Sierra Pintada: qué es la remediación ambiental y cómo se tratarán los residuos de uranio

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


En el complejo minero fabril Sierra Pintada hay tachos enterrados con desechos uranio desde hace 30 años. Qué es la remediación ambiental.
Sierra Pintada es la mina con mayor cantidad de reservas de uranio conocida del país y hace 31 años que se dejó de explotar. Desde ese momento, en el complejo minero fabril hay 5.223 tachos enterrados con residuos de uranio y agua contaminada en las canteras que esperan ser tratados en el plan de remediación ambiental.

¿Ya comenzó el plan de remediación ambiental en Sierra Pintada?
En 1995, el complejo minero fabril Sierra Pintada dejó de extraer uranio de las canteras por la caída de los precios internacionales. Hubo un intento de reabrir la mina en 2003 pero quedó trunco tras la presentación de un recurso en la Justicia y la sanción de la ley provincial 7722 que prohibió el uso de arsénico.
En este marco, la Justicia le ordenó a la Comisión Nacional de Energía Atómica remediar los pasivos ambientales y recién en 2019 la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza emitió la Resolución 259 otorgando la Declaración de Impacto Ambiental a la CNEA.
En octubre de 2019, el Gobierno de Mendoza anunció el inicio de la remediación ambiental y el mes pasado -en una visita a Mendoza- los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación remarcaron en varias oportunidades: "La remediación se está haciendo, es falso que esté todo abandonado". Sin embargo, todavía no se han abierto los tachos con residuos de uranio ni se ha tratado el agua de cantera.
 Según los sitios especializados se entiende por remediación ambiental al conjunto de acciones orientadas a descontaminar áreas que han sufrido alteraciones por agentes físicos, químicos o biológicos. Estas acciones buscan disminuir los niveles de contaminación a estándares seguros, establecidos por normativas ambientales nacionales e internacionales, y varían de acuerdo al tipo de contaminante, la extensión del daño y las características del medio afectado.
 En este sentido amplio la remediación ambiental ya comenzó en Sierra Pintada porque el plan de trabajo se está ejecutando, la planta de procesamiento se reacondicionó para hacer el tratamiento de uranio y se está construyendo la planta para tratar radio y arsénico. El objetivo es comenzar a destapar los tachos con residuos sólidos y tratar el agua de cantera el año que viene.
En este sentido, la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi, insistió en que los 54 empleados de Sierra Pintada están trabajando. "El complejo no está abandonado, se ha estado trabajando en esto dos últimos años. Hemos hecho el vaso cuatro, se hizo el tratamiento de lodos y afluentes del dique DN3. Se hizo vaso cinco, el dique pulmón, el dique de disposición final, el recondicionamiento de la planta de uranio en la que tuvimos que cambiar más de 100 válvulas y comenzó la construcción de la planta de radio y arsénico", puntualizó.
"El año pasado conseguimos la licencia de parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Queremos entrar en contacto con la comunidad para obtener licencia social. Retomamos el plan de comunicación con la Provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos falta terminar la planta y el sistema de riego pero si se puede a fin del año 2027 queremos empezar a tratar el agua de cantera", cerró.

El tratamiento de los residuos de uranio
La subgerente del Compejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García, explicó en detalle el proceso de tratamiento de los residuos de uranio. La primera parte se llevará adelante en la antigua planta que fue reacondicionada en los últimos meses y que ya está operativa. Allí se procesarán residuos líquidos y sólidos. Una línea tiene capacidad para tratar 20 metros cúbicos por hora.
"Por las líneas de columna de fijación vamos a absorber el uranio que está contenido en agua de cantera y en residuos sólidos. De esta manera disminuimos a menos de 100 miligramos por litro la concentración de uranio que es lo que exige el Departamento General de Irrigación", dijo García.
"Después se conduce hacia la planta de tratamiento de radio y arsénico, donde por medio del agregado de reactivos químicos disminuimos la concentración de radio y de arsénico. Recién ahí podemos hacer el vertido en acre por medio de un sistema de riego", agregó.
El acre es un área de cultivos restringidos especiales, habilitada por Departamento General de Irrigación para hacer el riego con agua tratada. "El agua que va a cumplir con los controles de calidad. Vamos a hacer los estudios en nuestros laboratorios y con Irrigación", dijo la subgerenta.

Paso a paso cómo se la remediación
El agua de cantera es el agua de lluvia y subterránea que se acumula en los huecos de la cantera y que entra en contacto con zonas mineralizadas. Uno de los objetivos es mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la cantidad de uranio, radio y arsénico.
El agua de cantera ingresa por cañerías a la planta de tratamiento donde pasa por las líneas de columnas con resinas que absorberán el uranio. Cuandos estas resinas se saturen, se las vaciará para volver a reutilizarlas y el uranio desprendido se envasará y almacenará en un sector de acopio dentro del predio.
El agua de cantera se transportará a una segunda planta para eliminar radio y arsénico. Luego se colocará en un dique de decantación para que con correr del tiempo, el agua limpia quede en la superficie y el barro en el fondo.
El agua tratada ingresa al dique decantación, con el tiempo las impurezas se van decantando y en el fondo se asienta el barro. Arriba queda el agua limpia habilitada para riego.
El dique de deposición final tiene una tecnoloóga moderna y segura para los efluentes y respeta las normas de proytección ambiental. Tiene una membrana de polietileno de alta densidad, drenaje de seguridad superior, geored de seguridad, drenaje de seguridad inferior, una segunda membrana de polietileno de alta densidad, arcilla impermeabilizante natural y capas de grava clasificada.
Una vez que se obtenga el agua tratada y sea monitoreada por los organismos de control, el Departamento General de Irrigación dispondrá su uso para el riego de un ACRE (área de cultivos restringidos especiales).
Los residuos sólidos son residuos de tratamiento de purificación del concentrado de uranio en forma de pulpa. Están dispuestos transitoriamente en tambores recubiertos de cola de mineral, que serán extraídos y transportados hacia la planta de tratamiento.
Los residos sólidos ya sin uranio serán transferidos a la segunda planta donde se los neutralizará con cal. Para gestionar los residuos sólidos, los tambores serán abiertos de forma segura mediante un dispositivo especialmente diseñado. Luego se lavarán con agua de cantera y posteriormente se realizará la disolución en la planta de tratamiento para disminuir la concentración de uranio.
El efluente de los residuos sólidos, con muy bajo contenido de uranio, será neutralizado y colocado en el dique de disposición final.
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Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: San Juan


Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.
Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.
“La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.
Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.
Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.
En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

Un escenario tóxico
Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.
La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.
Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

Veinte años de tóxicos en el agua
La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.
El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.
Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.
En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

El oxígeno y una hipótesis descartada
“Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.
Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.
Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Una sopa de químicos
Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.
“En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.
Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

Pesca sin advertencias
“Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.
No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.
En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.
Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.
En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir
“Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.
La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.
En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

Del silencio a la censura oficial
Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.
Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

Un historial de derrames
Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.
No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.
Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

Impunidad y premios para la empresa
Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.
Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).
“Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.
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Del laboratorio a la Puna salteña: buscan validar una herramienta biotecnológica para recuperar un histórico pasivo ambiental minero

Fecha de Publicación: 09/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Salta


Un equipo del CONICET La Plata estudia desde hace más de una década la antigua Mina Concordia, ubicada en Salta, cuyos residuos tienen un fuerte impacto sobre el ambiente. La investigación permitió desarrollar un bactericida natural para inhibir la biogeneración del llamado drenaje ácido de minas –agua ácida con bajos niveles de pH– y abrió nuevas líneas de trabajo orientadas a la restauración integral de sitios degradados y contaminados por emprendimientos mineros inactivos o abandonados
Comprender cómo se comportan los contaminantes en antiguos sitios mineros, evaluar su impacto ambiental, desarrollar herramientas biotecnológicas para mitigar sus efectos y restaurar sitios contaminados con metales pesados. Esos son los objetivos que persigue Josefina Plaza Cazón, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), quien estudia desde 2015 diferentes pasivos ambientales mineros (PAM) del Noroeste Argentino (NOA). Los PAM son instalaciones mineras abandonadas o inactivas que, por los residuos, emisiones y efluentes producto de sus operaciones, constituyen un riesgo permanente de contaminación que podría afectar la salud humana y el ambiente. En particular, el trabajo de Plaza Cazón se centra en el PAM “La Concordia”, un antiguo sitio de explotación minera ubicado en plena Puna salteña, a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Antonio de los Cobres, dentro del departamento Los Andes.
Conocido desde la época colonial, cuando se lo utilizaba artesanalmente para la obtención de plata, alrededor de 1900 el sitio comenzó a ser explotado intensivamente para la extracción de ese metal precioso y otros como cobre, plomo y zinc, hasta su cierre definitivo en 1986. Aunque la actividad extractiva finalizó, en el lugar aún permanecen acumulados los desechos mineros que no pudieron lixiviarse, o disolverse, durante el proceso de explotación. Estos residuos se almacenan en cuatro cavas o diques de cola, cuyos murallones fueron construidos con material del entorno a lo largo del arroyo Concordia, afluente del río San Antonio –que llega a su vez hasta el pueblo homónimo– y sus bases carecen de impermeabilización.
“Como el arroyo nace en el socavón de la mina, la acción del agua, sobre todo en épocas de lluvia –que van de diciembre a marzo–, disuelve los minerales acumulados y se produce un proceso que se conoce como drenaje ácido minero (DAM), es decir agua ácida, con bajo pH y alta concentración de metales pesados que escurre y se dispersa en el ambiente aguas abajo. Además, los suelos de la Puna son arenosos-limosos, por lo tanto, el DAM percola, o filtra, a través del perfil del suelo”, cuenta Plaza Cazón. La experta apunta que, en tiempos de sequía, otro responsable de la dispersión de los contaminantes es el viento: los minerales precipitan sobre unas sales presentes en ese sitio y se dispersan hasta puntos muy alejados al lugar de origen de la contaminación, incluso aguas arriba en dirección a los vientos predominantes.
Para conocer en profundidad las características del PAM, y evaluar y diagnosticar el grado de contaminación que presenta, el equipo dirigido por Plaza Cazón realizó una caracterización integral del sitio mediante diversos análisis fisicoquímicos del agua y de los suelos, determinando el pH y el nivel de concentración de los metales pesados presentes. Asimismo, los y las profesionales identificaron los microorganismos responsables de catalizar o acelerar las reacciones químicas que generan el DAM, y estudiaron especies vegetales nativas que crecían en la zona de influencia del PAM para determinar las estrategias fisiológicas y fitorremediadoras que utilizan para desarrollarse en condiciones ambientales tan extremas, sumado al estrés por la contaminación por metales pesados. En este último caso, para evaluar su potencial aplicación en planes de remediación y restauración de sitios contaminados por metales pesados producto del inadecuado manejo de desechos mineros.
Todo ese conocimiento generado a partir del análisis del PAM “La Concordia” fue el punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas. "Las condiciones ambientales de la Puna son muy particulares, por eso entendimos desde el comienzo que no podíamos replicar tecnologías desarrolladas en otros países, sino que debíamos generar soluciones innovadoras utilizando los propios recursos del lugar, de manera que pudieran sostenerse en el tiempo", señala la investigadora, quien junto a su grupo desarrolló un bactericida natural, basado en compuestos bioactivos de una planta nativa de la zona, que es capaz de inhibir el crecimiento de los microorganismos hierro y/o azufre oxidantes presentes en los desechos mineros, que son aquellos que catalizan las reacciones químicas de generación de DAM. El próximo paso será validar el funcionamiento de esa tecnología in situ en el PAM.
Por otra parte, en colaboración con un grupo del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE, CONICET-UNLP), el equipo de Plaza Cazón obtuvo un subsidio internacional para estudiar hongos micorrícicos –aquellos que tienen como característica establecer una relación simbiótica “mutualista”, o asociativa, con las raíces de las plantas– capaces de desarrollarse en las condiciones extremas como las de la Puna y, en particular, en suelos contaminados con metales pesados. “El objetivo es identificarlos y estudiarlos para, en un futuro, poder aplicarlos en alguna herramienta biotecnológica, ya sea como bioestimulantes o para la restauración del sitio, gracias a la capacidad que tienen de absorber contaminantes”, apunta la profesional.
El PAM se encuentra dentro del área protegida Los Andes, donde habita la Comunidad Kolla El Desierto, cuyos integrantes al igual que los pobladores de San Antonio de los Cobres, son quienes sufren directamente los efectos ambientales provocados por el antiguo emprendimiento minero. El proyecto del CINDEFI buscó involucrar a sus miembros desde el comienzo: "Las comunidades tienen derecho a conocer lo que investigamos, qué estamos haciendo con sus recursos cuando realizamos una campaña, y cuál es el estado de situación. Además, su participación y colaboración resulta fundamental para construir soluciones sostenibles en estos ambientes", afirma Plaza Cazón, quien recientemente brindó una charla ante esa comunidad a partir de la que se acordó, con el aval de su cacique, que algunos jóvenes de origen kolla que forman parte de ella y que cursan carreras universitarias vinculadas con los recursos naturales serán partícipes de las próximas campañas de muestreo a realizarse en octubre.
Nacida en Salta y graduada allí como ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Plaza Cazón fue becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y hace casi dos décadas se estableció en La Plata donde desarrolló su carrera científica en el CINDEFI. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con el territorio donde nació y que hoy constituye el eje de sus investigaciones: "Uno ama lo que conoce. La Puna es un ambiente único, con un paisaje increíble, de otro planeta, y yo veo en ese lugar una riqueza enorme de conocimiento y desarrollo. Siempre sentí que el conocimiento que generamos tenía que transformarse en soluciones concretas que tengan impacto ambiental y social en el territorio. En este caso en particular, sobre los PAM, buscando soluciones que sean aplicables y sostenibles en el tiempo", reflexiona.
Para finalizar, Plaza Cazón destaca que el caso del PAM “La Concordia” demuestra que el impacto ambiental de la actividad minera puede persistir durante décadas cuando no existe una adecuada gestión y manejo responsable en la disposición final de los residuos: “Si no se hacen las cosas bien desde el principio, los efectos sobre el paisaje son a muy largo plazo” apunta la experta, quien se entusiasma con la oportunidad de generar conocimiento y desarrollar herramientas que contribuyan tanto a mitigar o reducir el impacto ambiental de los desechos y promover la potencial restauración de los sitios degradados, como a sentar las bases para el diseño de estrategias más sostenibles para la actividad minera.
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Bahía San Antonio: los residuos de una mina cerrada hace 40 años siguen filtrándose en el mar patagónico

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Río Negro


Un análisis que cruzó 25 años de datos científicos confirmó que el plomo, el cobre y el zinc de la vieja fundición se mantienen activos en el ecosistema. Qué descubrieron sobre el impacto en la fauna local.
La minería dejó de operar en Bahía San Antonio hace más de cuatro décadas, pero el impacto de sus desechos todavía se siente. Las escorias de fundición y los residuos químicos que quedaron abandonados a la intemperie continúan liberando metales pesados hacia las marismas y el agua de mar, afectando a las especies locales.
La Bahía de San Antonio es un Área Natural Protegida ubicada en el Golfo San Matías (Patagonia, Argentina). Famosa por sus extensas playas, aguas cristalinas y un ecosistema marino único, abarca localidades como San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este.
Esta es una de las conclusiones centrales de una revisión científica realizada por investigadoras del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El equipo analizó 33 estudios de campo publicados entre 2000 y 2025 para armar el primer panorama integral sobre la contaminación metálica en la costa atlántica patagónica. Los resultados se publicaron en la revista especializada Environmental Research.

El circuito de la contaminación en la bahía
El estudio determinó que Bahía San Antonio es el único punto de toda la costa patagónica con una presencia crítica de metales de origen puramente industrial. Cada vez que llueve, el agua arrastra los componentes de los residuos mineros (es decir, el drenaje ácido) hacia las zonas bajas del ecosistema marino.
Como estos contaminantes (plomo, cobre y zinc) están en formas químicas inestables, los organismos de la zona los absorben con mucha facilidad. Las mediciones en la fauna costera muestran datos concretos:
- Cangrejos: registraron concentraciones de plomo de entre 10 y 13,2 microgramos por gramo de tejido, niveles vinculados de forma directa a la vieja fundición.
- Mejillones y vegetación: también muestran acumulación de estos metales. Si bien las plantas de las marismas retienen parte del plomo en sus raíces ayudando a frenar su avance, las autoras aclaran que este proceso natural no soluciona el problema de fondo ni reemplaza la necesidad de una remediación ambiental efectiva.

Desmitificando el daño de los metales
El trabajo también sirvió para separar los factores humanos de los naturales y derribar una creencia común en la biología costera: la idea de que a mayor cantidad de metal acumulado en un organismo, mayor es el daño biológico inmediato.
El trabajo, realizado por investigadoras del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Buenos Aires, analizó 33 estudios publicados entre 2000 y 2025 para construir el primer panorama integral sobre la presencia de metales en organismos marinos que habitan desde el Golfo San Matías hasta el Canal Beagle.
Al analizar los biomarcadores de estrés oxidativo -los indicadores bioquímicos que alertan sobre el daño en las células-, las investigadoras descubrieron que estos niveles no siempre subían ante concentraciones más altas de metal. Esto demuestra que la toxicidad real depende de múltiples factores ambientales y biológicos, y no solo de la dosis acumulada.
Por otra parte, el estudio identificó otros metales en la Patagonia que no tienen que ver con la mina:
- Cadmio: aparece en toda la cadena alimentaria, pero su origen es natural. Las corrientes provenientes de la Antártida transportan este metal disuelto, que luego es absorbido por el fitoplancton y transferido a organismos ubicados en niveles superiores de la red alimentaria.
- Mercurio: se detectó en niveles elevados en el hígado de mamíferos marinos como delfines y ballenas, un fenómeno ligado a su edad, dieta y posición al tope de la cadena alimentaria.

Unificar los datos para poder actuar
El mayor obstáculo que encontraron las científicas al revisar estos 25 años de evidencia es la falta de un criterio unificado. Los laboratorios utilizaron metodologías y formas de muestreo muy distintas a lo largo de las décadas, lo que vuelve muy difícil comparar con precisión cómo evoluciona la contaminación en el tiempo.
Hoy faltan análisis continuos en el agua de mar y un seguimiento de cómo se transfieren los metales entre especies. Por eso, el estudio concluye con una recomendación clave: instalar estaciones permanentes de monitoreo en Bahía San Antonio y unificar los protocolos de medición. Solo con datos estables y continuos se podrá gestionar el pasivo ambiental de una de las regiones costeras más importantes del país.
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Mendoza avanza con Sierra Pintada para volver a producir minería de uranio en el país

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal LetraP
Provincia/Región: Mendoza


El saneamiento ambiental se activa con apoyo de la Nación y la provincia. La meta es recuperar el abastecimiento del ciclo nuclear y atraer inversiones.
Mendoza dio un nuevo paso para reactivar la producción de uranio en Argentina con el avance de la remediación ambiental del complejo Sierra Pintada. El proyecto apunta a recuperar un recurso estratégico para el ciclo nuclear y volver a poner en marcha una actividad paralizada desde hace más de tres décadas.
El plan, que involucra a organismos nacionales, la provincia, la Comisión Nacional de Energía Atónica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y universidades, busca completar el saneamiento del histórico yacimiento de San Rafael como condición para una futura reapertura. El renovado interés mundial por la energía nuclear vuelve a colocar al uranio argentino en el radar de las inversiones y de la política energética.
Una muestra de la relevancia que adquirió el proyecto fue la recorrida oficial encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, junto a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi; autoridades de la CNEA y de la ARN, representantes académicos y directivos del sector.
"El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina tiene todo para aprovechar ese momento", afirmó Ramos Napoli durante la visita. Según el funcionario, la recuperación de Sierra Pintada forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la autonomía del país en la provisión de insumos críticos para el desarrollo nuclear.

Sierra Pintada, un activo estratégico
Considerado el mayor yacimiento de uranio conocido de la Argentina, Sierra Pintada produjo alrededor de 1600 toneladas entre 1975 y 1997, volumen equivalente a cerca del 20% de los recursos estimados del complejo. La actividad se interrumpió en la década de 1990 por la caída de los precios internacionales del mineral, que volvió inviable su explotación.
El escenario actual es distinto. El aumento de la demanda energética, la búsqueda de fuentes de bajas emisiones y la expansión de los programas nucleares en distintos países devolvieron protagonismo al uranio como recurso estratégico.
En ese contexto, recuperar la producción local adquiere una dimensión económica y geopolítica. Además de reducir la dependencia de importaciones, permitiría fortalecer la cadena de valor de la industria nuclear y abrir oportunidades para nuevas inversiones en exploración, procesamiento y provisión de insumos.
"La minería de uranio puede impulsar cadenas de valor estratégicas para la Argentina", sostuvo Ramos Napoli, quien remarcó la necesidad de construir consensos sociales que acompañen el desarrollo de la actividad.

Avanza la remediación ambiental
La prioridad del proyecto continúa siendo la remediación integral de los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación. Las tareas incluyen el tratamiento de aguas de cantera, la gestión de residuos sólidos y la adecuación de infraestructura crítica bajo estrictos estándares regulatorios.
Giomi destacó que la obtención de la licencia de parada prolongada otorgada por la ARN representó un hito para garantizar la continuidad de las tareas de saneamiento.
"Para nosotros, el sistema de gestión y el cumplimiento regulatorio son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad y la transparencia de todo el proceso", señaló la funcionaria.
Desde el plano operativo, la subgerenta del complejo, Vanesa García, explicó que el esquema contempla un tratamiento escalonado del agua proveniente de las canteras. Primero se procesa en la Planta de Uranio para reducir la concentración de contaminantes y luego pasa por la Planta de Radio y Arsénico, donde completa su depuración antes de su disposición final o reutilización controlada.
El proyecto también cuenta con auditorías externas permanentes realizadas por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Laura Lucero, integrante del equipo auditor, afirmó que los monitoreos periódicos muestran resultados dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

El desafío de la licencia social
Para las autoridades mendocinas, el proceso representa además una oportunidad para demostrar que el desarrollo de recursos estratégicos puede avanzar bajo estándares ambientales rigurosos y con una mayor articulación entre organismos públicos.
La ministra Latorre destacó que las tareas de remediación continúan ejecutándose de manera sostenida y subrayó la coordinación alcanzada entre la Nación y provincia. "Actualmente existe la coordinación que debería haber existido desde siempre", afirmó.
La construcción de la licencia social aparece como uno de los principales desafíos de la próxima etapa. Tanto la provincia como la CNEA trabajan en programas de comunicación y vinculación comunitaria para fortalecer la transparencia y la confianza pública en torno al proyecto.
Más allá del saneamiento ambiental, Sierra Pintada representa para el Gobierno una oportunidad para recuperar capacidades estratégicas en toda la cadena nuclear. Una eventual reactivación del complejo permitiría volver a producir uranio en el país, fortalecer el abastecimiento interno y ampliar la participación argentina en los mercados internacionales vinculados al sector.
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A un solo paso de que se apruebe la exploración de litio en Mendoza

Fecha de Publicación: 24/06/2026
Fuente: Diario Mendoza
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto de litio denominado "Don Luis y Otro", que abarca más de 234 mil hectáreas en los departamentos de San Rafael y Malargüe, está a un paso de obtener el visto bueno para la exploración.
El proyecto de exploración de litio denominado "Don Luis y Otro", que abarca más de 234 mil hectáreas en los departamentos de San Rafael y Malargüe, está a un paso de obtener el visto bueno definitivo. Luego de superar la instancia del Senado, la iniciativa aguarda la votación en la Cámara de Diputados de Mendoza, donde se definiría el futuro de esta búsqueda en las Salinas del Diamante.
El proyecto, impulsado por la empresa australiana Ampere Lithium y la firma mendocina El Jarillar, ya obtuvo la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el Senado provincial el pasado 26 de mayo, con 32 votos a favor y 4 en contra. El último paso que dió en la Legislatura provincial fue la exposición de funcionarios del Gobierno de Mendoza ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados durante la última semana.
El proyecto también enfrenta objeciones, desde General Alvear, concejales y grupos ambientalistas denunciaron que no se solicitó informe a esa comuna, a pesar de pertenecer a la misma cuenca hídrica del río Atuel, y solicitaron que se cumpla con la Ley N° 7722. Si la Cámara de Diputados da su aprobación, se dará luz verde a una exploración que busca determinar reservas de litio mediante técnicas de extracción directa (DLE).
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Las pepitas son ajenas

Fecha de Publicación: 01/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Multinacionales de Australia, Canadá, China, Suiza y fondos globales se llevan la parte del león del boom minero. La transición energética mundial demanda recursos que el país tiene en abundancia, pero el gobierno de Milei favorece negocios de enclave. Qué pasa con el empleo.
El empleo en la minería lleva diez meses consecutivos en baja, a pesar de que el sector atraviesa un boom exportador como no ve vio nunca antes. Las ganancias de la fabulosa expansión que está teniendo la actividad se concentran en un puñado de multinacionales, principalmente de Australia y Canadá, con participación creciente de empresas chinas y, un poco más atrás, de Suiza y fondos globales.
Cinco provincias concentraron en 2025 el 98,6 por ciento de las exportaciones mineras: Salta, con una población de 1,5 millones de personas, San Juan (850 mil), Jujuy (825 mil), Catamarca (440 mil) y Santa Cruz (340 mil). En total son 4 millones de ciudadanos, menos del 10 por ciento del total nacional.
Sin embargo, de ese universo la minería da trabajo de manera directa a solo 39.698 personas. Como se indicó al comienzo, en el último año la ocupación registró bajas constantes, acumulando un descenso del 5,3 por ciento en la comparación interanual.
Esto se debe a que los proyectos mineros van perdiendo incidencia en materia de ocupación luego de la primera etapa de construcción de las infraestructuras básicas para la explotación, que es intensiva en mano de obra. Pero sin intervención desde el Estado para generar encadenamientos con industrias y proveedores de servicios nacionales, ese impulso inicial va cediendo y se consolidan negocios de enclave con escasos ganadores.
Desde que gobierna Javier Milei, la industria perdió 104 mil puestos de trabajo, muchos más que los 40 mil que emplea la minería en su conjunto. La actividad manufacturera todavía da trabajo a 1,1 millones de personas en forma directa y a más del doble si se contabilizan los empleos indirectos, por lo cual la minería no está en condiciones de compensar ni siquiera marginalmente el retroceso del sector fabril.
En Chile, por ejemplo, la minería emplea actualmente a 211 mil personas, con explotaciones mucho más desarrolladas.

El boom
El cambio en las condiciones internacionales es el gran disparador del boom minero en la Argentina. “La transición energética convirtió al litio y al cobre en el petróleo del siglo XXI”, describe, por ejemplo, un documento del Grupo Atenas, que conducen Silvina Batakis y Martín Pollera, que aporta planes de desarrollo para un eventual gobierno peronista.
“Argentina tiene los recursos que el mundo necesita con urgencia: litio y cobre en cantidades extraordinarias, en un momento en que Estados Unidos, Europa y China compiten por asegurar suministro. Eso le da al Gobierno una palanca de negociación como no existió en ningún otro momento histórico. Pero Milei la dilapidó: firmó contratos con el RIGI con estabilidad fiscal por 30 años, sin contenido local exigible, exactamente cuando más poder de negociación tenía el país. El resultado es predecible: exportaciones récord con empleo cayendo”, describe Pollera.
Las exportaciones totalizaron 4.633 millones de dólares en 2024, subieron a 6.037 millones en 2025 y en lo que va del 2026 aumentan al 81 por ciento (ya van 2.409 millones en el primer trimestre), por lo que se estima que el total anual alcanzará a 9.000 millones de dólares. De acuerdo a proyecciones privadas y de la Secretaría de Energía, para 2030 se esperan exportaciones por 18.600 millones y para 2033, entre 23.800 y 25.000 millones.
“La minería ofrece una oportunidad para diversificar la matriz exportadora. Petróleo, gas y minería habilitan desarrollos en la región cordillerana, que históricamente no ha tenido las ventajas comparativas del agro para insertarse en el comercio internacional”, explica Víctor Delbuono, especialista de Fundar.
“En términos macro, esos sectores generan una inyección de divisas muy importante, que puede ayudar a resolver la restricción externa, la cual ha dificultado una y otra vez la estabilidad en la Argentina”, agrega. Un factor clave es que esos sectores tienen menos estacionalidad que el agro y dependen mucho menos de factores climáticos. Además, pueden aportan divisas en el último cuatrimestre del año, cuando disminuyen las liquidaciones del complejo agrícola.

RIGI
El modelo para la minería del gobierno libertario se expresa con claridad en las condiciones del RIGI, que ofrece beneficios notables para las multinacionales en materia impositiva, de aranceles, de importaciones y de disponibilidad de divisas, sin pedir nada a cambio para favorecer el desarrollo local.
“Argentina está transfiriendo renta extraordinaria al exterior de manera innecesaria”, protesta Pollera. En Chile, por ejemplo, la tributación efectiva sobre el margen de explotación es del 13 por ciento, mientras que en Argentina las multinacionales pagan regalías por el 3,5 por ciento en boca de pozo, con volúmenes de producción que las empresas informan por declaración jurada, y tributan a partir de sus propias mediciones.
“En Argentina se sigue la lógica liberal clásica. En pocas palabras, baja intervención estatal, régimen de regalías acotado, sin condicionalidades de contenido local ni industrialización aguas abajo. El RIGI de Milei fortalece esa lógica”, señala el experto del Grupo Atenas.
“Para comprenderlo fácilmente -agrega-, la Argentina participa en el primer eslabón de la cadena de valor, la extracción, y resigna todo el valor agregado que se genera en el procesamiento, fabricación de componentes y baterías, que se hace en Asia principalmente”, advierte.
Por ejemplo, en la cadena de valor de las baterías de litio, la extracción representa menos del 7 por ciento del valor final del producto. El 93 por ciento restante se queda afuera.

Proyectos y propuestas
Las exportaciones mineras de 2025 estuvieron concentradas en oro, con el 68 por ciento, seguidas por litio y plata, con 16 y 15 por ciento de participación, respectivamente.
En el RIGI hay aprobados hasta ahora 16 proyectos, de los cuales 9 son mineros, con inversiones comprometidas por 30 mil millones de dólares. Tres son de litio en Salta, Catamarca y Jujuy, dos son de oro y plata en Salta y San Juan, uno es de oro en esta última provincia, lo mismo que dos grandes proyectos para la explotación de cobre, y finalmente hay uno de cobre en Mendoza.
Las empresas involucradas son gigantes como Rio Tinto (conglomerado inglés y australiano), McEwen Mining (de Canadá), Lundin/BHP (de Canadá y Australia), Galan Lithium (Australia), AISA Group (capitales españoles), Barrick Gold (Canadá), Shandong Gold (China), AbraSilver Resource Corp (Canadá), Zonda Metals GmbH (Suiza), Lithium Americas (Canadá) y Ganfeng Lithium (China).
“No proponemos estatizar ni cerrar la minería, ni tampoco revertir lo que ya está firmado. Los contratos RIGI vigentes tienen estabilidad jurídica por 30 años y avanzar sobre ellos unilateralmente implicaría arbitrajes internacionales que Argentina históricamente pierde”, analiza Pollera.
Pero explica cómo empezar a revertir la política libertaria en caso de que el peronismo vuelva al poder.
“Lo que sí es posible —y urgente— son cinco instrumentos concretos aplicables desde el día uno, orientados a los proyectos que todavía no se firmaron. Y los más grandes todavía no firmaron: los proyectos de cobre, con más de 25.000 millones de dólares inversión agregada, todavía no están operativos. No se exporta cobre desde 2018. Hay una ventana de oportunidad, pero se cierra pronto", analiza.
Los puntos que propone el Grupo Atenas para una minería con agregado de valor pasan por la firma de un Pacto Federal Minero, por el cual las provincias cedan pisos comunes de condicionalidades a cambio de infraestructura nacional, que solas no pueden conseguir. Los recursos, desde la reforma constitucional de 1994, pertenecen a las provincias, aclara Pollera.
También plantea un esquema de condicionalidades para las empresas que escalan con el tiempo, para lograr industrialización local, así como mayores controles sobre los volúmenes de producción y montos de tributación progresivos.
El gobierno de Milei, en cambio, sigue con el programa que más favorece a las multinacionales del sector.
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Alertan sobre la sequía y contaminación en Laguna de Pozuelos

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Jujuy Al Momento
Provincia/Región: Jujuy


En el marco del Día de la Minería, comunidades indígenas realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua, recurso que consideran está siendo agotado por los proyectos extractivos.
Este jueves 7 de mayo se recordó el Día de la Minería. En la Puna jujeña, lejos de haber celebración, comunidades originarias realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua. 
 Kuntur Vargas, docente y comunicador indígena, conversó con Radio 2 e hizo referencia a la problemática poniendo especial foco en la Laguna de Pozuelos (Rinconada).
Enfatizó en que presenta niveles de sequía inéditos para esta época del año.
“ En pleno mayo, la laguna muestra un aspecto seco que habitualmente solo se veía en los meses de sequía extrema, de septiembre a noviembre ”, señaló.
Dijo que se ha observado un comportamiento inusual en aves como la parina o la guayata, que están abandonando la laguna para buscar agua en otras regiones, lo que indica una ruptura en su ciclo natural.
Desde la perspectiva de los pueblos originarios, el uso intensivo de agua por parte de la minería (Mina Chinchillas, Aguilar y, especialmente, el litio en Susques) afecta a toda la región. “En comunidades como El Cóndor, donde antes bastaba con recoger agua de superficie, ahora los pobladores deben excavar hasta un metro para encontrarla, y en los meses secos el recurso desaparece por completo”, alertó.
Vargas sostiene que las consultoras presentan estudios genéricos que minimizan el daño real y aseguran que no habrá modificaciones en el ecosistema, algo que la realidad contradice.
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Santa Cruz descarta proyectos mineros en zonas glaciares: la medida reafirma su política ambiental

Fecha de Publicación: 01/05/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Santa Cruz


El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó que la provincia cuenta con una legislación propia pionera que garantiza la protección de los recursos naturales. Aseguró que no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos en cercanía de glaciares.  
El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, reafirmó su compromiso con la preservación de los recursos naturales y llevó tranquilidad a la comunidad ante el reciente fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia. 
En ese marco, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, brindó declaraciones a LU14 Radio Provincia, donde sostuvo que la decisión judicial “sorprende”, aunque remarcó que «Santa Cruz cuenta con normativa propia que resguarda el ambiente y ordena el desarrollo productivo«. 
Álvarez explicó que la provincia posee desde el año 2009 la Ley N° 3.105 de zonificación minera, una herramienta que incluso es previa a la Ley Nacional de Glaciares y que establece claramente las áreas donde pueden desarrollarse proyectos. “Santa Cruz ha sido pionera en este tipo de legislación, contemplando no solo glaciares y nacientes de ríos, sino también bosques nativos”, señaló. 

Santa Cruz preserva sus recursos naturales 
En ese sentido, el funcionario subrayó que no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos en cercanía de glaciares, y que la planificación territorial vigente garantiza el resguardo de estos ecosistemas. “Bajo ningún concepto la provincia va a ir en contra de la preservación de sus recursos naturales, que son fundamentales para las futuras generaciones”, afirmó. 
Asimismo, indicó que la reciente modificación de la Ley de Glaciares, sancionada a nivel nacional, otorga mayores facultades a las provincias, en línea con lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales. 
En otro pasaje, Álvarez fue categórico al señalar que el fallo no genera impedimentos para el desarrollo de la actividad productiva en Santa Cruz, dado que la provincia mantiene un esquema de ordenamiento territorial que excluye zonas sensibles. 
Finalmente, el ministro destacó que desde el Gobierno Provincial se trabaja con una mirada integral que equilibra producción y cuidado ambiental. “Santa Cruz no va a perjudicar sus recursos naturales, como el agua, que es vital en una región como la nuestra. Existe una política clara de protección y desarrollo responsable”, concluyó. 
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Vecinos de Villa Allende denuncian el cierre de acceso a un arroyo por minera

Fecha de Publicación: 25/04/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Córdoba


La situación fue reportada por residentes de Villa Allende, quienes viralizaron un video mostrando el bloqueo del acceso a un arroyo, utilizado por la comunidad y turistas.
Un grupo de vecinos de Villa Allende ha denunciado que una minera ha cerrado el acceso a un arroyo local, generando un gran revuelo en las redes sociales tras la difusión de un video grabado por un habitante de la zona.
De acuerdo a la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, los residentes afirman que la cantera El Gran Ombú ha alterado la ubicación de uno de sus portones, lo que ha resultado en el bloqueo del acceso a un arroyo en la región.
El video que ha circulado en las redes muestra un cierre en el camino que conducía al curso de agua. Según los denunciantes, el portón ha sido desplazado, lo que imposibilita el ingreso a un área que tradicionalmente era utilizada tanto por los vecinos como por turistas que visitan las Sierras Chicas.
Los habitantes de la ciudad han expresado su descontento y preocupación, resaltando que el camino existía desde hacía varios años y permitía el acceso al arroyo sin necesidad de atravesar terrenos privados o restringidos.
La situación ha provocado enojo en la comunidad, ya que se trata de un espacio natural muy apreciado por los residentes. El video revela que el portón se encuentra ahora en un tramo que anteriormente estaba libre, cerrando así el paso hacia el arroyo.
Por otro lado, se ha informado que desde hace tiempo, tanto vecinos como organizaciones ambientales han cuestionado el avance de la explotación minera en áreas cercanas a bosques nativos, reservas y cursos de agua. Han surgido denuncias sobre el posible cierre de caminos históricos, y los habitantes advierten que la expansión de la cantera podría tener un impacto negativo en zonas de alto valor ambiental.
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Amparo contra la minería en Palma Sola

Fecha de Publicación: 24/04/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La acción es contra el Estado de Jujuy y la empresa Mom Mining, que explota cobre en las Serranías de Santa Bárbara. Los habitantes de Palma Sola aseguran que hubo irregularidades en el proceso de autorización de la mina, que el proyecto se emplaza en una zona de bosque nativo protegido y que nunca fueron consultados ni informados del emprendimiento. 
El 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, un grupo de vecinas y vecinos de la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara de la provincia de Jujuy, presentó una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado provincial jujeño por “las graves irregularidades en la autorización del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, de la empresa Mom Mining SRL (MOM), de capitales jujeños, contra la que también va el amparo.
La acción, ante el Juzgado Ambiental de Jujuy, es impulsada por 13 vecinos y vecinas pertenecientes a distintos sectores: campesinado, docentes, trabajadores de la salud, comerciantes y jubilados. Todos coinciden en que dependen del bosque, el agua y la tierra para su vida, su cultura y su subsistencia.
Todos estos bienes serían afectados por el proyecto minero, que se ubica en una zona de alta biodiversidad y bosques nativos protegidos, en los que “ya se han constatado desmontes, daños a cursos de agua y afectación de especies en peligro, con impactos actuales y potencialmente irreversibles”.
Además de la afectación ambiental, vecinos y vecinas denunciaron que “las autorizaciones fueron otorgadas con graves irregularidades, sin participación ciudadana real, sin audiencias públicas y con información incompleta o desactualizada”.
Asimismo, en el amparo, con representación de las abogadas Samanta Jimena Delgado y María José Castillo, se planteó la inconstitucionalidad de los decretos 5772/2010 (de reglamentación de la ley general de ambiente de Jujuy) y 7551/2023 (que derogó al primero) “por limitar el acceso a la información y la participación en decisiones ambientales”.
El amparo sostiene además que "la naturaleza debe ser reconocida como sujeto de derechos, lo que implica su protección integral frente a actividades que la destruyen". Y solicita como medida urgente, cautelar, la "suspensión inmediata del proyecto, la prohibición de desmontes y la protección efectiva del ambiente“.
La acción judicial fue el resultado de un largo proceso iniciado a finales de 2025, cuando los habitantes de Palma Sola advirtieron que se estaba instalando una planta de lavado de minerales en el barrio Agua Negra de ese pueblo. La preocupación por la posibilidad de que las sustancias químicas que se usan para la lixiviación afectara su salud les llevó a indagar más y así se enteraron de que desde 2013 estaba en marcha un proyecto minero en su propio territorio, contó a Salta/12 Vanesa Méndez, una de las amparistas.
Vanesa dijo que hasta entonces creían que era una ripiera. En 2020 comenzaron a ver camiones cargados con lo que creían que era ripio, pero después supieron que “era roca que llevaban a Chile para lavarla”.
Vanesa resumió en una frase la cuestión central sobre la explotación minera: “Nosotros no recibimos ningún beneficio y nos perjudica”.
El proyecto minero se encuentra a unos 25 kilómetros de Palma Sola, en las Serranías de Santa Bárbara, un cerro sagrado para los palmasoleños, porque de él se nutren de agua. A su pie, en el paraje Siete Aguas, hay una comunidad criolla dedicada a la cría de animales y la agricultura.

“Ese cerro nos da la vida”
Después de varios reclamos, en diciembre del año pasado directivos de Mom Mining participaron de dos reuniones en el Consorcio de Riego. Varios vecinos y vecinas mostraron su bronca.
“No metan mano en ese cerro porque es el que nos da la vida. La fuente de trabajo está generada por ese cerro que nos da el agua, que nos da la vida”, sostuvo una vecina que también tuvo reproches para el jefe comunal, Francisco Baquera, que había hablado de beneficios a través de las regalías: “No necesitamos regalías”, concluyó la vecina tras mencionar los dones del cerro, que permite el trabajo y el sustento.
Méndez dijo que los directivos afirmaron que estaba todo en regla y que iban a dar trabajo en la zona.
Ante la insistencia de las vecinas y vecinos el municipio constituyó una Mesa del Cobre, en cuyo marco hubo nuevas reuniones con directivos de la minera, de las que participaron funcionarios de las áreas de Minería y Ambiente de la provincia. Finalmente, la empresa desistió de instalar su planta de lavado en el barrio Agua Negra. Pero ya la atención se había fijado también en la mina. 
“(Los directivos de MOM) dijeron que venían a ayudarnos, que querían ser buenos vecinos”, contó Vanesa antes de señalar que rápidamente surgieron contradicciones. Mencionó dos: los representantes de la firma aseguraron que no iban a usar ácido sulfúrico pero en un escrito que les entregó la misma empresa afirma que los minerales serán lavados con esta sustancia química; los directivos dijeron que el emprendimiento iba a generar 162 puestos de trabajo, pero en el escrito se habla de solo 16.
La búsqueda de información y su difusión se topó con otras barreras. El único medio de comunicación local, la radio, es del municipio y al principio negó a los vecinos la posibilidad de hablar en ella. Entonces recurrieron a la vieja práctica de la visita casa por casa, así reunieron más de mil firmas en un escrito en el que reclamaron que les dieran explicaciones sobre el proyecto minero.

Un proceso irregular
Después de mucho andar, las vecinas y vecinos pudieron acceder al expediente administrativo del proyecto minero, y advirtieron irregularidades en el procedimiento de evaluación ambiental, sostiene el amparo.
La presentación judicial asegura que las resoluciones administrativas 125/2021 y 89/2024, de la Dirección Provincial de Minería, que autorizan la puesta en marcha del proyecto Martín Bronce, “son contrarias al régimen de protección del bosque nativo y han sido dictadas sin cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana exigidos por la normativa ambiental", por lo que pidieron “se dicte la nulidad absoluta e insanable” de ambas resoluciones y de las demás decisiones administrativas derivadas de ellas.
Sobre el pedido de que se dicte una medida de no innovar, en el amparo se destaca que ya el “daño ambiental resulta notorio, y el peligro de su agravamiento y profundización es actual e inminente, en razón de las actividades extractivas que se llevan adelante en el marco del proyecto”.
Es que esas actividades se desarrollan “en una zona boscosa de particular fragilidad ecológica”, lo que surge de los propios informes de impacto ambiental presentados por la empresa y que “ha sido expresamente reconocida por la provincia de Jujuy al aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que categoriza las áreas involucradas como de alto y mediano valor de conservación (categorías I y II)”.
Asimismo, en el amparo se advierte que “resulta imperiosa la adopción de medidas de protección reforzada en favor de los amparistas, en atención a su condición de población en situación de vulnerabilidad” porque residen “en proximidad inmediata al emprendimiento minero cuestionado, circunstancia que los expone de manera directa a los riesgos e impactos ambientales derivados de dicha actividad”.
Se señala también que el Acuerdo de Escazú, adoptado por el país, “impone a los Estados la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa del ambiente, adoptando medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar amenazas, hostigamientos o cualquier tipo de riesgo en su contra”. Como confirmando esta aseveración, anteayer el conductor de una camioneta de la minera chocó al marido de una de las amparistas. Si bien el hombre está fuera de peligro, el hecho será denunciado en el Juzgado Ambiental.

Un proyecto en expansión
En el amparo se afirma además que el proyecto de explotación a cielo abierto de cobre “pretendía en un primer momento abarcar 27 has, con explotación directa de 8 has”. El informe de impacto ambiental se hizo sobre esta propuesta original.
Pero “el área efectivamente intervenida se ha ampliado de manera notoria, alcanzando actualmente miles de hectáreas y localizándose en zonas categorizadas como roja y amarilla" en el OTBN.
Además, el proyecto obtuvo factibilidad “únicamente respecto de 2,7 hectáreas, lo que evidencia una significativa discrepancia entre lo autorizado y lo ejecutado".
Y en ninguna de las etapas de aprobación se garantizó el “acceso previo a la información, ni se promovieron mecanismos efectivos de consulta y participación, tales como la realización de audiencias públicas”. Además, el proyecto se sitúa en una zona de bosque nativo de alto y mediano valor de conservación.
Los amparistas afirman que en este marco, estas actividades extractivas “configuran, en rigor, un supuesto de ilegalidad, en tanto se ejecutan en abierta contradicción con las limitaciones y prohibiciones establecidas para la protección de dichos bosques nativos”. En efecto, el artículo 14 de la ley 26.331 establece que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo ) y II (amarillo)”.
Esta región fitogeográfica próxima al ecosistema de las Yungas integra el Gran Chaco, de elevada biodiversidad. En el amparo se afirma que el “área involucrada constituye uno de los últimos remanentes de bosque nativo que aseguran la conectividad ecológica entre las Yungas" y la ecorregión chaqueña.
El área alberga “una notable diversidad de flora y fauna representativa”, y también “reviste una importancia estratégica para la protección de cuencas hídricas”.
En su portal web, el grupo Mom Mining se presenta como “una empresa minera jujeña enfocada en el desarrollo, exploración, potenciación y operación de proyectos mineros" e informa que surgió en 2020 para “la puesta en marcha de la Mina Martín Bronce”.
La firma detalla que forma parte del Grupo Villanueva, constituido por las empresas Villanueva e Hijos, Valerza, Briomodo, Imanta, Propay y Villanueva Servicios Mineros, y que actualmente “cuenta con tres proyectos mineros radicados en la provincia de Jujuy: Martín Bronce, La Auxiliadora y Lupe”. Estos dos últimos son yacimientos de oro aluvional. Además, generó “un Joint Venture (una asociación temporal) con la Planta Serranías ubicada en Iquique", Chile.
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Minería solicitó un nuevo informe de Impacto Ambiental para la reactivación de Alumbrera

Fecha de Publicación: 22/04/2026
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El pasado viernes, en las instalaciones del club Racing de Andalgalá, se llevó a cabo la 9na Audiencia Pública de actualización del Informe de Impacto Ambiental etapa de explotación del proyecto minero Bajo La Alumbrera.
La audiencia contó con la participación de más de 300 vecinos de Andalgalá, equipo técnico de la Municipalidad de Andalgalá, del Concejo Deliberante, del Ministerio de Minería, del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, asambleas ciudadanas, representantes de la Cámara de Proveedores, autoridades de la empresa a cargo del proyecto, entre otras.
Tras escuchar todas las voces de los presentes, en una audiencia que duró 11 horas, el Ministerio de Minería ordenó la realización de un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA) a la empresa. Esta decisión se estableció dadas las observaciones fundadas del Equipo Técnico del Municipio de Andalgalá y miembros de la comunidad, atendiendo a la rigurosidad que debe tener un Informe de Impacto Ambiental y mediante la escucha activa a los vecinos. Al respecto, la ministra de Minería, Teresita Regalado, cerró la audiencia sosteniendo que “la empresa minera debe presentar una nueva versión del informe de impacto ambiental con todas las observaciones que realizó el equipo técnico del municipio”.
Argumentó que “es nuestro proceder (como Ministerio de Minería) que cuando hay más del 50% de cambios y observaciones, hay que realizar un nuevo informe que considere todas esas observaciones”. Ahora, la empresa deberá presentar un nuevo informe ante la sociedad andalgalense en un plazo que estipula el Ministerio de Minería según la normativa vigente.
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Gobierno no autorizó el proyecto Sofía Gold

Fecha de Publicación: 13/04/2026
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Catamarca


El Gobierno de Catamarca resolvió no autorizar el desarrollo del proyecto minero Sofía Gold, ubicado en el departamento Santa María, a pesar de que la iniciativa cuenta con una concesión vigente.
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Minería provincial, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, organismo que depende del área de Desarrollo Minero y comunicado al gobernador Raúl Jalil durante una reunión en Casa de Gobierno. La medida se adoptó luego de evaluar las características del área y considerar los planteos expresados por la comunidad local.
Según informaron, la zona presenta una alta sensibilidad social, además de albergar recursos naturales de particular valor y evidencias de intervenciones antrópicas previas, factores que fueron determinantes en el análisis.
En este sentido, las autoridades recordaron que la posesión de una concesión minera no implica una habilitación automática para iniciar actividades. Para ello, las empresas deben presentar los correspondientes informes de impacto ambiental y atravesar los procesos de evaluación establecidos por la normativa vigente.
No obstante, en este caso específico, se resolvió no autorizar ningún tipo de intervención, ni siquiera aquellas de carácter prospectivo y no invasivo.
De este modo, el proyecto queda sin posibilidad de ejecución en las condiciones actuales, priorizando la protección ambiental y las demandas sociales por sobre el desarrollo de la actividad minera en la zona. Asimismo, el concesionario ha desistido de realizar actividades ya que no es viable la región.
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