El Senado debate una ley para regular el cierre de minas con garantías ambientales y financieras

Un plenario de comisiones analizará este miércoles tres proyectos que buscan llenar el vacío legal sobre qué ocurre con los yacimientos cuando terminan de producir, con planes obligatorios y fondos para remediar los sitios.

El Senado de la Nación comenzará a debatir este miércoles una deuda pendiente de la regulación minera argentina: qué ocurre con las minas cuando terminan de producir. El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable analizará tres proyectos que buscan establecer reglas para el cierre de minas, con planes obligatorios desde el inicio de la actividad y garantías financieras que aseguren la remediación de los sitios.
La reunión está prevista para el miércoles 21 de octubre a las 15, en el Salón Azul del Palacio Legislativo. El punto de partida es un diagnóstico compartido por las tres iniciativas: la Argentina no tiene una regulación específica y uniforme sobre el cierre de minas. El tema aparece solo de manera indirecta en la legislación ambiental minera, sin procedimientos, responsabilidades ni garantías detalladas.

Tres proyectos en debate
El primero de los textos, el S-285/25, pertenece al fallecido senador chaqueño Antonio Rodas y propone una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas. Define el plan de cierre como un instrumento de gestión ambiental destinado a rehabilitar las áreas afectadas por la actividad y exige la constitución de garantías financieras. Alcanzaría a las nuevas unidades mineras y a las que reinicien operaciones una vez vigente la norma.
Los otros dos proyectos plantean un camino distinto: incorporar al Código de Minería un título específico denominado Régimen de Cierre de Minas. Uno de ellos, el S-257/26, lleva la firma de los senadores Flavio Fama, de Catamarca, y Edith Terenzi, de Chubut. El otro, el S-525/26, es de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci. En la Cámara de Diputados también hay una iniciativa sobre el tema, el expediente 5793-D-2025.

Qué proponen
Las iniciativas coinciden en exigir que las empresas presenten un plan de cierre al comienzo de la actividad, junto con el informe de impacto ambiental, y que lo actualicen de manera periódica durante la vida útil del yacimiento. Los proyectos de Fama y Corpacci obligan, además, a constituir fondos o instrumentos financieros específicos para cubrir los costos del cierre y del poscierre, que el Estado podría ejecutar si la empresa no cumple.
Ambas propuestas también crean mecanismos fiduciarios o fondos permanentes para financiar el monitoreo ambiental una vez concluido el poscierre, cuando ya no hay actividad pero los riesgos de contaminación pueden persistir durante décadas. La iniciativa de Fama y Terenzi incluye, por otra parte, la obligación de que la autoridad de aplicación institucionalice procedimientos de participación ciudadana antes de aprobar cada plan y garantice el acceso público a la información.

Las minas que quedaron atrás
La falta de reglas claras tiene consecuencias visibles. En la Puna del noroeste argentino, las minas La Concordia, La Poma y Pan de Azúcar dejaron de operar sin un plan de cierre adecuado. Un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas detectó en esos sitios drenaje ácido de mina, un proceso por el cual los sulfuros de los residuos se oxidan con el agua y el aire y liberan metales pesados. La contaminación alcanzaba aguas superficiales, suelos, sedimentos y vegetación, y los autores advirtieron que el daño continuará si no se realizan tareas de remediación.
El debate no es nuevo en el Congreso. En 2022, el Senado ya había analizado proyectos sobre el tema, con la participación de funcionarios de Catamarca, provincia que desarrolló su propia normativa a partir del cierre de Bajo de la Alumbrera, tras más de 15 años de producción. Sin embargo, aquellas iniciativas no llegaron a convertirse en ley.

La comparación con los países vecinos
Los fundamentos de los proyectos señalan que Chile y Perú cuentan desde hace años con leyes específicas sobre el cierre de faenas mineras, mientras la Argentina mantiene un vacío legal. En Perú, la Ley 28.090, vigente desde 2003 y actualizada en 2025, obliga a las empresas a presentar planes de cierre y a constituir garantías financieras. En Chile, la Ley 20.551, en vigor desde 2012 y fiscalizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, estableció exigencias similares.
El debate llega en un momento de fuerte expansión de la actividad minera en el país, impulsada por el cobre y el litio, con grandes proyectos en provincias cordilleranas. Para las comunidades cercanas a los yacimientos, la discusión es clave: define quién se hará cargo de los residuos, las escombreras y los diques de colas cuando las empresas se vayan, y si el costo de la remediación recaerá sobre ellas o sobre el Estado.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Parlamentario, Portal Chubutline, Portal Futuro Sustentable, Senado de la Nación Argentina

Del litio en Ancasti al cobre de Agua Rica: crecen los reclamos contra el avance minero en Catamarca

Vecinos, productores y comunidades indígenas de distintos puntos de la provincia cuestionan proyectos de exploración y explotación por su impacto sobre el agua, la producción y los territorios, mientras el Gobierno y las empresas los presentan como una oportunidad de desarrollo.

Catamarca vive un momento de fuerte expansión minera y, al mismo tiempo, de creciente resistencia social. En distintos puntos de la provincia, vecinos, productores y comunidades indígenas cuestionan el avance de proyectos de exploración y explotación por sus posibles efectos sobre el agua, la actividad agropecuaria y los territorios ancestrales. Del otro lado, empresas y autoridades presentan esas inversiones como una oportunidad de desarrollo y empleo.

Ancasti y el litio
Uno de los focos más recientes está en la Sierra de Ancasti, al este de la provincia, donde la empresa Litios del Norte S.A. impulsa un proyecto de exploración de litio denominado El Alto. Según el programa de trabajo, prevé hasta 21 perforaciones de entre 100 y 300 metros de profundidad y el uso de hasta 2.100 metros cúbicos de agua en cinco o seis meses.
Vecinos y productores rechazan la iniciativa por el cuidado del agua y por su posible impacto sobre la ganadería, desde pequeños emprendimientos de cría de ovejas hasta explotaciones familiares. Más de 70 personas de El Alto, Ancasti y la localidad santiagueña de Frías se reunieron en Guayamba para cuestionar el proyecto. Tras unas 50 impugnaciones vecinales, el Ministerio de Minería suspendió la instancia de participación ambiental prevista para el 30 de septiembre.
El intendente de Ancasti, Randolfo Piñero, aseguró que el municipio no fue informado. “Nunca me notificaron, nunca me invitaron”, afirmó. El jefe comunal advirtió que el año pasado el municipio tuvo que repartir agua a la población y que parte del bosque nativo de la zona está en la categoría roja de la Ley de Bosques, la de máxima protección. Aclaró que no se opone a la minería, pero reclamó información y participación. También anticipó que buscará asesoramiento legal junto al senador departamental Rodolfo Santillán.

Santa María y Belén
En el departamento Santa María, habitantes y organizaciones se opusieron al proyecto de oro y cobre Sofía Gold, en las inmediaciones de Fuerte Quemado. Esa oposición terminó con una decisión de la Provincia de dejarlo sin efecto por razones ambientales y sociales.
En Belén, en cambio, el conflicto sigue abierto. La comunidad indígena diaguita de Peñas Negras denuncia ingresos no autorizados de empresas mineras a su territorio ancestral y reclama el cese de la exploración. La zona está en el área de influencia de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca. La comunidad sostiene que no se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Constitución Nacional.

El cobre de Agua Rica
El proyecto de mayor escala es Agua Rica-MARA, de cobre, impulsado por la multinacional Glencore en el oeste provincial. A comienzos de octubre, el Gobierno nacional aprobó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y regulatorios. Según la empresa, el proyecto podría producir en promedio más de 200.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante sus primeros diez años.
La iniciativa prevé utilizar las instalaciones de procesamiento de Bajo La Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros del yacimiento de Agua Rica. Según la compañía, la reactivación de Alumbrera emplea a casi 2.000 personas y apunta a obtener su primera producción en el segundo semestre de 2027.

Agua, suelo y controles
Más allá de cada caso, los reclamos comparten preocupaciones de fondo. En los valles del oeste, productores agrícolas y referentes comunitarios de Tinogasta y Andalgalá advierten sobre el polvo arrastrado por el viento desde las zonas de operación, que se deposita sobre cultivos y áreas de pastoreo. También alertan por la posible salinización de las cuencas y la infiltración de insumos químicos en los suelos.
Las organizaciones reclaman auditorías ambientales independientes y planes de remediación, y cuestionan que la Provincia acelere los permisos extractivos. Desde el sector laboral también surgieron cuestionamientos por salarios, seguridad y condiciones de trabajo en las operaciones.
En una provincia árida, donde el agua es un recurso escaso y disputado, el debate central es hasta dónde puede avanzar la minería sin comprometer la producción local, los territorios indígenas y el acceso al agua de las comunidades.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Catamarca
Fuentes Consultadas: Portal Noticias D, Portal El Aconquija, Diario El Ancasti

Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar en San Juan y la provincia renuncia a cobrarle multas


El megaproyecto minero Vicuña, amparado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, avanza sobre una zona de glaciares en San Juan mediante un acuerdo que exime a la empresa de sanciones ambientales y traslada cualquier disputa a un tribunal arbitral internacional.

El proyecto Vicuña, presentado como la mayor inversión minera de la historia argentina, con un desembolso inicial de 9.700 millones de dólares y una inversión final proyectada de 18.000 millones, ya está en marcha en la Cordillera sanjuanina. Controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, integra los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, y fue uno de los beneficiarios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Ambos yacimientos están situados al límite con Chile, sobre glaciares de escombros y el Glaciar GE110, un cuerpo que estaba protegido por la normativa anterior hasta que una reforma de la Ley de Glaciares limitó ese resguardo.

Un glaciar ya intervenido
Según un informe de impacto socioambiental elaborado por un observatorio que integra a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad Nacional de San Martín, el Glaciar GE110 y su zona periglaciar ya fueron intervenidos por tareas exploratorias y caminos viales asociados a los yacimientos, con el consiguiente riesgo para las reservas de agua dulce y el ecosistema andino. El proyecto contempla además un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de esa área glaciar, según documentó también la organización ambientalista Greenpeace, que impulsó junto a otras entidades una campaña que reunió cerca de 900.000 firmas en menos de dos semanas tras la reforma de la ley. La demanda energética del emprendimiento podría alcanzar los 700 megavatios, más que el consumo de toda la población de San Juan, lo que ya generó disputas con otras mineras por el acceso a una infraestructura eléctrica insuficiente. A esto se suma la preocupación por el consumo masivo de agua propio de la minería de cobre a gran escala sobre cuencas como la del río Jáchal.

El acuerdo con la provincia
Una vez modificada la Ley de Glaciares, el 5 de agosto directivos de Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego firmaron un acta de compromiso, ratificada dos semanas después por la Legislatura sanjuanina con 27 votos a favor y 9 en contra. El texto, de 57 páginas, condiciona cualquier reclamo económico o por daños ambientales, tanto del Estado provincial como del nacional, durante los próximos 71 años. El documento establece un desembolso de 250 millones de dólares en concepto de "daños e impacto ambiental", pero un análisis del economista sanjuanino Hugo Berozzi determinó que esa suma en realidad funciona como un pago único y por adelantado que cubre cualquier concepto de daño ambiental futuro, y que buena parte de ella se destinará a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, obra necesaria para la logística de la propia mina. "La provincia renuncia a imponer cualquier multa o reparación ambiental" adicional durante toda la vida útil del proyecto, advirtió Berozzi.

Regalías congeladas y sin obras compensatorias
El acuerdo también congela las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del emprendimiento, pese a que la normativa nacional habilita a elevarlas hasta el 5% para nuevos proyectos mineros. Esa garantía se extiende a cualquier yacimiento dentro de un radio de 75 kilómetros, lo que abarca más de la mitad del departamento de Iglesia. Al renunciar a ese 2% adicional, la provincia dejaría de percibir un ingreso estimado en 491,2 millones de dólares a valor presente. El pacto elimina además la obligación de construir infraestructura hídrica para restituir el agua consumida en favor de los pobladores de Jáchal e Iglesia, unas 34.000 personas, así como dos proyectos de energías renovables, dos productivos, dos de preservación ambiental y la plantación de 10.000 árboles nativos previstos originalmente como compensación de la huella de carbono. Tampoco se exige contratación de proveedores o mano de obra local si la empresa demuestra que no cumplen requisitos o tienen precios más altos, algo que ya generó polémica luego de que se adjudicara la construcción del campamento modular del proyecto a un consorcio de empresas chinas.

Arbitraje internacional y consecuencias
Uno de los puntos más cuestionados es que la provincia renuncia a juzgar disputas ambientales, tributarias o de fiscalización en tribunales locales o nacionales: toda diferencia se resolverá de forma inapelable ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Según Berozzi, esto entra en conflicto con distintos artículos de la Constitución provincial de San Juan y expone al Estado a riesgos de indemnizaciones millonarias ante laudos adversos. Días después de publicar su informe, el economista fue despedido de su puesto en el área de análisis de riesgo crediticio del Fondo de Garantías de la provincia, donde trabajaba desde hacía seis años, en lo que definió como una decisión vinculada a sus críticas al acuerdo. Un investigador del observatorio que analizó el caso resumió el trasfondo de la operación: "cualquier intento futuro de regular podrá ser respondido con una demanda millonaria" ante ese tribunal internacional.


Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Río Negro

Un relevamiento independiente revela deficiencias en el acceso público a Estudios de Impacto Ambiental y controles de efluentes


Informes sobre gobernanza de recursos naturales y derecho ambiental exponen severas limitaciones en la divulgación de datos de monitoreo en yacimientos.

Un diagnóstico integral elaborado sobre el sector extractivo en Argentina revela que el 66% de los proyectos mineros analizados en etapas de exploración y explotación presenta un nivel insatisfactorio en materia de transparencia ambiental. La evaluación señala fallas estructurales en la publicación proactiva de información crítica, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los permisos de uso de agua, los reportes de auditorías independientes y los registros de incidentes o derrames. Esta falta de apertura administrativa vulnera el derecho de acceso a la información pública e incrementa la desconfianza de las comunidades locales respecto a la seguridad socioambiental de las operaciones mineras.

Asimetrías informativas, pasivos ambientales y monitoreo participativo
La opacidad en la gestión de datos técnicos impide evaluar con precisión la acumulación de pasivos ambientales e hidrogeológicos. La falta de difusión periódica de los análisis químicos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas adyacentes a los yacimientos imposibilita la detección temprana de drenaje ácido de roca o filtraciones de metales pesados. Asimismo, la ausencia de repositorios digitales unificados y de fácil acceso público limita la capacidad de inspección por parte de la comunidad científica y las organizaciones civiles. Esta barrera documental dificulta el seguimiento de las obligaciones de remediación y cierre de mina que las corporaciones mineras deben asumir al finalizar el ciclo productivo.
Variables evaluadas que sustentan las bajas calificaciones de transparencia:
- Inaccesibilidad a los Estudios de Impacto Ambiental: Dificultad para consultar expedientes completos antes de las audiencias públicas.
- Falta de datos de calidad hídrica: Ausencia de registros en tiempo real sobre el consumo de agua por segundo y la composición de efluentes.
- Vacíos en la rendición de cuentas de cierres de mina: Escasa información sobre los fondos de garantía y planes de remediación a largo plazo.

Diagnósticos institucionales y exigencias del marco normativo
Informes elaborados por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) respaldan la necesidad de modernizar las plataformas de información minera en el país. Los especialistas destacan que el cumplimiento efectivo de la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 25.831) y la implementación de los estándares del Acuerdo de Escazú son requisitos ineludibles para auditar de forma independiente los riesgos ecológicos derivados de la minería de litio, oro, plata y cobre.

Estándares internacionales para la apertura de datos
Superar el déficit de transparencia en la minería argentina requiere la creación de un sistema nacional unificado y digitalizado de datos ambientales abiertos. Garantizar el monitoreo ambiental participativo y la publicación irrestricta de las auditorías sobre los recursos hídricos es el único camino para construir institucionalidad y resguardar la salud de los territorios.

Acceder al Informe

Fecha de Publicación: 18/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Carbono News, FARN, FUNDEPS

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La comunidad alerta sobre el riesgo de erosión, pérdida de biodiversidad y alteración de los ríos de montaña que alimentan el sur salteño


Estudios sobre ecología de montaña y dinámica de cuencas analizan el rechazo social a los proyectos de exploración minera en las cabeceras de selva.

Un relevamiento sobre el avance de la frontera extractiva en el noroeste argentino analiza la histórica resistencia comunitaria en el departamento de Metán frente a la pretensión de ejecutar proyectos de minería metalífera a cielo abierto en medio de las Yungas. La movilización de asambleas socioambientales, productores agrícolas y vecinos autoconvocados reeditó los planteos que detuvieron iniciativas similares dos décadas atrás. El reclamo central radica en la vulnerabilidad de la selva de montaña, un bioma que cumple un rol fundamental en la captación de nubes, el control de la escorrentía superficial y la provisión de agua dulce para el consumo de miles de personas y el riego de la cuenca productiva circundante.

Desmonte de laderas, pérdida de la capa orgánica y riesgo hidrogeológico
La instalación de infraestructura extractiva en ecosistemas de montaña altera de forma irreversible la dinámica biogeoquímica del suelo selvático. La remoción del tapiz vegetal y del horizonte orgánico en pendientes pronunciadas elimina la capacidad de retención de humedad, disparando procesos masivos de erosión hídrica y deslaves durante la temporada de lluvias intensas. La pérdida de esta vegetación riparia y de altitud destruye los nichos ecológicos de especies endémicas y reduce el caudal base de las vertientes que alimentan los ríos locales. A esto se suma el riesgo potencial de contaminación por efluentes industriales en zonas con alta conectividad hidrológica superficial y subterránea, amenazando la potabilidad del recurso a escala regional.
Impactos ecológicos directos proyectados en el ecosistema de las Yungas:
- Alteración del balance hídrico regional: Pérdida de la función de "bosque esponja" encargada de interceptar y regular las lluvias de montaña.
- Erosión acelerada y deslaves: Desestabilización de las laderas por voladuras y apertura de huellas de exploración.
- Fragmentación de corredores biológicos: Pérdida de continuidad en el hábitat de grandes mamíferos y carnívoros como el yaguareté y el puma.

Monitoreo ambiental y fragilidad del bioma de montaña
Investigaciones elaboradas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sobre la biodiversidad de las Yungas subrayan la altísima sensibilidad de estos bosques nublados frente a cambios en el uso del suelo. Los relevamientos de los equipos científicos señalan que las nacientes de cuenca en los cordones orientales de los Andes deben ser preservadas como reservorios estratégicos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, desaconsejando la ejecución de actividades industriales de alto impacto en zonas de recarga hídrica.

Defensa del territorio y sustentabilidad regional
La contundencia de la respuesta social en Metán reafirma la prioridad comunitaria de proteger la integridad del ecosistema de las Yungas por sobre los modelos de extracción intensiva. Consolidar la protección de las cuencas de montaña y potenciar actividades productivas sostenibles, como la agroecología y el turismo de naturaleza, se presenta como la única alternativa para garantizar la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico del sur salteño a largo plazo.


Fecha de Publicación: 17/09/2026
Provincia/Región: Salta 
Fuentes originales consultadas: Cuarto Poder, Página/12, El Tribuno de Salta
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La provincia habilita la operación tras el derrame de cianuro e impone inspecciones continuas y un estricto cupo laboral de trabajadores locales


Informes sobre economía regional y auditoría ambiental analizan el levantamiento de las sanciones sobre la minera Newmont y las nuevas condiciones impuestas por la provincia.

Un informe sobre el panorama extractivo en la meseta patagónica confirma que el gobierno de Santa Cruz levantó las clausuras que pesaban sobre el yacimiento de oro y plata Cerro Negro, operado por la multinacional Newmont. La decisión administrativa se toma tras la verificación de los trabajos de contención e inspección derivados del reciente derrame de solución cianurada y los incidentes de seguridad que paralizaron el yacimiento. Sin embargo, las autoridades provinciales condicionaron el reinicio pleno de las operaciones a un régimen de monitoreo técnico en tiempo real y al cumplimiento irrestricto de las leyes de contratación de mano de obra local, en un esfuerzo por equilibrar la recaudación fiscal y la estabilidad social en la región.

Manejo de efluentes industriales y fiscalización del riesgo operativo
El levantamiento de la suspensión exigió la implementación de planes de remediación química acelerada para degradar los complejos cianurados residuales y la readecuación de las estructuras de contención de la planta de procesamiento. En el ámbito de la ingeniería minera subterránea, la reanudación de las tareas implica la revisión exhaustiva de los sistemas de ventilación y el monitoreo geomecánico de los frentes de trabajo para prevenir colapsos rocosos. La acumulación de eventos operativos críticos en Cerro Negro obligó a la autoridad ambiental provincial a establecer auditorías semanales que verifiquen el pH y la estabilidad química en los piletas de colas, evitando la migración de sustancias tóxicas hacia los perfiles de suelo y las cuencas hidrogeológicas adyacentes.
Puntos clave del acuerdo para la reapertura operativa:
- Remediación y verificación de piletas: Auditorías sobre la concentración de cianuro disociable en ácido (WAD) en efluentes.
- Exigencia de cupo laboral provincial: Control estricto de la nómina para garantizar el porcentaje legal de trabajadores residentes en Santa Cruz.
- Inspecciones técnicas cruzadas: Intervención conjunta de las secretarías de Ambiente, Minería y Trabajo para autorizar nuevas fases de extracción.

Evaluación de riesgo y monitoreo técnico institucional
Informes elaborados por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz destacan la necesidad de mantener controles independientes sobre los planes de contingencia de las grandes corporaciones extractivas. Las evaluaciones ecotoxicológicas aplicadas al sitio confirman que la rápida neutralización de la solución cianurada evitó la filtración hacia los acuíferos profundos de la meseta, aunque los organismos técnicos insisten en la instalación de piezómetros de control adicionales para descartar contaminación diferida a mediano plazo.

Sostenibilidad operativa y paz social en la meseta
La reapertura de Cerro Negro marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado provincial y las corporaciones mineras transnacionales. El condicionamiento de la actividad comercial al estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y al desarrollo socioeconómico de las comunidades locales establece un precedente en la búsqueda de una minería con mayor responsabilidad ambiental y territorial en el sur argentino.


Fecha de Publicación: 17/09/2026
Provincia/Región: Santa Cruz 
Fuentes originales consultadas: Clarín, La Tecla Patagonia, Tiempo Sur, Agencia Télam
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Máxima tensión en la planta de Bio Cordillerana durante la inspección judicial con enviados de Barrick Gold


Frocionados cruces verbales y objeciones técnicas marcaron la diligencia del Fuero Judicial de San Juan en el predio de tratamiento de pasivos de la mina Veladero.

Un clima de extrema tensión institucional y técnica se vivió durante el desarrollo de la inspección ocular ordenada por el Fuero Judicial de San Juan en las instalaciones de la empresa de servicios ambientales Bio Cordillerana. Según reportes detallados por el medio especializado Diario Huarpe y agencias de noticias de la región cuyana, la comitiva judicial —integrada por peritos, magistrados y representantes de la Secretaría de Estado de Ambiente provincial— protagonizó fuertes desencuentros con los técnicos y apoderados enviados por la multinacional minera Barrick Gold. La diligencia buscaba tomar muestras y verificar el estado real de contención de miles de toneladas de cenizas industriales y residuos sólidos derivados de los procesos térmicos del yacimiento aurífero Veladero, en medio de acusaciones cruzadas sobre la validez de los protocolos de acopio y el riesgo de dispersión de materiales potencialmente peligrosos en el departamento Jáchal.

Disputa por los protocolos de muestreo y responsabilidad del residuo
El punto neurálgico del conflicto durante la inspección giró en torno a las metodologías de toma de muestras de suelo y polvo atmosférico, así como al nivel de acceso concedido por la empresa tratadora a las áreas de almacenamiento al aire libre. Mientras los peritos judiciales y los representantes comunitarios exigían realizar perforaciones e hidromuestreos profundos para descartar la filtración de metales pesados hacia las napas subterráneas, la representación legal de Barrick Gold buscó deslindar responsabilidades directas sobre el manejo operativo interno de la planta, argumentando que la custodia y neutralización de las cenizas fue formalmente transferida a Bio Cordillerana bajo contrato comercial. Por su parte, la firma ambientalista denunció presiones y falencias en los pliegos de entrega del material residual, encendiendo las alarmas sobre la verdadera composición química del pasivo acumulado en el predio.
Para desglosar los puntos críticos que marcaron la jornada de inspección y sus derivaciones legales, se destacan los siguientes ejes:
- Impugnación de peritajes y objeciones técnicas: La defensa de la minera presentó objeciones formales sobre la cadena de custodia de las muestras químicas tomadas en el lugar.
- Riesgo de dispersión por Viento Zonda: Preocupación central de las autoridades locales por la falta de coberturas herméticas en las piletas de secado de cenizas ante ráfagas de alta velocidad.
- Conflicto sobre la responsabilidad solidaria: Cruce legal entre el generador del residuo (Barrick) y el operador (Bio Cordillerana) sobre quién debe costear la remediación definitiva.

Alerta comunitaria y fiscalización ambiental en Jáchal
El escalamiento de la tensión durante el operativo judicial fue seguido de cerca por las asambleas ciudadanas del departamento Jáchal, quienes se apostaron en las inmediaciones del complejo para exigir máxima transparencia y el cese de dilaciones en la investigación. Los pobladores denuncian que la acumulación prolongada de estas cenizas sin el adecuado encapsulamiento representa una amenaza permanente para la calidad de la cuenca hídrica del río Jáchal. La Fiscalía interviniente anticipó que los resultados de los análisis fisicoquímicos sobre las muestras incautadas estarán disponibles en las próximas semanas, lo que determinará si se aplican medidas cautelares de clausura preventiva o sanciones por infracción a la normativa de residuos peligrosos.

Exigir rigor para proteger las cuencas cordilleranas
Los incidentes registrados durante la inspección en Bio Cordillerana ponen de manifiesto la complejidad y la urgencia de ejercer un control ambiental estricto e independiente sobre toda la cadena de valor minera. La transparencia en el tratamiento de los desechos industriales es una condición innegociable para garantizar la seguridad sanitaria de las poblaciones locales y la preservación de los frágiles ecosistemas hídricos de la cordillera.


Fecha de Publicación: 11/09/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes originales consultadas: Diario Huarpe, Agencia Télam, Poder Judicial de San Juan, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan
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Denuncian a las autoridades de CAMYEN por vulnerar un área protegida con actividad minera en Catamarca


Organizaciones ambientalistas y comunidades locales presentaron acciones judiciales contra la empresa minera estatal catamarqueña por avanzar con exploraciones sin declaración de impacto ambiental en zonas de reserva natural.

Una severa controversia legal y socioambiental sacude a la provincia de Catamarca tras la presentación de denuncias penales y administrativas contra el directorio de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.). Las acciones formuladas por asambleas socioambientales, comunidades originarias y referentes de la oposición política sostienen que la firma minera oficial ejecutó aperturas de caminos, movimiento de suelos y Prospecciones mineras dentro de un área natural protegida sin contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada ni haber realizado el proceso obligatorio de consulta previa, libre e informada con las poblaciones locales. El caso reactivó el debate regional sobre los límites de la actividad extractiva frente a la legislación de conservación de la biodiversidad.

Irregularidades en el procedimiento ambiental y afección de cuencas
La denuncia fundamenta que las maquinarias pesadas contratadas o supervisadas por CAMYEN intervinieron territorio categorizado bajo protección ambiental estricta por leyes provinciales y nacionales, vulnerando ecosistemas frágiles de alta montaña y cabeceras de cuenca indispensables para el abastecimiento de agua dulce de las poblaciones del bolsón arido. Según las presentaciones judiciales, la empresa pública incurrió en la omisión sistemática de la instancia de participación ciudadana y audiencia pública requeridas por la Ley General del Ambiente (N° 25.675). La afectación directa sobre la flora autóctona, los suelos rocosos inestables y las vegas de altura reavivó la alerta entre productores ganaderos y agrícolas de la zona, quienes temen por la contaminación e interrupción de los flujos de agua superficiales y subterráneos.
Para desglosar los puntos sustantivos planteados en la acción penal y administrativa contra las autoridades de la firma estatal, se destacan los siguientes eches críticos:
- Falta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Ejecución de tareas operativas y movimiento de maquinaria pesada sin la autorización ambiental previa emitida por la autoridad de aplicación.
- Vulneración de normativas en áreas protegidas: Incursión territorial en zonas cuyo estatus legal prohíbe explícitamente el desarrollo de proyectos mineros de gran escala o prospección no regulada.
- Omisión de la Consulta Previa, Libre e Informada: Incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas radicados en el territorio afectado.

Exigencia de paralización de obras y deslinde de responsabilidades
Las organizaciones denunciantes solicitaron ante el Poder Judicial de Catamarca la emisión urgente de una medida cautelar de no innovar que ordene la paralización inmediata de todas las actividades mecánicas y el retiro de la maquinaria del perímetro del área protegida. Asimismo, se demandó a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que inicie los sumarios administrativos correspondientes contra los funcionarios responsables de CAMYEN y aplique el principio precautorio para evitar daños irreparables en el ecosistema. Dirigentes comunitarios remarcaron que el propio Estado provincial no puede actuar como eximente de la ley ambiental, debiendo ser el primer garante de la custodia del patrimonio natural catamarqueño.

El desafío de la gobernanza ambiental en los proyectos mineros
El conflicto desatado en torno a CAMYEN pone en evidencia las complejas tensiones entre el impulso a la matriz extractiva estatal como fuente de recursos económicos y el estricto cumplimiento de los estándares de protección socioambiental. Especialistas en derecho ambiental enfatizan que la legitimidad de cualquier desarrollo minero en las provincias cordilleranas exige transparencia institucional, control ciudadano efectivo y la intangibilidad estricta de las reservas naturales. Proteger las áreas de reserva resultará determinante para garantizar la sustentabilidad de los bienes comunes y la paz social en los territorios del noroeste argentino.


Fecha de Publicación: 08/09/2026
Provincia/Región: Caramarca
Fuentes originales consultadas: Diario El Ancasti, Agencia Télam, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, Fiscalía de Estado de la Provincia de Catamarca
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El impacto de la minería de sílice transforma el frágil ecosistema del Delta entrerriano


La creciente demanda de arena de sílice utilizada para la técnica de hidrofractura en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta está provocando severas alteraciones ambientales en las islas y humedales de Ibicuy, movilizando a asambleas vecinales y científicos ante la degradación del suelo y el agua.

La expansión productiva del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, situado en la Patagonia, ha consolidado de manera indirecta un fenómeno de extractivismo minero en el litoral argentino, con consecuencias ambientales sumamente alarmantes para la provincia de Entre Ríos. Las operaciones de fracking en el sur del país requieren volúmenes monumentales de arenas silíceas de alta calidad para actuar como agentes de sostén en los pozos de perforación. El departamento de Islas del Ibicuy, caracterizado por su delicado sistema de humedales pertenecientes al macrosistema del Delta del Paraná, se ha convertido en el principal epicentro de extracción de este insumo. Este proceso ha desatado una profunda preocupación en la comunidad local, la comunidad científica y los colectivos socioambientales, quienes denuncian que la velocidad y la escala de la minería a cielo abierto en la región están destruyendo la biodiversidad, alterando los cursos de agua dulce y transformando de forma irreversible un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático y la recarga de los acuíferos subterráneos.

Alteración hidrológica y el impacto en las napas freáticas
El principal foco de conflicto técnico y ambiental radica en el proceso de lavado y clasificación de las arenas dentro de las plantas mineras instaladas en el corazón del humedal. Para remover las impurezas y seleccionar el grano de sílice adecuado, las empresas extraen diariamente millones de litros de agua dulce provenientes de las napas superficiales y de los cursos superficiales del Delta. Los geólogos y técnicos locales advierten que este consumo desmedido e intensivo está provocando una depresión evidente en los niveles de agua subterránea, lo que afecta directamente el suministro de agua potable para las poblaciones rurales y compromete la supervivencia de la vegetación nativa que depende de la humedad constante del suelo. Además, existen denuncias reiteradas sobre el vuelco de aguas residuales cargadas de sedimentos finos y posibles floculantes químicos sin el debido tratamiento, lo que altera la turbidez de los ríos y daña los hábitats de reproducción de las especies ícticas autóctonas.

Para comprender la magnitud de la problemática en el territorio entrerriano, los especialistas sugieren desglosar los impactos socioambientales en los siguientes puntos críticos:
- Destrucción de la capa vegetal y del suelo orgánico: Las tareas de desmonte previas a la excavación eliminan los pastizales y bosques nativos, dejando el suelo expuesto a procesos de erosión eólica e hídrica acelerados.
- Contaminación acústica y atmosférica: El tránsito incesante de camiones de gran porte para el transporte de la arena genera densas nubes de polvo en suspensión que afectan la salud respiratoria de los vecinos y alteran la fauna local.
- Pérdida de servicios ecosistémicos: La degradación del humedal disminuye su capacidad natural para amortiguar inundaciones, regular las temperaturas locales y actuar como sumidero de carbono.

Conflictos regulatorios y la demanda de controles estatales rigurosos
La situación en Ibicuy ha expuesto las debilidades institucionales en materia de control ambiental y la compleja tensión existente entre el desarrollo energético nacional y la preservación ecológica provincial. Si bien la actividad minera genera puestos de empleo locales y dinamiza ciertos sectores económicos de la región, las asambleas vecinales y las organizaciones no gubernamentales sostienen que las evaluaciones de impacto ambiental presentadas por las empresas subestiman el daño acumulativo a largo plazo. Los habitantes exigen que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos implemente auditorías independientes, limite la entrega de nuevas concesiones mineras y aplique de forma estricta la normativa vigente sobre la protección de los humedales. La falta de un marco regulatorio nacional unificado para estos ecosistemas agrava el escenario, permitiendo que las fronteras extractivas avancen sobre territorios hidrológicamente vulnerables sin una planificación territorial adecuada que resguarde los recursos naturales de las futuras generaciones.

El costo ambiental oculto de la transición energética
Este conflicto pone de manifiesto una contradicción estructural dentro de las políticas de desarrollo económico y energético del país. Mientras que a nivel nacional se celebra el incremento en los niveles de producción de gas y petróleo en Vaca Muerta como un paso hacia la autosuficiencia energética, los costos ambientales de esa explotación se trasladan de forma invisible a miles de kilómetros de distancia, afectando los sistemas hídricos del litoral. Científicos y docentes especializados en ecología política insisten en que no se puede analizar el impacto de los combustibles fósiles únicamente en el punto de perforación, sino que es indispensable evaluar toda la cadena de suministros asociada. La pérdida de los humedales de Ibicuy, esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático de la región pampeana y mesopotámica, representa un pasivo ambiental de magnitudes incalculables que obliga a repensar con urgencia la sustentabilidad real del modelo extractivo argentino.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes originales consultadas: Diario El Argentino de Gualeguaychú, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Foro Ecologista de Paraná
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Crece la tensión en Jujuy por el avance de proyectos mineros en la Reserva de Biósfera Laguna de Pozuelos


La expansión de la minería metalífera en el norte de Jujuy ha encendido las alarmas de comunidades locales y organizaciones ambientales debido al avance de diversos proyectos en las inmediaciones de la Reserva de Biósfera Laguna de Pozuelos. Esta área protegida, clave para la biodiversidad de la Puna, se encuentra bajo la presión de corporaciones multinacionales provenientes de Canadá, el Reino Unido y Argentina, las cuales enfocan sus actividades en la explotación y exploración de oro y plata. Entre los principales actores implicados destacan las firmas SSR Mining, Ajax Resources y Espíritu de los Andes.  
El conflicto central radica en el enorme peso económico de estas operaciones frente al potencial impacto ecológico en la región. Como ejemplo de la magnitud del negocio, la mina operada por SSR Mining reportó la producción de 1,74 millones de onzas de plata solo en el primer trimestre de 2026, lo que generó ingresos cercanos a los 179 millones de dólares. Pese al rédito financiero, la comunidad científica insiste en la necesidad urgente de profundizar los estudios ambientales. Expertos advierten que se requieren análisis exhaustivos sobre la acumulación de metales pesados en sedimentos y organismos, contemplando las marcadas diferencias estacionales de la Puna, para medir con precisión las consecuencias ecológicas a largo plazo.  
Por su parte, referentes de las comunidades originarias y habitantes de la zona han intensificado sus reclamos por la falta de transparencia en los mecanismos de consulta y la falta de acceso a la información. Denuncian que existen alrededor de 175 pedimentos y proyectos mineros proyectados en los cerros que rodean la laguna de Pozuelos. Mientras la provincia avanza en la evaluación y autorización de nuevas actuaciones vinculadas a proyectos como Eureka Sur y Catalina II, las poblaciones locales exigen un rol más activo en los monitoreos ambientales, desafiando la premisa gubernamental de que la actividad es perfectamente compatible con las categorías de conservación de la reserva.  


Fecha de Publicación: 01/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal EconomíaSustentable, Portal Crónica del NOA
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La minera Livent secó un río en Catamarca y quedó impune mientras se multiplican permisos para explotar en la zona

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal  EconomiSustentable
Provincia/Región: Catamarca 


El litio es un metal muy ligero, de color blanco plata, que guarda una característica que lo vuelve muy codiciado para la industria: su capacidad de almacenar mucha electricidad por más tiempo, con el plus de brindar una carga rápida. Esto lo convirtió en un componente indispensable de celulares, computadoras y muchos otros dispositivos portátiles. En especial, de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. De ahí que muchos lo consideran un aliado de la llamada “transición energética”.
A medida que su demanda creció, el interés mundial comenzó a concentrarse en el Triángulo del Litio, la región que comparten Bolivia, Argentina y Chile y que alberga las mayores reservas conocidas de este mineral.
En nuestro país, el debate sobre el potencial de su explotación para impulsar la economía lleva más de una década. Al día de hoy, el Gobierno celebra que los proyectos acogidos al RIGI acumulen más de US$6.300 millones en inversiones comprometidas para Catamarca, Salta y Jujuy, presentando esos montos como sinónimo de desarrollo, aunque la realidad sea mucho más compleja.
Economía Sustentable habló con vecinos de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, donde desde 1997 funciona el primer proyecto de extracción de litio del país, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. A partir de sus relatos, reconstruimos los impactos que la actividad tiene sobre las comunidades y el ambiente. Son historias que reflejan lo que Melisa Argento y Bruno Fornillo describen como un “colonialismo minero, hídrico y energético que crea o recrea cuerpos-territorios de sacrificio”, según plantean en el libro Todo sobre el litio, recientemente publicado por la Editorial Siglo XXI.

La minera, el río que hicieron desaparecer y el progreso ¿para cuándo?
A fines de 1997, Minera del Altiplano S.A (que a través de los años pasará a llamarse Livent; Arcadium Lithium y, actualmente, Río Tinto) inauguró el proyecto Fénix sobre el Salar del Hombre Muerto. Instalaron una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas para exportar a sus plantas matrices en Estados Unidos y China. Desde entonces, se utilizan un promedio de 650.000 metros cúbicos de agua por hora, todos los días, en una región donde el balance hídrico natural ya es negativo de por sí.
Porque el proyecto funciona en un ecosistema muy delicado: un humedal altoandino a 4000 metros sobre el nivel del mar (CABA está a 25 msnm); ocupado por el salar, varias lagunas salinas y extensos y bellos terrenos bajos inundables y muy fértiles (llamados vegas). Por sobre todo, es el hogar del pueblo kolla-atacameño, que cría ovejas y llamas y produce lanas y tejidos.
En este ambiente, la minería significó una presión extra inmensa y, por eso, “Con Livent empezaron los problemas”, recuerda Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Atacameña del Altiplano del Salar del Hombre Muerto. “Secaron el río Trapiche y 11 km de vega por desviación de aguas”.
Ante esta tragedia evitable, el pueblo presentó un amparo que salió a favor pero que, un año después, la Justicia revocó. Es decir que si bien la Corte Suprema de Catamarca constató el daño y frenó la expansión de la empresa hacia el arroyo Los Patos, en marzo de este año dio marcha atrás. De manera que permitió al Gobierno retomar la entrega de permisos mineros.
Perder el río Trapiche fue el primer impacto que sufrieron los atacameños, pero no el único. Como relata para Agencia Tierra Viva Camilo Condorí, otro de los vecinos afectados, a quien le instalaron la planta a unos 1000 metros de su casa, le cortaron sus tierras a la mitad con un camino minero y le pusieron candado a la tranquera que conecta con la casa de su familia. Al final, Camilo terminó teniendo que pedirle permiso a la empresa para visitar a su madre.
“Pedimos ser escuchados y respetados pero estamos peor porque cada vez hay más vehículos, más movimiento de caminos, más movimientos de los brazos de los ríos que se desvían para conveniencia de ellos”, lamenta Mamani. “Y a pesar de todo lo que sufrimos, no hay una retribución al pueblo. Se han hecho pequeñas cosas pero nada real para las futuras generaciones”.
Por su parte, Argento suma como ejemplo que “las empresas cuentan con mega obras de infraestructuras como un gasoducto desde las plantas en medio del salar y hasta la provincia de Salta, mientras las comunidades indígenas que habitan en el territorio no disponen de gas natural”.
Después de tres décadas, todo indica que la calidad de vida del pueblo no mejoró: el hospital local está sin terminar, hay una planta fotovoltaica en desuso, los servicios básicos son impagables, no hay para calefaccionarse en el invierno, ni suficiente comida en las escuelas.
Aunque desde el sitio de Catamarca Minera anuncian que “la consulta y la participación pública de las comunidades demuestran transparencia y veracidad en la actividad”, Mamani manifiesta que: “Estos últimos años el gobierno ha hecho entregas sin conciencia, sin hablar con la comunidad, sobre todo en el Salar del Hombre Muerto y un poco más allá donde van a explotar ahora oro, cobre y plata”.
Y Argento confirma que “el avance de la minería de litio ha sido acelerado y que ya hay 8 proyectos en distintas etapas, entre los límites de Catamarca y Salta. ¿Qué se puede esperar a futuro?

Una actividad que exporta ganancias y reproduce desigualdad: ¿un nuevo colonialismo minero?
En conversación con Economía Sustentable, la politóloga Melisa Argento amplía la visión y resalta que, en sus inicios, el proyecto Fénix se dio a la par que la minería metálica con voladura de montaña en La Alumbrera, “configurando un perfil provincial minero cuyos resultados están a la vista”. En la actualidad, a pesar que la minería genera 20% del empleo privado registrado, “Catamarca es una de las provincias más pobres del país”.
Esto ocurre porque “el marco normativo nacional y la ingeniería jurídica internacional garantizan todos los márgenes de ganancia y autonomía a las grandes corporaciones”, explica la especialista. Y agrega “El extractivismo del litio en nuestro país se sustenta bajo slogans y expectativas en torno a la “transición energética” pero, en realidad, profundiza nuestro lugar subordinado y dependiente”
De esta manera, lo que ocurre en el Salar del Hombre Muerto “es un claro reflejo de la ofensiva extractivista de todos los minerales definidos como críticos que se realiza mediante apropiación de territorios y bienes comunes en América Latina”, explica Argento y agrega que es parte de lo que definen con Fornillo en “Todo sobre el litio” como un nuevo colonialismo minero hídrico energético,.
Esta arremetida, además, se ve exacerbada “por el avance de los gobierno de extrema derecha en la región, por la pugna geopolítica entre EEUU y China y por la crisis ecosocial y especialmente energética en la que se encuentra nuestro planeta”.
En consecuencia, quienes pierden son los pobladores y el ambiente porque bajo “la ideología del auto eléctrico se niegan los saberes, usos y costumbres de una población que cuida, nutre y habita este salar, siendo parte de él”, puntualiza Argento.
Mientras tanto, a 597 kilómetros de San Fernando del Valle continúa dándose una “pelea desigual en la que “el gobierno lucha con armas y nosotros con el corazón”, como describe Patricia Reynoso, docente jubilada y ex vecina de Antofagasta consultada por este medio, quien debió mudarse tras ser perseguida por el gobierno tras muchos años de activismo.
Quizás todo se reduzca a lo que, como dice Elizabeth Mamani: “No quieren invertir en el pueblo porque no les conviene. Somos 1500 habitantes y eso no le suma en votos. Aún así, de acá sale la mayor riqueza para el país y el mundo”.
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El Gobierno derogó programas mineros y avanza con un reordenamiento normativo del sector 

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería dejó sin efecto una serie de resoluciones vinculadas a planes, transferencias de fondos, importaciones, monitoreo ambiental y coordinación federal. La medida forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley Bases y no afectará los convenios ya firmados.
La Secretaría de Minería derogó una serie de programas, reglamentos y planes operativos vinculados al sector minero, en el marco del proceso de reorganización administrativa y racionalización del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, dejó sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, vinculadas a transferencias de fondos a provincias y municipios, minería social, planificación estratégica, análisis de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental. 
Según los considerandos, la decisión se enmarca en la Ley Bases, que promueve la optimización del funcionamiento del Sector Público Nacional con el objetivo de avanzar hacia una gestión más transparente, ágil, eficiente y orientada a la reducción de estructuras estatales.
El Gobierno argumentó que los programas y regímenes alcanzados por la derogación perdieron vigencia, resultan obsoletos o ya no son compatibles con los lineamientos actuales de eficiencia, eficacia y austeridad.

Qué normas derogó la Secretaría de Minería
La Resolución 64/2026 derogó ocho normas previas de la Secretaría de Minería y del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo.
Entre ellas figuran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que habían aprobado el Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros entes, junto con una versión posterior de ese esquema.
También quedó sin efecto la Resolución 36/2020, que había aprobado la adaptación del Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria. Para el Gobierno, esa norma tenía un carácter transitorio y excepcional, por lo que correspondía su derogación una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su dictado.
La medida también derogó la Resolución 47/2020, que creó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la Resolución 138/2020, que puso en marcha la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la Resolución 255/2021, que creó la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Además, se dejaron sin efecto las resoluciones 50/2022 y 53/2022. La primera había prorrogado por 180 días el plazo para presentar rendiciones de fondos recibidos por provincias en proyectos de minería social, huellas mineras y programas sociales. La segunda había creado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.

El argumento oficial: simplificación y eficiencia
En los considerandos, la Secretaría de Minería sostuvo que la permanencia formal de esas normas resultaba incompatible con los principios de simplificación y eficiencia administrativa.
El texto oficial plantea que la actual gestión busca revisar, adecuar o suprimir programas y regímenes que no se ajusten a los estándares de austeridad exigidos por la coyuntura económica.
También señala que varias de las estructuras derogadas perdieron operatividad o que sus funciones deberán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
En el caso del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, la resolución indica que su implementación deberá ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes.

Los convenios vigentes no se caen
La derogación de las normas no implica la interrupción automática de convenios ya firmados. La resolución aclara que la medida no afectará los derechos y obligaciones nacidos de acuerdos suscriptos bajo la vigencia de las normas derogadas.
Esos compromisos deberán continuar con su ejecución, rendición de cuentas y, en caso de corresponder, acciones de recupero.
Para eso, se aplicará el Reglamento General del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes, junto con las normas de administración financiera vigentes.
De esa manera, el Gobierno busca separar la derogación normativa hacia adelante del control sobre obligaciones ya asumidas.

Un nuevo marco para la política minera
La decisión se produce en un momento de fuerte expectativa sobre el crecimiento de la minería argentina, impulsado principalmente por el litio, el cobre, el oro y la plata.
El sector aparece entre los principales candidatos a generar divisas e inversiones en los próximos años, pero el Gobierno busca reordenar la estructura normativa heredada y concentrar la política minera en instrumentos considerados más compatibles con la actual administración.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Desde ahora, la Secretaría de Minería deberá definir bajo qué nuevas herramientas reemplazará aquellas funciones que, según la propia norma, serán absorbidas por mecanismos alternativos o nuevas instancias de coordinación.
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La extracción de arena para fracking en Argentina destruye humedales patagónicos

Fecha de Publicación: 13/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Neuquén - Patagonia


La extracción de arena para fracking en Argentina está arrasando uno de los humedales más importantes del país. Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales en Neuquén, consume 12.000 toneladas diarias de arena sílice proveniente de los humedales del río Paraná en Entre Ríos, según reveló una investigación de Climática publicada en La Marea.
La arena de alta pureza, conocida como sílice, se extrae de los humedales entrerrianos porque mantiene las fracturas abiertas durante el proceso de fracking, lo que aumenta la producción de petróleo por pozo. YPF, la petrolera estatal que opera Vaca Muerta, logró en abril un récord de 628.000 barriles diarios gracias a esta logística que involucra 1.500 camiones recorriendo 1.300 kilómetros diarios entre ambas provincias.
Ricardo Luciano, abogado ambientalista entrerriano citado en el reportaje, explicó que hasta 2015 esta arena se extraía en pequeñas cantidades para fabricar vidrio. Vaca Muerta la importaba de China, Estados Unidos y Brasil a más de mil dólares la tonelada. Cuando YPF descubrió que podía obtenerla en Entre Ríos a 200 dólares la tonelada, la extracción se disparó. “Las arenas de sílice son como el litio, están presentes en muy pocos lugares del mundo. Hoy la arena de Entre Ríos tiene una de las mejores calidades del planeta por la pureza del grano”, declaró Luciano a La Marea.

Cómo la demanda de Vaca Muerta impacta en los humedales
La extracción a cielo abierto consume grandes volúmenes de agua dulce almacenada de forma subterránea. Según la investigación, las máquinas están eliminando geografías inundables que históricamente protegieron a comunidades locales, agricultura y ganadería extensiva en la zona de Ibicuy, epicentro de la explotación.
Jorge Daneri, integrante de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, contextualizó el daño: “Estamos hablando de uno de los humedales más maravillosos y grandes del mundo, el de los ríos Paraguay y Paraná, que nace del gran pantanal brasileño, boliviano y paraguayo. Este pantanal tiene la superficie de Francia”, declaró a La Marea.
Horacio Marín, CEO de YPF, reconoció en distintas entrevistas que otras alternativas como las arenas de Río Negro generan “menos eficacia” y podrían traducirse en aproximadamente un 20% de pérdida de reservas recuperables por pozo. La compañía no respondió a las consultas de La Marea al cierre de la edición.

La proyección hacia 2030 y el costo ambiental
En 2025, Vaca Muerta utilizó cuatro millones de toneladas de arena sílice. La propia YPF admitió que necesitará el doble para 2030, según denunció Luciano. “La extracción ya es insostenible. Estamos camino de rifar los humedales irremplazables para sostener la exportación de combustibles fósiles”, advirtió el abogado.
Los datos preliminares indican que desde la instalación de las grandes empresas areneras, los niveles de hierro y manganeso en el agua de consumo local se multiplicaron, aunque el reportaje no especifica las cifras exactas. La investigación completa está disponible en La Marea 112.
La logística de 1.500 camiones recorriendo diariamente la distancia equivalente a Madrid-Milán revela la magnitud de un modelo extractivo que prioriza la rentabilidad petrolera sobre la preservación de ecosistemas frágiles.
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Barrick Gold está en la mira por miles de peces que murieron en San Juan por contaminación minera 

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: San Juan


Un equipo de investigación identificó metales peligrosos en el agua y señala a Veladero como fuente de polución, contradiciendo versiones oficiales 
Miles de pejerreyes aparecieron muertos en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan, durante noviembre de 2025. El hallazgo movilizó a los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca, quienes decidieron no quedarse con la versión oficial.
Las autoridades provinciales cerraron el caso casi de inmediato. Su explicación: los peces murieron por falta de oxígeno en el agua. No hubo estudios, no hubo análisis, no hubo dudas, indica el periodista Sebastián Premici en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Pero la Asamblea sabía que algo no cerraba. Los antecedentes de contaminación en la zona eran demasiado contundentes como para aceptar esa respuesta simple.
Los activistas ambientales recogieron muestras de agua y ejemplares de peces muertos. Las enviaron para análisis a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo. Los resultados fueron devastadores: concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y aluminio, cobre y arsénico en el hígado de los peces.
También se detectó una fuerte concentración de aluminio en el agua del dique. Valores incompatibles con la vida acuática.
"El Río La Palca es el que viene de Veladero", explicó Saúl Zeballo, integrante de la Asamblea Jáchal No se Toca. "Ante la evidencia de los miles de peces muertos, se inició una causa de oficio a cargo del fiscal Alfredo Aballay".
La causa se cerró casi automáticamente después de que los funcionarios de la provincia dijeran públicamente, sin haber realizado ningún estudio, que los peces habían muerto por falta de oxígeno.
"Eso no fue así", sostuvo Zeballo en diálogo con Economía Sustentable. "Nosotros nos organizamos para realizar una muestra del agua y los peces. El resultado fue abrumador".

El informe científico que desmiente la versión oficial
El Informe Técnico de Interpretación Ecotoxicológica y Evaluación de Riesgo Ambiental relacionado con la mortalidad de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento se publicó el 29 de junio de 2026.
Las muestras interpretadas correspondieron a las recogidas por la Asamblea de Jáchal en noviembre de 2025. Fueron analizadas a través de la Universidad Nacional de Cuyo.
El documento fue elaborado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet. Entre ellos, Guillermo Folguera, licenciado en Filosofía, Doctor en Biología y uno de los autores del informe.
"Con altísimos niveles de aluminio, cobre y arsénico incompatibles con la vida", describió Zeballo los hallazgos. "Esto te da una dimensión de la persistente contaminación minera".
El informe no solo analizó las muestras de 2025. También repasó estudios sobre el agua realizados en diferentes períodos históricos: 2005 y 2010, sumados a los análisis posteriores al gran derrame de 2015, remarca el artículo de EconomiaSustentable.com.
"La comparación temporal histórica (período 2005-2026) de los resultados refuerza el concepto de un proceso persistente de alteración de la calidad hidroquímica en el sistema Río La Palca–Río Blanco–Dique Cuesta del Viento–Río Jáchal", puede leerse en el informe al que tuvo acceso Economía Sustentable. Los datos muestran concentraciones reiteradamente elevadas del metal aluminio, y los metaloides arsénico y boro.
Las excedencias son significativas respecto de los niveles guía nacionales e internacionales establecidos para la protección de la vida acuática.
En particular, el arsénico se mantuvo por encima de los umbrales de referencia en todas las campañas analizadas (2005, 2015 y 2026). El aluminio alcanzó concentraciones extremadamente elevadas en distintos sectores de la cuenca.

La contaminación que no para de crecer
Los datos ambientales demuestran que el Río La Palca constituye el principal aporte de contaminantes metálicos al sistema. Este río nace en las inmediaciones del proyecto minero Veladero.
"Los estudios de agua encargados por la Asamblea son extremadamente consistentes con otros realizados históricamente", sostuvo Folguera. "Con un agravante: los niveles de estos componentes están aumentando".
Con los estudios diacrónicos, hechos en el tiempo, se ve que está aumentando la presencia de contaminantes incompatibles con la vida, agrega la nota de EconomiaSustentable.com.
"Estamos hablando de un río cada vez más contaminado", concluyó el biólogo que interpretó el episodio contaminante de noviembre de 2025.
Las autoridades provinciales, más que decir que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, no hicieron mayores indagaciones sobre el episodio. Situación desmentida por los estudios realizados.
Antecedentes no faltaban para sospechar el posible origen contaminante. La historia de derrames de Veladero es larga y documentada.

Barrick Gold y los derrames que nadie olvida
En 2015 ocurrió un gran derrame de tóxicos reconocido por la propia Barrick Gold. Hasta entonces era la única dueña del proyecto Veladero. Actualmente, comparte el 50% de las acciones con la china Shandong Gold.
Al año siguiente, hubo otro episodio sobre la misma cuenca. En marzo de 2017 se detectó el tercer episodio.
"Primero ocultado por la empresa y luego reconocido porque no tuvieron otra opción", según lo señalado por Zeballo.
"En los tres casos hicimos que la provincia y el gobierno municipal avanzaran con los estudios de agua correspondientes", recordó el activista ambiental.
Por entonces, los rastros de aluminio y manganeso encontrados habían sido exponencialmente altos.
Con el nuevo episodio de noviembre del año pasado, el intendente Martín Espejo (PJ) no hizo nada. A pesar de que en Jáchal rige la ordenanza agua segura que impuso estudios periódicos.
Para los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca y los científicos convocados para interpretar los resultados del laboratorio, la conclusión resultó ineludible. La fuente persistente de contaminación de los ríos de la zona proviene del proyecto minero Veladero.

La metodología científica detrás del estudio
La geografía no miente. La selección de los sitios para recoger las muestras de agua se realizó bajo criterios rigurosos.
Se consideró la continuidad hidráulica, la proximidad espacial, la representatividad ecosistémica y la congruencia temporal entre los diferentes estudios realizados en el tiempo.
"Este diseño permite reconstruir el gradiente de transporte de los elementos traza de preocupación ambiental (ETPA) a lo largo del continuo fluvial", puede leerse en el informe técnico interpretativo. El modelo conceptual de Fuente-Trayecto-Receptor vincula el área de influencia de la explotación minera Veladero con el sector léntico donde se manifestó la mortalidad de peces durante noviembre de 2025.
El documento está firmado por Folguera junto a Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Paola Peltzer de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet.
La interpretación de Folguera es que los peces murieron por un "efecto sinérgico devastador". Una interacción letal entre múltiples tóxicos.
"Una interpretación posible es que los peces murieron por un pico de los químicos encontrados o una situación ambiental adversa extrema", explicó el biólogo.
Todo el escenario demuestra que lo ocurrido es compatible con los efectos elevados de tóxicos que interactuaron entre sí. El dique Cuesta del Viento sigue siendo la principal fuente de agua de la región, amenazada por una contaminación persistente que no cesa.
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El Gobierno ejecuta la política de cierre de minas con nuevos estándares de participación ciudadana y sostenibilidad

Fecha de Publicación: 22/07/2026
Fuente: Portal EditorialRN
Provincia/Región: Santa Cruz


Es desde la Secretaría de Estado de Minería, con la implementación de nuevas herramientas de participación ciudadana. La medida se enmarca en la Ley Provincial Nº 3751 de Cierre de Minas y profundiza una política pionera de Santa Cruz, incorporando monitoreos ambientales participativos, criterios ESG, huella hídrica y de carbono, economía circular y medidas frente al cambio climático.
El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, continúa fortaleciendo la implementación de la Ley Provincial N° 3751, de Cierre de Minas, mediante la puesta en vigencia de la Disposición N° 153/2026, que incorpora nuevas herramientas de participación ciudadana, transparencia y gestión sostenible para los proyectos mineros de la provincia.

El instrumento legal
La Ley N° 3751 constituye uno de los pilares de la política minera provincial, al establecer un marco específico para abordar el cierre de minas desde una perspectiva integral y planificada. Sobre esa base, la nueva normativa profundiza el modelo impulsado por Santa Cruz, incorporando instrumentos destinados a fortalecer el seguimiento ambiental, mejorar la calidad y trazabilidad de la información, y ampliar la participación de las comunidades en la gestión de la actividad minera.
En este marco, la Disposición N° 153/2026 establece lineamientos obligatorios para la implementación de monitoreos ambientales participativos, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la medición y gestión de huellas ambientales, la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la implementación de estándares globales para la gestión de relaves y el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación pública y acceso a la información.

Los monitoreos
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa, es la incorporación del monitoreo ambiental participativo, como herramienta concreta de transparencia y participación ciudadana. Los proyectos que se encuentren en etapa de exploración avanzada o explotación, deberán desarrollar estos monitoreos con una frecuencia mínima anual, garantizando la participación efectiva de trabajadores, representantes de las comunidades y de la Autoridad Minera.
Los monitoreos deberán comprender, como mínimo, variables vinculadas a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, pudiendo ampliarse a componentes como flora, fauna y otros indicadores ambientales, de acuerdo con las características y riesgos de cada proyecto. Los resultados deberán ser accesibles a la comunidad y formar parte de los mecanismos de reporte y seguimiento establecidos por la Autoridad de Aplicación.
La Disposición incorpora además indicadores vinculados con huella hídrica, huella de carbono, economía circular, gestión de residuos, género, derechos humanos y gobernanza corporativa, así como medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Esta información será integrada progresivamente en un sistema unificado de reporte ambiental y ESG, permitiendo fortalecer la capacidad del Estado para analizar el desempeño de los proyectos y mejorar la toma de decisiones, basada en información verificable y comparable.

Nueva etapa
De esta manera, la Provincia avanza en una concepción del cierre de minas que no comienza cuando finaliza la explotación, sino que debe ser planificado y gestionado durante todo el ciclo de vida del proyecto. La incorporación de variables ambientales, sociales, climáticas y de gobernanza, permite anticipar riesgos y proyectar el futuro de los territorios mineros con una perspectiva de largo plazo.
Desde la Secretaría de Estado de Minería, se destacó que la medida representa una nueva etapa en la implementación de la Ley N° 3751, consolidando un modelo provincial que vincula cierre de minas, sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia, y que fortalece el rol del Estado en la planificación y control de la actividad.
La iniciativa, forma parte de la decisión del Gobierno Provincial de continuar modernizando la gestión minera, y promover un desarrollo productivo sostenible, con reglas claras, controles eficientes, información transparente y una participación cada vez más activa de las comunidades.
Con la Ley N° 3751 como marco y la Disposición N° 153/2026 como una nueva herramienta para su implementación, Santa Cruz profundiza una política minera que busca anticiparse a los desafíos del cierre, incorporar estándares de sostenibilidad desde las etapas activas de los proyectos, y construir una minería responsable, con una mirada puesta en el futuro de sus territorios y comunidades. 
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