Chaco, primera y única provincia del NEA que se defiende de acusaciones de desmontes

Fecha de Publicación: 05/08/2025
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco


En los pasillos del Ministerio de Producción de Chaco, es un secreto a voces que causó malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión –lanzada a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube—trascendió que el titular de la cartera productiva chaqueña tomó al toro por las astas y habría dicho: "Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia", dicen haberlo dicho expresar.

Carta documento
A los pocos días, Agroperfiles pudo confirmar en off que Oscar Pablo Dudik resolvió enviar una carta documento a la AAA.
 "Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

Sobre la presión contra la jueza Niremperger
A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a "…poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan —sean civiles, penales o administrativas— incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas.

Rechazo de plano
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el Gobierno de la Provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas —desde ya contraria a la realidad— resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental".
Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial chaqueño promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del Gobierno Provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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Atanor en San Nicolás: una historia de contaminación e impunidad

Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Buenos Aires


La planta de Atanor en San Nicolás fue clausurada por segunda vez tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Demuestra la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución.
 Hace unos días, autoridades de la provincia de Buenos Aires ordenaron la clausura preventiva total de la planta de Atanor en San Nicolás tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Fue detectado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) tras una inspección en junio pasado. Esta es la segunda clausura en menos de dos años, y demuestra, una vez más, la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución pese a las reiteradas denuncias de contaminación contra la empresa durante décadas en la localidad bonaerense.
El escandaloso accionar de esta empresa ha expuesto a la comunidad de San Nicolás a la contaminación ambiental en varias oportunidades, dejando a la población en un estado de permanente riesgo y vulnerabilidad. Entre ellos, el daño irreversible al Río Paraná reconocido en un fallo judicial en 2023 y producto de una causa iniciada por los vecinos de San Nicolás hace más de una década, quienes con esfuerzo y coraje han buscado justicia todo este tiempo frente a la indiferencia institucional.
En las muestras tomadas el mes pasado, provenientes del vuelco clandestino y analizadas por ADA, se detectaron más de 30 sustancias contaminantes, entre ellas glifosato, atrazina y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, entre otros, lo cual confirma que efectivamente se trataba de efluentes industriales. Esto no es un accidente ni una falla aislada: es la expresión de una irresponsabilidad sistemática, agravada por el hecho de que la empresa solo contaba con autorización para descargar efluentes cloacales. A su vez, en las muestras se encontraron niveles por sobre los parámetros legales de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, lo cual evidencia el desprecio por las normativas vigentes y la salud pública.
La Autoridad del Agua ordenó hace semanas la clausura preventiva, el cierre del ducto industrial y la limpieza del líquido contaminante, además de exigir un plan para desmantelar la planta. Además, el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y egreso de camiones.
Para Atanor, la contaminación ambiental es historia conocida. La planta ya había sido responsable de una explosión en su reactor de atrazina en marzo del año pasado. Producto de dicha explosión, un equipo de Greenpeace tomó muestras en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de la planta. Los resultados fueron contundentes: había presencia de atrazina, un agroquímico altamente contaminante. En los últimos días y en el marco de la nueva clausura, fueron citados a indagatoria los gerentes y un representante legal de la empresa por dicha explosión, imputados penalmente por delitos graves como contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública y violaciones a las leyes de residuos peligrosos y de ambiente.
A raíz de las denuncias y la presión ejercida por los vecinos a lo largo de más de una década, la empresa finalmente anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva hacia otras plantas que tiene en el país, en las ciudades de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Sin embargo, en el predio de San Nicolás quedaría en funcionamiento un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar. Esta situación aún representa un riesgo persistente para la salud y el ambiente local que no podemos pasar por alto: trasladar el problema no es una solución sino una forma de perpetuar la contaminación y el peligro para las comunidades. Además, la presencia de este centro mantendrá la circulación de sustancias peligrosas en una zona que ya cuenta con graves antecedentes de contaminación.
En el marco de la relocalización, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires también exigió que Atanor lleve adelante un plan urgente de remediación ambiental en San Nicolás, advirtiendo que la empresa tiene una responsabilidad indeclinable. Este reclamo debe ser escuchado y cumplido.
Atanor es un claro ejemplo de impunidad, que ha generado graves daños al ambiente y a la comunidad nicoleña durante años. Si bien se espera que el proceso de relocalización le lleve tiempo a la empresa, no podemos permitir que evada su responsabilidad por los pasivos ambientales que dejará en San Nicolás, tal como ya ocurrió en otras localidades dónde se retiró sin hacerse cargo de los costos ambientales que dejó atrás su producción.
Desde Greenpeace, seguiremos de cerca las operaciones de esta empresa, que se irá de San Nicolás dejando atrás décadas de contaminación y daño hacia el ambiente y la comunidad. La relocalización no puede ser un escape para evadir responsabilidades. La defensa del ambiente y el acompañamiento a la comunidad seguirán siendo prioridad.
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El Congreso sigue en silencio frente a la crisis ambiental

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La agenda ambiental en el Congreso de la Nación atraviesa un preocupante estancamiento. En lo que va de 2025, ninguna de las dos cámaras legislativas logró sancionar leyes vinculadas al cuidado del ambiente, constató AIM tras acceder al último informe del Círculo de Políticas Ambientales.
Según pudo saber AIM, el balance legislativo del primer semestre muestra una clara falta de avance: los proyectos se acumulan en comisiones, sin dictamen ni tratamiento en el recinto. Incluso las reuniones informativas, cuando se realizan, no derivan en acuerdos sustantivos ni movimientos concretos.
Entre las iniciativas paralizadas se destacan:
-La prórroga del régimen de promoción de energías renovables, que vence a fin de año.
-La ley de envases con inclusión social y la gestión de neumáticos fuera de uso.
-La trazabilidad pesquera.
-La creación de una norma federal para la evaluación de impacto ambiental.
“Nunca vimos tan poca actividad. No hay debate, los proyectos no avanzan y las reuniones informativas quedan en la nada”, advirtió María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, en declaraciones recogidas en el informe al que tuvo acceso AIM.
Desde el organismo remarcaron que el Congreso tiene una responsabilidad ineludible: legislar con una mirada estratégica y de largo plazo en materia ambiental. Sin embargo, el panorama actual muestra un rol legislativo debilitado y sin rumbo.
Supo AIM que organizaciones de la sociedad civil y referentes del sector ya alertaron sobre las consecuencias de esta parálisis institucional, que compromete los compromisos internacionales del país y frena la transición hacia un modelo sostenible.

 Para leer el informe completo, acceder al siguiente link.
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La Justicia ratificó la realización de la audiencia pública de PSJ Cobre Minero en Uspallata

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La Justicia provincial ratificó la realización de la audiencia pública del proyecto minero PJS Cobre Mendocino, que se llevará adelante el próximo sábado 2 de agosto, en las inmediaciones del yacimiento, en la alta montaña de Uspallata.
La Asociación Civil Oikos Red Ambiental y el exsenador provincial Marcelo Romano presentaron acciones de amparo ambiental para que se ordene como medida cautelar la suspensión de la audiencia pública y la autoridad ambiental minera convoque otra en un “lugar de fácil acceso” como el centro urbano de Uspallata.
Particularmente la ONG sostenía que se generaba “un daño irreparable a los derechos colectivos de participación ciudadana efectiva, acceso a la información pública y a un ambiente sano, consagrados en el Acuerdo de Escazú”.
La jueza Cecilia Landaburu, del Tribunal de Gestión Nº 2, respondió que “según surge del informe evacuado por la parte demandada, toda la documentación técnica del proyecto —incluyendo el Informe de Impacto Ambiental, dictámenes de organismos provinciales y nacionales e informes sectoriales— está disponible en el sitio oficial de la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental”.
“Por otra parte, se ha dispuesto que los oradores intervendrán en orden cronológico según su inscripción. Primero, lo harán quienes participen de manera presencial y, una vez finalizadas esas exposiciones, será el turno de los inscriptos en la modalidad virtual. El listado de oradores y el cronograma se publicarán en los sitios oficiales del Gobierno”, agregó.
Luego, añadió más detalles de la audiencia pública y afirmó que “para quienes deseen seguir el evento sin intervenir, la audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente”.
“A la luz de lo arriba transcripto, no advierto prima facie el humo de buen derecho que justifique la procedencia de la medida bajo análisis, siendo insuficiente el simple temor subjetivo de los peticionantes, quienes no han aportado elementos ajenos a su mera subjetividad, que permitan tener por acreditado que existe un riesgo cierto de afectación a los derechos a la información y a la partición política de los amparistas”, sostuvo la jueza-
Y completó: “Como consecuencia de lo expuesto y siendo innecesario entrar al análisis de los demás requisitos que determina la ley para la viabilidad de una medida precautoria, corresponde el rechazo de la misma”.
Este martes la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró el fallo citando el principal argumento de la jueza y afirmó que “la audiencia sigue en pie”.
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Un fallo histórico prohíbe la caza deportiva de fauna nativa en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: Portal LaTeclaPatagonia
Provincia/Región: Santa Cruz


La Cámara de Apelaciones de Río Gallegos falló a favor de una acción de amparo interpuesta por la Asociación Pumakawa que prioriza la conservación de las especies nativas y ordena buscar alternativas a la caza deportiva
Con un histórico fallo, la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos puso un freno a la caza deportiva de especies silvestres como pumas y zorros. La Cámara falló a favor de una acción de amparo que había interpuesto la Asociación Pumakawa y ordenó al Consejo Agrario Provincial (CAP) priorizar la conservación de las especies nativas y buscar alternativas a la caza deportiva.
Según información publicada en Ahora Calafate, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictó sentencia en el marco del expediente "Asociación Civil Reserva Natural 'Pumakawa' c/Consejo Agrario Provincial s/Amparo ambiental", donde revoca parcialmente una decisión de primera instancia y establece un nuevo marco para la regulación de la caza en la provincia.
En 2024, la Resolución N° 117 del CAP autorizaba la caza deportiva de pumas, guanacos, zorros grises y zorros colorados. Si bien un fallo de primera instancia, de mayo de este año, indicaba que dicha resolución había perdido vigencia porque terminó la temporada de caza deportiva, solicitaba "fijar ciertos estándares en materia ambiental de las futuras Disposiciones del CAP".
Este año, el CAP emitió otra resolución, la N°138, que excluye a estos animales del listado de especies habilitadas para la caza deportiva 2025. Ahora, el fallo de la Cámara respalda esa decisión con una orden judicial. 
El fallo al que accedió Ahora Calafate ordena al Consejo Agrario Provincial en primer lugar, "buscar alternativas a la caza deportiva de pumas, zorros y guanacos conforme los estudios científicos que esta Cámara detalló en los considerandos".
Desde Pumakawa destacaron que el fallo "deja algo claro y contundente: El Consejo Agrario Provincial deberá adecuar sus futuras normativas a las previsiones constitucionales y convencionales en materia ambiental".
La decisión judicial también indica que "para el caso de continuar con la reglamentación de la caza de pumas, zorros y guanacos, previamente deberán realizarse estudios tendientes a la preservación y aprovechamiento de la fauna autóctona y exótica efectuando una evaluación cualitativa y cuantitativa de las distintas especies que pueblan la provincia que permitan el aprovechamiento racional del recurso natural faunístico, a fin de mantener el equilibrio ecológico, la biodiversidad y el desarrollo sustentable".
Integrantes de la Asociación Civil Reserva Natural "Pumakawa" consideraron que “esta no es una victoria menor. Es un mensaje directo al Estado: la vida silvestre no puede seguir siendo tratada como un blanco de tiro legalizado". 
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Peligra la causa contra la Mafia del Desmonte: Niremperger se declaró "incompetente" y alertan riesgo de impunidad

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal.
Petición ambientalista. Detrás de esta maniobra está la presión directa de la #MafiaDelDesmonte sobre la justicia federal.
Organizaciones ambientales y comunidades del Chaco denuncian que la causa que investiga a una red de desmontes ilegales podría quedar en manos de juzgados locales, más expuestos a presiones políticas y económicas. Reclaman que la Cámara Federal de Resistencia revierta la decisión.
La investigación que sacó a la luz las operaciones ilegales de desmonte en el Chaco —conocida como la causa contra la Mafia del Desmonte— está en riesgo de desarticularse. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente” para continuar con el expediente, pese a la existencia de pruebas que vinculan a empresarios, funcionarios y operadores judiciales en una trama delictiva compleja y con impacto ambiental masivo.
La decisión de Niremperger habilita que la causa se fragmente y pase a la órbita de juzgados provinciales, algo que desde distintas organizaciones consideran “una maniobra funcional a la impunidad”. Señalan que esos fueros son más permeables a presiones de sectores económicos interesados en seguir desmontando tierras protegidas por la Ley de Bosques y habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
“La justicia federal debe sostener su competencia en esta causa si se quiere llegar a los responsables reales. Si se pierde, se abren las compuertas para más desmontes, más violaciones de derechos humanos y más expulsiones de familias del campo chaqueño”, afirmaron desde las organizaciones que impulsan la investigación.
Además, advierten que la presión para desactivar la causa proviene directamente de los actores denunciados: “Estamos viendo cómo la #MafiaDelDesmonte opera también sobre el sistema judicial para garantizar su impunidad”, agregaron.
Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal. Diversas agrupaciones sociales, ambientales y territoriales iniciaron una campaña pública para exigir que no se frene la causa.
 “El monte nos necesita y esta causa puede marcar un antes y un después en la lucha contra el ecocidio en el norte argentino. Es ahora o nunca”, sostienen desde las comunidades que firmaron la petición, disponible en este enlace.
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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Pampa del Indio: se sacó fotos con un puma muerto y fue detenido por caza furtiva

Fecha de Publicación: 22/07/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


La imagen viralizada en WhatsApp permitió identificar al sospechoso. Secuestraron armas blancas, un aire comprimido y restos de otro animal silvestre.
La secuencia se inició cuando la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental tomó conocimiento de la imagen, ampliamente difundida a través de WhatsApp. En ella, se observa a un hombre sosteniendo en sus brazos a un ejemplar de puma concolor, aparentemente cazado en un área rural de la localidad chaqueña.
A partir del trabajo investigativo, los efectivos identificaron al sujeto como A.M., alias «Curo», y a un presunto cómplice, P.L., apodado «Pauli», ambos residentes del Barrio La Alegría, en Pampa del Indio. Según la información recabada, el puma habría sido abatido en un campo propiedad de O.I., alias «Pinocho».
Con los elementos reunidos, la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín ordenó allanamientos en los domicilios de los involucrados. En la casa de A.M., los agentes detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, un rifle de aire comprimido, un machete corto, dos puñales, un serrucho grande y un cuero de carpincho, otro animal protegido por la normativa de fauna silvestre.
El detenido fue examinado por personal médico y quedó alojado en la Comisaría de General San Martín, a disposición de la fiscalía interviniente. La investigación sigue su curso, y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

Protección de fauna: un delito penal
El Puma concolor es una especie protegida por la Ley Nacional N.º 22.421, que prohíbe su caza, captura y tenencia sin autorización. Las autoridades recordaron que la caza furtiva es un delito penal y reiteraron el llamado a la población a no difundir ni participar de actos que atenten contra la fauna silvestre.
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Exigen un “urgente plan” de remediación ambiental tras la salida de Atanor de San Nicolás

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


El pedido fue realizado desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. Piden a la provincia “diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados”. 
Ante la reciente salida de San Nicolás de la empresa de agroquímicos Atanor, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ)  hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” plan que la empresa lleve a cabo un plan de remediación ambiental.
Desde el organismo pidieron que Atanor cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
En ese marco, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación” indicaron.
Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Los antecedentes de Atanor señalados por el Consejo Profesional de Química
Desde la entidad profesional recordaron que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso “la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná”.
La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron “la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país)” así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a esto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años” sostuvo.
Y se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?” cuestionó.
Además dejó otros interrogantes: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?” advirtió.
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Aplican multa millonaria y clausuran un centro de acopio de bidones vacíos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno cerró un centro de acopio de envases vacíos de agroquímicos ubicado cerca de Aranguren. Aplicó una multa de más de $46 millones a su dueño.
Luego de un exhaustivo proceso, que se inició el año pasado, el gobierno provincial cerró un centro clandestino de acopio de bidones vacíos de fitosanitarios, también conocidos como agroquímicos, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, en las cercanías de Aranguren, departamento Nogoyá. La multa a su titular supera los 46,274 millones de pesos. 
 La intervención, realizada entre el 22 y el 24 de mayo de 2024, conto con la participación clave de expertos de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico (incluyendo su Brigada Ambiental), la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo y la Asociación Civil Campo Limpio.
En esa oportunidad se encontraron una gran cantidad de envases almacenados ilegalmente en instalaciones sin la habilitación correspondiente, pero que funcionó normalmente durante décadas. Luego de tres días de intenso trabajo, se retiraron y enviaron a disposición final toneladas de plástico contaminado, evitando que fueran derivados al chipeo y reciclado, una práctica peligrosa que había tenido lugar durante un largo tiempo en otro sitio cercano, propiedad de los mismos responsables.

Con los envases contaminados hacían objetos de uso cotidiano
Con dicho plástico reciclado, pese a su alta peligrosidad, elaboraban nuevos objetos de uso cotidiano. Los envases relevados y clasificados fueron trasladados a un Centro de Acopio Transitorio (CAT), con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y una disposición final segura, a instancias de Campo Limpio, que tiene asignada por ley la responsabilidad de la gestión de los envases.
Ya en 2024 se impuso una suspensión provisoria de toda actividad en el establecimiento, lo que derivó en un sumario administrativo que concluyó recientemente. Como resultado, mediante resolución número 1220, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, dispuso la clausura definitiva del predio, la imposición de una multa superior a los 46 millones de pesos al titular del establecimiento, y la obligación de presentar un plan de remediación y recomposición ambiental.
Las sanciones impuestas fueron por infracciones a normativas clave como la Ley de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279). Además, el plan de remediación ambiental del predio exigido resulta crucial para evaluar y revertir el impacto de la contaminación, buscando restablecer el ambiente a su estado original. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades judiciales toda la información correspondiente a esta grave infracción ambiental.
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Fauna nativa en riesgo: la mercantilización de la vida silvestre no es desarrollo

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro 


La reciente ley que habilita la cría y comercialización de fauna nativa en Río Negro representa un grave retroceso en soberanía y protección ambiental. Es urgente defender la biodiversidad y los derechos de las comunidades frente a este avance extractivista. 
La Legislatura de Río Negro aprobó una nueva Ley de Fauna que, lejos de ser un avance, representa un serio retroceso en materia ambiental y de soberanía sobre nuestros bienes comunes. La norma habilita la cría, comercialización y exportación de fauna nativa -incluyendo material genético- con fines comerciales. Y lo hace en un contexto de desguace institucional, debilitando los controles provinciales y desprotegiendo tanto la biodiversidad como los territorios de nuestras comunidades indígenas y rurales. 
El desmantelamiento del cuerpo de guardafaunas es un hecho alarmante. Cinco agentes y tres vehículos para custodiar más de 200.000 km2 no es un sistema de fiscalización, es una ficción. Es una puerta abierta al tráfico ilegal, a la caza furtiva y al deterioro irreversible de especies únicas de nuestro ecosistema. No estamos hablando sólo de animales: estamos hablando de equilibrio ecológico, de soberanía, de identidad y de futuro. 
Esta ley, impulsada por el Ejecutivo provincial y defendida por sectores oficialistas, no fue discutida con la profundidad que amerita. No convocó a las Universidades Nacionales, ni al CONICET, ni a las comunidades mapuche-tehuelche cuyos territorios se verán directamente afectados. ¿Cómo hablar de sustentabilidad si se excluye a quienes cuidan y habitan esos ecosistemas desde hace siglos? 
Además, al borrar los límites entre criaderos de especies nativas y cotos de caza exótica -como el habilitado por capitales de Emiratos Árabes Unidos en el Alto Chubut- la ley avanza sobre una zona gris muy peligrosa. El riesgo de convertir la Patagonia en un territorio de laboratorio y de lucro para intereses ajenos a nuestras comunidades es real. 
Sabemos que el país y la provincia atraviesan momentos difíciles. Pero el ajuste no puede hacerse sobre el patrimonio natural ni sobre los derechos colectivos. Privatizar la naturaleza no es un camino de desarrollo: es una forma encubierta de extractivismo, que termina beneficiando a unos pocos y empobreciendo a las mayorías. 
Como Senadora de la Nación, voy a seguir visibilizando este tipo de retrocesos. Porque no hay justicia social sin justicia ambiental. Y porque defender la fauna nativa es también defender nuestra historia, nuestra diversidad y la posibilidad de un futuro vivible para todos y todas. 

Por García Larraburu 

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Adiós fauna silvestre: Río Negro abre la temporada de caza

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Portal CanalAbierto
Provincia/Región: Río Negro 


La legislatura rionegrina aprobó una nueva ley de ¿protección? de la fauna autóctona con un trámite exprés sin consulta ni participación de la comunidad. La norma transgrede la Ley General del Ambiente y el Tratado de Escazú y pone a muchas especies a tiro de los cazadores.
“Esta ley abre de hecho la caza indiscriminada del guanaco, del choique y otras especies autóctonas porque ya no las considera caza furtiva”, sostiene en diálogo con Canal Abierto la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, respecto a la reciente sanción de una nueva ley de “des”protección de la fauna silvestre, impulsada por el gobernador Weretilneck. 
La mayoría automática de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura provincial aprobó con un trámite exprés la nueva norma que según el relato oficialista tiene el objetivo de establecer un marco legal actualizado para conservar la biodiversidad y regular las actividades vinculadas al manejo de especies, como la caza y la cría en cautiverio.
La norma, cuyo texto definitivo aún no ha sido publicado, viene a reemplazar la Ley 2056 de 1985 que declaró de interés público a la fauna silvestre, creó el Fondo Provincial para la Fauna Silvestre y el Cuerpo de Guardafaunas Provincial. A su vez, la legislación sancionada en la primavera democrática post dictatorial, definía como autoridad de aplicación a la Dirección de Fauna, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales. Desde hace más de un año, la subsecretaría de Fauna Silvestre pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, señalando el cambio de paradigma que en la nueva ley se plasma plenamente.
Desde la oposición, Odarda (Vamos con Todos), ex senadora nacional, sostuvo en el debate que la nueva ley “entiende a la fauna como objeto de explotación económica” y argumentó que “es menos protectora” que la norma que deroga lo que implica un retroceso. Obviamente, votó en contra y criticó el cambio de enfoque.  
Por su parte, el legislador Gustavo San Román de la bancada de JSRN, miembro informante, destacó que la ley define y clasifica a las especies silvestres según su estado de conservación -desde amenazadas hasta aptas para aprovechamiento sustentable- y establece procedimientos específicos para la introducción, extracción y liberación de ejemplares, así como también crea categorías claras para la cría y manejo en cautiverio.
Agregó que “se regulan con precisión las actividades de caza (denominadas “cinegéticas”), tanto deportivas como comerciales, científicas o de control poblacional, siempre bajo criterios de sostenibilidad y bienestar animal. También, se contemplan permisos especiales para casos de subsistencia en sectores vulnerables”, sostuvo en la sesión.

Objeción al tratamiento de la ley 
“Esta ley no tuvo el trámite reglamentario correspondiente”, señala Odarda. “Acá en Río Negro, un proyecto de ley se trata dos veces, en primera y segunda vuelta. Como tenemos una legislatura unicameral -no hay cámara de diputados y senadores-, los proyectos de ley primero se aprueban y luego hay un plazo para que la ciudadanía pueda opinar y hacer aportes. Después, vuelve a ser tratado en sesión legislativa y se sanciona en caso de que haya consenso o por mayoría”. 
En este caso se usó una excepción, el Ejecutivo puede presentar iniciativas con un acuerdo de ministros, que se tratan una sola vez y, ese mismo día, se convierten en ley.
De esta forma, “se limita la participación ciudadana porque no se le da la posibilidad a las organizaciones y a los ciudadanos de conocer y opinar respecto de la ley”, advierte la legisladora. “Este proyecto entró el lunes, un día antes de las comisiones, y el jueves se aprobó. No hubo tiempo de que las organizaciones proteccionistas, animalistas, ambientalistas, incluso los propios guardafaunas, que fueron los más perjudicados, se enteraran y pudieran participar”.

De la mano de Milei
En abril, poco antes del tratamiento exprés de esta ley, el Gobierno nacional autorizó la exportación de fauna silvestre, totalmente prohibida durante los últimos 40 años de democracia. “Este proyecto de ley sigue esa misma línea de flexibilización de todo lo que signifique preservación de la fauna silvestre autóctona. En este caso se cambia el paradigma de preservación a utilización comercial de la fauna silvestre”, sostiene Odarda.
A través de la Disposición 381/2025, firmada por el subsecretario de Ambiente Fernando Jorge Brom, cuyo expertise en la materia es el márketing, el Ejecutivo derogó una normativa que desde 1986 prohibía la exportación, comercialización y traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre.

Objeciones al contenido de la ley
“En su filosofía, la ley 2056 se enfoca en el concepto de protección en sí misma de la fauna silvestre, per se, no entendida como un objeto de explotación económica. Ahí está la diferencia ¿protegemos la fauna silvestre porque hay que protegerla tal como lo requieren la Constitución Nacional y los convenios internacionales? ¿o la protegemos como una cosa, un objeto con miras a su explotación con fines de lucro? Por eso decimos que hay un cambio de paradigma, de una política pública que intenta defender la fauna, a otra que la considera como un objeto de explotación económica”, argumenta Odarda. 
La sanción de esta norma viola el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (en América Latina y el Caribe) que desde 2020 es ley nacional (Ley 27.566). 
También viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) porque vulnera el principio de progresividad y de no regresión en materia ambiental. Este implica que las leyes y políticas ambientales deben avanzar hacia una mayor protección y mejora del ambiente a lo largo del tiempo, evitando retrocesos o disminuciones en los niveles de protección alcanzados. “El gobierno argumenta que la ley anterior es muy vieja, que tiene 40 años, sin embargo era mucho más proteccionista que esta ley”. 
“Estamos analizando con las distintas organizaciones judicializar esta decisión. Lo que sucede es que también han modificado el Código Procesal Constitucional, y prácticamente han eliminado de la figura del amparo colectivo que sería la herramienta fundamental para proteger un derecho colectivo como es el ambiente”, explica Odarda. “Imponen costas muy onerosas a los ciudadanos que interponen una acción de amparo para desalentar la participación ciudadana y el acceso a la justicia”.

Adiós a los guardafaunas
Actualmente el cuerpo provincial de guardafaunas cuenta con cinco trabajadores que deben abarcar un área de más de 200 mil kilómetros cuadrados con tres vehículos. El nuevo régimen sustituye la figura del guardafauna por la de inspectores de actividades comerciales “sin formación en derecho ambiental o en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las especies”. 
“¿Qué pasa con los actuales guardafaunas? No se sabe todavía, quedan en el aire”, advierte la exsenadora. “Actualmente son muy pocos para un territorio muy extenso, inclusive están trabajando guardafaunas honorarios, haciendo un trabajo voluntario hermosísimo y realmente efectivo. Yo denuncio en las sesiones que son muy pocos para lo que es la biodiversidad rionegrina. Imagínate que  también incluye la fauna marina, mamíferos como la ballena, delfines, las orcas, lobos marinos, etc.”
Entre sus responsabilidades está el control de 14 cotos de caza privados, según los eufemismos de la nueva ley: cotos de actividad cinegética. “Nadie conoce lo que está sucediendo en los cotos de caza. Si no hay guardafauna para inspeccionar y fiscalizar, ¿quién controla que dentro de un coto de caza no haya una especie protegida como es el huemul,  o el pudu pudu, que se comenzó a ver nuevamente”.
La nueva ley tiene como autoridad de aplicación el Ministerio de Desarrollo, poniendo de relevancia la mirada productivista que tiene la norma. Así, sale de la órbita de la ya desdibujada secretaría de Ambiente y Cambio Climático que funciona como un apéndice escuálido de la Secretaría de Energía y Ambiente. La semántica de los organigramas.

El guanaco en peligro
“Se le quitó la protección al guanaco de forma que se habilita su caza masiva. No es cierto que haya superpoblación y hay lugares donde no existen más, desde hace años se los erradicó por la caza furtiva, por la depredación que hubo sobre esta y otras especies”. 
Para la legisladora provincial, en la Legislatura se impuso el relato de un sector interesado, el de los grandes productores ovinos que hace mucho señalan al guanaco como el responsable de la desertificación de los campos. El CONICET señala que la desertificación se debe a la sobrecarga que se hace sobre los campos, al desmonte y a otras prácticas humanas. “El guanaco es una especie que ha estado toda la vida allí. Ha sido el sustento de los pueblos indígenas en toda la Patagonia y en Río Negro en particular. Decir que el guanaco es plaga es una gran mentira para justificar todo esto”.
“El resultado es la privatización de la fauna a través de los cotos de caza, que cada vez son más. Voy a presentar un proyecto para prohibirlos en Río Negro”. Y resume: “esta es una ley absolutamente regresiva en materia ambiental. Es inconstitucional por no haber garantizado la participación ciudadana ni el derecho a la información para poder legislar sobre una materia ambiental”, concluye la legisladora. 
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Proponen una ley para prevenir los sismos provocados por el fracking en Neuquén

Fecha de Publicación: 18/07/2025
Fuente: Portal NeuquenNews
Provincia/Región: Neuquén


El Observatorio de Sismicidad Inducida impulsa un marco legal inédito para regular los riesgos sísmicos vinculados a la fractura hidráulica en Vaca Muerta.
El Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI), una organización científica independiente con sede en la Patagonia, presentó este lunes un proyecto de ley integral para la prevención de la sismicidad inducida en la provincia del Neuquén. La propuesta busca establecer un marco legal que regule y minimice los impactos sísmicos generados por el fracking, técnica ampliamente utilizada en la explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta.
Según la información difundida, desde 2018 se han registrado más de 500 eventos sísmicos asociados a la actividad industrial en la región, sin que exista hasta ahora una normativa específica que regule el fenómeno ni mecanismos de prevención obligatorios.
“Neuquén ha registrado más de medio millar de sismos inducidos desde 2018. No podemos seguir sin un marco legal que proteja a la población, la infraestructura crítica y el ambiente”, señalaron desde el OSI.

Puntos clave del proyecto
La propuesta contempla una serie de medidas concretas orientadas a la prevención, monitoreo y control de la sismicidad inducida, con especial énfasis en la protección de zonas sensibles. Entre los principales ejes se destacan:
- Protocolo de semáforo sísmico: establece umbrales de magnitud e intensidad sísmica que, al ser superados, obligan a suspender operaciones o aplicar medidas técnicas inmediatas.
- Zonas de exclusión de 15 kilómetros alrededor de áreas críticas como centros urbanos, escuelas, hospitales, represas, oleoductos y gasoductos.
- Monitoreo sísmico obligatorio en tiempo real, acompañado de evaluaciones de riesgo antes de cada operación de fractura hidráulica.
- Acceso público a la información y participación ciudadana, con el objetivo de garantizar transparencia en la toma de decisiones.

Un aporte técnico con alcance social
El documento, según explicaron sus autores, incluye fundamentos científicos, referencias a legislaciones de otros países y está redactado en un lenguaje accesible, pensado para llegar tanto a la ciudadanía como a sectores técnicos, académicos y políticos.
La iniciativa es presentada como un insumo técnico no partidario, disponible para ser debatido y adaptado tanto en la Legislatura como en otros ámbitos institucionales.

Sobre el OSI
El Observatorio de Sismicidad Inducida se formó en 2019 con el objetivo de monitorear de manera autónoma la actividad sísmica en la Patagonia argentina. Su equipo está compuesto por profesionales de distintas disciplinas y su trabajo no está vinculado a empresas, partidos ni gobiernos. Su misión —afirman— es generar conciencia sobre los impactos socioambientales de la gran industria energética en el territorio.

¿Y ahora qué sigue?
El proyecto fue puesto a disposición de legisladores, funcionarios, universidades, medios de comunicación, organizaciones sociales y cámaras empresariales. Desde el OSI manifestaron su voluntad de abrir el debate público y científico sobre una problemática que, aseguran, seguirá creciendo en la medida en que se intensifique la explotación no convencional en Vaca Muerta.
En un contexto de creciente actividad extractiva, la propuesta plantea una pregunta urgente: ¿puede seguir desarrollándose el fracking sin un marco legal que contemple sus efectos sísmicos? El debate está abierto.
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Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por grave contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires clausuró preventivamente la planta de Atanor en San Nicolás tras detectar, durante una inspección realizada el 9 de junio, una grave violación a las normas ambientales. Los análisis de laboratorio confirmaron el vertido ilegal de efluentes industriales con altos niveles de agroquímicos (como glifosato, atrazina y clorpirifos) y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, entre otros) directamente al Río Paraná. La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales.
Vecinos, organizaciones como FOMEA y Greenpeace habían denunciado la situación, que fue calificada como una acción deliberada y clandestina, con posibles consecuencias penales. Como respuesta a la presión social y legal, Atanor anunció el traslado de su producción, aunque mantendrá un centro logístico en el predio, lo que preocupa a la comunidad por el posible almacenamiento continuo de sustancias peligrosas.
Greenpeace y representantes legales de los vecinos exigen que la empresa asuma su responsabilidad por el daño ambiental generado, se impida el uso futuro del sitio para actividades con riesgo químico y se garantice una remediación integral del área afectada.
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Reclaman en La Pampa la urgente reglamentación de la Ley de Plaguicidas aprobada hace más de tres años

Fecha de Publicación: 14/07/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: La Pampa


Distintas organizaciones sociales, ambientales y rurales de La Pampa insistieron con el reclamo para reglamentar urgente la Ley de Plaguicidas.
Se trata de la N° 3288, sancionada en 2020 pero que todavía no tiene aplicación efectiva.
La normativa, que establece un marco para regular el uso de agrotóxicos en el territorio pampeano, sigue sin reglamentarse más de tres años después de su aprobación.

Ley de Plaguicidas: el reclamo por la salud y ambiente
El pedido fue impulsado por la Multisectorial Paren de Fumigarnos, integrada por comunidades afectadas, docentes, profesionales de la salud y productores agroecológicos.
Desde la organización advirtieron sobre las graves consecuencias del uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos en zonas rurales y periurbanas.
Señalaron que el uso masivo de herbicidas, fungicidas e insecticidas representa una amenaza concreta para la salud de la población, la biodiversidad y la calidad del suelo y el agua.
Además, recordaron que la ley establece la necesidad de delimitar zonas de resguardo ambiental, promover buenas prácticas agrícolas y realizar controles efectivos sobre la aplicación terrestre y aérea de productos químicos.
“La ley fue sancionada con amplio consenso, pero sin reglamentación es letra muerta. Exigimos que el Estado garantice el derecho a vivir en un ambiente sano”, indicaron en un comunicado público.

¿Qué establece la Ley de Plaguicidas de La Pampa?
La Ley Provincial N° 3288 propone una regulación integral del uso de plaguicidas en el ámbito agropecuario. Entre los puntos clave, contempla:
- Establecimiento de zonas de resguardo sin fumigación cerca de escuelas, viviendas y cursos de agua.
- Registro obligatorio de aplicadores y equipos.
- Capacitación obligatoria para quienes manipulan agroquímicos.
- Creación de un consejo asesor con participación de distintos sectores.
- Promoción de modelos productivos sustentables y alternativas a los agroquímicos.
Sin embargo, al no haberse dictado el decreto reglamentario, ninguno de estos artículos puede aplicarse de manera concreta, lo que deja un vacío legal frente al avance del modelo de agricultura intensiva.

Un llamado urgente a la acción
Las organizaciones pidieron al gobernador Sergio Ziliotto que avance con la reglamentación inmediata de la ley, y destacaron que los impactos del uso de plaguicidas ya son visibles en muchas comunidades rurales.
Indicaron que ya se registran afecciones respiratorias, dermatológicas y problemas en la fauna silvestre.
También solicitaron mayor “transparencia en la toma de decisiones”, participación ciudadana y una transición hacia modelos de producción agroecológica, menos dependientes de insumos químicos.
En un contexto donde el uso de plaguicidas en Argentina sigue creciendo, el caso de La Pampa se suma a una demanda nacional por regulaciones ambientales efectivas que prioricen la salud pública y la protección de los ecosistemas.
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Demandan a Santiago del Estero el daño ambiental de un canal donde se ahogaron miles de animales

Fecha de Publicación: 10/07/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Santiago del Estero


Las entidades denuncian la muerte de cientos de animales, contaminación del agua y fragmentación del hábitat en una de las regiones más amenazadas del planeta.
Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)— presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero por lo que consideran un “grave daño ambiental de incidencia colectiva” provocado por la obra del Nuevo Canal de la Patria.
La demanda busca que la Justicia ordene medidas urgentes y efectivas para mitigar el impacto ambiental de esta infraestructura, cuya construcción fue financiada por el Estado Nacional y ejecutada por el gobierno santiagueño.
El canal fue diseñado para abastecer de agua a poblaciones y fomentar el desarrollo ganadero en la región.
Si bien su primera versión —excavada en tierra a fines de los años 70— presentaba deficiencias técnicas y falta de mantenimiento, en 2020 se puso en marcha una nueva obra revestida en hormigón, con una extensión total de 250 kilómetros. Sin embargo, el rediseño, lejos de solucionar problemas, habría generado otros de gran magnitud.

Una trampa para la fauna
Según denuncian las organizaciones, el canal presenta paredes de hormigón resbaladizas y en pendiente, lo que impide que los animales que caen al agua puedan salir.
En apenas seis meses, se documentó la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies —entre ellas varias amenazadas— incluyendo osos hormigueros, tortugas terrestres, corzuelas, pecaríes, mulitas y matacos.
Es que, en rigor, la obra se emplaza en plena ecorregión del Chaco Seco, una de las zonas con mayor deforestación y degradación ambiental del mundo.
“El Canal de la Patria está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas“, advirtió Cristian Fernández, coordinador de Legales en FARN. 
El canal también representa un riesgo para la salud humana. Las organizaciones alertan que la gran mortandad de animales y su descomposición podrían contaminar el agua que consumen miles de personas.
“El acceso al agua segura, asequible y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas es un derecho humano fundamental, pero la infraestructura para garantizarlo no puede construirse sin el debido cuidado ambiental“, sostuvo Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
“Pedimos a la Corte Suprema que dictamine sobre esta obra llamada Canal de la Patria, que en realidad es el canal de la infamia“, subrayó.
En concreto, la demanda exige la elaboración y puesta en marcha de un plan de recomposición ambiental que contemple:
- Monitoreo de fauna muerta y calidad del agua.
- Zonificación del canal para identificar tramos críticos.
- Proyección de obras de mitigación y plazos para su ejecución.
- Un plan de gestión ambiental integral y evaluaciones periódicas.
“La demanda por daño ambiental se funda en una obra pública que ha sido mal diseñada —nunca se tuvo en cuenta los efectos graves que produce sobre los animales y la biodiversidad— y luego de construida nunca fue monitoreada ni corregida“, explicó José Esain, abogado patrocinante de las organizaciones demandantes.
“Nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 genera la obligación prioritaria de recomponer el ambiente. El canal debe existir porque cumple una función social, pero debe hacerlo sin comprometer la biodiversidad“, agregó el letrado.
El reclamo se presenta tras años de denuncias, informes científicos y exhortaciones oficiales que no lograron respuestas concretas. Entre ellas se destaca la Resolución N°53/24 de la Defensoría del Pueblo, que en diciembre pasado intimó al Gobierno Nacional y a Santiago del Estero a implementar medidas correctivas y de mitigación.
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Río Negro aprobó una nueva ley para la protección de la fauna silvestre

Fecha de Publicación: 09/07/2025
Fuente: Portal NoticiasRioNegro
Provincia/Región: Río Negro


La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría una nueva ley impulsada por el Poder Ejecutivo, que establece un marco legal, moderno y riguroso para la conservación de la fauna silvestre provincial. La norma busca garantizar el equilibrio ecológico, regular la actividad cinegética y establecer herramientas claras para el control, fiscalización y sanción ante infracciones ambientales.
El legislador Gustavo San Roman (JSRN) actuó de miembro informante y destacó que entre los principales ejes, la ley define y clasifica a las especies silvestres según su estado de conservación —desde amenazadas hasta aptas para aprovechamiento sustentable— e incorpora criterios científicos y técnicos para su evaluación. Además, establece procedimientos específicos para la introducción, extracción y liberación de ejemplares, así como también crea categorías claras para la cría y manejo en cautiverio.
Agregó que se regulan con precisión las actividades de caza (denominadas “cinegéticas”), tanto deportivas como comerciales, científicas o de control poblacional, siempre bajo criterios de sostenibilidad y bienestar animal. También se contemplan permisos especiales para casos de subsistencia en sectores vulnerables.
Por último, el legislador resaltó que es uno de los puntos salientes es la creación del Fondo Provincial para la Fauna Silvestre, que se nutrirá de aranceles, multas y aportes públicos o privados, y estará destinado exclusivamente a financiar acciones de preservación, investigación, control e infraestructura vinculadas a la biodiversidad faunística rionegrina.
La autoridad de aplicación tendrá la responsabilidad de habilitar criaderos, registrar operadores cinegéticos, coordinar investigaciones científicas y generar campañas de educación ambiental, en articulación con otros organismos.

Debate parlamentario:
Durante el tratamiento del proyecto, las voces legislativas expresaron distintas posiciones sobre el alcance y la implementación de la norma.
El legislador Facundo López (JSRN) defendió la iniciativa señalando que “venimos con esta ley porque escuchamos a quienes teníamos que escuchar: a las instituciones y a los pobladores”.
Subrayó que el nuevo enfoque no es comercial ni económico, sino que “plantea como objetivo claro el manejo sustentable de la fauna silvestre y sus hábitats”. Aclaró además que no se elimina el cuerpo de guardafaunas, sino que se redefine su denominación y que sus funciones “se mantienen e incluso se refuerzan en materia de fiscalización”.
Desde la oposición, Magdalena Odarda ( Vamos Con Todos) adelantó el voto negativo de su bloque argumentando que la normativa vigente “es más protectora de las especies animales” y cuestionó que el nuevo marco “entiende a la fauna como un objeto de explotación económica”, implicando un cambio de paradigma que —según señaló— no favorece la conservación.
José Luis Berros (Vamos Con Todos ) también votó en contra, cuestionando la falta de tiempo para trabajar el proyecto y rechazando lo que consideró un proceso de “mercantilización de la fauna autóctona”. Además, planteó la ausencia de una consulta real al cuerpo de guardafaunas.
En la misma línea crítica, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) acompañó el proyecto pero pidió mayor claridad sobre la situación laboral de los trabajadores del área y propuso elaborar una norma transitoria. Daniel Belloso (Partido Justicialista- Nuevo Encuentro) aunque acompañó el proyecto en general, también manifestó inquietudes por el escaso tiempo para discutirlo y por la indefinición del rol de los trabajadores.
Juan Murillo (Pro Unión Republicana) compartió las preocupaciones sobre la situación del personal: “Son muy pocos los recursos que tiene la provincia para cumplir tareas tan importantes como el control de la caza”. No obstante, valoró la actualización de la norma como un avance necesario.
Claudio Doctorovich (Pro Unión Republicana) y Fernando Furgoni (CC Cívica ARI Cambiemos) insistieron en la debilidad estructural del cuerpo de guardafaunas. El primero aseguró que “hay solo dos guardafaunas para todo el territorio y sin recursos”, mientras que Furgoni reflejó un pedido de la Sociedad Rural de San Antonio Oeste para reforzar controles y sanciones. Propuso además incorporar el principio de presunción de caza como herramienta contra la caza furtiva.
Desde el oficialismo, Soraya Yauhar destacó que la ley “busca un equilibrio entre la actividad humana y las distintas especies que habitan los ecosistemas”, y remarcó que fue elaborada en diálogo con productores y sociedades rurales. En la misma línea, Lorena Matzen (Unión Cívica Radical) sostuvo que la norma “moderniza el tratamiento de la fauna silvestre, equilibrando la mirada proteccionista con la sustentabilidad del ambiente”.
Fabián Pilquinao (Vamos Con Todos) señalo que acompaña la modificación y resaltó el impacto que tiene la fauna plaga sobre los pequeños productores, lamentando también la falta de programas nacionales que los contemplen.
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