El impacto de la minería de sílice transforma el frágil ecosistema del Delta entrerriano


La creciente demanda de arena de sílice utilizada para la técnica de hidrofractura en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta está provocando severas alteraciones ambientales en las islas y humedales de Ibicuy, movilizando a asambleas vecinales y científicos ante la degradación del suelo y el agua.

La expansión productiva del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, situado en la Patagonia, ha consolidado de manera indirecta un fenómeno de extractivismo minero en el litoral argentino, con consecuencias ambientales sumamente alarmantes para la provincia de Entre Ríos. Las operaciones de fracking en el sur del país requieren volúmenes monumentales de arenas silíceas de alta calidad para actuar como agentes de sostén en los pozos de perforación. El departamento de Islas del Ibicuy, caracterizado por su delicado sistema de humedales pertenecientes al macrosistema del Delta del Paraná, se ha convertido en el principal epicentro de extracción de este insumo. Este proceso ha desatado una profunda preocupación en la comunidad local, la comunidad científica y los colectivos socioambientales, quienes denuncian que la velocidad y la escala de la minería a cielo abierto en la región están destruyendo la biodiversidad, alterando los cursos de agua dulce y transformando de forma irreversible un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático y la recarga de los acuíferos subterráneos.

Alteración hidrológica y el impacto en las napas freáticas
El principal foco de conflicto técnico y ambiental radica en el proceso de lavado y clasificación de las arenas dentro de las plantas mineras instaladas en el corazón del humedal. Para remover las impurezas y seleccionar el grano de sílice adecuado, las empresas extraen diariamente millones de litros de agua dulce provenientes de las napas superficiales y de los cursos superficiales del Delta. Los geólogos y técnicos locales advierten que este consumo desmedido e intensivo está provocando una depresión evidente en los niveles de agua subterránea, lo que afecta directamente el suministro de agua potable para las poblaciones rurales y compromete la supervivencia de la vegetación nativa que depende de la humedad constante del suelo. Además, existen denuncias reiteradas sobre el vuelco de aguas residuales cargadas de sedimentos finos y posibles floculantes químicos sin el debido tratamiento, lo que altera la turbidez de los ríos y daña los hábitats de reproducción de las especies ícticas autóctonas.

Para comprender la magnitud de la problemática en el territorio entrerriano, los especialistas sugieren desglosar los impactos socioambientales en los siguientes puntos críticos:
- Destrucción de la capa vegetal y del suelo orgánico: Las tareas de desmonte previas a la excavación eliminan los pastizales y bosques nativos, dejando el suelo expuesto a procesos de erosión eólica e hídrica acelerados.
- Contaminación acústica y atmosférica: El tránsito incesante de camiones de gran porte para el transporte de la arena genera densas nubes de polvo en suspensión que afectan la salud respiratoria de los vecinos y alteran la fauna local.
- Pérdida de servicios ecosistémicos: La degradación del humedal disminuye su capacidad natural para amortiguar inundaciones, regular las temperaturas locales y actuar como sumidero de carbono.

Conflictos regulatorios y la demanda de controles estatales rigurosos
La situación en Ibicuy ha expuesto las debilidades institucionales en materia de control ambiental y la compleja tensión existente entre el desarrollo energético nacional y la preservación ecológica provincial. Si bien la actividad minera genera puestos de empleo locales y dinamiza ciertos sectores económicos de la región, las asambleas vecinales y las organizaciones no gubernamentales sostienen que las evaluaciones de impacto ambiental presentadas por las empresas subestiman el daño acumulativo a largo plazo. Los habitantes exigen que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos implemente auditorías independientes, limite la entrega de nuevas concesiones mineras y aplique de forma estricta la normativa vigente sobre la protección de los humedales. La falta de un marco regulatorio nacional unificado para estos ecosistemas agrava el escenario, permitiendo que las fronteras extractivas avancen sobre territorios hidrológicamente vulnerables sin una planificación territorial adecuada que resguarde los recursos naturales de las futuras generaciones.

El costo ambiental oculto de la transición energética
Este conflicto pone de manifiesto una contradicción estructural dentro de las políticas de desarrollo económico y energético del país. Mientras que a nivel nacional se celebra el incremento en los niveles de producción de gas y petróleo en Vaca Muerta como un paso hacia la autosuficiencia energética, los costos ambientales de esa explotación se trasladan de forma invisible a miles de kilómetros de distancia, afectando los sistemas hídricos del litoral. Científicos y docentes especializados en ecología política insisten en que no se puede analizar el impacto de los combustibles fósiles únicamente en el punto de perforación, sino que es indispensable evaluar toda la cadena de suministros asociada. La pérdida de los humedales de Ibicuy, esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático de la región pampeana y mesopotámica, representa un pasivo ambiental de magnitudes incalculables que obliga a repensar con urgencia la sustentabilidad real del modelo extractivo argentino.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes originales consultadas: Diario El Argentino de Gualeguaychú, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Foro Ecologista de Paraná
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Crece la tensión en Jujuy por el avance de proyectos mineros en la Reserva de Biósfera Laguna de Pozuelos


La expansión de la minería metalífera en el norte de Jujuy ha encendido las alarmas de comunidades locales y organizaciones ambientales debido al avance de diversos proyectos en las inmediaciones de la Reserva de Biósfera Laguna de Pozuelos. Esta área protegida, clave para la biodiversidad de la Puna, se encuentra bajo la presión de corporaciones multinacionales provenientes de Canadá, el Reino Unido y Argentina, las cuales enfocan sus actividades en la explotación y exploración de oro y plata. Entre los principales actores implicados destacan las firmas SSR Mining, Ajax Resources y Espíritu de los Andes.  
El conflicto central radica en el enorme peso económico de estas operaciones frente al potencial impacto ecológico en la región. Como ejemplo de la magnitud del negocio, la mina operada por SSR Mining reportó la producción de 1,74 millones de onzas de plata solo en el primer trimestre de 2026, lo que generó ingresos cercanos a los 179 millones de dólares. Pese al rédito financiero, la comunidad científica insiste en la necesidad urgente de profundizar los estudios ambientales. Expertos advierten que se requieren análisis exhaustivos sobre la acumulación de metales pesados en sedimentos y organismos, contemplando las marcadas diferencias estacionales de la Puna, para medir con precisión las consecuencias ecológicas a largo plazo.  
Por su parte, referentes de las comunidades originarias y habitantes de la zona han intensificado sus reclamos por la falta de transparencia en los mecanismos de consulta y la falta de acceso a la información. Denuncian que existen alrededor de 175 pedimentos y proyectos mineros proyectados en los cerros que rodean la laguna de Pozuelos. Mientras la provincia avanza en la evaluación y autorización de nuevas actuaciones vinculadas a proyectos como Eureka Sur y Catalina II, las poblaciones locales exigen un rol más activo en los monitoreos ambientales, desafiando la premisa gubernamental de que la actividad es perfectamente compatible con las categorías de conservación de la reserva.  


Fecha de Publicación: 01/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal EconomíaSustentable, Portal Crónica del NOA
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La minera Livent secó un río en Catamarca y quedó impune mientras se multiplican permisos para explotar en la zona

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal  EconomiSustentable
Provincia/Región: Catamarca 


El litio es un metal muy ligero, de color blanco plata, que guarda una característica que lo vuelve muy codiciado para la industria: su capacidad de almacenar mucha electricidad por más tiempo, con el plus de brindar una carga rápida. Esto lo convirtió en un componente indispensable de celulares, computadoras y muchos otros dispositivos portátiles. En especial, de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. De ahí que muchos lo consideran un aliado de la llamada “transición energética”.
A medida que su demanda creció, el interés mundial comenzó a concentrarse en el Triángulo del Litio, la región que comparten Bolivia, Argentina y Chile y que alberga las mayores reservas conocidas de este mineral.
En nuestro país, el debate sobre el potencial de su explotación para impulsar la economía lleva más de una década. Al día de hoy, el Gobierno celebra que los proyectos acogidos al RIGI acumulen más de US$6.300 millones en inversiones comprometidas para Catamarca, Salta y Jujuy, presentando esos montos como sinónimo de desarrollo, aunque la realidad sea mucho más compleja.
Economía Sustentable habló con vecinos de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, donde desde 1997 funciona el primer proyecto de extracción de litio del país, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. A partir de sus relatos, reconstruimos los impactos que la actividad tiene sobre las comunidades y el ambiente. Son historias que reflejan lo que Melisa Argento y Bruno Fornillo describen como un “colonialismo minero, hídrico y energético que crea o recrea cuerpos-territorios de sacrificio”, según plantean en el libro Todo sobre el litio, recientemente publicado por la Editorial Siglo XXI.

La minera, el río que hicieron desaparecer y el progreso ¿para cuándo?
A fines de 1997, Minera del Altiplano S.A (que a través de los años pasará a llamarse Livent; Arcadium Lithium y, actualmente, Río Tinto) inauguró el proyecto Fénix sobre el Salar del Hombre Muerto. Instalaron una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas para exportar a sus plantas matrices en Estados Unidos y China. Desde entonces, se utilizan un promedio de 650.000 metros cúbicos de agua por hora, todos los días, en una región donde el balance hídrico natural ya es negativo de por sí.
Porque el proyecto funciona en un ecosistema muy delicado: un humedal altoandino a 4000 metros sobre el nivel del mar (CABA está a 25 msnm); ocupado por el salar, varias lagunas salinas y extensos y bellos terrenos bajos inundables y muy fértiles (llamados vegas). Por sobre todo, es el hogar del pueblo kolla-atacameño, que cría ovejas y llamas y produce lanas y tejidos.
En este ambiente, la minería significó una presión extra inmensa y, por eso, “Con Livent empezaron los problemas”, recuerda Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Atacameña del Altiplano del Salar del Hombre Muerto. “Secaron el río Trapiche y 11 km de vega por desviación de aguas”.
Ante esta tragedia evitable, el pueblo presentó un amparo que salió a favor pero que, un año después, la Justicia revocó. Es decir que si bien la Corte Suprema de Catamarca constató el daño y frenó la expansión de la empresa hacia el arroyo Los Patos, en marzo de este año dio marcha atrás. De manera que permitió al Gobierno retomar la entrega de permisos mineros.
Perder el río Trapiche fue el primer impacto que sufrieron los atacameños, pero no el único. Como relata para Agencia Tierra Viva Camilo Condorí, otro de los vecinos afectados, a quien le instalaron la planta a unos 1000 metros de su casa, le cortaron sus tierras a la mitad con un camino minero y le pusieron candado a la tranquera que conecta con la casa de su familia. Al final, Camilo terminó teniendo que pedirle permiso a la empresa para visitar a su madre.
“Pedimos ser escuchados y respetados pero estamos peor porque cada vez hay más vehículos, más movimiento de caminos, más movimientos de los brazos de los ríos que se desvían para conveniencia de ellos”, lamenta Mamani. “Y a pesar de todo lo que sufrimos, no hay una retribución al pueblo. Se han hecho pequeñas cosas pero nada real para las futuras generaciones”.
Por su parte, Argento suma como ejemplo que “las empresas cuentan con mega obras de infraestructuras como un gasoducto desde las plantas en medio del salar y hasta la provincia de Salta, mientras las comunidades indígenas que habitan en el territorio no disponen de gas natural”.
Después de tres décadas, todo indica que la calidad de vida del pueblo no mejoró: el hospital local está sin terminar, hay una planta fotovoltaica en desuso, los servicios básicos son impagables, no hay para calefaccionarse en el invierno, ni suficiente comida en las escuelas.
Aunque desde el sitio de Catamarca Minera anuncian que “la consulta y la participación pública de las comunidades demuestran transparencia y veracidad en la actividad”, Mamani manifiesta que: “Estos últimos años el gobierno ha hecho entregas sin conciencia, sin hablar con la comunidad, sobre todo en el Salar del Hombre Muerto y un poco más allá donde van a explotar ahora oro, cobre y plata”.
Y Argento confirma que “el avance de la minería de litio ha sido acelerado y que ya hay 8 proyectos en distintas etapas, entre los límites de Catamarca y Salta. ¿Qué se puede esperar a futuro?

Una actividad que exporta ganancias y reproduce desigualdad: ¿un nuevo colonialismo minero?
En conversación con Economía Sustentable, la politóloga Melisa Argento amplía la visión y resalta que, en sus inicios, el proyecto Fénix se dio a la par que la minería metálica con voladura de montaña en La Alumbrera, “configurando un perfil provincial minero cuyos resultados están a la vista”. En la actualidad, a pesar que la minería genera 20% del empleo privado registrado, “Catamarca es una de las provincias más pobres del país”.
Esto ocurre porque “el marco normativo nacional y la ingeniería jurídica internacional garantizan todos los márgenes de ganancia y autonomía a las grandes corporaciones”, explica la especialista. Y agrega “El extractivismo del litio en nuestro país se sustenta bajo slogans y expectativas en torno a la “transición energética” pero, en realidad, profundiza nuestro lugar subordinado y dependiente”
De esta manera, lo que ocurre en el Salar del Hombre Muerto “es un claro reflejo de la ofensiva extractivista de todos los minerales definidos como críticos que se realiza mediante apropiación de territorios y bienes comunes en América Latina”, explica Argento y agrega que es parte de lo que definen con Fornillo en “Todo sobre el litio” como un nuevo colonialismo minero hídrico energético,.
Esta arremetida, además, se ve exacerbada “por el avance de los gobierno de extrema derecha en la región, por la pugna geopolítica entre EEUU y China y por la crisis ecosocial y especialmente energética en la que se encuentra nuestro planeta”.
En consecuencia, quienes pierden son los pobladores y el ambiente porque bajo “la ideología del auto eléctrico se niegan los saberes, usos y costumbres de una población que cuida, nutre y habita este salar, siendo parte de él”, puntualiza Argento.
Mientras tanto, a 597 kilómetros de San Fernando del Valle continúa dándose una “pelea desigual en la que “el gobierno lucha con armas y nosotros con el corazón”, como describe Patricia Reynoso, docente jubilada y ex vecina de Antofagasta consultada por este medio, quien debió mudarse tras ser perseguida por el gobierno tras muchos años de activismo.
Quizás todo se reduzca a lo que, como dice Elizabeth Mamani: “No quieren invertir en el pueblo porque no les conviene. Somos 1500 habitantes y eso no le suma en votos. Aún así, de acá sale la mayor riqueza para el país y el mundo”.
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El Gobierno derogó programas mineros y avanza con un reordenamiento normativo del sector 

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería dejó sin efecto una serie de resoluciones vinculadas a planes, transferencias de fondos, importaciones, monitoreo ambiental y coordinación federal. La medida forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley Bases y no afectará los convenios ya firmados.
La Secretaría de Minería derogó una serie de programas, reglamentos y planes operativos vinculados al sector minero, en el marco del proceso de reorganización administrativa y racionalización del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, dejó sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, vinculadas a transferencias de fondos a provincias y municipios, minería social, planificación estratégica, análisis de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental. 
Según los considerandos, la decisión se enmarca en la Ley Bases, que promueve la optimización del funcionamiento del Sector Público Nacional con el objetivo de avanzar hacia una gestión más transparente, ágil, eficiente y orientada a la reducción de estructuras estatales.
El Gobierno argumentó que los programas y regímenes alcanzados por la derogación perdieron vigencia, resultan obsoletos o ya no son compatibles con los lineamientos actuales de eficiencia, eficacia y austeridad.

Qué normas derogó la Secretaría de Minería
La Resolución 64/2026 derogó ocho normas previas de la Secretaría de Minería y del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo.
Entre ellas figuran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que habían aprobado el Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros entes, junto con una versión posterior de ese esquema.
También quedó sin efecto la Resolución 36/2020, que había aprobado la adaptación del Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria. Para el Gobierno, esa norma tenía un carácter transitorio y excepcional, por lo que correspondía su derogación una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su dictado.
La medida también derogó la Resolución 47/2020, que creó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la Resolución 138/2020, que puso en marcha la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la Resolución 255/2021, que creó la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Además, se dejaron sin efecto las resoluciones 50/2022 y 53/2022. La primera había prorrogado por 180 días el plazo para presentar rendiciones de fondos recibidos por provincias en proyectos de minería social, huellas mineras y programas sociales. La segunda había creado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.

El argumento oficial: simplificación y eficiencia
En los considerandos, la Secretaría de Minería sostuvo que la permanencia formal de esas normas resultaba incompatible con los principios de simplificación y eficiencia administrativa.
El texto oficial plantea que la actual gestión busca revisar, adecuar o suprimir programas y regímenes que no se ajusten a los estándares de austeridad exigidos por la coyuntura económica.
También señala que varias de las estructuras derogadas perdieron operatividad o que sus funciones deberán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
En el caso del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, la resolución indica que su implementación deberá ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes.

Los convenios vigentes no se caen
La derogación de las normas no implica la interrupción automática de convenios ya firmados. La resolución aclara que la medida no afectará los derechos y obligaciones nacidos de acuerdos suscriptos bajo la vigencia de las normas derogadas.
Esos compromisos deberán continuar con su ejecución, rendición de cuentas y, en caso de corresponder, acciones de recupero.
Para eso, se aplicará el Reglamento General del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes, junto con las normas de administración financiera vigentes.
De esa manera, el Gobierno busca separar la derogación normativa hacia adelante del control sobre obligaciones ya asumidas.

Un nuevo marco para la política minera
La decisión se produce en un momento de fuerte expectativa sobre el crecimiento de la minería argentina, impulsado principalmente por el litio, el cobre, el oro y la plata.
El sector aparece entre los principales candidatos a generar divisas e inversiones en los próximos años, pero el Gobierno busca reordenar la estructura normativa heredada y concentrar la política minera en instrumentos considerados más compatibles con la actual administración.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Desde ahora, la Secretaría de Minería deberá definir bajo qué nuevas herramientas reemplazará aquellas funciones que, según la propia norma, serán absorbidas por mecanismos alternativos o nuevas instancias de coordinación.
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La extracción de arena para fracking en Argentina destruye humedales patagónicos

Fecha de Publicación: 13/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Neuquén - Patagonia


La extracción de arena para fracking en Argentina está arrasando uno de los humedales más importantes del país. Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales en Neuquén, consume 12.000 toneladas diarias de arena sílice proveniente de los humedales del río Paraná en Entre Ríos, según reveló una investigación de Climática publicada en La Marea.
La arena de alta pureza, conocida como sílice, se extrae de los humedales entrerrianos porque mantiene las fracturas abiertas durante el proceso de fracking, lo que aumenta la producción de petróleo por pozo. YPF, la petrolera estatal que opera Vaca Muerta, logró en abril un récord de 628.000 barriles diarios gracias a esta logística que involucra 1.500 camiones recorriendo 1.300 kilómetros diarios entre ambas provincias.
Ricardo Luciano, abogado ambientalista entrerriano citado en el reportaje, explicó que hasta 2015 esta arena se extraía en pequeñas cantidades para fabricar vidrio. Vaca Muerta la importaba de China, Estados Unidos y Brasil a más de mil dólares la tonelada. Cuando YPF descubrió que podía obtenerla en Entre Ríos a 200 dólares la tonelada, la extracción se disparó. “Las arenas de sílice son como el litio, están presentes en muy pocos lugares del mundo. Hoy la arena de Entre Ríos tiene una de las mejores calidades del planeta por la pureza del grano”, declaró Luciano a La Marea.

Cómo la demanda de Vaca Muerta impacta en los humedales
La extracción a cielo abierto consume grandes volúmenes de agua dulce almacenada de forma subterránea. Según la investigación, las máquinas están eliminando geografías inundables que históricamente protegieron a comunidades locales, agricultura y ganadería extensiva en la zona de Ibicuy, epicentro de la explotación.
Jorge Daneri, integrante de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, contextualizó el daño: “Estamos hablando de uno de los humedales más maravillosos y grandes del mundo, el de los ríos Paraguay y Paraná, que nace del gran pantanal brasileño, boliviano y paraguayo. Este pantanal tiene la superficie de Francia”, declaró a La Marea.
Horacio Marín, CEO de YPF, reconoció en distintas entrevistas que otras alternativas como las arenas de Río Negro generan “menos eficacia” y podrían traducirse en aproximadamente un 20% de pérdida de reservas recuperables por pozo. La compañía no respondió a las consultas de La Marea al cierre de la edición.

La proyección hacia 2030 y el costo ambiental
En 2025, Vaca Muerta utilizó cuatro millones de toneladas de arena sílice. La propia YPF admitió que necesitará el doble para 2030, según denunció Luciano. “La extracción ya es insostenible. Estamos camino de rifar los humedales irremplazables para sostener la exportación de combustibles fósiles”, advirtió el abogado.
Los datos preliminares indican que desde la instalación de las grandes empresas areneras, los niveles de hierro y manganeso en el agua de consumo local se multiplicaron, aunque el reportaje no especifica las cifras exactas. La investigación completa está disponible en La Marea 112.
La logística de 1.500 camiones recorriendo diariamente la distancia equivalente a Madrid-Milán revela la magnitud de un modelo extractivo que prioriza la rentabilidad petrolera sobre la preservación de ecosistemas frágiles.
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Barrick Gold está en la mira por miles de peces que murieron en San Juan por contaminación minera 

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: San Juan


Un equipo de investigación identificó metales peligrosos en el agua y señala a Veladero como fuente de polución, contradiciendo versiones oficiales 
Miles de pejerreyes aparecieron muertos en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan, durante noviembre de 2025. El hallazgo movilizó a los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca, quienes decidieron no quedarse con la versión oficial.
Las autoridades provinciales cerraron el caso casi de inmediato. Su explicación: los peces murieron por falta de oxígeno en el agua. No hubo estudios, no hubo análisis, no hubo dudas, indica el periodista Sebastián Premici en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Pero la Asamblea sabía que algo no cerraba. Los antecedentes de contaminación en la zona eran demasiado contundentes como para aceptar esa respuesta simple.
Los activistas ambientales recogieron muestras de agua y ejemplares de peces muertos. Las enviaron para análisis a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo. Los resultados fueron devastadores: concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y aluminio, cobre y arsénico en el hígado de los peces.
También se detectó una fuerte concentración de aluminio en el agua del dique. Valores incompatibles con la vida acuática.
"El Río La Palca es el que viene de Veladero", explicó Saúl Zeballo, integrante de la Asamblea Jáchal No se Toca. "Ante la evidencia de los miles de peces muertos, se inició una causa de oficio a cargo del fiscal Alfredo Aballay".
La causa se cerró casi automáticamente después de que los funcionarios de la provincia dijeran públicamente, sin haber realizado ningún estudio, que los peces habían muerto por falta de oxígeno.
"Eso no fue así", sostuvo Zeballo en diálogo con Economía Sustentable. "Nosotros nos organizamos para realizar una muestra del agua y los peces. El resultado fue abrumador".

El informe científico que desmiente la versión oficial
El Informe Técnico de Interpretación Ecotoxicológica y Evaluación de Riesgo Ambiental relacionado con la mortalidad de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento se publicó el 29 de junio de 2026.
Las muestras interpretadas correspondieron a las recogidas por la Asamblea de Jáchal en noviembre de 2025. Fueron analizadas a través de la Universidad Nacional de Cuyo.
El documento fue elaborado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet. Entre ellos, Guillermo Folguera, licenciado en Filosofía, Doctor en Biología y uno de los autores del informe.
"Con altísimos niveles de aluminio, cobre y arsénico incompatibles con la vida", describió Zeballo los hallazgos. "Esto te da una dimensión de la persistente contaminación minera".
El informe no solo analizó las muestras de 2025. También repasó estudios sobre el agua realizados en diferentes períodos históricos: 2005 y 2010, sumados a los análisis posteriores al gran derrame de 2015, remarca el artículo de EconomiaSustentable.com.
"La comparación temporal histórica (período 2005-2026) de los resultados refuerza el concepto de un proceso persistente de alteración de la calidad hidroquímica en el sistema Río La Palca–Río Blanco–Dique Cuesta del Viento–Río Jáchal", puede leerse en el informe al que tuvo acceso Economía Sustentable. Los datos muestran concentraciones reiteradamente elevadas del metal aluminio, y los metaloides arsénico y boro.
Las excedencias son significativas respecto de los niveles guía nacionales e internacionales establecidos para la protección de la vida acuática.
En particular, el arsénico se mantuvo por encima de los umbrales de referencia en todas las campañas analizadas (2005, 2015 y 2026). El aluminio alcanzó concentraciones extremadamente elevadas en distintos sectores de la cuenca.

La contaminación que no para de crecer
Los datos ambientales demuestran que el Río La Palca constituye el principal aporte de contaminantes metálicos al sistema. Este río nace en las inmediaciones del proyecto minero Veladero.
"Los estudios de agua encargados por la Asamblea son extremadamente consistentes con otros realizados históricamente", sostuvo Folguera. "Con un agravante: los niveles de estos componentes están aumentando".
Con los estudios diacrónicos, hechos en el tiempo, se ve que está aumentando la presencia de contaminantes incompatibles con la vida, agrega la nota de EconomiaSustentable.com.
"Estamos hablando de un río cada vez más contaminado", concluyó el biólogo que interpretó el episodio contaminante de noviembre de 2025.
Las autoridades provinciales, más que decir que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, no hicieron mayores indagaciones sobre el episodio. Situación desmentida por los estudios realizados.
Antecedentes no faltaban para sospechar el posible origen contaminante. La historia de derrames de Veladero es larga y documentada.

Barrick Gold y los derrames que nadie olvida
En 2015 ocurrió un gran derrame de tóxicos reconocido por la propia Barrick Gold. Hasta entonces era la única dueña del proyecto Veladero. Actualmente, comparte el 50% de las acciones con la china Shandong Gold.
Al año siguiente, hubo otro episodio sobre la misma cuenca. En marzo de 2017 se detectó el tercer episodio.
"Primero ocultado por la empresa y luego reconocido porque no tuvieron otra opción", según lo señalado por Zeballo.
"En los tres casos hicimos que la provincia y el gobierno municipal avanzaran con los estudios de agua correspondientes", recordó el activista ambiental.
Por entonces, los rastros de aluminio y manganeso encontrados habían sido exponencialmente altos.
Con el nuevo episodio de noviembre del año pasado, el intendente Martín Espejo (PJ) no hizo nada. A pesar de que en Jáchal rige la ordenanza agua segura que impuso estudios periódicos.
Para los integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca y los científicos convocados para interpretar los resultados del laboratorio, la conclusión resultó ineludible. La fuente persistente de contaminación de los ríos de la zona proviene del proyecto minero Veladero.

La metodología científica detrás del estudio
La geografía no miente. La selección de los sitios para recoger las muestras de agua se realizó bajo criterios rigurosos.
Se consideró la continuidad hidráulica, la proximidad espacial, la representatividad ecosistémica y la congruencia temporal entre los diferentes estudios realizados en el tiempo.
"Este diseño permite reconstruir el gradiente de transporte de los elementos traza de preocupación ambiental (ETPA) a lo largo del continuo fluvial", puede leerse en el informe técnico interpretativo. El modelo conceptual de Fuente-Trayecto-Receptor vincula el área de influencia de la explotación minera Veladero con el sector léntico donde se manifestó la mortalidad de peces durante noviembre de 2025.
El documento está firmado por Folguera junto a Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni y Paola Peltzer de la Universidad Nacional del Litoral, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el Conicet.
La interpretación de Folguera es que los peces murieron por un "efecto sinérgico devastador". Una interacción letal entre múltiples tóxicos.
"Una interpretación posible es que los peces murieron por un pico de los químicos encontrados o una situación ambiental adversa extrema", explicó el biólogo.
Todo el escenario demuestra que lo ocurrido es compatible con los efectos elevados de tóxicos que interactuaron entre sí. El dique Cuesta del Viento sigue siendo la principal fuente de agua de la región, amenazada por una contaminación persistente que no cesa.
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El Gobierno ejecuta la política de cierre de minas con nuevos estándares de participación ciudadana y sostenibilidad

Fecha de Publicación: 22/07/2026
Fuente: Portal EditorialRN
Provincia/Región: Santa Cruz


Es desde la Secretaría de Estado de Minería, con la implementación de nuevas herramientas de participación ciudadana. La medida se enmarca en la Ley Provincial Nº 3751 de Cierre de Minas y profundiza una política pionera de Santa Cruz, incorporando monitoreos ambientales participativos, criterios ESG, huella hídrica y de carbono, economía circular y medidas frente al cambio climático.
El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, continúa fortaleciendo la implementación de la Ley Provincial N° 3751, de Cierre de Minas, mediante la puesta en vigencia de la Disposición N° 153/2026, que incorpora nuevas herramientas de participación ciudadana, transparencia y gestión sostenible para los proyectos mineros de la provincia.

El instrumento legal
La Ley N° 3751 constituye uno de los pilares de la política minera provincial, al establecer un marco específico para abordar el cierre de minas desde una perspectiva integral y planificada. Sobre esa base, la nueva normativa profundiza el modelo impulsado por Santa Cruz, incorporando instrumentos destinados a fortalecer el seguimiento ambiental, mejorar la calidad y trazabilidad de la información, y ampliar la participación de las comunidades en la gestión de la actividad minera.
En este marco, la Disposición N° 153/2026 establece lineamientos obligatorios para la implementación de monitoreos ambientales participativos, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la medición y gestión de huellas ambientales, la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la implementación de estándares globales para la gestión de relaves y el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación pública y acceso a la información.

Los monitoreos
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa, es la incorporación del monitoreo ambiental participativo, como herramienta concreta de transparencia y participación ciudadana. Los proyectos que se encuentren en etapa de exploración avanzada o explotación, deberán desarrollar estos monitoreos con una frecuencia mínima anual, garantizando la participación efectiva de trabajadores, representantes de las comunidades y de la Autoridad Minera.
Los monitoreos deberán comprender, como mínimo, variables vinculadas a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, pudiendo ampliarse a componentes como flora, fauna y otros indicadores ambientales, de acuerdo con las características y riesgos de cada proyecto. Los resultados deberán ser accesibles a la comunidad y formar parte de los mecanismos de reporte y seguimiento establecidos por la Autoridad de Aplicación.
La Disposición incorpora además indicadores vinculados con huella hídrica, huella de carbono, economía circular, gestión de residuos, género, derechos humanos y gobernanza corporativa, así como medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Esta información será integrada progresivamente en un sistema unificado de reporte ambiental y ESG, permitiendo fortalecer la capacidad del Estado para analizar el desempeño de los proyectos y mejorar la toma de decisiones, basada en información verificable y comparable.

Nueva etapa
De esta manera, la Provincia avanza en una concepción del cierre de minas que no comienza cuando finaliza la explotación, sino que debe ser planificado y gestionado durante todo el ciclo de vida del proyecto. La incorporación de variables ambientales, sociales, climáticas y de gobernanza, permite anticipar riesgos y proyectar el futuro de los territorios mineros con una perspectiva de largo plazo.
Desde la Secretaría de Estado de Minería, se destacó que la medida representa una nueva etapa en la implementación de la Ley N° 3751, consolidando un modelo provincial que vincula cierre de minas, sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia, y que fortalece el rol del Estado en la planificación y control de la actividad.
La iniciativa, forma parte de la decisión del Gobierno Provincial de continuar modernizando la gestión minera, y promover un desarrollo productivo sostenible, con reglas claras, controles eficientes, información transparente y una participación cada vez más activa de las comunidades.
Con la Ley N° 3751 como marco y la Disposición N° 153/2026 como una nueva herramienta para su implementación, Santa Cruz profundiza una política minera que busca anticiparse a los desafíos del cierre, incorporar estándares de sostenibilidad desde las etapas activas de los proyectos, y construir una minería responsable, con una mirada puesta en el futuro de sus territorios y comunidades. 
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Sierra Pintada: qué es la remediación ambiental y cómo se tratarán los residuos de uranio

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


En el complejo minero fabril Sierra Pintada hay tachos enterrados con desechos uranio desde hace 30 años. Qué es la remediación ambiental.
Sierra Pintada es la mina con mayor cantidad de reservas de uranio conocida del país y hace 31 años que se dejó de explotar. Desde ese momento, en el complejo minero fabril hay 5.223 tachos enterrados con residuos de uranio y agua contaminada en las canteras que esperan ser tratados en el plan de remediación ambiental.

¿Ya comenzó el plan de remediación ambiental en Sierra Pintada?
En 1995, el complejo minero fabril Sierra Pintada dejó de extraer uranio de las canteras por la caída de los precios internacionales. Hubo un intento de reabrir la mina en 2003 pero quedó trunco tras la presentación de un recurso en la Justicia y la sanción de la ley provincial 7722 que prohibió el uso de arsénico.
En este marco, la Justicia le ordenó a la Comisión Nacional de Energía Atómica remediar los pasivos ambientales y recién en 2019 la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza emitió la Resolución 259 otorgando la Declaración de Impacto Ambiental a la CNEA.
En octubre de 2019, el Gobierno de Mendoza anunció el inicio de la remediación ambiental y el mes pasado -en una visita a Mendoza- los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación remarcaron en varias oportunidades: "La remediación se está haciendo, es falso que esté todo abandonado". Sin embargo, todavía no se han abierto los tachos con residuos de uranio ni se ha tratado el agua de cantera.
 Según los sitios especializados se entiende por remediación ambiental al conjunto de acciones orientadas a descontaminar áreas que han sufrido alteraciones por agentes físicos, químicos o biológicos. Estas acciones buscan disminuir los niveles de contaminación a estándares seguros, establecidos por normativas ambientales nacionales e internacionales, y varían de acuerdo al tipo de contaminante, la extensión del daño y las características del medio afectado.
 En este sentido amplio la remediación ambiental ya comenzó en Sierra Pintada porque el plan de trabajo se está ejecutando, la planta de procesamiento se reacondicionó para hacer el tratamiento de uranio y se está construyendo la planta para tratar radio y arsénico. El objetivo es comenzar a destapar los tachos con residuos sólidos y tratar el agua de cantera el año que viene.
En este sentido, la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi, insistió en que los 54 empleados de Sierra Pintada están trabajando. "El complejo no está abandonado, se ha estado trabajando en esto dos últimos años. Hemos hecho el vaso cuatro, se hizo el tratamiento de lodos y afluentes del dique DN3. Se hizo vaso cinco, el dique pulmón, el dique de disposición final, el recondicionamiento de la planta de uranio en la que tuvimos que cambiar más de 100 válvulas y comenzó la construcción de la planta de radio y arsénico", puntualizó.
"El año pasado conseguimos la licencia de parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Queremos entrar en contacto con la comunidad para obtener licencia social. Retomamos el plan de comunicación con la Provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos falta terminar la planta y el sistema de riego pero si se puede a fin del año 2027 queremos empezar a tratar el agua de cantera", cerró.

El tratamiento de los residuos de uranio
La subgerente del Compejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García, explicó en detalle el proceso de tratamiento de los residuos de uranio. La primera parte se llevará adelante en la antigua planta que fue reacondicionada en los últimos meses y que ya está operativa. Allí se procesarán residuos líquidos y sólidos. Una línea tiene capacidad para tratar 20 metros cúbicos por hora.
"Por las líneas de columna de fijación vamos a absorber el uranio que está contenido en agua de cantera y en residuos sólidos. De esta manera disminuimos a menos de 100 miligramos por litro la concentración de uranio que es lo que exige el Departamento General de Irrigación", dijo García.
"Después se conduce hacia la planta de tratamiento de radio y arsénico, donde por medio del agregado de reactivos químicos disminuimos la concentración de radio y de arsénico. Recién ahí podemos hacer el vertido en acre por medio de un sistema de riego", agregó.
El acre es un área de cultivos restringidos especiales, habilitada por Departamento General de Irrigación para hacer el riego con agua tratada. "El agua que va a cumplir con los controles de calidad. Vamos a hacer los estudios en nuestros laboratorios y con Irrigación", dijo la subgerenta.

Paso a paso cómo se la remediación
El agua de cantera es el agua de lluvia y subterránea que se acumula en los huecos de la cantera y que entra en contacto con zonas mineralizadas. Uno de los objetivos es mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la cantidad de uranio, radio y arsénico.
El agua de cantera ingresa por cañerías a la planta de tratamiento donde pasa por las líneas de columnas con resinas que absorberán el uranio. Cuandos estas resinas se saturen, se las vaciará para volver a reutilizarlas y el uranio desprendido se envasará y almacenará en un sector de acopio dentro del predio.
El agua de cantera se transportará a una segunda planta para eliminar radio y arsénico. Luego se colocará en un dique de decantación para que con correr del tiempo, el agua limpia quede en la superficie y el barro en el fondo.
El agua tratada ingresa al dique decantación, con el tiempo las impurezas se van decantando y en el fondo se asienta el barro. Arriba queda el agua limpia habilitada para riego.
El dique de deposición final tiene una tecnoloóga moderna y segura para los efluentes y respeta las normas de proytección ambiental. Tiene una membrana de polietileno de alta densidad, drenaje de seguridad superior, geored de seguridad, drenaje de seguridad inferior, una segunda membrana de polietileno de alta densidad, arcilla impermeabilizante natural y capas de grava clasificada.
Una vez que se obtenga el agua tratada y sea monitoreada por los organismos de control, el Departamento General de Irrigación dispondrá su uso para el riego de un ACRE (área de cultivos restringidos especiales).
Los residuos sólidos son residuos de tratamiento de purificación del concentrado de uranio en forma de pulpa. Están dispuestos transitoriamente en tambores recubiertos de cola de mineral, que serán extraídos y transportados hacia la planta de tratamiento.
Los residos sólidos ya sin uranio serán transferidos a la segunda planta donde se los neutralizará con cal. Para gestionar los residuos sólidos, los tambores serán abiertos de forma segura mediante un dispositivo especialmente diseñado. Luego se lavarán con agua de cantera y posteriormente se realizará la disolución en la planta de tratamiento para disminuir la concentración de uranio.
El efluente de los residuos sólidos, con muy bajo contenido de uranio, será neutralizado y colocado en el dique de disposición final.
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Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: San Juan


Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.
Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.
“La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.
Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.
Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.
En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

Un escenario tóxico
Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.
La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.
Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

Veinte años de tóxicos en el agua
La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.
El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.
Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.
En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

El oxígeno y una hipótesis descartada
“Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.
Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.
Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Una sopa de químicos
Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.
“En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.
Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

Pesca sin advertencias
“Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.
No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.
En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.
Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.
En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir
“Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.
La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.
En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

Del silencio a la censura oficial
Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.
Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

Un historial de derrames
Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.
No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.
Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

Impunidad y premios para la empresa
Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.
Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).
“Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.
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Del laboratorio a la Puna salteña: buscan validar una herramienta biotecnológica para recuperar un histórico pasivo ambiental minero

Fecha de Publicación: 09/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Salta


Un equipo del CONICET La Plata estudia desde hace más de una década la antigua Mina Concordia, ubicada en Salta, cuyos residuos tienen un fuerte impacto sobre el ambiente. La investigación permitió desarrollar un bactericida natural para inhibir la biogeneración del llamado drenaje ácido de minas –agua ácida con bajos niveles de pH– y abrió nuevas líneas de trabajo orientadas a la restauración integral de sitios degradados y contaminados por emprendimientos mineros inactivos o abandonados
Comprender cómo se comportan los contaminantes en antiguos sitios mineros, evaluar su impacto ambiental, desarrollar herramientas biotecnológicas para mitigar sus efectos y restaurar sitios contaminados con metales pesados. Esos son los objetivos que persigue Josefina Plaza Cazón, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), quien estudia desde 2015 diferentes pasivos ambientales mineros (PAM) del Noroeste Argentino (NOA). Los PAM son instalaciones mineras abandonadas o inactivas que, por los residuos, emisiones y efluentes producto de sus operaciones, constituyen un riesgo permanente de contaminación que podría afectar la salud humana y el ambiente. En particular, el trabajo de Plaza Cazón se centra en el PAM “La Concordia”, un antiguo sitio de explotación minera ubicado en plena Puna salteña, a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Antonio de los Cobres, dentro del departamento Los Andes.
Conocido desde la época colonial, cuando se lo utilizaba artesanalmente para la obtención de plata, alrededor de 1900 el sitio comenzó a ser explotado intensivamente para la extracción de ese metal precioso y otros como cobre, plomo y zinc, hasta su cierre definitivo en 1986. Aunque la actividad extractiva finalizó, en el lugar aún permanecen acumulados los desechos mineros que no pudieron lixiviarse, o disolverse, durante el proceso de explotación. Estos residuos se almacenan en cuatro cavas o diques de cola, cuyos murallones fueron construidos con material del entorno a lo largo del arroyo Concordia, afluente del río San Antonio –que llega a su vez hasta el pueblo homónimo– y sus bases carecen de impermeabilización.
“Como el arroyo nace en el socavón de la mina, la acción del agua, sobre todo en épocas de lluvia –que van de diciembre a marzo–, disuelve los minerales acumulados y se produce un proceso que se conoce como drenaje ácido minero (DAM), es decir agua ácida, con bajo pH y alta concentración de metales pesados que escurre y se dispersa en el ambiente aguas abajo. Además, los suelos de la Puna son arenosos-limosos, por lo tanto, el DAM percola, o filtra, a través del perfil del suelo”, cuenta Plaza Cazón. La experta apunta que, en tiempos de sequía, otro responsable de la dispersión de los contaminantes es el viento: los minerales precipitan sobre unas sales presentes en ese sitio y se dispersan hasta puntos muy alejados al lugar de origen de la contaminación, incluso aguas arriba en dirección a los vientos predominantes.
Para conocer en profundidad las características del PAM, y evaluar y diagnosticar el grado de contaminación que presenta, el equipo dirigido por Plaza Cazón realizó una caracterización integral del sitio mediante diversos análisis fisicoquímicos del agua y de los suelos, determinando el pH y el nivel de concentración de los metales pesados presentes. Asimismo, los y las profesionales identificaron los microorganismos responsables de catalizar o acelerar las reacciones químicas que generan el DAM, y estudiaron especies vegetales nativas que crecían en la zona de influencia del PAM para determinar las estrategias fisiológicas y fitorremediadoras que utilizan para desarrollarse en condiciones ambientales tan extremas, sumado al estrés por la contaminación por metales pesados. En este último caso, para evaluar su potencial aplicación en planes de remediación y restauración de sitios contaminados por metales pesados producto del inadecuado manejo de desechos mineros.
Todo ese conocimiento generado a partir del análisis del PAM “La Concordia” fue el punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas. "Las condiciones ambientales de la Puna son muy particulares, por eso entendimos desde el comienzo que no podíamos replicar tecnologías desarrolladas en otros países, sino que debíamos generar soluciones innovadoras utilizando los propios recursos del lugar, de manera que pudieran sostenerse en el tiempo", señala la investigadora, quien junto a su grupo desarrolló un bactericida natural, basado en compuestos bioactivos de una planta nativa de la zona, que es capaz de inhibir el crecimiento de los microorganismos hierro y/o azufre oxidantes presentes en los desechos mineros, que son aquellos que catalizan las reacciones químicas de generación de DAM. El próximo paso será validar el funcionamiento de esa tecnología in situ en el PAM.
Por otra parte, en colaboración con un grupo del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE, CONICET-UNLP), el equipo de Plaza Cazón obtuvo un subsidio internacional para estudiar hongos micorrícicos –aquellos que tienen como característica establecer una relación simbiótica “mutualista”, o asociativa, con las raíces de las plantas– capaces de desarrollarse en las condiciones extremas como las de la Puna y, en particular, en suelos contaminados con metales pesados. “El objetivo es identificarlos y estudiarlos para, en un futuro, poder aplicarlos en alguna herramienta biotecnológica, ya sea como bioestimulantes o para la restauración del sitio, gracias a la capacidad que tienen de absorber contaminantes”, apunta la profesional.
El PAM se encuentra dentro del área protegida Los Andes, donde habita la Comunidad Kolla El Desierto, cuyos integrantes al igual que los pobladores de San Antonio de los Cobres, son quienes sufren directamente los efectos ambientales provocados por el antiguo emprendimiento minero. El proyecto del CINDEFI buscó involucrar a sus miembros desde el comienzo: "Las comunidades tienen derecho a conocer lo que investigamos, qué estamos haciendo con sus recursos cuando realizamos una campaña, y cuál es el estado de situación. Además, su participación y colaboración resulta fundamental para construir soluciones sostenibles en estos ambientes", afirma Plaza Cazón, quien recientemente brindó una charla ante esa comunidad a partir de la que se acordó, con el aval de su cacique, que algunos jóvenes de origen kolla que forman parte de ella y que cursan carreras universitarias vinculadas con los recursos naturales serán partícipes de las próximas campañas de muestreo a realizarse en octubre.
Nacida en Salta y graduada allí como ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Plaza Cazón fue becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y hace casi dos décadas se estableció en La Plata donde desarrolló su carrera científica en el CINDEFI. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con el territorio donde nació y que hoy constituye el eje de sus investigaciones: "Uno ama lo que conoce. La Puna es un ambiente único, con un paisaje increíble, de otro planeta, y yo veo en ese lugar una riqueza enorme de conocimiento y desarrollo. Siempre sentí que el conocimiento que generamos tenía que transformarse en soluciones concretas que tengan impacto ambiental y social en el territorio. En este caso en particular, sobre los PAM, buscando soluciones que sean aplicables y sostenibles en el tiempo", reflexiona.
Para finalizar, Plaza Cazón destaca que el caso del PAM “La Concordia” demuestra que el impacto ambiental de la actividad minera puede persistir durante décadas cuando no existe una adecuada gestión y manejo responsable en la disposición final de los residuos: “Si no se hacen las cosas bien desde el principio, los efectos sobre el paisaje son a muy largo plazo” apunta la experta, quien se entusiasma con la oportunidad de generar conocimiento y desarrollar herramientas que contribuyan tanto a mitigar o reducir el impacto ambiental de los desechos y promover la potencial restauración de los sitios degradados, como a sentar las bases para el diseño de estrategias más sostenibles para la actividad minera.
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Bahía San Antonio: los residuos de una mina cerrada hace 40 años siguen filtrándose en el mar patagónico

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Río Negro


Un análisis que cruzó 25 años de datos científicos confirmó que el plomo, el cobre y el zinc de la vieja fundición se mantienen activos en el ecosistema. Qué descubrieron sobre el impacto en la fauna local.
La minería dejó de operar en Bahía San Antonio hace más de cuatro décadas, pero el impacto de sus desechos todavía se siente. Las escorias de fundición y los residuos químicos que quedaron abandonados a la intemperie continúan liberando metales pesados hacia las marismas y el agua de mar, afectando a las especies locales.
La Bahía de San Antonio es un Área Natural Protegida ubicada en el Golfo San Matías (Patagonia, Argentina). Famosa por sus extensas playas, aguas cristalinas y un ecosistema marino único, abarca localidades como San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este.
Esta es una de las conclusiones centrales de una revisión científica realizada por investigadoras del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El equipo analizó 33 estudios de campo publicados entre 2000 y 2025 para armar el primer panorama integral sobre la contaminación metálica en la costa atlántica patagónica. Los resultados se publicaron en la revista especializada Environmental Research.

El circuito de la contaminación en la bahía
El estudio determinó que Bahía San Antonio es el único punto de toda la costa patagónica con una presencia crítica de metales de origen puramente industrial. Cada vez que llueve, el agua arrastra los componentes de los residuos mineros (es decir, el drenaje ácido) hacia las zonas bajas del ecosistema marino.
Como estos contaminantes (plomo, cobre y zinc) están en formas químicas inestables, los organismos de la zona los absorben con mucha facilidad. Las mediciones en la fauna costera muestran datos concretos:
- Cangrejos: registraron concentraciones de plomo de entre 10 y 13,2 microgramos por gramo de tejido, niveles vinculados de forma directa a la vieja fundición.
- Mejillones y vegetación: también muestran acumulación de estos metales. Si bien las plantas de las marismas retienen parte del plomo en sus raíces ayudando a frenar su avance, las autoras aclaran que este proceso natural no soluciona el problema de fondo ni reemplaza la necesidad de una remediación ambiental efectiva.

Desmitificando el daño de los metales
El trabajo también sirvió para separar los factores humanos de los naturales y derribar una creencia común en la biología costera: la idea de que a mayor cantidad de metal acumulado en un organismo, mayor es el daño biológico inmediato.
El trabajo, realizado por investigadoras del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Buenos Aires, analizó 33 estudios publicados entre 2000 y 2025 para construir el primer panorama integral sobre la presencia de metales en organismos marinos que habitan desde el Golfo San Matías hasta el Canal Beagle.
Al analizar los biomarcadores de estrés oxidativo -los indicadores bioquímicos que alertan sobre el daño en las células-, las investigadoras descubrieron que estos niveles no siempre subían ante concentraciones más altas de metal. Esto demuestra que la toxicidad real depende de múltiples factores ambientales y biológicos, y no solo de la dosis acumulada.
Por otra parte, el estudio identificó otros metales en la Patagonia que no tienen que ver con la mina:
- Cadmio: aparece en toda la cadena alimentaria, pero su origen es natural. Las corrientes provenientes de la Antártida transportan este metal disuelto, que luego es absorbido por el fitoplancton y transferido a organismos ubicados en niveles superiores de la red alimentaria.
- Mercurio: se detectó en niveles elevados en el hígado de mamíferos marinos como delfines y ballenas, un fenómeno ligado a su edad, dieta y posición al tope de la cadena alimentaria.

Unificar los datos para poder actuar
El mayor obstáculo que encontraron las científicas al revisar estos 25 años de evidencia es la falta de un criterio unificado. Los laboratorios utilizaron metodologías y formas de muestreo muy distintas a lo largo de las décadas, lo que vuelve muy difícil comparar con precisión cómo evoluciona la contaminación en el tiempo.
Hoy faltan análisis continuos en el agua de mar y un seguimiento de cómo se transfieren los metales entre especies. Por eso, el estudio concluye con una recomendación clave: instalar estaciones permanentes de monitoreo en Bahía San Antonio y unificar los protocolos de medición. Solo con datos estables y continuos se podrá gestionar el pasivo ambiental de una de las regiones costeras más importantes del país.
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Mendoza avanza con Sierra Pintada para volver a producir minería de uranio en el país

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal LetraP
Provincia/Región: Mendoza


El saneamiento ambiental se activa con apoyo de la Nación y la provincia. La meta es recuperar el abastecimiento del ciclo nuclear y atraer inversiones.
Mendoza dio un nuevo paso para reactivar la producción de uranio en Argentina con el avance de la remediación ambiental del complejo Sierra Pintada. El proyecto apunta a recuperar un recurso estratégico para el ciclo nuclear y volver a poner en marcha una actividad paralizada desde hace más de tres décadas.
El plan, que involucra a organismos nacionales, la provincia, la Comisión Nacional de Energía Atónica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y universidades, busca completar el saneamiento del histórico yacimiento de San Rafael como condición para una futura reapertura. El renovado interés mundial por la energía nuclear vuelve a colocar al uranio argentino en el radar de las inversiones y de la política energética.
Una muestra de la relevancia que adquirió el proyecto fue la recorrida oficial encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, junto a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi; autoridades de la CNEA y de la ARN, representantes académicos y directivos del sector.
"El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina tiene todo para aprovechar ese momento", afirmó Ramos Napoli durante la visita. Según el funcionario, la recuperación de Sierra Pintada forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la autonomía del país en la provisión de insumos críticos para el desarrollo nuclear.

Sierra Pintada, un activo estratégico
Considerado el mayor yacimiento de uranio conocido de la Argentina, Sierra Pintada produjo alrededor de 1600 toneladas entre 1975 y 1997, volumen equivalente a cerca del 20% de los recursos estimados del complejo. La actividad se interrumpió en la década de 1990 por la caída de los precios internacionales del mineral, que volvió inviable su explotación.
El escenario actual es distinto. El aumento de la demanda energética, la búsqueda de fuentes de bajas emisiones y la expansión de los programas nucleares en distintos países devolvieron protagonismo al uranio como recurso estratégico.
En ese contexto, recuperar la producción local adquiere una dimensión económica y geopolítica. Además de reducir la dependencia de importaciones, permitiría fortalecer la cadena de valor de la industria nuclear y abrir oportunidades para nuevas inversiones en exploración, procesamiento y provisión de insumos.
"La minería de uranio puede impulsar cadenas de valor estratégicas para la Argentina", sostuvo Ramos Napoli, quien remarcó la necesidad de construir consensos sociales que acompañen el desarrollo de la actividad.

Avanza la remediación ambiental
La prioridad del proyecto continúa siendo la remediación integral de los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación. Las tareas incluyen el tratamiento de aguas de cantera, la gestión de residuos sólidos y la adecuación de infraestructura crítica bajo estrictos estándares regulatorios.
Giomi destacó que la obtención de la licencia de parada prolongada otorgada por la ARN representó un hito para garantizar la continuidad de las tareas de saneamiento.
"Para nosotros, el sistema de gestión y el cumplimiento regulatorio son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad y la transparencia de todo el proceso", señaló la funcionaria.
Desde el plano operativo, la subgerenta del complejo, Vanesa García, explicó que el esquema contempla un tratamiento escalonado del agua proveniente de las canteras. Primero se procesa en la Planta de Uranio para reducir la concentración de contaminantes y luego pasa por la Planta de Radio y Arsénico, donde completa su depuración antes de su disposición final o reutilización controlada.
El proyecto también cuenta con auditorías externas permanentes realizadas por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Laura Lucero, integrante del equipo auditor, afirmó que los monitoreos periódicos muestran resultados dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

El desafío de la licencia social
Para las autoridades mendocinas, el proceso representa además una oportunidad para demostrar que el desarrollo de recursos estratégicos puede avanzar bajo estándares ambientales rigurosos y con una mayor articulación entre organismos públicos.
La ministra Latorre destacó que las tareas de remediación continúan ejecutándose de manera sostenida y subrayó la coordinación alcanzada entre la Nación y provincia. "Actualmente existe la coordinación que debería haber existido desde siempre", afirmó.
La construcción de la licencia social aparece como uno de los principales desafíos de la próxima etapa. Tanto la provincia como la CNEA trabajan en programas de comunicación y vinculación comunitaria para fortalecer la transparencia y la confianza pública en torno al proyecto.
Más allá del saneamiento ambiental, Sierra Pintada representa para el Gobierno una oportunidad para recuperar capacidades estratégicas en toda la cadena nuclear. Una eventual reactivación del complejo permitiría volver a producir uranio en el país, fortalecer el abastecimiento interno y ampliar la participación argentina en los mercados internacionales vinculados al sector.
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