Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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Santa Fe lanza sistema para certificar producción sin deforestación: clave para la UE y la competitividad

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal MiradorProvincial
Provincia/Región: Santa Fe

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina. 
El Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS) en la Expo Rural de Palermo 2026, una iniciativa para certificar la producción agropecuaria libre de deforestación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó que esta herramienta pública y gratuita responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y fortalecerá la competitividad de los productores santafesinos.

Santa Fe lanza un sistema público para certificar productos libres de deforestación
El gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente en el marco de la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una iniciativa pública, gratuita y voluntaria que busca certificar que los productos agropecuarios de la provincia provienen de establecimientos libres de deforestación. Esta condición cobra cada vez mayor relevancia para el acceso a los mercados internacionales, especialmente en Europa.
La medida responde directamente a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, que a través del Reglamento EUDR 1115/2023, ha establecido que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a su mercado si acreditan que no hubo deforestación en los predios desde diciembre de 2020. «Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores», explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.
El funcionario destacó que el desarrollo del programa es fruto de un trabajo conjunto iniciado en la gestión anterior, con el acompañamiento de consultores europeos y la propia Unión Europea. Un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia, elaborado en este marco, confirmó que Santa Fe posee una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques. El estudio reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales de la provincia presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea. «Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina», sostuvo Mántaras, resaltando la ventaja competitiva de la provincia en la zona núcleo productiva.

Un certificado que agrega valor y abre puertas internacionales
El programa Santa Fe Produce Sustentable permitirá a los productores obtener un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos por los compradores internacionales. Inicialmente, estará enfocado en las cadenas de carnes y cueros, pero el gobierno provincial planea expandirlo progresivamente a otras producciones clave para la economía regional, como el arroz, las frutillas, la miel y diversos cultivos.
Para Mántaras, el alcance de esta iniciativa va más allá del simple cumplimiento de una norma europea. «Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados», afirmó, subrayando la importancia de la diferenciación y el valor agregado en los precios que pueden obtener los productos santafesinos.
El secretario resaltó el carácter inédito y público de la herramienta. «La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial», dijo, asegurando la equidad y accesibilidad para todos los eslabones de la cadena agropecuaria.

¿Cómo funciona la plataforma de certificación?
El proceso de certificación se realiza de manera totalmente digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor, utilizando su identidad digital, ingresa el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias de su establecimiento. La plataforma valida automáticamente esta información con los registros del Catastro provincial y la cruza con los datos oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, que queda vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas. Mántaras hizo hincapié en la sencillez del procedimiento y el amplio interés que despertó la herramienta durante su presentación en Palermo, tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales. «Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones», señaló.

La provincia se prepara para un posible escenario de «El Niño»
Durante la entrevista, el secretario Ignacio Mántaras también abordó el escenario climático esperado para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño. Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo y coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos en el territorio santafesino.
«Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación», indicó Mántaras. Entre las medidas implementadas, se mencionaron jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para diferentes sectores como la agricultura (incluyendo estrategias de siembra y manejo de perfiles de humedad), ganadería (con foco en la invernada y el feedlot), lechería, apicultura y horticultura. Además, se desarrollan nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
Se destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), una plataforma que permitirá vincular rápidamente a los productores afectados por contingencias climáticas con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar la situación.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana, diseñado para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y los propios productores. «No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario», concluyó, enfatizando la importancia de una respuesta articulada frente a los desafíos del clima.
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La deforestación ya arrasó dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un relevamiento de Greenpeace detectó que entre enero y junio se desmontaron 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques.
La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que entre enero y junio de este año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Desde Greenpeace volvieron a reclamar la penalización de la destrucción de bosques y advirtieron por el avance de los desmontes en algunas provincias.
“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Reclaman sanciones más duras contra los desmontes
Según la organización, las sanciones económicas no lograron detener la pérdida de bosques. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.Y sumó: “Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.
Argentina mantiene elevados niveles de deforestación pese al compromiso asumido por el país durante la Cumbre Climática de Glasgow, realizada en 2021, donde adhirió al objetivo de alcanzar la Deforestación Cero para 2030.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace. Desde la organización convocaron a la ciudadanía a reclamar por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial.
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Qué se pierde cuando desaparecen los bosques: el impacto invisible que va más allá del desmonte

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Cada desmonte deja mucho más que un paisaje vacío, también se pierden funciones esenciales para regular el clima, almacenar agua, proteger la biodiversidad y sostener la producción y la vida cotidiana.
En 2025, el norte de la Argentina perdió 210.702 hectáreas de bosque nativo entre desmontes e incendios, un 40% más que el año anterior, según el informe anual de Greenpeace Argentina elaborado a partir de imágenes satelitales. De ese total, 94.204 hectáreas correspondieron a desmontes realizados con maquinaria en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, mientras que 116.498 hectáreas ardieron en incendios forestales.
El dato se inscribe en una tendencia de largo plazo: la Argentina tenía alrededor de 35 millones de hectáreas de bosque nativo en 1987 y, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Bosques de la Nación, perdió cerca de 7 millones de hectáreas entre 1998 y 2024, lo que la ubica entre los 15 países con mayor pérdida de bosques del mundo.
Esa contabilidad es necesaria, pero no alcanza para explicar el impacto completo. Un bosque no es solo un conjunto de árboles ni una reserva de madera. Es una infraestructura natural que trabaja todo el tiempo, incluso cuando nadie la ve: capta agua, modera temperaturas, conserva suelos, almacena carbono, aloja especies y mantiene procesos que terminan influyendo sobre la producción de alimentos, la disponibilidad hídrica, la frecuencia de inundaciones y la calidad de vida en ciudades que pueden estar a cientos de kilómetros.
A ese conjunto de beneficios se lo conoce como servicios ecosistémicos. El concepto fue difundido por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un estudio internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir cómo los cambios en los ecosistemas afectan el bienestar humano. La definición que dejó ese trabajo es simple: son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas.
En términos concretos, esos servicios incluyen aquello que la naturaleza provee de manera directa, como alimentos, madera, fibras, agua o plantas de uso medicinal; aquello que regula, como el clima, las crecidas de los ríos, la erosión, la polinización o la calidad del aire; y aquello que sostiene, como la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y los hábitats donde vive la biodiversidad. También incorporan valores culturales, recreativos y simbólicos vinculados con el paisaje y las formas de vida.
La dificultad es que muchos de esos servicios no tienen precio visible. No aparecen en una factura de luz, en el costo de una vivienda ni en el valor final de un alimento. Sin embargo, cuando se deterioran, el costo se traslada a otros lugares: obras de contención más caras, pérdidas por inundaciones, menor productividad de suelos, caída de polinizadores, aumento de temperaturas locales, problemas en la provisión de agua o pérdida de recursos para comunidades que dependen del bosque para su vida diaria. La pérdida ambiental, entonces, no queda encerrada en el lugar donde se produjo el desmonte.

Los servicios que no se ven
Para Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas, los bosques deben entenderse dentro de una trama más amplia de ecosistemas naturales, junto con pastizales, humedales y arbustales. “Los bosques, como otros ecosistemas naturales, brindan una serie de servicios ambientales. Participan en la regulación climática, evapotranspiran, generan humedad, contribuyen a la formación de microclimas y también cumplen una función de regulación térmica”, explicó Brown.
“Los bosques fijan carbono. Secuestran parte del carbono que liberan la actividad agroindustrial y las ciudades, y lo acumulan en los troncos y en el suelo. Por eso, cuando se convierte un bosque, no solo se interrumpe esa acumulación, sino que, al usar o quemar esa madera, también se libera parte de ese carbono”, señaló el presidente de Fundación ProYungas.
En las Yungas del noroeste argentino, donde la niebla forma parte del régimen ambiental, la cobertura forestal cumple otra función. “En regiones montañosas, los bosques tienen un papel importante en la regulación hídrica de las cuencas. Ayudan a favorecer la percolación del agua durante las lluvias, reducen el escurrimiento superficial y hacen menos abrupto el crecimiento de arroyos y ríos”, dijo Brown. Y agregó: “En el noroeste argentino, donde hay bosques nublados y neblina frecuente, el bosque ayuda a captar y filtrar esa agua, que luego pasa a engrosar arroyos y napas profundas”.
La biodiversidad es otro servicio que suele quedar reducido a una imagen de especies emblemáticas. Pero el funcionamiento de un bosque depende de organismos visibles y no visibles: aves, mamíferos, insectos, hongos, microorganismos del suelo, polinizadores y controladores naturales de plagas. La pérdida de cobertura no elimina solo individuos; también fragmenta relaciones. Cuando se reduce un hábitat, disminuyen corredores, refugios, sitios de reproducción y fuentes de alimento. Esa alteración puede afectar la polinización de cultivos, el control biológico de insectos y la fertilidad de los suelos.
Brown también puso el foco en el vínculo entre bosques y comunidades. “En comunidades que viven asociadas al bosque, una parte importante de ellas indígenas, tanto en la Patagonia como en el norte grande de la Argentina, los bosques generan muchas cosas. Aportan especies que se utilizan para la salud, recursos para economías informales, producción de artesanías, madera o palos para construcciones rurales, fuego, carbón y materia prima para la vida cotidiana”, afirmó.
La ley de bosques, sancionada en 2007, fue una herramienta central para ordenar la conservación de bosques nativos mediante categorías de protección. Sin embargo, su implementación convive con tensiones entre conservación, producción, financiamiento, fiscalización y decisiones provinciales. “La ley de bosques fue importante para dar visibilidad y poner en valor los bosques en la Argentina, pero con la ley no alcanza. Para conservar la cobertura forestal se necesitan herramientas que permitan que otras actividades productivas vean en la conservación una herramienta que potencia su sustentabilidad y que eso sea valorado por el mercado”, sostuvo Brown.

Más allá de los árboles
Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International, plantea que los humedales entran en la conversación con menor reconocimiento público que los bosques, aunque cumplen funciones decisivas para el agua, el carbono y la biodiversidad. “Los bosques tienen buena prensa. Todo el mundo sabe qué es un bosque, que producen oxígeno y que están amenazados por el avance de la frontera agropecuaria. También se reconoce su importancia para la captura de carbono. En resumen, se los suele llamar los pulmones del planeta”, planteó Boscarol. “Con los humedales pasa algo distinto: en el imaginario colectivo se los asocia a pantanos, ciénagas y mosquitos. Durante cientos de años se los rellenó o secó para convertirlos en tierras aptas para la agricultura o la urbanización”, agregó. ´
“A los humedales hay que valorarlos por las funciones que cumplen como reguladores de inundaciones. Actúan como esponjas que retienen el agua en casos de lluvias extremas y desbordes de los ríos, y evitan que se acumule en zonas bajas sembradas o urbanizadas. También son depósitos de agua dulce y contribuyen a su depuración”, explicó la coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International.
Los datos internacionales muestran la escala de esa transformación. El informe Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025, conocido por su nombre en inglés Global Wetland Outlook 2025 y elaborado en el marco de la Convención sobre los Humedales, estimó que desde 1970 se perdió el 22% de los humedales del mundo. El mismo informe advirtió que su deterioro compromete beneficios asociados al agua, la protección contra inundaciones, el carbono, la producción de alimentos y los medios de vida.
Boscarol remarcó que estos ambientes son hábitat de una porción relevante de especies del planeta. “Los humedales son hábitat de aproximadamente el 40% de las especies mundiales y del 12% de todas las especies animales. Más del 40% de las especies de peces son de agua dulce y encuentran en los humedales un hábitat permanente o un lugar para cumplir parte de su ciclo de vida. También unas 4.000 especies de anfibios dependen de los humedales para su subsistencia”, señaló.
En términos climáticos, los humedales almacenan una parte significativa del carbono terrestre, en particular en turberas, manglares, marismas y otros sistemas donde la acumulación de materia orgánica se mantiene durante largos períodos. “Los humedales ayudan a regular el clima porque almacenan carbono y protegen frente a los impactos cada vez más graves del calentamiento del planeta”, indicó Boscarol. Y agregó: “No se trata de comparar si los bosques o los humedales son más importantes para la vida en el planeta, sino de reconocer la necesidad de conservar ambos”.
La metáfora que propone Boscarol apunta a explicar una función que suele advertirse tarde. “Los humedales no se pueden equiparar a órganos como los pulmones o el corazón, pero sin duda son los riñones del planeta: los ignoramos hasta que comienzan a fallar y se sufren las consecuencias de no haberlos tenido en consideración”, afirmó.

¿Desde lejos no se ve?
El impacto de la deforestación no se limita al territorio donde ocurre. Estudios del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la organización Amazon Conservation, describen el fenómeno de los “ríos voladores”: enormes volúmenes de vapor de agua generados por la evapotranspiración de la selva amazónica que viajan por la atmósfera hacia el sur del continente y se condensan en forma de lluvia sobre Paraguay, el norte argentino y la cuenca del Río de la Plata. Ese flujo de humedad es uno de los factores que sostiene la disponibilidad de agua para la agricultura en la región pampeana, de acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la crisis de la selva amazónica. La reducción de la masa forestal disminuye la cantidad de árboles disponibles para sostener ese ciclo, lo que, según el análisis de MAAP difundido en 2025, intensifica las sequías en distintos puntos de Sudamérica, en particular durante la temporada seca.
En la Argentina, ese mecanismo se combina con otro más directo: la pérdida de cobertura forestal en las cabeceras de cuenca reduce la capacidad de los suelos para retener agua de lluvia, lo que incrementa el escurrimiento superficial y puede agravar crecidas en zonas bajas situadas río abajo, muchas veces alejadas de la región donde se produjo el desmonte. A esto se agrega el efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero: según el informe de Greenpeace Argentina, el sector agropecuario y los cambios de uso del suelo representan cerca del 38% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción que conecta la deforestación regional con la discusión climática global asumida por el país en la Cumbre de Glasgow de 2021, donde se comprometió a alcanzar la “deforestación cero” hacia 2030.
Ese escenario se da en un contexto de debate sobre el principal instrumento de protección forestal del país. El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo —el espacio de diálogo integrado por funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores— dio a conocer una propuesta para modificar la Ley 26.331, que, según organizaciones del sector forestal y ambientalistas, reduciría el nivel de protección vigente, entre otros puntos, al eliminar la autorización previa obligatoria para desmontes en zonas clasificadas en la categoría de menor restricción. La iniciativa generó el rechazo de entidades agrupadas en la Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas, entre las que participa la Red Agroforestal Chaco (REDAF). Además, motivó una presentación de Greenpeace Argentina ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la organización advirtió que el 80% de los desmontes registrados en 2025 en Santiago del Estero se realizaron en zonas donde la ley vigente prohíbe la deforestación.
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Extranjeros vienen pidiendo permisos para degradar el monte en casi 80 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus socios a dos hermanos estadounidenses. Viene solicitando autorizaciones desde 2007. Ahora pidió avanzar sobre unas 11 mil hectáreas, entre cambios de uso de suelo y deforestación.
En más de una década la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus integrantes a dos hermanos ciudadanos estadounidenses, pidió autorización de la provincia para desmontar casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. No obstante, de ese monto quedan al menos 30 mil hectáreas que, según la revisión de imágenes satelitales, aún no se han deforestadas.
El lunes último en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la convocatoria a una audiencia pública para el “cambio de uso de suelo y plan de manejo silvopastoril con fines de agro ganadería” en 8.175,84 hectáreas, y en 3.729,25 hectáreas con fines de agricultura bajo el “Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MGBI)”.
La modificación del uso de suelo en la finca El Chaguaral (ubicada en Orán) será debatida el 7 de agosto de 2026 a las 11 en la despensa y comedor “Los Hermanos Torres”, local ubicado en la Manzana 4 sobre ruta provincial 5 en la intersección con la ruta provincial 13.
Si bien los pedidos de la empresa para cambio de uso de suelo suman desde 2007 un total de 79.972,75 hectáreas, el total sobre el que se actuó hasta el momento sería menor.
Según el relevamiento realizado en el compilado de las normas publicadas en la provincia, en 2007 la empresa pidió permiso para desmontar 30.962 hectáreas de tierras para ganadería en la finca El Álamo del departamento Rivadavia. En este caso no se llegó a deforestar esa superficie por el freno puesto por quien era la secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich, quien renunció a este cargo tras poner límite a los desmontes en la provincia. Por esta decisión solamente habrían sido desmontadas 3.300 hectáreas de ese permiso.
En 2010 se había solicitado un desmonte para ganadería de 11.432 hectáreas en la finca denominada Estancia El Guayacán, en Anta.
En 2014 la empresa pidió habilitar el desmonte de 7.993 hectáreas en la finca El Chaguaral. En marzo de 2020, solicitó modificar 5.724,74 hectáreas en el mismo predio. En aquel momento y a raíz de la pandemia de la covid-19, la audiencia se suspendió, y volvió a publicarse para fines de ese año.
En 2024 la empresa solicitó el desmonte de 11.955,92 hectáreas también en la finca El Chaguaral. Este año, en tanto, se sumaron 11.905,09 hectáreas para hacer el desmonte en la misma finca.
La organización Greenpeace informó que pudo observar que el desmonte solicitado en 2024 aún no fue concretado. Se especula que la empresa espera el permiso de este nuevo pedido de desmonte para unir ambas superficies, que suman casi 24 mil hectáreas, en una sola acción.

“Ecocidio legalizado”
El coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó ante Salta/12 que el área cuyo uso será ahora modificado estaba en amarillo en el anterior mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
De haber continuado la anterior cartografía, Quebracho Colorado, que tiene a los hermanos estadounidenses Gabel en su conformación societaria, no tendría la posibilidad de modificar el suelo. Se lo posibilita el cambio del mapa y el actual ordenamiento, que dispone una nueva área marrón que permite permutar áreas verdes y amarillas.
“El gobierno de Salta está por autorizar un mega desmonte que paradójicamente es de la misma superficie de la deforestación en la finca de los (empresarios) Karlen, uno de los desmontes ilegales más grande de la historia. Este será un ecocidio legalizado a partir del nuevo ordenamiento provincial, que violando la Ley Nacional de Bosques retrocedió en protección de bosques en favor de los terratenientes”, sostuvo Giardini al sintetizar en una frase que el de Quebracho Colorado es “un (caso) Karlen legalizado”.
La referencia es en torno al desmonte ilegal que la ex AFIP encontró en la finca de los Karlen en 2013. La deforestación se había realizado ilegalmente sobre más de 11 mil hectáreas en el departamento San Martín. Desde entonces transcurrieron 13 años en los que el desmonte se judicializó y en ese marco se firmó un acuerdo de restauración que los empresarios incumplieron. Por eso, hoy les pesa una multa de más de 21 mil millones de pesos para que ese bosque pueda recomponerse.

Palabras que marean
El concepto de cambio de uso de suelo, manejo de bosque o uso silvopastoril se entiende como una estrategia para suavizar la palabra “desmonte” ante la sociedad, en medio de un debate que parece lejos de acabarse.
Según el informe Monitoreo de la Superficie del Bosque Nativo de la República Argentina 2024, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, “se consideraron como pérdida de bosque nativo sólo aquellas áreas con posible uso silvopastoril (SP) donde se realiza desarbustado y remoción de cobertura arbórea en un grado de intensidad elevado, tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial, ya que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven comprometidos los servicios ambientales que brindan”.
En el mismo informe se reconoce al concepto de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) como una alternativa para planificar la actividad ganadera y forestal dentro del bosque nativo que permita conjugar el objetivo productivo con la dinámica del bosque e interacción de sus componentes.
“En la práctica no he visto que (el MBGI) sea diferente al manejo silvo pastoril”, dijo Giardini, quien sostuvo que el hecho de que una superficie mantenga árboles en pie y pasturas, no implica que sea un bosque desde la perspectiva biológica.
Con el manejo de bosque con ganadería se insertan pasturas foráneas dentro de la superficie y frente a este panorama, el ambientalista afirmó que “no está medida cuanta biodiversidad se pierde”.
Una de las suposiciones que hizo es que quizás en una zona de estricto cumplimiento el manejo integrado podría llegar a funcionar, si es que realmente se hace rotar al ganado y se deja crecer bosque nativo para restaurar lo perdido. Pero una de las patas flojas en cuanto al cuidado del ambiente en Salta siempre fue el monitoreo y control de la deforestación.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Condenan a un senador nacional por desmonte ilegal: deberá pagar más de 100 millones

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Formosa


Se trata de Francisco Paoltroni, enemistado con Villarruel. La Cámara formoseña confirmó un fallo que lo obliga a pagar una voluminosa multa por daños ambientales. Había intentado no pagar por ser legislador.
El senador nacional Francisco Paoltroni, de extracción libertaria pero distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue condenado y deberá pagar una multa de más de 100 millones de pesos por daños ambientales en la provincia de Formosa, de donde es oriundo.
Paoltroni había recurrido el fallo de primera instancia que le imponía ese castigo económico y presentó varios argumentos para no pagar, entre ellos la inmunidad parlamentaria. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial formoseña ratificó la decisión de primera instancia y arguyó que el hecho de ser legislador nacional no es obstáculo para la ejecución de la multa.
La sanción le fue impuesta al senador por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia norteña, por operaciones de desmonte ilegal en establecimientos rurales de su propiedad.
Paoltroni enfrenta además otros reclamos judiciales, vinculados a cheques rechazados, y fue objeto de una investigación tras un allanamiento de la Gendarmería Nacional que detectó un camión cargado de cigarrillos por un valor millonario.
El gobierno formoseño quedó así habilitado para continuar con el procedimiento de ejecución para cobrar la multa impuesta al senador nacional.
El legislador y empresario mantuvo un fuerte cruce con la vicepresidenta Villarruel, al mismo tiempo titular del Senado, cuando presentó un proyecto para intervenir la Provincia, que naufragó por falta de consenso en el propio oficialismo para su tratamiento sobre tablas.
“Las caretas se van cayendo”, dijo entonces Paoltroni, acusando a la vice de actuar en connivencia con el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa. El senador dijo más de una vez que Insfrán lo somete a una persecución.
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La Justicia ratificó la protección de los bosques nativos del Chaco y frenó nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había flexibilizado la suspensión de los cambios de uso de suelo en la provincia. El fallo fue celebrado por organizaciones ambientalistas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la protección judicial de los bosques nativos del Chaco al anular por unanimidad la decisión que había permitido flexibilizar la suspensión de los desmontes en la provincia. Asimismo, reestableció la prohibición de otorgar nuevos permisos para cambiar el uso de suelo.
La medida implica, en los hechos, que vuelve a regir plenamente la cautelar dictada en 2024 para frenar el avance sobre los bosques nativos.
Además del impacto inmediato sobre los desmontes en Chaco, el fallo sienta un precedente para otros conflictos ambientales del país. La Cámara reafirmó que los principios de prevención y precaución deben guiar las decisiones judiciales cuando están en juego bienes colectivos como los bosques nativos, incluso cuando todavía no se hayan producido daños irreversibles.
La decisión fue celebrada por la ONG Aves Argentinas, que destacó que la sentencia reafirma que los principios del derecho ambiental no son simples declaraciones teóricas sino herramientas concretas que deben orientar las decisiones judiciales y administrativas.
Entre los aspectos más relevantes, el tribunal fortaleció la aplicación de los principios precautorio, preventivo, de no regresión, in dubio pro natura y de tutela judicial efectiva. En otras palabras, dejó sentado que los jueces no deben esperar a que el daño ambiental se produzca para intervenir cuando existen indicios de que puede ocurrir.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. La Cámara sostuvo que la sanción de nuevas normas provinciales —en este caso las leyes 4005-R y 4152-R— no constituye por sí sola una razón suficiente para levantar una medida cautelar ambiental. Para hacerlo, señaló, debe demostrarse que los cambios normativos no reducen el nivel de protección alcanzado previamente, algo que no quedó acreditado en este caso.
La Cámara también rechazó el argumento de que la intervención de la Justicia federal implicara una intromisión en competencias provinciales y recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, cuestionó que los controles quedaran en manos de organismos cuyos funcionarios están bajo investigación por presuntas irregularidades en la autorización de desmontes.
Para Aves Argentinas, el fallo pone en evidencia problemas estructurales detrás de la deforestación ilegal, como controles deficientes, sanciones poco efectivas y fallas en la fiscalización de la actividad forestal. La organización señaló además que monitoreos satelitales independientes detectaron desmontes incluso durante la vigencia de la cautelar judicial.
La entidad también rechazó la idea de que la conservación de los bosques sea incompatible con el desarrollo económico. Sostuvo que actividades como el aprovechamiento forestal sostenible, la apicultura, el turismo de naturaleza y la restauración ecológica pueden generar empleo e ingresos sin comprometer los ecosistemas.
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Mendoza endurece las multas por desmontes ilegales de flora y bosques nativos

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MendoVoz
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno modernizó el sistema de cálculo de sanciones ambientales. El nuevo esquema eleva los montos y evalúa la gravedad del impacto, los antecedentes del infractor y el valor de conservación de la zona afectada.
La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente aprobó una nueva metodología para el cálculo de infracciones vinculadas a desmontes de flora nativa y bosques nativos realizados sin autorización.
La medida busca actualizar un sistema de sanciones que había quedado desfasado frente a la complejidad de los casos detectados y a la magnitud de los daños ambientales que pueden producir este tipo de intervenciones, especialmente en un contexto de cambio climático, donde las especies nativas cumplen un rol central para amortiguar los efectos de las lluvias intensas, las inundaciones, las olas de calor y los procesos de degradación del suelo.
La actualización fue impulsada por el Departamento de Flora Nativa y aprobada mediante el proyecto denominado “Modernización de cálculo de infracciones de desmonte de flora nativa y bosque nativo”, con el objetivo de incorporar criterios técnicos y ambientales que permitan graduar las sanciones de manera más precisa y homogénea.
El director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó que la medida responde a una necesidad detectada durante las tareas de control y fiscalización que desarrolla el organismo. “Era necesaria una actualización. La metodología anterior no contemplaba de manera suficiente las distintas variables que intervienen en una afectación de flora nativa o bosque nativo, por lo que avanzamos en una herramienta más objetiva y ajustada a la realidad ambiental de cada caso”.
La nueva metodología reemplaza un esquema basado en valores establecidos por la Resolución Nº 419/18, cuyos montos máximos habían quedado desactualizados en relación con el daño ambiental generado. “Se contemplan de manera integral factores como la ubicación de la infracción, la gravedad de la afectación, la presencia de especies protegidas o la reincidencia de los responsables”, explicó Funes Pinter.
Funes Pinter señaló que uno de los cambios más importantes es la incorporación de criterios vinculados al valor de conservación de los ambientes afectados. “La Ley Nacional de Bosques establece tres categorías: I, II y III, también identificadas como rojo, amarillo y verde. La Categoría I, o roja, es la de máxima protección. La Categoría II, o amarilla, permite un uso sostenible. Y la Categoría III, o verde, funciona más como una zona de amortiguación o buffer”, explicó. 
El funcionario precisó que estas categorías pasan a tener incidencia directa en la determinación de las sanciones. “Existen distintos agravantes. Por ejemplo, si se usa fuego, si se realiza rolado, dónde se hace la intervención y qué categoría de bosque tiene el área afectada. Si se trata de una zona de bosque de máxima protección, no se puede desmontar de ninguna manera”.

Más factores para medir el daño
La nueva fórmula también considera el tipo de cobertura vegetal afectada, la capacidad de recuperación natural del ecosistema, la presencia de especies de flora o fauna amenazadas y otras características ecológicas que permiten dimensionar el impacto de la intervención. 
“Influyen otros factores, como el tipo de cobertura vegetal, la capacidad de restauración del sitio —si es alta o baja— y si en el lugar hay flora o fauna amenazada o con alguna categoría especial de protección. Todos esos elementos pueden funcionar como agravantes o atenuantes y ahora se tienen en cuenta dentro de la fórmula, además de la superficie afectada”, concluyó Funes Pinter. 
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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Ampliaron a $21 mil millones un embargo por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Página12
Provincia/Región: Salta


El desmonte ilegal fue detectado por la AFIP en 2014 junto a una situación de trata laboral. El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo de restauración que los dueños de las tierras incumplieron recurrentemente.
La administración de justicia salteña hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros rurales del norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La jueza en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, Viviana Yance, resolvió en tal sentido tras el pedido del procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez Román.
La ampliación de la medida cautelar ambiental es en contra de los hermanos Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, y detectado por la ex AFIP en 2014, en un operativo a raíz de denuncias sobre personas que estaban en situación de trata laboral.
El embargo original era de 171 millones de pesos. A cambio, durante la gestión como procurador General del ahora juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals, en 2018 se había acordado la reparación del monte.
Pero desde entonces fueron insistentes las denuncias sobre incumplimientos del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental, y también las resoluciones judiciales que daban cuenta de la situación.
La última decisión judicial elevó el embargo preventivo original que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal -catastros 30.746 y 30.747- del departamento San Martín con el fin de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen, además, que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Como vinieron denunciando comunidades indígenas de la zona y hasta la asociación ambientalista Greenpeace en estos últimos años, e el Ministerio Público Fiscal confirmó ahora que “entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo”.
El Juzgado consideró acreditado el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

Uso judicial para dilatar
En su presentación, ella con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, el procurador García Castiella señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, y aseguró que en efecto, esto demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Asimismo, advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.
El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y a las comunidades indígenas de la zona.
“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.
Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.
Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal de Tartagal requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal, este pedido fue concedido por la jueza Viviana Yance, que intimó a los hermanos Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que fue rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, destacó la actualización de la multa, pero advirtió en la penalización de los desmontes ilegales.
“Si bien es muy importante que se actualice la multa a uno de los mayores desmontes ilegales de la historia, la nula restauración del bosque y la demora en el pago de las sanción económica, demuestran que es necesario avanzar con la penalización de la destrucción de bosques”, aseguró. 
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Arrasó con un bosque patagónico de arrayanes y deberá pagar casi 67 millones de pesos

Fecha de Publicación: 04/06/2026
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Neuquén


Un brutal desmonte clandestino frente al lago Correntoso, en la localidad de Villa La Angostura, derivó en una sanción económica sin precedentes. La Justicia comprobó la destrucción de especies protegidas por el avance de topadoras y ordenó a los dueños del lote un estricto plan de remediación para intentar salvar el ecosistema patagónico.
La intervención de la maquinaria pesada y las motosierras sobre un terreno ubicado en la zona costera derivó en una de las penalidades económicas más duras de los últimos años en la región cordillerana. Tras una exhaustiva inspección en el lugar, las autoridades confirmaron la destrucción de flora protegida y el avance de obras sin ningún tipo de aval oficial.
Desde el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura ratificaron la firmeza de la sanción y explicaron que los informes técnicos incorporados al expediente resultaron lapidarios. Según detallaron los voceros del tribunal, los especialistas calificaron el hecho como un "daño ambiental puntual permanente" debido a la enorme gravedad de las alteraciones provocadas sobre el frágil equilibrio del bosque andino.

El costo de arrasar con la naturaleza
El descubrimiento del desmonte encendió todas las alarmas en el municipio local. Los inspectores que recorrieron la propiedad verificaron la apertura de un camino interno y movimientos de suelo que afectaron una superficie superior a los 1300 metros cuadrados. Todo este despliegue se ejecutó en la clandestinidad más absoluta y sin presentar la documentación correspondiente en las oficinas públicas.
El saldo de esta incursión furtiva fue devastador para la vegetación de la zona. Las actas labradas documentaron la extracción ilegal de quince arrayanes adultos y cuatro coihues jóvenes. Al describir el escenario, las fuentes judiciales indicaron que "muchos otros árboles nativos quedaron con sus raíces totalmente expuestas" y advirtieron sobre el altísimo riesgo de muerte que enfrenta la flora tras las profundas excavaciones realizadas en el predio.

Castigo económico y reparación obligada
Frente a la magnitud del daño, el Tribunal Municipal de Faltas decidió aplicar todo el rigor de la normativa vigente declarando a los propietarios como responsables solidarios de múltiples infracciones. La sumatoria de las faltas por daño ambiental, tala de especies protegidas, desobediencia a las intimaciones previas e irregularidades urbanísticas derivó en una sanción exacta de 66.950.000 pesos.
El fallo judicial obliga a los infractores a ir mucho más allá del simple pago de la multa económica. Desde el juzgado fueron categóricos al sostener que los dueños del lote "deberán cumplir con todas las tareas de remediación y recomposición que determine la Dirección de Ambiente", una directiva que busca garantizar que el terreno intervenido recupere al menos una parte de su fisonomía y vitalidad original.
Para asegurar el cumplimiento de esta restauración integral, la sentencia impone exigencias innegociables. Los responsables tendrán que adquirir y plantar veinte nuevos ejemplares de especies autóctonas bajo la estricta supervisión de los equipos técnicos. Las autoridades adelantaron que mantendrán un monitoreo constante sobre la propiedad y exigirán el ingreso irrestricto de los inspectores hasta verificar que se respete cada punto de la medida impuesta para mitigar el impacto ecológico.
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La mafia que arrasó 150.000 hectáreas de bosques en Chaco para abastecer a Mercedes Benz y Volvo queda al descubierto 

Fecha de Publicación: 27/05/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Chaco


La Cámara de Casación Penal volvió a frenar todos los desmontes en Chaco. La medida cautelar se enmarca en una causa que investiga a funcionarios provinciales y empresas que promovieron un avance sistemático sobre 150.000 hectáreas de bosque nativo con fines económicos.
Según publicó el periodista Sebastián Premici en el sitio EconomiaSustentable.com, la decisión judicial no es arbitraria. Responde a una denuncia presentada en 2024 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La causa destapó un esquema de recategorizaciones territoriales, permisos precarios y uso de testaferros para triangular operaciones. Todo diseñado para que grandes empresas del sector forestal y la industria del tanino pudieran desmontar sin trabas.

Las grandes tanineras y empresas forestales en el banquillo
Los imputados son jugadores pesados del negocio forestal, tanto locales como extranjeros. En el listado aparecen MSU SA (Manuel Santos de Uribelarrea Duhau), CIAGRO (Luis y Carlos Calvo), y Triad.
Esta última empresa tuvo en su directorio a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, aunque no está imputado en esta causa.
También figuran Vicentin (ex Nardelli-Padoan, ahora del Grupo Grassi), Indunor del grupo italiano Silvateam (familia Battaglia y Norinver S.A), y Unitan (familia López Mato).
"La necesidad insaciable de quebracho que tienen las tanineras es el motor de todas las maniobras delictivas que denunciamos", sostuvo el abogado Fabián Maggi, impulsor de la querella.
Maggi agregó: "Ese extractivismo descontrolado genera las desigualdades, el despojo y las condiciones infrahumanas de explotación que padecen las familias campesinas e indígenas de Chaco".

Por qué el tanino mueve este negocio millonario
La deforestación se hace para ampliar la frontera agropecuaria y producir carbón. Pero la actividad más lucrativa es la extracción de tanino del árbol de quebracho, según informó EconomiaSustentable.com.
Ese tanino se exporta a grandes marcas automotrices que lo usan para el tratamiento del cuero de los asientos de sus vehículos de alta gama.
Lo más grave: empresas como Indunor y Unitan siguen abasteciéndose de desmontes ilegales. Así lo denunció la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas en una presentación judicial de fines de 2024.
El tanino extraído en Chaco termina en los asientos de cuero de marcas como Mercedes Benz, Volvo, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot y Citroen.

Cómo funcionó la mafia de los permisos
La medida cautelar se había implementado en 2024. Tras presiones del sector privado, la jueza Zunilda Niremperger (la misma que la había dictado) cambió de criterio y la levantó.
La semana pasada, la Cámara de Casación intervino y restableció la prohibición de desmontar en toda la provincia chaqueña.
"En el caso del delito ambiental, la vida misma de los seres vivos está en juego", argumentó el tribunal. Agregó que "la intervención del derecho penal en materia ambiental no puede ser entendida como una intromisión expansiva, sino como una herramienta excepcional dentro de un sistema amplio de tutela".
La mafia requirió de una estructura de puerta giratoria. Empresarios vinculados a funcionarios de la Dirección de Bosques de Chaco entre 2011 y 2024, y viceversa.
La maniobra incluyó modificaciones sistemáticas de permisos de uso del suelo y cambios en zonas protegidas. Un esquema de legalidad fraguada que llevó a la tala de 150.000 hectáreas, según informó EconomiaSustentable.com.

Los 15 dueños que concentraron el 20% de los desmontes
La investigación judicial determinó un dato clave: de 1335 permisos otorgados entre 2011 y 2021, solo 785 propietarios se beneficiaron.
A los 15 mayores dueños, la Dirección de Bosques les permitió desmontar 38.053 hectáreas. Eso representa más de 2.500 hectáreas por propietario en promedio.
Ese puñado de empresarios concentró el 20% del total de superficie habilitada para desmontes en una década.
Uno de los funcionarios señalados como articulador fue Miguel Ángel López. Luego pasó a formar parte del plantel de lobby de la empresa taninera Unitan, según documentación de la querella.
El otro funcionario involucrado fue Emanuel Carrocino. Ambos operaron desde la Dirección de Bosques provincial, según informó EconomiaSustentable.com.

Quiénes son los 4 grandes jugadores del desmonte
De los 15 propietarios con más superficie habilitada, diez fueron sociedades anónimas. En conjunto, concentraron aproximadamente el 15% del total.
Las cuatro empresas de mayor superficie fueron:
    Cuenca del Salado S.A (Grupo Andreoli, dueños de más de 100.000 hectáreas): habilitada para 7.400 hectáreas
    MSU S.A (Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, con más de 140.000 hectáreas agrícolas): habilitada para 4.312 hectáreas
    CIAGRO S.A (familia Luis y Carlos Calvo): habilitada para más de 3.100 hectáreas
    Triad SA (vinculada a Santiago Bausili): habilitada para 2.700 hectáreas
Vicentin, cuyos dueños al momento de las operaciones eran las familias Padoan y Nardelli, desmontó 4.500 hectáreas a través de personas físicas y jurídicas vinculadas.
Entre los imputados también figura Las Guindas S.A, de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), con permisos por 1.331 hectáreas.

El gestor que tramitó el 42% de todos los permisos
De 848 permisos otorgados entre 2014 y 2021, 353 permisos (42%) fueron gestionados por Hernán Halavacs.
En 2024, Halavacs ocupaba el cargo de ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco. Fue echado por el gobernador Leandro Zdero tras estallar el escándalo.
La investigación reveló otro dato explosivo: la concentración de gestiones en una sola persona evidencia un cuello de botella pensado para facilitar el control del esquema.

Cómo las tanineras se abastecen de desmontes ilegales
Las empresas forestales deberían aprovisionarse solo de planes de manejo sostenible, tal como establece la Ley 26.331. Pero en Chaco, las tanineras se abastecen casi exclusivamente de desmontes legales e ilegales.
"El objetivo siempre fue el tanino", explicó Maggi en diálogo con Economía Sustentable. "Luego existe mucha influencia del sector carbonero. Encontramos fuertes componentes de importación de carbón desde Europa y Estados Unidos".
Las grandes empresas como Unitan e Indunor accedieron a la madera vía una red de intermediarios. Un informe incorporado al expediente judicial destapó el siguiente circuito:
Alejandro Carlos Ibañez recibió en 2013 un permiso sobre 45 hectáreas. Por ese permiso obtuvo 485 guías de transporte forestal. De ellas, 231 tuvieron como destino a Indunor y 117 a Unitan.
En otro caso, Simón José Hupaluk recibió en 2021 una autorización sobre 41 hectáreas. Las 9 guías que obtuvo terminaron en Unitan.
"Las tanineras se suministran de madera proveniente de desmontes ilegales", concluyó la querella en su presentación.

Por qué siguen desmontando pese a la medida cautelar
Lo más grave: las mismas sociedades imputadas seguirían desmontando a pesar de la vigencia de la medida cautelar.
En una reciente presentación judicial, Maggi dejó constancia que Indunor y Unitan "persisten en su conducta sistemática de saqueo del bosque nativo en abierta violación a la medida cautelar vigente".
"Toda la producción se sustenta en la sobreexplotación a una tasa varias veces mayor a la escasa repoblación. A este ritmo, el bosque va camino a su desaparición como ecosistema funcional en los próximos 30-50 años", advirtió Maggi.
Otro dato clave: más del 80% de los productos forestales que ingresaron a las tanineras de Chaco en los últimos 16 años lo hicieron sin guía forestal emitida por el gobierno provincial.
Es decir: en forma absolutamente ilegal, según Maggi.

Del quebracho chaqueño a los autos de lujo en Europa
Los documentos de la causa penal revelaron 1.109 envíos de exportación realizados por Indunor desde Argentina en 2024.
Los cuatro principales compradores fueron Silvateam Brasil, Silvateam Perú, Silvateam USA y Ledoga. Todas empresas del mismo grupo italiano.
También aparece "Industria de Peles Minuano", fabricante de cuero con sede en Brasil. Esta empresa realizó 17 envíos a DK Leather Seats, una compañía de Malasia que suministra tapicería de cuero para asientos de autos de alta gama.
Los clientes finales del tanino extraído mediante desmontes en Argentina son Honda, Volvo, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroen y Mercedes Benz, según informó EconomiaSustentable.com.
Según Globalwits (empresa china de análisis de comercio exterior), el circuito está perfectamente trazado: quebracho de Chaco → tanino argentino → cuero brasileño → asientos malayos → autos europeos y asiáticos.

Qué viene ahora: pericias oficiales del Conicet
El fallo de Casación Penal fue un empujón anímico para quienes llevan la causa. Ahora queda consolidar el corpus de imputados y avanzar sobre medidas de prueba claves.
"Vamos por la realización de una pericia oficial que nos permita demostrar, de manera judicial, el daño interjurisdiccional de los desmontes", explicó Maggi.
El Ministerio Público Fiscal ya envió un oficio al Conicet. El organismo remitió la nómina de especialistas en la materia.
La pelota queda del lado de la jueza Zunilda Niremperger (la misma que había dictado la cautelar y luego la levantó). Deberá definir el equipo del Conicet encargado de la pericia oficial.
Esa pericia será clave para cuantificar el daño ambiental y consolidar las imputaciones contra funcionarios y empresas que arrasaron 150.000 hectáreas de bosque nativo en una década.
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Día Mundial de la Abeja: crece la preocupación por fumigaciones y desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 23/05/2026
Fuente: Portal LibertadDigital
Provincia/Región: Chaco


Eduardo Riquel, presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, habló en Radio Libertad en el marco del Día Mundial de la Abeja y analizó la situación de la producción de miel en el Chaco, las amenazas que enfrenta el sector y el crecimiento de la exportación de miel orgánica.
En el marco del Día Mundial de la Miel, el presidente de la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli, Eduardo Riquel, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan las abejas y la producción apícola en el Chaco.
Fumigaciones, desmontes, cambio climático y enfermedades aparecen entre las principales amenazas que ponen en riesgo tanto la producción de miel como el equilibrio ambiental. "El peor enemigo de la naturaleza es el hombre", resumió el dirigente apícola durante una entrevista con Radio Libertad.
Riquel recordó que el 20 de mayo fue declarado Día Mundial de la Abeja por la ONU por dos motivos: el nacimiento de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna nacido en Eslovenia en 1734, y la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de estos insectos para el ecosistema.
"Las abejas polinizan el 75% de las plantas y cultivos que producen frutos, verduras y semillas que consumimos diariamente", explicó. En ese sentido, remarcó que proteger a las abejas significa también cuidar la producción de alimentos y la biodiversidad.
El referente apícola advirtió que desde 2010 la situación de las abejas se agravó de manera notable, principalmente por el avance de la agricultura intensiva y el uso de agroquímicos. "El avance de la agricultura con venenos es una de las principales amenazas. Hemos tenido colmenares enteros destruidos por fumigaciones", afirmó.
Según detalló, muchos productores incluso debieron abandonar la actividad tras perder todas sus colmenas por aplicaciones aéreas de pesticidas. Además, explicó que el crecimiento agrícola también trae aparejado desmontes masivos. "Cuando avanza la agricultura también avanza el desmonte y se pierden especies que generan flores y néctar para las abejas", señaló.

El impacto del cambio climático
Otro de los problemas que preocupa al sector es el cambio climático, que altera los ciclos naturales y afecta directamente la disponibilidad de flores. "Hemos tenido años de sequías extremas donde había flores, pero parecían flores plásticas porque no tenían néctar", relató.
Las abejas dependen del néctar y del polen para sobrevivir, por lo que la falta de recursos naturales impacta de lleno en la producción y supervivencia de las colmenas.
Riquel también mencionó la presencia de la varroa, un ácaro considerado uno de los principales enemigos sanitarios de las abejas. "Si el productor no cura en tiempo y forma, sabe que va a perder la colmena", explicó.
Este parásito se alimenta de la hemolinfa de las abejas y facilita el ingreso de enfermedades que pueden terminar destruyendo colonias enteras.

El Impenetrable, nuevo polo apícola del Chaco
En cuanto a la producción provincial, el dirigente aseguró que históricamente el sudoeste chaqueño era una de las zonas más fuertes para la apicultura, aunque en los últimos años el escenario cambió. "Hoy el Impenetrable avanzó muchísimo en producción apícola", destacó.
Según indicó, desde Tres Isletas hacia el norte se produce miel de muy buena calidad y en importantes volúmenes. Incluso resaltó el crecimiento de la miel orgánica chaqueña. "Chaco pasó a ser primera en exportación de miel orgánica" , afirmó.
Ese crecimiento se dio, explicó, gracias a proyectos impulsados de manera conjunta entre productores y empresas privadas.

El consumo interno creció, pero golpea la crisis
Respecto al consumo local, Riquel señaló que la situación económica impactó en las ventas, aunque aseguró que en los últimos años aumentó la conciencia sobre los beneficios de la miel. "Antes la gente consumía miel solamente cuando le dolía la garganta. Hoy entienden que es un alimento saludable", sostuvo.
De todas maneras, reconoció que el precio que recibe el productor quedó retrasado frente al aumento de costos. "El valor de la miel históricamente equivalía a dos o tres litros de gasoil, pero hoy quedó muy por debajo", explicó.
Pese al contexto económico, destacó que el consumo interno mejoró gracias a campañas de promoción como la Semana de la Miel, que se realiza desde 2017.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Apicultores insistió en la necesidad de tomar conciencia sobre el rol fundamental que cumplen las abejas en el ecosistema. "Tenemos que cuidarlas y protegerlas porque son esenciales para la vida", concluyó.
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