Ordenan a la jueza Niremperger que se expida sobre la extensión de la cautelar contra los desmontes

Fecha de Publicación: 18/10/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Resistencia revocó una resolución de la magistrada de primera instancia que sustituyó la prohibición judicial de desmontes por “advertencias genéricas” al Ministerio de Producción del Chaco. Ahora, la jueza deberá expedirse sobre si extiende o no la medida solicitada por abogados ambientalistas y la fiscalía federal.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó una resolución de primera instancia que había omitido pronunciarse de manera clara y expresa sobre la prórroga de una medida cautelar destinada a proteger los bosques nativos del Chaco. Es en el marco de la causa por la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) por presuntas irregularidades en la habilitación de desmontes en la provincia del Chaco en la cual está en discusión la competencia federal, popularizada como “La Mafia del Desmonte”.
La decisión fue dictada este miércoles 15 de octubre, y hizo lugar a las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y la AAdeAA. Lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García.
Cabe recalcar que el levantamiento de la medida cautelar fue solicitada por el ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, en el marco de la causa penal impulsada por la AAdeAA. En ese contexto, la jueza Niremperger se limitó a “hacer saber” al Poder Ejecutivo provincial que “extreme acciones administrativas” para evitar desmontes, sin definir el alcance temporal ni los mecanismos de control.
Ahora, la Cámara de Apelaciones destacó que la sentencia recurrida, dictada el 19 de agosto pasado en primera instancia, no había resuelto de manera fundada la solicitud de prórroga de la medida cautelar, vigente desde agosto de 2024, que fue renovada en noviembre de 2024 y febrero de 2025.

“Sustituye la prohibición judicial previa por un régimen de advertencias genéricas”
La Cámara señaló en sus fundamentos que “el procedimiento dispuesto carece de la debida motivación, pues no se advierte correspondencia entre las pretensiones de las partes y la respuesta del órgano jurisdiccional, lo cual consolida una afectación al principio de congruencia”. Agregó que “la resolución, en cambio, declina decidir y sustituye la prohibición judicial previa por un régimen de advertencias genéricas, sin fijar alcance material, vigencia temporal, órganos de ejecución, mecanismos de verificación ni consecuencias ante incumplimientos”.
Uno de los párrafos más contundentes del fallo afirma: “Esa ambigüedad torna la pieza inejecutable y dificulta su control recursivo, lo que por sí solo compromete su validez como acto jurisdiccional”. Asimismo, recordó que “la tutela cautelar exige un examen explícito de sus presupuestos, consistentes en la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y proporcionalidad/idoneidad de la medida elegida”.
La Cámara también hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que considera arbitrario un fallo cuando “no cumple con los recaudos de validez exigidos por la Constitución Nacional, al no hallarse debidamente fundado ni ser una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa”.
En consecuencia, el tribunal resolvió por mayoría “hacer lugar a los recursos de apelación”, revocar la resolución del 19 de agosto y ordenar a la jueza de primera instancia que dicte un nuevo pronunciamiento “a la mayor brevedad”, atendiendo a la naturaleza urgente de la protección ambiental en juego.
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Audiencias para degradar 40 mil hectáreas de monte

Fecha de Publicación: 16/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La mayoría de las convocatorias se hicieron después de la reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En lo que va de este año la Secretaría de Ambiente de la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para el “cambio de uso de suelo”, lo que implica la transformación o degradación del monte para fines productivos, en 40.577,07 hectáreas.
Así surge de las distintas convocatorias que se encuentran registradas en el Boletín Oficial de la provincia, y que involucran las hectáreas “netas a habilitar” y a las de “protección y reserva”, dado que ambas categorías forman parte de un mismo proyecto.
Un relevamiento realizado por Salta/12, encontró que 31.331,07 hectáreas involucradas en los proyectos están en audiencias que fueron convocadas después de la reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), publicado en el Boletín Oficial el 11 de agosto pasado.
El 23 de junio, en tanto, se convocó a una audiencia para un Plan de Manejo Silvopastoril en 6.562 hectáreas netas a habilitar con 2.684 hectáreas de protección y reserva en la finca Los Dragones, ubicada en el departamento San Martín, en el norte salteño. En el área de influencia están incluidas diferentes comunidades originarias de la zona que limita con el departamento Rivadavia.
Otra finca donde hay un pedido de desmonte grande es Las 100 Leguas, en el departamento Anta, donde se solicitó el "cambio de uso de suelo" de 6.983,35 hectáreas netas, con 4.713,48 hectáreas "de protección y reserva". La audiencia está prevista para el 7 de noviembre próximo en el Centro Integral Tolloche, en Anta.
La Secretaría de Ambiente ya dijo que el nuevo OTBN no puede tener efecto retroactivo sobre los proyectos presentados administrativamente antes de la reglamentación y por ello no aplicaría para ninguna de las más de 40 mil hectáreas sobre las que hay audiencias públicas convocadas.

Desmontes en cuatro fincas
Por su parte, la asociación ambientalista Greenpeace documentó desmontes en cuatro fincas y denunció que estos en lo que va del año ya se deforestaron casi 11.000 hectáreas en la provincia. La mayor parte, está ubicada en Anta y Rivadavia.
“La deforestación es un ecocidio que provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Indicó que el recorrido en la provincia se acompañó con un monitoreo satelital que detectó la deforestación de 10.928 hectáreas entre enero y septiembre.
Recientemente la organización presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando que “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta representa un golpe devastador para los bosques y viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques 26.331, ya que: 1) permitirá desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; 2) valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; 3) habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; 4) provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y 5) porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas”.
También reiteró el cuestionamiento al hecho de que el nuevo OTBN cuente con una “zonificación flexible”, que no determina geográficamente dónde está prohibido desmontar.
Añadió que la posibilidad de deforestar más de 700.000 hectáreas mediante cupos a definirse por cuencas “inevitablemente provocará que los terratenientes aceleren el pedido de permisos de desmonte”. También recordó que con este y otro tipo de acciones que generan deforestación, el país incumple con un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030 firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021.
Asimismo, Greenpeace convocó a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya participaron más de 270.000 personas.
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El Impenetrable Chaqueño: deforestación y miel en peligro  

Fecha de Publicación: 15/10/2025
Fuente: Portal Fuego24
Provincia/Región: Chaco


En las selvas conocidas como El Impenetrable, en el interior de la Provincia del Chaco, la comunidad Qom y algunas familias de criollos han encontrado en la miel orgánica que producen las selvas chaqueñas y se envía a los Estados Unidos y a Europa, una salida laboral y una noble resistencia al desmonte bestial y generalizado.
Argentina es el tercer exportador mundial de miel orgánica y eso tiene un valor excepcional. Sobre todo porque aunque no es asunto muy reconocido, esta Provincia es la que produce más miel orgánica –y de calidad– en toda la República Argentina.
Claro que, a la vez, es sabido que para adentrarse en el ecosistema del Gran Chaco primero hay que evitar las lluvias, porque casi todos los caminos son de tierras arenosas en las que el riesgo de empantanarse está siempre latente. Y no en pequeños espacios, ya que se trata de un bosque seco subtropical de casi 50 millones de hectáreas que está ubicado al Nordeste de la Argentina, y donde las señales para comunicación son prácticamente inexistentes.
Según datos oficiales, están en producción unas 13.600 colmenas, a cargo de 87 productores que atienden la extracción y una planta de cera habilitada y con garantía de calidad en el proceso productivo.
En 2024, en todo el país se certificaron unas 34.300 colmenas orgánicas, de las cuales la mayoría se ubican en territorio chaqueño (13.595) y en las provincias de Santa Fe (5.547), Santiago del Estero (3.895) y Córdoba (3.642).
Según el Registro Nacional de Productores Apícolas y datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Chaco cuenta con alrededor de 450 productores apícolas activos, alrededor de 90 de los cuales producen miel orgánica en unas 60.000 colmenas.
Además, en esta provincia existen 22 salas de extracción habilitadas por el Senasa, dos de las cuales funcionan para homogeneizar la producción previa a la comercialización externa. Así, en la campaña 2024-2025se logró la producción de 925.550 kilos de miel.
Pero lo mejor es que la calidad de la miel chaqueña es superlativa, ya que esta provincia se distingue por la producción de mieles oscuras de sabores intensos y complejos, únicas en el mundo gracias a lariqueza de su flora nativa, que en “El Impenetrable”comienza la floración a fines del mes de Julio en arboles autóctonos (particularmente chañar, garabato, algarrobo, mistol y otros).
Esta provincia, además, se destaca en esta materia porque allí opera un sistema de cooperativas y asociaciones que nuclean a los productores apícolas, con lo que se favorecen el acopio y la comercialización de la miel producida. Así, el fortalecimiento de la cadena apícola se debe al trabajo de organismos estatales como el Senasa, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el INTI (de Tecnología Industrial). Y a la vez, el Ministerio de Producción y Desarrollo chaqueño juega un rol decisivo en el fortalecimiento de la cadena apícola, según puede consultarse en Internet.
Esos organismos aseguran el mantenimiento y crecimiento de la producción melera argentina, realizando actividades de prevención y control de enfermedades y plagas que afectan a las abejas, a la vez que capacitan y asesoran a productores para la adecuación sanitaria de residuos medicamentosos y agroquímicos, así como certifican las mieles destinadas a exportación.
Además, ahora el organismo trabaja en la prevención del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC), que es una plaga que todavía no llegó a la Argentina pero que ya se encuentra en países vecinos y amenaza con ingresar a nuestro territorio nacional. Por eso, y a fin de mitigar el riesgo de ingreso y propagación, el Senasa lleva adelante una Red de vigilancia del PEC que controla las fronteras e impulsa campañas de comunicación y notificación inmediata.
Desde luego, y gracias a las constantes alertas y cuidados, la miel chaqueña ha venido convirtiéndose en una excelente e inigualable miel orgánica, producida siguiendo prácticas apícolas sustentables, en ambientes naturales y/o establecimientos donde no se utilizan agroquímicos, herbicidas ni fertilizantes sintéticos en el cultivo de las flores con que las abejas obtienen el néctar.
Es por eso que las colmenas están siempre ubicadas en zonas donde se promueve la biodiversidad floral y donde para el control de las plagas que afectan a las abejas no se permite el uso de antibióticos artificiales ni productos de síntesis química.
Y es que la condición “orgánica” de un producto alimenticio es un atributo de calidad que garantiza que fue obtenido cumpliendo requisitos adicionales respecto de los exigidos para los convencionales. Desde hace años el Senasa establece severos requisitos para inscribir a las empresas encargadas de certificar productos orgánicos, así como controla la aplicación correcta de las normativas.
Lo cierto es que de las aproximadamente 20.000 especies de abejas que existen en el mundo, las del Chaco Argentino están consideradas entre las mejores, en términos productivos. Lo cual se debe a la excelente producción combinada de las especies Mellifera (de origen europeo) y las nativas Meliponas, que son abejas sin aguijón, muy delicadas, de manejo sencillo y con gran arraigo en las comunidades originarias. Su miel es más líquida, apenas ácida y aromática, y las comunidades originarias conocen muy bien sus usos medicinales para bajar inflamaciones o cicatrizar heridas, por lo que también las comercializan.
Todas ellas “trabajan” –puede decirse– diariamente en los montes chaqueños entre mistoles y algarrobos y los generosos quebrachos que todavía sobreviven a más de un siglo de depredación, y que son riquísimos en polen y en néctar, y florecen casi todo el año, lo que permite que muchas familias vivan de la apicultura.
Y es claro que también el quebracho –que es el árbol emblemático del monte chaqueño y es muy rico en néctar– todavía produce miel de altísima calidad, aunque desdichamente su crecimiento es muy lento y su madurez se produce después de los 80 años. Por lo cual, y como para colmo desde hace décadas se sobreexplota su madera, todo indica que su destino inexorable será la desaparición de la especie.
En Argentina, y al menos teóricamente, desde 2007 rige la Ley de Bosques Nativos, cuya función es clasificar las zonas para así determinar los diferentes valores de conservación, así como distinguir las de valor alto, medio o bajo.
La profundización de los desmontes es otro asunto complejo y de necesaria atención. Recientes datos estadísticos publicados por Greenpeace indican que, en los últimos cinco años, el Gran Chaco argentino perdió 167.684 hectáreas de bosque nativo, provocando un impacto muy negativo en la biodiversidad y en su población rural. Las temperaturas aumentan, rozando en ocasiones los 50 grados, y las sequías son cada vez más extensas. Lo que determina que en ciertas zonas del monte chaqueño las oportunidades laborales sean prácticamente inexistentes, además de que abundan ofertas piratas para talar árboles nativos en condiciones precarias y por pagos que están por debajo de la línea de pobreza.
Y es que, como es sabido, la población rural chaqueña vive de lo que le da el bosque: las cosechas, los animales, las artesanías. Y por fortuna la apicultura, que ha transformado sus formas de vida. El hecho de encontrar en la miel una alternativa digna y más rentable, brindó a muchas familias mejores ingresos económicos y, al mismo tiempo fortaleció el valor que le dan a su monte, fomentando su arraigo a la tierra natal.
La calidad de la miel argentina es indiscutible y reconocida en todo el mundo teniendo en cuenta su aroma, sabor y valor, y también su etiqueta. Argentina produce hasta 75.000 toneladas de miel convencional cada año y 600 toneladas de miel orgánica, y exporta alrededor del 90% de esa producción. Según la FAO, es el tercer exportador mundial de miel. Liderazgo que se sustenta en la trazabilidad y certificación que otorga el Estado Nacional, confiable para más de 20 destinos internacionales.
Estados Unidos es el principal país comprador, y se lleva el 60% de las exportaciones. Y lo siguen Alemania, España y Francia, que concentran el 40% de las compras restantes, habiendo desplazado incluso a China.
La apicultura chaqueña lleva décadas de práctica, pero fue recién en 2011 cuando se lanzó el primer Plan Apícola provincial con el objetivo principal de crear fuentes laborales para familias que viven en zonas rurales boscosas (las que aún quedan) y eso fue lo que generó la construcción y puesta en marcha de salas de extracción, así como la formación de técnicos en las diferentes localidades que rodean los montes.
Y en 2017 el Ministerio de Ambiente de la provincia inició la certificación de miel orgánica a fin de adaptarse a reglas estrictas de los mercados internacionales como evitar químicos y transgénicos, Y tras asegurar la separación física entre la miel convencional y la orgánica, y cumplir con las normativas específicas de cada destino de exportación, la provincia del Chaco devino la mayor exportadora a nivel nacional. Hoy fuentes oficiales y regionales señalan que el 25% de los apicultores chaqueño están especializados en miel orgánica y tienen unas 13.600 colmenas certificadas, superando a otras provincias argentinas que llegan a tener un máximo de 5.000.
Las personas que viven en su bosque nativo conocen la importancia de su biodiversidad y son conscientes de que puede seguir dándoles vida. Los apicultores rurales suelen decir que “viven de las flores”, una forma de resistencia poética que también transmiten a sus hijos o niños en las escuelas rurales, al enseñarles el valor de la apicultura en las instituciones educativas.
En el monte chaqueño y a pesar de contratiempos y carencias, para los apicultores sus vidas se definen por la biodiversidad del Gran Chaco. Al que aman más allá de contratiempos y carencias.
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 En 40 años, Argentina perdió 10,5 millones de hectáreas de bosques nativos

Fecha de Publicación: 10/10/2025
Fuente: Portal ElResaltador
Provincia/Región: Nacional


Según un relevamiento de MapBiomas Argentina, la pérdida equivale a más de 3 veces la provincia de Misiones. En el país, aún se conservan 46,5 millones de hectáreas de bosques, pero existen muchas presiones sobre los ecosistemas.
Argentina perdió 10,5 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 40 años, según el nuevo análisis de MapBiomas Argentina, difundido por la Fundación Vida Silvestre. El estudio recopila la evolución de la cobertura y uso del suelo entre 1985 y 2024, y muestra una reducción del 18% de la superficie boscosa original del país.
Del total perdido, el 89% corresponde a bosques cerrados, lo que equivale a más de tres veces la superficie de Misiones. Si bien Argentina aún conserva 46,5 millones de hectáreas de bosques, las presiones sobre estos ecosistemas continúan avanzando, principalmente por el cambio de uso del suelo hacia actividades agrícolas y urbanas.
«La pérdida de bosques en Argentina no representa solo un impacto ambiental, sino también una grave afectación a los servicios ecosistémicos esenciales que estos bosques brindan —como la regulación del clima, la provisión de agua y alimentos, y la conservación de la biodiversidad— que son fundamentales para la vida humana y la de innumerables especies» afirmó Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina. 
Según el informe, los bosques fueron la vegetación natural que más superficie perdió, mientras que la agricultura creció un 46%, con un aumento de 11,9 millones de hectáreas.

Provincias con mayor pérdida de vegetación natural
- Santiago del Estero (3,2 millones de hectáreas)
- Entre Ríos (2,0 millones de hectáreas)
- Salta (1,7 millones de hectáreas)
- Buenos Aires (1,7 millones de hectáreas)
- Chaco (1,2 millones de hectáreas)
- Córdoba (0,9 millones de hectáreas).  
“Los datos de MapBiomas son clave para planificar estrategias de conservación y desarrollo sostenible”, señaló Ana Eljall, coordinadora del proyecto MapBiomas, que integra una red de 23 instituciones argentinas entre las que se encuentran ONGs como Fundación Vida Silvestre, institutos del CONICET y universidades.
La iniciativa brinda una herramienta de acceso libre que permite visualizar e interactuar con mapas actualizados y precisos para saber qué, cómo y dónde cambió el uso y cobertura de nuestro suelo desde el año 1985 hasta la actualidad.
Por primera vez, el estudio sobre bosques nativos en Argentina incluyó un módulo sobre expansión urbana: entre 1985 y 2024, las áreas urbanizadas crecieron un 35% en todo el país. Las regiones pampeana y patagónica registraron los mayores incrementos, impulsadas por el crecimiento de ciudades intermedias y del área metropolitana de Buenos Aires.
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https://www.vidasilvestre.org.ar/?29780/lanzamiento-mapbiomas-coleccion2

Greenpeace vuelve a la Corte Suprema para reclamar por la deforestación en Salta: su polémico ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 04/10/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Salta


Avanza la deforestación en Salta y Greenpeace volvió a reclamar contra la provincia frente a la Corte Suprema de Justicia. La organización se presentó otra vez ante el máximo tribunal para cuestionar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En esta oportunidad, la asociación ambientalista incorporó como hecho nuevo la reglamentación de la polémica norma recientemente aprobada por el gobierno de Gustavo Sáenz.
Se trata de la segunda vez que Greenpeace impugna el nuevo ordenamiento salteño. En febrero de este año, cuando el Ejecutivo Provincial promulgó la ley, la organización ya había presentado cuestionamientos.
Ahora, tras conocerse la reglamentación de esta normativa, la ONG reforzó su postura denunciando lo que considera «un golpe devastador para los bosques«.

Principales cuestionamientos a la nueva normativa salteña
Según Greenpeace, la actualización del OTBN de Salta viola disposiciones de la Ley Nacional de Bosques 26.331.
En particular, se denuncia que el nuevo ordenamiento habilitaría desmontes en aproximadamente 720 mil hectáreas de zonas anteriormente protegidas.
Esta cifra es especialmente alarmante si se considera que es casi idéntica a toda la superficie deforestada en la provincia en los últimos 15 años (714.052 hectáreas), según datos oficiales.
Además, la normativa convalidaría desmontes ilegales ya ejecutados sin exigir tareas de restauración ambiental.

Deforestación en Salta: los primeros pasos que alarman
La amenaza no es solo una proyección a futuro, sino que el primer paso ya está en marcha. El gobierno de Sáenz ya convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes inmediatos en 30 fincas que suman 25.916 hectáreas.
«El gobierno de Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial. Lo hace en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad», afirmó al respecto poco meses atrás la coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Además, la activista remarcó un punto clave: «Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las provincias deberían ir en esa dirección».
Según la entidad, entre las empresas y empresarios beneficiados con permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico S.A., Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar, entre otros.

La categoría «amarillo oscuro»: flexibilización cuestionada
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de la categoría «amarillo oscuro«. Esta categoría permite la movilidad de zonas productivas condicionada por porcentajes de desmonte según cada cuenca hídrica.
Para Greenpeace, esta clasificación representa un «verde encubierto» que posibilita «deforestar donde hasta hoy no se puede».
La organización señala que estas categorías transitorias no están contempladas en la Ley 26.331. Esto implica una zonificación flexible sin determinar geográficamente dónde está permitido o prohibido deforestar con precisión.
La categoría amarilla abarca un total de 5.528.753 hectáreas donde el gobierno de Salta promueve el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), también denominado sistema silvopastoril. Esta metodología implica la cría de ganado bajo cobertura forestal.
Greenpeace advierte que este sistema funcionó históricamente como desmonte selectivo en provincias como Chaco y Santiago del Estero. Esto contraviene lo establecido por la Ley Nacional de Bosques.
La organización considera que estos antecedentes demuestran que la práctica derivará inevitablemente en deforestación progresiva.

Deforestación en el norte argentino: su impacto en la conservación del yaguareté
Además de los desmontes, la asociación también alerta sobre la fragmentación territorial que afectaría a grandes mamíferos amenazados, particularmente al yaguareté.
Es que el área afectada por la nueva normativa coincide en gran medida con la zona identificada por científicos como crítica para la conservación del yaguareté.
Greenpeace concluye que la deforestación, degradación y fragmentación del hábitat resultantes de la aplicación del nuevo OTBN pondrán en serio riesgo la supervivencia de esta especie emblemática.
Otro aspecto criticado es la falta de consulta previa a las comunidades originarias, proceso que debería haberse realizado según la legislación vigente.
Por eso, la nueva presentación de Greenpeace ante la Corte Suprema se enmarca en un amparo judicial destinado a proteger el hábitat del yaguareté, especie en peligro de extinción.
La causa involucra no solo a Salta, sino también a otres tres provincias del norte argentino: Santiago del Estero, Formosa y Chaco, las cuatro con mayor cantidad de desmontes en los últimos años.
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El Soberbio: operativo ambiental ante denuncias de tala no autorizada de madera nativa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables investiga una presunta extracción ilegal de madera nativa en el municipio de El Soberbio, tras un operativo de control forestal realizado este sábado en zonas aledañas a la Reserva de Biósfera Yabotí.
El procedimiento fue encabezado por el ministro Martín Recamán, junto a personal de la Dirección General de Bosques y la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de San Vicente.
La intervención se concretó a partir de denuncias e indicios de infracciones vinculadas a planes de aprovechamiento forestal. Durante la inspección, el equipo técnico recorrió el terreno, tomó coordenadas, registró trayectorias GPS e identificó planchadas de acopio, caminos de extracción y áreas de aprovechamiento no declaradas.
Los investigadores detectaron además un movimiento inusual de camiones de gran porte que transportaban rollos de madera. Si bien parte del cargamento correspondería a planes autorizados, se presume que existirían lotes no declarados involucrados, lo que motivó la intervención inmediata.
Como resultado del operativo, se labró un acta donde se detallaron los hallazgos y se recabó información técnica del lugar. Estos registros serán contrastados con imágenes satelitales, guías de transporte y permisos vigentes, a fin de determinar el alcance de las posibles irregularidades detectadas.
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Amparo ambiental por la tala del último monte de chañar del departamento Colón

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Portal EraVerde
Provincia/Región: Entre Ríos


El pasado 23 de diciembre de 2023, ERA Verde dio cuenta de la denuncia por un desmonte ilegal de un campo ubicado sobre la ruta nacional Nº 14, a la altura del puente sobre el arroyo Perucho Verna. El accionar desaprensivo se produjo por el nuevo dueño del lote con el fin de instalar una cantera de piedras, según trascendió. Pero el lugar donde arrasó con la vegetación y se realizó un importante movimiento de suelo se encuentra dentro de un área natural protegida provincial. Esto derivó en una presentación en la Justicia por la Asociación Arroyo Perucho Salvaje, de San José. A raíz de este pedido, el juez de Paz Facundo Ramat, dictó una “medida precautelar” para evitar que se altere el territorio intervenido, ordenando cesar la “destrucción de la flora y la fauna en dicho terreno”.
Este 23 de septiembre, el juez de Paz interino de San José, Facundo Manuel Ramat, resolvió disponer que el Francisco Rossier, propietario del campo donde se denunció la tala y nivelación de un terreno ubicado dentro del área natural provincial Arroyo Perucho Verna “deberá retirar o disponer el retiro de la totalidad de implementos, maquinarias y herramientas existentes en el lugar”. Esta directiva forma parte de la precautelar dictada en el marco de la solicitud de amparo ambiental interpuesto por la Asociación Civil Arroyo Peruho Salvaje, que preside Gustavo Velzi.
El magistrado también mandó que “se abstenga de adoptar cualquier decisión, acto y/o comportamiento que implique alterar la situación fáctico jurídica del territorio”, así como quedó “prohibido ejercer actos de turbación o ocupación del mismo”, se lee en la resolución a la que accedió ERA Verde. Además del cese de movimientos de sueldo y “destrucción de la flor y fauna”, se requirió a la autoridad policial pueda asegurar la medida, por lo que se le dio intervención a la comisaría de San José, hasta tanto se resuelva el fondo.
De acuerdo a lo relevado por la organización ambiental, en ese terreno a la altura del Puente del Barrio Perucho Verna se han destruido parte del bosque y especies nativas entre las cuales se encuentran “los últimos árboles de chañar que fueron arrancados en diciembre del año 2023, al igual que quebrachos blancos, coronillos, existente en la parte más alta y en la parte baja”. Se trata de “un ecosistema alimentado por el humedal, de juncos y totoras, pajonal, sauces, entre otras. Este daño lo provocó este vecino de la ciudad de Villa Elisa”, comentó el letrado y titular de la entidad ecologista, Gustavo Velzi.
Se precisó a ERA Verde que el comprador de lugar, empresario dedicado a la extracción y comercialización de áridos, recientemente reingresó al sector y “arrasó con todo”, sin contemplar los cuidados que amerita siendo que se encuentra dentro de una reserva provincial por ley N ° 11.011, que crea el “Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de Usos Múltiples”. Asimismo, realizó los trabajos sin ningún tipo de autorización municipal, ni provincial, se precisó.
El lugar donde se pretende poner una cantera de lavado de piedras se ubica en el lado oeste de la Autovía Gervasio Artigas, antes del puente que cruza el arroyo Perucho Salvaje, jurisdicción de la ciudad de San José, departamento Colón.
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Secuestran una topadora por desmonte ilegal en Pampa del Infierno

Fecha de Publicación: 12/09/2025
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


Un operativo de control llevado a cabo por la Dirección de Bosques terminó con el secuestro de una maquinaria pesada en zona rural de Pampa del Infierno.
El procedimiento se realizó este martes alrededor de las 12:15 horas en un paraje ubicado a 12 kilómetros al sur de la localidad, en el Pasaje Pampa Grande. En el lugar se constató la presunta infracción a la Ley N° 2079-R, normativa provincial que regula la actividad forestal.
Como resultado de la intervención, los agentes procedieron al secuestro de una topadora Caterpillar D8, la cual habría sido utilizada sin la correspondiente autorización.
Las actuaciones fueron elevadas a la Dirección de Bosques, organismo encargado de determinar las sanciones correspondientes en este tipo de causas.
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Frenaron un desmonte ilegal de 50 hectáreas en el norte santafesino

Fecha de Publicación: 11/09/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Santa Fe


El Ministerio de Ambiente constató la deforestación de bosque nativo en el departamento 9 de Julio. Una empresa avanzó con obras industriales sin estudio de impacto ambiental.  
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe frenó un desmonte ilegal de casi 50 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación en el departamento 9 de Julio. La empresa responsable, Algoservicio S.A., había iniciado además la construcción de una planta algodonera sin contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Tras la constatación de la infracción, se dispuso la clausura del predio y la denuncia ante la Justicia.
El ministro Enrique Estévez sostuvo: “No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias”. 

Acciones judiciales y medidas cautelares
La Procuración General de la Corte Suprema provincial promovió una acción de amparo colectivo ambiental contra la empresa. En ese marco, el Juzgado de Distrito de Tostado ordenó la prohibición de toda intervención en el predio, ubicado en el distrito de Logroño, y exigió el retiro inmediato de maquinarias y materiales de construcción. 
La resolución también obliga a la firma a abstenerse de realizar nuevas acciones sobre el área, clasificada como Categoría I - Zona Roja por la Ley Provincial N.º 13.372 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que la convierte en una zona de máxima protección.

El valor de conservar los bosques nativos
Las autoridades recordaron que la Ley Nacional de Bosques (N.º 26.331) protege los ecosistemas más valiosos del país, y remarcaron que la conservación del bosque nativo no solo es un deber legal sino también productivo: permite proteger suelos, conservar agua, resguardar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.
“La protección del bosque nativo no es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen. En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”, concluyó Estévez. 
El rol del sistema de alerta temprana
El desmonte fue detectado a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que monitorea continuamente la pérdida de bosques nativos mediante imágenes satelitales y reportes quincenales. Esta herramienta permite a las provincias actuar de manera rápida y efectiva, además de brindar acceso público a la información para que la sociedad civil participe en la defensa de los ecosistemas.
El gobierno provincial reafirmó que el cuidado del ambiente y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para garantizar una producción que impulse el desarrollo humano sin hipotecar el futuro. 
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Desmontes en Chaco: organizaciones advierten por el incumplimiento de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/09/2025
Fuente: Organización FARN
Provincia/Región: Chaco


Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas señalaron que el veto parcial a la Ley 4157-R no resuelve los problemas estructurales de la política forestal chaqueña. Alertaron que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo.
Ante el reciente veto parcial del Poder Ejecutivo de Chaco a la Ley N° 4157-R, las organizaciones Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Aves Argentinas advierten que, si bien la supresión del artículo 45 bis impide consolidar un mecanismo de blanqueo de madera ilegal, la medida resulta claramente insuficiente y mantiene intactos los principales problemas estructurales de la política forestal provincial. 
El artículo finalmente vetado permitía la obtención de descuentos en las multas y el uso de la madera incautada en casos de deforestación ilegal, bajo la presentación de un ambiguo “contrato de restauración del daño”. Esta figura, carente de definición normativa, generaba graves riesgos jurídicos y ambientales.
Tal como advirtieron oportunamente las organizaciones al momento de su sanción, este mecanismo contradecía los principios y disposiciones de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, al consolidar incentivos perversos para continuar con el desmonte.
No obstante, el veto parcial no resuelve en absoluto los problemas estructurales que enfrenta la política forestal en Chaco. La madera proveniente de desmontes ilegales se sigue blanqueando mediante el otorgamiento de “autorizaciones especiales” que en 2024 representaron más de la mitad de la madera circulante legalmente en la provincia, instaurados por una interpretación laxa del artículo 53° de la Ley 2079-R, aún vigente pese a la reforma. Aún más, los infractores acceden a descuentos de hasta el 50% y planes de pagos en hasta 12 cuotas por imperio de los artículos 32° y 9° de la misma ley, también vigentes pese a la reforma. 
Adicionalmente, la provincia continúa operando con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) regresivo y acreditado solo parcialmente, según la Disposición 734/2025 de la autoridad nacional. Esta situación deja importantes áreas sin categorización ni protección efectiva, generando vacíos legales y operativos que comprometen la gestión sostenible del bosque. Si bien el polígono regresivo de mayor superficie fue observado por la Autoridad Nacional de Aplicación, se convalidó la regresión en cientos de miles de hectáreas por fuera de dicho polígono en el resto del OTBN. De hecho, recientemente, mediante la Resolución 668/2025, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la provincia ordenó que se dé curso a todas las solicitudes de permisos forestales en el marco de la implementación del OTBN, respetando la observación de la Autoridad Nacional de Aplicación y exceptuando a aquellas solicitudes de cambio de uso de suelo que estén comprendidas en la medida cautelar iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Por ello, las organizaciones firmantes reiteran la urgencia de completar la zonificación del OTBN chaqueño, bajo criterios participativos y de acuerdo con la Ley 26.331. 
Asimismo, insisten en que es necesario fortalecer un régimen sancionatorio realmente disuasivo, transparente y eficaz, que permita combatir el desmonte ilegal, rechazando que se haya avanzado en esta reforma sin un proceso de consulta amplio, abierto y con el rigor que la temática exige.
Finalmente, reafirman que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo. Solo con un enfoque robusto en materia legal y de política pública será posible revertir la acelerada pérdida de bosques nativos que afecta a la región chaqueña y al país.
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El quebracho colorado está cerca de desaparecer por culpa del desmonte y de la tala

Fecha de Publicación: 04/09/2025
Fuente: Portal Contexto
Provincia/Región: Chaco 


Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de especialistas de Greenpeace Argentina afirma que el quebracho colorado se encuentra seriamente amenazado en las provincias de Chacho, Formosa, Salta y Santiago del Estero, como consecuencia del desmonte y de la cada vez mayor tala indiscriminada por parte del hombre.
De hecho, según datos oficiales, se estima que solo entre los años 1998 y 2024 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7.000.000 de hectáreas, una superficie que equivale, por ejemplo, a la de Escocia.
Cabe recordar que esta especie es un árbol de gran porte, de crecimiento lento y de madera dura, de allí es que su nombre refiere a que ”quiebra hachas”. 
Además, tiene un alto valor para la conservación de los bosques del Gran Chaco Americano. Y, a  pesar de ser declarado “Árbol Forestal Nacional” en el año 1956, y de su enorme importancia ambiental, económica y social, la histórica sobreexplotación del quebracho colorado lo llevó a su estado actual de vulnerabilidad, por lo que, desde 1998 en la Argentina está categorizado como especie “En Peligro de Extinción" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“La presencia del quebracho colorado sigue disminuyendo drásticamente por la tala indiscriminada para la producción de tanino y de durmientes de ferrocarriles, y por los desmontes para el avance de la frontera agropecuaria. Existe una clara complicidad de los gobiernos provinciales en que continúe la deforestación. Hay luz verde para los desmontes ilegales y se autorizan donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
“Las multas económicas no son suficientes como para frenar los desmontes. Es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos terminar con la impunidad, penalizando la destrucción de nuestros bosques”, concluyó la especialista. 
Por último, Greenpeace convocó a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se establezcan como un delito penal. Hasta el momento, ya  participaron más de 267.000 personas.  /Weekend  /Perfil    
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Continúan las denuncias por deforestación masiva en Finca El Aybal 

Fecha de Publicación: 01/09/2025
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Un nuevo capítulo se suma al histórico conflicto por la finca El Aybal de Salvador Mazza, con la denuncia por deforestación indiscriminada en el predio que tiene casi 20 mil hectáreas en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde 2019 existen denuncias formales sobre desmontes ilegales y tala masiva en la zona, sin que la justicia provincial ni nacional haya dado respuestas concretas. 
La finca fue adquirida originalmente por Delfín Castedo, detenido por causas vinculadas al narcotráfico. Tras su caída judicial, los terrenos quedaron bajo custodia de la UBA, aunque en los hechos habrían sido explotados por terceros.
De acuerdo con Cacho Moro, referente local que acompañó las primeras inspecciones forestales, ya en 2019 se constató la tala de unas 250 mil especies nativas, entre ellas maderas finas de alto valor comercial. 
“Esto empezó con la tala discriminada y siguió con un descontrol total. Se llevaron madera en grandes volúmenes sin autorización ni control”, afirmó.
En el centro de la controversia aparece el empresario Miguel Ojeda, oriundo de Mosconi, señalado por los denunciantes como quien habría operado dentro de la finca con actividades de desmonte y extracción de recursos, sin rendir cuentas ni presentar documentación habilitante.

Toma por parte de los pobladores
En este contexto, la Agrupación Gauchos de Güemes Fortín Frontera decidió tomar los terrenos. De esta manera, reclaman el derecho a utilizarlos para actividades productivas y denuncian que las comunidades locales quedaron marginadas mientras terceros explotaban los recursos.
Actualmente, pequeños productores y criadores de ganado permanecen en el predio, señalando que no cuentan con espacios suficientes para mantener a sus animales.
“No tomamos las tierras por decisión propia, sino por necesidad. Tenemos animales que terminan en la ruta porque no hay dónde meterlos”, explicaron.
Los pobladores denuncian también que, en medio del conflicto judicial, se produjo el despojo de unas 850 cabezas de ganado. Asimismo, afirman que se instalaron gasoductos cuyos beneficios no llegan a la comunidad local.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue quien intervino en el caso al ordenar que los terrenos quedaran bajo administración de la UBA. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la universidad nunca ejerció un control real sobre la finca.
“Acá no hay más joda. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga”, advirtió Cacho Moro.
La comunidad exige la intervención de los gobiernos locales y del Nacional. Así, solicita que no miren hacia otro lado mientras se profundiza la depredación ambiental y el despojo territorial.
“No queremos más atropellos. Basta de que nos arrinconen en los peores rincones del monte mientras otros hacen negocios millonarios”, remarcaron los referentes.
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Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: Portal ChacoOnLine
Provincia/Región: Chaco


Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
El territorio desmontado, documentado por Greenpeace, tiene una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires. “Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas”, advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el Norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documenta desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocan carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestan ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declara su competencia en la causa y se espera su fallo.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señala Cruz.
Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país ha firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya han participado más de 267.000 personas.
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Desmontes ilegales: para la Cámara Federal de Resistencia, la causa se debe investigar en la justicia provincial

Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la decisión de la jueza Zunilda Niremperger que declaró la incompetencia del fuero federal para investigar la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas por presuntas irregularidades en la habilitación de desmontes ilegales en el Chaco. 
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y confirmó la decisión de primera instancia que declaró la incompetencia de la justicia federal para investigar una compleja trama de desmontes ilegales en la provincia del Chaco, presuntamente orquestada por funcionarios públicos provinciales y particulares, en la que se conoció como “la Mafia del Desmonte”
La resolución fue dictada este miércoles 20 de agosto. Firmada por la jueza subrogante Patricia García, sostiene que, tras un año de investigación, no se ha logrado acreditar el requisito fundamental que habilita al fuero federal en materia ambiental: la interjurisdiccionalidad. Es decir, que afecta a más de una provincia.
El fallo señala textualmente que “los elementos probatorios que obran en la causa no resultan -de momento- suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad exigida en este tipo de procesos a los efectos de la procedencia del fuero federal”. En ese sentido, agrega que “la magnitud del daño ambiental postulado por los recurrentes no autorizaría, por sí, la intervención del fuero federal, puesto que, de lo contrario, cualquier controversia ambiental podría ser federalizada por vía indirecta, diluyendo la competencia de las jurisdicciones provinciales, lo que contraría principios constitucionales básicos”.
El caso, iniciado a partir de una denuncia de la asociación ambientalista, involucraba graves delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita, todos en el marco de una presunta maniobra para facilitar desmontes ilegales. Pese a la gravedad de los hechos, la Cámara coincidió con la jueza de primera instancia en que la investigación demostró que la trama se desarrolló íntegramente dentro del ámbito provincial. “La maniobra delictiva [fue] desplegada por funcionarios provinciales quienes, de manera organizada y valiéndose de la función pública que ostentaban en el ámbito de la provincia del Chaco, de modo alternado y durante determinado tiempo, habrían ejecutado acciones mancomunadas con particulares, tendientes a facilitar el desmonte ilegal en perjuicio de los montes nativos ubicados en el territorio provincial”, fundamenta la sentencia.

Delitos federales no corroborados
Respecto a los delitos federales esgrimidos para intentar mantener la causa en el fuero federal, como lavado de activos y trata de personas, el tribunal fue contundente: “tales hipótesis no han sido corroboradas mediante elementos objetivos incorporados al expediente”. La Cámara consideró que estas figuras aparecen “mencionadas como una proyección posible de la maniobra, sin respaldo probatorio concreto que justifique la intervención del fuero federal por el momento”.
La decisión judicial hace hincapié en el carácter excepcional del fuero federal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que “la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva”, y que corresponde a quien lo invoca demostrar los presupuestos necesarios, algo que en este caso no se logró.
En consecuencia, la causa deberá ser derivada a la justicia ordinaria de la provincia del Chaco para que continúe con la investigación de los hechos, los cuales, según el fallo, se inscriben en “el marco del derecho público local y de normas provinciales en materia ambiental, con presunta responsabilidad de autoridades y particulares sometidos a la jurisdicción de la justicia ordinaria chaqueña”.
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El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo en Villaguay

Fecha de Publicación: 21/08/2025
Fuente: Portal DespertarEntrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos


 El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de un área forestal ubicada en el departamento Villaguay.
El máximo órgano judicial de Entre Ríos rechazó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.
El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universdi9dad Nacional de Entre Ríos.
La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.
La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.
También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.
La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
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Alerta en Misiones ante el creciente avance sobre los territorios guaraníes

Fecha de Publicación: 18/08/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


Denuncian que un empresario desmontó selva nativa y avanzó sobre territorio ancestral de la comunidad mbya guaraní El Pocito para instalar un emprendimiento ganadero. El hecho se suma a otros conflictos territoriales y denuncias por vulneración de derechos indígenas en la provincia. Advierten que se exacerba el hostigamiento hacia las comunidades.
La Comunidad El Pocito, en el municipio de Capioví, Misiones, denunció la intrusión, el cercamiento y el desmonte ocasionado por un productor ganadero en su territorio. El productor, quien alega tener una supuesta tenencia dominial, avanza con un proyecto para la cría de vacas y búfalos en un sector de monte nativo, habitado ancestralmente por la comunidad del Pueblo Mbya Guaraní. El negocio afecta espacios naturales que la comunidad destina al cuidado de plantas medicinales, a la recolección de frutos y de materias primas para la elaboración de artesanías. La situación no es aislada: las comunidades indígenas de la provincia aseguran que viven una ”creciente intolerancia racial”.
Hasta el momento, se han desarrollado reuniones entre referentes de El Pocito, funcionarios municipales y provinciales y Javier Striedel, el producto ganadero acusado de intrusión. Las reuniones fueron convocadas por la Municipalidad de Capioví en busca de una solución extrajudicial, pero la instancia se cerró sin llegar a un acuerdo. Striedel aseguró que irá por la vía judicial, mientras que la comunidad, que cuenta con reconocimiento oficial de la posesión tradicional de sus tierras, pide al Estado provincial que haga cumplir las leyes y que dé respuestas ante las denuncias de desmonte.
El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), que acompaña el reclamo de la comunidad con asistencia jurídica y comunicacional, explicó que "la comunidad reafirma su vínculo ancestral con el monte en disputa, ya que lo considera parte fundamental de su territorio". La mburuvicha (lideresa) de El Pocito, Sergia Ferreyra, denuncia que Striedel alambró una parte de esas tierras para avanzar con la producción ganadera. “Somos preexistentes, este es nuestro territorio y nos ampara la ley”, sentencia Ferreyra.
La comunidad obtuvo, en 2013, la carpeta técnica del relevamiento previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena y respalda la delimitación que reivindican. El conflicto se enmarca en una situación crítica por la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de derogar la ley de relevamiento, lo que no modifica el derecho adquirido por las comunidades que consiguieron el reconocimiento de sus tierras ancestrales.
Consultada acerca de las instancias de diálogo que se abrieron tras la denuncia de la comunidad, Ferreyra lamentó que "el gringo (por Striedel) no quiere entrar en razón" y denunció: "Hasta nos amenazó". Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes de Misiones, marcó la posición oficial y dejó abierto el conflicto: "La comunidad tiene título de propiedad, pero el crecimiento poblacional en la ciudad hizo que ocuparan tierras de Striedel. El Estado provincial intervino con tres mesas de diálogo junto al municipio y las partes involucradas, pero no se llegó a un acuerdo". Sin embargo, la comunidad defiende las 23 hectáreas que utiliza para sus prácticas culturales, formalmente, desde la década de 1980.
Por su parte, la integrante de Emipa, María “Kiki” Ramírez, advierte sobre la primeras denuncias de la comunidad sobre la actividad ordenada por el productor ganadero que consistió en la tala de árboles nativos y la apertura de caminos dentro del monte. “Son las propias comunidades las que terminan cumpliendo funciones de control de los desmontes”, resaltó Ramírez y señaló que aunque el Ministerio de Ecología misionero pudo constatar las infracciones denunciadas en el caso de El Pocito, aún se desconocen sanciones hacia el productor denunciado.
“Este conflicto afecta la sobrevivencia de la comunidad como cultura, pues necesitan un arroyo libre y un territorio donde transitar con libertad. La comunidad resistió mucho tiempo en silencio, pero ahora se han puesto firmes para que el propietario no avance con sus pretensiones”, marcó la integrante de Emipa. 

El monte nativo guaraní acechado
Capioví se sitúa a la vera de la ruta Nacional 12, a mitad de camino entre la capital provincial, Posadas, y la turística ciudad de Puerto Iguazú. Su nombre es una deformación de “Kapi'i Hovy”, que en guaraní significa "pasto alto". Como otros municipios de Misiones, Capioví fue un punto receptivo del oleaje migratorio que, en las primeras décadas del siglo XX, instaló en su geografía a familias oriundas de Alemania, Suiza, Polonia y otros países atravesados por conflictos bélicos y hambrunas.
La llegada de los nuevos pobladores alteró definitivamente el paisaje original: el escenario selvático empezó a diezmarse al fragor de las prácticas agrícolas iniciales de los inmigrantes europeos. Quienes hasta ese momento poblaban esos montes surcados por arroyos, los guaraníes, se vieron forzados a desplazarse. Así vieron afectado su nomadismo tradicional: comenzaron a huir en busca de rincones seguros ante la novedosa otredad, a la que percibían como una amenaza.
En la segunda mitad del siglo XX, la provincialización de Misiones y otros ordenamientos institucionales municipales dieron lugar a una serie de políticas para establecer a los grupos guaraníes en espacios fijos. Esto reductos se conocen hoy como aldeas o comunidades. Los mbya guaraní los llaman tekoa.
El 7 de agosto de 1982, se constituyó formalmente la Comunidad El Pocito. Fue a partir de un entendimiento entre el municipio y quienes entonces eran los líderes de la comunidad: Bonifacio Ferreyra y Rosa Benítez. Resultó determinante además, la intervención de la Asociación Indigenista Misionera, creada en el año 1981, por un grupo de colonos de la zona. Esta organización fue la que adquirió el lote de 23 hectáreas donde se asentó la comunidad. Hacia fines de la década del '80 la asociación ya no existía, pero la comunidad continuó asentada en ese lugar.
A diferencia de las comunidades que viven en el norte de Misiones, las dos tekoa que viven en Capioví son prácticamente periurbanas. Queda muy poco de la selva originaria y las viviendas de las familias mbya están en el centro de la ciudad. En los alrededores, en lo poco que queda de monte nativo, extraen plantas medicinales, frutos y elementos para sus artesanías. Es en ese territorio que avanzó Striedel.
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Abogados ambientalistas repudian el intento de amedrentamiento del ministro de Producción

Fecha de Publicación: 09/08/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Señor director de NORTE:

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifiesta su profunda preocupación y repudio ante las recientes declaraciones del Ministro de Producción del Chaco, Oscar Pablo Dudik, quien anunció públicamente el envío de una carta documento a nuestra organización, exigiendo el cese de las denuncias públicas y solicitando "pruebas" sobre los desmontes ilegales en dicha provincia.
En primer lugar, informamos que dicha carta documento no ha sido aún recibida por nuestra organización. En caso de efectivizarse su recepción, será respondida en los términos legales y formales que correspondan.
Sin embargo, consideramos indispensable manifestar públicamente que el accionar del ministro resulta temerario, impropio de un funcionario público, y constituye un apriete político y amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho a la defensa del ambiente, a la vez que afecta la institucionalidad social y ambiental y la independencia de los poderes del Estado en el Chaco.
Es insólito e inadmisible que el titular de una cartera del Poder Ejecutivo pretenda exigir explicaciones o pruebas a una organización de la sociedad civil por una causa ya judicializada, en la que nuestra Asociación no solo es denunciante, sino que participa activamente como parte querellante.
El rol de evaluar la prueba corresponde al Juez, al Ministerio Público Fiscal, a las defensas de los imputados, y no al Poder Ejecutivo, que no tiene atribuciones para condicionar ni interferir en el desarrollo de un proceso penal en curso. Consideramos que este tipo de acciones –replicadas además a través de los principales medios de comunicación, muchos de ellos que reciben pauta oficial–, persiguen el único objetivo de condicionar el trabajo de nuestra organización, presionar al Ministerio Público Fiscal e influir en el Poder Judicial, para frenar la investigación penal que involucra a empresarios locales, empresas transnacionales, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, y legisladores lobbistas, lo que atenta gravemente contra el Estado de Derecho.
Desde que iniciamos la denuncia penal en 2024, hemos aportado de manera sistemática y transparente múltiples pruebas al expediente y denunciamos con nombre y apellido, entre ellas: Informes de docenas de páginas sobre el entramado que denunciamos (ej. "Análisis de datos del listado de permisos y guías aportados por la provincia del Chaco", entre muchos otros).
Análisis detallado de Documentación oficial que demuestra el otorgamiento de permisos en zonas protegidas. Evidencia sobre el ingreso sistemático de camiones con madera de quebracho colorado a las tanineras Indunor y Unitan, incluyendo unidades sin matrícula o identificación clara. Imágenes satelitales, estudios de georreferenciación, videos, expedientes administrativos, documentación contable, etcétera.
Le sugerimos al señor ministro Dudik que revise las actuaciones judiciales en la causa federal, donde consta información relevante que involucra penalmente a funcionarios y exfuncionarios públicos de la provincia, entre ellos Miguel López, Hernán Halavac, Luciano Olivares, entre otros.
¿Quién controla al que debe controlar? Resulta preocupante, además, que la misma persona encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos esté intentando amedrentar a quienes denunciamos su violación sistemática.
Más aún, cuando pesan sospechas de que un desmonte reciente podría involucrar al propio Ministro o a su entorno familiar directo, según se desprende de la ampliación de la denuncia penal que presentamos hoy ante la justicia federal (ver denuncia completa), y que podría ser una prueba más de un patrón de encubrimiento y permisividad institucional en el Chaco hacia actos ilegales de desmontes. No nos van a callar. No nos vamos a dejar amedrentar.
La defensa de los bosques nativos chaqueños, que son bienes comunes de toda la sociedad, no puede quedar sometida al poder de turno ni a los intereses de los desmontadores.
Exigimos al gobierno del Chaco que en lugar de perseguir a quienes luchamos por el ambiente, actúe con firmeza para frenar los desmontes ilegales, proteger los territorios y desarticular el entramado político-empresarial que está cometiendo sistemáticamente delitos penales para hacer negocios a costa del monte chaqueño.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
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