El organismo clave en Mendoza que está amenazado por la motosierra de Javier Milei

Fecha de Publicación: 23/06/2025
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Nacional


Por medio de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) que cumple tareas fundamentales en la provincia, será puesto bajo el ala del Ministerio de Economía. Desde el ente expresaron una gran incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del ente tras este anuncio. 
La “motosierra” del Gobierno nacional pasó sobre una institución estatal con presencia en Mendoza. A partir de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) pasará a formar parte de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. La nueva situación generó una gran incertidumbre en el ente local.
El Decreto 396/2025, firmado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía, determina que el INA dejará de ser un organismo que administre sus propios recursos, tenga autonomía, pueda firmar convenios y hacer asesoramientos externos, entre otras cosas.

Incertidumbre por los puestos laborales y el edficio
El Instituto Nacional del Agua cuenta con una presencia en Mendoza desde 1973, cuando inició sus actividades como Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCyTH).
Aunque Santiago Ruíz Freites, subgerente del INA Centro Regional Andino, lo describió como “un organismo pequeño“, resaltó su “alto nivel técnico y científico” debido a los servicios que presta.
Actualmente, más de treinta personas, entre empleados de planta y contratos temporales, conforman su equipo en la provincia. A nivel nacional, el organismo cuenta con aproximadamente 300 empleados, divididos en siete subgerencias, una de las cuales tiene asiento en Mendoza.
El presupuesto general del INA para la totalidad del ente es de 8.357 millones de pesos, el mismo que en 2024. En esa suma está contemplado el pago de sueldos de todo el personal nacional y el mantenimiento operativo en general del  costo de los edificios que hay en los distintos centros regionales. 
Para Ruíz Freites, “la cifra es irrisoria al lado de otros organismos y absolutamente desactualizada”.
Si bien el Gobierno nacional sostiene que este cambio no afectaría la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo y que las competencias del INA podrán ser desarrolladas con igual eficacia desde la administración centralizada, existe preocupación en Mendoza por la posible pérdida de puestos de trabajo y la discontinuidad de algunas de sus tareas.
José Pozzoli, exsubgerente del INA y actual concejal en Guaymallén por el Partido Justicialista, consideró que el proceso de centralización de Nación “es un primer paso para terminar de liquidar el instituto o reducirlo a su mínima expresión”.
Más allá de las justificaciones del Gobierno, amparada por el recorte de gastos estatales, el exfuncionario indicó que parte de la medida del Estado se corresponde en parte por un “tema inmobiliario”:
“Yo creo que desde el Gobierno Nacional están viendo con muy buenos ojos hacer un negocio inmobiliario con los bienes que tiene el INA. Especialmente en Ezeiza, donde tiene 70 hectáreas en un lugar muy codiciado por varios emprendimientos privados“, denunció Pozolli.
En Mendoza, la sede local se encuentra en Belgrano al 210, de Ciudad de Mendoza, junto a la Universidad Tecnológica Nacional. Para el concejal justicialista, es “un edificio con muy buena ubicación y que creo que la intención por ahí también es usarlo para otra cosa”. 
Este inmueble pertenece a la Nación, siempre y cuando siga existiendo el INA. En caso de desaparecer el edificio pasaría a la Provincia y ésta debe compensar los gastos al Gobierno nacional. Así lo determinó el convenio de cooperación firmado entre los gobiernos en 1980.

Las funciones del INA en Mendoza
A pesar de no tener el control del recurso hídrico en la provincia, el INA lleva adelante una amplia gama de tareas científicas que son cruciales para la gestión del agua en Mendoza. Según señaló Pozzoli: “En el INA se investiga, se publica y se trabaja con los distintos actores”.
En el ámbito de la meteorología y las lluvias, el instituto elabora estudios sobre el comportamiento de las precipitaciones y su impacto en los recursos hídricos. Para ello, utilizan modelos a escala y una red de pluviómetros y estaciones meteorológicas en el Pedemonte.
Esta red proporciona información sobre las propiedades de escalamiento temporal de intensidades máximas de lluvias de corta duración, conformando un sistema de alerta temprana clave para prevenir y gestionar los impactos de las lluvias torrenciales, que junto a Defensa Civil aporta en el cuidado de comunidades vulnerables, principalmente las que están ubicadas a la orilla de los canales provinciales.
También brindan asistencia técnica, colaborando con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, por ejemplo, el convenio para el monitoreo de la cuenca de la zona de la destilería de Luján de Cuyo, donde Irrigación envía estos informes al INA para que el instituto realice el monitoreo de las cuencas subterráneas.
Pozzoli indicó que “con Irrigación la relación quedó a medias“, ya que, a su entender, el ente provincial “siempre ha desperdiciado la posibilidad de que el Instituto procesara y trabajara sobre datos que Irrigación tiene y que muchas veces no tuvieron acceso”.
El INA también se dedica al estudio de la calidad del agua subterránea, realizando monitoreos, entre ellos, en la subcuenca del río Tunuyán Inferior, fundamental para el control de la composición química del agua destinada a riego, que se hizo en febrero de 2024. Dada la vital importancia del agua subterránea para el consumo humano, el INA ha estado involucrado durante años en los controles previos al suministro a la población.
La investigación del agua y la vitivinicultura es otra área prioritaria, dada la relevancia económica de esta actividad en Mendoza. Según Ruíz Freites, actualmente están inmersos en un proyecto de investigación sobre la relación entre el agua y la viticultura.
Además, el INA ha realizado evaluaciones de impacto ambiental, produciendo dictámenes técnicos para asegurar que los proyectos y actividades en la provincia cumplan con los estándares ambientales y no comprometan los recursos hídricos.
El estudio del escurrimiento andino es fundamental para el INA, ya que monitorean constantemente el agua que desciende de la Cordillera de los Andes, principal fuente de agua superficial para la provincia.
A la vez, el INA se encarga de la auditoría de pasivos ambientales petroleros, buscando mitigar la contaminación y proteger el medio ambiente en las zonas con presencia de esta industria. Un ejemplo de estos trabajos fue la remediación de pasivos ambientales en obras de YPF, bajo la supervisión de la Dirección de Protección Ambiental.
Finalmente, el instituto colabora en proyectos con otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, universidades locales y el INTA, llevando adelante diversas investigaciones.
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El jabalí, una especie que en Córdoba pone en jaque al ambiente y que demanda control

Fecha de Publicación: 23/06/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba 


La falta de depredadores naturales y su alta tasa de reproducción lo han convertido en una plaga. Reclamos por medidas de control más estrictas.
Desde su ingreso al país, en la primera década del siglo 20, cuando Pedro Luro lo trajo desde Francia a la provincia de La Pampa para constituir un coto de caza, la amenaza del jabalí siempre ha estado latente.
Ese peligro se convirtió en realidad cuando la población se escapó del lugar y comenzó a expandirse por todo el país.
A pesar de las buenas intenciones iniciales que fundamentaron su ingreso, la especie se convirtió en invasora y sus problemas se multiplicaron a tal punto que en la actualidad se ha convertido en una verdadera plaga para la producción agropecuaria y para el ecosistema de fauna autóctona del país.
Para Carlos Kubach, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en producción no tradicionales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCA-UNC), la presencia del jabalí en Argentina se ha convertido en una verdadera catástrofe ambiental.
De manera categórica, el docente del área de consolidación de Gestión Ambiental y Producción Sostenible de la FCA-UNC afirma que todo lo exótico es malo para la provincia y el jabalí, en particular, representa un problema muy serio.
Sostiene que la problemática del jabalí es crítica en la provincia, debido a la falta de control natural, su alta capacidad reproductiva, y una legislación inadecuada que lo protege en lugar de combatirlo, generando daños ambientales y económicos de magnitud.
Si bien no hay estadística sobre la población, debido a su falta de control, se estima que en la provincia podría haber cerca de 600 mil ejemplares, aunque la cifra tampoco es precisa.
La proliferación del jabalí ha encontrado en la provincia las condiciones ideales para su desarrollo.
Espacio: tienen montañas, montes, salitrales, pastizales; todos los ambientes necesarios para estar cómodos.
Comida: miles de hectáreas de maíz proveen alimento todo el año.
Falta de depredadores: los naturales del jabalí son el oso, el tigre y las jaurías de lobos, especies que no existen en la provincia.
“La ausencia de depredadores naturales es un factor básico para que la población explote, ya que tienen todas las condiciones para prosperar”, sostiene Kubach, quien ha participado como representante de la UNC ante el Ministerio de Ambiente en la problemática de la invasión de especies exóticas.
Los efectos del jabalí sobre el ambiente y la producción agropecuaria son devastadores, según sostienen los especialistas que abogan por su control.
En Pampa de Achala, fuente de agua para todos los ríos de Córdoba, el jabalí erosiona completamente el terreno al comer raíces y hozar como un cerdo, impidiendo la infiltración del agua.
“Esto compromete el aprovisionamiento de agua y hace que los arroyos estén permanentemente turbios en lugar de prístinos”, observa el especialista.
Su expansión por toda la provincia los convierte en una amenaza para los accidentes en rutas; ejemplares han aparecido cerca del aeropuerto en la ciudad de Córdoba, con el riesgo que ello acarrea.
El ataque a silosbolsa y a lotes sembrados con cereales, en búsqueda de comida, provocan cuantiosas pérdidas en la producción agrícola.
Su condición de omnívoros hace que cause predación directa sobre ejemplares de la fauna. Además, son transmisores de enfermedades como la peste porcina y la triquinosis, afectando a la fauna y a las personas
El jabalí también causa un daño inmenso a la fauna nativa, incluyendo especies que hoy están peligro crítico, como la tortuga de tierra en Córdoba. El pecarí quimilero es otra de las especies a la cual el jabalí tiene en jaque en la provincia.
En zonas protegidas, como el Parque Nacional de Ansenuza, han depredado huevos y pichones de flamencos australes y andinos (cuyos nidos fueron descubiertos en ese ambiente), especies que también están en peligro crítico de desaparecer.
“Se comen las crías de especies como la corzuela, el aguará guazú y el osito melero, que son especies con poblaciones reducidas en la provincia”, admitió Kubach.

El jabalí en Córdoba: medidas de control
Ante este escenario, para el especialista de la UNC la única forma de controlar al jabalí es a través de la actividad cinegética (caza) de control.
A nivel mundial se ha ensayado otro tipo de controles, como los hormonales o el trampeo, pero no funcionan. Hay cerca de 100 mil trabajos científicos a nivel mundial sobre el control del jabalí, y la experiencia global demuestra que solo la estimulación del control por medio de la caza es efectiva.
Sin embargo, se sostiene que el principal problema para combatir esta plaga en Córdoba es la legislación actual, que lo considera una especie de caza deportiva y no una plaga, que necesita de su control.
Para Kubach, las regulaciones están hechas para “proteger el jabalí”, ya que muchas acciones y normativas datan de las décadas de 1980 y 1990, y estaban pensadas para su protección.
“Las zonas protegidas, paradójicamente, son lo que más protege al jabalí. En estas áreas, no se permite ninguna acción de control, a diferencia de lo que ocurre en parques nacionales como Lanín o El Palmar, donde sí se gestiona la fauna exótica”, sostiene el docente, quien afirma que el mapa de caza del jabalí para la caza es idéntico al de 2011, lo que ha llevado a la situación actual.
“Este mapa prohíbe tocar al jabalí en zonas donde no figura o en reservas naturales”, advierte.
Como parte de las labores de mitigación, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular autorizó a partir del martes 17 de junio de la caza deportiva de las especies de jabalí europeo y chancho cimarrón en el territorio provincial.
La medida se extenderá por un año, con el cupo liberado.
En la provincia de Buenos Aires se fue más allá. En marzo pasado, el Ministerio de Desarrollo Agrario de esa provincia habilitó la caza plaguicida del jabalí europeo sin restricciones geográficas.
Entre los fundamentos de la norma, se destaca que “el control de una especie exótica invasora requiere criterios de masividad y coordinación regional sostenida en el tiempo”, por lo que resulta necesario implementar “nuevos criterios” que permitan una contención más eficaz.
La caza plaguicida es una actividad cinegética que consiste en cazar especies declaradas plagas o perjudiciales para controlar su población y evitar daños a la agricultura, la salud pública o el medio ambiente.
Se diferencia de la caza deportiva o de subsistencia en que su objetivo principal no es el deporte o la obtención de alimento, sino la gestión de poblaciones problemáticas.
El municipio de General Madariaga, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los primeros en poner en vigencia esta resolución. Lo hizo con la excepción de la Reserva Laguna La Salada Grande.
Los cazadores interesados deben contar con la licencia de caza plaguicida correspondiente y una autorización escrita del propietario del campo donde se realizará la actividad. 
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Polémica y denuncia: la SIDE contempla monitorear también a organizaciones ambientalistas e impulsoras de la agenda climática

Fecha de Publicación: 21/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, pueblos indígenas, científicos y miembros de organismos internacionales que promueven la agenda climática pueden ser sujetos de espionaje por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Así fue estipulado de manera expresa en el Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), cuya existencia fue revelada por LA NACION hace poco menos de un mes.
Este medio tuvo acceso a una copia del documento y pudo corroborar la relevancia que los distintos grupos ambientalistas tienen dentro del PIN. Si bien una buena parte del texto se compone de objetivos históricos de los servicios de inteligencia, hay párrafos que ponen de manera explícita a estas organizaciones –tanto nacionales como internacionales– y organismos que promuevan la agenda climática como sujetos en la mira de la SIDE.
Su incorporación puso en vilo a representantes del sector, que tildaron de “escalofriante” la decisión oficial e, incluso, avanzaron este jueves con la presentación de una denuncia penal por abuso de autoridad contra el director del organismo, Sergio Neiffert, y su director general de Operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.
En octubre del año pasado, hubo una reunión secreta de la cúpula de la agencia de inteligencia con los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. En ese encuentro, diputados y senadores cuestionaron la ambigüedad y los riesgos que depara el PIN.
Luego, lo que era un documento comenzó a tener concreciones. En una directiva secreta que emitió a fines de enero pasado, la SIDE ordenó “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local. No fueron específicos en los grupos objetivos, pero sí se sabe que la directiva fue firmada por Kravetz, que años atrás se desempeñó como abogado especialista en derecho ambiental.
Mientras que el Gobierno ha negado en distintos momentos lo difundido en medios de comunicación sobre el PIN, el viernes pasado la revista Crisis publicó una investigación en la que revelaron algunas partes del documento sobre objetivos específicos de la agencia de inteligencia, muchos de ellos, vinculados al sector ambientalista.
El trabajo de inteligencia sobre grupos ambientalistas o asociados a la agenda climática está concentrado casi enteramente en uno de los lineamientos estratégicos del documento. Este apartado se compone, sobre todo, de objetivos asociados a los recursos naturales estratégicos e incidencias sobre la biósfera que sean de “interés nacional”.
Incluye “identificar, reunir y analizar información” sobre “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de recursos naturales estratégicos presentes en el territorio nacional”.
También tienen interés en seguir actores, hechos o circunstancias que, “en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales, deriven en la obstrucción de proyectos”. La razón de todo esto se vincula con la posible interferencia y conflictividad que estos actores suponen para el gobierno nacional sobre la “exploración y explotación” de recursos naturales estratégicos. ¿A qué se refieren con eso?
No es explícito en el documento qué recursos naturales son estratégicos, aunque sí se menciona al sector energético, la petroquímica, la producción agropecuaria y minerales como el cobre, el aluminio y el acero. También se plantea un interés particular por minerales y tecnología asociados a la transición energética. Buscan monitorear políticas y mercados relacionados con las “economías bajas en carbono y resilientes a la variación climática. Por otro lado, incluyen el análisis de información sobre procesos climáticos –como las tormentas, sequías y olas de calor– y de contaminación que puedan afectar a la producción, a la vida y al patrimonio.
Así, parece haber dentro de la SIDE un reconocimiento claro del cambio climático y de los actores involucrados en este fenómeno, que científicos de todo el mundo asocian con la liberación de gases de efecto invernadero derivados, en especial, de la producción industrial. Desde la agencia de inteligencia ven imperante la recopilación de información vinculada a la política internacional asociada a la agenda climática, según surge del documento. En especial, la impulsada por organismos que tengan “posturas restrictivas” vinculadas a la “gestión” de los “efectos del cambio climático que busquen condicionar la explotación de recursos naturales por parte de actores estatales”. También buscan monitorear la evolución de políticas sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
El miércoles pasado hubo otra reunión de Neiffert con la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, con el diputado Leopoldo Moreau como vicepresidente. El funcionario negó que el organismo a su cargo tenga previsto realizar tareas de espionaje sobre diferentes actores de la sociedad civil, tal como podría interpretarse del contenido del Plan de Inteligencia Nacional.
El encuentro sirvió como marco para que tanto las autoridades de la agencia como los miembros de la comisión comiencen a trabajar en adecuar el PIN a las sugerencias formuladas por los legisladores. “La SIDE respondió las preguntas que se le hicieron por escrito y se quedó en seguir trabajando sobre el Plan de Inteligencia Nacional”, explicó el martes pasado una fuente consultada por LA NACION.
Este medio se contactó con cuatro de los catorce miembros de la comisión bicameral para saber cuáles eran las sugerencias y para corroborar la información obtenida; solo uno respondió. No negó la presencia de estos párrafos en el PIN, aunque advirtió que no revelaría ningún punto de este documento. Lo que explicó es que se abrió una línea de investigación por la filtración del documento. Además, LA NACION contactó a Neiffert para corroborar la información a la que accedió; sin embargo, no obtuvo respuesta.

La reacción de las organizaciones
El viernes pasado, empezó a circular la poca información disponible entre varias organizaciones ambientalistas. No quieren emitir declaraciones oficiales y sus representantes tampoco están seguros de que lo planteado en el documento sea definitivo. A pesar de ello, son conscientes de su existencia. “El simple hecho de que se haya escrito ya vulnera la seguridad. Si el texto es real, estaríamos hablando de una política de Estado en contra del sector ambientalista”, ponderó Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Otros activistas e intelectuales ambientalistas catalogaron de “escalofriante” que la SIDE contemple a las organizaciones ambientalistas como objetivos dentro del Plan de Inteligencia Nacional. “La totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, somos el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado –especularon en una nota editorial publicada el miércoles pasado, con la firma de Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y la investigadora Maristella Svampa–. Todo ello nos plantea las preguntas acerca de qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre nosotros. ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Penetran o infiltran nuestras comunicaciones y redes sociales? ¿Preparan ‘operaciones’ mediáticas para desprestigiarnos?“.
Otras organizaciones ambientalistas consultadas decidieron no hacer declaraciones. Sin embargo, confirmaron que comenzaron discusiones internas para tomar medidas al respecto. En particular, en diálogo con LA NACION Viale explicó que desde la organización que dirige están reuniéndose con organismos de derechos humanos y también recurriendo a organismos internacionales por el “cuidado de nuestra integridad, nuestra intimidad y nuestros derechos más elementales”.
Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), planteó que, más allá de que no es nuevo que se utilicen los servicios de inteligencia con fines políticos, ve que ahora se hace “a todas luces”. Refiere así a que el documento se alinea en varios puntos con los objetivos políticos que el Gobierno expresa de manera pública en distintos canales. Esto, afirma, infringe la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
En ese contexto, este jueves el CELS presentó una denuncia penal en contra de Neiffert y Kravetz. La figura bajo la que los acusa es la de abuso de autoridad estipulada en el artículo 248 del Código Penal.
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La innovación productiva le presenta pelea a la desertificación en el Gran Chaco

Fecha de Publicación: 21/06/2025
Fuente: Portal NoticiasFormosa
Provincia/Región: Norte Argentino


En una de las regiones más biodiversas y, al mismo tiempo, más amenazadas por el avance de la frontera agropecuaria; organizaciones sociales, gobiernos locales y productores impulsan estrategias colectivas para enfrentar uno de los desafíos más graves de nuestra era: la degradación ambiental y la pérdida de suelos fértiles.
Con el impulso del proyecto Impacto Verde, la red de actores que integra Redes Chaco avanza en una agenda de transformación productiva basada en la regeneración, la organización colectiva y la innovación territorial. Hoy, esa apuesta se vuelve más urgente que nunca.

¿Por qué es importante hablar de desertificación y sequía en nuestra región?
“La desertificación y la sequía son, tal vez, las mayores limitantes que enfrentamos para cualquier cadena de valor en el Chaco”, afirma Mercedes Borrás, especialista en ganadería y cadena forestal de Fundación Gran Chaco. Se trata de condiciones propias del ecosistema chaqueño, pero que se ven agravadas por modelos productivos intensivos, desmontes descontrolados y falta de planificación de largo plazo.
Comprenderlas como una problemática estructural es fundamental para diseñar estrategias de adaptación y resiliencia. Desde Redes Chaco, este enfoque se convierte en acción concreta: articulación institucional, planificación territorial y transferencia de soluciones tecnológicas para el arraigo y la sostenibilidad.
La relación entre desertificación y producción no es teórica, se observa todos los días. “El desmonte en el Chaco es una de las principales causas de desertización”, explica Agustín Noriega, presidente de Fundación Gran Chaco y coordinador técnico en el proyecto Impacto Verde. “A eso se suma la pérdida de fertilidad de los campos, los incendios de pasturas implantadas y la erosión eólica, que deja los suelos completamente expuestos”, amplió Noriega.
Durante décadas, los modelos ganaderos basados en el desmonte masivo ofrecieron resultados rápidos, pero generaron degradación, pérdida de biodiversidad y crisis hídricas. En paralelo, los pequeños productores también enfrentan limitaciones: falta de infraestructura, sobrepastoreo y agotamiento del suelo en zonas cercanas a aguadas o corrales.
El desafío actual no es sólo técnico, es político. Se trata de reorganizar el sistema productivo del Gran Chaco, incorporando criterios de regeneración, acceso al agua, sostenibilidad y participación de las comunidades.

Red Nueva de Ganadería: una herramienta contra la desertificación
Frente a este panorama, nace la Red Nueva de Ganadería Chaqueña, explica Agustin Noriega. Un espacio que articula a productores, técnicos, universidades y organizaciones como Redes Chaco, TNC, Fundación Gran Chaco, ACDI, Solidaridad, RegenoA, UNJu, UNSa y Fundapaz, entre muchas otras.
La Red impulsa una plataforma técnica para el diseño de soluciones regenerativas. Su objetivo es acompañar a los productores ganaderos de los tres países que integran el Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia) en la transición hacia prácticas sostenibles. No se trata solo de tecnología, sino de una apuesta por el conocimiento compartido y la organización desde el territorio.
“La red es un espacio donde se intercambian experiencias, se identifican fragilidades del sistema actual y se construyen nuevas respuestas colectivas”, resume Borrás. Con 35 millones de hectáreas comprometidas en la actividad ganadera chaqueña, lo que se juegue en este espacio será decisivo para el futuro ambiental y productivo de la región.

Acción climática para el futuro común
Resolver el acceso al agua, promover la ganadería regenerativa, frenar el desmonte y planificar el uso del territorio con base en datos y saberes locales son prioridades para Impacto Verde. Para lograrlo, el proyecto impulsa una agenda con gobiernos, cooperación internacional, productores pequeños y grandes, que permita pasar del diseño a la implementación concreta.
El compromiso de la comunidad regional es vital. La lucha contra la desertificación no es solo ambiental, es una disputa por el presente y el futuro de las comunidades, por la soberanía productiva y por el equilibrio ecológico de uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.
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Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema. 

Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados. 
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública. 

Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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Avistamientos de yaguareté: "Decir que nadie hace nada o que la respuesta es ineficiente solo genera más miedo"

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


En el marco de denuncias por el avistamiento y ataque de la especia en chacras, desde el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ohana, dieron a conocer que las respuestas son inmediatas y que muchos de los casos, los ciudadanos aprendieron a convivir de manera eficiente con la especie
Tras varias denuncias de ataque de yaguaretés, avistamiento de este felino en chacras misioneras y denuncias que no hay respuestas, desde el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ohana, dieron a conocer que las respuestas son inmediatas y con trabajos de campo.
En esa línea, Fernando Piesco, presidente del Centro de Rescate, dio a conocer que las respuestas son inmediatas y que con las distintas organizaciones se trabaja para que la convivencia entre los felinos y las personas sea algo seguro. “Tenemos la responsabilidad de traer claridad a las distintas situaciones, porque no se hace honor a la verdad y puede generar miedo o sentimientos de autoprotección injustificados en la gente", manifestó Piesco, quien subrayando que sí existe un plan de acción y que los resultados han sido excelentes en la mayoría de los casos.
Cabe señalar que el pasado 3 de junio, un felino atacó a un perro que se encontraba en el patio de la una vivienda.
En diálogo con Acá te lo Contamos por Radiactiva 100.7, Piesco indicó que diversas organizaciones trabajan activamente en el territorio misionero, como Proyecto Yaguareté, Fundación Vila Silvestre, entre otras entidades que colaboran en la contención social y la intervención ante conflictos entre humanos y yaguaretés, como la depredación de ganado o perros. "Decir que nadie hace nada o que la respuesta es ineficiente solo genera más miedo y reacciones de autoprotección, muchas veces perjudiciales para la especie", advirtió.

El peligro de la desinformación
La circulación de comentarios en redes sociales que incitan a la violencia contra el yaguareté, como "un escopetazo y chau", refleja el riesgo de la desinformación. "El gran problema es que afirmaciones erróneas generan miedo y reacciones automáticas de defensa, cuando en realidad existen soluciones y respuestas concretas", sostiene Piesco, quien detalló además que cada caso de avistamiento o conflicto es evaluado de manera particular por especialistas, quienes trabajan en conjunto con el Ministerio de Ecología y las organizaciones civiles. "Muchas veces, lo que se atribuye a un yaguareté resulta ser otro animal, como riñas entre perros. Este se sabe tras un trabajo de campo en el terreno del incidente", explicó.
"En todos los conflictos registrados, nunca salió perjudicado el yaguareté, y las personas aprendieron a convivir de manera eficiente con la especie".
Cabe señalar que la provincia de Misiones alberga el último reducto de biodiversidad conservada de la selva paranaense, un tesoro de valor mundial. "Cada afirmación que va en desmedro de la protección de estas especies nos alarma y preocupa, porque puede llevar a decisiones erróneas y poner en riesgo a una especie clave para nuestro ecosistema", recalcó el presidente del Ohana.

¿Qué hacer ante la presencia de un yaguareté?
La recomendación principal es llamar al 911 ante cualquier avistamiento o incidente. Desde allí, se articula una respuesta inmediata con el Ministerio de Ecología y las organizaciones civiles correspondientes. "Trabajamos de manera conjunta y cada caso se evalúa en el terreno, llevando tranquilidad a la gente y soluciones efectivas", cerró Piesco.
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Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés. 
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta. 
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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Sector forestal de Corrientes fortalece su compromiso con la biodiversidad y el ambiente

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: Diario Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes


Durante el pasado Día Internacional de la Biodiversidad, se destacó que el sector forestal de Corrientes se posiciona como un actor clave en el estudio y la conservación de la fauna nativa. En un contexto donde el desarrollo productivo y el cuidado ambiental parecen a veces opuestos, esta experiencia demuestra que es posible integrarlos de forma planificada, sostenida en el tiempo y basada en evidencia científica.
Desde hace varios años, empresas de Corrientes, vienen realizando monitoreos de fauna silvestre en las plantaciones forestales y zonas de AVC (alto valor de conservación) con técnicas modernas y no invasivas como el uso de cámaras trampa.
Estos estudios permiten relevar la presencia de mamíferos medianos y grandes en sus predios, generando información valiosa sobre la riqueza, distribución y comportamiento de especies, muchas de ellas protegidas o en peligro.
Un ejemplo de ello es el trabajo que realiza la Fundación ProYungas junto a la empresa Bosques del Plata, quienes brindaron los datos del último relevamiento realizado en 2023 en predios vinculados a la cuenca del Bañado Virocay y el arroyo Yohaza, donde se obtuvieron más de 4.900 imágenes en 576 días-cámara. El resultado: 264 registros independientes que confirmaron la presencia de 11 especies de mamíferos nativos, incluyendo al ocelote (Leopardus pardalis) —una especie clasificada como vulnerable a nivel nacional—, y otras especies de valor como el tamanduá (Tamandua tetradactyla) y la paca (Cuniculus paca), ambas Cercanas a la amenaza.
El monitoreo se realizó en 12 estaciones distribuidas entre mogotes de monte nativo y forestaciones, sin el uso de cebos ni interferencias.
Esta metodología permite registrar especies sin alterar su comportamiento natural, aportando datos valiosos sobre su abundancia relativa, patrones de actividad y uso de hábitat. Además, se registraron 15 especies de aves, entre ellas una que representa el primer registro formal para Corrientes: la paloma montera castaña (Geotrygon montana).
Estos estudios se inscriben en un proceso de largo plazo que busca no solo monitorear, sino también construir corredores biológicos, reconocer áreas de refugio para fauna y sensibilizar al personal forestal en conservación de biodiversidad.

Objetivo de los programas de monitoreo de fauna
A través de estos monitoreos, se busca identificar y mitigar posibles impactos negativos de las actividades en la fauna local, promoviendo prácticas de manejo sostenible que favorezcan tanto la producción forestal como a la protección de la vida silvestre.
Corrientes cuenta en la actualidad con más de 500.000 hectáreas de forestaciones implantadas, siendo la provincia con mayor superficie del país, y junto con Misiones producen más del 70% de la madera comercial. Por eso, entender el papel de estas plantaciones dentro del ecosistema es esencial. El sector forestal no es solo parte del paisaje productivo, sino también del entramado ecológico que puede sostener especies clave si se maneja con planificación y responsabilidad.
Argentina se pretende fomentar, priorizando el enfoque de conservación de producción, especialmente en ecorregiones de alta biodiversidad como los campos y malezales del noreste argentino.
Los datos generados no solo enriquecen el conocimiento científico de la región, sino que también abren nuevas puertas para políticas de manejo sustentable, planificación territorial y educación ambiental.
En este Día de la Biodiversidad, el mensaje es claro: la conservación no es un freno al desarrollo, sino una forma de hacerlo en forma sostenible.
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Polémica ambientalista en Hudson por la construcción de un barrio privado

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas mostraron su preocupación por el desarrollo del emprendimiento inmobiliario Ayres de Hudson, un barrio privado que avanza en una zona de Hudson, en el partido de Berazategui, a pocos metros de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola.
El proyecto, impulsado por la empresa Fiducia Urbana S.A. —parte del Grupo Klover—, contempla la construcción de 134 viviendas sobre un terreno de 13 hectáreas ubicadas al oeste de las vías del tren. Según explican los ambientalistas de la zona, para habilitar el loteo, el municipio “vendió 182 metros de la calle Lisandro de la Torre a precio fiscal”, eso decir, por debajo del valor comercial.
“Esto benefició directamente al desarrollador y representó una pérdida para el patrimonio público”, denunció Ernesto Salgado, referente del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. “El municipio, además, se negó a entregar información sobre el proyecto, lo que nos obligó a judicializar el caso. La Cámara de Apelaciones nos dio la razón y ordenó que se garantice el acceso a la documentación”, agregó.
Desde el Foro y otras organizaciones sociales y ambientales sostienen que el área intervenida debería ser considerada parte de la zona de amortiguación de la Reserva, tal como recomendó la UNESCO. “Los árboles que están siendo talados son idénticos a los que se preservan dentro del perímetro formal de la Reserva. Son parte del mismo ecosistema”, advirtió Salgado.
Entre los puntos del proyecto que más preocupan a las organizaciones se encuentra la falta de conexión a la red de agua potable. La empresa planea extraer agua del acuífero Puelche mediante un pozo central, lo que podría afectar la sostenibilidad del recurso. En cuanto a los efluentes cloacales, el informe presentado por la empresa indica que se canalizarán hacia una planta interna que los derivará a la red pública. Sin embargo, según Salgado, esta red ya presenta graves deficiencias y podría colapsar ante la sobrecarga.
Otra preocupación clave es el destino de las aguas pluviales. El proyecto prevé su descarga en el arroyo Baldovinos, que atraviesa sectores de la Reserva. “No se trata solo de agua de lluvia: arrastran contaminantes domésticos como detergentes, aceites y otros residuos”, explicaron desde la Asamblea de la Reserva.
El Foro cuestiona el emprendimiento por su proximidad a un área natural de valor estratégico para toda la región. Y explican “Ademas los pluviales terminarían en el arroyo Baldovinos, que corre por detrás del barrio en una parte y en otra por el borde. Los pluviales como se saben son contaminantes porque la gente arroja jabón, aceite, entre otros elementos”.
Por ahora, llaman a actuar con urgencia para evitar una degradación ambiental irreversible, pero no descartan tomar otras medidas.
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Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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Los recursos ambientales se agotan

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El día del sobregiro, a partir del cual el país utiliza más recursos de los que es capaz de regenerar, está cerca y ambientalistas llamaron la atención sobre la pérdida de diversidad, el desfinanciamiento y la retirada del Estado.
Según la organización Global Footprint Network, el día donde Argentina consume más recursos de los que la Tierra puede regenerar en un año llega este 2025 el 3 de julio. El promedio mundial para este año es apenas 21 días después: el 24 de julio. Con respecto a esta fecha,  la organización internacional de sustentabilidad difundió: "Actualmente, la humanidad utiliza la naturaleza un 80% más rápido de lo que los ecosistemas terrestres tardan en regenerarse, haciendo que este sobregiro sea equivalente a usar 1.8 planetas Tierra".
Así, explicaron que este nivel de sobreexplotación se debe al agotamiento del "capital natural" que compromete la seguridad de los recursos a largo plazo. "Las consecuencias son visibles en la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto contribuye a una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y a la disminución de la producción de alimentos", detallaron.
Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, describió la situación actual como una "regresión ambiental inaceptable" en diálogo con Página/12. Advirtió que estar cerca de la fecha de sobregiro es "una grave alarma". Sin embargo, puntualizó: "la responsabilidad no está distribuida de manera equitativa. No son los sectores populares quienes empujan este colapso, sino un modelo económico basado en el sobreconsumo de recursos, la exportación de naturaleza y la profundización del extractivismo como modelo de (mal)desarrollo".
El artículo 41 de la Constitución Nacional "implica una obligación concreta del Estado: no sólo evitar el daño ambiental, sino prevenirlo, restaurarlo y garantizar el principio de sustentabilidad. Sin embargo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), junto con la profundización del modelo extractivista --basado en el saqueo de bienes comunes como el litio, los hidrocarburos y los minerales--, va en sentido contrario", comentó el abogado. Actualmente, 16 provincias están adheridas al RIGI.
Micheloud indicó que este régimen vulnera el ambiente --entendiéndolo como el "entramado vital que sostiene nuestras vidas y donde se desarrolla la vida humana y no humana"-- de manera estructural, ya que "promueve la megaminería, el fracking, el offshore y el agronegocio sin participación ciudadana, sin licencia social y sin estudios de impacto ambiental serios".

En retirada
Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, explicó en comunicación con Página/12: "Mientras que combatir el cambio climático ayuda a proteger las especies y su hábitat, la preservación de la biodiversidad también juega un papel esencial en la regulación del clima a nivel global". Sin embargo, la biodiversidad nacional fue afectada. La superficie de bosques patagónicos quemada esta temporada estival se cuadruplicó en comparación con la anterior: se afectaron 31.722 hectáreas en seis meses. En Greenpeace lo describieron como de los peores incendios --por su magnitud e impacto-- de las últimas tres décadas. La retirada del Estado en las políticas públicas ambientales contribuyó a esa estadística: "prácticamente todas las áreas sensibles como el control forestal, la fiscalización ambiental, el sistema de cuencas o el acceso a la información ambiental están siendo desguazadas", agregó Micheloud.
"Se paralizan programas, se despide personal técnico, se desfinancian organismos de control, se ataca a los científicos y se desoye la voz de las comunidades", denunció Micheloud y ejemplificó: "Áreas clave como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue transferido del ex Ministerio de Ambiente --hoy reducido a una Secretaria junto a Turismo y Deportes-- al Ministerio de Seguridad de Bullrich". Así, el SNMF cambió una lógica de prevención, restauración y gestión ecosistémica del fuego por "una mirada punitiva y militarizada, donde el fuego se aborda como una amenaza a ser 'controlada', y no como un fenómeno complejo a ser entendido y prevenido con enfoque ambiental", describió el abogado.
Alrededor del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la ganadería y la agricultura. En este sentido, Micheloud reiteró que "no se trata de cambiar hábitos individuales, sino de transformar estructuras. Necesitamos frenar el avance de los proyectos extractivos, fortalecer las economías regionales, respetar los límites ecológicos, proteger a las comunidades campesinas, indígenas y urbanas vulnerables y defender nuestros ecosistemas. También es clave apoyar las luchas territoriales y construir una transición justa, que entienda que no hay justicia ambiental si no hay justicia social". Para él, la pobreza y la desigualdad son el resultado directo de un "sistema extractivo que contamina y mata".

Extintos
Las organizaciones alertaron sobre la pérdida de diversidad: a nivel mundial, más de un millón de especies se están extinguiendo y en Argentina aves, peces, reptiles y mamíferos están en peligro de extinción. Arrigazzi destacó al yaguareté "que ocupa un rol fundamental en la cadena trófica y en el equilibrio de sus ecosistemas", pero que actualmente corre este peligro porque se pierde su habitat, debido a la deforestación y al cambio climático. Sin embargo, existen proyectos de reintroducción de la especie para repoblar los Parques Nacionales y Arrigazzi contó el trabajo de la organización para lograr la "deforestación cero y la conservación de corredores biológicos en el Gran Chaco".
"Cada día que pasa sin medidas concretas es una oportunidad perdida para proteger el ambiente en todas sus formas. Restaurar y conservar nuestros ecosistemas es esencial para garantizar agua, aire limpio y alimento para las generaciones presentes y futuras", concluyó Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
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La Justicia emplazó al gobierno rionegrino para que cumpla con el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El STJ le otorgó 30 días para resolver el tema, al acoger una acción de mandamus presentada por dos ongs. El atraso para ejecutar lo establecido en la ley ya superó los 10 años. 
El Superior Tribunal de Justicia consideró injustificado el atraso de varios años que acumula el gobierno de Río Negro en definir y aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y le otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentar “un plan de trabajo que detalle las tareas a realizar y la duración que insumirá la ejecución de las distintas etapas del cronograma” para cumplir con esa obligación.
El STJ falló en esos términos al dar curso a un mandamus presentado por la Asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, de Bariloche, que accionaron después de topar una y otra vez con el rechazo o las dilaciones de la Subsecretaría de Recursos Forestales cuando intentaron lo mismo por vía administrativa.
La tarea sin hacer que arrastra la provincia desde hace más de una década consiste en relevar y clasificar las áreas con presencia de bosque nativo dentro de su territorio y elaborar un mapa con los colores rojo, amarillo y verde, que la ley nacional estableció como regla para regular las actividades permitidas y el estátus de protección que corresponda en cada caso.
La normativa nacional que Río Negro adoptó como propia a través de la ley 4.552 impone la realización de un mapa inicial (elaborado en 2010) y luego revisiones quinquenales, que nunca se efectuaron. Ese incumplimiento generó repetidas quejas especialmente en la zona cordillerana, donde hay valiosas superficies cubiertas de vegetación nativa expuestas al desmonte indiscriminado.

Ritmo de trabajo
El Superior Tribunal ordenó a la provincia que cumpla en el plazo fijado con las tareas que le encomienda la ley y que “deberán acotarse a la mínima expresión de tiempo y mayor ritmo de trabajo posible”.
La falta de un mapa actualizado, según las organizaciones que recurrieron a la Justicia, fue aprovechada en Bariloche y la región para avanzar con emprendimientos inmobiliarios que afectan al bosque, que consiguieron permisos del municipio, y que no hubieran prosperado de existir un mapa protector actualizado.
Luego de conocer el fallo, aclararon que ahora “tanto la subsecretaría de Recursos Forestales como las autoridades municipales deben abstenerse de dar nuevas autorizaciones de apeos o desmontes hasta tanto el mapa de bosques sea actualizado y aprobado por la Legislatura”.
El descargo de la Fiscalía de Estado provincial (que no convenció a los jueces) había negado la existencia de «rehusamiento” de parte del gobierno a cumplir con la ley y a brindar los informes requeridos, “ni mucho menos una afectación de derechos de la ciudadania”. La sentencia tampoco atendió el dictamen del procurador Jorge Crespo, quien propuso rechazar el mandamus por considerarlo “improcedente”.

El pacto de Escazú
Al impugnar la conducta seguida hasta ahora por el Ejecutivo provincial, el fallo observó que “no logra vislumbrarse un impedimento concreto para la revisión” del ordenamiento de bosques como lo exige la ley 4.552. Al desacreditar cualquier razón para la demora subrayó también que esa ley provincial “no fue modificada ni reemplazada por una nueva norma”.
En otra novedad que fue destacada por los demandantes, el máximo tribunal consideró aplicable la regla establecida por el acuerdo de Escazú (un convenio internacional incorporado por ley y que tiene rango constitucional) según el cual rige para los temas ambientales “la carga dinámica de la prueba”.
Es decir que la obligación de probar la eventual inexistencia de daños en el ambiente corresponde a la autoridad competente, en este caso la subsecretaría de Recursos Forestales. Y no al revés.
Los denunciantes destacaron que entre los fundamentos del fallo se indica que la falta de actualización del mapa de bosques por más de diez años configura un “rehusamiento notorio del deber legal”. Y que la provincia no acreditó las razones concretas de ese atraso.
Según el STJ, la urgencia por resolver el tema y el plazo acotado que otorga el fallo se funda en que “la omisión de actualización de dicho instrumento normativo (por el ordenamiento de bosques) es susceptible de afectar negativamente los objetivos fijados por la legislación protectoria”, a la que definió como “una herramienta para la conservación de los ecosistemas forestales naturales”.
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El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.

Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.

Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.

Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.

De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”. 
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.

Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.

Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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Proponen una Ley de Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis del sector

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: Portal Pescare
Provincia/Región: Nacional


 Un proyecto de ley propone declarar la Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis económica, social y productiva del sector. Incluye incentivos fiscales, un fondo especial y un sistema obligatorio de trazabilidad. 
Un proyecto de ley ingresado al Congreso propone crear la Ley de Emergencia Pesquera Nacional por el término de 24 meses, con posibilidad de prórroga, con el objetivo de enfrentar la crisis económica, social, ambiental y productiva que atraviesa el sector. La medida alcanzaría a todas las jurisdicciones con actividad pesquera, haciendo foco en las provincias marítimas y fluviales de mayor volumen extractivo e industrialización. El proyecto es impulsado por el diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Entre sus objetivos, la iniciativa busca recuperar la sustentabilidad económica del sector, fortalecer el empleo, modernizar la industria, garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). También promueve la expansión de los mercados internacionales y el incremento del consumo interno de productos del mar y de río.
Durante el período de emergencia, el proyecto prevé la suspensión de aumentos impositivos y vencimientos fiscales y previsionales que impacten directamente en la pesca y la acuicultura. Asimismo, se propone la creación del Fondo de Fomento y Sostenibilidad Pesquera (FOFOSPE), que se financiará con recursos provenientes de multas por pesca ilegal, aportes provinciales, fondos del presupuesto nacional, asistencia internacional y donaciones.
En paralelo, se pondrá en marcha un régimen de incentivos fiscales para empresas que inviertan en innovación, reconversión productiva y sostenibilidad. Además, se creará un Fondo Rotatorio con créditos blandos para proyectos de modernización tecnológica.
Una de las medidas centrales del texto es la implementación obligatoria del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SUTraP), con validación técnica a cargo del INIDEP y en línea con estándares de la FAO. Las empresas que exportan deberán adaptarse al sistema en el plazo de un año, mientras que las que operan en el mercado interno tendrán un plazo de tres años.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía deberán diseñar estrategias de diversificación y apertura de mercados internacionales, mientras que el Ministerio de Salud y el de Agricultura impulsarán campañas de promoción del consumo local de pescado como alimento saludable.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación de la ley, en coordinación con organismos como el INIDEP, el SENASA y el Consejo Federal Pesquero. A los 18 meses de entrada en vigencia, deberá presentar un informe de evaluación de impacto al Congreso, incluyendo la evolución de indicadores económicos, estado de los fondos y recomendaciones para la continuidad o ajuste de las medidas
Finalmente, se establece la creación de un portal público y gratuito donde se difunda información sobre la ejecución del FOFOSPE, beneficiarios de incentivos fiscales y el avance en materia de sostenibilidad.
De aprobarse, el Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la norma.
Un exceso de legislación asfixiante, una autoridad de control que opera desde la ignorancia más absoluta de la dinámica real de la actividad, y una propuesta que, lejos de ofrecer soluciones tangibles, se limita a maquillar el problema con fórmulas vacías. En el fondo, no se trata de avanzar, sino de aparentar que se hace algo, mientras el núcleo del conflicto permanece intacto, erosionando cada día más la legitimidad y la eficacia del sistema. Este proyecto, de avanzar, no soluciona ni la forma ni el fondo de la cuestión.
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