“Es fundamental”: la infraestructura destinada a salvar vidas que empezó a utilizarse en el país

Fecha de Publicación: 30/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Hay veces en que la riqueza de animales silvestres de determinada aérea es tan alta que se empieza a considerar que vale la pena construir un “paso de fauna”. Las primeras preguntas que se hacen quienes piensan y proyectan estos pasos, cada vez más comunes en el mundo, son: las tasas de accidentes de tránsito, las especies en peligro de extinción e investigaciones para saber –antes de hacer nada– por dónde pasarían naturalmente los individuos.
En la Isla de Navidad, un territorio australiano en el Océano Índico, millones de cangrejos rojos realizan un viaje anual desde la selva, adonde viven, hacia el mar con el fin de reproducirse. Treinta pasos de fauna construidos especialmente para protegerlos los ayudan a que lleguen a la costa sin ser atropellados. El espectáculo de los cangrejos rojos tiñendo la isla es considerado uno de los eventos naturales más impresionantes del mundo y seguramente el paso de fauna más conmovedor.
La cantidad de muertes de animales por atropellamiento en nuestro país es cada vez más alta. Con frecuencia las noticias se hacen eco de un yaguareté arrollado; pero cientos de especies, grandes y pequeñas, en vías de extinción o no, pierden la vida en las rutas a lo largo de todo el territorio argentino, sin que se tomen medidas para paliar este flagelo. 
Los pasos de fauna –también llamados puentes verdes o ecoductos– son estructuras como túneles o puentes construidos para permitir el cruce seguro de animales silvestres sobre o bajo carreteras, trenes u otras infraestructuras, garantizando la conectividad de sus ambientes y reduciendo tanto los atropellamientos como la fragmentación de los ecosistemas. 
Cuando existen áreas naturales divididas a causa de una ruta, otro de los problemas que se produce, al no poder cruzar y circular libremente, es la endogamia y pérdida genética. Los pasos de fauna pueden ayudar a la convivencia entre dos hábitats totalmente diferentes y a la conectividad. No es necesaria la invasión ni la perturbación de la fauna, algo tan importante para el ecosistema de una región.
Diego Varela trabaja para el Conicet en el Instituto de Biología Subtropical de Puerto Iguazú y forma parte de la ONG Ceiba, muy activa en Misiones y el norte de la Argentina. Coordina el Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico. Se especializa en ecología de mamíferos y biología de la conservación. Tiene más de 15 años de investigación en monitoreo y gestión, principalmente enfocado en pasos de fauna. 
Varela dirige además la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) y es el principal responsable del primer ecoducto construido en América Latina y en el país, sobre la ruta nacional 101 en la localidad de Andresito, Misiones. Se trata de un puente que imita la vegetación selvática para que la fauna se sienta cómoda al cruzar. Tuvo su inicio hace casi veinte años, cuando en el corredor biológico Urugua-í-Foerster se empezó a pavimentar en 2006 la ruta 101, hasta quedar inaugurado en 2013. Hoy, tiene una cobertura de bosque desarrollada.
“El paso tiene 40 metros de ancho; para poder captar los animales que pasan, se utilizan dos cámaras trampa en el centro y se limpia un área central de modo de poder verlos cuando cruzan de un lado hacia el otro. En los pasos subviales, que sirven como medidas de apoyo, también hay recuperación de vegetación, sin embargo esta solo está asociada a la entrada del paso y no al interior”, detalla Varela. 
El artífice del paso continúa: “Tenemos identificadas 28 especies de mamíferos medianos y grandes, 17 de los cuales tienen un grado de amenaza a nivel nacional. Tapires, pecarí de collar, venados, dos especies de corzuela típica del bosque atlántico, la paca que usaba muchísimo este paso. En los pasos subviales tenemos un gran registro de puma, ocelote y corzuela colorada. Hoy pasan muchos más animales que al principio y más especies dependientes de bosque nativo”.
Actualmente, con otros miembros de Ceiba y junto a la Fundación Vida Silvestre dedica horas a ofrecer una solución de pasos para el Canal de la Patria, en la provincia de Santiago del Estero. El ducto, inaugurado hace dos años, tiene un recorrido de 200 kilómetros hormigonados –paralelo a un canal de tierra existente de los años 70– y lleva agua desde Amamá hasta Quimilí, y desde allí hasta la localidad de Tintina. Desgarradoras imágenes de osos hormigueros, pecaríes de collar, animales domésticos, tortugas, serpientes y mucho más atrapados o ahogados en su interior se viralizaron en redes. Resulta urgente frenar las muertes, ante la inactividad del gobierno de esa provincia. 
“Otra de las zonas comprometidas en la provincia de Misiones –aclara Varela– son las de acceso al Parque Nacional Iguazú, a las Cataratas y al aeropuerto, con una incidencia altísima de atropellamientos. A partir de 2022 y 2023, junto a Fundación Vida Silvestre y Parques Nacionales, empezamos un proyecto para monitorear alcantarillas. Muchas de ellas están tapadas, tienen 50 años". 
“Pero ante la ausencia de otras estructuras posibles y la urgencia, decidimos evaluar cómo las usaban los animales. De 24 potenciales estructuras, en 21 de ellas colocamos entre una y dos cámaras, más otras 36 cámaras en lugares adicionales para controlar alrededor de las alcantarillas”, agrega. 
Una de las preguntas principales fue cuántas especies usan las alcantarillas. Y detectaron 35 especies de mamíferos que cruzaron rutas a través de estas estructuras, es decir, el 65% de las registradas en esas aéreas; siete de ellas, amenazadas a nivel nacional. “La gran sorpresa fue que encontramos al yaguareté cruzando las alcantarillas secas y al oso hormiguero. Como resultado estamos adaptando las alcantarillas existentes y proponiendo nuevos pasos específicos, además de un cercado de conducción en el tramo cercano al aeropuerto para que la fauna no ingrese a la calzada y se potencie el tránsito por los pasos que existen”, concluye. 
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el barrio cerrado Nordelta, partido de Tigre, los carpinchos siguen dando qué hablar. Silvia Soto, en representación de los vecinos autoconvocados en “La Voz de los Carpinchos”, afirma: “No existe un paso de fauna en las avenidas troncales, por las que la gente va muy rápido. Y es allí adonde han ocurrido todos los atropellamientos. Solo en el primer semestre de 2025 fueron 43. No se hizo nada”. 
Y detalla: “En la conectividad agua-tierra, que compete también a las tortugas y muchísimos animales con la ayuda de los vecinos, hicimos rampas de madera de pino que colocamos nosotros con la ayuda de la comunidad. Empieza la época de parición, estamos plantando, haciendo todo lo que podemos. Es fundamental crear un corredor biológico para que puedan circular. Seguimos sin tener respuestas para una convivencia natural con ellos, como se hace en otros lugares”.
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Presupuesto 2026: el Gobierno asignó el número más bajo de la historia para la protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Vida Silvestre Argentina alertó que el proyecto enviado al Congreso adjudica apenas el 3,5% de lo previsto por la Ley 26.331. Con ese nivel de recursos, advierten, las provincias no podrán fiscalizar ni restaurar áreas degradadas y la deforestación continuará avanzando.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 contempla el financiamiento más bajo desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007. 
Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, la propuesta del Poder Ejecutivo destina apenas el 3,5% de los fondos que establece la norma, una reducción que representa el desfinanciamiento más grave en casi dos décadas de implementación.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos estableció que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. 
Para 2026, ese monto equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto oficial prevé solo $15.843 millones, a los que se suman $1624 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
“La Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

El impacto del desfinanciamiento
Los especialistas advierten que la falta de fondos limita la capacidad de las provincias para fiscalizar y controlar desmontes ilegales, al tiempo que desalienta a los propietarios a conservar y restaurar sus tierras.
En paralelo, la deforestación continúa avanzando en zonas donde está expresamente prohibida, producto de la expansión agropecuaria, forestal, urbanística y vial.
Las áreas incendiadas o degradadas tampoco están siendo restauradas como indica la normativa. A esto se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta clave que permitiría articular sanciones y políticas públicas para desincentivar las violaciones a la ley.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente”, agregó Jaramillo.
“Excepto en los inicios de la Ley, el presupuesto nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, sostuvo el experto en ambiente.
Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad: cumplen funciones esenciales para la sociedad y la economía. Contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, sirven como hábitat para miles de especies y sostienen a comunidades locales.
Además, proveen alimentos, agua potable, medicinas y materias primas, y ayudan a prevenir fenómenos extremos como inundaciones y erosión.
Su pérdida, advierten los especialistas, implica consecuencias sociales, económicas y ambientales muchas veces irreversibles. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación”, enfatizó Jaramillo.
El desfinanciamiento de la Ley de Bosques también pone en riesgo compromisos internacionales asumidos por la Argentina. El país se propuso alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y reducir la deforestación, en línea con el Acuerdo de París de 2015 y el Convenio de Diversidad Biológica.
“Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia”, concluyó el director de Vida Silvestre.
El proyecto de presupuesto será debatido en el Congreso en las próximas semanas. Desde las organizaciones ambientales advierten que el resultado de esa discusión será determinante para el futuro de la Ley de Bosques y para la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
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Agenda 2030 a bajo costo: Desde la cartera ambiental piden que se reconozcan a los Paisajes Productivos Protegidos (PPP) dentro de esas metas

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


El programa de Paisajes Productivos Protegidos (PPP) es implementado desde 2010 por la fundación ProYungas de la mano de empresas privadas en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. El objetivo de la iniciativa es reservar zonas de conservación dentro de las explotaciones para generar a cambio mayor valor agregado en la producción y hasta alianzas que permitan el acceso a vías de financiamiento.
Como lo lleva a cabo el sector privado, no necesita de aportes del Estado, que igualmente puede verse beneficiado de esa iniciativa. Eso es lo que buscan en la subsecretaría de Ambiente de la Nación, desde donde impulsan el reconocimiento del PPP como parte del cumplimiento argentino de la Agenda 2030.
En particular, la cartera que dirige Fernando Brom evalúa que el programa de ProYungas puede ayudar al país a cumplir específicamente con uno de esos objetivos ambientales, la Meta 30×30.
Se trata de una de las 23 metas que 190 países asumieron como compromiso en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, y que tiene como propósito conservar el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030.
Según informaron desde la subsecretaría de Ambiente, la idea es “alcanzar 10 millones de hectáreas bajo el esquema PPP en Argentina, lo que equivaldría a un aporte adicional de 6 millones de hectáreas y representaría el 14 % de la meta nacional de conservación”.
Y eso, con costo cero, ya que la adhesión de las empresas productoras de granos, frutas, forestación, ganado, azúcar, lácteos y demás es voluntaria. La motivación está en que se puede convertir la conservación de la diversidad en valor económico, demostrando además que ser sustentable no es necesariamente poco rentable, sino todo lo contrario.
En ese esquema, los llamados “bonos verdes”, el financiamiento internacional o el plus de valor con certificaciones ligadas a ciertas normativas globales -como lo será, a futuro, la famosa resolución de la Unión Europea- son un importante incentivo.
El anuncio de este trabajo conjunto con el programa de ProYungas fue realizado en el cuarto Encuentro Anual Regional de la Red PPP, que tuvo lugar en Corrientes y reunió a empresas, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil. “Producción y conservación no son opuestos, sino que juntos son motores del desarrollo sostenible”, aseguró allí el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo.
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Javier Milei redobló su rechazo a la Agenda 2030 ante la Organización de las Naciones Unidas

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En su intervención en la Asamblea General, el presidente además cuestionó la autoridad del organismo como ente supranacional. Eduardo Sartelli, Sixto Cristiani y Daniel Lipovetzky debatieron en "Comunistas" cómo diseñar una política ambiental que no conspire contra el desarrollo nacional. 
"Los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso porque veíamos en esta agenda un mal gasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento", expresó este miércoles el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Oficialmente conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 17 desafíos globales que la componen interconectan metas en términos de erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente contra el cambio climático y garantizar prosperidad para todas las naciones. En esa línea, Milei aseguró que tales metas no deben imponerse por encima de la libertad individual, y denunció que la ONU ha derivado hacia un gobierno supranacional de burócratas que “pretenden decidir qué debe hacer cada Estado”.
La tensión que subyace en la Agenda 2030 criticada por el mandatario fue abordada por los integrantes de la mesa en "Comunistas". El historiador Eduardo Sartelli planteó que la agenda ambiental —y en general las dimensiones ecológicas del desarrollo— no pueden pensarse por separado de las estructuras económicas. Citó como ejemplo las políticas ambientales de Francia, que en su visión también responden a la protección de su sector agrícola contra las importaciones de otros países productores de sus mismas materias primas provenientes del campo.
Para Sartelli, el problema ambiental más urgente en Argentina no es "salvar ballenas", sino enfrentar realidades concretas como las que sufren diariamente las millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo. “Se soluciona con un plan de desarrollo que diga ‘no’ a la destrucción innecesaria, y que avance hacia paradigmas eléctricos”, afirmó, criticando severamente lo que calificó como un "ambientalismo cínico” que, según él, protege fronteras externas pero deja al país sin cambios necesarios para la población.​
También invitado al programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Sixto Cristiani, candidato a diputado nacional y licenciado en Administración de Empresas, asumió un giro doctrinal: “Si sos libertario, vamos a tener que transformar la economía hacia una de matriz ecológica”, apuntó. Advirtió que China ya está avanzando en la transición energética que va de los combustibles fósiles a las energías alternativas y que, de no transformarse,  Argentina perderá los "empleos del siglo XXI". No obstante, propuso que el país exporte recursos fósiles como petróleo o gas mientras que a nivel doméstico evolucione hacia energías renovables, ambivalencia por la que Sartelli le salió al cruce y la criticó.
Por su parte, Daniel Lipovetzky, candidato a diputado nacional y abogado con experiencia en comercio internacional, sostuvo que el cambio climático no puede utilizarse como un “obstáculo” para el desarrollo, sino como una materia que permitra articular la defensa de los recursos con la equidad. Según Lipovetzky, el desafío argentino radica en no caer en extremos: ni negar el problema ni quedar atrapado en regulaciones que paralicen la actividad productiva.
El debate encendido en "Comunistas" a partir de la crítica ensayada por Milei mantiene relevancia internacional en un contexto donde el alza de las temperaturas globales no se detiene, al tiempo que a nivel geopolítico se produce un reordenamiento de fuerzas donde las naciones buscan posicionarse política y comercialmente de la manera más favorable a sus propios intereses.
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Política ausente, futuro incierto: el ocaso de la ley que impulsó las energías limpias en Argentina

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde la urgencia por frenar la crisis climática debiese acelerar la transición energética, Argentina camina en sentido opuesto. Con una matriz energética construida sobre una base fósil, el gas y el petróleo componen más de 80 % del consumo a nivel nacional, una dependencia que ya cumple décadas y condiciona cualquier intento de transición.
En medio de esta trayectoria, la sanción de la Ley Nacional 27.191 en 2015 representó para el país un punto de quiebre, con metas obligatorias para diversificar la matriz energética, previsibilidad jurídica e incentivos fiscales. Hoy apenas 16 % de la generación proviene de fuentes limpias, lejos de 20 % fijado por la ley.
Con el vencimiento de la Segunda Etapa del régimen, la legislación – y el sector renovable- enfrenta un panorama incierto. Con instrumentos de financiamiento vacíos, un gobierno que niega el cambio climático y una prórroga de la ley centrada solo en incentivos económicos, la situación se agrava para las renovables no convencionales.
Pero Argentina no es solo su gobierno nacional. Al interior del territorio varias provincias ensayan hace casi una década modelos descentralizados y esquemas propios anclados en sus recursos, capacidades y prioridades locales. Sin certezas sobre cómo continuará el respaldo legal de las renovables, ¿podrán estos modelos asumir temporalmente el liderazgo de la transición energética? ¿Hasta qué punto puede sostenerse la agenda nacional cuando hoy su motor son experiencias provinciales dispersas?

Un marco legal que se queda atrás y uno nuevo que no acelera
En 2015, con la sanción de la Ley 27.191, Argentina dio un paso importante al fijar metas nacionales para el desarrollo de energías renovables. Estructurada en dos partes, la Segunda Etapa de la 27.191 fijó como meta 20 % de participación de renovables en la matriz energética argentina para diciembre de 2025, con incentivos para acompañar su crecimiento; un objetivo que hoy está lejos de alcanzarse.
La 27.191 surgió tras múltiples intentos previos. La Ley 25.019 de 1998 y la Ley 26.190 de 2006 sentaron precedentes, pero sus resultados fueron limitados por la ausencia de mecanismos financieros sólidos y la dependencia de fondos estatales en un país con macroeconomía inestable.
Con alto riesgo país, costo de capital elevado y marcos jurídicos poco confiables, los inversores de grandes proyectos no tenían garantías de retorno. Como señala Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
“en Argentina, invertir en renovables requiere capital intensivo, lo que en Argentina es extremadamente caro. Sin garantías de pago, sin fondos de respaldo y con volatilidad cambiaria, el riesgo percibido por los inversores hace que muchos proyectos no sean viables”, afirma.
Ante este escenario, la 27.191 buscó corregir parte de estas falencias. Además de las metas obligatorias, creó un marco jurídico más claro para inversores y mecanismos como el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), que ofrecía garantías de pago, préstamos e inversión en proyectos.
También incorporó beneficios fiscales como devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), amortización acelerada de bienes de capital, exenciones sobre ganancias y dividendos y franquicias para importar equipos. Herramientas que generaron previsibilidad y permitieron a los grandes usuarios cumplir obligaciones de consumo con contratos seguros y precios de referencia, fomentando además la diversificación de la matriz.
En 2017 se sumó la Ley 27.424 de generación distribuida, que habilitó a usuarios residenciales, pymes y cooperativas a convertirse en “prosumidores”, instalando paneles solares y volcando excedentes a la red, ampliando así la participación de actores pequeños en la transición energética.
Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la institucionalidad de las renovables se debilitó. El Foder quedó prácticamente inactivo y la Ley 27.424 sufrió la derogación de capítulos clave mediante el Decreto 70/2023, lo que debilitó su implementación.
En paralelo, la Ley 27.742 de 2024 otorgó beneficios fiscales y facilidades cambiarias al sector de hidrocarburos, consolidando un marco aún más favorable a los combustibles fósiles.
Ante la ausencia de una estrategia estatal clara, el desarrollo de renovables depende hoy de actores privados que priorizan la maximización de beneficios económicos.
Una lógica que, para Álvarez,  es insostenible ya que “ningún país del mundo, ni de economía planificada, ni de economía capitalista, ni mixta, deja que la matriz energética la resuelva el mercado».
«La decisión política define el rumbo; los privados compiten entre sí para ver quién lo hace más eficiente y/o más barato, una vez dada la estrategia, la tecnología y las fuentes elegidas. Nunca se deja librado a que gane el más barato solo considerando el valor presente del KWh generado como único parámetro tomado en cuenta para decidir”, añadió.
En paralelo, la 27.191 enfrenta este año lo que se conoce como su próximo “vencimiento”, la finalización de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento de Energías Renovables, prevista para el 31 de diciembre de 2025. Esa fecha marca el plazo para que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo eléctrico nacional, según el artículo 5.
Más allá del plazo, y aunque tanto la ley como los capítulos sobre incentivos fiscales, acceso a fuentes renovables y el Foder continúan operando, este año también expiran beneficios promocionales condicionados a la ejecución de proyectos dentro de la Segunda Etapa.
Según el artículo 6 de la Ley 27.191, los emprendimientos iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025 acceden a devoluciones de IVA, amortizaciones aceleradas y otros incentivos. Pasada esa fecha, las nuevas inversiones quedarían fuera de estas ventajas.
Sin una prórroga o una Tercera Etapa, las metas y beneficios para nuevos proyectos dejan de aplicarse, generando un vacío para la expansión renovable y un retroceso de las condiciones óptimas de mercado para el desarrollo de grandes proyectos.
A pesar de este escenario de “transicione el que pueda”, las renovables se mantienen atractivas como instrumento de inversión y generación de divisas, lo que dialoga con la visión no intervencionista del actual gobierno.
Tal es ese atractivo que en agosto de 2025 un grupo de más de veinte legisladores oficialistas presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para extender la vigencia de la Ley 27.191 hasta diciembre de 2045. La iniciativa busca mantener exenciones de impuestos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal, y resguardar la seguridad jurídica para que el uso de renovables no impacte la rentabilidad de los proyectos. E
El texto también prevé modificaciones estructurales, eliminando la obligación de que los grandes consumidores compren energía renovable a través de Cammesa, flexibilizando los precios máximos en contratos y facultando cambios en el régimen para fomentar la diversificación tecnológica y geográfica, la incorporación de medición inteligente y la gestión de la demanda.
Con estas reformas, el marco normativo se orienta a dar mayor libertad y previsibilidad a la inversión privada, facilitando la expansión de proyectos renovables de gran escala, aunque sin traducirse necesariamente en una política de transición energética integral.
Como explica Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “para que las renovables cumplan un rol estratégico en la matriz energética es necesario articular más actores, definir la demanda y construir una narrativa común sobre qué tipo de energías se desea promover, no librarlas a los megaproyectos”.
En la misma línea, Álvarez también advierte que “este proyecto de continuidad de la 27.191 se limita a asegurar beneficios fiscales y la intangibilidad de los contratos hasta 2045. Sirve para un sector de la industria, para los inversores en grandes parques, que demandan grandes inversiones, pero en términos de política sectorial, no es suficiente. Hace falta un plan de transición, con una hoja de ruta asociada”.

Un país atrapado en los fósiles y en el desorden
Una pregunta válida para cualquier lector, incluso para quien escribe estas líneas, es por qué, siendo las renovables más baratas y con recursos solares y eólicos abundantes, Argentina no logra abrirse camino hacia una transición energética. La respuesta no es simple pues el país arrastra una dependencia estructural de los combustibles fósiles que condiciona cualquier intento de cambio.
Esto se explicaría, en parte, por un esquema de subsidios que refuerza la inercia en el país. Solo en el primer trimestre de 2025 el Estado destinó más de 420 000 millones de pesos (310 millones de dólares) a empresas hidrocarburíferas, frente a apenas 2889 millones (2,13 millones de dólares) asignados a renovables y eficiencia energética, el nivel más bajo en cinco años según el Monitor de Presupuesto de FARN.
Sin embargo, el desequilibrio no se explica únicamente por la composición de la matriz, sino también por la infraestructura que la sostiene.
El Sistema Argentino de Interconexión lleva dos décadas con escasa expansión, y sin nuevas líneas de transmisión resulta imposible despachar la energía limpia generada en regiones como la Patagonia o el noroeste argentino.
Como comenta Elisabeth Möhle en conversación para esta nota, el problema de la transición radica también en la infraestructura paralizada. “Sin una red de transporte modernizada, la transición energética queda atrapada en promesas que caen en saco roto”, asegura. 
En ese sentido, Möhle aclara, además, que, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi, régimen promocional quea proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares) funcionó para algunos grandes parques.
Pero, añade, «el Rigi no resuelve para las renovables los problemas de infraestructura y los problemas más políticos de si va a estar esa demanda de seguir avanzando con la transición. Para mí, puede haber funcionado para algunos parques, pero si hubieses tenido la infraestructura, ahí van a entrar más proyectos renovables, porque al final son grandes inversiones”.
Ante este panorama, surge la pregunta de cómo ordenar todo esto para abrir un camino viable hacia la transición energética. Para algunos, la respuesta no está solo en la macroeconomía, los subsidios o la infraestructura, sino en un marco legal que provea consenso político.
En este sentido, Möhle destaca que “lo importante es que haya una ley, la ley que ordene y dé cierta previsión. Que puedas remontar, revalidar ese consenso que tuviste en 2015 con la sanción de la ley”.

Provincias en resistencia de la mano de la generación distribuida
Argentina hoy se encuentra en un punto de inflexión, con un eclipse institucional y político que sin embargo alumbra otros aspectos, quizás relegados detrás de las lógicas de mercados, que también alzan la bandera de la transición. Al interior del país, diversas provincias han comenzado, incluso antes de la sanción de la 27.191, a diseñar estrategías propias para no quedar atrapadas en la dependencia fósil.
Para aquellas que no poseen grandes yacimientos hidrocarburíferos, las renovables son tanto una oportunidad de diversificación económica como de soberanía energética.
La provincia de Santa Fe, por ejemplo, despliega hace años un modelo de transición energética propio que no convoca únicamente al gran inversor. “Estamos trabajando para posicionar un modelo de transición energética subnacional que lidere a nivel nacional”, comentó Cecilia Mijich, subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética en la provincia.
En 2006, la Legislatura de Santa Fe sancionó la Ley 12.692, que estableció un régimen promocional provincial para la investigación, desarrollo, generación y uso de energías renovables no convencionales.
Esa norma marcó el inicio de la transición energética santafesina, al sentar las bases legales para proyectos solares y eólicos (entre otras), con beneficios fiscales por 15 años para los emprendimientos habilitados.
Desde entonces, la provincia no ha dejado de avanzar, institucionalizando el proceso a través de nuevos marcos como la Ley 14.259, que consolidaron un piso regulatorio para dar continuidad a los programas.
Hoy, con el Programa Prosumidores 4.0, se amplió la potencia máxima permitida a 1,5 MW y se ofrecen tarifas diferenciales durante ocho años, lo que asegura previsibilidad a quienes invierten. “Cualquier usuario que se anote en Prosumidores 4.0 tiene garantizados los incentivos por cinco años. Incluso si cambia el gobierno, eso no se puede revertir”, subraya Mijich.
El programa, que ya tuvo versiones anteriores, desde el piloto inicial en 2016 hasta la reformulación de 2020, ha sumado cientos de usuarios residenciales, pymes, cooperativas y municipios.
A agosto de 2025, según datos compartidos por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia, esta cuenta con 1.407 usuarios generadores conectados y una potencia renovable instalada de 10.277,1 kW en todos los programas vigentes, lo que refleja un crecimiento sostenido de la generación distribuida año tras año.
“Son cientos de prosumidores que producen su energía y la inyectan a la red, y eso crea un efecto demostración muy fuerte en toda la provincia”, remarcó Mijich,
El esquema se sostiene, además, con herramientas como el Fondo de Energías Renovables, líneas de crédito provinciales con tasas bonificadas y convenios con bancos, que facilitan el acceso a equipamiento solar y eólico para pequeños y medianos usuarios.
“La clave está en que no se trata de una política coyuntural, sino de una política pública con horizonte de largo plazo. En Santa Fe tenemos un marco provincial, financiamiento propio y actores preparados para sostener la transición”, destacó Mijich.
Señala también cómo “ese andamiaje [legal y financiero] es lo que da confianza.  Cuando una pyme invierte en solar, sabe que el Estado provincial respalda esa decisión y que no se va a caer con el próximo cambio de gestión”.
Al marco de incentivos financieros se le suma un capital técnico y científico que es clave para la provincia, con más de 160 proveedores vinculados a energías renovables y eficiencia energética, gestores capacitados, etiquetadores de vivienda y magísteres en energías renovables formados en universidades públicas.
Esta red territorial asegura que la política energética no dependa de cambios de administración y que los proyectos puedan concretarse en distintos niveles, desde pequeños sistemas residenciales de 3 kW hasta parques solares privados de varios megavatios que venderán energía directamente a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe.
“El ecosistema santafesino tiene una ventaja enorme, hay proveedores locales, hay investigación aplicada y hay formación de recursos humanos. Eso garantiza que la transición energética sea una realidad productiva y tecnológica”, enfatiza Mijich. “Lo que construimos es un círculo virtuoso, usuarios que instalan, empresas que proveen, universidades que forman, y un Estado que articula. Ese es el verdadero sentido de la transición”, asegura.

¿El camino es la descentralización?
Donde el Estado nacional se retira, los modelos provinciales pueden momentáneamente hacer frente al desinterés. Pero surge la pregunta inevitable: ¿pueden estas iniciativas locales sostener una transición energética en mayor escala?
“El desarrollo de la generación distribuida en Argentina está muy atrasado si nos comparamos con Brasil”, señala Möhle. “Tenemos mucho menos capacidad instalada, y eso afecta varias dimensiones: transporte, inversión, financiamiento. Incluso la falta de metas claras es un obstáculo crítico por sí sola. La electricidad sigue siendo muy barata comparada con otros países, y eso desincentiva a individuos y empresas a instalar sistemas propios”, agrega.
Möhle explica que, aun cuando las provincias avanzan, las soluciones de menor escala no transforman la matriz energética nacional. “En muchas provincias del sur o patagónicas, donde la elección tecnológica no es tan evidente, los gobernadores priorizan eficiencia económica o energética antes que motivos climáticos”, dice.
A esta perspectiva, Álvarez agrega que las provincias tienen una ventana de oportunidad para liderar la transición en redes de distribución y generación distribuida, pero advierte que el modelo descentralizado puede profundizar desigualdades, dadas por la diferente dotación de recursos, tintes políticos y articulación entre carteras ministeriales intra provincia.
“No es deseable que cada provincia se ‘salve sola’. Santa Fe, Córdoba y Mendoza podrán avanzar; otras provincias del centro o norte verán pasar las oportunidades. La brecha se ensanchará y el individualismo provincial, en las que cuentan con recursos propios, podría tender a crecer”, sostiene.
Desde esta perspectiva, aunque el liderazgo provincial no puede reemplazar un marco nacional, genera evidencia, capacidades técnicas y marcos regulatorios que podrían ser un insumo clave para políticas nacionales más sólidas.
Para Mercure, aunque la descentralización no garantiza la transición, probar y sostener iniciativas locales es indispensable frente a la incertidumbre nacional.
“Cuando asumió la administración de Milei, nos enfocamos [desde Farn] primero en política climática nacional, y vimos que con este gobierno no iba a pasar nada. Entonces empezamos a mirar a otros niveles, identificando provincias con iniciativas en generación distribuida. La gran mayoría tenía algún tipo de plan subnacional, aunque coordinar con áreas de energía, agro o industria sigue siendo un desafío. Aun así, hay ganas de avanzar, y debemos aprovecharlo”, explica.
Mercure subraya que estas experiencias locales no son perfectas, pero que son dignas de rescatar y visibilizar aún más cuando el gobierno nacional se ausenta: “No me parece imposible mayor protagonismo por parte de las provincias. Hay que buscar soluciones, escuchar a las provincias, apoyar sus ideas. La generación distribuida también puede solventar problemas sociales, ambientales, fomentar inclusión y desarrollo local. Por lo menos necesitamos intentar y sostener la transición frente a la incertidumbre”.
En cuanto a la prórroga de la Ley 27.191 enviada a la Cámara de Diputados, esta podría asegurar la continuidad de incentivos hasta 2045, aunque no contempla objetivos de participación de energías renovables.
Respecto a las expectativas,  Álvarez subraya que “si no hay metas claras, la acción provincial y comunitaria no puede compensar la inacción nacional».
«Tenemos la oportunidad de transformar esta situación mediante una ley de transición con una hoja de ruta asociada que posibilite al país al financiamiento climático internacional y así bajar el precio de la energía local al mismo tiempo que se genera más empleo por unidad de energía generada. Es lo que tenemos, y tenemos que aprovecharlo”, considera.
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Científicos y buzos luchan por salvar al caballito de mar patagónico en Argentina descubierto hace apenas 20 años

Fecha de Publicación: 25/09/2025
Fuente: Portal LaderaSur
Provincia/Región: Nacional


La primera vez que el biólogo Diego Luzzatto vio caballitos de mar no fue en el mar, fue en un tren. A inicios de los años 90, siendo adolescente, unos niños subieron a vender algunos ejemplares disecados junto con caracoles y estrellas en la estación del balneario patagónico de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro. Sin comprar ningún souvenir, aquella vez Luzzatto continuó su viaje hacia las montañas.
En 2002 ocurrió el nuevo encuentro. Trabajaba en su tesis doctoral y mientras analizaba caracoles en Mar del Plata, Gabriela Piacentino, una colega investigadora del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, le pidió que recogiera algún caballito que cruzase en las salidas al mar. “No se sabe nada de ellos en Argentina”, le dijo.
Luego de unos pocos intentos aparecieron los primeros. Piacentino y Luzzatto revisaron colecciones de diversos museos para comparar las especies con los ejemplares hallados y no obtuvieron coincidencias. Se trataba de una especie de caballito aún no descrita por la ciencia.
Luzzatto, quien actualmente trabaja en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), recordó entonces aquella escena de la adolescencia y emprendió viaje hacia las costas patagónicas de San Antonio Oeste en busca de más registros. En 2004, después de dos años de monitoreo y estudios de ADN, la dupla de investigadores formalizó la descripción del Hippocampus patagonicus.
Ese fue el punto de partida para el trabajo de investigación y conservación de esta especie, asentada principalmente en las aguas de las ciudades de Mar del Plata y San Antonio Oeste.

Hallazgos y riesgos
Gracias a la descripción del nuevo pez, en Brasil los científicos advirtieron que las poblaciones que habitaban sus mares no correspondían al Hippocampus erectus —una especie que habita en el hemisferio norte—, como creían, sino que también se trataba del caballito hallado en las costas argentinas. “De este modo comprobamos que, hacia el norte, su rango de distribución va hasta Río de Janeiro”, precisa Luzzatto.
Al obtener una beca postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Luzzatto dejó definitivamente su natal Buenos Aires y se radicó en San Antonio Oeste para trabajar con la población más austral de la especie.
El Hippocampus patagonicus puede alcanzar los 18 centímetros de largo y su dieta es carnívora. Se alimenta de pequeños crustáceos, larvas de cangrejo, peces y también gusanos. A inicios de siglo, en la bahía de San Antonio Oeste era posible encontrarlos cerca de la playa. Luzzatto refiere que en zonas como el Canal de La Marea ya es prácticamente imposible verlos.
En censos y monitoreos poblacionales realizados entre 2005 y 2019, los científicos detectaron una reducción poblacional del 80 % en esta región. “A diferencia de mamíferos en tierra, con muchas de estas especies marinas se trabaja con estimaciones de abundancia. Entonces, hacemos comparaciones en distintos momentos”, comenta Luzzatto a Mongabay Latam para explicar por qué es difícil hablar de números exactos. A partir de los estudios, en 2017, la UICN incluyó a este caballito de mar en su Lista Roja como una especie Vulnerable.
El crecimiento inmobiliario y el intenso flujo turístico aparecen como las primeras amenazas, según el investigador argentino. “Estaba tan cerca de la costa, en contacto con la población humana, que hubo una degradación del hábitat progresiva. La actividad humana desplazó a la naturaleza”, asegura.
En las últimas dos décadas, el turismo creció exponencialmente en la zona a partir de efectivas campañas que promocionaron a San Antonio Oeste como el “Caribe argentino”, por la temperatura y los tonos de sus aguas. La Agencia de Turismo, Cultura y Deporte de la municipalidad indicó que, sólo en enero de 2025, más de 220 000 turistas llegaron a sus balnearios. La cifra representa ocho veces la población habitual de la ciudad, establecida en 27 000 habitantes, según el Censo de 2022.
“La pérdida y los desplazamientos de las poblaciones de caballitos se da por diversos disturbios, como pisoteos, contaminación y ruidos”, comenta Luzzatto.
El impacto del flujo turístico quedó comprobado durante los meses de confinamiento estricto de la pandemia de Covid-19. Entre marzo de 2020 y enero de 2021, el biólogo detectó que la población de caballitos se recuperó en más de un 300 %.

La vida en el puerto
Los primeros hallazgos de Piacentino y Luzzatto fueron disparadores para el estudio de la especie en Mar del Plata. Quien ha puesto el tema sobre la mesa es Gabriela Pujol, responsable del área de Ecología de Ambientes Acuáticos del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia.
A diferencia de la costa rionegrina, en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires, el mayor número de caballitos vive dentro de las aguas del puerto. “Es curioso porque en el imaginario se relaciona al caballito de mar con lugares paradisíacos como los arrecifes de coral, no con el interior de un puerto donde podría haber más contaminantes”, cuenta.
Pero en la zona ocurre algo particular. Algunos de los pequeños residuos de la actividad portuaria terminan sirviendo a los caballitos como anclas. Al enrollarse en ellos con su cola prensil, estos peces evitan ser arrastrados por las corrientes.
Al no haber en Mar del Plata tantas superficies donde tengan la posibilidad de agarrarse, como corales o pastos marinos, los caballitos eligen asentarse en esta área portuaria. “Es una de las explicaciones por las cuales están aquí. Los contaminantes de este puerto no son lo suficientemente letales como para evitar que la población prospere”, explica Pujol.
Durante cuatro años se realizaron monitoreos subacuáticos, principalmente en la Escollera Norte de la ciudad, para confirmar la presencia estable de los individuos y conocer sus principales hábitos. Los investigadores detectaron que estos animales no se mueven en cardúmenes, sino en parches, es decir pequeños grupos. En esas incursiones los sexaron y revisaron las condiciones sanitarias. Los parámetros del agua estuvieron dentro de lo normal en cuanto a salinidad, temperatura y turbiedad. Además, pudieron conocer con más detalle el proceso reproductivo del animal.
En estos peces, los machos son los que se embarazan. Cada bolsa incubadora puede liberar hasta 800 crías después de 28 días de gestación. “Muy pocas sobreviven, ya que, al salir a la columna de agua, la mayoría queda expuesta a ser devorada por otras especies”, dice Pujol.
La etapa reproductiva va de octubre a marzo. Para evitar disturbios, como ruidos o contactos humanos invasivos que pongan en riesgo la gestación, desde hace más de diez años el equipo de científicos coordina acciones con asociaciones de buzos deportivos que frecuentan la zona. El objetivo es reducir los grupos, trazar rutas seguras y así aminorar las perturbaciones.
Además de la información obtenida en los buceos, los científicos complementan sus estudios con el seguimiento a tres ejemplares, que rotan periódicamente, en los laboratorios de experimentación del museo. Ahí estudian la genética y morfología del animal. En lugar de las escamas típicas de los peces, los caballitos de mar están cubiertos por placas protectoras y viven, en promedio, hasta tres años en el océano.
El mar es su protector, pero en el mar también están sus principales amenazas. Hace 20 años, cuando Pujol inició el proyecto Caballito, en coordinación con Luzzatto, era habitual ver a estos animales enganchados en las redes de pescadores. Varios de ellos terminaban expuestos en stands de ferias artesanales, pero hoy estas postales han quedado en el olvido.
Pujol comenta que se han hecho campañas de sensibilización para tener mejores prácticas y hábitos en la zona. Los científicos establecieron contacto con actores frecuentes de la vida marina como escuelas de pescadores, clubes de buceo deportivo y colegios, los cuales han ayudado a educar a la gente.

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Privatización parcial de Nucleoeléctrica: el Gobierno avanza con la venta del 44% de las acciones

Fecha de Publicación: 20/09/2025
Fuente: Portal MejorEnergía
Provincia/Región: Nacional


El proceso se enmarca en la Ley Bases y busca incorporar inversión privada para proyectos estratégicos de la industria. El Estado conservará el control accionario y abrirá la participación a trabajadores.
El Gobierno Nacional anunció que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa encargada de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida forma parte de la Ley N° 27.742 – Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y apunta a transformar el esquema de gestión de empresas públicas.
Según lo anunciado, el proceso contempla la venta del 44% del capital accionario de NASA mediante licitación pública nacional e internacional. El Estado conservará el 51%, lo que le permitirá mantener el control de la empresa.
Además, se destinará hasta un 5% del capital a un Programa de Propiedad Participada, habilitando la incorporación de trabajadores al esquema accionario.
Durante 2023, NASA recibió transferencias estatales por $700 millones (unos U$S 2 millones al tipo de cambio de noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió aportes del Estado, marcando un cambio en el modelo de financiamiento.
La participación de inversión privada busca ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad operativa. Este esquema permitirá asegurar recursos clave para proyectos estratégicos como:
- La extensión de vida útil de Atucha I, con su reingreso previsto para 2027.
- La ejecución del proyecto ASECG II (Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados).
Desde el Poder Ejecutivo se indicó que esta política responde a la necesidad de fortalecer el sector nuclear con participación privada, pero sin perder el control estatal sobre una empresa estratégica para el desarrollo energético nacional.
En abril de este año, a través del uranio, el Gobierno buscaba atraer nuevas inversiones. Con avances en proyectos como Blue Sky Uranium y la construcción de plantas SMR, desde el Ejecutuvo aseguran que el país podría convertirse en un referente regional en este sector.
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Contra el negacionismo climático: un informe revela cómo se construye la acción climática desde las provincias argentinas

Fecha de Publicación: 19/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde el negacionismo climático se ha instalado en el discurso oficial, las provincias argentinas comienzan a marcar el rumbo en materia de adaptación y mitigación.
La Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras presentó el primer Informe sobre Compromisos Climáticos Provinciales, un relevamiento integral que compara avances en planes, inventarios, marcos normativos, financiamiento y participación ciudadana.
Radiografía federal de la acción climática
El informe sistematiza datos oficiales de todas las jurisdicciones del país. Entre los hallazgos más relevantes se destacan:
- Planes provinciales validados: solo La Pampa, Jujuy y Misiones cuentan con planes de respuesta convalidados por el gobierno nacional
- Institucionalidad climática: el 54 % de las provincias tienen áreas específicas dedicadas al cambio climático
- Inventarios de GEI: 7 provincias elaboraron sus propios inventarios (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe)
- Leyes marco: 8 jurisdicciones cuentan con legislación específica (CABA, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa)
- Emisiones concentradas: la provincia de Buenos Aires representa el 34 % de las emisiones nacionales

Financiamiento limitado y dependencia de fondos nacionales
El acceso a recursos internacionales sigue siendo una barrera estructural.
La mayoría de las provincias dependen del Consejo Federal de Inversiones (CFI) o de cooperación nacional, con escaso acceso a financiamiento internacional.
Esta limitación pone en riesgo la sostenibilidad de los planes climáticos y la capacidad de respuesta ante eventos extremos como sequías, inundaciones e incendios.
“El federalismo climático está en construcción. La capacidad de las provincias será clave para cumplir los compromisos internacionales”, señaló Mariano Villares, cofundador de la Fundación.

Negacionismo climático: una amenaza global con impacto local
Rechazo a la evidencia científica, intereses económicos y desinformación estructural.
El informe se publica en un momento donde el negacionismo climático se manifiesta como:
- Rechazo del consenso científico sobre el calentamiento global
- Presión de industrias extractivas, como la de los hidrocarburos
- Mecanismos psicológicos de negación frente a amenazas existenciales
- Manipulación informativa y ocultamiento de pruebas, como imágenes satelitales de pérdida de hielos
- Resistencia a políticas climáticas que transformen sectores económicos clave

Visibilizar, comparar y aprender: el valor del informe
Una herramienta para reducir asimetrías y fortalecer la gobernanza ambiental. El documento no establece rankings, sino que ofrece una fotografía comparativa que permite:
- Tomar decisiones informadas
- Aprender entre pares
- Ordenar la información pública disponible
En un país donde el gobierno nacional niega la crisis climática, son las provincias las que intentan construir respuestas concretas desde sus territorios.
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Presupuesto. Denuncian fuertes ajustes en la política ambiental

Fecha de Publicación: 18/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según los especialistas, el proyecto del Gobierno impulsa menores partidas para la protección de bosques, el control de la contaminación y el manejo del fuego
El proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei presentó este lunes expone con claridad, según los expertos consulados por LA NACION, la marginación que su agenda asigna a la protección ambiental y a la atención de la crisis climática. Para los especialistas, la reducción de fondos destinados a este área no constituye un hecho aislado ni sorpresivo: es, más bien, la confirmación de una línea de continuidad en la administración libertaria desde su llegada al poder en diciembre de 2023.
Según se detalla en el proyecto de ley de presupuesto 2026, la función de Ecología y Medio Ambiente enfrentará una caída del 21% en términos reales respecto de lo designado en el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a 213.721 millones de pesos. Hasta agosto pasado se había ejecutado poco menos del 60% de lo aprobado, lo que anticipa un fuerte impacto sobre gran parte de las políticas de conservación y protección de bosques nativos.
La contracción no se limita a un área en particular: alcanza a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, a la protección de bosques nativos y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). “El presupuesto para bosques nativos es 96% inferior a lo que debería según lo estipula la ley y cayó un 31,27% con respecto a la asignación de 2025”, advirtió Ariel Slipak, economista e integrante del equipo de análisis presupuestario de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Los fondos destinados a bosques se dirigen principalmente a productores agrícolas, bajo la lógica de incentivar la conservación y la reforestación dentro de un ordenamiento territorial aprobado por los gobiernos provinciales. Sin embargo, la reducción casi total de esos recursos compromete la eficacia de esos planes. “Sin financiamiento, los ordenamientos pierden su función. No hay presupuesto para que se implementen correctamente”, señaló Matías Cena Trebucq, analista económico en FARN.
En paralelo, la asignación de fondos a la Subsecretaría de Ambiente tendría una baja en términos reales del 32,7%. En la Administración de Parques Nacionales se proyecta un incremento real del 25,68% con respecto a este año, aunque, al comparar con los recursos disponibles en 2023, todavía implica una caída acumulada del 26,3%. Este tipo de contrastes, advirtieron los expertos, muestra cómo los aumentos anunciados en algunos rubros no logran compensar la pérdida de capacidad presupuestaria que viene arrastrándose desde hace dos años.
La organización FARN también enfatizó que, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el empeño del Gobierno de expandir actividades productivas como la minería, la energía y la agricultura, la política ambiental debilitada suma presión sobre ecosistemas que ya enfrentan altos niveles de degradación. Cena Trebucq destacó en particular el Programa de Evaluación y Control Ambiental, destinado a financiar estudios de impacto ambiental previos a proyectos de envergadura.
Estos estudios son fundamentales para prevenir daños en cuerpos de agua, suelos, biodiversidad o incluso en la salud de las comunidades. “En el nuevo proyecto de presupuesto se contempla una caída del 54,2% [en el Programa de Evaluación y Control Ambiental]”, precisó el economista, y agregó que las reducciones no se limitan a lo financiero: también disminuye la cantidad de inspecciones destinadas a controlar efluentes industriales y residuos peligrosos.
Otro de los recortes significativos se observa en el SNMF. Según los cálculos de FARN, para el año próximo habría una caída del 51,85% del presupuesto que se asignó a ese servicio para este año. La comparación muestra una reducción drástica de la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, un problema que en los últimos años ha escalado en magnitud. Si bien el presupuesto del manejo del fuego no solo se compone de lo designado al SNMF, los expertos plantean que es un primer indicador. “Falta analizar cuánto asignará Parques Nacionales y el Ministerio de Seguridad a este tema”, añadió Slipak. 
“Esto refleja lo que Milei sostiene en sus discursos. Ni el ambiente ni el clima son contemplados. El Gobierno ve como única política económica el recorte presupuestario para sostener el equilibrio fiscal. Pero si ocurren inundaciones como la de Bahía Blanca o incendios como los de la Patagonia y eso significa déficit fiscal, ¿qué hacemos?”, cuestionó el economista de FARN.
En conjunto, los datos del presupuesto 2026 muestran que, lejos de priorizar el fortalecimiento de la política ambiental en un contexto de crisis climática global, el Gobierno profundiza el sendero de desinversión en el área. “En caso de que la inflación promedio sea mayor a la proyectada por el Gobierno, que apunta a 13,9%, las caídas podrían ser superiores a las analizadas”, destacó Cena Trebucq.
Para los especialistas, este rumbo implica no solo menos recursos, sino también una menor capacidad del Estado para responder a emergencias ambientales, cumplir con compromisos internacionales y garantizar condiciones básicas de protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen directamente de ella.
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Alerta, pesca de arrastre: advierten que la Argentina está entre los países que más destruyen el fondo del mar

Fecha de Publicación: 17/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


La pesca de arrastre no es un problema nuevo para el océano en zona argentina. «Bajo la superficie del Atlántico Sur ocurre una devastación invisible», describen en la fundación Sin Azul no hay Verde.
Grandes barcos despliegan redes que pesan toneladas y «barren» el fondo del océano como topadoras submarinas. Así, todo lo que encuentran, peces, corales, esponjas, huevos, crustáceos, es atrapado o destruido. Detrás, el paisaje queda vacío, un desierto que tarda décadas, a veces siglos, en recomponerse.
En este sentido, la pesca de arrastre transforma ecosistemas en desiertos submarinos y Argentina es uno de los países que más utilizan esta técnica destructiva, encabezando el ranking en América Latina. En Buenos Aires, un encuentro en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) reunió a científicos, ambientalistas y ciudadanos para poner el tema sobre la mesa.
La plataforma patagónica, uno de los ecosistemas más productivos del Atlántico Sur, concentra buena parte de la presión. En esa región marina se multiplican las amenazas para delfines y otros mamíferos, al tiempo que se degradan hábitats esenciales para la reproducción de peces comerciales.

Tres impactos destructivos que se suman
La pesca de arrastre combina, de acuerdo con los especialistas, tres daños que la hacen única en su nivel de destructividad:
    Sobrepesca: la extracción supera el ritmo de recuperación natural de las poblaciones.
    Captura incidental (bycatch): caen en las redes especies que no eran el objetivo, muchas de ellas amenazadas.
    Destrucción del hábitat: los ecosistemas bentónicos, fondos marinos de gran diversidad, son arrasados como si fueran campos arados.
«Pese a que las imágenes de esta devastación casi no existen, los indicadores internacionales y las investigaciones científicas lo confirman. El Atlántico Sur se encuentra bajo un estrés creciente que amenaza su capacidad de sostener la vida», advirtieron desde la organización.

Una amenaza invisible
Mientras los bosques talados o los glaciares que retroceden tienen un correlato visual que alerta, el arrastre avanza sin testigos. “Bajo el agua, sin cámaras que lo expongan, se erosiona un patrimonio natural de escala planetaria”, remarcó Juan Coustet, parte de la coordinación de Sin Azul no hay Verde.
“A esto se suma la incertidumbre de los registros oficiales: capturas incompletas, especies mal identificadas, datos ausentes. Un vacío que impide construir políticas pesqueras transparentes y efectivas”, remarcó.

Pesca de arrastre, un debate que empieza a abrirse
El 11 de septiembre, el MAMBA fue escenario de un importante evento. Alrededor de 250 personas, entre científicos, referentes de ONGs, artistas y público general, se reunieron para hablar de la pesca de arrastre y sus consecuencias.
El encuentro, encabezado por la fundación Sin Azul no hay Verde, combinó la proyección del documental Ocean (narrado por David Attemborough) con paneles de debate, y marcó un punto de partida. Sacar a la luz un tema del que casi no se habla en la agenda pública.
La intención de los organizadores fue clara: generar un espacio de diálogo más amplio entre la sociedad civil, las organizaciones ambientales y la comunidad científica para avanzar hacia políticas que protejan el mar.
“El evento contó con la participación de muchísima gente, fue un éxito. Y creo que es sumamente importante porque a través de estos espacios logramos llevar el mar a la ciudad y concientizar que sin un océano saludable es imposible la vida”, sintetizó uno de los disertantes, Milko Schvartzman, especialista en pesca ilegal.
Por su parte, Andrea Michelson, bióloga y consultora en Conservación de la Naturaleza quien también participó del panel de debate, sostuvo: “el evento me pareció muy interesante, porque es muy importante acercar a la gente la importancia de proteger el océano”.
«Es muy necesario mostrar los riesgos y los impactos que sufre el mar y la necesidad de que haya actividades como pesca responsable para que tengamos un océano saludable», remarcó.
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El 88% de los argentinos reclama mayor compromiso de marcas y políticas para el reciclaje

Fecha de Publicación: 17/09/2025
Fuente: Portal Mercado
Provincia/Región: Nacional


Un informe nacional realizado por Ecoplas y Opinaia releva que la mayoría de la población exige una mayor articulación entre empresas, gobiernos y ciudadanía para lograr un reciclaje más eficiente, mientras evalúa el impacto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en la economía circular.
La última edición del estudio conjunto de Ecoplas y Opinaia, realizada entre el 20 de junio y el 7 de julio de 2025, arroja que el 88% de los argentinos demanda mayor compromiso tanto de las marcas como de las políticas públicas en materia de reciclaje. El informe se basó en una muestra nacional de 1.235 personas.
De acuerdo con los resultados, el 82% de la población separa residuos reciclables al menos ocasionalmente, mostrando un incremento respecto a años anteriores. Nueve de cada diez encuestados considera que las empresas deberían contribuir activamente para mejorar la eficiencia del reciclaje y favorecer la reincorporación de materiales al circuito productivo. Además, el 87% percibe que existe una falta de articulación entre gobiernos, empresas y sociedad civil para avanzar en este aspecto.
El informe resalta la relevancia de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de envases, que obliga a las empresas envasadoras a gestionar el posconsumo de sus productos. Esta política, adoptada en la Unión Europea y en países de la región, es identificada como una oportunidad para obtener resultados sistémicos en materia de reciclaje.
El interés de los consumidores por el destino final de los materiales crece: el 63% se preocupa por este aspecto y el 44% valora la capacidad de reciclaje y reutilización de los plásticos. En 2024, se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas de plásticos y se valorizaron otras 30.300 toneladas en hornos cementeros, aunque el sector reciclador opera con un 50% de capacidad ociosa.
El 52% de los encuestados estaría dispuesto a pagar un precio mayor por productos elaborados con plástico reciclado. Asimismo, el 45% considera determinante la presencia de un sello ambiental al momento de elegir un producto. Ecoplas promueve la Certificación de Contenido de Plástico Reciclado en Productos junto al INTI, que garantiza un mínimo del 15% de material reciclado y trazabilidad.
La educación ambiental aparece como una demanda central: el 93% sostiene que debería ser obligatoria y el 52% plantea que el plástico y su reciclaje formen parte de la educación escolar. “La sociedad quiere y sabe actuar, pero necesita condiciones concretas para que ese compromiso se traduzca en resultados reales”, señala el informe.
“El desafío pendiente es transformar este hábito individual mediante políticas y acciones concretas que permitan consolidar la economía circular como un modelo efectivo en todo el país”, dijo Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas.
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Córdoba asumió la presidencia del Parlamento Federal del Clima

Fecha de Publicación: 16/09/2025
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz (Córdoba)
Provincia/Región: Nacional


El gobernador Martín Llaryora recibió en el Centro Cívico a referentes del Parlamento Federal del Clima, luego de la histórica sesión llevada a cabo en la Legislatura de Córdoba.
En esta oportunidad, Córdoba asumió la presidencia del espacio interprovincial con una agenda propositiva, que incluye la transición energética, gestión del agua, protección de la biodiversidad y adaptación frente a los impactos del cambio climático, con una mirada federal y productiva.
Llaryora intercambió ideas respecto de los lineamientos trazados por el espacio que integran los presidentes de las Comisiones de Ambiente de las 24 legislaturas provinciales del país.
El mandatario cordobés se pronunció en reiteradas oportunidades contra el negacionismo climático e instó a bregar por la cuestión ambiental de manera urgente.
El encuentro significó el relanzamiento del Parlamento Federal del Clima, que desde su nacimiento en 2017 no había vuelto a sesionar porque los sucesivos Gobiernos nacionales no lo convocaron.
Está formado por los presidentes de las Comisiones de Ambiente de las 24 legislaturas provinciales del país y tiene como objetivo elaborar proyectos de ley, declaraciones e informes vinculados al ambiente.
El presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de la Provincia de Córdoba, el legislador Abraham Galo, estará al frente del órgano hasta 2027.
“Hoy en Córdoba vivimos un acontecimiento histórico, la segunda sesión del Parlamento Federal del Clima, con la participación de la mayoría de las provincias. Fue un verdadero grito federal, donde gobiernos de distintos signos políticos coincidimos en el cuidado del medio ambiente”, dijo Galo durante el encuentro con el gobernador.
El legislador cordobés subrayó que “frente a un Estado nacional negacionista, las provincias nos unimos y defendemos la preservación del ambiente pensando en el futuro. En Córdoba lo pregonamos hace tiempo; el gobernador Martín Llaryora creó el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que trabaja de manera transversal con todas las áreas del Gobierno”.
De esta manera, se busca reactivar el accionar de este organismo y sesionar al menos tres veces al año, en los meses de marzo, junio y septiembre, en distintas localidades.
Así, se podrán consensuar acciones y leyes marco en bloque para todas las cámaras del país.
El objetivo es coordinar políticas federales y mostrar que, más allá de las diferencias, el ambiente debe ser política de Estado.
La diputada correntina María Eugenia Mancini se mostró satisfecha con el relanzamiento del espacio interprovincial. “Se tardó mucho tiempo en tomar conciencia de lo que el cambio climático nos iba a hacer. Los legisladores de las provincias estamos entendiendo que si no nos aunamos en esfuerzos para tratar de llevar una agenda ambiental argentina en común, será muy difícil abordar estos desafíos”, afirmó.
Y completó: “Siempre que vengo a Córdoba, me voy enriquecida con nuevas ideas y me llevo mucho por hacer con este intercambio que hacemos de proyectos y programas”.
Dorys Lilián Arkwright, legisladora del Chaco, valoró positivamente su participación en el Parlamento y resaltó “la impronta que le está dando Córdoba. Estuvimos en esta charla con el gobernador, que nos comentó todo lo que viene haciendo la provincia por el cambio climático”.
Gloria Liliana Cozzi, senadora de Entre Ríos, señaló la importancia de instar al compromiso de la sociedad con la cuestión ambiental. “Me llevo una gran impresión de cómo trabaja Córdoba, una experiencia interesante como para comentarla en el Senado entrerriano”, apuntó.
También participó del encuentro Carlos Daniel Camy, senador de la República Oriental del Uruguay, quien expuso la experiencia del país vecino en el combate del cambio climático.
“Esta convocatoria ha tenido a Córdoba como matriz, con una visión de futuro que ya había escuchado del gobernador en la Conferencia Climática Ambiental celebrada en julio, sobre los beneficios que tiene para nuestros países alinearse a esta visión verde, que es conceptualmente racional”, dijo.
La presencia de representantes de gran parte de las provincias confirma que este Parlamento tiene futuro y va a ser un actor clave en la construcción de consensos ambientales para la Argentina.
Estuvieron presentes además la vicegobernadora Myrian Prunotto, la ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, Victoria Flores .
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El mapa del nitrógeno en Argentina: ¿cuáles son las provincias donde más se aplican fertilizantes? 

Fecha de Publicación: 15/09/2025
Fuente: Portal Infocampo
Provincia/Región: Nacional


El agro argentino genera un gran volumen de gases de efecto invernadero (GEI). Del total, casi 7% es óxido nitroso (N₂O).
Este gas daña la capa de ozono, calienta la atmósfera mucho más que el CO₂ y se origina en la fertilización nitrogenada. ¿Dónde y en qué cultivos se aplica más nitrógeno?
Por primera vez, un estudio de la FAUBA y otras instituciones -publicado por la revista digital Sobre La Tierra de la FAUBA- mostró que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe encabezan estas fertilizaciones, sobre todo en maíz y trigo.
Además, al recalcular las emisiones de N₂O, se vio que el inventario nacional de gases 2024 las sobreestimó un 33%.

¿Qué es el óxido nitroso y por qué es importante?
El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero 310 veces más potente que el CO₂ y muy dañino para la capa de ozono.
Su principal fuente son las fertilizaciones nitrogenadas que se hacen en el agro para sostener los rendimientos. Pese a que es una práctica extendida, aún existen interrogantes: ¿varía entre regiones agrícolas? ¿Y entre cultivos? ¿Es relevante para la producción y el ambiente?
“Hasta este estudio solo conocíamos cuánto fertilizante nitrogenado se aplica a nivel país, pero no cuánto se usa específicamente en cada provincia y en cada cultivo”, dijo Sebastián Vangeli, docente de Manejo y Conservación de Suelos en la FAUBA.
“A partir de datos de la Bolsa de Cereales, de la Secretaría de Agroindustria y de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, vimos que el 37% del nitrógeno total se aplica en la provincia de Buenos Aires; el 26%, en Córdoba; el 12%, en Santa Fe, y el 7%, en Entre Ríos. Esto puede verse con más detalle en el mapa que generamos para las distintas jurisdicciones agrícolas”, informó Vangeli.
El mapa desarrollado por Vangeli y colaboradores detalla las toneladas de nitrógeno de fertilizantes aplicadas en distintas jurisdicciones a lo largo de las regiones agrícolas argentinas. El avance permite estimar mejor las emisiones de óxido nitroso.
Con respecto a los cultivos más fertilizados con N a nivel nacional, el investigador señaló en primer lugar al maíz, con 34%, y luego al trigo, con 23%. A estos los siguen la soja de primera (19%), la cebada (8%) y el girasol (4,5%).

Ajustes en el inventario nacional
Estos resultados, publicados en la revista científica Ciencia del Suelo, son cruciales para conocer de forma más detallada dónde y cuánto nitrógeno se emite en el país como N₂O, y para ajustar el reporte de emisiones a nivel nacional y las políticas climáticas.
“Las emisiones de nitroso están incluidas en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Sin embargo, desde la FAUBA, el INTA y el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca detectamos que los valores que se informan son imprecisos porque los datos que se usan para calcularlas no representan la realidad local”, afirmó Vangeli.
El docente comentó que las cuentas actualmente se realizan sobre la base de dos datos: cuánto fertilizante nitrogenado se aplica en total en el país y qué porcentaje del fertilizante aplicado se libera como óxido nitroso. Este último valor está tomado de bibliografía internacional y no refleja las características locales de suelos, climas o manejos agronómicos.
Por este motivo, el equipo logró aumentar la precisión de este parámetro. “Generamos porcentajes diferentes para distintas jurisdicciones a partir de datos de 26 estudios nacionales entre 2012 y 2018, que informaban emisiones de nitroso a campo. Estos ‘nuevos’ parámetros estuvieron hasta un 25% por debajo del usado en el inventario. Sin duda, va a servir para mejorar la base de datos y el inventario”, destacó el docente.
Vangeli reconoció que “aunque en los últimos años los investigadores de las universidades, el CONICET o el INTA realizamos grandes esfuerzos en el tema, creemos que la tarea aún no terminó. Nuestros parámetros deben ser más robustos. Cuando lo logremos, vamos a poder proponerlos a la Subsecretaría de Ambiente para su uso”.
El investigador de la FAUBA advirtió que, como parte del Acuerdo de París, la Argentina está obligada a presentar un Informe Bienal de Transparencia que incluye un inventario de emisiones siguiendo las guías del IPCC y planes de mitigación.

Estrategias para mitigar y producir mejor
“Si queremos cumplir con los compromisos como corresponde, va a ser fundamental trabajar con más detalle y en conjunto con los productores para disminuir el nivel de emisión de óxido nitroso que tenemos”, enfatizó.
Vangeli explicó que, aunque el agro emite el 40% de los GEI nacionales, los productores priorizan los rendimientos por sobre las emisiones. “
Quizás productivamente no les importan tanto las pérdidas de nitrógeno por esta vía o el calentamiento global. Pero sí les interesa implementar manejos que mejoren la eficiencia productiva de sus campos”, señaló.
Y las alternativas estarían al alcance de la mano. “Estrategias como aplicar los fertilizantes en distintas etapas de crecimiento o fertilizantes de liberación controlada harían que los cultivos absorban más nitrógeno, y así se reducirían las emisiones de nitroso. Los productores se beneficiarían económicamente y a la vez contribuirían a mitigar el cambio climático”, sostuvo.
A modo de cierre, Vangeli hizo hincapié en que “este es un trabajo en conjunto en el que todos pueden contribuir, desde la producción hasta la investigación. Nuestro grupo de trabajo interinstitucional está comprometido y va a seguir avanzando en esta línea”.
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