La ley de biocombustibles llega a Diputados con apoyo al bioetanol y disputa por el biodiésel

La Comisión de Energía recibió a las cámaras del sector: el bioetanol y las aceiteras respaldaron el proyecto con media sanción, mientras las pymes del biodiésel advierten que la apertura del mercado a las exportadoras las llevaría a la quiebra.

La nueva ley de biocombustibles comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados con un amplio apoyo a la suba de los cortes obligatorios, pero con una disputa abierta en torno al biodiésel. La Comisión de Energía y Combustibles, que preside el diputado Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza, recibió el martes a representantes del sector para debatir el proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 41 votos a favor y 25 en contra.
La iniciativa eleva de manera gradual los cortes obligatorios de biocombustibles: el biodiésel mezclado con el gasoil pasará del 7,5% al 10%, y el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15% en un plazo de doce meses. El punto conflictivo es que las grandes empresas exportadoras, hoy excluidas, podrán ingresar al mercado interno de biodiésel con una transición hasta 2036, lo que reduce la porción reservada a las pymes.

El respaldo de los bloques y el bioetanol
Los diputados cordobeses Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, defendieron la sanción del proyecto. Bornoroni sostuvo que la norma salda deudas con el interior y garantiza previsibilidad a los productores, y resumió el espíritu del cambio: “Pasamos de un Estado que reparte a un mercado que crece”.
El sector del bioetanol, que obtiene su materia prima del maíz y la caña de azúcar, respaldó la iniciativa. Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, consideró que la ley vigente está agotada y no contempla los avances tecnológicos ni los nuevos mercados: “Pasamos de ser pioneros en biocombustibles a ser rezagados”, advirtió. Según su visión, el proyecto elimina cupos y fórmulas de precios, promueve la competencia mediante licitaciones públicas y abre la actividad a nuevas inversiones.
Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, destacó que el bioetanol es decisivo para la actividad azucarera y que el texto recogió los reclamos del sector. También apoyaron el proyecto la cámara de pymes productoras y expendedoras de biocombustibles Biopyme, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

La pelea por el biodiésel
El biodiésel concentró las diferencias. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), advirtió que las plantas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran el 65% del corte obligatorio y que, si la norma no se modifica, quedarán al borde de la quiebra. Aunque coincidió en la necesidad de modernizar el régimen, sostuvo que eso no puede significar “mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”.
En la misma línea se pronunciaron representantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y la Cámara Santafesina de Energías Renovables, que apoyan una nueva ley, pero con cambios al texto aprobado por el Senado.
Del otro lado, Gustavo Idígoras, presidente de la cámara aceitera, defendió la apertura del mercado y sostuvo que el régimen actual, sin competencia, perjudica a la Argentina cuando intenta abrir mercados externos para sus biocombustibles.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, valoró el amplio consenso que tuvo la iniciativa, aunque reconoció la necesidad de encontrar una solución para las pymes del biodiésel.

Qué está en juego
Según los datos de Cepreb, la reforma reduciría casi a la mitad la producción de las pymes, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y pondría en riesgo unos 9.500 empleos directos e indirectos en el interior del país. Las grandes aceiteras, en cambio, controlan la materia prima, que representa alrededor del 80% del costo de producción del biodiésel.
Más allá de la disputa económica, el debate tiene una dimensión ambiental. Los biocombustibles reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en comparación con los combustibles fósiles, por lo que el aumento de los cortes obligatorios representa un avance para la descarbonización. La discusión de fondo es quién producirá ese combustible: si un entramado de pymes distribuido en distintas provincias o un grupo reducido de grandes empresas exportadoras concentradas en el polo agroindustrial.
Si Diputados aprueba el proyecto sin cambios, se convertirá en ley; si introduce modificaciones para atender el reclamo de las pymes, deberá volver al Senado.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Clarín, Diario Página/12, Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Un equipo del Conicet desarrolla un método para recuperar litio y otros metales de baterías usadas

El proyecto Litio circular, premiado con la Distinción Franco-Argentina en Innovación, usa cápsulas de biopolímeros para separar los metales de las baterías en desuso y busca escalar del laboratorio a las baterías de autos eléctricos.

Un equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) desarrolla un método para recuperar litio, cobalto, níquel y otros metales de las baterías usadas y reincorporarlos a la industria. El proyecto, denominado Litio circular, fue reconocido con la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026, en la categoría Senior, que entregan el Conicet y el Instituto Francés de Argentina, de la Embajada de Francia.
La iniciativa está a cargo del investigador Martín Negri, director del Laboratorio de Materiales Compuestos y Energía del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae), que depende del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires. Participa además el Laboratorio de Polímeros del Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono, también de ambas instituciones.

Cómo funciona
El proceso comienza con la neutralización de la carga eléctrica que queda en las baterías, para evitar explosiones. Luego, los dispositivos se desarman o se trituran para separar los electrodos y las membranas. A continuación, mediante procesos químicos, se obtienen líquidos con sales disueltas que contienen los distintos metales.
La innovación está en la etapa siguiente. Las sales se capturan con cápsulas elaboradas a partir de biopolímeros, que funcionan como “esponjas inteligentes”: cada una está diseñada para retener una sal específica, lo que permite separar los elementos sin que se mezclen entre sí. Esas cápsulas se fabrican con celulosa obtenida de plantas nativas invasoras, lo que suma un beneficio ambiental adicional.
El método permite procesar baterías de ion-litio, las más usadas en teléfonos, computadoras y autos eléctricos, y de níquel-metal-hidruro. Entre los materiales que pueden recuperarse figuran aluminio, litio, níquel, cobalto, manganeso y tierras raras.

De los celulares a los autos eléctricos
La metodología ya fue validada con éxito a escala de laboratorio con baterías de teléfonos celulares. El próximo paso es escalarla para tratar baterías de tracción de vehículos eléctricos, cuyo volumen crecerá en los próximos años con la expansión de la electromovilidad y de los sistemas de almacenamiento de energía. El equipo mantiene conversaciones con el área de sustentabilidad de una automotriz y prevé, además, trabajar junto con recicladores urbanos.
Para Negri, la economía circular es clave en este sector. Según explicó, es fundamental, “una vez terminada la vida útil de las baterías, poder recuperar elementos de alta demanda”.

Un problema en crecimiento
El proyecto apunta a un desafío doble. Por un lado, las baterías en desuso son residuos peligrosos: si terminan en basurales o se desarman sin control, pueden liberar metales y sustancias tóxicas que contaminan el suelo y el agua. Por otro, contienen materiales estratégicos para la transición energética, cuya extracción genera fuertes impactos ambientales.
En la Argentina, el desafío es especialmente relevante. El país genera unas 517.000 toneladas de residuos electrónicos por año y recupera apenas el 3% por canales formales, según datos difundidos por organizaciones ambientales. A la vez, forma parte del llamado triángulo del litio junto con Chile y Bolivia, una región donde la explotación del mineral en salares de la Puna genera preocupación por el uso del agua y sus efectos sobre las comunidades y los ecosistemas de altura.
El reciclado no reemplaza la minería, pero puede reducir la presión sobre los territorios donde se extraen esos minerales y disminuir la dependencia de nuevas fuentes. En la Unión Europea, por ejemplo, la normativa sobre baterías ya establece porcentajes mínimos de contenido reciclado para el litio, el cobalto y el níquel en las baterías nuevas a partir de la próxima década.
La Distinción Franco-Argentina en Innovación, que este año celebró su décima edición, cuenta con el respaldo de la empresa TotalEnergies Argentina y busca promover proyectos científicos con potencial de transferencia al sector productivo. En el caso de Litio circular, el desafío ahora es dar el salto del laboratorio a la industria, en un país que podría convertirse no solo en proveedor de litio, sino también en un actor clave en su reciclaje.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Argentina necesita acelerar sus compromisos de biodiversidad hacia 2030, advierte un informe de FARN

En plena COP17, un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales concluye que el país desarrolló herramientas para cumplir las metas globales, pero sin resultados verificables, con financiamiento insuficiente y un informe nacional todavía pendiente.

Mientras en Ereván, Armenia, la COP17 de biodiversidad realiza el primer balance global de los compromisos para frenar la pérdida de naturaleza, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que la Argentina necesita acelerar la implementación de sus metas. El documento, titulado “Metas Mundiales de Biodiversidad a 2030: escenario argentino rumbo a la COP17”, concluye que el país avanzó en el diseño de herramientas, pero todavía no logró resultados verificables en el territorio.
El análisis evalúa cómo avanza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, el instrumento con el que la Argentina traduce a escala nacional los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022 con 23 metas para 2030.

Herramientas sin resultados
Según el informe, se desarrollaron metodologías, procedimientos e instrumentos para avanzar en las metas nacionales, pero esos avances aún no se reflejan en mejoras concretas para los ecosistemas. “El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas”, resumió Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de FARN.
El documento identifica una serie de obstáculos que se repiten: financiamiento insuficiente, capacidades institucionales limitadas, débil coordinación entre la Nación y las provincias y entre los distintos organismos, información pública incompleta y falta de indicadores adecuados para medir el progreso.
Un dato muestra el retraso: el séptimo informe nacional que la Argentina debía presentar ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en febrero de 2026 todavía está pendiente. A nivel global, más del 70% de las 196 Partes del convenio ya entregó ese reporte, según la Secretaría del organismo.

Sin datos sobre la inversión
El informe señala que no existe una cifra oficial que permita conocer cuánto invierte el país en total en la conservación de la biodiversidad, y que los presupuestos públicos no están suficientemente vinculados con las metas de la estrategia nacional. Esa falta de información dificulta evaluar si los recursos alcanzan para cumplir los objetivos.
La restauración de ecosistemas es otro de los puntos críticos. En la Argentina, unas 4,6 millones de hectáreas se encuentran bajo algún proceso de restauración, lo que equivale apenas al 4,6% de la superficie degradada estimada. La meta global establece que al menos el 30% de los ecosistemas degradados esté bajo restauración efectiva en 2030.

El costo de no actuar
La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias económicas. FARN cita un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que advierte que el deterioro de la naturaleza podría reducir el producto interno bruto real de la región en un 3,3% hacia 2030.

Las recomendaciones
Entre sus propuestas, FARN plantea garantizar la continuidad de las políticas de biodiversidad a lo largo del tiempo, fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas, asegurar un financiamiento suficiente y accesible y mejorar el monitoreo de las metas.
La organización también reclama la sanción de una Ley de Humedales, una deuda histórica del Congreso, y advierte sobre la necesidad de evitar retrocesos en la protección ambiental. En ese sentido, pide evaluar los efectos de las reformas de la Ley de Tierras Rurales y de la Ley de Manejo del Fuego sobre los suelos, los ecosistemas y los riesgos asociados al clima. Además, insiste en garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Un examen global
El informe llega en un momento clave. En la COP17, que se extenderá hasta el 30 de octubre, los países revisan por primera vez los avances hacia las metas de 2030, en un contexto en el que menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados en el mundo avanza al ritmo necesario. Las negociaciones giran en torno al financiamiento, la reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza y la llamada hoja de ruta de Ereván, que busca acelerar la implementación.
Para la Argentina, uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas de la región, el diagnóstico de FARN es una señal de alerta: a cuatro años de 2030, las herramientas están, pero los resultados todavía no se ven.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Un informe advierte que la agenda ambiental quedó relegada en el Congreso durante 2026

El balance del Círculo de Políticas Ambientales señala que, de las 24 leyes sancionadas hasta septiembre, la de mayor peso ambiental fue la reforma de la Ley de Glaciares, a la que considera un retroceso en la protección.

La agenda ambiental volvió a quedar en un segundo plano en el Congreso de la Nación durante 2026. Así lo advierte el “Balance de actividades en el Congreso” elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que analizó el trabajo legislativo desde el inicio del período ordinario de sesiones hasta septiembre y lo describió como una actividad de “intensidad desigual, fragmentada y con avances limitados”.
En ese lapso, el Poder Legislativo sancionó 24 leyes. Entre ellas, la de mayor impacto ambiental fue también la más cuestionada: la reforma de la Ley de Glaciares, que el informe considera un retroceso en el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La reforma de la Ley de Glaciares
La modificación de la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, fue sancionada en abril por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en medio de protestas, y promulgada por el Poder Ejecutivo ese mismo mes. La nueva norma limita la protección a los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que tengan una función hídrica “efectiva y relevante”, en lugar de resguardarlos como reservas estratégicas de agua.
Además, traslada a las provincias buena parte del control que antes ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y establece que las actividades industriales y extractivas solo quedarán prohibidas cuando impliquen una “alteración relevante” del ambiente, un concepto que deberá definir cada jurisdicción. Organizaciones ambientales advirtieron que el cambio abre la puerta a la minería en zonas antes protegidas y pone en riesgo el agua de regiones como Cuyo.

Pocos avances
Entre los escasos avances, el informe destaca la ratificación de dos acuerdos internacionales: uno vinculado al Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un problema que afecta especialmente al Mar Argentino.
También menciona que, el 8 de septiembre, tres comisiones del Senado firmaron un dictamen conjunto sobre mercados de carbono, aunque el tema todavía no llegó al recinto.

Una deuda que se arrastra
El diagnóstico no es nuevo. En sus balances anteriores, el CPA ya había señalado que el Congreso no sancionó ninguna ley ambiental en 2024, salvo una declaración de emergencia por los incendios en Córdoba, y que en la primera mitad de 2025 tampoco se aprobó ninguna. En aquel momento, la directora de la organización, María Eugenia Testa, advirtió que nunca habían visto tan poca actividad en las comisiones.

Los temas pendientes
El informe enumera una larga lista de cuestiones que siguen sin tratamiento. Entre ellas figuran la transición energética, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, la eficiencia energética, la gestión de envases, la prevención de incendios forestales y la trazabilidad de la actividad pesquera. También señala la posible discusión del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar, que busca proteger los océanos más allá de las aguas territoriales.
El otro gran desafío será el Presupuesto Nacional 2027, que definirá cuántos recursos tendrán la conservación de áreas protegidas, el combate de incendios, la transición energética y los organismos de control ambiental.

Un escenario con nuevas discusiones
Mientras tanto, otros debates con fuerte impacto ambiental comenzaron a moverse en las últimas semanas. En el Senado, un plenario de comisiones empezará a analizar proyectos para regular el cierre de minas, y en Diputados avanza el tratamiento de la reforma del régimen de biocombustibles y la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
El balance del CPA expone una paradoja: mientras la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se aceleran, con inundaciones, sequías e incendios cada vez más frecuentes en el país, la agenda ambiental sigue relegada en el Congreso, donde las pocas leyes aprobadas en la materia apuntaron más a flexibilizar protecciones que a reforzarlas.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Congreso de la Nación Argentina.

La reforma de la ley de biocombustibles pone en riesgo 14 plantas pymes y casi 10.000 empleos

El proyecto con media sanción del Senado reduce casi a la mitad la participación de las pymes en el mercado del biodiésel y abre el negocio a las grandes aceiteras, en un debate que también define el futuro de los biocombustibles en el país.

La reforma del régimen de biocombustibles que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora se debate en la Cámara de Diputados pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel en el interior del país. Según la cámara que las agrupa, la nueva ley reduciría casi a la mitad su participación en el mercado, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y amenaza unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, y respaldado por el gobierno nacional, fue aprobado por el Senado el 17 de septiembre y pasó a la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados. Busca reemplazar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, por un nuevo marco regulatorio con una vigencia de 15 años, que elimina los precios fijados por la Secretaría de Energía y desregula el mercado.

Qué cambia para el biodiésel
Hoy, el gasoil que se vende en el país debe contener un 7,5% de biodiésel, y ese volumen es abastecido en su totalidad por productores no integrados, en su mayoría pymes regionales, que compran el aceite de soja a las grandes aceiteras. La reforma eleva la mezcla total, pero reduce la porción reservada a las pymes a un piso del 4% y abre un segmento de libre negociación del 6%, en el que competirían las grandes agroexportadoras.
Según los cálculos difundidos por el sector, la producción de las pymes caería de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. Con ese volumen, solo 11 de las 25 plantas podrían seguir operando. Las restantes, distribuidas en provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, quedarían en riesgo de quiebra.

La concentración del mercado
El conflicto enfrenta a las pymes con las grandes aceiteras. Las 25 productoras pequeñas y medianas tienen, cada una, una participación de mercado del 5% o menos, pero elaboran cerca del 65% del biodiésel destinado al corte obligatorio. En cambio, las grandes procesadoras de soja controlan la materia prima, que representa el 80% del costo de producción. Del lado de los compradores, YPF concentra el 59% de las adquisiciones y las principales petroleras, el 92% del mercado.
Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), dejar que las aceiteras ingresen al mercado interno a costa de las pymes concentraría la producción en pocos grupos empresarios, en su mayoría ubicados en el polo agroexportador de Santa Fe. Su director ejecutivo, Federico Martelli, sostuvo que, si las grandes empresas quieren entrar al mercado interno, debería hacerse aumentando el cupo total de biodiésel y no reduciendo el de las pymes.

La contrapropuesta de las pymes
La cámara propone elevar el corte de biodiésel al 12,5% del gasoil, dividido en tres segmentos: un 5% para pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de los puertos, un 2,5% para pymes portuarias no integradas y un 5% abierto a las grandes exportadoras. También plantea reemplazar los cupos y precios regulados por licitaciones competitivas.
Según Cepreb, el sector genera más de 1.000 millones de dólares anuales, sostiene a unas 400 extrusoras regionales de soja y produce un combustible con emisiones de gases de efecto invernadero un 69% menores que las del gasoil fósil.

Un debate también ambiental
Los biocombustibles son una de las herramientas con las que la Argentina reduce las emisiones del transporte, uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático. Por eso, más allá de la disputa económica, la reforma define cuánto biocombustible se mezclará con los combustibles fósiles en los próximos 15 años y quién lo producirá.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo régimen amplía los cortes obligatorios, incorpora competencia y elimina distorsiones de precios. Las pymes, en cambio, advierten que la desregulación favorecerá a los grandes jugadores y pondrá en riesgo un entramado productivo distribuido en el interior, vinculado a las economías regionales.
La media sanción en el Senado no estuvo exenta de tensiones. Según Cepreb, el senador radical Maximiliano Abad votó en contra y pidió un cuarto intermedio para negociar cambios, que fue rechazado. Ahora, la discusión se traslada a Diputados, donde las pymes buscan modificar el texto antes de que se convierta en ley.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Senado de la Nación Argentina, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

El Senado debate una ley para regular el cierre de minas con garantías ambientales y financieras

Un plenario de comisiones analizará este miércoles tres proyectos que buscan llenar el vacío legal sobre qué ocurre con los yacimientos cuando terminan de producir, con planes obligatorios y fondos para remediar los sitios.

El Senado de la Nación comenzará a debatir este miércoles una deuda pendiente de la regulación minera argentina: qué ocurre con las minas cuando terminan de producir. El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable analizará tres proyectos que buscan establecer reglas para el cierre de minas, con planes obligatorios desde el inicio de la actividad y garantías financieras que aseguren la remediación de los sitios.
La reunión está prevista para el miércoles 21 de octubre a las 15, en el Salón Azul del Palacio Legislativo. El punto de partida es un diagnóstico compartido por las tres iniciativas: la Argentina no tiene una regulación específica y uniforme sobre el cierre de minas. El tema aparece solo de manera indirecta en la legislación ambiental minera, sin procedimientos, responsabilidades ni garantías detalladas.

Tres proyectos en debate
El primero de los textos, el S-285/25, pertenece al fallecido senador chaqueño Antonio Rodas y propone una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas. Define el plan de cierre como un instrumento de gestión ambiental destinado a rehabilitar las áreas afectadas por la actividad y exige la constitución de garantías financieras. Alcanzaría a las nuevas unidades mineras y a las que reinicien operaciones una vez vigente la norma.
Los otros dos proyectos plantean un camino distinto: incorporar al Código de Minería un título específico denominado Régimen de Cierre de Minas. Uno de ellos, el S-257/26, lleva la firma de los senadores Flavio Fama, de Catamarca, y Edith Terenzi, de Chubut. El otro, el S-525/26, es de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci. En la Cámara de Diputados también hay una iniciativa sobre el tema, el expediente 5793-D-2025.

Qué proponen
Las iniciativas coinciden en exigir que las empresas presenten un plan de cierre al comienzo de la actividad, junto con el informe de impacto ambiental, y que lo actualicen de manera periódica durante la vida útil del yacimiento. Los proyectos de Fama y Corpacci obligan, además, a constituir fondos o instrumentos financieros específicos para cubrir los costos del cierre y del poscierre, que el Estado podría ejecutar si la empresa no cumple.
Ambas propuestas también crean mecanismos fiduciarios o fondos permanentes para financiar el monitoreo ambiental una vez concluido el poscierre, cuando ya no hay actividad pero los riesgos de contaminación pueden persistir durante décadas. La iniciativa de Fama y Terenzi incluye, por otra parte, la obligación de que la autoridad de aplicación institucionalice procedimientos de participación ciudadana antes de aprobar cada plan y garantice el acceso público a la información.

Las minas que quedaron atrás
La falta de reglas claras tiene consecuencias visibles. En la Puna del noroeste argentino, las minas La Concordia, La Poma y Pan de Azúcar dejaron de operar sin un plan de cierre adecuado. Un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas detectó en esos sitios drenaje ácido de mina, un proceso por el cual los sulfuros de los residuos se oxidan con el agua y el aire y liberan metales pesados. La contaminación alcanzaba aguas superficiales, suelos, sedimentos y vegetación, y los autores advirtieron que el daño continuará si no se realizan tareas de remediación.
El debate no es nuevo en el Congreso. En 2022, el Senado ya había analizado proyectos sobre el tema, con la participación de funcionarios de Catamarca, provincia que desarrolló su propia normativa a partir del cierre de Bajo de la Alumbrera, tras más de 15 años de producción. Sin embargo, aquellas iniciativas no llegaron a convertirse en ley.

La comparación con los países vecinos
Los fundamentos de los proyectos señalan que Chile y Perú cuentan desde hace años con leyes específicas sobre el cierre de faenas mineras, mientras la Argentina mantiene un vacío legal. En Perú, la Ley 28.090, vigente desde 2003 y actualizada en 2025, obliga a las empresas a presentar planes de cierre y a constituir garantías financieras. En Chile, la Ley 20.551, en vigor desde 2012 y fiscalizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, estableció exigencias similares.
El debate llega en un momento de fuerte expansión de la actividad minera en el país, impulsada por el cobre y el litio, con grandes proyectos en provincias cordilleranas. Para las comunidades cercanas a los yacimientos, la discusión es clave: define quién se hará cargo de los residuos, las escombreras y los diques de colas cuando las empresas se vayan, y si el costo de la remediación recaerá sobre ellas o sobre el Estado.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Parlamentario, Portal Chubutline, Portal Futuro Sustentable, Senado de la Nación Argentina

La investigadora que el INTA busca exonerar presentó su estudio sobre plaguicidas en personas

Virginia Aparicio expuso en Balcarce los resultados del proyecto europeo SPRINT, que detectó residuos de múltiples plaguicidas en el agua, el suelo, los animales y los cuerpos de vecinos del sudeste bonaerense, mientras enfrenta un sumario que podría costarle su cargo.

La investigadora Virginia Aparicio, a quien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) busca exonerar tras un sumario administrativo, presentó en Balcarce los resultados del estudio internacional que coordinó en la Argentina sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas. Los datos muestran residuos de múltiples sustancias en el suelo, el agua, los animales y los cuerpos de los participantes del sudeste bonaerense.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA Balcarce y del Conicet, durante la charla abierta a la comunidad. El INTA, por su parte, se desligó de la presentación.

El proyecto SPRINT
La investigación formó parte del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020, que analizó la presencia de más de 200 plaguicidas en distintos países. La Argentina se sumó en septiembre de 2020, a través del INTA, como el único país no europeo participante. Aquí, el trabajo abarcó diez partidos del sudeste bonaerense, entre ellos Balcarce, Tandil, Necochea y Tres Arroyos, y contó con 73 voluntarios de zonas rurales y urbanas.
Con protocolos de muestreo armonizados con los equipos europeos, se analizaron suelos, aguas superficiales, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos, además de muestras de sangre, orina y materia fecal de las personas. Los participantes también usaron durante siete días pulseras de silicona que captan las sustancias a las que están expuestos.

Lo que encontraron
Los resultados son contundentes. Ninguna muestra de agua superficial estuvo libre de residuos, con un valor típico de 20 sustancias por muestra. En el polvo de las viviendas rurales se halló una mediana de 75 plaguicidas por muestra, con casos de hasta 121. Según los datos difundidos del estudio, el glifosato apareció en la sangre del 86% de los participantes argentinos y el clorpirifos, un insecticida prohibido en la Unión Europea, en el 37,7%, frente al 3,7% registrado en Europa.
Un relevamiento complementario sobre 154 muestras de agua de red y de pozos de la región pampeana, tomadas entre 2019 y 2022, detectó atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. El 9% de las muestras de red y el 18% de los pozos rurales superaron el umbral de referencia de la Unión Europea. La investigadora también señaló que se registraron aplicaciones con dosis de hasta 20 veces las recomendadas en las etiquetas.

Del silencio al sumario
El camino de estos resultados fue accidentado. En 2023, la conducción del INTA decidió retirar al organismo del proyecto y suspendió una reunión prevista para informar los resultados a los voluntarios. Aun así, los datos argentinos permanecieron en la base del proyecto, que concluyó en febrero de este año.
Desde comienzos de 2025, Aparicio enfrenta un sumario administrativo en el que se le imputan ocho hechos, entre ellos ocultar información a sus superiores y causar un perjuicio económico al Estado. El INTA, que preside Nicolás Bronzovich, propuso su exoneración, la sanción más grave de la administración pública, que implicaría la pérdida de su cargo en el organismo y también en el Conicet. Los cuestionamientos se centran en los procedimientos de toma y análisis de muestras humanas, el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a los datos de los participantes, y no en los análisis ambientales.
Su defensa rechaza las acusaciones, sostiene que todas las acciones fueron informadas y que los fondos del proyecto provinieron de Europa y fueron rendidos, y anticipó que, si la exoneración se confirma, recurrirá a la Justicia. El INTA indicó que esperará la resolución del sumario antes de pronunciarse públicamente.

Rechazo y reclamos
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, agrupaciones científicas y la asociación del personal del INTA impulsan una campaña contra la exoneración y reclaman que los resultados se difundan públicamente. En Balcarce, vecinos que asistieron a la charla pidieron actualizar la legislación, ampliar los controles sobre el agua y los alimentos y estudiar el impacto de los plaguicidas sobre las abejas y la apicultura.
El caso reabre el debate sobre la libertad de investigación en el sistema científico público y sobre el acceso a la información en un país que es uno de los mayores consumidores de agroquímicos del mundo, donde la exposición de las comunidades rurales sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto SPRINT (Unión Europea).

El Gobierno acepta restituir la Ley de Tierras y los límites a la venta de campos a extranjeros

Para evitar una derrota en Diputados y retener a sus aliados, La Libertad Avanza incorporó al proyecto de Propiedad Privada dos artículos que derogan el artículo 154 del DNU 70/2023 y devuelven plena vigencia a la Ley 26.737.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con una de las medidas emblemáticas del inicio de la gestión de Javier Milei. La Libertad Avanza aceptó restituir la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que limita la compra de campos por parte de extranjeros y que había sido derogada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. El giro se concretó en Diputados, en medio de la negociación para evitar una derrota frente a la oposición y asegurar el respaldo de sus aliados al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La restitución quedó incorporada al dictamen de mayoría de esa iniciativa, que obtuvo media sanción del Senado a comienzos de agosto. A propuesta del diputado radical Diógenes González, en el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se sumaron dos artículos: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del decreto 70/2023, y el 39, que restablece la plena vigencia de la Ley de Tierras. Con el apoyo del PRO y la UCR, el oficialismo reunió 34 firmas para el dictamen.

Qué establece la Ley de Tierras
Sancionada en diciembre de 2011, la Ley 26.737 impide que las personas o empresas extranjeras sean titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, un límite que también se aplica a cada provincia y a cada departamento. Además, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de esa superficie habilitada. La norma también restringe la compra por extranjeros de inmuebles rurales que contengan o linden con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y fija limitaciones en las zonas de seguridad de frontera.
El cambio de posición del oficialismo es notorio. Al comienzo de la gestión, el decreto 70/2023 eliminó por completo esas restricciones. Luego, durante el tratamiento en el Senado, el Gobierno pasó a proponer que el tope para extranjeros subiera del 15% al 25%. Ahora acepta volver al esquema original.

Idas y vueltas judiciales
La decisión llega después de semanas de vaivenes judiciales. A fines de septiembre, la Corte Suprema había dejado firme la derogación al rechazar, por falta de legitimación, la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Pero el 9 de octubre, en otra causa iniciada por la organización Árbol de Pie, dispuso de manera provisoria la suspensión del artículo 154 del decreto y devolvió la vigencia a la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo, que quedó en manos de la Justicia federal de Bariloche.
Ese vacío de diez días mostró los riesgos de dejar el tema sin resolver. En ese lapso, por ejemplo, una inmobiliaria ofreció a compradores extranjeros un campo de casi 3.000 hectáreas con lago privado en Alto Río Pico, en Chubut, según detectó el Observatorio de Tierras de la UBA y el Conicet.

Negociación política
Según trascendió, el movimiento busca contener a los aliados del PRO y la UCR, que reclamaban restablecer los límites, y sumar a bloques provinciales del norte, como los de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca, además de diputados cordobeses de Provincias Unidas. La oposición había convocado para el jueves a una sesión especial con el objetivo de derogar el decreto 70/2023; sus impulsores calculaban reunir entre 120 y 123 legisladores, por debajo de los 129 necesarios para el quórum. Un referente del oficialismo admitió que eliminar por completo el decreto tendría un costo alto por la incertidumbre que generaría.
Desde la oposición, la diputada Paula Penacca criticó el giro y señaló que los libertarios firman un dictamen contrario a lo que piensa el propio Presidente, autor del decreto. “Qué manotazo de ahogado que pegaron”, ironizó.

El resto del proyecto
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo prevé debatir en el recinto el 21 de octubre, incluye además cambios en las expropiaciones, con mayores exigencias para declarar la utilidad pública e indemnizaciones a valor de mercado, un procedimiento de restitución de inmuebles ocupados en 72 horas y nuevas reglas ante la falta de pago de alquileres. Si Diputados lo aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado.
Hasta que el Congreso complete el trámite, la vigencia de la Ley de Tierras seguirá apoyada en la medida provisoria de la Corte Suprema.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Portal Economía Sustentable, Honorable Cámara de Diputados de la Nación (dictamen), Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras y Lorenzetti defendió el fallo

Con el voto de dos conjueces, el máximo tribunal dictó una medida interina en la causa de una organización ambiental y comunidades mapuche que restituye en forma provisoria los topes a la compra de campos por extranjeros.

Diez días después de haber dejado operativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la Corte Suprema de Justicia dio un giro. El 9 de octubre, el tribunal suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el que había eliminado la Ley 26.737, y restituyó en forma provisoria los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión se tomó en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con las comunidades mapuche Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El tribunal dictó una medida interina, es decir, provisoria. Regirá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y sobre el pedido de cautelar.

Un voto dividido
La resolución llevó las firmas de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con las de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los conjueces habían sido convocados días atrás porque los tres integrantes titulares del tribunal no lograron un acuerdo. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Reconoció que la legitimación de la asociación era distinta de la del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, cuyo planteo la Corte había rechazado a fines de septiembre. Aun así, sostuvo que el tribunal no tenía competencia para dictar una medida de ese tipo y propuso remitir el expediente a Bariloche.
Para la mayoría, el caso involucra cuestiones vinculadas a la tutela del daño ambiental, y el trámite en las instancias inferiores había dejado sin respuesta las peticiones de la demanda. Por eso, la medida busca asegurar la tutela judicial efectiva y “evitar la producción de daños irreparables”.
Con la suspensión, vuelven a regir las restricciones de la Ley 26.737:
- el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras;
- el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo;
l- as limitaciones sobre predios con cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera.
La cuestión de fondo, la constitucionalidad de la derogación, sigue pendiente.

La defensa de Lorenzetti
Tras la decisión, Lorenzetti salió a explicar el fallo en declaraciones televisivas. “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó. Según explicó, la medida se apoyó en tres ejes: los hechos concretos del caso, la cuestión ambiental vinculada a los recursos naturales y el debilitamiento de la participación social.
El juez recordó que la ley ambiental, en su artículo 32, permite a los magistrados dictar medidas aun sin pedido de las partes. Sostuvo además que, como el proceso no había sido tratado en primera instancia, la organización quedó desprotegida durante todo ese tiempo. También consideró que nadie debería sorprenderse de que firmara una cautelar en materia ambiental, dada la línea que el tribunal sostiene desde hace años.
Ante las críticas que recibió la Corte en las últimas semanas, Lorenzetti negó que la decisión respondiera a la presión pública. “Hemos tenido presiones mucho más fuertes que ahora y siempre resolvimos conforme a derecho”, sostuvo. Señaló, además, que el debate es legítimo, pero que el camino para cuestionar las decisiones es judicial. También atribuyó parte de los conflictos a que el Congreso nunca legisló sobre el tema. Sobre la disidencia de Rosenkrantz, la calificó como una postura legítima, aunque más restrictiva.

El impacto en el Congreso
El fallo también reordenó la discusión política. La oposición había convocado a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. Pero los cálculos de los propios negociadores le daban, en el mejor escenario, unos 115 presentes, por debajo de los 129 necesarios para el quórum. La restitución de los límites quitó presión a sectores que defendían los topes pero no querían voltear el decreto completo, como los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora.
El Gobierno, por su parte, busca preservar el resto del DNU y separar el tema de las tierras. La Libertad Avanza impulsa incluir un capítulo con restricciones en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y convocó a su propia sesión para el 21 de octubre.
Mientras tanto, la Ley de Tierras vuelve a regir de manera provisoria. Su suerte definitiva dependerá del Juzgado Federal de Bariloche, de una eventual sentencia de fondo y de lo que finalmente resuelva el Congreso.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Perfil, Diario El Día, Diario Infobae, Diario El Liberal, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Cinco meses sin respuesta: la demanda contra la reforma de la Ley de Glaciares sigue sin cautelar

Un juzgado federal de La Pampa se declaró competente en la causa impulsada por organizaciones ambientales y respaldada por más de 850.000 personas, pero todavía no resolvió los pedidos para frenar la reforma ni para proteger un glaciar amenazado por un proyecto minero.

Más de cinco meses después de presentada, la demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares tuvo su primera definición, aunque no la que esperaban sus impulsores. El 8 de octubre, el Juzgado Federal de Santa Rosa, en La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, se declaró competente para tramitar la causa. Sin embargo, todavía no resolvió los pedidos de medidas cautelares que buscan frenar los efectos de la nueva norma.
“Después de más de cinco meses, esta primera definición procesal no alcanza”, advirtieron las organizaciones demandantes en un comunicado. La causa fue presentada el 5 de mayo por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas, organizaciones territoriales y referentes sociales de todo el país. Más de 850.000 personas adhirieron a la presentación en menos de dos semanas.

Qué cambió la reforma
La demanda cuestiona la Ley 27.804, publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril. Esa norma modificó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. Según las organizaciones, la reforma eliminó la protección efectiva de los glaciares y de las cuencas que dependen de ellos.
Entre los cambios centrales, la nueva norma limita la protección a los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan funciones hídricas y deja en manos de cada provincia la tarea de identificarlos. También modifica el criterio para prohibir actividades: ya no alcanza con que puedan afectar a los glaciares, sino que deben poder alterar de modo relevante su condición natural o sus funciones hídricas. Esa evaluación también queda a cargo de las provincias. Además, la evaluación ambiental estratégica deja de ser obligatoria y pasa a depender del criterio de cada autoridad provincial.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sigue a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero ahora debe incorporar o eliminar geoformas según la información que le envíen las jurisdicciones. Si un glaciar es dado de baja por no cumplir funciones hídricas, deja de estar alcanzado por la ley.
La demanda pide que se declare inconstitucional la reforma y que, como medida cautelar, se suspendan sus efectos mientras se resuelve el fondo, para evitar autorizaciones o avances de proyectos que puedan provocar daños irreversibles. Las organizaciones presentaron dos pedidos de pronto despacho para acelerar la decisión, sin resultado hasta ahora.

El glaciar en la mira
La urgencia tiene un caso concreto. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, de cobre, oro y plata, impulsado por BHP y Lundin en el departamento Iglesia, en San Juan. En su zona de intervención se encuentra el glaciar de escombros GE110, ubicado en la cuenca del río Jáchal e incorporado al Inventario Nacional de Glaciares en 2022. Según la presentación judicial, el proyecto prevé un tajo a cielo abierto de unas 259 hectáreas en esa zona.
El 23 de junio, las organizaciones pidieron una cautelar específica para impedir que el GE110 sea retirado del inventario mientras dure la causa. Advirtieron que, si el glaciar pierde su protección y el proyecto avanza, una sentencia posterior podría llegar cuando el daño ya esté hecho. “Llegar tarde equivale a convalidar la pérdida”, sostuvieron. Ese pedido tampoco recibió respuesta.

Voces cuestionadas
La resolución del 8 de octubre sumó otro motivo de preocupación. El juez Baric cuestionó las presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompañan la demanda. Entre ellas están las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares original, y las de integrantes de la Asamblea de Jáchal. Las organizaciones advirtieron que ese criterio podría dejar fuera del proceso a personas que defienden la ley desde hace años.
Para los demandantes, la demora no es neutral. Mientras la Justicia no se pronuncia sobre las cautelares, la reforma sigue vigente y las provincias pueden avanzar en la revisión del inventario. En juego están los glaciares, que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce para buena parte de las cuencas cordilleranas del país.

Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal Econews, Greenpeace Argentina

El Presupuesto 2027 asigna solo el 4% de lo que fija la Ley de Bosques para el monte nativo

Según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el proyecto oficial destina $24.668 millones al fondo de la Ley 26.331, cuando por ley deberían ser más de $606.000 millones: el equivalente a unos 39 pesos mensuales por hectárea.

Treinta y nueve pesos por mes. Esa es la cifra que, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Estado destinaría a la protección de cada hectárea de bosque nativo del país. El cálculo surge de un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que advierte que la partida prevista para el fondo creado por la Ley de Bosques representa apenas el 4,07% de lo que la norma establece.
El proyecto enviado al Congreso asigna $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331, ese fondo debería recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2027 equivaldría a unos $606.304 millones. La diferencia supera los $580.000 millones. En términos simples, por cada 100 pesos que la ley ordena destinar a los bosques, el proyecto prevé poco más de cuatro.
La ley prevé, además, que el fondo se integre con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ese componente tampoco aparece reflejado en la asignación.

La cuenta de los 39 pesos
Para dimensionar el recorte, la organización tomó como referencia la superficie de bosque nativo registrada en el último monitoreo disponible: más de 53 millones de hectáreas. Al repartir la partida prevista sobre esa superficie, el resultado es de unos $466 por hectárea por año, es decir, alrededor de $39 por mes.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, con esos montos las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios de tierras no reciben incentivos para usar, conservar o restaurar los bosques de manera sostenible.

Un incumplimiento histórico
El problema no es nuevo. Jaramillo recordó que, salvo en los primeros años de vigencia de la ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondía. El porcentaje previsto para 2027 es, según la organización, uno de los más bajos desde la sanción de la norma, en 2007.
La Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Obliga a las provincias a ordenar sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde, según su valor ambiental) y creó el fondo para compensar a quienes los conservan y fortalecer los controles. Sin recursos, advierte Vida Silvestre, las áreas quemadas o desmontadas ilegalmente no se restauran como exige la ley, y tampoco existe un registro nacional de infractores.

El caso de Misiones
La subejecución se siente con especial fuerza en las provincias con mayor riqueza forestal, como Misiones, que alberga buena parte de la selva paranaense que queda en el país. El antecedente es elocuente. En 2021, al analizar el proyecto de Presupuesto 2022, Vida Silvestre había advertido que la provincia recibiría apenas unos $39 millones para el cuidado de sus bosques. Por ley le correspondían alrededor de $1.300 millones, por lo que la asignación representaba solo el 3% de lo que fijaba la norma.
Por entonces, el fondo nacional tenía asignados poco más de $1.212 millones, un monto que se reparte entre las provincias según distintos criterios, entre ellos la superficie de bosque de cada una. “Venimos pidiendo año tras año que se cumpla la ley de manera correcta”, sostenía Jaramillo en aquel momento.
Cinco años después, el reclamo se repite casi con las mismas palabras, pero en un contexto más exigente. La partida actual vuelve a quedar muy lejos del piso legal mientras la deforestación y los incendios siguen presionando sobre los bosques nativos.

Lo que viene
El proyecto de presupuesto todavía debe ser debatido en el Congreso, donde las organizaciones ambientales buscarán que se recomponga la partida. Para facilitar ese seguimiento, Vida Silvestre reúne datos y análisis sobre la implementación de la ley en su micrositio leydebosques.vidasilvestre.org.ar.
Para la fundación, la discusión excede las cifras: sin recursos para controlar, compensar y restaurar, la Ley de Bosques corre el riesgo de quedar como una norma vigente en el papel, pero sin capacidad real de frenar la pérdida del monte nativo.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Primera Edición, Portal Argentina Forestal, Fundación Vida Silvestre Argentina

Sin acuerdo, la Corte convoca a dos conjueces para un nuevo planteo sobre la Ley de Tierras

Una organización ambiental, dos comunidades mapuche y una legisladora rionegrina pidieron que el reciente fallo del tribunal no alcance a su amparo, mientras sindicatos y organizaciones sociales marcharon a Tribunales contra la derogación.

La Corte Suprema de Justicia no logró ponerse de acuerdo y tuvo que salir a buscar refuerzos. Sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron una posición común sobre un nuevo planteo vinculado a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Por eso, el tribunal convocó a dos conjueces para completar una integración de cinco miembros y poder reunir mayoría.
El pedido fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con la comunidad mapuche Lafkenche, la lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda. Todos ellos sostienen desde el 28 de diciembre de 2023 un amparo contra el artículo 154 del DNU 70/2023, el que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, los topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Un planteo con legitimación propia
La presentación es una aclaratoria. Los demandantes piden que la Corte precise si su fallo del 29 de septiembre, que dejó sin efecto la cautelar obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, también alcanza a su causa. Argumentan que invocan títulos de legitimación propios y diferentes, basados en derechos colectivos vinculados a la "protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas", en particular sobre sus territorios ancestrales.
El planteo se apoya en lo que el propio tribunal dijo tras aquella decisión. En un comunicado difundido el 1 de octubre, la Corte aclaró que su sentencia había sido estrictamente procesal. También precisó que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación y que no afectaba a otras medidas cautelares con el mismo objeto en trámite en distintos tribunales.
Los conjueces deberán definir ahora qué camino toma el expediente: devolverlo a las instancias inferiores, habilitar que la Corte se expida sobre una medida protectoria o rechazarlo con base en el fallo anterior.

Un sorteo y una interna
Como no existe actualmente una nómina vigente de conjueces para el máximo tribunal, la designación se hizo por sorteo entre presidentes de cámaras federales de todo el país. Resultaron elegidos Diego Barroetaveña, camarista de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Guillermo Farah y Jorge Morán.
Según trascendió, la falta de acuerdo responde a posiciones encontradas dentro del tribunal. Rosenkrantz se opondría a reconocer la legitimación de Árbol de Pie y a restablecer una cautelar que proteja la ley, mientras que Rosatti y Lorenzetti estarían dispuestos a hacerlo. Con solo tres miembros en funciones, cualquier disidencia impide formar mayoría.
La convocatoria llega en medio del fuerte rechazo social que generó el fallo de fines de septiembre, que dejó operativa la derogación y habilitó la venta sin límites de campos a compradores extranjeros, incluidos inmuebles en zonas de frontera y con cuerpos de agua. La norma derogada fijaba en el 15% el máximo de tierras rurales en manos extranjeras e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo.

La protesta llegó a Tribunales
Ese malestar se trasladó a la calle. El martes, las dos centrales de la CTA, sindicatos, organismos de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y organizaciones políticas y sociales se movilizaron a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. La protesta tuvo dos escenarios. Uno, frente a Tribunales, lo encabezaron las centrales sindicales bajo la consigna de que la patria y la soberanía no se venden. El otro se armó sobre la calle Talcahuano, donde organizaciones de izquierda sumaron reclamos contra el Gobierno y pidieron un paro general.
Los convocantes apuntaron directamente contra los tres jueces del tribunal. "Rechazamos que tres cortesanos elegidos por componendas de palacio definan el destino del país", señalaron en su documento, en el que también exigieron la anulación completa del DNU 70/2023.
La próxima cita será el 15 de octubre frente al Congreso, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, para reclamar que la Cámara de Diputados rechace el megadecreto. Mientras tanto, la suerte judicial de la Ley de Tierras queda, al menos por ahora, en manos de una Corte ampliada con dos jueces que llegaron por sorteo.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal Huella del Sur, Portal Infocielo, Diario La Nación

Día Internacional del Aguará Guazú: las amenazas que enfrenta el cánido más grande de Sudamérica

El aguará guazú está categorizado como vulnerable en Argentina y como casi amenazado por la UICN. La pérdida de hábitat, los atropellamientos y la captura de cachorros como mascotas lo ponen en riesgo. En Santa Fe, solo el 0,9% de los ejemplares atropellados logra rehabilitarse, pero en Córdoba una hembra con collar satelital tuvo cuatro crías.

Cada 5 de octubre se conmemora el Día Internacional del aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el cánido más grande de Sudamérica. En Argentina habita en Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Misiones. A nivel nacional está categorizado como Vulnerable, y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) figura como Casi Amenazado. La expansión agropecuaria y urbana redujo y fragmentó los pastizales, bañados y montes que necesita para alimentarse, refugiarse y reproducirse.

Rutas que parten su territorio
Los caminos, cultivos, alambrados y urbanizaciones aíslan poblaciones, reducen el intercambio entre animales y los obligan a cruzar sectores con tránsito. Según la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna Silvestre de Santa Fe, en los últimos siete años murieron 211 ejemplares en siniestros viales en esa provincia. Apenas el 0,9% de los animales atropellados logra rehabilitarse y volver a su ambiente. Guillermo Delfino, coordinador del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, subrayó que es una especie clave para el equilibrio de sus ambientes y una de las más golpeadas por los atropellamientos y la pérdida de hábitat. Para una especie de baja densidad, la muerte de cada ejemplar pesa más que una estadística.

Otras amenazas y un prejuicio
También lo afectan la captura ilegal de cachorros para tenerlos como mascotas y la caza, en parte por prejuicios sobre su comportamiento. El aguará guazú no es una amenaza para el ganado: come sobre todo frutos, insectos, pequeños roedores y anfibios. Al consumir frutos y dispersar semillas participa en la regeneración de pastizales y humedales. Para los pueblos toba y mocoví es un animal protector, y en la tradición criolla se asocia con la leyenda del Lobizón.

Cinco medidas y qué hacer si se encuentra uno
Las medidas que plantea la nota son: corredores de fauna, señalización en los puntos críticos, conductores atentos en caminos que atraviesan ambientes naturales, identificar los lugares y horarios de mayor circulación de animales, y avisar a las autoridades si se encuentra un ejemplar herido. Un cachorro solo no siempre está abandonado, porque los adultos pueden alejarse a buscar comida o trasladar a las crías. Ante un hallazgo, la recomendación es no tocarlo ni alimentarlo y comunicarse con organismos de fauna o equipos especializados. Fundación Temaikèn trabaja hace más de dos décadas en investigación, rescate, rehabilitación y reinserción, usa collares satelitales con GPS para seguir a los animales liberados y co-lidera el programa S.A.F.E. de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos.

Cuatro crías en Ansenuza
En el Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), una hembra llamada Cucusa, con collar satelital de Aves Argentinas desde abril, tuvo cuatro crías. El conservacionista Augusto Distel notó un cambio en sus movimientos e instaló ocho cámaras trampa, y al día siguiente las imágenes confirmaron la camada. Mostraron a la madre trasladando a los cachorros entre refugios, y el monitoreo continúa con mínima intervención. Se trata del primer seguimiento de un aguará guazú en Córdoba, según medios locales.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Portal Elonce , Diario Los Andes

El Gobierno canceló Atucha III y reserva parte del predio para un reactor modular privado

Una asamblea de Nucleoeléctrica Argentina dejó sin efecto el proyecto de la cuarta central nuclear del país, que iba a construirse con tecnología china. En la misma reunión se habilitó una licitación para instalar en 12 hectáreas del predio un reactor modular de capital privado, por unos 1.203 millones de dólares.

La cuarta central nuclear argentina, Atucha III, fue cancelada. La decisión quedó asentada en la asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) del miércoles 23 de septiembre, según las actas a las que accedió Página/12. NA-SA es una empresa estatal: el 79% de las acciones depende de la Secretaría de Energía, el 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% de Enarsa. El proyecto contaba con tecnología y financiamiento mayoritario de China, y había sido impulsado durante el gobierno anterior.

Qué se resolvió
La asamblea decidió dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong, que la asamblea de 2021 había encomendado a NA-SA. El fundamento fue la "falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento", en el marco de la emergencia pública de la Ley 27.742. En el mismo acto se declaró el predio "de interés empresarial" y se autorizó al directorio a preparar los pliegos para una licitación pública. La inversión estimada es de 1.203 millones de dólares, con capital 100% privado y sin fondos ni avales públicos. Requiere otorgar un derecho real de superficie sobre 12 hectáreas del terreno reservado para Atucha III, y contempla que NA-SA opere y mantenga la planta.

Qué era Atucha III
El 1° de febrero de 2022, NA-SA firmó con la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) el contrato para construir un reactor Hualong One de 1.200 MW y 60 años de vida útil inicial, en el complejo nuclear de Lima, provincia de Buenos Aires. La obra se estimaba en unos 8.300 millones de dólares y China ofrecía financiar el 85%. También se proyectaban unos 7.000 empleos directos. Habría incorporado al país una tecnología de uranio enriquecido y agua liviana, que Argentina no domina: las centrales actuales usan uranio natural y agua pesada. El contrato se prorrogó varias veces, hasta abril de 2025, mientras se negociaba el financiamiento.

El reactor que ocuparía el predio
La cifra de la licitación coincide con la del reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó como inversión vinculada al Super RIGI. El Gobierno lo anunció el 2 de julio: unos 300 MW eléctricos en el complejo de Lima, partido de Zárate, con la operación a cargo de NA-SA y un canon por el uso del predio a cargo de la empresa privada. Meitner nació en 2024. El 60% es del empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari y el 40% de Black River Technology, firma estadounidense controlada por la estatal rionegrina Invap, que aporta la tecnología. Autorizar la licitación todavía no significa adjudicarla. Página/12 señala que, por sus características, la licitación tendría un único oferente, y que los especialistas ven varios obstáculos para concretar el reactor, entre ellos su costo. El vocero presidencial Adrián Ravier ya había dicho que Meitner se instalaría en el predio de Atucha.

Críticas y silencio oficial
El exsubsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo sostuvo que Atucha III permitía expandir la potencia nuclear y el complejo científico-tecnológico, con contrato firmado y financiamiento acordado. Dijo que se la "mata" y se entrega el predio en el mismo acto. El especialista Nicolás Malinovsky consideró que la medida profundiza la cercanía con Estados Unidos y la calificó de "punto de inflexión". Según los críticos, el derecho real sobre el terreno buscaría que el proyecto con China no pueda retomarse en futuras gestiones. Página/12 consultó a NA-SA y a sus autoridades por los motivos y por el curso de la licitación y no obtuvo respuesta oficial.

Otro frente: cuánto vale NA-SA
La diputada Florencia Carignano denunció que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) reemplazó al Tribunal de Tasación para valuar empresas estatales sujetas a privatización, con una fórmula que, dijo, arrojó valor cero para NA-SA. Agregó que las tasaciones ahora son confidenciales. Carignano y la diputada Ana María Ianni pidieron el valor al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que integra el directorio de NA-SA y busca la privatización parcial de la compañía. Si no hay respuesta en 72 horas, advirtieron que acudirán a la Procuración de Investigaciones Administrativas.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Ámbito, Diario Infobae 

"Loki", corales y crustáceos: descubren 57 nuevas especies en los cañones submarinos de la Argentina

Un taller internacional de taxónomos elevó de 40 a 57 la cantidad de especies marinas sin antecedentes científicos halladas en el cañón submarino Mar del Plata durante la expedición Talud Continental IV, la misma que en 2025 cautivó a millones de personas con su transmisión en vivo. El hallazgo incluye un pepino de mar bautizado "Loki" por sus apéndices en forma de cuernos.

La expedición que en 2025 acercó las profundidades del mar argentino a millones de personas a través del streaming sigue aportando resultados científicos. Un taller internacional realizado en Buenos Aires permitió identificar 57 nuevas especies marinas y cinco géneros a partir del estudio de muestras obtenidas principalmente en el cañón submarino Mar del Plata, durante la campaña Talud Continental IV. El hallazgo fue comunicado por el CONICET el 1 de octubre. Los organismos habían sido recolectados durante la misión que llevó a investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a bordo del buque R/V Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute. La campaña, realizada en agosto de 2025, utilizó el vehículo operado de forma remota SuBastian, que permitió registrar imágenes y obtener muestras de ambientes situados a miles de metros de profundidad, y se extendió por 21 días con una transmisión en vivo que alcanzó a 4 millones de personas y cerca de 22 millones de visualizaciones.

Cuáles son las 57 nuevas especies marinas
El resultado amplía la estimación inicial de al menos 40 especies nuevas: tras el trabajo de identificación, el número llegó a 57, aunque todavía puede aumentar porque no se examinó todo el material recolectado. El conjunto comprende animales de distintos grupos, desde pequeños crustáceos hasta corales y pepinos de mar: 20 especies de copépodos (crustáceos de pequeño tamaño), 22 equinodermos (entre ellos pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y un molusco escafópodo. Los cinco nuevos géneros informados corresponden a corales, pepinos de mar y crustáceos. Uno de los resultados más llamativos surgió del análisis de los copépodos: los especialistas examinaron apenas el 10% de las muestras recolectadas de ese grupo y ya reconocieron 20 especies nuevas y un nuevo género, lo que muestra cuánto material permanece pendiente de estudio.

"Loki", el pepino de mar que sobresale entre los descubrimientos
Entre los organismos destacados aparece "Loki" (Peniagone sp.), un pepino de mar de aguas profundas que recibió ese apodo por sus apéndices semejantes a cuernos, asociados a la figura de la mitología nórdica. Sus imágenes y videos fueron capturados en el fondo del cañón submarino, a 2.577 metros de profundidad según informó Ocean Census. Este animal integra el grupo de las holoturias y representa una de hasta diez nuevas especies de pepinos de mar reconocidas durante el taller. La denominación "Loki" funciona como un nombre divulgativo, mientras que los comunicados científicos lo identifican como Peniagone sp. El estudio también permitió reconocer nuevas especies de corales, entre ellas la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., de una intensa coloración roja anaranjada, que aportan información sobre comunidades de aguas profundas que generan hábitats para otros seres vivos. En este grupo, los investigadores señalaron además dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia, aunque esas propuestas todavía requieren análisis genéticos adicionales.

Cómo se analizaron las muestras
El Species Discovery Workshop se desarrolló del 13 al 24 de julio de 2026 en la Universidad Maimónides, en Buenos Aires, y reunió a 20 taxónomos e investigadores en inicio de carrera de América Latina y Europa para estudiar muestras de fauna de aguas profundas. La iniciativa fue liderada por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute, y tuvo como coordinadores locales a los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso. El trabajo combinó técnicas de taxonomía integrativa para reconocer los organismos y registrar los descubrimientos en Ocean Census NOVA, una plataforma de datos de acceso abierto, mientras que las muestras físicas permanecerán en colecciones científicas argentinas. "La expedición al cañón Mar del Plata cautivó la imaginación del público cuando transmitimos por primera vez en vivo el mar profundo de Argentina, descubriendo potenciales nuevas especies marinas", señaló Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute. Daniel Lauretta, jefe científico de la campaña e investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", destacó que la colaboración internacional aceleró la identificación de organismos y contribuyó a formar especialistas locales, algo especialmente relevante para grupos animales que cuentan con pocos taxónomos activos.

Lo que viene: una nueva expedición en 2027
Las 57 especies anunciadas no agotan los resultados posibles de Talud Continental IV: todavía quedan muestras sin analizar que podrían ampliar el inventario de biodiversidad de las profundidades argentinas. El CONICET, a través del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), y el Schmidt Ocean Institute planifican una nueva expedición, bautizada Talud Continental V, para febrero y marzo de 2027. Esta vez el foco estará puesto en los sistemas de cañones Ameghino y Almirante Brown, frente a la costa de Chubut, una región aún menos explorada donde se buscará descender hasta los 5.000 metros de profundidad.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Perfil, Diario Norte, Diario Infobae