Argentina en venta: el Gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El 5 % de las tierras rurales del país, 13 millones de hectáreas, está en manos de extranjeros. El gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan quitar todo límite y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. Es un paso más en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes de la extranjerización.
Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.
Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.
“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera. 
Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.
El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:
- Elimina los límites de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que, con la ley vigente, son: 15 por ciento del total de tierras a nivel nacional, provincial y municipal; 30 por ciento para propietarios de un mismo país.
- Elimina la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zona de alto valor estratégico (como la zona núcleo de la producción agropecuaria).
- Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o zona de frontera.
- Modifica el concepto de “titularidad extranjera” y habilita a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y personería jurídica con participación de capitales internacionales (hasta 51 por ciento de control extranjero, tras la modificación del gobierno de Mauricio Macri).
- Deja la prohibición para Estados extranjeros y empresas controladas por esos Estados.
- Deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
- Al mismo tiempo, elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, donde Nación y provincia debían definir una política nacional.
“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.
El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.
En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).
El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.
“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind. 

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales
La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.
“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.
De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.
En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.
El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.
En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.
Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.
“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes. 

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?
El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.
En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.
A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.
Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.
Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.
Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.
En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.
La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.
“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”. 
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Ecología dio marcha atrás y derogó el Registro Provincial de Infractores Ambientales

Fecha de Publicación: 20/07/2026
Fuente: Portal MisionesOpina
Provincia/Región: Misiones 


El Ministerio de Ecología de Misiones dio marcha atrás con una de las medidas más controvertidas de los últimos meses. A través de la Resolución Nº 248/26, firmada este 17 de julio, el ministro Martín Recamán dejó sin efecto la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que había sido establecido mediante la Resolución 182/26.
La decisión llega apenas horas después de que prácticamente todo el arco empresario, forestal y agropecuario de Misiones rechazara públicamente la iniciativa y cuestionara su constitucionalidad, anticipando incluso la posibilidad de llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el texto de la nueva resolución, el Ministerio sostiene que la Administración "ha reevaluado la medida adoptada originalmente" por razones de "oportunidad, mérito y conveniencia", y en consecuencia dispone dejar sin efecto la resolución que había creado el registro.
La norma no hace referencia a las impugnaciones presentadas por las entidades productivas ni reconoce expresamente los cuestionamientos jurídicos formulados, aunque la marcha atrás se produce en medio del creciente conflicto institucional que había generado la iniciativa.

Una fuerte reacción del sector privado
El RePIA había despertado un rechazo prácticamente unánime entre las principales organizaciones vinculadas a la producción.
La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) presentó una impugnación administrativa contra la resolución y sostuvo que el registro era inconstitucional por tres razones centrales.
En primer lugar, cuestionó que permitiera incorporar personas o empresas únicamente por tener un expediente administrativo abierto, sin una resolución firme que acreditara una infracción, lo que —según la entidad— vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso.
Además, advirtió que la resolución habilitaba la registración por incumplimientos de "normas complementarias", una redacción considerada demasiado amplia y generadora de inseguridad jurídica.
El planteo más delicado apuntó directamente a la competencia del ministro. Para AMAYADAP, el artículo 122 de la Constitución de Misiones no autoriza a un ministro a crear, mediante una simple resolución administrativa, un registro con efectos jurídicos sobre particulares y empresas.
Ese planteo fue respaldado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados, que coincidieron en señalar que la medida afectaba la competitividad y profundizaba la incertidumbre para el sector productivo.

Un conflicto que trascendía el registro
Aunque el RePIA fue el detonante, las entidades aprovecharon la discusión para expresar un malestar más amplio con distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología.
Entre los reclamos figuraban las demoras para obtener permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato, el programa REDD+ y la falta de participación de las organizaciones productivas en la elaboración de normas que impactan sobre la actividad económica.
La resolución firmada este viernes desactiva, al menos por ahora, el conflicto específico en torno al Registro Provincial de Infractores Ambientales y evita que la controversia continúe escalando en el plano judicial.
Sin embargo, la decisión también deja expuesto el peso que alcanzó la reacción conjunta del sector empresario y agropecuario, que logró que el Ministerio revocara una medida apenas días después de haber sido implementada.
Ahora resta saber si la derogación del RePIA abre una instancia de diálogo entre el Gobierno y las entidades productivas o si las diferencias sobre la política ambiental de la provincia continuarán manifestándose en otros frentes.
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Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, que habilita la compra de campos sin límites y los desalojos exprés, se trataría mañana en el Congreso. El escenario de votación es incierto. Según Ravier, la ley vigente “criminaliza” a los inversores del exterior.
El Gobierno aprovecha la semana de definición del Mundial para avanzar con la extranjerización de la tierra. El día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la que la administración de Javier Milei convalidó sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros”. “Una barbaridad que se deriva de su malicia o su ignorancia”, dijeron desde el Observatorio de Tierras de la UBA, además de advertir que es una ley a medida del capital norteamericano. El peronismo en el Senado busca bloquear el capítulo de extranjerización de las tierras.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno busca habilitar la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional. Se trata del proyecto de Federico Sturzenegger, que ya recibió más de una docena de modificaciones. La versión del dictamen que circula entre los senadores lleva el número 14 y da cuenta de las veces que el archivo fue modificado. “El texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones”, reveló una fuente del interbloque Popular a este diario, que adelantó que “probablemente se propongan los cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba”.
La tarde del martes, el oficialismo y la oposición encabezaron negociaciones frenéticas. Según pudo saber este diario, en el oficialismo los números aún no cerraban y había rumores de levantar una vez más la sesión. El peronismo, en cambio, trabajaba para bloquear el capítulo de extranjerización de la tierra. “Tenemos 35, nos falta un voto”, contó un senador al tanto del poroteo a Página12. En efecto, si la sesión transcurre sin ausentes, la oposición necesita 36 votos para bloquear las iniciativas del oficialismo.

Falacias libertarias
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno “propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. A su vez, cuestionó la legislación vigente al afirmar que “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros” e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: “Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero”. “Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia”, respondió Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras. Lejos de “criminalizar” la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y únicamente regula la concentración excesiva en manos de capitales extranjeros.
Según Voldkin, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó. En otras palabras, la norma todavía permite incorporar unos 26 millones de hectáreas más al dominio extranjero. El verdadero objetivo de la reforma, sostiene el investigador, es eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico.
“El problema no es que la ley inhiba la compra de tierras, sino que hay departamentos donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas”, advirtió. Con la eliminación de esos topes, podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros áreas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos.
Voldkin también cuestionó la diferenciación planteada por Ravier entre Estados e inversores privados. “Los Estados extranjeros no son quienes más compran tierra en la Argentina; los principales compradores son las personas físicas y jurídicas”, señaló. Por eso, el verdadero objetivo del gobierno es remover los límites que hoy pesan sobre el capital privado extranjero. Se suma la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, una modificación que, según el investigador, “está hecha a medida del capital norteamericano”, principal poseedor de tierras rurales en el país. Un país a medida de los tecnorricos que Milei admira.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano”, sostuvo el senador Wado de Pedro ante Página/12. “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, concluyó.

Contra las expropiaciones
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.
El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días. En los hechos, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación.

Desalojos exprés
Otro de los ejes de la reforma es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.
La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

Luz verde para los incendios intencionales
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios provocados. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.
Con la reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años. Deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego.
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Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: San Juan


Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.
Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.
“La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.
Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.
Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.
En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

Un escenario tóxico
Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.
La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.
Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

Veinte años de tóxicos en el agua
La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.
El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.
Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.
En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

El oxígeno y una hipótesis descartada
“Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.
Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.
Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Una sopa de químicos
Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.
“En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.
Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

Pesca sin advertencias
“Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.
No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.
En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.
Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.
En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir
“Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.
La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.
En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

Del silencio a la censura oficial
Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.
Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

Un historial de derrames
Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.
No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.
Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

Impunidad y premios para la empresa
Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.
Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).
“Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.
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“Los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”

Fecha de Publicación: 07/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico.
“Como dijo el lonko, los lugares que agarran son estratégicos, son lugares de altas cumbres que no se deben vender, como las orillas de los ríos. O sea: no están respetando ni eso”. Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, explicó de esta manera lo que ocurre en su territorio con la llegada de capitales extranjeros. El caso es conocido. El fideicomiso Amaike, de capitales emiratíes, la llevó a juicio por usurpación de 14 mil hectáreas en la zona cordillerana de las altas cumbres rionegrinas que la comunidad utiliza en el verano. Durante el juicio, en abril de 2026, un empresario argentino, expolista y accionista de la compañía, confesó, obligado por el juramento de decir verdad, que las tierras a su nombre las compró con plata que le donó el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
–Lo compró a través de una donación: ¿de quién recibió esa donación? –le preguntaron.
–Del gobierno de los Emiratos Árabes –dijo el expolista Hugo Barabucci.
–¿Recuerda el monto de la operación?
–Algo de dos millones de dólares.
Ante la inminente discusión de la Ley de Extranjerización de la Tierra, el nombre que las organizaciones territoriales le dieron al proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Patagonia Árabe, en Río Negro tiene otro significado.
“Los que ahora están comprando las tierras ya no son particulares, ni empresas, ni grupos de inversión: los que compran son directamente los Estados extranjeros”, dice Magdalena Odarda, diputada provincial por el bloque Vamos con Todos, exsenadora por Río Negro y autora de un proyecto de ley que busca retrotraer las adquisiciones del Estado emiratí. Las compras se hacen a través de empresas pantalla, fideicomisos amañados o “firmas interpuestas”, un procedimiento con el que buscan burlar la Ley de Tierras con muchas empresas integradas por personas con DNI argentino, que en realidad representan a otros Estados.
La participación de Estados extranjeros está prohibida en la ley actual y la restricción se mantiene en el proyecto que está en discusión en el Congreso. Sin embargo, esos capitales se abren espacio a través de sociedades asentadas en el país. Odarda está preparando un pedido de informes a la IGJ para pedir información sobre esas composiciones. Mientras tanto, el paisaje en su provincia está cambiando con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

¿Qué está pasando en Río Negro?
A lo largo de los últimos diez años, la provincia profundizó el proceso de reconfiguración de la propiedad de la tierra con la incorporación de capitales árabes, de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, por un total de unas 60 a 70 mil hectáreas ubicadas en zonas de altísimo valor estratégico y ambiental, como altas cumbres de frontera, bosques nativos y ojos de agua dulce.
El Estado qatarí posee unas 10.000 hectáreas en una explotación para esquí de alta montaña ultraexclusivo, vista a la cordillera y autonomía energética debido a la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas por el gobierno provincial con una concesión para 30 años, según la periodista Susana Lara, con amplia cobertura del tema.
Los qataríes están en una zona con otros vecinos. Las extensiones de tierra son linderas a los territorios de Joe Lewis y de las inversiones del Estado de Emiratos Árabes Unidos. El extenista Gastón Gaudio, amigo de Macri, hizo de nexo para la compra. El emir de Qatar, amigo de Macri, y quien le puso la capa a Lionel Messi en el Mundial de 2022, Tamim bin Hamad Al Thani, es cuñado del principal inversor en la Meseta Baguales: el jeque qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.
Emiratos Árabes Unidos acumula, en cambio, más de 50.000 hectáreas en tres zonas estratégicas, entre la cordillera y la costa. Una parte está en el alto Chubut, con un coto de caza y el espacio de la comunidad mapuche Cayunao; otra parte está en la costa del río Foyel y 30.000 en la costa atlántica, en la Bahía Dorada, con una pista privada de las dimensiones del aeropuerto de Bariloche y otras parcelas rurales. ¿A qué se dedica? Turismo de lujo con coto de caza mayor y con alojamiento temporario.

Las personas atrás de los inversores
Alrededor de los emprendimientos existe un grupo de empresas y acciones de personas con DNI argentino que, de a poco, van siendo transferidas íntegramente a emiratíes. Odarda tiene un listado de esas compañías: Fideicomiso Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A., Diuna Inmobiliaria. De ellas, dice, Manzil S.A. es el caso paradigmático: la composición accionaria pasó totalmente de dos ciudadanos argentinos a los dos emiratíes detrás de esta inversión, con un documento refrendado en el Boletín Oficial en 2022.
“Manzil SA hoy tiene la mayoría accionaria en el Fideicomiso AMAIKE”, reseña el proyecto de ley de la diputada Odarda. “Las tierras en el Cerro Carreras pasaron de contar como accionistas a dos argentinos que fueron finalmente reemplazados por los ciudadanos emiratíes Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, con el 0,3 % y 99,7 %, respectivamente. Ambos vinculados directamente con el Estado de Emiratos Árabes Unidos”.
Los dos ciudadanos emiratíes no son ciudadanos cualquiera. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri es un empresario de formación militar, general retirado tras 25 años de servicio en las Fuerzas Armadas, que preside el Consejo Nacional Federal, donde participan representantes de los siete emires del país. Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, el inversor más importante, es el hombre de confianza del propio emir de EAU, presidente y heredero, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
En febrero de 2026, el emir de Abu Dhabi y presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, pisó suelo patagónico en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche con familia y una gran comitiva de más de 200 personas. La presencia causó revuelo en la agenda local y nacional. Fotos. Publicaciones, imágenes de dentro y fuera del avión. Misterio. El emir se instaló en Las Marías.
“Bueno, sí –confía Odarda–: a esta altura me permito pensar que hay algo más que la compra de tierras, porque la fecha en la que vino a la Argentina coincidió con el ataque que hizo Irán sobre las instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes”.
Y dice: “Emiratos Árabes Unidos es un aliado tanto de Israel como de Estados Unidos. Y el hecho de que este señor venga aquí, a la zona, con una comitiva de 200 personas, le hace pensar a uno que piensan en Argentina como refugio: están armando una suerte de refugio antibombardeos aéreos o antinuclear, tal vez como el que se construyó en el campo que está pegado”.

¿Por qué estas tierras?
El Observatorio de Tierras es una organización creada por científicos del Conicet y la UBA para mapear los datos de tierras transferidas a capitales extranjeros en el país. La primera versión del Mapa de Extranjerización de la Tierra salió publicada en diciembre de 2025. Según esos datos, 5 por ciento del territorio argentino está en manos de capital extranjero, un equivalente a 13,2 millones de hectáreas. El dato más relevante, sin embargo, no es ese. Según el Observatorio, lo más relevante son las zonas estratégicas transferidas.
Actualmente, la Ley N° 26.737 de 2011, en vigencia y conocida como de la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, permite vender hasta un 15 % a extranjeros. En algunos lugares, sin embargo, el límite está excedido. Esos lugares coinciden con lugares estratégicos de alto valor ambiental, como las cordilleras y las zonas de influencia de la principal ruta navegable del país en el río Paraná.
La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.
Pablo Volkind, del Observatorio de Tierras, sin embargo, se pregunta por qué quieren cambiar la Ley de Tierras si todavía gran parte del país no superó el límite del 15 por ciento que exige la ley actual. Además de las 13,3 millones de hectáreas transferidas, dice, podrían extranjerizar todavía 26 millones de hectáreas más: dos provincias de Santa Fe completas.
“Entonces, ¿por qué tienen que eliminar esta ley? Como la ley regula no solo a escala nacional, sino provincial y departamental, en las zonas estratégicas sí está frenado el límite porque superan el 15 por ciento o llegan al 50. Es decir, ya no se puede vender más tierra”.
Río Negro está subrepresentada en ese mapa. Hay una enorme participación de otros capitales en otros puntos del país; en primer lugar están los Estados Unidos, pero los capitales del Golfo no están contabilizados. Aun así, ya en el año 2017 Bariloche tenía 21,53 % de tierra extranjera, por lo que la provincia dictó un decreto, el 1154/17, que restringía a 100 hectáreas el límite para comprar nuevos terrenos.

¿Cómo se llegó hasta acá?
“En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales, muchos inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país y la provincia de Río Negro no fue ajena a ese proceso”, explicó la diputada en su proyecto de ley.
El proceso se inició en los ’90 con la transferencia de tierras fiscales vendidas a precio vil. En aquel momento, la Provincia autorizó, apañó y hasta promovió la venta de tierra estratégica, “trampeando normas y denostando salvajemente a antiguos pobladores. Es así como empresas, organizaciones, multimillonarios o particulares compraron a precios irrisorios tierras fiscales, concentrando la tenencia en las áreas de la meseta, la costa atlántica y la cordillera”, dice ella.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proceso se profundizó con el decreto 820/2016, clave para la zona y el desembarco de los capitales árabes porque flexibilizó el contenido, los límites y el alcance de la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, permitió elevar el porcentaje para que una sociedad sea considerada extranjera: pasó del 25 % al 51 % de las acciones.
Diez años después del decreto que le abrió las puertas a esos desembarcos, la provincia muestra cambios radicales en el paisaje, con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

Volver
Soledad Cayunao, en aquel juicio, iba describiendo lo que sucede en el lugar a medida que respondía preguntas de sus abogados.
“La laguna para nosotros no es una simple laguna, sino que son lugares de fuerza donde solemos hacer ceremonias, son lugares fundamentales para nuestra forma de vida. Pero las cosas cambiaron”, explicó. Y dijo: “Pescar ahora está prohibido –dijo–. La gente anda armada, tienen puestos de vigilancia, quieren arrasar con todos los lugares de la cordillera”.
Orlando Carriqueo es vocero (werken), referente mapuche, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, defensor de derechos humanos. “Por todo eso es muy importante la historia”, dice. Los mapas antes no tenían los nombres de las provincias patagónicas: debajo de cierto punto se definían como territorios indígenas. Ante la discusión que se viene en el Congreso y ante lo que ocurre en su provincia, Carriqueo vuelve a subrayar esa historia larga.
“Nosotros hoy tenemos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el despojo territorial, porque lo que está en juego es la discusión por la tierra. Justamente antes lo que no estaba era esa discusión: esa tierra era nuestra, de los pueblos indígenas. Entonces, nunca van a tener seguridad jurídica porque lo que posiblemente cambie es el derecho indígena de la tierra. Y no hay seguridad jurídica si no contemplan el derecho indígena”.
La nueva ley elimina ejes clave del control de la tierra rural para, dice el Observatorio de Tierras, profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero: “Lo que está en juego no son normas aisladas –dice–, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”. Un listado de los cambios centrales permite verlo de cerca.

¿Qué cambia con la nueva ley?
* Elimina el tope 15% a tierras extranjeras en las tres escalas: nacional, provincial y departamental;
* Elimina el cupo por nacionalidad, hoy de 30%;
* Elimina el límite máximo de superficie por región, hoy de 1.000 ha en la zona pampeana;
* Habilita adquirir nacientes y “ojos de agua” prohibida hoy para extranjeros o “personas interpuestas”;
* Deroga la protección en zonas de frontera, que viene de un decreto-ley histórico de 1944.
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Identificaron a un hombre por redes sociales por la caza ilegal de un puma y secuestraron el cuero y el cráneo del animal

Fecha de Publicación: 07/07/2026
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Neuquén


Identificaron a un hombre por la caza ilegal de un puma y secuestraron el cuero y el cráneo del animal
Personal del Grupo Táctico Operativo de Fauna, junto a guardafaunas de Piedra del Águila y Picún Leufú, efectivos de la Dirección Seguridad Interior Limay, la Comisaría 8ª y el Destacamento Santo Tomás, identificó al presunto responsable de la caza ilegal de un puma, una especie protegida por la legislación vigente.
La intervención se llevó a cabo este domingo como resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia difundida a través de redes sociales, en la que se alertaba sobre el sacrificio del animal.
Tras las tareas investigativas, las autoridades lograron individualizar al infractor y procedieron a labrar el acta correspondiente por la presunta infracción a la normativa de protección de fauna silvestre.
Durante el procedimiento también se realizó el decomiso del cuero y el cráneo del ejemplar abatido, elementos que quedaron secuestrados como parte de las actuaciones.
Las autoridades recordaron que el puma es una especie protegida y que su caza está prohibida, salvo en las excepciones contempladas por la normativa vigente, por lo que reiteraron la importancia de denunciar este tipo de hechos para preservar la fauna autóctona.
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Cambio climático, pérdida de biodiversidad, retrocesos y desigualdad social: en el mundial del Ambiente, Argentina pierde por goleada

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un informe de FARN indica que estos factores, sumados al desfinanciamiento del Gobierno y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos "tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia". Según datos oficiales, se perdieron 165.061 hectáreas de bosques en 2024.
En fútbol, la Argentina es una potencia a la que el resto de los equipos admira. Campeona, juego en equipo, calidad, solidaridad, estética, efectividad. Pero en otras áreas, nuestro país pierde por goleada. Y una de las principales es el ambiente.
Así lo alerta la Fundación Ambiente y Recursos Natutrales (FARN) que presentó el IAF 2026, un informe anual donde plasma un análisis riguroso del estado del ambiente en estas tierras. Afirman que este año, nuestro país no llega en las mejores condiciones: pérdida de biodiversidad, impactos severos del cambio climático, retrocesos normativos, desfinanciamiento estatal y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos «tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia«.
¿El desafío? «Jugar un partido en línea con los compromisos ambientales globales hacia el hito de 2030″. 

Argentina vs. Cambio Climático
Aunque Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2015 y construyó una arquitectura institucional relevante, el compromiso para conseguir la victoria se muestra debilitado: Argentina no cumplió con la obligación de presentar su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el  2025, lo que profundiza la incertidumbre sobre la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones.
Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en 2022 el país emitió 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e). El sector energético concentró aproximadamente el 50% de las emisiones, seguido por la agricultura y la ganadería con un 25%.
Más del 80% de la matriz energética primaria nacional continúa basada en combustibles fósiles.
«El VAR no deja lugar a dudas –indican con lenguaje mundialista–. El Emissions Gap Report 2025 ubica a la Argentina entre los países del G20 con menor probabilidad de cumplir sus compromisos climáticos para 2030«.

Argentina vs. Pérdida de Biodiversidad
Para este partido, tampoco llegamos de la mejor manera. Dentro de un contexto global marcado por las alteraciones en el uso de la tierra y una pérdida significativa de humedales —85% según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas (IPBES)—  nuestro país transita este año con varios resultados adversos:
Argentina no cumplió con la obligación de presentar su Reporte Nacional de Biodiversidad ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica que vencía en febrero de 2026 para contribuir a la evaluación mundial de progreso colectivo en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad a 2030.
Según el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), las áreas protegidas terrestres representan solo el 13% del territorio continental, y las marinas apenas alcanzan el 7% de la plataforma submarina, ambas muy por debajo del 30% que exige el Marco Mundial de Biodiversidad Kunning-Montreal.
La Administración de Parques Nacionales (APN) gestiona 55 áreas protegidas nacionales (18,48 millones de hectáreas), pero la designación formal resulta insuficiente sin una adecuada gestión del fuego, financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. El marcador sigue sumando goles en contra: para este 2026, el presupuesto destinado a la APN cae un 32,3% en términos reales con respecto al 2023.

Argentina vs. Degradación
Para el último partido del grupo, el panorama sigue siendo poco alentador para la Argentina. Los severos procesos de degradación de la tierra y desertificación están directamente vinculados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De forma puntual, la destrucción de bosques nativos acelera este fenómeno: a menor cubierta vegetal, mayor es la erosión del suelo por aguas y vientos, intensificando el deterioro y el desgaste de los nutrientes de la tierra.
Según Perspectiva Global de la Tierra, hasta un 40% de las tierras del planeta ya se encuentran degradadas y esto afecta directamente a más de 3200 millones de personas. Argentina juega en una cancha cada vez más difícil:
Cerca del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas, y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación debido a la sobreexplotación de bienes naturales y sequías.
Entre 2022 y 2024, la Argentina continuó registrando una pérdida significativa de bosque nativo. Según datos oficiales, la pérdida anual fue de 211.974 hectáreas en 2022, 173.816 en 2023 y 165.061 en 2024.
Los incendios explicaron el 13% de la pérdida total de bosques en el período reciente.
La sequía histórica de 2023 generó fuertes pérdidas económicas para el sector agrícola y afectó cultivos estratégicos en amplias regiones del país. A comienzos de 2026, la situación se repitió: cerca del 30% del territorio argentino se encontraba bajo condiciones de sequía.
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Las infracciones ambientales tendrán nuevas consecuencias en Misiones

Fecha de Publicación: 03/07/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Crearon el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que centralizará todas las infracciones en materia ambiental de la provincia y restringirá el acceso a habilitaciones, subsidios, créditos y otros beneficios para quienes incumplan la normativa.
El Ministerio de Ecología de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta que permitirá centralizar toda la información vinculada a infracciones ambientales cometidas en la provincia, identificar reincidencias y fortalecer los mecanismos de control. También incorpora la emisión del Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), que será obligatorio para realizar trámites ante la cartera.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 182, con fecha del 5 de junio de 2026 y publicada este martes en el Boletín Digital de Misiones.
La resolución fundamenta la creación del RePIA en la necesidad de contar con una herramienta administrativa que permita mejorar la trazabilidad de las infracciones, unificar criterios sancionatorios y reforzar el control sobre quienes reinciden en conductas que afectan al ambiente.
El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y trabajará de manera coordinada con el Registro Nacional de Infractores previsto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Bosques Nativos.
Entre sus principales objetivos se encuentran registrar las sanciones ambientales, contabilizar reincidencias, unificar los registros existentes dentro del Ministerio, facilitar el intercambio de información con otros organismos y emitir el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA).

Qué infracciones serán incorporadas
El RePIA reunirá información sobre todos los expedientes administrativos vinculados a incumplimientos de la legislación ambiental nacional y provincial, sin importar la gravedad de la infracción.
Entre las materias alcanzadas se incluyen infracciones relacionadas con:
    actividad acuícola y pesca;
    áreas naturales protegidas;
    bosques nativos y tierras forestales;
    evaluaciones de impacto ambiental;
    manejo del fuego y quemas;
    monumentos naturales;
    protección de la fauna silvestre;
    recursos hídricos y humedales;
    residuos;
    conservación de suelos;
    productos fitosanitarios y domisanitarios.
También quedarán registradas las sanciones impuestas, su estado de cumplimiento y los antecedentes por reincidencia.
Cada inscripción deberá incluir datos del expediente administrativo, la autoridad competente, la identificación del infractor —persona física o jurídica—, domicilio, normativa vulnerada, descripción de la infracción, resolución sancionatoria, tipo de sanción, monto de las multas, medidas de remediación ambiental impuestas, estado de cumplimiento y antecedentes de reincidencia.
La información deberá incorporarse dentro de los quince días posteriores al dictado del acto administrativo correspondiente.

Restricciones para los infractores
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que la inscripción en el RePIA generará consecuencias administrativas mientras permanezca vigente.
Quienes figuren en el registro no podrán: obtener nuevas autorizaciones, permisos, habilitaciones o concesiones emitidas por el Ministerio de Ecología; acceder a programas de asistencia, subsidios o beneficios administrados por el organismo; gestionar líneas de crédito de organismos públicos provinciales vinculadas a cuestiones ambientales; mantener vigentes determinadas autorizaciones ambientales, que podrán ser suspendidas; acceder a incentivos fiscales vinculados al área ambiental; integrar comisiones o mesas de consulta ambiental; obtener autorizaciones para investigaciones, actividades turísticas, recreativas o culturales dentro de áreas naturales protegidas; inscribirse o permanecer en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, la autoridad de aplicación podrá disponer excepciones cuando existan razones de interés público debidamente fundamentadas.
La permanencia en el RePIA dependerá del cumplimiento de las sanciones. La resolución establece que: las sanciones cumplidas permanecerán registradas durante tres años; quienes cancelen una multa mediante convenio de pago permanecerán registrados tres años desde la cancelación total; las sanciones incumplidas seguirán registradas hasta que sean efectivamente cumplidas; en caso de reincidencia, la permanencia en el registro será de cuatro años.
Una vez acreditado el cumplimiento de todas las sanciones y de las medidas de remediación ambiental impuestas, el infractor podrá solicitar la suspensión de los efectos de la inscripción, aunque el antecedente continuará registrado hasta el vencimiento del plazo establecido.

El certificado será obligatorio para realizar trámites
La reglamentación también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), documento oficial que informará la situación de personas y empresas frente al RePIA. Su presentación será un requisito obligatorio para iniciar cualquier trámite, expediente, permiso o autorización ante el Ministerio de Ecología.
El certificado tendrá una vigencia de seis meses y será considerado un documento público, por lo que cualquier adulteración dará lugar a las acciones legales correspondientes.
El Ministerio estableció que el RePIA tendrá carácter público, en línea con las leyes nacionales de acceso a la información pública y acceso a la información ambiental. No obstante, la difusión de los datos deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales y sensibles.
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Condenan a un senador nacional por desmonte ilegal: deberá pagar más de 100 millones

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Formosa


Se trata de Francisco Paoltroni, enemistado con Villarruel. La Cámara formoseña confirmó un fallo que lo obliga a pagar una voluminosa multa por daños ambientales. Había intentado no pagar por ser legislador.
El senador nacional Francisco Paoltroni, de extracción libertaria pero distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue condenado y deberá pagar una multa de más de 100 millones de pesos por daños ambientales en la provincia de Formosa, de donde es oriundo.
Paoltroni había recurrido el fallo de primera instancia que le imponía ese castigo económico y presentó varios argumentos para no pagar, entre ellos la inmunidad parlamentaria. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial formoseña ratificó la decisión de primera instancia y arguyó que el hecho de ser legislador nacional no es obstáculo para la ejecución de la multa.
La sanción le fue impuesta al senador por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia norteña, por operaciones de desmonte ilegal en establecimientos rurales de su propiedad.
Paoltroni enfrenta además otros reclamos judiciales, vinculados a cheques rechazados, y fue objeto de una investigación tras un allanamiento de la Gendarmería Nacional que detectó un camión cargado de cigarrillos por un valor millonario.
El gobierno formoseño quedó así habilitado para continuar con el procedimiento de ejecución para cobrar la multa impuesta al senador nacional.
El legislador y empresario mantuvo un fuerte cruce con la vicepresidenta Villarruel, al mismo tiempo titular del Senado, cuando presentó un proyecto para intervenir la Provincia, que naufragó por falta de consenso en el propio oficialismo para su tratamiento sobre tablas.
“Las caretas se van cayendo”, dijo entonces Paoltroni, acusando a la vice de actuar en connivencia con el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa. El senador dijo más de una vez que Insfrán lo somete a una persecución.
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