa se abocó a tareas de limpieza junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en atención de emergencias tecnológicas.
Esa versión no incluyó el miedo que sintieron quienes habitan el Barrio Química. Tampoco mencionó los ojos y gargantas que empezaron a escocer por estar inhalando aire contaminado con cianurilo, un ácido que se utiliza en los productos que la compañía comercializa.
Los vecinos se alarmaron, pero no se sorprendieron. Ya en 2016 había ocurrido un incendio similar, pocos meses después de que la fábrica reabriera sin ningún tipo de control tras haber sido clausurada, según indicó EconomíaSustentable.com.
Greenpeace fue de los primeros en hacerse eco del caso. Diego Salas, director de programas de la ONG en Argentina, recuerda: "Desde las primeras horas tras la explosión estuvimos ahí, acompañando a los vecinos, para documentar y exigir solución".
La organización realizó análisis en los barrios cercanos. Los resultados arrojaron la existencia de atrazina y otros químicos contaminantes en el aire y superficies.
A pesar de estas pruebas concretas y de los reclamos judiciales de los damnificados, siguen sin conocerse las causas detrás del incidente. Tampoco hubo dictamen sobre quiénes fueron responsables del estallido que afectó la salud de cientos de familias.

Por qué Atanor dejó de producir atrazina en San Nicolás
Tras la explosión de marzo de 2024, Atanor no tuvo mayores problemas en conseguir el Certificado de Aptitud Ambiental. La empresa continuó entregando al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) los avances del Plan de Gestión Ambiental para seguir operando.
Pero lo que la contaminación sobre el Barrio Química no logró cuestionar, sí lo hizo una inspección realizada en julio de 2025 por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA).
Los inspectores detectaron una bomba sumergida que evacuaba líquidos contaminantes al suelo natural dentro del predio de la empresa. Este sector se encuentra a metros de la barranca del río Paraná, por lo que la descarga representaba un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica, según indicó EconomíaSustentable.com.
La irregularidad llevó al cierre de operaciones en la ciudad. Atanor dijo públicamente que las razones de este cambio fueron la búsqueda de "optimizar la competitividad y la eficiencia".
La firma divide su producción entre dos plantas ubicadas en las localidades bonaerenses de Pilar y San Nicolás, y una tercera en Río Tercero, provincia de Córdoba. Tras el cierre de San Nicolás, la producción se concentró en los otros dos sitios.

Los tóxicos que siguen apareciendo en el río Paraná
Las pruebas del presunto mal accionar de Atanor siguen apareciendo. En octubre de 2024, otro estudio reveló la presencia de plaguicidas altamente tóxicos y prohibidos en el Arroyo Yaguarón, uno de los brazos del río Paraná.
Ese mismo arroyo recibió durante años los efluentes de la producción de la planta química. Los análisis detectaron sustancias que deberían haber desaparecido del ambiente hace décadas.
Fabián Maggi, representante legal de FOMEA y de vecinos de San Nicolás, señala: "Aunque la planta industrial ya fue clausurada, los residuos tóxicos que generó Atanor siguen presentes en el ambiente".
Tanto el río Paraná como el Acuífero Puelche se utilizan para abastecer de agua potable a la población. La comunidad de San Nicolás continúa pagando las consecuencias de una contaminación que no se borra con el cierre de la producción de la empresa química.
Entre las evidencias que acumulan los expedientes judiciales están la clausura de 2016 por el riesgo que significaba para los habitantes la producción de sustancias tóxicas, la ampliación en 2019 sin los supuestos permisos correspondientes y la sentencia judicial de 2023 por contaminar y causar daños severos a la salud.
Todo indicaría que el accionar de la firma se aleja de ser "responsable con su actividad" y de "generar resultados positivos para las comunidades" en las que opera, como pregona en sus reportes de sustentabilidad.
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Más de 5.000 basurales a cielo abierto: contaminación, enfermedades y riesgo infantil

Fecha de Publicación: 21/04/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional


La existencia de unos 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina refleja una problemática estructural que combina deficiencias en la gestión de residuos, desigualdad social y riesgos sanitarios.
Así lo señala un documento de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que analiza el fenómeno desde una mirada integral y advierte sobre sus consecuencias en el ambiente y en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Residuos y contaminación
Los basurales a cielo abierto son el resultado de una gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos. Se trata de espacios donde la basura se deposita sin control ni tratamiento, en condiciones de total informalidad y sin medidas de seguridad, higiene o protección ambiental.
Esta situación tiene consecuencias directas sobre el entorno. La acumulación de residuos degrada los suelos y pone en riesgo la calidad del agua, especialmente por la filtración de contaminantes hacia las napas. Entre ellos, se destacan los nitratos, que pueden provocar enfermedades graves como la metahemoglobinemia en lactantes.
A su vez, la quema de basura —una práctica frecuente en estos sitios— libera gases tóxicos que afectan la salud de las comunidades cercanas, generando problemas respiratorios como asma o bronquitis crónica. Este fenómeno no solo impacta a nivel local: los basurales son responsables de aproximadamente el 10% de las emisiones de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero.

Vulnerabilidad social
El informe también pone el foco en el impacto social de estos espacios. La cercanía de los basurales con zonas habitadas es un dato preocupante: se estima que el 5,4% de los niños, niñas y adolescentes vive a menos de tres cuadras de uno, cifra que aumenta en contextos de mayor vulnerabilidad.
En barrios populares, la situación es aún más crítica. Un alto porcentaje presenta microbasurales en su entorno inmediato, sumado a deficiencias en servicios básicos como agua potable, cloacas y recolección regular de residuos.
En este contexto, los basurales se convierten en espacios de subsistencia para muchas familias. La recuperación de materiales reciclables o la búsqueda de alimentos forman parte de estrategias de supervivencia en escenarios de pobreza estructural.
Esta dinámica expone a niños y adolescentes a riesgos sanitarios severos, además de vulnerar derechos fundamentales como la educación, el juego y el acceso a un ambiente saludable. La informalidad en la actividad impide cualquier tipo de control o protección, lo que agrava la situación.

Falta de políticas públicas
Uno de los puntos críticos que señala el informe es la falta de un enfoque integral en la gestión de residuos. La presencia de niños en basurales no está suficientemente visibilizada en la legislación ni en los planes de manejo de residuos sólidos urbanos.
Las políticas ambientales y las de niñez suelen funcionar de manera separada, lo que dificulta abordar el problema en su complejidad. La ausencia de datos sistemáticos y registros específicos también limita la capacidad de diseñar intervenciones eficaces.
En este marco, se plantea la necesidad de fortalecer el monitoreo de normativas como la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, orientada a garantizar un manejo adecuado de los residuos y proteger la salud de la población.
Frente a este escenario, la SAP propone avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, basado en la economía circular y en la formalización de las actividades vinculadas al reciclaje.
Entre las medidas sugeridas se encuentra la implementación de rellenos sanitarios controlados, que permitan reducir la contaminación y minimizar los riesgos ambientales. También se plantea la necesidad de promover políticas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
Un aspecto clave es la formalización del trabajo adulto en este sector. Integrar a los recicladores en sistemas organizados y con condiciones laborales adecuadas no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que también reduce la necesidad de que niños participen en estas actividades.
Asimismo, se destaca la importancia de fortalecer el Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, con acciones coordinadas entre los distintos niveles del Estado.
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Juicio por fumigaciones: La fiscalía avanza con pruebas sobre daño ambiental y salud

Fecha de Publicación: 25/03/2026
Fuente: RTS Medios
Provincia/Región: Santa Fe


El proceso tiene a siete productores y dos funcionarios imputados por contaminación. El fiscal señaló: “Era una actividad peligrosa y eran conscientes de lo que pasaba”.
En el marco de un juicio por fumigaciones que se desarrolla en la justicia federal, el fiscal Federico Reynares Solari detalló el avance de la etapa probatoria, que busca determinar los daños provocados en el ambiente y en la salud de la población, en una causa que tiene a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos imputados.
El representante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario explicó que actualmente se analizan pruebas científicas y testimonios técnicos. “Estamos transitando la etapa de prueba, en la que vamos a escuchar los testimonios científicos y determinar el punto de vista objetivo qué daños se produjeron al medio ambiente”, indicó. En ese sentido, precisó que se realizan estudios de suelo, agua y evaluaciones sobre personas afectadas.
Según se expuso en el alegato de apertura, los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone fueron acusados como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que sanciona la contaminación que resulte peligrosa para la salud o el ambiente.
Al referirse a la construcción de la acusación, Reynares Solari sostuvo: “Para nosotros es indiscutible que este modo de producir, que podría haberse producido de otro modo, prácticamente en la cara de la gente, produjo lo que produjo”. En ese marco, planteó que los hechos investigados exceden los límites de una actividad permitida.
El fiscal también anticipó que la defensa podría argumentar desconocimiento del riesgo, pero lo descartó: “Ellos eran perfectamente conscientes desde el año 2011 de lo que estaba pasando”. Además, remarcó que se trata de personas con formación en la actividad, por lo que no pueden desconocer los estándares que determinan cuándo una práctica deja de ser segura.
En ese sentido, concluyó: “No pueden desconocer cuáles eran los estándares a partir de los cuales la actividad deja de ser inocua para transformarse en una actividad peligrosa”. El juicio continuará con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios en las próximas audiencias.
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Fallo histórico por agroquímicos: ratifican condena a productor por la muerte de un niño 

Fecha de Publicación: 26/02/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Corrientes


En una decisión considerada histórica para el ámbito judicial y ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena contra el productor Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de un niño y las lesiones graves sufridas por otra menor tras fumigaciones con agroquímicos en 2011.
La sentencia ratifica la pena de tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, luego de que la Justicia provincial rechazara la apelación presentada por la defensa. El fallo consolida uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad penal vinculada al uso indebido de agrotóxicos en la Argentina.
En la resolución, los magistrados sostuvieron que los elementos de prueba reunidos durante el proceso brindaron "el grado de certeza necesaria" para acreditar el hecho y la culpabilidad del acusado sin margen de duda.

El caso del niño de Corrientes: casi 15 años de espera
El hecho ocurrió en marzo de 2011 en la zona de Puerto Viejo, en la localidad correntina de Lavalle. Nicolás Arévalo, de 5 años, murió tras entrar en contacto con un agroquímico utilizado en una chacra de tomates y hortalizas administrada por el productor condenado. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, también sufrió lesiones de gravedad.
Según determinó la Justicia, el productor utilizó el organoclorado alfaendosulfán de manera imprudente y negligente. El tóxico quedó acumulado en el barro de una zanja cercana a los cultivos. El niño cayó accidentalmente en ese sector y entró en contacto directo con la sustancia. Su prima intentó ayudarlo y también resultó afectada.
Las pericias concluyeron que la exposición al agroquímico provocó un edema agudo de pulmón que derivó en la muerte del niño y en daños severos para la menor. Además, el tribunal consideró probado que ambos inhalaron plaguicidas durante las fumigaciones.
En el fallo se señaló que el productor no supervisó personalmente el proceso y permitió que las aplicaciones se realizaran con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que facilitó la dispersión aérea de los tóxicos hacia zonas aledañas donde se encontraban los menores.

Responsabilidad penal y debate ambiental
El caso es considerado un antecedente clave en el debate sobre el uso de agroquímicos en zonas rurales y periurbanas. Organizaciones ambientales, vecinos y familiares de víctimas vienen reclamando desde hace años mayores controles, sanciones más severas y una actualización de la normativa vigente frente al uso intensivo de agrotóxicos.
La confirmación de la condena abre una nueva etapa en la discusión sobre la responsabilidad de los productores en la manipulación de sustancias potencialmente peligrosas y sobre el rol del Estado en la fiscalización.

El juicio por agroquímicos en Pergamino
Mientras tanto, otro proceso judicial de alto impacto avanza en la provincia de Buenos Aires. En Pergamino comenzó un juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos acusados de contaminación con agroquímicos.
El debate se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario y es seguido de cerca por organizaciones sociales bajo la consigna "Paren de fumigarnos". Por primera vez en este tipo de causas, funcionarios estatales fueron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber controlado adecuadamente las fumigaciones denunciadas.
Entre las querellantes se encuentra Sabrina del Valle Ortiz, quien denunció haber perdido un embarazo de seis meses en 2011 tras reiteradas exposiciones a fumigaciones cercanas a su vivienda. Según relató, sufrió vómitos, mareos, inflamación y severas afecciones respiratorias antes de la muerte de su bebé.

Un precedente que puede cambiar el escenario judicial
El fallo confirmado en Corrientes y el juicio en curso en Pergamino configuran un escenario inédito en la Justicia argentina. Por primera vez, las responsabilidades penales por el uso indebido de agroquímicos alcanzan no solo a productores sino también a funcionarios encargados de controlar la actividad.
A casi 15 años de la muerte de Nicolás Arévalo, la decisión judicial no solo representa una reparación simbólica para la familia, sino que también instala un precedente que podría influir en futuras causas vinculadas a delitos ambientales y a la protección de la salud pública frente al uso de sustancias químicas en la producción agrícola.
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Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Fecha de Publicación: 16/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Dos vecinas marcaron la segunda audiencia y el debate dejó de ser técnico para instalarse en el terreno de los derechos humanos
La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.
El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.
Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras. 

En Pergamino "el daño ya está hecho"
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.
Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema. 

Conmocionados durante el juicio
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.
Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa. 

Los agrotóxicos y la contaminación de cada día
Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.
Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.
Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.
El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.

Las objeciones
La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.
En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.

Un debate histórico
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.
La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.
La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940. 
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Comienza el juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 04/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Siete productores y dos exfuncionarios están acusados. La causa se inició en 2018 tras la denuncia de una vecina que sufrió graves consecuencias en su salud. El proceso abre un debate sobre el modelo agroindustrial y la protección ambiental
 Este lunes, a las 11, se abrió en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario una audiencia preliminar de cara al juicio oral que comenzará este miércoles contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos de Pergamino, acusados de haber permitido y ejecutado fumigaciones con agrotóxicos en campos lindantes a zonas urbanas, en violación de la normativa vigente.

La investigación se inició en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, tras la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina y abogada de Pergamino, quien relató graves consecuencias en su salud y la de su familia. Ortiz había comenzado a denunciar las fumigaciones ya en 2011, cuando se aplicaban agroquímicos a apenas diez metros de su vivienda en el barrio Villa Alicia. Según su testimonio, esas prácticas derivaron en un aborto espontáneo, dos accidentes cerebrovasculares y múltiples afecciones neurológicas.

El agua de Pergamino, contaminada
La acusación sostiene que las fumigaciones provocaron contaminación de aguas subterráneas, intoxicaciones y daños a la salud de vecinos, además de un incumplimiento sistemático de las distancias de resguardo establecidas por la normativa. Se investiga también la complicidad de funcionarios públicos, que habrían permitido las prácticas pese a las advertencias de especialistas y las denuncias de la comunidad.

Un juicio histórico
El proceso judicial es considerado histórico porque por primera vez se juzga en el país a productores agroindustriales por el uso de agrotóxicos en zonas urbanas. El caso pone en debate el modelo agroindustrial dominante, cuestionado por vecinos expuestos, organizaciones ambientalistas y científicos independientes que advierten sobre los riesgos de los agroquímicos para la salud y el ambiente.
El juicio pasó de San Nicolás a Rosario porque, tras la etapa de instrucción en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, la causa fue elevada a juicio oral y quedó bajo competencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que es el tribunal designado para llevar adelante los debates orales en esta jurisdicción.
Desde temprano, organizaciones sociales y ambientales se concentrarán el miércoles frente a los Tribunales Federales de Rosario para acompañar a la querella. Se espera que el juicio se extienda varias jornadas, con la presentación de pruebas, testimonios de vecinos y peritajes científicos que podrían marcar un precedente en materia de protección ambiental y salud pública.

El antecedente cordobés
El proceso que se abrirá este miércoles hoy en Rosario tiene un antecedente clave: el juicio realizado en 2012 en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, donde un productor agropecuario y un piloto aeroaplicador fueron condenados a tres años de prisión condicional por fumigar con glifosato y endosulfán a escasos metros de viviendas.
Aquella sentencia fue pionera al reconocer judicialmente que las fumigaciones en zonas urbanas constituyen delito. Sin embargo, el caso de Pergamino amplía el alcance: por primera vez se juzga en el fuero federal a siete productores agroindustriales y dos ex funcionarios públicos, en un proceso que podría sentar un precedente más fuerte en materia de responsabilidad penal por contaminación ambiental.
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Nueva amenaza de paro en la línea B por contaminación de asbesto

Fecha de Publicación: 19/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


El conflicto se reaviva por la presencia de material cancerígeno en formaciones en servicio. El gremio denuncia intervenciones ilegales y riesgos para la salud. Podrían registrarse retenciones de tareas en las próximas semanas.
Los trabajadores de la línea B del subte de la Ciudad se declararon en estado de alerta y advirtieron sobre la posible aplicación de medidas de fuerza si la empresa concesionaria Emova no adopta acciones urgentes para frenar la contaminación con asbesto. La advertencia se dio luego de una jornada de liberación de accesos y forma parte de un reclamo que el sector sindical sostiene desde hace años por la exposición a este material considerado altamente peligroso para la salud.
Según informaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), las medidas ya se encuentran votadas y podrían comenzar a aplicarse en las próximas semanas si no hay respuestas concretas por parte de la empresa. El eje del conflicto está puesto en la permanencia en servicio de formaciones Mitsubishi que contienen asbesto y que, de acuerdo a la denuncia sindical, fueron intervenidas de manera ilegal.
Desde el sindicato señalaron que Emova realizó intervenciones irregulares sobre la estructura y distintos componentes de trenes que contienen asbesto, un material prohibido por su carácter cancerígeno. Como consecuencia de estas maniobras, explicaron, el asbesto quedó en estado friable, es decir, expuesto y con capacidad de liberar fibras al ambiente.
Esta situación, remarcan los trabajadores, incrementa el riesgo de contaminación, no solo para el personal del subte sino también para los millones de usuarios que utilizan la línea B de manera cotidiana. La presencia de fibras en suspensión implica una exposición directa durante cada viaje, lo que agrava una problemática sanitaria ya conocida dentro de la red de subterráneos.
Ante este escenario, la AGTSyP informó que presentó denuncias formales ante los organismos gubernamentales correspondientes, solicitando su intervención inmediata. Sin embargo, sostienen que la empresa concesionaria se niega a realizar muestreos, mediciones ambientales y el retiro de las formaciones afectadas, incumpliendo normativas y fallos vigentes a nivel nacional e internacional vinculados al manejo del asbesto.

Posibles retenciones de tareas y afectación del servicio
El gremio advirtió que, si en el transcurso de la próxima semana Emova no cumple con los requerimientos de muestreo y retiro de los trenes contaminados, los trabajadores de la línea B iniciarán un proceso de retención de tareas sobre una o más formaciones que consideran no aptas para circular.
Desde la organización sindical aclararon que estas medidas podrían impactar en el funcionamiento del servicio y en su frecuencia, aunque subrayaron que cualquier alteración sería consecuencia directa de las decisiones de la empresa concesionaria. En ese sentido, remarcaron que los trabajadores no buscan generar conflictos, sino proteger la salud pública y garantizar condiciones seguras de operación.
“Esta medida podría generar consecuencias en el funcionamiento del servicio y en su frecuencia, pero esta situación sería consecuencia exclusiva de las decisiones de Emova que se niega a cumplir con sus obligaciones e intenta generar conflictos responsabilizando luego a los trabajadores, que como queda demostrado históricamente, somos los únicos preocupados de que el servicio del subte sea cómodo, eficiente, accesible y seguro”, explicitaron oficialmente.
El comunicado también cuestiona lo que califican como una actitud irresponsable de la empresa frente a una crisis sanitaria que afecta a toda la red de subterráneos, y recuerda que históricamente han sido los trabajadores quienes impulsaron las denuncias y acciones para lograr un subte más seguro, eficiente y accesible.

El reclamo por la Emergencia Operativa de la línea B
En paralelo, la AGTSyP volvió a exigir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la declaración de la Emergencia Operativa para la línea B. Según explicaron, esta medida permitiría avanzar con respuestas urgentes mientras se espera la llegada de la nueva flota de trenes.
Entre los puntos señalados como prioritarios se encuentran el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red. Para los trabajadores, sin estas acciones estructurales, la problemática del asbesto seguirá representando un riesgo latente para quienes trabajan y viajan a diario en el subte.
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Dieron curso a un amparo ambiental colectivo contra fumigaciones cerca de zonas urbanas 

Fecha de Publicación: 15/12/2025
Fuente: Portal Despertar Entrerriano 
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala II, dio por iniciada una acción de amparo ambiental colectivo caratulada «Rosso Janet Ximena C/ Haberkon Mauro Ariel y otro s/ acción de amparo «, Expte nº: 13805.
La acción tiende a suspender toda fumigación en un radio de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros para aplicaciones aéreas, todo contados desde los limites de urbanización de Tierra Alta I, II, Y III; y que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2, 63 y 66 de la Ley 11.178, por violación a la cosa juzgada ambiental establecida en un fallo: «Rosso Ximena C/Haberkorn César Gabriel, Roskopf Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Rios S/Acción de Amparo Ambiental» Expte. 18691; porque reduce arbitrariamente la protección mínima ambiental, contradice el principio de objetivación; el principio de no regresión y desconocimiento del principio precautorio.
La demanda se dirige contra el gobierno de Entre Ríos; Mauro Ariel y César Gabriel Haberkorn; Sonia Roskopf y la Comuna de Colonia Ensayo.
El Tribunal, entre otras medidas, ordenó correr traslado de la acción a la Provincia mediante mandamiento electrónico dirigido a la Fiscalía de Estado, y librar mandamiento en soporte papel al codemandado Mauro Ariel Haberkorn, otorgando a cada uno un plazo de siete días corridos para informar sobre los hechos denunciados.
En relación con la medida cautelar solicitada, se ordenó correr traslado a las partes demandadas por el término de cinco días, conforme a la Ley 8369.
En cumplimiento de los requisitos de publicidad y registración, la Cámara dispuso la inscripción del caso en el Registro de Procesos Colectivos y en el Registro de Amigos del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia.
Además, se ordenó la notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, quienes contarán con siete días corridos para comparecer desde su primera publicación en el SIC, (desde el día de hoy)
La resolución también exige que la actora y las demandadas incluyan un banner informativo en sus sitios web y redes sociales, comunicando la existencia del proceso, su objeto y los integrantes del colectivo.
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Histórico: comienza juicio por el daño a la salud que causan las fumigaciones

Fecha de Publicación: 01/12/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Siete empresarios y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las aplicaciones de agrotóxicos que provocaron enfermedades a Sabrina Ortíz y sus dos hijos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario será escenario a partir de esta semana de un debate judicial clave para la lucha en contra del agronegocio que protagonizan vecinos y diferentes colectivos ante empresarios que, con la supuesta anuencia de las autoridades locales, se enriquecen a costa de la salud de los lugareños. Siete empresarios del sector y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las enfermedades que contrajeron Sabrina Ortiz y sus dos hijos, aunque la cantidad de víctimas podría multiplicarse.
“Este caso se inicia en el año 2011 en Villa Alicia, un barrio periférico de Pergamino, cuando Sabrina comienza a observar problemas de salud en su familia, tanto en ella como en sus hijos”, explica a Tiempo Argentino el abogado Fernando Cabaleiro, quien junto a su colega Carlos María González Quintana y la propia Sabrina, que se recibió de abogada para poder llegar hasta las últimas consecuencias, llevan adelante la querella.
La denunciante sufrió dos ACV isquémicos y un aborto espontáneo; su hija padece steomielitis crónica que genera quistes dentro de los huesos y se detectó que su hijo tenía un nivel de glifosato en orina 120 veces más de lo tolerable. “Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes”, le dijo Sabrina a este diario hace unos años atrás, cuando vivía bajo custodia policial por orden de la Justicia.
“Ella empezó con un reclamo constante -añade Cabaleiro- porque asociaba los problemas de salud con la fumigación que se realizaba calle de por medio, a menos de 10 metros de su casa donde estaba el campo de soja que se fumigaba”. La mujer lo planteó en la municipalidad y en 2014 se emitió una ordenanza que “fue a favor del agronegocio, porque se estableció una distancia de 100 metros de prohibición absoluta para las aplicaciones terrestres y de los 100 a 600 metros, solo se podían aplicar productos banda verde. Lo que pasa es que los problemas de salud siguieron y se agravaron inclusive”.
Agua contaminada
En 2018, con la asistencia del abogado, Sabrina denunció la situación ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, por el delito de contaminación. El INTA de Balcarce comprobó que las aguas subterráneas de Pergamino (sobre todo de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida) estaban contaminadas con agrotóxicos y no eran aptas para consumo humano: encontraron 18 principios activos y metabolitos.
La profundización de la investigación determinó que diferentes personas, entre productores y fumigadores, vinculados a tres enormes lotes linderos a la zona urbana donde vivía la familia de Sabrina tuvieron íntima relación con las actividades que le produjeron los daños genéticos a las víctimas. Por si fuera poco, se acreditó que se violó la suspensión preventiva dispuesta por la justicia de aplicar agroquímicos en los campos que rodean a estos barrios afectados. La pesquisa identificó a un total de siete sospechosos.
Además, un desprendimiento de esa causa que quedó al mando del fiscal federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, estableció los funcionarios municipales Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini debían ser sometidos a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tanto el ingeniero agrónomo Naranjo, en su calidad de auditor, como el veterinario Tocalini, como titular de la Dirección de Ambiente Rural “fueron advertidos de lo que ocurría, pero no brindaron ninguna solución, se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas”, puntualizaron desde el Ministerio Público.
Para Cabaleiro, los acusados sostienen que “estos productos son inocuos y que se puede fumigar a cero metros respetando las buenas prácticas. Pero quedó claro que ni siquiera eso cumplen. Eso está comprobado en la causa. Esos químicos tóxico terminan en las napas, en los suelos de las casas, en los cuerpos. Es incontrolable”. Al mismo tiempo, el abogado advirtió que “no respetaron ni los 100 metros de la ordenanza, fumigando de noche para que no se entere nadie, inclusive en Navidad, cuando la gente estaba toda reunida en sus casas, en familia”.

«Una financiación colectiva y popular»
“Las víctimas querellantes son tres, pero si hablamos de víctimas son muchas más. Son los vecinos de estos tres barrios y hasta de todo Pergamino porque la contaminación del agua impacta en toda la población”, resume el abogado Fernando Cabaleiro, quien aclara que el impacto en los damnificados va mermando a medida que viven más lejos de los campos en cuestión, ya que el aire es fundamental para propagar los químicos. Un dato a considerar es que en el debate oral se analizarán unas 70 historias clínicas, con lo cual la cantidad de víctimas podría crecer exponencialmente.
Desde la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos apelaron a “la financiación colectiva y popular” para el traslado y las estadías de los testigos, pero también de los peritos, que deberán movilizarse hacia Rosario. Allí prevén que se desarrolle este “emblemático e histórico” juicio que represente para la provincia de Buenos Aires la misma experiencia de las denominadas Madres de Ituzaingó, en Córdoba, donde “por primera vez se puso en el banquillo a la trama cómplice (agronegocio local y funcionarios públicos) que en cada Pueblo Fumigado de la Argentina pone en jaque el ambiente y la salud de la gente”.

Sabrina Ortiz: “Buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados”
«Esta pesadilla comenzó en el 2011, cuando me instalé con mi familia para construir la casa soñada y ver crecer a mis hijos en el lugar que elegí para vivir. Ahí nomas empezamos a ver los problemas de salud y tuvimos el pálpito que los mismos estaban relacionados con los agrotóxicos que se usaban en los campos al frente de casa”, explicó a Tiempo Sabrina Ortiz, a pocos días del inicio del juicio. 
La mujer, que se recibió de abogada tras advertir que estaba siendo contaminada, describió todo el periplo que debió afrontar, luego de que las autoridades locales intentaran por diferentes medios desalentar sus denuncias. “Durante años hicimos reclamos a la municipalidad, y los funcionarios no hacían nada. Los dueños de esos campos que están pegados al barrio que vivo, se creyeron impunes, fumigaban alambrado de por medio, de noche, con viento, no les importaba nada”, insistió. 
“Después de 14 años y tras siete años de proceso penal se va a saber la verdad en un juicio oral y público sobre la complicidad del municipio, sobre la contaminación ambiental con agrotóxicos que generaron los imputados, el daño a la salud de la gente, entre ellos mis hijos, en las voces de decenas de vecinos y vecinas que fueron y son víctimas del obrar doloso de los fumigadores y las omisiones de los funcionarios municipales. Solo buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados de la Argentina”, concluyó la damnificada.
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¿Qué queda detrás del humo en Ezeiza? Apuntes para discutir el aire que respiramos

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El sector conocido como "el Polígono de Spegazzini", ubicado en cercanías de la Autopista Ezeiza–Cañuelas (en el sur del conurbano bonaerense) fue noticia en todo el país. Una explosión, en la noche del 14 de noviembre, y el incendio posterior en el lugar donde operan unas 25 empresas de acopio y abastecimiento de materiales y productos químicos se observó en vivo por todos los canales de noticias.
Debajo de una densa columna de humo, en un predio abierto de 130 hectáreas, estaban varias de las empresas instaladas en ese polígono industrial: Logischem, Plásticos Lago, Aditivos Alimentarios "El Bahiense", Iron Mountain, Larocca Minería, Flamia, Almacén de Frío y Parnor. Otras de las compañías que funcionan dentro del predio, pero no sufrieron daños, fueron Sinteplast, Marblock, Vesprini, Bull-Vial, Distri Ahorro y Pinturerías Proxecto.
De acuerdo con las pericias iniciales, en la investigación que lleva adelante la titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 1 de Ezeiza, Florencia Belloc, el fuego se inició en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. Los trabajadores volvían del descanso cuando vieron una luz amarilla en el fondo, seguido por varias explosiones.
Según detalló Pablo Celabe, presidente y responsable de Logischem, la empresa contaba con depósitos en el predio. Dos de estos espacios destinados al almacenamiento de materiales y productos químicos como hidrosulfito de sodio, aluminio en polvo, bromuro de metilo, fósforo sólido, cianuro, tambores contenedores de 200 litros, garrafas de 200 de gas butano y productos farmacéuticos. Más de 20 dotaciones de bomberos intervinieron aquella noche y extinguir el incendio llevó varios días.
La explosión generó una onda expansiva muy amplia que dejó daños en hogares, en los que se rompieron vidrios y techos, incluso a kilómetros de distancia. Se reportaron, según el Ministerio de Salud bonaerense, 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores). También se ingresó en los centros de salud cercanos a una persona con un infarto y una mujer embarazada con dificultades respiratorias. En el lugar del incendio se registraron 24 heridos, de los cuales ocho debieron ser trasladados a hospitales locales.

Un antecedente en el aire y los mecanismos de prevención 
Lo ocurrido en Ezeiza no resulta un episodio menor. La contaminación del aire es un riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muerte y enfermedades en todo el mundo. El 92 por ciento de la población está expuesta a un aire con niveles peligrosos de contaminación, un problema que causa siete millones de muertes prematuras cada año. Además, es responsable de una gran cantidad de casos de discapacidad entre las personas que sufren estas enfermedades, según la Organización Mundial de Salud (OMS).  
También afecta significativamente los ecosistemas, la biodiversidad, la calidad de los suelos y los cultivos, las fuentes de provisión de agua de consumo, aumenta la corrosión de los materiales, provoca la acidificación de ecosistemas lacustres y contribuye al cambio climático.
En agosto del 2000, con una diferencia de ocho días, se produjeron dos escapes de gases altamente tóxicos (cloro y amoníaco) en el polo petroquímico de Ingeniero White (Bahía Blanca). Esto marcó un quiebre en la relación entre las personas que habitan en las proximidades del predio industrial y la convivencia con el riesgo a la salud y al ambiente, generalmente las familias de los trabajadores y comunidades de alta vulnerabilidad social y económica.
Luego de estos hechos, las autoridades gubernamentales reformaron y desarrollaron mecanismos de seguridad como la capacitación e implementación del “Proceso de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local” (Apell) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que tiene como objetivo crear una comunidad cohesionada y resiliente frente a riesgos tecnológicos (especialmente cuando hay involucrados productos químicos) y las emergencias ambientales, mediante la concienciación y el acuerdo coordinado entre la industria, el gobierno y la comunidad local, en caso de que eventos inesperados pongan en peligro la vida, bienes materiales y el ambiente.
Para el caso del Polígono de Spegazzini está la normativa sobre Habilitación y Funcionamiento de las Industrias, Límites de Emisiones de Sustancias Contaminantes y Calidad de Aire, cuya aplicación está coordinada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) dado que el lugar del incidente se ubica dentro de esa cuenca.
Las acciones de planificación para la prevención y actuación ante la emergencia que involucre Productos Químicos Peligrosos deben tomar en consideración de manera prioritaria lo siguiente:
- El Principio Precautorio establecido como “Principio 15” en la Declaración Política de la Conferencia sobre Medio Ambiente de Río 92 y adoptado por la Ley General del Ambiente (25.675) que expresa que “cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente”.
- El Derecho a la Información de la Comunidad basado en la mejor ciencia disponible establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) y el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 25.831).
Frente a lo ocurrido en Ezeiza observamos en el debate público una disociación entre los discursos gubernamentales, de la comunidad y de la ciencia consolidada en materia de química y salud ambiental, que se aleja de la posibilidad de garantizar el cuidado y protección de la población, sobre todo si ésta es vulnerable por las condiciones socioeconómicas y la cercanía a predios industriales, y de los ecosistemas y bienes naturales, que es responsabilidad ineludible de las administraciones gubernamentales.

La respuesta oficial y las voces de la comunidad
La cartera de Salud bonaerense activó el “código rojo” en clínicas y hospitales de la región para que reciban a las personas afectadas. Además, la línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente. Todos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud.
En las primeras horas se recomendó a las y los vecinos de Ezeiza, y zonas aledañas, que permanezcan dentro de sus casas por la posible toxicidad del humo. “Permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas, apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior y evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos”, fue el mensaje del Ministerio de Ambiente bonaerense aquella noche. 
El director de Defensa Civil de Buenos Aires, Fabián García, confirmó que "la primera empresa que hizo explosión es de logística química" e informó que las mediciones de calidad del aire realizadas en la zona no detectaron gases peligrosos: "Los valores registrados corresponden únicamente a material particulado". El "material particulado" es el indicador más representativo de la calidad del aire, debido a que es el contaminante con mayor capacidad de afectar a la salud humana, por esta razón es uno de los más usados en el mundo. Estas partículas pueden ser de diferentes tamaños, pero las más perjudiciales para el ser humano son las denominadas PM10 y PM 2,5. 
El sábado, cuando el incendio continuaba activo, el ministro de Salud de Buenos Aires , Nicolás Kreplak, explicó que la combustión del incendio estaba compuesta por “partículas grandes, por lo que no cuentan con tanta toxicidad” y compartió los resultados del estudio del Ministerio de Ambiente provincial: “Concluimos en que no es una nube tóxica, es humo por elementos que fueron quemados, sobre todo caucho (pertenecientes al depósito de Minera La Roca). Tiene la particularidad de ser poco patogénico. Hemos tenido muy pocos casos denunciados en el Centro de Toxicología. La nube se va a terminar de disipar en el transcurso del día (sábado 15), no esperamos que sea perjudicial para la salud pública ni para el ambiente”. 
De todas maneras, la recomendación oficial fue que las personas sensibles al humo —niños, adultos mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias— eviten la exposición directa hasta que el material en suspensión se haya disipado completamente. “Debido a la explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en Ezeiza, recomendamos no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas”, fue también la recomendación que emitieron los municipios del Conurbano como La Matanza, Esteban Echeverría y Ezeiza horas después del incendio. 
Entre los vecinos de los barrios afectados, que hablaron ante los medios que cubrieron en cadena el hecho, la preocupación por la salud fue el denominador común: “Se vio un hongo negro y el fuego. Se veía todo rojo y se empezó a sentir un olor feo”, relató una vecina. Entre la columna de un humo negro y el fuerte olor a plástico quemado los vecinos reportaron las horas que pasaron entre cenizas en suspensión y una neblina espesa que se extendía entre sus casas.
"Era una bomba de tiempo, cuando iban a sacar muestras se ponían toda una protección estilo buzo de la marina. Y todo eso se quemó, está todo en el aire. Y por eso no puedo creer que hayan dicho que no era tóxico, es una locura que hayan dicho eso a la población", alertó un ex empleado de Logischem.

¿Qué dice la ciencia sobre los impactos a la salud y al ambiente? 
Los procesos de combustión son la principal fuente de los contaminantes atmosféricos como ser monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), ozono (O3), contaminantes orgánicos volátiles (VOCs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), material particulado (PM2.5 y PM10), a lo que se suman los generados por las reacciones químicas en el ambiente y por otros compuestos químicos presentes en los materiales de combustión como cloruro de hidrógeno (ClH), sustancias cloradas aromáticas persistentes, ácido sulfúrico (SO4H2), ácido nítrico (NO3H) y ácido cianhídrico (CNH), entre otros.
Sabemos a través de los últimos trabajos científicos y de revisiones sistemáticas de datos que los contaminantes del aire son causantes importantes de enfermedades no transmisibles, como el asma, los trastornos del desarrollo neurológico, los defectos de nacimiento en los niños; y en adultos: enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer.
Entre los efectos de salud inmediatos de la exposición a la contaminación atmosférica figuran la irritación de ojos, nariz y garganta; dificultad respiratoria, tos y el empeoramiento de las enfermedades preexistentes, como los ataques de asma. La edad, las enfermedades preexistentes y otros factores de riesgo de enfermedad y las alergias a los contaminantes pueden afectar al tipo de reacción que una persona experimenta ante un agente contaminante.
Como marcamos anteriormente, el “material particulado” es el indicador más representativo de la calidad del aire, debido a que es el contaminante con mayor capacidad de afectar a la salud humana, y las partículas más perjudiciales para el ser humano son las denominadas PM10 y PM 2,5. 
Las partículas PM10 entran a las vías respiratorias y pueden llegar a instalarse en los pulmones, de forma que pueden generar graves enfermedades. Las partículas PM 2,5 se consideran las más dañinas de todas: por su tamaño pueden ingresar en el torrente sanguíneo y son capaces incluso de llegar al cerebro, de acuerdo con la investigación “Exposición a corto plazo a partículas (PM 10 y PM 2,5)”, publicada en 2020.
La exposición a la contaminación por partículas tiende a afectar en su mayoría a personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, niños, niñas y adultos mayores.
Con el fin de ayudar a los países a lograr un aire más limpio y reducir el riesgo para la salud, la OMS ha establecido una serie de valores guía para los principales contaminantes atmosféricos con las Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire, que países como Argentina han adoptado, como son niveles límites de exposición en su Normativa sobre Calidad de Aire. 
La Organización Mundial de Meteorología (OMM), el Pnuma y la OMS han desarrollado en forma conjunta Plataformas Interactivas de Calidad de Aire de Ciudades (IQAir) con los datos de mediciones reportados de Estaciones de Monitoreo Fijas y Satelitales que son de acceso público. Se basan en el Índice de Contaminación del Aire (ICA), que incorpora los valores guía de la OMS y se visualiza como una grilla de colores para permitir conocer si el aire puede afectar la salud.
En los gráficos se pueden observan los registros de datos de ICA y PM 2,5 obtenidos de la plataforma IQAir, correspondiente a la Estación de Monitoreo de La Matanza (Acumar), la más cercana al lugar del hecho, entre las 13 horas del 14 de noviembre hasta las 7 de la mañana del 15 de noviembre. Durante el horario de ocurrencia del evento y horas posteriores las barras naranjas nos indican que la calidad de aire no era saludable para los grupos mas sensibles de la población (niños, niñas, bebes y adultos mayores) y el PM 2.5 —de 141microgramos por metro cúbicos (µg/m3)— sobrepasaba ampliamente el valor de 15 µg/m3 establecidos por la OMS en 2021.

Cómo seguir después del humo
La proximidad de la población a los polos industriales es de un gran riesgo para su salud. En el caso de Ezeiza está determinada por una compleja realidad socioeconómica, que persiste desde hace décadas en región de la Cuenca Matanza Riachuelo y que fue reconocida por la Corte Suprema en el "fallo Mendoza".
La relocalización de establecimientos de alta peligrosidad debiera ser prioridad, pero en el mientras tanto, para minimizar, los impactos la población debiera participar de la planificación de los planes de emergencia y estar informada con la mejor ciencia disponible porque es su derecho.
De acuerdo con los antecedentes científicos y directrices de la OMS mencionados, la población expuesta durante el siniestro requiere tener un seguimiento de su estado de salud para verificar la posible existencia de los efectos sobre la salud descriptos, y conjuntamente un monitoreo del suelo, los ecosistemas cercanos y las fuentes de provisión de agua. En ambos casos deberán estar garantizados por el Estado provincial. En tiempos donde el negacionismo y el discurso anticientífico intentan imponerse como “verdad” debemos anteponer el conocimiento y la sensibilidad humana para proteger la vida y el hogar que habitamos.

Por Silvia Oliviero Ghietto
Magister en Química y Ambiente. Docente en UNDAV y UTN. Ex Responsable de Ambiente del Centro de Contaminantes Orgánicos INTI y Ex Profesional Especializado de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR.
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