Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema. 

Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados. 
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública. 

Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés. 
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta. 
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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Polémica ambientalista en Hudson por la construcción de un barrio privado

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas mostraron su preocupación por el desarrollo del emprendimiento inmobiliario Ayres de Hudson, un barrio privado que avanza en una zona de Hudson, en el partido de Berazategui, a pocos metros de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola.
El proyecto, impulsado por la empresa Fiducia Urbana S.A. —parte del Grupo Klover—, contempla la construcción de 134 viviendas sobre un terreno de 13 hectáreas ubicadas al oeste de las vías del tren. Según explican los ambientalistas de la zona, para habilitar el loteo, el municipio “vendió 182 metros de la calle Lisandro de la Torre a precio fiscal”, eso decir, por debajo del valor comercial.
“Esto benefició directamente al desarrollador y representó una pérdida para el patrimonio público”, denunció Ernesto Salgado, referente del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. “El municipio, además, se negó a entregar información sobre el proyecto, lo que nos obligó a judicializar el caso. La Cámara de Apelaciones nos dio la razón y ordenó que se garantice el acceso a la documentación”, agregó.
Desde el Foro y otras organizaciones sociales y ambientales sostienen que el área intervenida debería ser considerada parte de la zona de amortiguación de la Reserva, tal como recomendó la UNESCO. “Los árboles que están siendo talados son idénticos a los que se preservan dentro del perímetro formal de la Reserva. Son parte del mismo ecosistema”, advirtió Salgado.
Entre los puntos del proyecto que más preocupan a las organizaciones se encuentra la falta de conexión a la red de agua potable. La empresa planea extraer agua del acuífero Puelche mediante un pozo central, lo que podría afectar la sostenibilidad del recurso. En cuanto a los efluentes cloacales, el informe presentado por la empresa indica que se canalizarán hacia una planta interna que los derivará a la red pública. Sin embargo, según Salgado, esta red ya presenta graves deficiencias y podría colapsar ante la sobrecarga.
Otra preocupación clave es el destino de las aguas pluviales. El proyecto prevé su descarga en el arroyo Baldovinos, que atraviesa sectores de la Reserva. “No se trata solo de agua de lluvia: arrastran contaminantes domésticos como detergentes, aceites y otros residuos”, explicaron desde la Asamblea de la Reserva.
El Foro cuestiona el emprendimiento por su proximidad a un área natural de valor estratégico para toda la región. Y explican “Ademas los pluviales terminarían en el arroyo Baldovinos, que corre por detrás del barrio en una parte y en otra por el borde. Los pluviales como se saben son contaminantes porque la gente arroja jabón, aceite, entre otros elementos”.
Por ahora, llaman a actuar con urgencia para evitar una degradación ambiental irreversible, pero no descartan tomar otras medidas.
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Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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La Justicia emplazó al gobierno rionegrino para que cumpla con el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El STJ le otorgó 30 días para resolver el tema, al acoger una acción de mandamus presentada por dos ongs. El atraso para ejecutar lo establecido en la ley ya superó los 10 años. 
El Superior Tribunal de Justicia consideró injustificado el atraso de varios años que acumula el gobierno de Río Negro en definir y aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y le otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentar “un plan de trabajo que detalle las tareas a realizar y la duración que insumirá la ejecución de las distintas etapas del cronograma” para cumplir con esa obligación.
El STJ falló en esos términos al dar curso a un mandamus presentado por la Asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, de Bariloche, que accionaron después de topar una y otra vez con el rechazo o las dilaciones de la Subsecretaría de Recursos Forestales cuando intentaron lo mismo por vía administrativa.
La tarea sin hacer que arrastra la provincia desde hace más de una década consiste en relevar y clasificar las áreas con presencia de bosque nativo dentro de su territorio y elaborar un mapa con los colores rojo, amarillo y verde, que la ley nacional estableció como regla para regular las actividades permitidas y el estátus de protección que corresponda en cada caso.
La normativa nacional que Río Negro adoptó como propia a través de la ley 4.552 impone la realización de un mapa inicial (elaborado en 2010) y luego revisiones quinquenales, que nunca se efectuaron. Ese incumplimiento generó repetidas quejas especialmente en la zona cordillerana, donde hay valiosas superficies cubiertas de vegetación nativa expuestas al desmonte indiscriminado.

Ritmo de trabajo
El Superior Tribunal ordenó a la provincia que cumpla en el plazo fijado con las tareas que le encomienda la ley y que “deberán acotarse a la mínima expresión de tiempo y mayor ritmo de trabajo posible”.
La falta de un mapa actualizado, según las organizaciones que recurrieron a la Justicia, fue aprovechada en Bariloche y la región para avanzar con emprendimientos inmobiliarios que afectan al bosque, que consiguieron permisos del municipio, y que no hubieran prosperado de existir un mapa protector actualizado.
Luego de conocer el fallo, aclararon que ahora “tanto la subsecretaría de Recursos Forestales como las autoridades municipales deben abstenerse de dar nuevas autorizaciones de apeos o desmontes hasta tanto el mapa de bosques sea actualizado y aprobado por la Legislatura”.
El descargo de la Fiscalía de Estado provincial (que no convenció a los jueces) había negado la existencia de «rehusamiento” de parte del gobierno a cumplir con la ley y a brindar los informes requeridos, “ni mucho menos una afectación de derechos de la ciudadania”. La sentencia tampoco atendió el dictamen del procurador Jorge Crespo, quien propuso rechazar el mandamus por considerarlo “improcedente”.

El pacto de Escazú
Al impugnar la conducta seguida hasta ahora por el Ejecutivo provincial, el fallo observó que “no logra vislumbrarse un impedimento concreto para la revisión” del ordenamiento de bosques como lo exige la ley 4.552. Al desacreditar cualquier razón para la demora subrayó también que esa ley provincial “no fue modificada ni reemplazada por una nueva norma”.
En otra novedad que fue destacada por los demandantes, el máximo tribunal consideró aplicable la regla establecida por el acuerdo de Escazú (un convenio internacional incorporado por ley y que tiene rango constitucional) según el cual rige para los temas ambientales “la carga dinámica de la prueba”.
Es decir que la obligación de probar la eventual inexistencia de daños en el ambiente corresponde a la autoridad competente, en este caso la subsecretaría de Recursos Forestales. Y no al revés.
Los denunciantes destacaron que entre los fundamentos del fallo se indica que la falta de actualización del mapa de bosques por más de diez años configura un “rehusamiento notorio del deber legal”. Y que la provincia no acreditó las razones concretas de ese atraso.
Según el STJ, la urgencia por resolver el tema y el plazo acotado que otorga el fallo se funda en que “la omisión de actualización de dicho instrumento normativo (por el ordenamiento de bosques) es susceptible de afectar negativamente los objetivos fijados por la legislación protectoria”, a la que definió como “una herramienta para la conservación de los ecosistemas forestales naturales”.
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Reglamentan una ley provincial clave para conservar los humedales santafesinos

Fecha de Publicación: 13/06/2025
Fuente: Portal Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe


Incluye un plan de monitoreo sobre el estado de sus ecosistemas y, bajo esta norma, desde ahora, todos los proyectos susceptibles de afectar el ambiente deberán presentar un estudio
Este martes se conoció que fue aprobada la reglamentación de la ley N.º 13.932, una norma clave para la preservación, conservación y uso responsable de los humedales santafesinos que estaba en carpeta hace cinco años. La provincia de Santa Fe cuenta con tres humedales reconocidos internacionalmente por la Convención de Ramsar: Jaaukanigás, Laguna Melincué y el Delta e Islas del Paraná.
La reglamentación elaborada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y aprobada por el Gobierno de Santa Fe, pone en marcha herramientas concretas para una mejor protección y gestión de los humedales propiedad de la bota santafesina.
Bajo esta norma, además se encuentra la ampliación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año, incorporó más de 1.100 hectáreas a esta red y trabaja en la consolidación de corredores biológicos y también la inclusión de reservas privadas.
Esta ley, que ahora rige en la provincia, establece un Plan de Monitoreo Ambiental, que implementará un sistema de evaluación continua sobre la calidad de agua, suelo, flora y fauna, incorporando parámetros químicos y biológicos para el seguimiento del estado de los humedales.
Bajo esta norma, desde ahora, todos los proyectos susceptibles de afectar el ambiente deberán presentar su estudio ambiental y obtener la correspondiente factibilidad ambiental, en cumplimiento con la Ley 11.717 y el Decreto 153/25.
Incluye además el "Inventario Provincial de Humedales", que se realiza desde hace unos años en el camino de identificar, clasificar y caracterizar flora, fauna y territorio de estos ecosistemas.
La medida, que era una deuda desde hace cinco años, convierte a Santa Fe en la segunda provincia del país (después de Misiones) en contar con una legislación reglamentada específica sobre sus ecosistemas.
“Los humedales son hogar de cientos de especies, reflejo de nuestra flora y fauna. Pero también son esenciales por regular los niveles del agua, y actúan como filtros naturales”, expresó el ministro de Ambiente, Enrique Estévez.
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Fuertes contrapuntos en la oposición por la modificación a la Ley de Glaciares que pretende hacer el Gobierno

Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Portal ElParlamentario
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas. Ya se había intentado introducir estos cambios con la Ley Bases. 
El Gobierno nacional continúa con su política alejada de la cuestión ambiental y anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas, algo que ya había intentado introducir en la Ley Bases.
La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.
El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.
Al trascender estas informaciones, diputados opositores dividieron las opiniones al respecto. En contra de ello, se expresó el diputado nacional y presidente de la CC Maximiliano Ferraro quien exigió: “LOS GLACIARES NO SE TOCAN”.
Ferraro explicó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) es “lo que no pudo aprobar en el primer intento de la Ley Bases, ahora se intenta imponer por la fuerza de un decreto presidencial”, y alertó que “es un intento escandaloso de retroceso ambiental, sin debate democrático, y con un solo objetivo: facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles para beneficio del negocio minero”.
“No se trata de una actualización técnica ni de una mejora legislativa. Se trata de desproteger glaciares y ambientes periglaciares que hoy están preservados, reescribiendo la definición misma de qué debe ser protegido. Se trata de permitir la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, violando abiertamente el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina y en plena vigencia”, denunció el diputado de la CC.
Así, enumeró que el Gobierno busca: “Recortar la definición de glaciar, dejando afuera formaciones pequeñas pero esenciales, incluso si ya están relevadas por el Inventario Nacional. Condicionar la protección a criterios arbitrarios y discrecionales, como una supuesta “función hídrica efectiva y relevante”, desconociendo la integralidad ecosistémica. Habilitar la intervención sobre el ambiente periglacial, zona vital como reguladora hídrica, reserva de agua dulce y barrera climática”.
“Este decreto no solo contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que responde a los intereses históricos que han buscado durante años remover los límites que impone la Ley de Glaciares. Hoy lo intenta por la ventana del decreto, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar consecuencias socioambientales”, señaló Ferraro.
El presidente de la Coalición Cívica indicó que “en un contexto de crisis climática, sequías extremas, pérdida acelerada de ecosistemas y contaminación de nuestras fuentes de agua, no podemos tomarlo a la ligera.  Advertimos que cualquier modificación regresiva a la Ley de Glaciares, y más aún por decreto, es inconstitucional”, e instó a rechazar en ambas Cámaras el DNU. “Un ejemplo más de por qué debe modificarse la ley 26.122, violatoria de la división de poderes, que permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso debería aprobar con el voto de ambas Cámaras”, planteó.
“No pudo el kirchnerismo cuando Cristina Kirchner vetó la ley en 2010, y tampoco podrán ahora. Los glaciares no se tocan. El agua no se negocia”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada nacional Graciela Camaño: “Sin dudas la ignorancia los llevará a cometer otro acto legislativo inconstitucional. La modificación por decreto de la Ley de Glaciares responde a la voracidad de las empresas mineras que pretenden los ambientes periglaciares, empresas que han tenido durante 30 años régimen de subvenciones impositivas, y que ahora tienen RIGI por 40 años. Es interesante ver el deterioro económico, fiscal y social del país en el periodo”, denunció.
“Lo que quizá no sepa el gobierno es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación referencia decisiones importantes en 3 oportunidades en el Principio pro Aqua y el Principio pro Naturaleza, motivo por el cual y en virtud de la Constitución Nacional acudiremos a la justicia para su impugnación en caso que se emitan los decretos”, anticipó.

Desde el Pro respaldan al Gobierno
De la vereda de enfrente, una diputada del Pro salió a respaldar la decisión del oficialismo. Se trata de Florencia De Sensi, que responde a Cristian Ritondo, quien celebró la modificación de la reglamentación de los glaciares porque “la normativa actual frena inversiones incluso en zonas sin función hídrica relevante. Eso no protege el ambiente: bloquea proyectos clave y empleo formal en provincias con alto potencial productivo”.
“La nueva regulación va a definir con más claridad técnica qué áreas deben cuidarse, mantener los estudios de impacto ambiental y respetar el inventario nacional”, consideró y sumó: “Dicho simple: se corrige una regulación exagerada que venía frenando el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita. Este es el camino a seguir”.
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Decreto presidencial modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas de explotación

Fecha de Publicación: 10/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El decreto tiene como fin instalar industrias mineras o hidrocarburíferas en las actuales zonas protegidas. 
A través de un decreto, el Gobierno modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas de explotación. La norma 26.639 fija las regulaciones para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. La decisión se fundamenta en brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que se instalen en estos territorios.
El decreto busca la reducción de zonas protegidas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica. Según confirmó TN, apunta también a darle atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias. 
Ante las críticas de los sectores ambientalistas, el oficialismo aseguró que exigirá informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Además, mantendrán el marco de restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos. Las regulaciones actuales contemplan multas, suspensiones y el cese definitivo de la actividad.
En una reunión entre el Ministerio de Economía, encargado de proponer la medida, la secretaria de Energia, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energia y Mineria, Daniel Gonzalez, y de los equipos técnico de la Casa Rosada, confirmaron que estudian nuevas medidas para promover las inversiones. 
Las modificaciones de esta disposición ya habían sido impulsadas en las primeras versiones de la ley de Bases. El Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por no tener apoyo legislativo.
En su momento, la iniciativa provocó advertencias en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo” y expresó que podría afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”. 

Explotación en la zona periglaciar
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, fallo en el que marcaba que la responsabilidad en su protección es compartida entre Nación y las provincias. La norma establece la obligación de realizar estudios y monitoreos para evaluar el impacto de las actividades en los glaciares y el ambiente periglacial. 
También establece la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta fundamental para la recopilación de información y el monitoreo de estos cuerpos de hielo. Al mismo tiempo, estuvo involucrada en disputas relacionadas con la megaminería y sectores que limitan la protección de los glaciares para permitir la actividad minera.
Así, el Gobierno nacional, bajo el argumento de promover y “cuidar las inversiones extranjeras” busca modificar la norma. “Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, explicó la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker. 
Las zonas periglaciares son zonas montañosas con suelos congelados. “Son clave porque ahí se conserva mucha agua”, comunicó Becker. "En Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más", informó.
"El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol. Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más", concluyó. 
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Buscan incorporar el ecocidio como delito en el Código Penal

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se llevó a cabo un evento en la Cámara de Diputados para presentar la iniciativa y lograr convertirla en ley
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se llevó a cabo un evento en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires. Este encuentro internacional tuvo como objetivo visibilizar la necesidad de tipificar el ecocidio como un delito en la legislación penal argentina. El evento contó con la presencia de destacados representantes nacionales e internacionales, y fue marco de la entrega oficial de más de 48.000 firmas que apoyan esta causa a través de la plataforma Change.org.
Margarita Stolbizer, Diputada Nacional, fue una de las principales impulsoras del evento. Durante su intervención, señaló la urgencia de abordar la crisis ambiental y subrayó la importancia de establecer un marco legal que sancione el ecocidio, al afirmar: “Es tiempo de hacernos cargo de la crisis ambiental, del cambio climático y de todas las consecuencias que esto ocasiona”.
En la jornada, Constanza Soler, líder de Stop Ecocidio Internacional, destacó el trabajo continuo de su organización para instalar este tema en la agenda pública tanto nacional como internacional. A su vez, Patricia Willocq, directora de la misma organización para países francófonos, enfatizó el papel crucial de América Latina en la protección del medio ambiente dada su rica biodiversidad y conexión con la naturaleza.
El evento titulado “Delitos Ambientales y Ecocidio: Encuentro Internacional Camino a la Ley en Argentina”, reunió a expertos como Jojo Mehta, cofundadora de Stop Ecocidio, y legisladores de Colombia y Perú. Durante los paneles se discutieron experiencias internacionales y proyectos legislativos, además de presentar un anteproyecto de ley elaborado por el Dr. Miguel Ángel Asturias, quien adaptó la definición internacional de ecocidio al contexto jurídico argentino.
Un hito destacado del evento fue el caso ocurrido en 2021 en la Reserva de Punta Tombo, Chubut, donde una persona destruyó más de 200 nidos de pingüinos de Magallanes al instalar un alambrado eléctrico. Este acto, que requerirá hasta 35 años para restaurar el ecosistema afectado, fue un estandarte del mal manejo ambiental y resaltó la necesidad de sancionar el ecocidio. Este caso fue relevante ya que por primera vez se utilizó el término “ecocidio” en la jurisprudencia argentina, demostrando cómo la realidad impulsa el avance del derecho.
Argentina, estando actualmente en una encrucijada, puede formar parte de un grupo de países como Brasil y Chile que ya están avanzando para sancionar el ecocidio en sus legislaciones respectivas. La ciudadanía ha dejado clara su postura al firmar masivamente la petición de Change.org, manifestando que la destrucción ambiental debe ser considerada un crimen.
Finalmente, el evento también rindió un homenaje al Papa Francisco por su compromiso ambiental a través del Movimiento Laudato Si, subrayando la influencia de líderes religiosos en la concienciación y protección del medio ambiente.
Para quienes deseen colaborar con esta importante causa, las firmas aún pueden ser añadidas en la plataforma Change.org a través del enlace change.org/LeyEcocidio. Con la cooperación de actores nacionales e internacionales, Argentina podría sentar un precedente significativo en la defensa del medio ambiente y la lucha contra el ecocidio.
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Día Mundial del Medio Ambiente: se hará un evento para pedir la incorporación del ecocidio como delito en el Código Penal 

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el próximo miércoles 5 de junio se llevará a cabo un evento público en el Congreso de la Nación Argentina para visibilizar la urgente necesidad de que el país incorpore el crimen de ecocidio en su legislación penal. Durante la jornada se hará la entrega oficial a la diputada Margarita Stolbizer de las firmas ciudadanas reunidas a través de la petición “Argentina necesita una Ley de Ecocidio: ¡Que la destrucción ambiental sea un delito!”.
Cabe destacar que Argentina será sede de un diálogo internacional que abordará el desarrollo del marco normativo nacional a partir de experiencias concretas en países donde el ecocidio ya es ley. Estará presente Patricia Willocq, directora de Stop Ecocidio en países francófonos, quien fue parte del proceso legislativo que llevó a Bélgica a incorporar esta figura penal esencial.
El encuentro, titulado “Delitos Ambientales y Ecocidio: Encuentro Internacional Camino a la Ley en Argentina”, se desarrollará desde las 15:00 hs en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). Contará con la participación de representantes internacionales como Jojo Mehta, cofundadora de Stop Ecocidio; legisladores de Colombia y Perú, y expertos jurídicos de América Latina.
La agenda incluye paneles sobre experiencias internacionales, análisis de proyectos legislativos locales y un homenaje al Papa Francisco por su compromiso ambiental a través del Movimiento Laudato Si’.
Durante el evento también se hará la entrega simbólica de todas las más de 47 mil firmas reunidas en change.org/LeyEcocidio en apoyo a que la Justicia Ambiental sea ley en nuestro país.
El acto contará con la presencia de organizaciones ambientales, referentes académicos, especialistas en derecho penal ambiental y defensores del medio ambiente. Se presentará también el anteproyecto de ley elaborado por el doctor Miguel Ángel Asturias, director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), que adapta la definición internacional de ecocidio al marco jurídico argentino.
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Fallo judicial ordenó frenar desmontes ilegales en el Espinal entrerriano

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


En una sentencia que sienta precedente, una jueza de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en zonas protegidas del bosque nativo. Se reconoció la responsabilidad ambiental de los actores involucrados.
La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en áreas del Espinal entrerriano protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El fallo, considerado como ejemplar en lo fáctico y jurídico, también reconoció la responsabilidad ambiental de personas y empresas implicadas, y exhortó al Estado provincial a actuar con urgencia en la resolución administrativa del conflicto.
La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de Entre Ríos, Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representada por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, por desmontes ilegales en tres lotes identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278.
Las parcelas están categorizadas como zonas rojas (I) y amarillas (II) dentro del OTBN, lo cual prohíbe expresamente cualquier tipo de desmonte, salvo en casos excepcionales con aprobación previa, la cual no existía en este caso.
En su resolución, la magistrada se basó en evidencias técnicas contundentes, entre ellas:
-Mediciones de un agrimensor, que detectó franjas de 50 a 60 metros abiertas en el monte, presentadas falsamente como cortafuegos.
-Un informe técnico de la UADER, que confirmó que los desmontes comenzaron en junio de 2024, mientras Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso por comodato.
-La desestimación del peritaje de Cian, por su falta de rigor técnico, señalada por la Fundación.
-Se destacó además la aplicación del principio preventivo, para evitar mayores daños, al constatarse el desmonte ilegal de al menos 125 hectáreas.
-La jueza también exhortó al Estado provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo N° 3.010.683 iniciado por los responsables del desmonte, y a informar sobre los avances judiciales.
Desde Fundación CAUCE celebraron la sentencia como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y la Constitución Provincial, destacando que sienta un precedente valioso en la protección del patrimonio natural entrerriano.
“Continuaremos trabajando para garantizar la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y que se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, expresaron desde la organización ecologista. 
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Auditoría sobre el Riachuelo: “No se puede monitorear lo que no se mide”

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Portal NoticiasUrbanas
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
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Lomas de Olmedo: La Justicia ordena medidas por el pozo petrolero fuera de control

Fecha de Publicación: 30/05/2025
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Tras la audiencia convocada por la fiscal María Sofía Fuentes, se exigió a la empresa President Petroleum un plan de contingencia inmediato. 
La Justicia ordenó ayer una serie de medidas urgentes para contener el grave daño ambiental generado por el pozo petrolero Lomas de Olmedo x-10 (LO-x10), operado por President Petroleum S.A., ubicado en el área de Puesto Guardián, en el noreste salteño. La decisión judicial surge a raíz de una audiencia convocada en el marco del Plan Piloto de Oralidad, solicitada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien interviene en la causa tras múltiples denuncias por derrames de hidrocarburos y emisiones de gases sin control.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y resolvió, entre otras medidas, intimar a la empresa a presentar un plan de contingencia inmediato, ampliar el perímetro de seguridad del pozo, designar un responsable técnico del operativo, y crear un Comité de Crisis con intervención de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. La empresa, que fue debidamente notificada, no se presentó en la audiencia.
Entre las resoluciones más importantes dictadas por el juez se destacan:
- La presentación urgente de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
- La entrega de un diagnóstico de impacto ambiental en el corto plazo y un estudio de impacto ambiental y social en el mediano.
- La formulación inmediata de un plan de contingencia para contener el pozo y sus derrames, y la ampliación del perímetro cercado ante el riesgo de hundimiento del terreno, según advirtió el perito del CIF, José Luis Manzano.
- La designación de un nexo técnico con las autoridades, con canal de comunicación permanente.
- Todos los gastos deberán ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.
La Secretaría de Minería y Energía de Salta deberá constituir de inmediato un Comité de Crisis y presentar el contrato de concesión y sus antecedentes de los últimos 12 meses.
Todas estas medidas deben cumplirse en los plazos fijados bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
La resolución judicial llega tras la creciente alarma ambiental por el pozo LO-x10. Según las denuncias de vecinos, el pozo está fuera de control desde 2023 y ha derramado hidrocarburos sobre suelos, cursos de agua, vegetación y ganado de la zona. Las erupciones se intensificaron en las últimas semanas, con imágenes viralizadas que evidencian columnas de gas y petróleo brotando violentamente del terreno.
Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, fue uno de los primeros en denunciar la situación. Afirmó que los derrames provocaron la muerte de cerca de 300 animales, incluidos vacunos, caballos, zorros y aves silvestres. El impacto alcanzó napa freática, flora nativa y aguas superficiales contaminadas con espuma blanca y olor a gasolina.
Las críticas de los pobladores no solo apuntan a la empresa operadora, sino también a la pasividad de los organismos estatales competentes. El antecedente más temido es el del pozo Martínez de Tineo 14, también en Puesto Guardián, que estuvo fuera de control entre 2006 y 2010 y requirió más de seis años para su sellado definitivo tras un largo proceso judicial con YPF y otras operadoras.
El cuadro se agrava por la delicada situación económica de President Petroleum. En 2024, la compañía de capitales británicos se presentó en concurso preventivo de acreedores, con una deuda de 61,3 millones de dólares. Esta falta de solvencia pone en duda su capacidad para afrontar los costos millonarios que implica el cierre técnico de un pozo descontrolado, que requiere equipos especializados, insumos y personal calificado.
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional - Salta


El rey del real estate argentino, cercano a Javier Milei, controla la empresa agropecuaria Cresud. Un informe internacional sostiene que la compañía es una de las grandes deforestadoras del Gran Chaco y que el banco español financia su expansión a pesar de sus propias políticas ambientales.
 Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.  
El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio.
Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas.  
Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.
Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness.
El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.
“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó.
En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.
elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.
Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores.
De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.
“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.   

“Bienes raíces agrícolas”
Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.
Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.
En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.
Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.
“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

El rol de Santander
El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.
“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.
Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.
 El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.
“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende.
Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.   
Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.
elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.
Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.
 La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.
Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo.
Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.   
Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”.
El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.
La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020.  
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