El organismo clave en Mendoza que está amenazado por la motosierra de Javier Milei

Fecha de Publicación: 23/06/2025
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Nacional


Por medio de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) que cumple tareas fundamentales en la provincia, será puesto bajo el ala del Ministerio de Economía. Desde el ente expresaron una gran incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del ente tras este anuncio. 
La “motosierra” del Gobierno nacional pasó sobre una institución estatal con presencia en Mendoza. A partir de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) pasará a formar parte de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. La nueva situación generó una gran incertidumbre en el ente local.
El Decreto 396/2025, firmado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía, determina que el INA dejará de ser un organismo que administre sus propios recursos, tenga autonomía, pueda firmar convenios y hacer asesoramientos externos, entre otras cosas.

Incertidumbre por los puestos laborales y el edficio
El Instituto Nacional del Agua cuenta con una presencia en Mendoza desde 1973, cuando inició sus actividades como Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCyTH).
Aunque Santiago Ruíz Freites, subgerente del INA Centro Regional Andino, lo describió como “un organismo pequeño“, resaltó su “alto nivel técnico y científico” debido a los servicios que presta.
Actualmente, más de treinta personas, entre empleados de planta y contratos temporales, conforman su equipo en la provincia. A nivel nacional, el organismo cuenta con aproximadamente 300 empleados, divididos en siete subgerencias, una de las cuales tiene asiento en Mendoza.
El presupuesto general del INA para la totalidad del ente es de 8.357 millones de pesos, el mismo que en 2024. En esa suma está contemplado el pago de sueldos de todo el personal nacional y el mantenimiento operativo en general del  costo de los edificios que hay en los distintos centros regionales. 
Para Ruíz Freites, “la cifra es irrisoria al lado de otros organismos y absolutamente desactualizada”.
Si bien el Gobierno nacional sostiene que este cambio no afectaría la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo y que las competencias del INA podrán ser desarrolladas con igual eficacia desde la administración centralizada, existe preocupación en Mendoza por la posible pérdida de puestos de trabajo y la discontinuidad de algunas de sus tareas.
José Pozzoli, exsubgerente del INA y actual concejal en Guaymallén por el Partido Justicialista, consideró que el proceso de centralización de Nación “es un primer paso para terminar de liquidar el instituto o reducirlo a su mínima expresión”.
Más allá de las justificaciones del Gobierno, amparada por el recorte de gastos estatales, el exfuncionario indicó que parte de la medida del Estado se corresponde en parte por un “tema inmobiliario”:
“Yo creo que desde el Gobierno Nacional están viendo con muy buenos ojos hacer un negocio inmobiliario con los bienes que tiene el INA. Especialmente en Ezeiza, donde tiene 70 hectáreas en un lugar muy codiciado por varios emprendimientos privados“, denunció Pozolli.
En Mendoza, la sede local se encuentra en Belgrano al 210, de Ciudad de Mendoza, junto a la Universidad Tecnológica Nacional. Para el concejal justicialista, es “un edificio con muy buena ubicación y que creo que la intención por ahí también es usarlo para otra cosa”. 
Este inmueble pertenece a la Nación, siempre y cuando siga existiendo el INA. En caso de desaparecer el edificio pasaría a la Provincia y ésta debe compensar los gastos al Gobierno nacional. Así lo determinó el convenio de cooperación firmado entre los gobiernos en 1980.

Las funciones del INA en Mendoza
A pesar de no tener el control del recurso hídrico en la provincia, el INA lleva adelante una amplia gama de tareas científicas que son cruciales para la gestión del agua en Mendoza. Según señaló Pozzoli: “En el INA se investiga, se publica y se trabaja con los distintos actores”.
En el ámbito de la meteorología y las lluvias, el instituto elabora estudios sobre el comportamiento de las precipitaciones y su impacto en los recursos hídricos. Para ello, utilizan modelos a escala y una red de pluviómetros y estaciones meteorológicas en el Pedemonte.
Esta red proporciona información sobre las propiedades de escalamiento temporal de intensidades máximas de lluvias de corta duración, conformando un sistema de alerta temprana clave para prevenir y gestionar los impactos de las lluvias torrenciales, que junto a Defensa Civil aporta en el cuidado de comunidades vulnerables, principalmente las que están ubicadas a la orilla de los canales provinciales.
También brindan asistencia técnica, colaborando con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, por ejemplo, el convenio para el monitoreo de la cuenca de la zona de la destilería de Luján de Cuyo, donde Irrigación envía estos informes al INA para que el instituto realice el monitoreo de las cuencas subterráneas.
Pozzoli indicó que “con Irrigación la relación quedó a medias“, ya que, a su entender, el ente provincial “siempre ha desperdiciado la posibilidad de que el Instituto procesara y trabajara sobre datos que Irrigación tiene y que muchas veces no tuvieron acceso”.
El INA también se dedica al estudio de la calidad del agua subterránea, realizando monitoreos, entre ellos, en la subcuenca del río Tunuyán Inferior, fundamental para el control de la composición química del agua destinada a riego, que se hizo en febrero de 2024. Dada la vital importancia del agua subterránea para el consumo humano, el INA ha estado involucrado durante años en los controles previos al suministro a la población.
La investigación del agua y la vitivinicultura es otra área prioritaria, dada la relevancia económica de esta actividad en Mendoza. Según Ruíz Freites, actualmente están inmersos en un proyecto de investigación sobre la relación entre el agua y la viticultura.
Además, el INA ha realizado evaluaciones de impacto ambiental, produciendo dictámenes técnicos para asegurar que los proyectos y actividades en la provincia cumplan con los estándares ambientales y no comprometan los recursos hídricos.
El estudio del escurrimiento andino es fundamental para el INA, ya que monitorean constantemente el agua que desciende de la Cordillera de los Andes, principal fuente de agua superficial para la provincia.
A la vez, el INA se encarga de la auditoría de pasivos ambientales petroleros, buscando mitigar la contaminación y proteger el medio ambiente en las zonas con presencia de esta industria. Un ejemplo de estos trabajos fue la remediación de pasivos ambientales en obras de YPF, bajo la supervisión de la Dirección de Protección Ambiental.
Finalmente, el instituto colabora en proyectos con otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, universidades locales y el INTA, llevando adelante diversas investigaciones.
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Polémica y denuncia: la SIDE contempla monitorear también a organizaciones ambientalistas e impulsoras de la agenda climática

Fecha de Publicación: 21/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, pueblos indígenas, científicos y miembros de organismos internacionales que promueven la agenda climática pueden ser sujetos de espionaje por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Así fue estipulado de manera expresa en el Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), cuya existencia fue revelada por LA NACION hace poco menos de un mes.
Este medio tuvo acceso a una copia del documento y pudo corroborar la relevancia que los distintos grupos ambientalistas tienen dentro del PIN. Si bien una buena parte del texto se compone de objetivos históricos de los servicios de inteligencia, hay párrafos que ponen de manera explícita a estas organizaciones –tanto nacionales como internacionales– y organismos que promuevan la agenda climática como sujetos en la mira de la SIDE.
Su incorporación puso en vilo a representantes del sector, que tildaron de “escalofriante” la decisión oficial e, incluso, avanzaron este jueves con la presentación de una denuncia penal por abuso de autoridad contra el director del organismo, Sergio Neiffert, y su director general de Operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.
En octubre del año pasado, hubo una reunión secreta de la cúpula de la agencia de inteligencia con los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. En ese encuentro, diputados y senadores cuestionaron la ambigüedad y los riesgos que depara el PIN.
Luego, lo que era un documento comenzó a tener concreciones. En una directiva secreta que emitió a fines de enero pasado, la SIDE ordenó “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local. No fueron específicos en los grupos objetivos, pero sí se sabe que la directiva fue firmada por Kravetz, que años atrás se desempeñó como abogado especialista en derecho ambiental.
Mientras que el Gobierno ha negado en distintos momentos lo difundido en medios de comunicación sobre el PIN, el viernes pasado la revista Crisis publicó una investigación en la que revelaron algunas partes del documento sobre objetivos específicos de la agencia de inteligencia, muchos de ellos, vinculados al sector ambientalista.
El trabajo de inteligencia sobre grupos ambientalistas o asociados a la agenda climática está concentrado casi enteramente en uno de los lineamientos estratégicos del documento. Este apartado se compone, sobre todo, de objetivos asociados a los recursos naturales estratégicos e incidencias sobre la biósfera que sean de “interés nacional”.
Incluye “identificar, reunir y analizar información” sobre “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de recursos naturales estratégicos presentes en el territorio nacional”.
También tienen interés en seguir actores, hechos o circunstancias que, “en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales, deriven en la obstrucción de proyectos”. La razón de todo esto se vincula con la posible interferencia y conflictividad que estos actores suponen para el gobierno nacional sobre la “exploración y explotación” de recursos naturales estratégicos. ¿A qué se refieren con eso?
No es explícito en el documento qué recursos naturales son estratégicos, aunque sí se menciona al sector energético, la petroquímica, la producción agropecuaria y minerales como el cobre, el aluminio y el acero. También se plantea un interés particular por minerales y tecnología asociados a la transición energética. Buscan monitorear políticas y mercados relacionados con las “economías bajas en carbono y resilientes a la variación climática. Por otro lado, incluyen el análisis de información sobre procesos climáticos –como las tormentas, sequías y olas de calor– y de contaminación que puedan afectar a la producción, a la vida y al patrimonio.
Así, parece haber dentro de la SIDE un reconocimiento claro del cambio climático y de los actores involucrados en este fenómeno, que científicos de todo el mundo asocian con la liberación de gases de efecto invernadero derivados, en especial, de la producción industrial. Desde la agencia de inteligencia ven imperante la recopilación de información vinculada a la política internacional asociada a la agenda climática, según surge del documento. En especial, la impulsada por organismos que tengan “posturas restrictivas” vinculadas a la “gestión” de los “efectos del cambio climático que busquen condicionar la explotación de recursos naturales por parte de actores estatales”. También buscan monitorear la evolución de políticas sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
El miércoles pasado hubo otra reunión de Neiffert con la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, con el diputado Leopoldo Moreau como vicepresidente. El funcionario negó que el organismo a su cargo tenga previsto realizar tareas de espionaje sobre diferentes actores de la sociedad civil, tal como podría interpretarse del contenido del Plan de Inteligencia Nacional.
El encuentro sirvió como marco para que tanto las autoridades de la agencia como los miembros de la comisión comiencen a trabajar en adecuar el PIN a las sugerencias formuladas por los legisladores. “La SIDE respondió las preguntas que se le hicieron por escrito y se quedó en seguir trabajando sobre el Plan de Inteligencia Nacional”, explicó el martes pasado una fuente consultada por LA NACION.
Este medio se contactó con cuatro de los catorce miembros de la comisión bicameral para saber cuáles eran las sugerencias y para corroborar la información obtenida; solo uno respondió. No negó la presencia de estos párrafos en el PIN, aunque advirtió que no revelaría ningún punto de este documento. Lo que explicó es que se abrió una línea de investigación por la filtración del documento. Además, LA NACION contactó a Neiffert para corroborar la información a la que accedió; sin embargo, no obtuvo respuesta.

La reacción de las organizaciones
El viernes pasado, empezó a circular la poca información disponible entre varias organizaciones ambientalistas. No quieren emitir declaraciones oficiales y sus representantes tampoco están seguros de que lo planteado en el documento sea definitivo. A pesar de ello, son conscientes de su existencia. “El simple hecho de que se haya escrito ya vulnera la seguridad. Si el texto es real, estaríamos hablando de una política de Estado en contra del sector ambientalista”, ponderó Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Otros activistas e intelectuales ambientalistas catalogaron de “escalofriante” que la SIDE contemple a las organizaciones ambientalistas como objetivos dentro del Plan de Inteligencia Nacional. “La totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, somos el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado –especularon en una nota editorial publicada el miércoles pasado, con la firma de Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y la investigadora Maristella Svampa–. Todo ello nos plantea las preguntas acerca de qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre nosotros. ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Penetran o infiltran nuestras comunicaciones y redes sociales? ¿Preparan ‘operaciones’ mediáticas para desprestigiarnos?“.
Otras organizaciones ambientalistas consultadas decidieron no hacer declaraciones. Sin embargo, confirmaron que comenzaron discusiones internas para tomar medidas al respecto. En particular, en diálogo con LA NACION Viale explicó que desde la organización que dirige están reuniéndose con organismos de derechos humanos y también recurriendo a organismos internacionales por el “cuidado de nuestra integridad, nuestra intimidad y nuestros derechos más elementales”.
Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), planteó que, más allá de que no es nuevo que se utilicen los servicios de inteligencia con fines políticos, ve que ahora se hace “a todas luces”. Refiere así a que el documento se alinea en varios puntos con los objetivos políticos que el Gobierno expresa de manera pública en distintos canales. Esto, afirma, infringe la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
En ese contexto, este jueves el CELS presentó una denuncia penal en contra de Neiffert y Kravetz. La figura bajo la que los acusa es la de abuso de autoridad estipulada en el artículo 248 del Código Penal.
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Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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Los recursos ambientales se agotan

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El día del sobregiro, a partir del cual el país utiliza más recursos de los que es capaz de regenerar, está cerca y ambientalistas llamaron la atención sobre la pérdida de diversidad, el desfinanciamiento y la retirada del Estado.
Según la organización Global Footprint Network, el día donde Argentina consume más recursos de los que la Tierra puede regenerar en un año llega este 2025 el 3 de julio. El promedio mundial para este año es apenas 21 días después: el 24 de julio. Con respecto a esta fecha,  la organización internacional de sustentabilidad difundió: "Actualmente, la humanidad utiliza la naturaleza un 80% más rápido de lo que los ecosistemas terrestres tardan en regenerarse, haciendo que este sobregiro sea equivalente a usar 1.8 planetas Tierra".
Así, explicaron que este nivel de sobreexplotación se debe al agotamiento del "capital natural" que compromete la seguridad de los recursos a largo plazo. "Las consecuencias son visibles en la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto contribuye a una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y a la disminución de la producción de alimentos", detallaron.
Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, describió la situación actual como una "regresión ambiental inaceptable" en diálogo con Página/12. Advirtió que estar cerca de la fecha de sobregiro es "una grave alarma". Sin embargo, puntualizó: "la responsabilidad no está distribuida de manera equitativa. No son los sectores populares quienes empujan este colapso, sino un modelo económico basado en el sobreconsumo de recursos, la exportación de naturaleza y la profundización del extractivismo como modelo de (mal)desarrollo".
El artículo 41 de la Constitución Nacional "implica una obligación concreta del Estado: no sólo evitar el daño ambiental, sino prevenirlo, restaurarlo y garantizar el principio de sustentabilidad. Sin embargo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), junto con la profundización del modelo extractivista --basado en el saqueo de bienes comunes como el litio, los hidrocarburos y los minerales--, va en sentido contrario", comentó el abogado. Actualmente, 16 provincias están adheridas al RIGI.
Micheloud indicó que este régimen vulnera el ambiente --entendiéndolo como el "entramado vital que sostiene nuestras vidas y donde se desarrolla la vida humana y no humana"-- de manera estructural, ya que "promueve la megaminería, el fracking, el offshore y el agronegocio sin participación ciudadana, sin licencia social y sin estudios de impacto ambiental serios".

En retirada
Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, explicó en comunicación con Página/12: "Mientras que combatir el cambio climático ayuda a proteger las especies y su hábitat, la preservación de la biodiversidad también juega un papel esencial en la regulación del clima a nivel global". Sin embargo, la biodiversidad nacional fue afectada. La superficie de bosques patagónicos quemada esta temporada estival se cuadruplicó en comparación con la anterior: se afectaron 31.722 hectáreas en seis meses. En Greenpeace lo describieron como de los peores incendios --por su magnitud e impacto-- de las últimas tres décadas. La retirada del Estado en las políticas públicas ambientales contribuyó a esa estadística: "prácticamente todas las áreas sensibles como el control forestal, la fiscalización ambiental, el sistema de cuencas o el acceso a la información ambiental están siendo desguazadas", agregó Micheloud.
"Se paralizan programas, se despide personal técnico, se desfinancian organismos de control, se ataca a los científicos y se desoye la voz de las comunidades", denunció Micheloud y ejemplificó: "Áreas clave como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue transferido del ex Ministerio de Ambiente --hoy reducido a una Secretaria junto a Turismo y Deportes-- al Ministerio de Seguridad de Bullrich". Así, el SNMF cambió una lógica de prevención, restauración y gestión ecosistémica del fuego por "una mirada punitiva y militarizada, donde el fuego se aborda como una amenaza a ser 'controlada', y no como un fenómeno complejo a ser entendido y prevenido con enfoque ambiental", describió el abogado.
Alrededor del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la deforestación, la ganadería y la agricultura. En este sentido, Micheloud reiteró que "no se trata de cambiar hábitos individuales, sino de transformar estructuras. Necesitamos frenar el avance de los proyectos extractivos, fortalecer las economías regionales, respetar los límites ecológicos, proteger a las comunidades campesinas, indígenas y urbanas vulnerables y defender nuestros ecosistemas. También es clave apoyar las luchas territoriales y construir una transición justa, que entienda que no hay justicia ambiental si no hay justicia social". Para él, la pobreza y la desigualdad son el resultado directo de un "sistema extractivo que contamina y mata".

Extintos
Las organizaciones alertaron sobre la pérdida de diversidad: a nivel mundial, más de un millón de especies se están extinguiendo y en Argentina aves, peces, reptiles y mamíferos están en peligro de extinción. Arrigazzi destacó al yaguareté "que ocupa un rol fundamental en la cadena trófica y en el equilibrio de sus ecosistemas", pero que actualmente corre este peligro porque se pierde su habitat, debido a la deforestación y al cambio climático. Sin embargo, existen proyectos de reintroducción de la especie para repoblar los Parques Nacionales y Arrigazzi contó el trabajo de la organización para lograr la "deforestación cero y la conservación de corredores biológicos en el Gran Chaco".
"Cada día que pasa sin medidas concretas es una oportunidad perdida para proteger el ambiente en todas sus formas. Restaurar y conservar nuestros ecosistemas es esencial para garantizar agua, aire limpio y alimento para las generaciones presentes y futuras", concluyó Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
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Proponen una Ley de Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis del sector

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: Portal Pescare
Provincia/Región: Nacional


 Un proyecto de ley propone declarar la Emergencia Pesquera Nacional por 24 meses para enfrentar la crisis económica, social y productiva del sector. Incluye incentivos fiscales, un fondo especial y un sistema obligatorio de trazabilidad. 
Un proyecto de ley ingresado al Congreso propone crear la Ley de Emergencia Pesquera Nacional por el término de 24 meses, con posibilidad de prórroga, con el objetivo de enfrentar la crisis económica, social, ambiental y productiva que atraviesa el sector. La medida alcanzaría a todas las jurisdicciones con actividad pesquera, haciendo foco en las provincias marítimas y fluviales de mayor volumen extractivo e industrialización. El proyecto es impulsado por el diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido.
Entre sus objetivos, la iniciativa busca recuperar la sustentabilidad económica del sector, fortalecer el empleo, modernizar la industria, garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). También promueve la expansión de los mercados internacionales y el incremento del consumo interno de productos del mar y de río.
Durante el período de emergencia, el proyecto prevé la suspensión de aumentos impositivos y vencimientos fiscales y previsionales que impacten directamente en la pesca y la acuicultura. Asimismo, se propone la creación del Fondo de Fomento y Sostenibilidad Pesquera (FOFOSPE), que se financiará con recursos provenientes de multas por pesca ilegal, aportes provinciales, fondos del presupuesto nacional, asistencia internacional y donaciones.
En paralelo, se pondrá en marcha un régimen de incentivos fiscales para empresas que inviertan en innovación, reconversión productiva y sostenibilidad. Además, se creará un Fondo Rotatorio con créditos blandos para proyectos de modernización tecnológica.
Una de las medidas centrales del texto es la implementación obligatoria del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SUTraP), con validación técnica a cargo del INIDEP y en línea con estándares de la FAO. Las empresas que exportan deberán adaptarse al sistema en el plazo de un año, mientras que las que operan en el mercado interno tendrán un plazo de tres años.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía deberán diseñar estrategias de diversificación y apertura de mercados internacionales, mientras que el Ministerio de Salud y el de Agricultura impulsarán campañas de promoción del consumo local de pescado como alimento saludable.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación de la ley, en coordinación con organismos como el INIDEP, el SENASA y el Consejo Federal Pesquero. A los 18 meses de entrada en vigencia, deberá presentar un informe de evaluación de impacto al Congreso, incluyendo la evolución de indicadores económicos, estado de los fondos y recomendaciones para la continuidad o ajuste de las medidas
Finalmente, se establece la creación de un portal público y gratuito donde se difunda información sobre la ejecución del FOFOSPE, beneficiarios de incentivos fiscales y el avance en materia de sostenibilidad.
De aprobarse, el Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la norma.
Un exceso de legislación asfixiante, una autoridad de control que opera desde la ignorancia más absoluta de la dinámica real de la actividad, y una propuesta que, lejos de ofrecer soluciones tangibles, se limita a maquillar el problema con fórmulas vacías. En el fondo, no se trata de avanzar, sino de aparentar que se hace algo, mientras el núcleo del conflicto permanece intacto, erosionando cada día más la legitimidad y la eficacia del sistema. Este proyecto, de avanzar, no soluciona ni la forma ni el fondo de la cuestión.
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Inédito: el Gobierno habilitó el uso de biocombustibles en barcos

Fecha de Publicación: 14/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Energía autorizó que se utilicen “voluntariamente” sean puros o mezclados; reclamos por la habilitación de autos flex y por la fijación de precios
La aprobación oficial del uso “voluntario” de biocombustibles “en estado puro o mezclados en distintos porcentajes con combustibles fósiles” en embarcaciones fluviales y marítimas fue bien recibida por el sector, aunque hay voces que plantean que la misma lógica debería aplicarse para autorizar los autos con tecnología flex que ya se producen en el país.
Marcelo Kusznierz, consultor y gerente de Relaciones Institucionales de Doble L Bioenergías, productora instalada en Santa Fe, elogió en sus redes sociales a la Secretaría de Energía por ser “pragmática con las energías que requiere el mundo”. Desde las pymes del sector indicaron a LA NACION que esa es la posición de la industria aunque aclararon que todavía esperan detalles sobre cómo será la instrumentación.
La normativa que habilita el uso de biocombustibles para cubrir la demanda de combustible en el sector marítimo no establece una mezcla con carácter obligatorio como ocurre con las naftas y el gasoil para los vehículos del parque automotor argentino. La utilización de biocombustibles en ese sector será libre y el precio estará determinado por la negociación sin regulación entre los actores privados.
Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, explicó que la legislación argentina no contemplaba este uso y que por “gestiones iniciadas” por Explora -productora instalada en Santa Fe controlada por el grupo Endriven- fueron las que derivaron en la resolución 252/2025 que lo habilita. Así “se eliminó el tope de mezcla antes vigente, derogando la prohibición previa en el marco de la Ley 27.640”, añade.
La normativa crea la figura regulada del “Operador de Búnker” dentro del Registro de Biocombustibles. Es decir, que ahora las empresas pueden registrarse para suministrar combustible a buques (bunkering) que incluyan biocombustibles, cumpliendo ciertas exigencias de almacenamiento, trazabilidad, calidad y compatibilidad técnica.
“Esta actualización normativa reconoce explícitamente que los biocombustibles reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los combustibles de origen fósil; y que los biocombustibles; y se sincera al admitir que los biocombustibles se pueden utilizar puros”, precisa Boerr.
Para el experto es un “avance” para el sector pero, aun en ese contexto, insiste en que hay otros aspectos claves en que Energía desconoce: “No está cumpliendo la legislación vigente en tanto publica precios de biodiésel que no alcanzan a cubrir los costos de producción, y lo hace en forma tardía, agregando imprevisibilidad -que en economía significa mayor tasa de interés-. Además, lo hace en pesos pese a que el 85% de su costo está nominado en divisas porque los commodities se transan en dólares y pese a los esfuerzos que hace el mismo Estado para que incluso los automóviles se vendan en dólares y en cuotas”. 
Sobre ese punto añade que la suba de precios anunciada por YPF y justificado en los cambios de impuestos específicos de los combustibles es “superior a lo necesario para la compensación y generan un margen adicional en contexto de una compañía que gana más de US$2000 millones en emergencia energética”.
También el diputado nacional cordobés del bloque Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, celebró la medida pero pidió más: “¿El mismo criterio no corre para autos con tecnología flex? Que, además, se producen en Córdoba y están contemplados en la Ley 27.640″.
Gutiérrez viene planteando la necesidad de una nueva ley de biocombustibles que contemple el desarrollo de bioenergías como parte de una política de innovación sustentable. El esquema actual tiene 19 años.
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ONGs ambientales le piden a Milei que Argentina ratifique el Tratado conservacionista de Alta Mar 

Fecha de Publicación: 12/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Aprovechando la presencia del presidente argentino en esta cumbre ambiental, un grupo de organizaciones conservacionistas le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. 
Ayer se conmemoró el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por las Naciones Unidas con el propósito de reflexionar sobre la importancia de los océanos para la vida y promover acciones para su protección. En ese marco inicia hoy la III Cumbre Mundial de los Océanos de la ONU (UNOC3), en Francia, y a la que asistió el presidente Javier Milei.
Aprovechando su presencia en dicha Cumbre un grupo de organizaciones ambientales le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), también conocido como Tratado de Alta Mar.
El país, que firmó el Acuerdo en 2024, aún no ha avanzado en el proceso legislativo para su aprobación debido a que el Poder Ejecutivo no envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación. 
El Tratado de Alta Mar es complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) e introduce nuevas herramientas para proteger y conservar la alta mar mediante una mejor cooperación y coordinación de las distintas naciones. Tiene como objetivos promover la investigación científica a nivel mundial y garantizar el acceso justo y equitativo a los beneficios monetarios y no monetarios que resultan del aprovechamiento de los recursos genéticos marinos.
'Es fundamental que Argentina ratifique el Tratado de Alta Mar, no sólo porque la vida en el planeta depende de la salud de los océanos, sino porque no podemos quedarnos fuera de las negociaciones globales para su conservación y aprovechamiento responsable', manifestó desde Niza, Francia, Milko Schvartzman, encargado de conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales.
Y agregó: 'la presencia del primer mandatario argentino en la Cumbre de los Océanos es para destacar, pero ello debe ser acompañado por acciones concretas y una de ellas es sumar al país al grupo de países que ya son parte del Tratado'.

Participantes claves
De esta UNOC3, que cuenta con el impulso de Francia, participan mandatarios de varios países, entre ellos el de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva; Pedro Sanchez del Gobierno de España; el presidente costarricense Rodrigo Chaves y el presidente Javier Milei por la Argentina.
También asistirán los líderes de la ONU, el portugués António Guterres, y de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen. El gobierno de Emmanuel Macron busca que este encuentro comprometa a los gobiernos a garantizar la pronta entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y así comenzar a establecer reglas para su uso.
Las zonas fuera de la jurisdicción nacional (o alta mar) representan cerca de dos tercios del océano y son un bien global común. En la actualidad, esas áreas están siendo sometidas a crecientes presiones con impactos cada vez más significativos en lo ambiental, económico, social y cultural. 
El acuerdo incluye, además, una serie de principios, entre ellos el que garantiza que ni éste ni sus disposiciones podrán utilizarse para realizar reclamaciones de soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. También establece los órganos que serán necesarios para su implementación, las disposiciones de financiación, orientaciones sobre cómo resolver conflictos, etc. Fue adoptado por consenso el 19 de junio de 2023, luego de 20 años de negociaciones.

Las razones para este acuerdo
El océano cubre más del 70 % de la superficie terrestre, produce más de la mitad del oxígeno que se respira y proporciona alimentos, empleo y medios de subsistencia a millones de personas en todo el mundo. No obstante, las cifras actuales son alarmantes: cerca del 90 % de las grandes especies de peces se encuentran sobreexplotadas y alrededor del 50 % de los arrecifes de coral han sido degradados.
En ese contexto, “Maravillas oceánicas: conservar lo que nos sostiene”, lema elegido por Naciones Unidas para la campaña 2025, resume el espíritu de esta jornada: generar conciencia, incentivar la educación ambiental y alentar la acción colectiva en favor de la sustentabilidad marina.
La Conferencia de los Océanos de la ONU se desarrolla del 9 al 13 de junio en Niza, Francia. El encuentro internacional busca acelerar el cumplimiento de la Meta 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), centrada en la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y sus recursos.
 La República Argentina, por su ubicación geográfica, es un país marítimo. Cuenta con 4.725 kilómetros de costa continental, que se suman a los 11.325 kilómetros de las costas de la Antártida argentina e islas australes. Asimismo, posee una extensa Zona Económica Exclusiva y un importante volumen de comercio internacional que se desarrolla por vía marítima.

Más Información:

Qué es el tratado de altamar, que se espera que sea ratificado por Javier Milei
Argentina firmó el Acuerdo en 2024, pero todavía no avanzó en el Congreso para su aprobación. Hasta ahora ha sido firmado por 116 países y ratificado por 31 (principalmente europeos y del Pacífico), así como por la Unión Europea. 
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Increíble hallazgo: encontraron una lechuza nunca antes registrada en El Impenetrable

Fecha de Publicación: 12/06/2025
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Desde el Parque Nacional hicieron hincapié en la importancia de este descubrimiento, señalando que refuerza la necesidad de preservar los ecosistemas naturales.
El Parque Nacional El Impenetrable, en el Chaco argentino, fue el escenario de un hallazgo importante para la ornitología y la conservación ambiental. Allí, el guardaparque, Matías Almeida, pudo registrar la presencia de una Lechuza Canela (Aegolius harrisii), un ave poco común que hasta ahora no había sido registrada en este ecosistema.
Desde la administración del parque resaltaron la importancia de este descubrimiento, señalando que refuerza la necesidad de preservar los ecosistemas naturales y proteger la diversidad de especies que habitan en la región.

Un hallazgo que refuerza la importancia de la conservación
El descubrimiento de la Lechuza Canela en el Parque Nacional El Impenetrable es un avance crucial para la protección de la biodiversidad, evidenciando la necesidad de preservar estos espacios naturales.
Este registro abre nuevas oportunidades para el estudio y monitoreo de la especie, asegurando que sus poblaciones sean protegidas en su entorno.
Un hallazgo que recuerda que, en cada rincón del planeta, la naturaleza sigue revelando sus secretos, promoviendo un compromiso renovado con la conservación ambiental.
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Fuertes contrapuntos en la oposición por la modificación a la Ley de Glaciares que pretende hacer el Gobierno

Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Portal ElParlamentario
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas. Ya se había intentado introducir estos cambios con la Ley Bases. 
El Gobierno nacional continúa con su política alejada de la cuestión ambiental y anunció que modificará por decreto la Ley de Glaciares para para una reducción de las zonas protegidas para la instalación de industrias mineras o hidrocarburíferas, algo que ya había intentado introducir en la Ley Bases.
La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.
El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.
Al trascender estas informaciones, diputados opositores dividieron las opiniones al respecto. En contra de ello, se expresó el diputado nacional y presidente de la CC Maximiliano Ferraro quien exigió: “LOS GLACIARES NO SE TOCAN”.
Ferraro explicó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) es “lo que no pudo aprobar en el primer intento de la Ley Bases, ahora se intenta imponer por la fuerza de un decreto presidencial”, y alertó que “es un intento escandaloso de retroceso ambiental, sin debate democrático, y con un solo objetivo: facilitar la destrucción de ecosistemas frágiles para beneficio del negocio minero”.
“No se trata de una actualización técnica ni de una mejora legislativa. Se trata de desproteger glaciares y ambientes periglaciares que hoy están preservados, reescribiendo la definición misma de qué debe ser protegido. Se trata de permitir la explotación económica en zonas donde la ley vigente lo prohíbe, violando abiertamente el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina y en plena vigencia”, denunció el diputado de la CC.
Así, enumeró que el Gobierno busca: “Recortar la definición de glaciar, dejando afuera formaciones pequeñas pero esenciales, incluso si ya están relevadas por el Inventario Nacional. Condicionar la protección a criterios arbitrarios y discrecionales, como una supuesta “función hídrica efectiva y relevante”, desconociendo la integralidad ecosistémica. Habilitar la intervención sobre el ambiente periglacial, zona vital como reguladora hídrica, reserva de agua dulce y barrera climática”.
“Este decreto no solo contradice el derecho vigente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que responde a los intereses históricos que han buscado durante años remover los límites que impone la Ley de Glaciares. Hoy lo intenta por la ventana del decreto, sin pasar por el Congreso, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar consecuencias socioambientales”, señaló Ferraro.
El presidente de la Coalición Cívica indicó que “en un contexto de crisis climática, sequías extremas, pérdida acelerada de ecosistemas y contaminación de nuestras fuentes de agua, no podemos tomarlo a la ligera.  Advertimos que cualquier modificación regresiva a la Ley de Glaciares, y más aún por decreto, es inconstitucional”, e instó a rechazar en ambas Cámaras el DNU. “Un ejemplo más de por qué debe modificarse la ley 26.122, violatoria de la división de poderes, que permite al Poder Ejecutivo obtener, con el voto afirmativo de una sola Cámara, lo que el propio Congreso debería aprobar con el voto de ambas Cámaras”, planteó.
“No pudo el kirchnerismo cuando Cristina Kirchner vetó la ley en 2010, y tampoco podrán ahora. Los glaciares no se tocan. El agua no se negocia”, cerró.
En el mismo sentido se pronunció la exdiputada nacional Graciela Camaño: “Sin dudas la ignorancia los llevará a cometer otro acto legislativo inconstitucional. La modificación por decreto de la Ley de Glaciares responde a la voracidad de las empresas mineras que pretenden los ambientes periglaciares, empresas que han tenido durante 30 años régimen de subvenciones impositivas, y que ahora tienen RIGI por 40 años. Es interesante ver el deterioro económico, fiscal y social del país en el periodo”, denunció.
“Lo que quizá no sepa el gobierno es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación referencia decisiones importantes en 3 oportunidades en el Principio pro Aqua y el Principio pro Naturaleza, motivo por el cual y en virtud de la Constitución Nacional acudiremos a la justicia para su impugnación en caso que se emitan los decretos”, anticipó.

Desde el Pro respaldan al Gobierno
De la vereda de enfrente, una diputada del Pro salió a respaldar la decisión del oficialismo. Se trata de Florencia De Sensi, que responde a Cristian Ritondo, quien celebró la modificación de la reglamentación de los glaciares porque “la normativa actual frena inversiones incluso en zonas sin función hídrica relevante. Eso no protege el ambiente: bloquea proyectos clave y empleo formal en provincias con alto potencial productivo”.
“La nueva regulación va a definir con más claridad técnica qué áreas deben cuidarse, mantener los estudios de impacto ambiental y respetar el inventario nacional”, consideró y sumó: “Dicho simple: se corrige una regulación exagerada que venía frenando el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita. Este es el camino a seguir”.
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Día mundial de los océanos: cuál es la triple amenaza sobre el mar argentino y por qué debemos preservarlo

Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Canal26
Provincia/Región: Nacional


El 8 de junio se celebra, por disposición de la ONU, el Día Mundial de los Océanos, para concientizar sobre su importancia para la vida. Argentina tiene un enorme litoral marítimo sobre el Atlántico que hoy está en riesgo por la sobrepesca, la basura plástica y la exploración offshore.
Más del 70% de la superficie del planeta Tierra está, en realidad, cubierta por agua. Los océanos juegan un rol central en la actual crisis ambiental como reguladores de la temperatura, repositorios de biodiversidad y captadores de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Además, son fuente de alimentación y empleo para millones de personas en todo el mundo.
Pero hoy los océanos están en peligro por el aumento de las temperaturas globales, la sobreexplotación pesquera, el vertido de basura plástica y prácticas como la exploración sísmica de hidrocarburos.
Para concientizar sobre la importancia de su preservación, las Naciones Unidas dispusieron que cada 8 de junio se celebre el Día Mundial de los Océanos. Y este año, el foco está puesto en volver a la pesca sostenible.

1. Sobrepesca
La pesca de arrastre y el descarte de millones de ejemplares está poniendo en riesgo la biodiversidad marina. Y en este aspecto, el Mar Argentino no es una excepción. Con más de 5.000 kilómetros de costa, nuestro país tiene una plataforma marítima sobre el Atlántico equivalente a casi el 50% de su territorio continental, que además encierra una gran biodiversidad y riqueza de recursos.
Sin embargo, esa riqueza está siendo sobre-explotada por flotas -generalmente extranjeras- que extraen los recursos en el límite de nuestra plataforma continental, sin dejar divisas para el Estado.
La pesca ilegal y depredadora desarrollada durante años por flotas industriales en la plataforma continental y la zona económica exclusiva, amenaza el desarrollo sostenible y la existencia de varias especies marinas, principalmente el calamar.
Según cálculos de la ONG “Sin Azul no hay Verde” entre 350 y 500 barcos chinos operan en la región, causando pérdidas económicas que se estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales para la Argentina.

2. Exploración de hidrocarburos
Pero la sobrepesca no es la única actividad humana que está devastando los océanos. “Los fondos marinos están siendo explorados y explotados en busca de hidrocarburos, y eso afecta enormemente a la vida subacuática”, advierte Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Programa de Conservación Costero Marino de WCS Argentina.
Para esto, los buques de prospección sísmica realizan intensos “bombardeos acústicos” para detectar distintas formaciones geológicas.
El problema es que estos sonidos se solapan con los rangos de audición y vocalización de los mamíferos marinos, tortugas, peces e invertebrados. Esto puede provocarles desde un deterioro de la audición, la orientación y cambios de comportamiento, hasta lesiones graves e incluso la muerte.
A esto se suma, durante una eventual explotación de hidrocarburos, el riesgo de derrames petroleros.

3. Un mar de plásticos
Hoy, el problema más urgente y visible en los océanos es la creciente acumulación de residuos plásticos. A tal punto que el lema propuesto por Naciones Unidas para el Día Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio, fue “eliminar los plásticos del océano”.
Cada año, se vuelcan a los mares unas 13 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a descargar un camión de basura por minuto. Siete “islas de plástico” ya fueron descubiertas en los mares del mundo, y para el 2050, habrá más plástico que peces, según proyecciones de la WWF (World Wildlife Fund).
Las bolsas y botellas plásticas son, junto con las colillas de cigarrillos, el elemento más presente entre la basura en las playas, según el último Censo Provincial de Basura Costera Marina que se lleva a cabo anualmente en enero en 21 balnearios de la provincia de Buenos Aires.
Este es un creciente factor de mortalidad de peces y mamíferos acuáticos, que al ingerirlas mueren asfixiados. Pero el problema va más allá, porque los plásticos al degradarse por la erosión marina, se fragmentan en porciones microscópicas que son ingeridas por animales, plantas, y personas que se alimentan de ellos.
Los efectos de los microplásticos en la salud están siendo estudiados. De acuerdo al informe “Plásticos, Salud y Perturbadores Endocrinos”, muchos aditivos plásticos de uso cotidiano interfieren en el funcionamiento hormonal. Estos compuestos “contribuyen a generar diferentes tipos de cáncer, diabetes, daños en los riñones, el hígado y la tiroides, desórdenes metabólicos, impactos neurológicos y alteraciones en la fertilidad”, advierte el trabajo elaborado por la Sociedad Mundial de Endocrinología e IPEN, una red internacional de organizaciones que promueve la eliminación de plásticos y contaminantes químicos.

Por un tratado mundial para salvar a los océanos.
Esta semana, en el marco del Día Mundial de los Océanos, del 9 al 13 de junio se celebrará en Niza, Francia, la 3era Conferencia de Naciones Unidas para la protección oceánica. Esta cumbre reunirá a más de 10.000 participantes, entre jefes de Estado, diplomáticos, científicos y activistas ambientales, para lograr nuevos compromisos en materia de eliminación de plásticos (especialmente los de un solo uso), protección de las zonas ultramarinas (que está fuera de las jurisdicciones de cada país), y la preservación de la biodiversidad marina.
De acuerdo al tratado de Biodiversidad 30x30, firmado por 150 países en 2022, para el año 2030, se deberá proteger al menos el 30% de los ambientes terrestres y marinos. Argentina, con un 8% de sus áreas marinas protegidas (y cerca del 16% de áreas terrestres), aún está lejos de ese objetivo.
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Decreto presidencial modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas de explotación

Fecha de Publicación: 10/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El decreto tiene como fin instalar industrias mineras o hidrocarburíferas en las actuales zonas protegidas. 
A través de un decreto, el Gobierno modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas de explotación. La norma 26.639 fija las regulaciones para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. La decisión se fundamenta en brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que se instalen en estos territorios.
El decreto busca la reducción de zonas protegidas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica. Según confirmó TN, apunta también a darle atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias. 
Ante las críticas de los sectores ambientalistas, el oficialismo aseguró que exigirá informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Además, mantendrán el marco de restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos. Las regulaciones actuales contemplan multas, suspensiones y el cese definitivo de la actividad.
En una reunión entre el Ministerio de Economía, encargado de proponer la medida, la secretaria de Energia, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energia y Mineria, Daniel Gonzalez, y de los equipos técnico de la Casa Rosada, confirmaron que estudian nuevas medidas para promover las inversiones. 
Las modificaciones de esta disposición ya habían sido impulsadas en las primeras versiones de la ley de Bases. El Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por no tener apoyo legislativo.
En su momento, la iniciativa provocó advertencias en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo” y expresó que podría afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”. 

Explotación en la zona periglaciar
En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, fallo en el que marcaba que la responsabilidad en su protección es compartida entre Nación y las provincias. La norma establece la obligación de realizar estudios y monitoreos para evaluar el impacto de las actividades en los glaciares y el ambiente periglacial. 
También establece la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta fundamental para la recopilación de información y el monitoreo de estos cuerpos de hielo. Al mismo tiempo, estuvo involucrada en disputas relacionadas con la megaminería y sectores que limitan la protección de los glaciares para permitir la actividad minera.
Así, el Gobierno nacional, bajo el argumento de promover y “cuidar las inversiones extranjeras” busca modificar la norma. “Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, explicó la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker. 
Las zonas periglaciares son zonas montañosas con suelos congelados. “Son clave porque ahí se conserva mucha agua”, comunicó Becker. "En Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más", informó.
"El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol. Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más", concluyó. 
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Buscan incorporar el ecocidio como delito en el Código Penal

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se llevó a cabo un evento en la Cámara de Diputados para presentar la iniciativa y lograr convertirla en ley
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se llevó a cabo un evento en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires. Este encuentro internacional tuvo como objetivo visibilizar la necesidad de tipificar el ecocidio como un delito en la legislación penal argentina. El evento contó con la presencia de destacados representantes nacionales e internacionales, y fue marco de la entrega oficial de más de 48.000 firmas que apoyan esta causa a través de la plataforma Change.org.
Margarita Stolbizer, Diputada Nacional, fue una de las principales impulsoras del evento. Durante su intervención, señaló la urgencia de abordar la crisis ambiental y subrayó la importancia de establecer un marco legal que sancione el ecocidio, al afirmar: “Es tiempo de hacernos cargo de la crisis ambiental, del cambio climático y de todas las consecuencias que esto ocasiona”.
En la jornada, Constanza Soler, líder de Stop Ecocidio Internacional, destacó el trabajo continuo de su organización para instalar este tema en la agenda pública tanto nacional como internacional. A su vez, Patricia Willocq, directora de la misma organización para países francófonos, enfatizó el papel crucial de América Latina en la protección del medio ambiente dada su rica biodiversidad y conexión con la naturaleza.
El evento titulado “Delitos Ambientales y Ecocidio: Encuentro Internacional Camino a la Ley en Argentina”, reunió a expertos como Jojo Mehta, cofundadora de Stop Ecocidio, y legisladores de Colombia y Perú. Durante los paneles se discutieron experiencias internacionales y proyectos legislativos, además de presentar un anteproyecto de ley elaborado por el Dr. Miguel Ángel Asturias, quien adaptó la definición internacional de ecocidio al contexto jurídico argentino.
Un hito destacado del evento fue el caso ocurrido en 2021 en la Reserva de Punta Tombo, Chubut, donde una persona destruyó más de 200 nidos de pingüinos de Magallanes al instalar un alambrado eléctrico. Este acto, que requerirá hasta 35 años para restaurar el ecosistema afectado, fue un estandarte del mal manejo ambiental y resaltó la necesidad de sancionar el ecocidio. Este caso fue relevante ya que por primera vez se utilizó el término “ecocidio” en la jurisprudencia argentina, demostrando cómo la realidad impulsa el avance del derecho.
Argentina, estando actualmente en una encrucijada, puede formar parte de un grupo de países como Brasil y Chile que ya están avanzando para sancionar el ecocidio en sus legislaciones respectivas. La ciudadanía ha dejado clara su postura al firmar masivamente la petición de Change.org, manifestando que la destrucción ambiental debe ser considerada un crimen.
Finalmente, el evento también rindió un homenaje al Papa Francisco por su compromiso ambiental a través del Movimiento Laudato Si, subrayando la influencia de líderes religiosos en la concienciación y protección del medio ambiente.
Para quienes deseen colaborar con esta importante causa, las firmas aún pueden ser añadidas en la plataforma Change.org a través del enlace change.org/LeyEcocidio. Con la cooperación de actores nacionales e internacionales, Argentina podría sentar un precedente significativo en la defensa del medio ambiente y la lucha contra el ecocidio.
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5 de junio, Día Mundial del Ambiente

Fecha de Publicación: 05/06/2025
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Esta fecha convoca a renovar el compromiso con la protección del ambiente y el desarrollo sustentable y sostenible del país.
El Día Mundial del Ambiente no es solo una fecha en el calendario: es una invitación a mirar alrededor con más atención, a valorar los recursos naturales y a preguntarnos qué planeta queremos dejar a quienes vienen después. El objetivo debe ser balancear y lograr un desarrollo sostenible —entendido como la autonomía de recursos— y sustentable como el impacto social y ambiental.
Esta fecha, establecida en 1972 durante la Conferencia de Estocolmo, marcó el inicio de una agenda global que reconoce al ambiente como un componente esencial del desarrollo humano y económico.
Lejos de ser una conmemoración simbólica, este día recuerda que el ambiente es la base de la vida: el aire, el agua, los suelos y los ecosistemas sostienen la salud, la producción y el bienestar de las poblaciones. Hoy, el mundo enfrenta enormes desafíos ecológicos, pero también enormes oportunidades. La innovación, la educación y el compromiso de todos pueden hacer la diferencia. Cuidar el ambiente es construir futuro, impulsar la creatividad productiva y hacer del progreso algo que nos incluya a todos.
En este contexto, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, acompaña esta fecha y destaca su trabajo orientado a integrar la sustentabilidad ambiental en cada decisión pública. Con una mirada federal y moderna, impulsa herramientas para que el crecimiento económico y la protección del ambiente vayan de la mano, y se articulen esfuerzos con gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil. La academia, la ciencia a través de la evidencia científica permiten iluminar los desafíos del ambiente. Cuidarlo es construir futuro y generar oportunidades productivas que integren a todos los sectores.
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Biodiversidad: un estudio de la FAUBA detectó efectos nocivos de los agroquímicos en las abejas

Fecha de Publicación: 05/06/2025
Fuente: Portal InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Según la investigación realizada a campo, muchas abejas pierden sus sentidos, defensas y capacidad de aprender y comunicarse, cuando viajan a polinizar plantas y cultivos, y consumen de manera accidental agroquímicos.
La polinización es fundamental para mantener los rindes agrícolas: el 33% de los cultivos depende de ella. Sin embargo, en los agrosistemas, los polinizadores enfrentan un peligro: la exposición constante a agroquímicos.
La gran pregunta a menudo difícil de contestar es qué daños producen estos compuestos. Para intentar contestarla, se realizó un estudio pionero de la FCEyN-UBA, la FAUBA y otras instituciones, en condiciones reales de campo.
La conclusión a la que llegaron es que las aplicaciones provocaron en abejas melíferas fallas sensoriales, dificultades para aprender y comunicarse, y alteraciones en genes esenciales para su vida social. Una presión invisible que compromete la sustentabilidad del agro.

Los riesgos de los agroquímicos para las abejas
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Cuando las abejas melíferas —Apis mellifera— polinizan los cultivos, entran en contacto con estos productos y los llevan a la colmena, donde los transmiten por contacto o por el alimento. El glifosato es especialmente riesgoso: como no las ahuyenta, los daños son potencialmente mayores”, dijo Jorge Zavala, docente de Zoología en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
Zavala, quien también es investigador del CONICET, señaló que en investigaciones previas realizadas en el Laboratorio de Insectos Sociales (FCEyN) por el grupo que lidera Walter Farina se comprobó que los agroquímicos dañan las capacidades sensoriales de las abejas, necesarias para recolectar alimento.
También modifican el funcionamiento de genes vinculados al cerebro, al sistema inmune y a proteínas detoxificadoras.
Para estudiar estos efectos en condiciones de campo, el equipo de investigación instaló colmenas en tres lotes con distintos cultivos en la Ea. San Claudio (FAUBA), al O de Buenos Aires. Allí monitoreó a las abejas antes y después de la floración y de las aplicaciones de agroquímicos.
“Usamos trampas de polen para identificar qué flora habían visitado —cultivos o plantas silvestres— y para detectar residuos químicos”, comentó.

Impacto en las colmenas
Ivana Macri, profesional del INTA y primera autora del trabajo publicado en la revista científica One Earth, resaltó que el experimento detectó los mismos efectos que en laboratorio.
Los agroquímicos impactaron en las colmenas a varias escalas, desde la genética hasta el comportamiento.
“Comprobamos que todos los efectos se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando se altera un gen vinculado a funciones cerebrales, termina afectando el comportamiento individual y reduciendo la eficiencia de recolección de alimento”, puntualizó Ivana, quien también es investigadora en el instituto IFIBYNE (CONICET-UBA).
 Macri aseguró que los fitosanitarios afectaron genes relacionados con la vida social de A. mellifera. “Les complicó desde la higiene hasta la reproducción, poniendo en jaque la supervivencia de la colonia. También redujo su capacidad de aprender y de transmitir información a las compañeras”, amplió
“Las abejas expuestas a la toxicidad fueron menos capaces de asociar los olores de las flores con recompensas en polen y néctar, y menos sensibles a los azúcares. Estos son problemas graves cuando la diversidad floral es baja —cuando florecen los cultivos— porque al final del día recolectan menos alimento, afectando la nutrición de la colonia”, explicó al medio Sobre la Tierra de la Fauba.
En este sentido, Ivana remarcó que también se registró una caída en la cantidad, la calidad y la diversidad de los recursos alimenticios después de la floración de los cultivos. Esto potenció aún más la reducción de las capacidades sensoriales y cognitivas de las abejas.

Completar el rompecabezas
Jorge Zavala, coautor del trabajo, se refirió a los mensajes que surgen del estudio. “Mi conclusión principal es que, al verse afectada la posibilidad de transmitir la información entre las recolectoras, de orientarse y todo lo que comenté antes, es inevitable que a largo plazo resulte comprometida la polinización en general y, en última instancia, la producción de los cultivos”, advirtió.
“Nuestro trabajo se destacó por abordar un sistema real muy complejo en el que, sin embargo, pudimos identificar un patrón consistente desde el nivel de cultivo hasta la expresión génica, pasando por la colmena, los individuos, el comportamiento y el alimento. Todas las escalas mostraron alteraciones relacionadas entre sí”, afirmó.
Macri, por su parte, adelantó nuevos aspectos a estudiar. “Queremos seguir trabajando a campo, donde se puede ver concretamente qué pasa. Por ejemplo, nos interesa profundizar en las respuestas de A. mellifera a los agroquímicos según las diferentes edades y tareas en la colmena. Y tratar de determinar en qué etapa del desarrollo son más vulnerables”.
Por otra parte, sostienen que otro desafío será entender cómo los agroquímicos alteran la flora intestinal de las abejas —esencial para su inmunidad y nutrición—, y descubrir los mecanismos moleculares detrás de los síntomas que se observan.
“En este sistema complejo, las bacterias juegan un rol cada vez más importante y nos parece fundamental esclarecerlo”, concluyó la investigadora.
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Rescataron un animal en peligro de extinción en José C. Paz y alertan por el tráfico de fauna en la Argentina

Fecha de Publicación: 05/06/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un tatú bola, cuya especie habita en el norte del país, apareció en la vía pública en la provincia de Buenos Aires, lo que indica que fue víctima de mascotismo. 
El rescate de un tatú bola la localidad de José C. Paz alertó a la comunidad por un nuevo caso de mascotismo y tráfico ilegal de animales, una problemática que amenaza a la fauna silvestre en la Argentina.
Se trata de un ejemplar adulto joven que apareció en la vía pública el 2 de febrero, “muy lejos del área de distribución natural de la especie”, lo que indica que era “víctima del tráfico de fauna”, detalló Lina Zabala, coordinadora operativa de Rescate Animal de la Fundación Temaikén. 
A pesar de esto, el animal estaba en buenas condiciones y tenía buen peso cuando fue trasladado por un tercero al refugio, según se detalló en el informe de recepción.
Inmediatamente después del rescate, la Fundación comenzó con los esfuerzos para tratar de revertir los efectos de la vida en cautiverio, según explicó Zabala: “Durante la rehabilitación se los mantiene en aislamiento humano, justamente para evitar que nos relacionen con el cuidado y alimentación”, dijo. 
Sin embargo, los especialistas descubrieron en estos meses que el tatú bola había pasado tanto tiempo rodeado de humanos que posiblemente no logrará reinsertarse en su hábitat natural.
Es por esto que la Fundación insiste en disuadir a la gente de comprar y tener esta y otras especies en casa. “Ningún animal silvestre puede ser mascota. Al sacarlo de su ambiente, sufre un estrés muy grande, le cambian su dieta, el sustrato, vive rodeado de personas, nada que se parezca a su ambiente natural”, remarcó Zabala. 
Por el momento, el tatú bola continúa la rehabilitación en Temaikén y su reubicación dependerá de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires. Zabala confirmó que el animal no se quedará en la Fundación.

Una especie casi amenazada
La población del tatú bola se reproduce desde el norte de la Argentina hasta San Luis y vive en zonas de vegetación seca, detalla Temaikén. En su hábitat natural, su esperanza de vida oscila entre los 10 y 12 años, mientras que bajo cuidado humano, puede alcanzar entre 15 y 20 años. 
Se caracteriza por ser una de las dos especies en todo el mundo y la única del país que puede enrollarse en una bola perfecta gracias a su caparazón articulado y a la falta de placas en el vientre. Así, cuando se siente amenazado por un predador, puede unir la cabeza y la cola como un “candado biológico” para proteger sus partes blandas (bajo vientre, extremidades, ojos, nariz y oídos). 
Se alimenta de muchas especies de insectos, generalmente hormigas y termitas, que captura en gran cantidad con su lengua larga y pegajosa.
De acuerdo con la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), el tatú bola es una especie casi amenazada debido a la caza para usarlo como fuente de alimento. Es especialmente vulnerable porque no vive la mayor parte del tiempo bajo la tierra como otras especies de armadillos.
También es amenazado por la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal para su mascotización. Además, muchos ejemplares mueren durante el traslado. 
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Plan Nuclear: la CNEA quiere reactivar la minería de uranio el año próximo y comenzar a enriquecerlo

Fecha de Publicación: 04/06/2025
Fuente: Portal EconoJornal
Provincia/Región: Nacional


«Conocemos bastante bien en dónde hay uranio. Hay varios proyectos, uno podría ser la reactivación de Sierra Pintada, otro empezar con la factibilidad de Cerro Solo», sostuvo el presidente de la CNEA Germán Guido Lavalle. A su vez, el presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, enfatizó que en el centro del nuevo Plan Nuclear Argentino está el proyecto ACR-300, al que definió como una especie de «CAREM 2.0».
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) espera firmar acuerdos con empresas mineras antes de que finalice el 2026 para reactivar la minería de uranio en el país. Otro objetivo es sentar las bases para volver a enriquecer uranio, según lo manifestado este viernes por el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, en un mensaje institucional por el Día Nacional de la Energía Atómica que contó con la participación del responsable del nuevo Plan Nuclear y presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel y autoridades de otras empresas de la industria nuclear argentina.
En un acto realizado dentro del edificio del reactor RA-10 que se está terminando de construir en Ezeiza, Guido Lavalle explicó que la CNEA debe apoyar el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica.
«La empresa más joven que aquí me acompaña es Dioxitek, tiene más de 30 años. Es decir, no generamos nuevas empresas en más de 30 años. Esa es la tarea que desde el Estado tenemos que hacer, que haya condiciones para que surjan muchas empresas más«, dijo.
La máxima autoridad de la CNEA además trazó cinco objetivos que la institución quiere cumplir en 2026: realizar la puesta en marcha (iniciar la operación) del reactor multipropósito RA-10, comenzar el reacondicionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada, realizar la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia, reactivar la minería de uranio y comenzar enriquecerlo.

Minería de uranio
La producción argentina de uranio cesó en 1995 con el cierre de la mina de Sierra Pintada en Mendoza. La CNEA ahora tomó la decisión de reactivar la actividad a partir de las minas sobre las que tiene derechos, como la mendocina Sierra Pintada y Cerro Solo en Chubut, a través de acuerdos con empresas mineras.
«Conocemos bastante bien en dónde hay uranio. Hay varios proyectos, uno podría ser la reactivación de Sierra Pintada, otro empezar con la factibilidad de Cerro Solo. Pero aparte de esos activos que la CNEA tiene hay actores privados que tienen sus derechos mineros y la ley argentina permite la exportación del uranio, con el requerimiento de que se abastezca el consumo local y solo después se exporte. Pero más allá de esa condición a las empresas mineras locales e internacionales les interesa, así que estamos conversando con todas ellas, en particular en estos proyectos, apuntando a firmar acuerdos este año o el próximo«, expandió Guido Lavalle sobre el tema en una presentación reciente que realizó para la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
La provincia de Chubut le había reclamado a la CNEA este año que devuelva las minas de uranio que tiene concesionadas en la provincia, entre ellas Cerro Solo, el mayor yacimiento de uranio del país. Sin embargo, la institución habría avanzado en los últimos meses con gestiones internacionales para encontrar inversores para desarrollar ese yacimiento.
Los recursos razonablemente asegurados en Cerro Solo ascienden a 4420 toneladas de uranio. Un documento de la CNEA del 2020 indica que allí se podrían llegar a producir entre 500 y 550 toneladas anuales. Como dato de referencia, su producción anual alcanzaría a cubrir la demanda anual de 220 toneladas de uranio de las centrales nucleares argentinas y exportar el resto.

Enriquecimiento de uranio y agua pesada
El otro punto alto de los anuncios de la CNEA es la intención de volver a enriquecer uranio en el país, una capacidad industrial que resulta indispensable tener si se proyecta el desarrollo y exportación de reactores modulares pequeños. Prácticamente todos los diseños de reactores de este tipo proyectan utilizar combustible nuclear con uranio enriquecido entre un 5 y 20%, lo que en la industria se conoce como combustibles HALEU.
La CNEA logró enriquecer uranio a principios de la década de 1980 en el actual Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, en Río Negro. Lo hizo a escala piloto con el método por difusión gaseosa. Pero la intención es dar un salto a la tecnología de enriquecimiento por centrífugas. «La tecnología evolucionó y en la CNEA tenemos un grupo trabajando en el desarrollo de máquinas centrífugas capaces de enriquecer uranio», explicó Guido Lavalle.
Por otro lado, la institución atómica apunta a firmar este año o el próximo contratos con la canadiense Candu Energy para restablecer la producción de agua pesada en la Planta Industrial de Agua Pesada en Neuquén.

ACR-300, el «CAREM 2.0»
El presidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, enfatizó que en el centro del nuevo Plan Nuclear Argentino está el proyecto ACR-300, un reactor modular patentado por INVAP. En ese sentido, trazó una línea evolutiva en la que este diseño vendría a suponer una suerte de reactor «CAREM 2.0».
«Imaginen si pudiéramos agarrar esta idea brillante que es el CAREM y volver al diseño y traer un CAREM 2.0, hacer algo con la ventaja de tener todo este conocimiento y práctica. Bueno, lo hicimos, esa nueva iteración se llama ACR-300, una maravilla tecnológica de 300 MW diseñada completamente por ingenieros argentinos en INVAP y que hoy es parte central del programa nuclear para que Argentina se ponga a la vanguardia de esta revolución tecnológica y energética», dijo Reidel.
Esta definición del responsable de la agenda sectorial nuclear responde a la decisión de la CNEA de redefinir los alcances del proyecto CAREM. Guido Lavalle estableció que ya no se buscará desarrollar una versión comercial con módulos de mayor potencia y que el esfuerzo se concentrará en terminar el desarrollo del reactor prototipo de 32 MW que está en el complejo Atucha.
La prioridad del nuevo plan nuclear será en cambio la construcción de cuatro módulos del ACR-300 en Atucha. «Cuando construyamos estos cuatros módulos queremos licenciar esta tecnología en el resto del mundo. Acabo de regresar de una misión oficial a París y a Viena, en donde trabajé con los actores en ambos lados para asegurarnos de que el proceso de producción en Atucha de nuestro nuevo reactor sea recibido en el resto del planeta sin ningún inconveniente y a alta velocidad», añadió Reidel.
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