Un fallo judicial inédito por la muerte de un yaguareté expone la urgencia de actualizar la Ley de Fauna en Argentina


Una condena histórica por la caza ilegal del felino más grande de América Latina sienta un precedente contra los delitos ambientales, pero pone de manifiesto la obsolescencia del marco normativo vigente para sancionar la destrucción de la biodiversidad.

En lo que la comunidad jurídica y conservacionista considera una resolución judicial inédita para la República Argentina, un tribunal emitió un fallo condena ejemplar contra los responsables de la matanza ilícita de un ejemplar de yaguareté (Panthera onca), especie catalogada como Monumento Natural Nacional y en peligro crítico de extinción. Sin embargo, más allá del avance que representa la sanción aplicada en el fuero penal, los fundamentos de la propia sentencia dejaron al descubierto las severas limitaciones operativas y las penas irrisorias contempladas en la actual Ley Nacional de Conservación de la Fauna (Ley 22.421). Magistrados, juristas y organizaciones ambientales aprovecharon la repercusión del caso para realizar un llamamiento urgente al Congreso de la Nación, exigiendo la sanción de un nuevo marco legal que tipifique los delitos contra la biodiversidad con la severidad que demanda la crisis ambiental contemporánea.

Las grietas de la legislación vigente y las penas administrativas
La Ley 22.421, promulgada en la década de 1980, fue diseñada bajo una concepción jurídica donde los animales silvestres eran considerados principalmente como recursos cinegéticos o productivos, más que como integrantes insustituibles de la salud ecológica del territorio. En la actualidad, las penas contempladas para quienes cazan, trafican o comercian con especies amenazadas suelen ser excarcelables, al tiempo que las multas económicas previstas en el texto original han quedado completamente desactualizadas frente a la inflación y el valor monetario del mercado negro de la fauna. Esta desproporción genera una sensación de impunidad entre los cazadores furtivos, dificultando la labor de los fiscales e impidiendo que el daño moral e irreparable infligido al patrimonio natural se traduzca en una verdadera reparación ambiental.
Para desglosar los puntos débiles de la normativa de fauna expuestos por el fallo judicial y los especialistas en derecho ambiental, se destacan los siguientes aspectos críticos:
- Escasa escala penal de prisión: Las penas máximas vigentes rara vez implican prisión efectiva para los cazadores furtivos, favoreciendo la reincidencia en zonas protegidas.
- Falta de tipificación del ecocidio y daño genético: La ley no contempla la gravedad del impacto colateral que significa eliminar a un individuo reproductor dentro de poblaciones reducidas a pocas decenas de ejemplares.
- Obsoleto sistema de multas: Los montos pecuniarios fijados en la ley carecen de un mecanismo de actualización automática, resultando sumas insignificantes frente al costo de los operativos de fiscalización.

El yaguareté como especie paraguas y el impacto del furtivismo
El yaguareté es el depredador tope de los ecosistemas del norte argentino, desempeñando el rol crucial de "especie paraguas": su presencia y supervivencia garantizan la protección indirecta de una inmensa variedad de plantas y animales que comparten su hábitat. Se estima que en toda la Argentina sobreviven menos de 250 ejemplares adultos repartidos en tres poblaciones fragmentadas: la Selva Misionera, la región Chaqueña y las Yungas de Salta y Jujuy. La pérdida de un solo individuo adulto en este contexto de extrema vulnerabilidad biológica representa un golpe devastador para la variabilidad genética y acelera el camino hacia la extinción definitiva de la especie en el país.

Hacia una reforma legislativa con perspectiva socioambiental
La repercusión mediática e institucional del fallo ha dado un impulso renovado a proyectos de ley que buscan reformar el Código Penal argentino para incorporar de manera explícita el capítulo de Delitos Ambientales. Diversas organizaciones de la sociedad civil sostienen que la actualización normativa debe ir acompañada de un fortalecimiento presupuestario para los cuerpos de guardaparques, la dotación de insumos tecnológicos para la fiscalización remota en parques nacionales y la implementación de programas educativos en las comunidades rurales. Solo a través de un marco legal disuasivo y moderno será posible frenar la caza ilegal y proteger el patrimonio biológico amenazado de la nación.


Fecha de Publicación: 05/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal TN Sociedad, Administración de Parques Nacionales (APN), Red Yaguareté, Centro de Estudios Jurídicos Ambientales
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Las pymes de biocombustibles advierten que el proyecto oficial en el Senado pone en riesgo 10.000 empleos


Cámaras empresarias del interior del país emitieron una fuerte alerta ante el debate de la nueva Ley de Biocombustibles, denunciando que la redacción impulsada por el Ejecutivo promueve la concentración del mercado y amenaza la continuidad de las plantas regionales.

El debate legislativo en el Senado de la Nación alrededor del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles ha encendido las alarmas en el entramado productivo del interior de la República Argentina. Cámaras representativas de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) elaboradoras de biodiésel y bioetanol advirtieron de manera categórica que el proyecto oficial, tal como fue presentado para su tratamiento en comisiones, pone en riesgo directo más de 10.000 puestos de trabajo y amenaza con provocar el cierre en cadena de decenas de instalaciones industriales. Las firmas pymes denuncian que la iniciativa flexibiliza las condiciones de mercado en favor de las grandes corporaciones aceiteras y petroleras multinacionales, desmantelando los mecanismos de protección, asignación de cupos y precios de referencia que históricamente permitieron el desarrollo industrial fuera de los grandes nodos portuarios.

Asimetrías de escala y la eliminación de la protección pyme
El núcleo del reclamo radica en las severas asimetrías operativas y financieras que separan a las pymes de los gigantes agroexportadores. Mientras que los grandes grupos cerealeros e hidrocarburíferos poseen economías de escala masivas, integración vertical e infraestructura propia de transporte y exportación, las pymes nacieron concebidas como emprendimientos regionales para abastecer el corte obligatorio en el mercado interno. La eliminación o reducción drástica de los cupos reservados para estas plantas en la nueva ley las obligaría a competir en licitaciones abiertas en condiciones de marcada desigualdad, exponiéndolas a maniobras de fijación de precios por debajo del costo de producción (predatory pricing) que terminarían por expulsarlas del sistema energético nacional.
Para desglosar la matriz de impactos económicos y sociales expuestos por los dirigentes del sector biocombustibles, se destacan los siguientes elementos críticos:
- Pérdida masiva de empleo calificado: La paralización de las plantas activas impactaría de lleno en más de 10.000 familias rurales e industriales en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán, Salta y San Luis.
- Destrucción del valor agregado en origen: Las plantas pymes procesan el aceite de soja y los granos de maíz directamente en los nodos agrícolas provinciales, evitando el flete de materia prima sin industrializar y dinamizando los servicios locales.
- Riesgo de monopolización y desabastecimiento: La concentración del mercado en un puñado de grandes empresas dejaría el abastecimiento de biocombustibles del país a merced de las fluctuaciones y conveniencias del mercado de exportación.

El rol de las provincias productoras y la búsqueda de un consenso amplio
Ante la inminencia de la votación en la Cámara Alta, los gobernadores y legisladores de la Liga de Provincias Bioenergéticas (integrada por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy) han comenzado a articular posiciones comunes para introducir modificaciones sustanciales al articulado oficial. Los mandatarios provinciales coinciden con las cámaras pymes en que una ley de biocombustibles moderna debe impulsar el incremento gradual en las mezclas obligatorias de biodiésel y bioetanol en las naftas y el gasoil, pero resguardando un piso mínimo de participación para las empresas regionales que garantice el federalismo productivo y la diversificación de la matriz energética.

Sustentabilidad y soberanía energética en el horizonte nacional
Representantes de las pymes industriales reafirmaron que los biocombustibles no solo representan un motor de desarrollo federal, sino la herramienta más inmediata y costo-eficiente que posee Argentina para avanzar en la descarbonización del sector transporte. Sustituir gasoil importado por biodiésel de origen nacional permite ahorrar valiosas divisas al Banco Central al tiempo que reduce más del 70 % las emisiones de gases de efecto invernadero. Las entidades empresarias instaron a los senadores a no ceder ante presiones corporativas y redactar un marco normativo equilibrado que otorgue previsibilidad jurídica, proteja el empleo argentino y consolide la soberanía energética de la nación.


Fecha de Publicación: 05/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal TN Campo, Diario La Nación, Cámara Argentina de Empresas de Biocombustibles (CADER)
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Misiones sanciona una ley pionera para regular los centros de rescate y conservación de fauna silvestre


La Cámara de Representantes de la provincia de Misiones aprobó un marco regulatorio integral que fija pautas operativas, sanitarias y éticas para los establecimientos dedicados a la atención y rehabilitación de animales silvestres.

En un avance legislativo e institucional de vanguardia para la protección de la biodiversidad en la Argentina, la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones sancionó una norma pionera que regula de forma integral el funcionamiento de los centros de rescate, rehabilitación, manejo y conservación de la fauna silvestre. La nueva legislación establece un marco normativo claro para los establecimientos públicos, privados o de gestión mixta que reciben a ejemplares autóctonos víctimas de actividades ilícitas —como la caza furtiva y el tráfico de fauna—, así como a aquellos animales atropellados en rutas o desplazados por la pérdida de hábitat. Con esta medida, la provincia de Misiones, guardiana de la mayor porción de Selva Paranaense del continente, busca garantizar estándares elevados de bienestar animal, bioseguridad y rigor técnico en todos los procedimientos de recuperación y eventual reintroducción ecológica.

Protocolos técnicos, bienestar animal y categorización de centros
El texto normativo sancionado establece que todos los centros de atención de fauna dentro del territorio provincial deberán estar debidamente inscriptos en un registro oficial y someterse a la fiscalización periódica de la Autoridad de Aplicación ambiental. La ley categoriza los establecimientos según sus objetivos y capacidades operativas —distinguiendo entre centros de recepción temporal, santuarios, unidades de rehabilitación y centros de investigación— e impone exigencias estrictas respecto a la infraestructura de los recintos, la calidad de la atención veterinaria, la nutrición adecuada para cada especie y la implementación de protocolos epidemiológicos rigurosos que prevengan la propagación de zoonosis o enfermedades contagiosas.
Para desglosar los pilares técnicos y conservacionistas definidos en la nueva regulación misionera, los especialistas en gestión ambiental destacan los siguientes ejes de aplicación:
- Protocolos de reinserción en el hábitat natural: La ley prioriza la reintroducción de los animales rehabilitados en su entorno de origen, prohibiendo la exhibición pública de aquellos ejemplares que atraviesan procesos de readaptación para evitar la humanización (imprinting).
- Prohibición de reproducción sin fines de conservación: Se restringe la reproducción en cautiverio de las especies alojadas, salvo en aquellos casos donde existan programas oficiales de cría con fines de repoblación de especies amenazadas o en peligro de extinción.
- Transparencia y trazabilidad del registro de animales: Los centros deberán llevar un historial clínico detallado y un inventario digitalizado de cada individuo ingresado, documentando el lugar de rescate, su evolución médica y su destino final.

El combate contra el tráfico ilegal y la protección del corredor verde
Misiones alberga más del 50 % de la biodiversidad de la Argentina, lo que la convierte en un punto crítico para la conservación pero también en un objetivo frecuente de las redes de tráfico de fauna. La falta de un marco regulatorio unificado provocaba históricamente lagunas operativas donde establecimientos sin la debida capacitación o infraestructura albergaban animales en condiciones precarias. La sanción de esta ley fortalece el trabajo articulado entre el Ministerio de Ecología provincial, las fuerzas de seguridad, los guardaparques y las organizaciones de la sociedad civil, garantizando que cada animal decomisado o rescatado sea derivado de forma inmediata a instituciones habilitadas técnicamente para su adecuada recuperación.

Modelo de conservación y gestión ambiental para la región
Con la aprobación de este marco legal, la provincia de Misiones se posiciona a la cabeza de las políticas públicas de conservación de fauna en América Latina. La iniciativa reafirma que la preservación de la Selva Misionera no solo exige la creación de áreas naturales protegidas, sino la existencia de una red institucional sólida capaz de brindar respuestas efectivas y éticas ante las emergencias ambientales. La regulación de los centros de fauna silvestre asegura que el esfuerzo de rescate se traduzca en una verdadera herramienta de conservación, devolviendo ejemplares sanos a la naturaleza y protegiendo el equilibrio ecológico del patrimonio natural de todos los argentinos.


Fecha de Publicación: 04/09/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes originales consultadas: Diario Primera Edición de Misiones, Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones
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El Poder Ejecutivo busca llevar tranquilidad al sector agropecuario tras las dudas generadas por la tipificación del delito ambiental


Frente a la contundente preocupación expresada por entidades del campo y productores agropecuarios, el Gobierno nacional aclaró los alcances del proyecto de ley que busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, desmintiendo que las actividades productivas tradicionales vayan a ser criminalizadas de forma arbitraria.

La iniciativa legislativa orientada a tipificar el delito de "ecocidio" e incorporar los crímenes ambientales de gran escala dentro del Código Penal de la República Argentina desencadenó una intensa polémica política e institucional entre el Poder Ejecutivo y las principales cámaras empresarias del sector agroindustrial. Dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y diversas asociaciones de productores expresaron un enérgico rechazo al texto borrador, advirtiendo que la inclusión de figuras legales ambiguas —conocidas doctrinalmente como "leyes penales en blanco"— podría generar un marco de severa inseguridad jurídica para la actividad ganadera y agrícola regular. Ante la escalada del conflicto y el temor empresarial a sanciones penales por prácticas operativas cotidianas, voceros del Gobierno salieron a bajar la tensión, asegurando de forma categórica que la normativa está diseñada exclusivamente para sancionar estragos ambientales dolosos de gran magnitud y que no afectará el desarrollo productivo tradicional.

La controversia jurídica sobre la "ley penal en blanco"
El núcleo central del debate técnico-jurídico radica en la utilización del recurso legislativo de las "leyes penales en blanco", es decir, aquellas normas sustantivas que fijan una sanción o pena pero remiten la definición del comportamiento prohibido a reglamentaciones administrativas variables o a decretos provinciales secundarias. Juristas, penalistas y asesores legales de las entidades del campo sostienen que este mecanismo viola el principio constitucional de legalidad y tipicidad penal, ya que deja a criterio de un funcionario de turno la determinación de qué práctica agrícola (como el uso de fitosanitarios, la quema controlada de pastizales o la limpieza de rodeos) constituye o no un delito ambiental grave. La falta de definiciones taxativas y claras en el proyecto original encendió las alarmas sobre una eventual judicialización masiva de los productores y la discrecionalidad estatal al momento de fiscalizar los predios rurales.
Para desglosar la matriz del desacuerdo entre el sector productivo y los redactores del proyecto, especialistas en derecho ambiental e hídrico señalan los siguientes puntos de fricción institucionales:
- Incertidumbre en los umbrales de daño: La ausencia de parámetros cuantificables y objetivos sobre qué escala de alteración ecosistémica califica como "ecocidio" genera interpretaciones encontradas entre jueces y fiscales.
- Solapamiento con normativas provinciales de ambiente: Las jurisdicciones subnacionales poseen sus propios códigos de faltas y leyes de presupuestos mínimos, lo que podría derivar en una doble penalización o un conflicto de competencias jurisdiccionales.
- Riesgo para las inversiones y el crédito agropecuario: La amenaza de imputaciones penales o embargos cautelares sobre unidades productivas afecta la previsibilidad financiera y el acceso a financiamiento internacional para el sector agroexportador.

La respuesta oficial y los mecanismos de concertación legislativa
Frente al frente de tormenta abierto con el ámbito rural, representantes del Ministerio de Justicia y del área ambiental de la Nación explicaron que la intención de la norma es dotar al Estado argentino de una herramienta penal efectiva para castigar a actores que provoquen desastres ecológicos masivos e irreversibles, tales como incendios intencionales a gran escala para especulación inmobiliaria, vertidos industriales altamente tóxicos en cuencas hídricas interprovinciales o la deforestación ilegal masiva en áreas protegidas por la Ley de Bosques. Desde el Gobierno enfatizaron que el proyecto ingresará a comisiones parlamentarias en el Congreso de la Nación sujeto a modificaciones, abriendo una mesa de diálogo técnico con los representantes de las cadenas bioindustriales para perfeccionar la redacción de los artículos, precisar las definiciones técnicas y garantizar que la ley no interfiera con las buenas prácticas agrícolas ni con la producción sustentable.

El desafío de equilibrar la tutela ambiental con la seguridad jurídica
Este conflicto deja al descubierto la complejidad estructural que enfrenta la Argentina al momento de actualizar su legislación penal en clave ambiental. Mientras que organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho ambiental destacan la urgencia de contar con un capítulo de delitos contra el ambiente para frenar el avance impune de la degradación ecológica, el sector productivo demanda garantías claras de que las leyes no se transformen en herramientas punitivas arbitrarias que desincentiven la inversión. Alcanzar un equilibrio técnico que proteja de manera efectiva los bienes comunes de la Nación sin vulnerar las garantías constitucionales del debido proceso ni atentar contra la competitividad del campo argentino representa uno de los mayores desafíos legislativos para el Congreso en la presente agenda parlamentaria.


Fecha de Publicación: 03/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Sociedad Rural Argentina (SRA), Ministerio de Justicia de la Nación Argentina
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Demanda ambiental y soberana contra petroleras por la explotación ilícita en las Islas Malvinas


Organizaciones sociales y referentes soberanos interpusieron una demanda judicial contra empresas petroleras internacionales, denunciando la exploración y explotación ilegítima de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y el inminente riesgo de pasivos ambientales en el Atlántico Sur.

Una nueva ofensiva judicial y política ha reavivado el debate sobre la soberanía territorial y la protección del ecosistema marino en el Atlántico Sur. Diversas organizaciones socioambientales, junto a actores políticos y jurídicos del país, presentaron una demanda ambiental y soberana ante la Justicia Federal argentina contra corporaciones petroleras internacionales que avanzan en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. La acción legal denuncia que estas compañías operan sin los permisos ni las autorizaciones de evaluación de impacto ambiental que exige la legislación de la República Argentina, violando abiertamente la Ley Nacional de Hidrocarburos y los tratados internacionales de protección oceánica. El reclamo no solo persigue frenar las operaciones ilegítimas amparadas por la administración de ocupación británica, sino alertar sobre el peligro inminente de un derrame petrolero a gran escala en uno de los ecosistemas marinos más frágiles y de mayor valor biológico del planeta.

Riesgo de marea negra y degradación del ecosistema austral
El sustento técnico de la demanda ambiental hace hincapié en la extrema vulnerabilidad de la Cuenca de Malvinas y el Océano Austral ante la eventualidad de un incidente industrial offshore. Las operaciones petroleras a gran profundidad en mares de aguas gélidas y condiciones meteorológicas extremas presentan un índice de riesgo operativo significativamente elevado. Un vertido o fuga de crudo en estas latitudes se desplazaría rápidamente impulsado por las intensas corrientes marinas de la región, afectando de manera irreversible las rutas migratorias de mamíferos marinos, las colonias de anidación de aves costeras y las áreas de desove de especies pesqueras estratégicas para la economía regional.
Para comprender los ejes estructurantes de esta acción judicial y la matriz de riesgos ambientales señalados por los demandantes, se destacan los siguientes factores clave:
- Falta de controles estatales directos: Las operaciones petroleras se realizan al margen de los organismos de fiscalización de la Argentina, impidiendo auditorías ambientales independientes sobre la seguridad de las plataformas.
- Amenaza a la biodiversidad del Atlántico Sur: Un derrame de petróleo afectaría gravemente las poblaciones de pingüinos, ballenas francas australes, lobos marinos y aves migratorias que dependen del equilibrio biológico del mar epicontinental.
- Ausencia de planes de contingencia transfronterizos: La inaccesibilidad logística y las temperaturas extremas de la zona dificultaría la contención rápida de una marea negra, prolongando la presencia de hidrocarburos pesados en el agua durante décadas.

Ilegalidad normativa y la defensa de los recursos naturales soberanos
Desde el punto de vista del derecho internacional y la legislación nacional, la demanda sostiene que la concesión unilateral de licencias de exploración por parte del gobierno colonial británico en las Islas Malvinas constituye una usurpación de los recursos naturales pertenecientes a la plataforma continental argentina. La normativa vigente en el país prevé severas sanciones administrativas, inhabilitaciones comerciales y acciones penales contra cualquier compañía multinacional o firma proveedora de servicios que participe de forma directa o indirecta en la cuenca sin la correspondiente concesión otorgada por la Autoridad de Aplicación nacional. Los demandantes enfatizan que la tutela efectiva del ambiente y la defensa de la soberanía son dos caras de una misma moneda: proteger el Atlántico Sur de la explotación extractiva ilegal es resguardar el patrimonio natural e histórico de las futuras generaciones de argentinos.
La protección del Atlántico Sur en la agenda global de conservación
Esta controversia judicial proyecta el conflicto socioambiental del Atlántico Sur hacia la escena internacional, en un contexto global signado por las metas de descarbonización y la ratificación del Tratado Global de los Océanos de la ONU. Especialistas en derecho ambiental y ciencia política sostienen que permitir el avance descontrolado de la frontera petrolera offshore en zonas marítimas disputadas invalida los esfuerzos multilaterales por proteger la biodiversidad marina y mitigar el cambio climático. La judicialización de las actividades petroleras ilegítimas en las Islas Malvinas busca consolidar un precedente internacional contundente: la exploración de combustibles fósiles no puede realizarse bajo esquemas de opacidad ambiental ni al margen del consentimiento soberano de los Estados territoriales.


Fecha de Publicación: 03/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario Aire de Santa Fe, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur
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La catástrofe en el Himalaya reaviva con fuerza el reclamo por el control y la protección de los glaciares en Argentina


El colapso de un bloque de hielo colgante y el consecuente desprendimiento de tierras ocurrido recientemente en la región del Everest, en Nepal, no solo conmovió a la comunidad internacional por su saldo de devastación material y pérdidas humanas, sino que activó de inmediato las alertas ecológicas en otros rincones del planeta con sistemas montañosos similares. En la República Argentina, asambleas socioambientales, científicos y defensores de los derechos de la naturaleza capitalizaron el trágico suceso para relanzar con carácter de urgencia sus reclamos históricos sobre la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial a lo largo de la cordillera de los Andes. Los expertos advierten que las dinámicas de inestabilidad física observadas en el Himalaya, exacerbadas de forma directa por el calentamiento global de la atmósfera, guardan peligrosas similitudes estructurales con la situación actual de los cuerpos de hielo sudamericanos, los cuales sufren un acelerado proceso de degradación y desmoronamiento ante la falta de controles efectivos y la constante presión de actividades extractivas industriales.

Similitudes estructurales y el fenómeno de los lagos glaciares
El desastre en Asia puso bajo la lupa técnica un fenómeno hidrológico y geológico que los glaciólogos argentinos vienen monitoreando con extrema preocupación: las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares (conocidas internacionalmente como GLOF, por sus siglas en inglés). A medida que las temperaturas medias globales se elevan, los glaciares de montaña no solo retroceden en superficie, sino que vierten volúmenes masivos de agua de deshielo que quedan retenidos por frágiles diques naturales de roca y sedimentos inestables. En la cordillera andina, desde la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego, existen cientos de estas formaciones hídricas que, ante un eventual desprendimiento de roca o hielo superior, podrían colapsar y generar flujos aluvionales violentos capaces de borrar del mapa a poblaciones e infraestructuras ubicadas en los valles inferiores.
Para dimensionar la complejidad de esta amenaza silenciosa en el territorio argentino, los especialistas sugieren desglosar los factores de riesgo en los siguientes puntos clave:
- Inestabilidad de las laderas de alta montaña: El derretimiento del permafrost (el suelo congelado que actúa como el cemento natural de las rocas) debilita las pendientes de los cerros, facilitando desprendimientos masivos de rocas sobre los cuerpos de agua.
- Vulnerabilidad de las cuencas hídricas: Los lagos glaciares formados recientemente carecen de salidas de agua consolidadas, lo que incrementa la presión hidrostática sobre las morrenas naturales que los contienen.
- Proximidad de asentamientos y obras de infraestructura: El crecimiento del turismo de montaña y la construcción de emprendimientos viales o energéticos en zonas elevadas expone a más personas y bienes materiales a potenciales aludes.

La parálisis legal y la amenaza de las reformas normativas
La tragedia en Nepal reactivó de forma inmediata el debate político y judicial en torno a la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Glaciares en Argentina, una normativa de vanguardia internacional que, desde su sanción, ha sido objeto de permanentes disputas y resistencias por parte de corporaciones mineras y gobiernos provinciales con intereses extractivos. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que las recientes propuestas oficiales de reforma y flexibilización legislativa impulsadas a nivel nacional buscan reducir drásticamente el área de protección legal del ambiente periglacial para facilitar la radicación de megaproyectos mineros de oro, cobre y litio en las nacientes de las cuencas hídricas. Este escenario de desregulación ambiental es percibido por la comunidad científica como una temeraria invitación a la catástrofe, ya que la remoción de suelos congelados y la detonación de roca viva en la alta montaña alteran de forma irreversible el equilibrio mecánico y térmico de los glaciares circundantes, acelerando el riesgo de colapsos estructurales similares al del Himalaya.

El rol crítico del Inventario Nacional de Glaciares
Frente a la inminencia de un escenario climático cada vez más hostil, la comunidad científica nucleada en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y diversas universidades nacionales insiste en la necesidad imperiosa de dotar de un financiamiento presupuestario sólido y continuo al Inventario Nacional de Glaciares. Este registro técnico constituye la herramienta fundamental del Estado argentino para identificar, mapear y monitorear la evolución de todos los cuerpos de hielo del país, sirviendo no solo como un insumo indispensable para el diseño de políticas públicas de adaptación al cambio climático, sino también como un sistema cartográfico preventivo ante riesgos geológicos. Los activistas socioambientales enfatizan que descuidar o subfinanciar estas herramientas de monitoreo estratégico equivale a avanzar a ciegas por la cordillera, ignorando las claras advertencias físicas que la naturaleza está manifestando a escala global y desoyendo el trágico espejo que hoy representa la región del Everest para los pueblos andinos.


Fecha de Publicación: 01/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Agencia EFEVerde, Portal El País América
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Glifosato en Misiones: el impulso a su vuelta abre un fuerte capitulo político en la provincia

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Misiones


El gobernador Hugo Passalacqua presentó la iniciativa para dejar sin efecto la norma promovida en 2023 por Carlos Rovira. El proyecto, que se tratará en la Legislatura, busca restablecer el insumo clave para las economías regionales.
El gobierno de Misiones formalizó un cambio de rumbo en su política agroindustrial que impacta tanto en las chacras como en el tablero político del NEA.
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a los diputados de su bloque, Movimiento por lo que Viene, para presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 7 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos (Ley XVI-N.º 164). 
Dicho artículo, sancionado en junio de 2023 bajo la conducción legislativa del histórico conductor provincial Carlos Rovira, imponía la prohibición total del uso de glifosato y sus componentes en todo el territorio provincial.
La restricción original, que establecía un esquema de transición, debió aplicarse plenamente a mediados de 2025 y luego fue prorrogada por decreto hasta 2030, pero el nuevo proyecto busca directamente eliminar el límite legal.
La decisión oficial responde a los insistentes reclamos de la mesa de enlace nacional y de las cooperativas agrícolas locales, que alertaban sobre una pérdida crítica de competitividad.
Los productores de yerba mate, té, tabaco y el sector forestal sostienen que la eliminación del herbicida tradicional, sin alternativas biológicas eficaces y económicamente accesibles en el mercado, elevaba drásticamente los costos de producción. 
Frente a las malezas del clima subtropical, los bioinsumos distribuidos demandaban mayor mano de obra y sucesivas pasadas de maquinaria, reduciendo los rindes de las parcelas. 

El respaldo de las entidades del campo
La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró de manera inmediata la decisión del mandatario misionero y destacó que el proyecto para derogar la prohibición del glifosato representa un paso fundamental para devolverle previsibilidad y viabilidad operativa al sector.
A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad remarcó que se trata de “una medida de alto impacto para la producción misionera, que permite recuperar herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria”.
Desde el gremialismo agropecuario enfatizaron además que este avance es el resultado directo de un reclamo sostenido en defensa de la realidad productiva regional.
En su mensaje difundido en X, la SRA subrayó el rol activo que mantuvo durante todo el conflicto, combinando el acompañamiento a los agricultores con acciones institucionales y judiciales para defender el derecho a producir. 
Al respecto, señalaron en redes sociales que “este nuevo escenario demuestra la importancia de sostener una representación gremial firme, presente y comprometida con las necesidades de los productores”, respaldando así el giro adoptado por el Ejecutivo provincial.
Asimismo, la dirigencia ruralista valoró especialmente que la gobernación haya escuchado las demandas del campo tras meses de incertidumbre operativa.
Explicaron que la quita de herramientas de manejo tradicionales, en un marco de alta competencia y exigencia de los mercados internacionales, atentaba directamente contra la sustentabilidad económica de las familias rurales del Noreste argentino.
Con este aval de peso expresado en las redes, la iniciativa suma un firme respaldo del arco productivo nacional de cara a su inminente tratamiento en la Cámara de Representantes de Misiones.
Las entidades gremiales aseguraron que seguirán de cerca la discusión parlamentaria para garantizar que el campo recupere definitivamente la libertad de trabajar con los insumos autorizados a nivel nacional.

Quiebre político
El trasfondo de la medida expone un punto de inflexión histórico en la política de Misiones: la ruptura abierta entre el gobernador Passalacqua y Carlos Rovira, quien ejerció una hegemonía absoluta en el poder provincial durante las últimas dos décadas.
La ley de bioinsumos de 2023 había sido la bandera ambientalista del rovirismo para posicionar a Misiones como la primera provincia “sustentable” del país. Sin embargo, la presión del sector productivo obligó al Ejecutivo a priorizar el pragmatismo económico sobre el relato político local.
El nuevo texto legislativo introduce una cláusula de mercado que reconecta a la provincia con los estándares del comercio exterior.
La normativa estipula que la obligatoriedad de implementar insumos biológicos en el agro quedará condicionada a que estos productos cuenten con la homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y, de forma simultánea, sean validados por los exigentes países compradores de las exportaciones misioneras, como los Estados Unidos, principal destino del té local. 
La iniciativa también desactiva un polémico esquema comercial que enardecía a las bases agrarias. 
La ley de 2023 coincidió con el desembarco y la fuerte promoción estatal de la firma privada Agro Sustentable, instalada en el Parque Industrial de Posadas.
El Estado misionero compraba casi la totalidad de su producción para distribuirla de forma gratuita en las chacras, utilizando incluso fondos específicos como el Fondo Especial del Tabaco (FET).
La controversia estalló cuando auditorías técnicas y denuncias de la oposición revelaron que el producto estrella de la firma para sustituir el glifosato, denominado Bioherb, no contaba con las certificaciones obligatorias de SENASA.
Con el ingreso de este proyecto a la Cámara de Representantes, el esquema de compras centralizadas a proveedores predilectos del Estado queda desactivado, abriendo el juego a la libre competencia que demandaban las economías regionales.
La reforma inicia su debate parlamentario la próxima semana en las comisiones legislativas, marcando no solo el regreso de un insumo clave para el campo, sino también una profunda reconfiguración en el liderazgo político del oficialismo misionero. 
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“El gobierno habla de proyectos e inversiones, pero no hicieron la Evaluación Ambiental Estratégica” 

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: Diario Provincia23
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La referente de la ONG Manekenk, Nancy Fernández, expuso tras la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente los duros cuestionamientos realizados a la gestión del subsecretario de Pesca, Diego Marcioni. Reveló que la normativa exige un estudio ambiental participativo previo a cualquier emprendimiento productivo o acuícola, el cual demora entre 12 y 15 meses y ni siquiera fue iniciado. Advirtió además sobre el rechazo social a iniciativas como las de Newsan en Almanza, las intenciones de instalar salmonicultura en Malvinas y el constante debilitamiento de las áreas ambientales en la estructura del Estado.
Durante el encuentro del Consejo Provincial de Medio Ambiente desarrollado la semana pasada en Tierra del Fuego, representantes de la Universidad, el CADIC, la Legislatura, ONGs y municipios le exigieron explicaciones al subsecretario de Pesca, Diego Marcioni, sobre los proyectos acuícolas en cartera. A lo largo del debate se dejó en evidencia la falta de certezas técnicas e instrumentos legales clave para el desarrollo del sector, situando a la provincia ante un escenario de falta de certeza en materia de recursos marinos y planificación territorial.
Ante la consulta en Radio Provincia sobre las explicaciones brindadas por la Subsecretaría de Pesca respecto a las propuestas productivas impulsadas por la provincia, la referente ambientalista señaló que la gestión se ha caracterizado por un despliegue de enunciaciones teóricas y cartas de intención que no se traducen en realidades concretas. Indicó Nancy Fernández que “tal como Marcioni nos tiene acostumbrados, es todo teoría, todo papel, son posibles inversiones, posibles cartas de intención, posibles proyectos, pero la verdad que en concreto no hay ni uno”.
Al referirse a las iniciativas vigentes, hizo hincapié en el proyecto impulsado por la firma Newsan en Puerto Almanza para el cultivo de mejillones, sobre el cual pesan múltiples objeciones locales. En ese sentido, expresó que la propuesta “ha tenido serios cuestionamientos no solo por parte de la comunidad de Almanza; la comunidad científica también lo ha expresado y la comunidad de los pescadores artesanales también”, sumando además la preocupación planteada por el sector turístico frente al avance de la actividad en el agua.
Al abordar los aspectos legales y de planificación indispensables para este tipo de desarrollos, recordó las exigencias contempladas en la reglamentación de la Ley Provincial 1355 y su modificatoria 1601. Detalló que una de las primeras preguntas formuladas al funcionario fue precisamente cuándo darán comienzo a la Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el propio decreto que él redactó establece que no puede encararse ningún proyecto sin dicho paso. Sobre la falta de precisiones por parte de la cartera pesquera, remarcó que el funcionario respondió que “ya vamos a arrancar, ya vamos a empezar”, dejando entrever que se prometen iniciativas sin definir previamente dónde ni cómo se implementarán.
Respecto al alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, la referente remarcó que se trata de un proceso integral donde las distintas áreas de gobierno, científicos, comunidades de pueblos originarios, ONGs y vecinos definen de manera participativa el uso de cada sector del territorio. Explicó que este trabajo “debe estar liderado por un área determinada del gobierno o a través de una consultora, es un proceso largo que puede durar entre 12 y 15 meses”, añadiendo que hoy esa herramienta no existe para la pesca y la acuicultura, por lo cual la ley impide avanzar con cualquier tipo de emprendimiento.
En relación con el ordenamiento del Canal Beagle, subrayó que se requiere igualmente una zonificación participativa para definir las zonas destinadas al turismo, la pesca artesanal, el buceo o las actividades náuticas. Al evaluar el desempeño de las autoridades en el manejo del área, aseveró que “lo han manejado generando que la gente pierda confianza con el sistema, con el área, con el tema, porque vemos que saltan sorpresas por todos lados”.
Consultada sobre la posible presencia de salmonicultura en el archipiélago atlántico, ratificó la necesidad de realizar un reclamo de soberanía y exigencia de cumplimiento normativo ante la intención de instalar granjas en la zona de las Islas Malvinas. Consideró que el gobierno provincial y el nacional deben sostener una postura firme, dado que “hoy no se podría instalar ningún tipo de emprendimiento productivo si no está hecha la evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, esto incluye también a las Islas Malvinas”. Asimismo, anticipó que si las autoridades intentaran avanzar con algún proyecto productivo, sin cumplir los pasos ambientales fijados por la ley, desde el sector que representa presentarán inmediatamente una medida judicial cautelar.
Sobre los temas locales vinculados a la agenda del Consejo y los recientes debates en torno a la gestión de residuos o el relleno sanitario municipal, reconoció que no formaron parte de la última sesión debido a un temario previo concertado, aunque se comprometió a que el asunto sea incluido en el encuentro del mes de octubre. Manifestó que frente a estas problemáticas “estamos igualmente preocupados, estamos en contacto con el concejal y estamos en contacto con la municipalidad para hacer estos pedidos de informe”.
Finalmente, al analizar las reestructuraciones administrativas que reducen la jerarquía de las carteras ambientales en los distintos niveles del Estado, criticó la pérdida de autonomía y de presupuesto que sufren estos organismos. Reflexionó que “cada vez que un área ambiental se subsume a otra área y se junta con otra área, suele perder presencia, perder protagonismo, incluso lo que más pierde es presupuesto, que es lo que necesita para funcionar”. Calificó esta tendencia como un desarmado generalizado de la política ambiental e insistió en que siempre resulta ser “el área que nadie quiere, como la papa caliente”, concluyendo que ante los ajustes presupuestarios los gobiernos suelen relegar el estatus de la gestión ambiental.
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Otro fallo histórico: condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Formosa


Carlos Chagra, el comerciante de 52 años que fue acusado de cazar un yaguareté en Formosa y luego jactarse del hecho en un video, reconoció la matanza y fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso, la pena máxima prevista por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna
La condena fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de Formosa, a cargo de la jueza Belén López Macé, mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa y las tres querellas: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.
El convenio también contempla el pago de $5 millones, aunque todavía debe resolverse a qué organismo será destinado el dinero. Los fundamentos de la sentencia y las reglas de conducta que deberá cumplir el condenado se conocerán el próximo 7 de septiembre.
“Es un logro muy importante. También lo es que Chagra haya reconocido el hecho”, destacó en diálogo con Infobae la abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Parques Nacionales, quien participó de la audiencia junto con la letrada Mariel Schneider.
Hasta el debate, Chagra había negado ser la persona que aparecía en las imágenes, aseguraba que nunca había matado un animal y sostenía que el video utilizado como prueba había sido editado. También afirmaba que no se encontraba en el país cuando ocurrió la cacería.
Al suscribir el acuerdo y ratificarlo ante la jueza, el acusado cambió aquella posición: reconoció la persecución y caza del yaguareté y admitió que el daño ocasionado por la pérdida del ejemplar resulta imposible de reparar económicamente. 
“Por fin pudimos con los muchachos. Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo. Encontramos la huella. Un macho gi-gan-tes-co. Arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es”, se escuchaba decir a una voz masculina en el video que originó la causa.
El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final del Mundial de Qatar en la que la Selección argentina se consagró campeona, en una zona cercana a la ciudad formoseña de Clorinda.
El fallo constituye la segunda condena dictada en la Argentina por la caza de un yaguareté, una especie declarada Monumento Natural Nacional y considerada en peligro crítico de extinción. Como reveló la investigación Los expedientes del yaguareté, la mayoría de las causas por caza o tráfico ilegal en el país terminan archivadas.
El primer antecedente se produjo en agosto de 2025, cuando el Juzgado Federal N° 1 de Formosa condenó a cuatro hombres que habían cazado y carneado otro ejemplar en julio de 2024, en la zona de Ibarreta.
En aquel expediente, los acusados fueron identificados inmediatamente después del hecho, estuvieron procesados desde el comienzo de la investigación y permanecieron prófugos durante parte de la causa. Tres recibieron penas de dos años de prisión efectiva bajo la modalidad domiciliaria y el cuarto fue condenado a dos años en suspenso.
Desde Parques Nacionales celebraron la sentencia como un nuevo hito para la conservación de la especie y destacaron su posible efecto disuasivo. “Es importante para todos. Contiene una pena y es un fallo importante”, resumió Cardozo. 
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Humedal en peligro: polémica en Campana por emprendimiento junto a un parque nacional

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas denuncian desmonte y otros daños a la zona aledaña al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde se construye un emprendimiento de “chacras náuticas”. También advierten que se proyecta trazar un camino por dentro del propio parque. Silencio del municipio y la desarrolladora.
El avance de emprendimientos inmobiliarios de lujo sobre los humedales de la provincia de Buenos Aires no se detiene. Tal como ocurre en Berazategui con el megacountry Puerto Nizuc, en Campana los ambientalistas denuncian daños al ambiente por parte de la desarrolladora de un proyecto que, por añadidura, requerirá la construcción de un camino a través de una zona protegida dentro de un parque nacional.
Se trata de Brenna Desarrollistas, la empresa detrás del megaproyecto Bahías del Paraná, que ofrece “chacras náuticas” aún por construir en un predio de unas 287 hectáreas lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Para la compañía, todo parece ir viento en popa: la Municipalidad de Campana celebra el emprendimiento, por más que las organizaciones defensoras del ambiente insistan en que el desmonte y desecación del humedal viola la normativa al respecto, por no hablar del camino proyectado a través del parque.
Hace dos semanas, Arturo Remedi, integrante de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), realizó una intervención en el Concejo Deliberante de Campana a través del mecanismo de “banca abierta”, buscando que el cuerpo frenara el desarrollo del emprendimiento. La ASAC había presentado un pedido de información ambiental al Ejecutivo, para recabar datos sobre el impacto que puede tener la construcción de Bahías del Paraná, pero no fue respondido, dijo Remedi a La Tecla.
“Le pedimos al Concejo que se haga eco de nuestro pedido de frenar las obras. Todavía no están edificando, pero están haciendo movimientos de tierra a gran escala para secar el humedal, para abrir canales y elevar el nivel del terreno para que no se inunde. Llevaron maquinaria pesada en barcazas. Hicieron un gran desmonte ya”, explicó el ambientalista a este medio.
La ASAC y otras organizaciones, como la asociación civil Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (conocida como “Vecinos del Humedal”) y la Red del Río Luján, vienen denunciando el daño que ya se está haciendo y la inacción del municipio. Además, advierten que el propio parque nacional está en peligro.
“Estos terrenos están ubicados en una especie de ‘cuña’ junto al parque nacional. Los separa un alambrado. No estamos cuestionando la propiedad de esos terrenos. Estamos cuestionando que son humedales y deberían estar protegidos. En Campana hay una ordenanza de 2017 que prohíbe modificar humedales. Todo esto a nosotros nos da muy mala espina porque notamos una connivencia por parte de la Municipalidad. Incluso han hecho una audiencia pública secreta, de la que nosotros, como ambientalistas, ni nos enteramos”, dijo Remedi.
A pesar del ninguneo oficial, los ambientalistas siguen presionando para que se detenga la modificación del humedal. Remedi y Felisa Díaz, otra integrante de la ASAC, se reunieron el viernes con la diputada provincial Soledad Alonso (Fuerza Patria), a quien le transmitieron su preocupación. Alonso, oriunda del distrito que gobierna el proísta Sebastián Abella, manifestó: “Tenemos la responsabilidad de escuchar a quienes vienen defendiendo nuestro ambiente y de trabajar para que Campana se desarrolle de manera sustentable”.
Además, la empresa desarrollista afirma que se podrá acceder a las chacras a través de la ruta Panamericana. Esto implica la construcción del camino a través del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, afirman los ecologistas.
“A ese lugar, ahora, sólo se puede acceder por lancha. Ellos dicen que se va a poder llegar por Panamericana. La única manera de llegar por Panamericana es a través del parque”, señala Jorge Svaton, integrante de Vecinos del Humedal. “El parque nacional tiene tres áreas. Una de ellas es la de reserva estricta, donde no puede entrar absolutamente nadie. El camino debería cruzar precisamente por allí”.
Svaton es pesimista. “El municipio nunca contestó los pedidos de informes. La presentación judicial no avanzó porque el juez Adrián González Charvay no movió un dedo. Estamos teniendo reuniones con diputados, pero son muy cautelosos. Queremos reunirnos con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Pero no tengo mucha fe en las instituciones. Suelen ser rápidas para atender a los que vienen con una valija de dinero para invertir, pero no tanto para atender a los vecinos preocupados por el ecosistema”, dijo a La Tecla.
“Encima, en esta coyuntura, en la que a nivel nacional se están proponiendo leyes para entregar todo y no les importa el ambiente, los tipos se ven envalentonados, y están avanzando para quedarse con todos los territorios”, añadió.
Desde Brenna Desarrollistas declinaron la oferta de La Tecla para brindar su posición frente a los cuestionamientos. Tampoco en la Municipalidad de Campana fue posible obtener una respuesta por parte de los funcionarios.
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Juicio histórico por matar un yaguareté en Formosa: armas, fotos y un cuero de puma en el freezer

Fecha de Publicación: 25/08/2026
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Formosa


Tras cuatro años de una ardua investigación, este martes arranca un juicio histórico contra un hombre de 52 años acusado de matar a un yaguareté en Clorinda, Formosa.
El imputado Carlos Chagra es un comerciante que tiene acceso a armas, vehículos y perros. “Hay 250 o 300 yaguaretés y él persiguió y mató a uno. No existen casos de matanza en defensa propia porque el animal no busca a personas”, explica a Clarín Nicolás Lodeiro, presidente de la Fundación Red Yaguareté.
En su casa, se encontraron escopetas, fotografías y hasta un cuero de puma en una heladera. Es la primera vez que una ONG privada participa como querellante y el segundo caso en la historia Argentina que llega a juicio por la muerte de un yaguareté. Podría ser condenado a una pena de cuatro meses a tres años de prisión.
“Tenemos más de 75 causas y todas fracasaron. Estamos contentos por haber llegado a juicio y esperamos que se llegue a una condena”, agrega Lodeiro.
Según fuentes judiciales, todo comenzó cuando Chagra publicó un video en sus redes sociales el 19 de diciembre de 2022, un día después de que Argentina se consagrara en el Mundial de Qatar. En las imágenes, se lo ve junto a otras personas siguiendo las huellas de un yaguareté.
“Hoy es lunes, ayer festejamos el campeonato del mundo, y acá les estoy mostrando huellas de uno grande, grande, macho que debe estar pisando los 150 kilos, fácil. Vamos a seguir la huella, está haciendo calor, seguramente se va a echar en algún lugar éste infeliz”, señala en el video.
Luego aparece otro video en el que el hombre cuenta que logró matar al animal. Lo exhibe como un trofeo: muestra sus dientes, su boca y hace hincapié en que lo venían buscando desde muy temprano.
“Acá por fin pudimos con los muchachos que lo venimos siguiendo, que encontramos las huellas. Macho gigantesco arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es. De la 7 de la mañana que lo andamos buscando y por fin lo pudimos matar acá con los muchachos”, continúa el video.
Red Yaguareté tomó conocimiento del caso y comenzó a investigar. Lodeiro explica que les llamó la atención el tono con el que hablaba: “Si bien no sabemos las circunstancias del hecho, sabemos que lo estaban persiguiendo desde la mañana”. Quieren saber por qué esta persona lo cazó, si trató por diversión o por otro motivo, más allá de que no cambia el panorama judicial.
Una vez que reunieron las pruebas, hicieron la denuncia. “Hay muchos casos, pero la mayoría no son públicos. Cuando ves que no hay yaguareté en zonas que solía haber es porque le metieron bala. No queda otra”, sostiene Lodeiro.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo de Pablo Morán. El juez llevó adelante la etapa de instrucción y consideró que existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio. Ahora será la jueza María Belén López Macé la encargada de llevar adelante el juicio que comenzará el martes.

La primera condena por un caso similar
Morán fue también el juez que dictó un fallo inédito en 2025. La primera vez que la Justicia argentina sancionó penalmente a cuatro personas por matar a un ejemplar de una especie en peligro de extinción, protegida por la Ley 25.463.
En esa oportunidad, condenó a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) a dos años de prisión efectiva por haber asesinado a un yaguareté en Estanislao del Campo, Formosa. Los tres cumplen la pena bajo arresto domiciliario.
Por su parte, Máximo Cisneros, dueño del campo, recibió una condena de dos años en suspenso, ya que se mantuvo siempre a derecho durante el proceso. 
La investigación llevó cuatro años. “Parece un montón pero no lo es. Otros casos no se resolvieron, para nosotros es un gran avance. Es un tema que siempre fue ignorado por la Justicia, el matar un yaguareté”, indica Lodeiro.
En la Justicia hay alrededor de 75 casos. “Y solo en los juicios de Formosa se le dio bola al tema”, reconoce a Clarín el juez Morán.
Su primera medida fue ordenar un allanamiento en la casa de Chagras ubicada en Clorinda. Allí encontraron un arsenal de armas de caza y municiones, una fotografía en la que se aprecia la piel de un yaguareté y otras imágenes de animales cazados. Dentro de un freezer también encontraron el cuero de un puma.
Según consta en el expediente, el hombre es propietario de tres armas: un fusil de repetición, una escopeta semiautomática y una escopeta tiro a tiro. Las dos últimas son calibre 12.
“Las armas fueron adquiridas en 2022 y, tanto éstas como las miras secuestradas, no solo tienen un gran valor económico sino que son de uso profesional y específico para la caza de animales”, dice un extracto de la elevación a juicio a la que accedió este medio.
“El hecho de que en su freezer tuviera el cuero de un puma, desvirtúa su manifestación de nunca haber matado un animal”, explica la resolución judicial.

Qué dijo el acusado de matar al yaguareté
Chagras prestó declaración indagatoria y aseguró que “nunca mató a un animal”. También contó que se dedica a la pesca y sostuvo que el video fue publicado en un perfil de Facebook trucho que no le pertenece.
Chagras tiene un perfil diferente al de los otros condenados, que eran personas rurales. “Él sale a cazar no como un negocio, sino como un divertimento de él. La gente que le hace compañía son sus peones de campo, no es lo que lo hace con otros cazadores. Encima se jacta subiéndolo a las redes, no es aceptable”, dice una fuente cercana a la investigación.
Por su parte, el juez Morán hace hincapié que la caza del yaguareté es ilegal, está prohibida y tiene una pena establecida por ley: “Tratamos de concientizar a la gente. Son pocos los animales a los cuales matarlos constituye un delito federal”. Entre ellos están el yaguareté, la ballena austral, el ciervo de los pantanos y el venado de las pampas.
Chagras está imputado por el delito de caza de animales silvestres, agravado por el concurso de tres o más personas, a las cuales no se pudo identificar. Tiene una pena prevista de cuatro meses a tres años de prisión. El juicio contará con la participación de la Fiscalía de Estado de Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la ONG Red Yaguareté.

El debate para modificar la Ley de Fauna
La ONG reclama hace años la modificación urgente de la Ley Nacional de Fauna 22.421, vigente desde hace cinco décadas y con penas mínimas que resultan irrisorias frente al daño ambiental causado.
“Tuvimos siete intentos para modificarla y todos fracasaron. Hoy estamos intentando que se puedan modificar por lo menos algunos artículos y poner penas más severas”, explica.
“Si matás a un yaguareté no puede ser que tengas una pena de tres años de prisión en suspenso”, agrega.
Los yaguaretés siguen en riesgo de extinción, salvo en Corrientes, la única provincia donde la población de la especie crece. Lodeiro explica que Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de yaguaretés.
A eso se suma que el país carece de un registro nacional y de cifras oficiales que permitan conocer con precisión cuántos ejemplares quedan y controlar la evolución de la especie.
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Comunidades indígenas denunciaron penalmente los desmontes en el norte

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Referentes indígenas explicaron que recorrieron al Ministerio Público Fiscal después de esperar por dos semanas respuestas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Referentes de las comunidades indígenas ubicadas sobre la ruta nacional 86, en la jurisdicción del municipio de Tartagal, se presentaron ante la Fiscalía Penal 2, a cargo de Gonzalo Vega, a denunciar los desmontes que se están llevando a cabo en la zona rural de esa localidad y solicitar que se ordene su cese urgente.
Las poblaciones indígenas habían advertido de los movimientos de topadoras en la zona al iniciar agosto. En aquel momento Salta/12 requirió información a la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la respuesta fue que debía presentar un pedido de acceso a la información.
Representantes de las comunidades también pidieron información a este organismo, pero tampoco obtuvieron información documentada sobre los supuestos permisos para el desmonte que serían realizados por Martín Morales y la empresa DesdelSur.
En la zona, alejada de toda posibilidad de registro y sin inspección alguna, pobladores registraron con sus teléfonos celulares una cadena que rodea al monte que todavía queda en pie y que es llevada por una de las picadas abiertas. Las comunidades afirmaron que estas cadenas se utilizan para arrancar la vegetación.
Estas cadenas de gran tamaño son enganchadas a topadoras que avanzan paralelas por las picadas abiertas y van destruyendo la vegetación, además de la fauna que no alcance a escapar de este avance. Cada eslabón de la cadena puede medir entre 25 y 40 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos.
El ruido es perturbador. “Uno de acá de la zona fue ayer a ver qué es lo que hay y dice que ahí están topadores en cadenas y la gente de Pozo Nuevo se siente como un niño que no tiene padre o la madre. Y se escucha el ruido… que caen árboles, la tierra se mueve y están hay cementerio y mucho polvo, es que no hay viento y la gente de Pozo Nuevo respira el polvo que queda en el aire”, describió Basilia Pérez, una de las mujeres que acompañan a las comunidades que denuncian el desmonte sin encontrar eco alguno en los organismos oficiales. El testimonio es de hace una semana.

La denuncia
Basilia, junto a Marcelino Pérez, de la comunidad wichí Lapacho 2, de Tartagal, otros referentes de las comunidades indígenas y la representación legal de la abogada Cecilia Jezieniecky, denunciaron ante la Fiscalía Penal 2 de la ciudad norteña las actividades de desmonte en la zona de Pozo Nuevo, que afecta de manera directa a la comunidad aborigen de Arenales, en Finca Tonono. El desmonte está, aparentemente, a cargo del empresario Martín Morales, y en Finca Alcoba, a cargo de la empresa DesdelSur en la zona que va desde los parajes Alcoba a Cañitas.
En la denuncia se detalló que las actividades se realizan aparentemente en las matrículas 29.217, 29.218, y 29.219 del departamento San Martín las que afectan de manera directa a las comunidades de Alcoba y Cañitas, a tan solo 500 metros, y a las comunidades de Tonono y Pacará.
Asimismo, los denunciantes afirmaron que el 1° de agosto recorrieron la zona de Alcoba y el 8 de agosto, la de Pozo Nuevo. En esas ocasiones lograron relevar “una fuerte preocupación y desesperación de las comunidades indígenas, quienes denuncian encadenados y máquinas topadoras”.
Sostuvieron que esta actividad es ilegal “en tanto por ser bosque nativo categoría amarilla la actividad de desmonte no se encuentra permitida”.
La cuestión es que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia permite un área de producción/conservación (o APC) que en el mapa está pintada de marrón y que se puede trocar en verde, amarillo o rojo, dependiendo del porcentaje de desmonte que se permite en la zona, y los permisos que se otorgan.
En la denuncia, los firmantes manifestaron que el bosque nativo rodeado por las topadoras es de “alto valor ambiental y cultural. Su desmonte o cambio de uso para introducción de ganadería pone en riesgo nuestras comunidades, el ambiente y nuestra salud”. Y pidieron al fiscal que “se ordene frenar la actividad hasta tanto el Estado implemente un proceso de consulta libre, previa e informada en las comunidades afectadas por dicha actividad”.
En este punto añadieron que el 3 de agosto solicitaron información sobre la actividad en Finca Alcoba a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin tener respuesta alguna. Agregaron que este organismo “no tiene equipo en la zona de Tartagal y tiene grandes dificultades para dar una intervención rápida frente a los conflictos socio ambientales”.
Explicaron que por esto acudieron a la fiscalía a cargo de Gonzalo Vega, con el propósito de que “intervenga y pueda poner un freno a la actividad”.

Los sospechosos de siempre
Según las imágenes satelitales que la organización ambientalista Greenpeace envió a Salta/12, en solo 5 días se desmontaron al menos 200 hectáreas en la zona.
La reticencia oficial a actuar ante las denuncias de las comunidades indígenas, no es una novedad. Hace 14 años, en la zona de Cuchuy, (en la jurisdicción de General Ballivián, también del departamento San Martín), referentes indígenas denunciaron los desmontes. En aquel momento, desde el área de Ambiente se afirmó que no existía ningún desmonte. Un año después, y solo por un operativo realizado por la ex AFIP, se reveló un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, realizado por empresarios que además tenían a personas en condiciones de trabajo esclavo.
Desde 2013 hasta la actualidad, el desmonte ilegal por el cual fueron responsabilizados los hermanos José y Darío Karlen, continúa en una contienda judicial sin que se haya pagado una multa que actualmente supera los 21 mil millones de pesos. 
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La CIDH abrió el caso por la contaminación de Porta Hermanos

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Vecinos de barrio San Antonio y FUNDEPS lograron una instancia internacional clave en su demanda ante el Estado argentino, ante la falta de respuestas de la justicia local.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión trascendental al abrir el caso contra el Estado argentino por la contaminación ambiental generada por la fábrica de la empresa Porta Hermanos, ubicada en la periferia sur de la ciudad de Córdoba. Esta resolución representa un avance significativo para las familias afectadas y para la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), quienes decidieron acudir a esta instancia internacional en busca de las respuestas que no lograron obtener en los ámbitos judiciales locales ni nacionales.
Ananda Lavayén, abogada de FUNDEPS, explica que la presentación conjunta con las vecinas nucleadas en VUDAS se realizó en el año 2024. Al respecto, la letrada señala: «decidimos acudir como a esta instancia internacional buscando respuestas que tanto en el ámbito local como a nivel nacional no hemos logrado en hasta el día de la fecha». La causa judicial, que se tramita desde el año 2016, tuvo un extenso recorrido de idas y vueltas que incluyó una llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal argentino rechazó el recurso mediante el mecanismo de certiorari, una desestimación por cuestiones formales que evitó que los jueces se expidieran sobre el fondo del asunto.
Tras una primera revisión formal de admisibilidad realizada el año pasado, la novedad actual es que la CIDH resolvió abrir formalmente la petición como un caso. Según detalla Lavayén, «pasaron esta etapa primero porque están cumplidos los requisitos y segundo porque nosotros pedimos información al Estado y nunca contestó», explica la abogada, y añade que, ante este escenario, «hay una presunción de que hay violaciones derechos humanos donde el Estado argentino no acusa recibos«.
Debido a la gravedad de la situación y a la total inacción estatal, la CIDH ha decidido analizar el expediente bajo la modalidad de tratamiento urgente. Lavayén destaca la excepcionalidad de este logro al señalar que es «uno de los pocos casos que llega a esta instancia en la Comisión Interamericana y donde particularmente se da un caso de contaminación ambiental en una zona urbana». Aunque aclara que las resoluciones de la CIDH no son vinculantes, remarca que «sí tienen un gran peso» político y jurídico.
Consultada si podía influir que el caso Porta fue nombrado entre las causas que tienen en contra los camaristas de la Cámara Federal local Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, por presuntas dádivas de la empresa, Lavayen señala: » esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación viene a dar un poco de respuestas a sentencias que nos llamaba la atención que siempre estos dos camaristas resolvían a favor de la empresa«. Al respecto, agrega: «nuestras sospechas estaban fundadas, pero ahora es una investigación que se está llevando adelante, están imputados, pero todavía no hay una condena». Para la letrada, este aspecto es crucial, ya que señaló que «la justicia adecuada, sin corrupción, también es un derecho humano«.
Mientras el proceso internacional avanza —un camino que Lavayén estima que llevará años-, la planta de Porta Hermanos continúa funcionando en el barrio San Antonio, lo que representa la mayor preocupación para la comunidad. A pesar de que a lo largo del proceso, diversos jueces determinaron que la empresa debe realizar de manera obligatoria una evaluación de impacto ambiental. No obstante, la firma se ha opuesto sistemáticamente a cumplir con este requisito en todas las instancias, una postura que ha contado con el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que tanto dentro como fuera del expediente judicial ha sostenido que la fábrica no requiere dicho estudio.
Recientemente, a principios de agosto, la Cámara Federal -sin los dos camaristas investigados- emitió una nueva resolución en la que ratificó que Porta tiene la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el tribunal realizó un fuerte llamado de atención a la Secretaría de Ambiente, advirtiendo que la planta opera únicamente bajo habilitaciones administrativas y un sistema de auditorías, omitiendo el procedimiento de evaluación ambiental que es de carácter obligatorio por ley.
La persistencia de esta situación mantiene en vilo a los habitantes de la zona y es por eso que la demanda se dirige contra el Estado argentino en todos sus niveles —nacional, provincial y municipal— por priorizar una actividad privada por sobre la salud de la población. “Muchos vecinos del barrio siguen padeciendo diversos problemas de salud derivados de la actividad de la planta y a esto se suma un peligro físico inminente: un estudio de carga de fuego realizado recientemente por las propias vecinas reveló que la fábrica posee una carga de fuego cien veces mayor a la permitida para esa zona urbana”, concluyó la letrada. Por eso, y a pesar de todo, la apertura del caso en la CIDH se presenta así como la última esperanza para revertir años de desprotección estatal y peligro socioambiental.
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Comarsa: a juicio el histórico caso de contaminación en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio concedido en primera instancia y revocado posteriormente por un tribunal de impugnación. 
Luego de tres intensas audiencias en las que las partes debatieron las acusaciones y el material probatorio, el juez de garantías de la ciudad de Neuquén, Juan Manuel Kees, resolvió elevar a juicio oral y público al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Al cierre de la etapa de control de acusación, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y las dos querellas. Asimismo, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos presentados, pero no hizo lugar al pedido de que el juicio se realice mediante un jurado popular. Con anterioridad, había sobreseído a los acusados por el delito de administración fraudulenta, argumentando distintos motivos en cada caso.

La acusación
El fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, realizó una extensa apertura de la acusación en la que describió su teoría sobre el caso y las pruebas con las que cuenta. Posteriormente, su presentación fue acompañada por las dos querellas.
Breide Obeid informó que, con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta, se multiplicó la generación de residuos petroleros. En ese período, Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. Según la acusación, la empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria contable les permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar, para lo que se conseguía certificaciones parciales de la oficina ambiental de Neuquén.
“Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal. 
Por otro lado, explicó que los 210 mil metros cúbicos de residuos que Comarsa está trasladando a la planta de disposición final de Indarsa no constituyen la totalidad de lo acumulado en la planta, son sólo los que están en la superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, reiteró el fiscal, quien en audiencias previas informó que en los allanamientos habían encontrado residuos ocultos bajo la tierra.
Además, el fiscal señaló que se desconoce la calidad de las napas, ya que el estudio que la Subsecretaría de Ambiente provincial encomendó a Comarsa nunca se realizó.
Por todo eso, solicitó que el juez elevara la causa a juicio con los tres imputados por contaminación con riesgo para la salud y fraude. Debido a la importancia del caso, también pidió que el juicio se realizara con un jurado popular. El fiscal convocó a 91 testigos para el juicio, entre los que se encuentran vecinos y vecinas de la planta, técnicas, policías, empleados de YPF y funcionarios de la oficina de Ambiente provincial.
Tanto la querella de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cuya representación estuvo a cargo de Emanuel Roa Moreno y Santiago Britos, como la de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), cuyos abogados fueron Bruno Vadalá y Pedro Perlata, acompañaron los planteos y testigos de la Fiscalía.

Las defensas
Durante la audiencia, las defensas solicitaron sobreseimientos y cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones. Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades individuales dentro de Comarsa.
La defensa de HB, director de la compañía, sostuvo que, por su función como director suplente, no tenía capacidad para tomar decisiones de manera autónoma ni integraba formalmente la mesa directiva de la empresa. En ese sentido, cuestionó que pudiera atribuírsele responsabilidad por la defraudación y la contaminación producida en el predio y puso en duda que la documentación contable presentada fuera suficiente para demostrar su participación en las maniobras investigadas.
Por su parte, la defensa de JML, dueño de Comarsa, se enfocó en la acusación por administración fraudulenta. Señaló que no se había determinado con precisión quién habría sido perjudicado, ni cuál sería el monto económico del fraude y cuestionó que las empresas generadoras que contrataron a Comarsa para gestionar sus residuos no hubieran realizado denuncias por haber sido estafadas o por el incumplimiento del tratamiento contratado.
Finalmente, la defensa de FP, gerente general de Comarsa, cuestionó la falta de precisión sobre la conducta concreta atribuida a su defendido. Sostuvo que la acusación no permitía identificar qué acción específica habría realizado y, por ello, solicitó su sobreseimiento.
Los abogados de los imputados objetaron parte de la prueba testimonial ofrecida para un eventual juicio. Solicitaron excluir a dos de los autores del informe “La basura del fracking” y se opusieron a la participación de diez vecinos de las inmediaciones de Comarsa. Al respecto, la Fiscalía defendió su incorporación argumentando que podían dar cuenta de aspectos como los olores, el humo negro, los malestares físicos y otras situaciones de las que padecieron durante años en los alrededores de la planta.
Por último, las defensas se opusieron a que el eventual juicio se realizara mediante jurado popular y cuestionaron la aplicación del Acuerdo de Escazú como fundamento para esa modalidad.

La probation
En la semana, además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó una audiencia para analizar el recurso que presentaron las defensas, que insisten en la aplicación de una probation para suspender el proceso penal, que había sido concedida en primera instancia y fue revocada posteriormente por el Tribunal de Impugnación. Y al cierre de la jornada, se anunció que la decisión podría demorarse hasta el 5 de noviembre.
En la audiencia del TSJ, además de las partes, intervinieron los amicus curiae del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, estuvieron presentes distintas organizaciones y referentes que acompañaron el proceso como legisladores de distintas fuerzas y organizaciones mapuches, ambientales, sindicales y políticas.

Comarsa hoy: trasladar no es remediar
El avance de la causa judicial no puede separarse de lo que continúa ocurriendo en el predio. Después de años de planes incumplidos, las montañas de barros tóxicos permanecen en el Parque Industrial de Neuquén. Actualmente, y desde pocos meses después de concretarse la imputación, parte de ese material está siendo trasladado fuera de Comarsa al predio de disposición final de Indarsa en Añelo.
Los materiales acumulados durante años están siendo transportados más de 100 kilómetros sin haber sido previamente tratados en Comarsa. Toneladas de residuos peligrosos atraviesan distintas localidades antes de llegar a un nuevo destino. Este proceso, aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves, comenzó en diciembre de 2024 y debe finalizar en diciembre de 2026. Sin embargo, hasta la fecha, con más del 80 por ciento del tiempo previsto transcurrido, Comarsa sólo trasladó el 50 por ciento del material. A este material superficial hay que sumarle, además, lo que la causa demostró que fue enterrado.
Pero, como si esto fuera poco, la desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño, una interpretación sostenida públicamente incluso por funcionarios de ambiente.
El proceso de remediación implica tareas que no fueron incluidas en el plan que Ambiente aprobó. A la fecha, no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio de 17 hectáreas de Comarsa y sus alrededores. Esto en un contexto en el que las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones que rodean la planta.
De este modo, el publicitado traslado de los barros tóxicos que siguen contaminando y la supuesta remediación que dicen estar realizando parece ser una lavada de cara para la empresa que dejó uno de los peores pasivos ambientales de la ciudad. 

Más de 10 años de historia 
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia, investigación y acompañamiento para evitar que los residuos no tratados en Comarsa se naturalicen y queden en el olvido.
La intensidad de explotación inherente al fracking genera altos volúmenes de desechos que se enmarcan dentro de lo que la ley argentina comprende como “residuos peligrosos”. La explotación de hidrocarburos no convencionales a partir del acuerdo Chevron-YPF en 2013 generó un crecimiento exponencial de esos desechos.
En octubre de 2014 reventó una “pileta clandestina” del basurero Indarsa del Parque Industrial de Neuquén y derramó 100 metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Posteriormente, la empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, la multa ambiental más cara hasta ese momento. Ese mismo mes, se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros que agrupaba a familias vecinas a la planta de Comarsa y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. Esa organización en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, denunció los impactos de Comarsa.
A fines de 2015, ante la movilización del espacio Fuera Basureros Petroleros y la presión en la Legislatura provincial, el Ejecutivo firmó el Decreto N° 2263 que establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas, dando cuenta de la peligrosidad de los residuos. Esta normativa fijó dos años de plazo para que las compañías se adecuaran, período que venció en noviembre de 2017. Sin embargo, Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. Por entonces, la empresa había comenzado a construir una nueva planta en Añelo y había retirado los hornos de la de Neuquén.
Con el tiempo, ese proceso de movilización y denuncia continuó en el ámbito judicial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas realizó una denuncia contra Comarsa, las operadoras petroleras y los funcionarios públicos que permitieron que el desmanejo de Comarsa se sostuviera sin mayores controversias. Posteriormente, se sumó la APDH, motorizada por la idea de que el derecho a un ambiente sano es parte de la lucha de los derechos humanos de hoy.
En ese contexto publicamos “La basura del fracking en Vaca Muerta” junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista, un trabajo en el que sistematizamos la información sobre Comarsa que obtuvimos a partir de un pedido de informes a la oficina de Ambiente. Durante todo este tiempo, distintas organizaciones y referentes sostuvieron el seguimiento de este extenso y complejo proceso.
La persistencia de quienes denunciaron, investigaron, acompañaron las audiencias y mantuvieron públicamente el reclamo permitió que, más de una década después, la discusión sobre las responsabilidades por la contaminación de Comarsa siga abierta. El juicio será una nueva instancia en este recorrido y una oportunidad para insistir en una demanda que atravesó todo el proceso, y es que los responsables por contaminación no queden impunes.

Los temas pendientes
La elevación a juicio es un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que el fracking implica una profunda degradación del ambiente. Este proceso permite advertir que aún queda mucho por investigar en relación a los residuos que genera la explotación petrolera:
- Las responsabilidades de las grandes petroleras que firmaron contratos con Comarsa, como YPF y otras tantas, responsables últimas por los “residuos peligrosos” que producen, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente.
- La situación de la planta de Comarsa de Añelo, que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- La inevitable connivencia de funcionarios estatales que hasta la actualidad habilitan el trabajo de este tipo de instalaciones.
- Las otras tres compañías de basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
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