La Ley de Manejo del Fuego terminó en incendio

Fecha de Publicación: 08/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Al final, la meneada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” quedó reducida a solo dos capítulos, que también sufrieron retoques. La presión social también volteó las modificaciones pensadas por Sturzenegger, validadas por Milei y defendidas por Bullrich a favor de los incendios especulativos.
Por segundo día consecutivo, la oposición demostró que la presión política y social tiene consecuencias. La movilización que resistió una feroz represión en las inmediaciones del Congreso y el trabajo parlamentario del interbloque Popular le arrebataron a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada otro capítulo clave: las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que abrían la puerta a la especulación inmobiliaria. Sin esos capítulos, el Gobierno solo pudo aprobar los desalojos exprés y las nuevas restricciones a las expropiaciones.
Durante su cierre, Patricia Bullrich tuvo que dar explicaciones por los más de 17 cambios que sufrió el dictamen original. “Quieren que termine mal, quieren que fracase todo”, dijo, molesta. El encargado de anunciar el retiro del capítulo IV fue el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto. El otro responsable político del fracaso fue Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa.
Según explicaron desde el bloque peronista a este diario, los cambios introducidos en la última versión del dictamen afectaban los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente, impulsada en 2020, establecía que el destino de los terrenos incendiados no podía modificarse durante 60 años cuando se trataba de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas protegidos, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas. La nueva redacción eliminaba esos plazos. “Vacían la normativa, quitan los años de prohibición y la reducen a cuestiones meramente declarativas que, en un sistema desfinanciado, no se van a cumplir”, señalaron desde el despacho de Wado de Pedro.
“Quisieron meter una ley para vender el territorio argentino y entregar la soberanía a los extranjeros entre la semifinal y la final del Mundial. Hoy quedó en evidencia que es invotable: postergaron el debate por tercera vez. Es tan indefendible que no se animan ni a nombrarla”, escribió De Pedro en X.
El senador dedicó buena parte de la jornada a reunir los apoyos de Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Alejandra Vigo, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Julieta Corroza. Con el peronismo plantado en 36 votos, el oficialismo optó por retirar el capítulo antes que exponerse a una nueva derrota en el recinto.
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Denuncian que una ley redujo un 30% la superficie protegida de un humedal clave para prevenir inundaciones 

Fecha de Publicación: 08/08/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


Mientras el debate por la flexibilización de la Ley de Tierras copa la agenda pública, otro conflicto ambiental escaló en la provincia de Buenos Aires. Esta vez el foco está sobre la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha. Se trata de uno de los humedales más importantes del Área Metropolitana. Organizaciones ambientales denuncian que un artículo incorporado a la Ley de Presupuesto 2026 reduce cerca de un 30% de la superficie protegida.
La denuncia llegó desde el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha. Aseguran que el cambio quedó incorporado como Artículo 112 de la Ley Provincial 15.557, indica la periodista Agustina Grasso, en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Lo califican de trámite legislativo "oscuro" y "exprés" porque el expediente ingresó a la Legislatura bonaerense el 25 de noviembre de 2025 y fue aprobado apenas 24 horas después, durante el tratamiento del presupuesto provincial.
El expediente lo impulsó Pablo Domenichini, ex diputado provincial y actual rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown.
"Logró pasar un artículo legal en la Legislatura en apenas 24 horas. Ese artículo recorta casi un 30% del área de la Reserva sin ningún debate público y para beneficio económico de muy pocos", expresaron desde el colectivo a Economía Sustentable.

Por qué la Laguna de Rocha es clave para millones de personas del AMBA
La Laguna de Rocha no es un simple espacio verde. Ubicada en Esteban Echeverría, forma parte de uno de los humedales más importantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Cumple funciones ambientales fundamentales para millones de personas que viven en el AMBA. Durante las lluvias intensas actúa como una enorme esponja natural que absorbe excedentes hídricos.
Esa capacidad reduce el riesgo de inundaciones en toda la zona. Además captura dióxido de carbono, regula la temperatura local, conserva biodiversidad nativa y ayuda a depurar aguas contaminadas del Riachuelo, agrega el artículo publicado en EconomiaSustentable.com.
"Achicar la Reserva implica reducir servicios ecosistémicos esenciales para casi tres millones de bonaerenses y porteños", sostienen las organizaciones.
Entre esos servicios destacan la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de bosques y pastizales, la mitigación de olas de calor y hasta el alivio sobre la red eléctrica durante el verano gracias al efecto de enfriamiento que generan sus ambientes naturales.
Los ambientalistas advierten que el recorte pone en riesgo uno de los humedales más importantes del AMBA. Beneficia directamente a casi 3 millones de personas que viven en la región metropolitana.

La analogía con Iguazú que usan los ambientalistas para explicar el problema
Uno de los argumentos del proyecto oficial es proteger únicamente las áreas comprendidas dentro de la línea de ribera establecida por la Autoridad del Agua.
Para las organizaciones ambientales, de acuerdo a la nota publicada en EconomiaSustentable.com, ese criterio desconoce por completo el funcionamiento ecológico de un humedal. Y recurren a una comparación con parques nacionales emblemáticos.
"Sería como reducir el Parque Nacional Iguazú únicamente a las Cataratas y desmontar toda la selva que las rodea. O dejar del Parque Nacional Lanín solamente el volcán", ejemplificaron desde el Colectivo.
Según denuncian, el proyecto excluye sectores que no permanecen inundados de forma permanente. Pero esas zonas contienen bosques nativos, pastizales y corredores biológicos indispensables.
Sin esos espacios, el ecosistema del humedal no puede funcionar. Las especies pierden conectividad, el agua no se filtra correctamente y la capacidad de absorción hídrica disminuye.
"No se puede proteger solo el agua visible y destruir todo lo que hace posible que ese humedal cumpla su función", agregaron.

Ambientalistas hablan de negocio inmobiliario detrás del recorte
El colectivo ambiental sostiene que detrás del cambio legislativo existen intereses inmobiliarios concretos.
"¿Para qué o para quién se presentó este proyecto? Para que unos pocos empresarios y grandes propietarios multipliquen el valor de sus tierras al sacarlas de la Reserva", afirmaron en su comunicado público.
Entre los nombres mencionados por la organización aparecen grandes grupos propietarios de tierras dentro o en las inmediaciones del humedal. No existen hasta el momento imputaciones judiciales vinculadas al proyecto legislativo.
Pero los ambientalistas remarcan que sacar terrenos de la categoría de reserva natural aumenta exponencialmente su valor de mercado. Habilita desarrollos inmobiliarios, loteos y construcciones que antes estaban prohibidos.
"El derecho a no inundarnos, a respirar un aire más limpio y a disfrutar de espacios naturales debe estar por encima de cualquier negocio especulativo", afirmaron.

Denuncian rellenos sobre 64 hectáreas del humedal
El conflicto no termina en el recorte legal aprobado en la Legislatura. Las organizaciones aseguran que en paralelo avanzan rellenos de tierras en el barrio 9 de Enero.
Denuncian movimientos sobre aproximadamente 64 hectáreas del humedal. Advierten que estas intervenciones podrían modificar el comportamiento hidráulico del área.
Los rellenos sobre humedales cambian la forma en que el agua se mueve y se absorbe. Eso afecta la capacidad natural del ecosistema para amortiguar inundaciones en toda la cuenca.
"Mientras se reduce la superficie protegida por ley, se rellena lo que queda. Es un doble golpe contra el humedal", señalaron desde el Colectivo.

El antecedente judicial que frenó un intento anterior
No es la primera vez que la Laguna de Rocha enfrenta intentos de reducir su protección legal.
Los ambientalistas recuerdan que una modificación anterior de la ley —la Ley 14.516— fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Por eso consideran que el nuevo artículo incorporado al Presupuesto vuelve a vulnerar principios básicos del derecho ambiental: "Viola los principios de progresividad y de no regresión ambiental establecidos tanto por la Ley General del Ambiente como por el Acuerdo de Escazú".
Walter Martello, ex diputado provincial y actual Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, fue autor de la ley que creó la Reserva hace 12 años.
"Hace doce años fui autor del proyecto legislativo que dio origen a la declaración de Reserva Natural Provincial al humedal Laguna de Rocha. Hoy rechazo este intento de modificar sus límites", afirmó Martello públicamente.
Martello recordó que la reserva fue creada mediante la Ley 14.488 dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.

Un conflicto de años con presiones inmobiliarias constantes
Desde su creación, distintas iniciativas legislativas y judiciales buscaron modificar los límites de la Reserva. Organizaciones vecinales denuncian presiones inmobiliarias constantes sobre uno de los pocos grandes humedales que quedan en el conurbano.
Hasta clubes tradicionales como Boca Juniors y Racing intentaron en el pasado quitarle superficie. Buscaban rellenar hectáreas del humedal para proyectos deportivos.
Para el Colectivo Unidos por Laguna de Rocha, el nuevo proyecto representa "otro intento ilegal e ilegítimo" de avanzar sobre tierras protegidas.
Mientras el proyecto comienza a generar debate político en la Provincia, organizaciones ambientales ya anticipan que impulsarán acciones legales. Buscan impedir cualquier reducción de la superficie protegida.
"La Reserva Laguna de Rocha no pertenece a un gobierno de turno ni a un grupo de propietarios. Es patrimonio ambiental de millones de bonaerenses", concluyeron desde el Colectivo.
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Más de 11 millones de toneladas de residuos industriales quedarían sin tratamiento en 2026

Fecha de Publicación: 07/08/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Nacional


El manejo de los residuos industriales continúa siendo una de las principales deudas ambientales de Argentina. Aunque durante los primeros meses de 2026 se registró una leve mejora en la tasa de tratamiento, más del 92% de los residuos generados por la actividad industrial aún no recibe una gestión adecuada, según el último informe del Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR.
El relevamiento correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026 estima que en el país se generarán este año alrededor de 12,7 millones de toneladas de residuos industriales, pero apenas 917.700 toneladas serán tratadas correctamente. Esto significa que solo el 7,23% de los residuos ingresa al circuito formal de gestión, mientras que el restante 92,77% permanece fuera de los sistemas de tratamiento especializados.
La cifra representa una mejora respecto del promedio registrado durante 2025, cuando la tasa de tratamiento alcanzó apenas el 5,57%, aunque el Observatorio advierte que el avance resulta insuficiente frente a la magnitud de la actividad industrial argentina.

Un problema con impacto ambiental y sanitario
La baja tasa de tratamiento no solo refleja una debilidad en la gestión ambiental, sino que también implica riesgos concretos para el ambiente y la salud pública. Los residuos industriales que no son tratados adecuadamente pueden terminar en basurales clandestinos, cursos de agua, suelos o rellenos sanitarios no preparados para este tipo de materiales, incrementando las posibilidades de contaminación por sustancias peligrosas.
La ausencia de un circuito formal también dificulta la trazabilidad de estos residuos, limita las posibilidades de recuperación de materiales y atenta contra el desarrollo de una economía circular en el sector industrial.

Más de 390.000 empresas generan residuos, pero pocas los gestionan formalmente
El informe estima que existen 393.130 empresas activas que generan residuos industriales en Argentina. Sin embargo, solo 33.183 contratan servicios especializados para su tratamiento, lo que representa apenas el 8,44% del total.
En otras palabras, más del 91% de las empresas generadoras no aparece dentro del sistema formal de tratamiento relevado por el Observatorio, una situación que pone en evidencia las limitaciones del esquema actual de control, fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental.

Un vacío estadístico que dificulta las políticas públicas
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que Argentina continúa sin contar con estadísticas oficiales consolidadas sobre la generación y el tratamiento de residuos industriales.
Ante esta ausencia de información pública sistemática, el Observatorio de Residuos Peligrosos —creado en 2021 mediante un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las cámaras empresarias Catries y Caitpa— se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre el sector.
Para elaborar sus informes, el Observatorio releva mensualmente la actividad de 37 empresas que operan 47 plantas de tratamiento distribuidas en todo el país. A partir de encuestas anónimas y un modelo estadístico, proyecta la situación nacional.

La necesidad de fortalecer la gestión ambiental
Los resultados muestran que Argentina enfrenta un desafío estructural para mejorar la gestión de los residuos industriales. Especialistas coinciden en que ampliar la cobertura del sistema formal requerirá fortalecer los mecanismos de fiscalización, incentivar la contratación de operadores habilitados, mejorar la trazabilidad de los residuos y generar estadísticas oficiales que permitan diseñar políticas públicas más eficaces.
Mientras tanto, el dato más contundente del informe permanece prácticamente inalterado: más de nueve de cada diez toneladas de residuos industriales generadas en el país continúan sin ingresar al circuito formal de tratamiento, una brecha que sigue representando uno de los mayores desafíos para la política ambiental y la prevención de la contaminación en Argentina.
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Comodoro Rivadavia demandará a YPF por los pasivos ambientales que dejó la actividad petrolera

Fecha de Publicación: 07/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut 


La Municipalidad presentará una acción judicial para que una prueba científica independiente establezca si la petrolera cumplió con la obligación constitucional de recomponer los daños ambientales. La carta.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que en los próximos días promoverá una acción judicial contra YPF para que la Justicia determine, mediante pruebas científicas independientes, si la empresa cumplió con la obligación constitucional de recomponer los pasivos ambientales generados durante décadas de actividad hidrocarburífera dentro del ejido urbano.
A través de un comunicado, el municipio sostuvo que, si bien reconoce el papel histórico de la petrolera en el desarrollo de la ciudad y del país, “esa misma historia tiene otra cara que ya no puede seguir siendo postergada”.
Según el documento, la explotación petrolera dejó “pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados, restricciones al uso del territorio y numerosos pasivos ambientales cuya recomposición integral aún constituye una cuestión abierta”.

La demanda buscará determinar si hubo recomposición ambiental
Desde la Municipalidad afirmaron que la decisión se basa en información documentada durante años mediante expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono y programas de remediación.
“No se trata de afirmaciones retóricas. Se trata de hechos documentados durante años por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono, programas de remediación y actuaciones de organismos públicos”, señalaron.
Asimismo, sostuvieron que la propia documentación elaborada por YPF demuestra que “numerosos sitios continúan siendo objeto de monitoreo, evaluación, saneamiento o programas de intervención”, lo que, a su criterio, confirma que la problemática requiere una respuesta integral.
Por ese motivo, el municipio explicó que acudirá al Poder Judicial para que determine si la obligación constitucional de recomposición ambiental fue efectivamente cumplida.

También presentarán el caso ante la CNV
Además de la demanda judicial, la Municipalidad informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según argumentó, considera que la controversia resulta “objetivamente relevante” para una empresa que participa del mercado de capitales argentino e internacional y que asumió compromisos públicos en materia de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
El comunicado aclara que la decisión “no constituye un acto de confrontación”, sino “el ejercicio responsable de las competencias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica Municipal confieren al Municipio”.

El municipio cuestionó el acuerdo entre YPF y Chubut
La Municipalidad también sostuvo que el acuerdo firmado entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve la controversia ambiental.
Según indicó, ese convenio “no puede producir efectos respecto de derechos colectivos cuya tutela corresponde también al Municipio ni extinguir una obligación constitucional de orden público como es la recomposición del daño ambiental”.
En ese sentido, agregó que “la Constitución Nacional no autoriza reemplazar la recomposición efectiva del ambiente por una compensación económica cuando subsisten dudas razonables acerca de la restauración integral de los sitios afectados”.

Convocatoria al diálogo con la petrolera
Pese al anuncio de las acciones judiciales, el municipio aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución institucional con la empresa.
“Todavía es posible abrir una instancia de diálogo institucional serio, transparente y técnicamente fundado que coloque en el centro la recomposición efectiva del ambiente y no la discusión acerca de quién debe asumir esa obligación”, expresó.
El comunicado concluye señalando que “YPF tiene hoy la oportunidad de demostrar que su compromiso con la sostenibilidad no se limita a declaraciones, reportes o instrumentos financieros” y que la Municipalidad ejercerá “todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales que resulten necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
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Ley de Tierras: ante el riesgo de derrota en el Senado, el Gobierno eliminó el capítulo más polémico del proyecto

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Patricia Bullrich debió acordar con los bloques dialoguistas que se diera de baja la reforma a la Ley de Tierras Rurales, para poder sesionar este jueves. Fue después que gobernadores aliados se sumaran al rechazo, lo que anticipaba una posible votación adversa en el recinto. El resto del proyecto, con expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, sigue en pie, pero tiene menos resistencias. 
El capítulo más resistido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada no llegará al recinto del Senado. Tras una jornada de negociaciones que se aceleró este miércoles, Patricia Bullrich acordó con los bloques dialoguistas retirar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder destrabar la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión llega después de dieciséis versiones de texto, un techo de extranjerización que había llegado a fijarse en el 25% y cuatro postergaciones previas de la votación.
El quiebre definitivo se produjo esta mañana, cuando tres gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. Esa noticia, sumada a la posición negativa de tres de los 10 senadores del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista, y el cambio de opinión de la aliada salteña Flavia Royón, terminó de inclinar la cuenta de votos hacia el "no": según el poroteo que circulaba entre los senadores, el oficialismo llegó necesitaba cuatro votos más para evitar perder la votación en el capítulo más sensible.
La última versión del texto, previa al retiro, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero habilitaba a personas jurídicas con participación estatal extranjera (directa o indirecta) a adquirirlas si contaban con la autorización conjunta de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, según el texto al que accedió Infobae. Ese esquema tampoco alcanzó para cerrar el acuerdo.
La negociación no estuvo exenta de un nuevo cortocircuito con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se había manifestado en contra del proyecto desde el inicio. Según pudo saber PERFIL, en el bloque libertario hubo enojo con Villarruel por la forma en que la Secretaría Parlamentaria hizo circular la convocatoria a la sesión de este jueves, pensada formalmente para retomar el cuarto intermedio que se había votado el 16 de julio pasado. Mientras tanto, la sociedad civil y varios artistas convocaron a una movilización frente al Congreso para este mismo jueves en rechazo al proyecto.
Con el capítulo de tierras afuera, el resto de la iniciativa sigue en danza: el endurecimiento de las condiciones para expropiaciones (con el objetivo declarado de evitar que el Estado tarde hasta 18 años en pagar indemnizaciones), la agilización de los desalojos —un punto sensible para inquilinos—, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego sobre el uso posterior de tierras incendiadas, y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Son los mismos ejes que Bullrich había defendido extensamente el martes en su conferencia de prensa, cuando calificó a la ley vigente de tierras como "un despropósito" ideado para "volver terratenientes a los amigos" de Máximo Kirchner.
Con el capítulo de tierras fuera del temario, restará ver si el oficialismo consigue ahora los votos para el resto del proyecto, y si la vicepresidenta, tal como estaba previsto, deja en manos del propio recinto la definición sobre la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Por ahora, la señal que deja esta marcha atrás es clara: incluso con la promesa de un tope más alto que el vigente, el capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no logró sobrevivir a la resistencia combinada de gobernadores propios, aliados dialoguistas y la oposición.
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Vecinos de Salta denuncian que un pozo petrolero mal cerrado arrasó todo un ecosistema y los dejó sin su modo de subsistencia

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Salta


Señalan que sale gas permanentemente y que se formó una pequeña laguna de una sustancia aceitosa en medio de un bosque. Algunos tuvieron que irse y perdieron desde cabezas de ganado hasta sus hogares
Un pueblo de Salta en medio del bosque previo a las yungas cambió por completo desde hace tres años a partir de un pozo petrolero en la zona que dejó de ser explotado y que, aseguran, se cerró de manera incorrecta. Esto derivó en una contaminación constante del aire producto de una fuga de gas que brota desde el suelo y la formación de una laguna con una sustancia aceitosa, que provocaron la contaminación del suelo y la muerte de cientos de cabezas de ganado, principal actividad con la que subsistían los habitantes de la zona, quienes tuvieron que mudarse.
Los pobladores de Lomas de Olmedo, ubicado a unos 260 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta, comenzaron a reclamar hace más de dos años por gas que sale sin parar desde el suelo y por la formación de una suerte de laguna con una sustancia aceitosa en una zona boscosa. Esta situación afectó a unas 20 hectáreas de un ecosistema particular, por tratarse de una zona de transición entre dos ecorregiones diferentes.
Desde 1983 hasta la actualidad, pasaron seis empresas que explotaron ese pozo petrolero. La última lo hizo hace tres años, pero tanto las personas que vivieron hasta hace un tiempo en el área como Greenpeace denuncian que, tras cesar la explotación, el yacimiento se cerró incorrectamente y eso derivó en la situación actual.

Vida interrumpida
La población de Lomas de Olmedo subsistía, sobre todo, en base a la ganadería. Pero todo cambió desde que comenzaron las fugas: se contabilizaron más de 350 animales muertos en tres años, sin contemplar la fauna silvestre, y la contaminación del entorno fue tal que muchos tuvieron que abandonar el lugar.
Al no contar con otros ingresos, algunos tuvieron que mudarse a otros lugares, como Pichanal (a unos 80 kilómetros), y volver diariamente a Lomas de Olmedo a mantener las pocas cabezas de ganado que quedaron en pie. Esto no es un simple trayecto porque demanda recorrer caminos rurales que son difíciles de transitar, que se complican todavía más si llueve.
El problema es por partida doble: pobladores que deben mudarse y cambiar su modelo de subsistencia, además de un retroceso del bosque nativo.
Vecinos que dialogaron con TN pero pidieron no ser identificados afirman que se sienten abandonados porque, en algunos casos, se está perdiendo diariamente el esfuerzo de tres generaciones de lugareños de la zona, que viven de la ganadería y no tienen otra manera de subsistir.
Desde el comienzo de las fugas, hace tres años, los animales fueron los principales perjudicados. Al principio, la mayoría pensaba que se trataba de alguna enfermedad, pero conforme iban aumentando las fugas del pozo se dieron cuenta que el problema era mucho más grave.

El “Chernobyl argentino”
El biólogo Matías Arrigazzi forma parte de Greenpeace y fue uno de los testigos directos de la situación en Lomas de Olmedo. El relevamiento de la zona se hizo difícil, recordó, porque el aire está totalmente viciado: “Tenés que ir saliendo y entrando porque no se puede respirar”.
El entorno es tierra arrasada: tierra anaranjada y una laguna aceitosa que va cambiando de color, con predominio de tonos amarillos, hacen que la zona sea irreconocible. Estas anomalías le valieron a la zona ganarse el mote de “Chernobyl argentino”, una de las primeras cosas que sintió el equipo de la ONG que se dirigió al lugar.
Arrigazzi relató que el ruido que provoca la salida del gas desde el suelo es casi ensordecedor y que esto varía según las condiciones atmosféricas: “Cuando baja la presión atmosférica, aumenta el chorro de salida, el gas sube con más fuerza y en ese momento no se puede respirar. El ruido es ensordecedor”.
De todos modos, describió que lo más impactante es una “lluvia aceitosa” que cae luego de que el gas inunda el ambiente, formando un círculo nocivo para el ecosistema: “Eso se deposita en el suelo y en las plantas, que se cubren también de tierra y hacen que los árboles pierdan su color. Y, por estar cubiertos, no pueden fotosintetizar y terminan muriendo de pie”.

Ecosistema único
Las 20 hectáreas de bosque nativo forman parte de una región de transición. Según explicó Arrigazzi, se trata de un pase natural del Chaco seco a la selva pedemontana previa a las yungas. Por eso el objetivo, además de buscar responsables y cerrar correcta y definitivamente el pozo petrolero, es intentar que el bosque pueda resurgir.
“En ese sector se da la fusión de dos ecosistemas que generan una particularidad única, que cuenta con especies endémicas (que no están en otra parte del mundo), y que es prioritario para la conservación a nivel provincial y un área importante para la conservación de aves a nivel internacional”, detalló el biólogo. Y sumó que en esa región “hay especies amenazadas como el ocelote, la corzuela o el pecarí”.
Los registros sobre la flora hechos por el equipo arrojaron que los bosques siguen siendo resilientes, pero cada día que pasa sin remediarse el ambiente es crucial porque le va sacando posiblidades al ecosistema para que se recupere correctamente: “Encontramos brotes, pero salían y morían jóvenes, y nunca llegaban a ser plantas maduras. Cada día que pasa, aumenta la probabilidad de que el daño sea irreversible”.

Volver a la normalidad
“Animal que cruza por ahí, animal que se muere. Es triste, muy triste”, afirmó uno de los pobladores, para sumar que ya vio morir vacas, quirquinchos y corzuelas: “Ni siquiera se puede pasar”.
“Nos pidieron que nos vayamos a dormir a otro lado porque la concentración de gas es mayor a la noche, así que nos tenemos que ir todos los días. Es un sacrificio más del que ya tenemos”, detalló otro lugareño. Por eso, el pedido a esta altura es unánime: que cierren correctamente el pozo para retomar sus vidas cotidianas. “No estamos pidiendo nada de otro mundo, queremos que se cierre el pozo para volver a vivir tranquilos y que se dejen de morir los animales y las plantas”, afirmó.
En octubre del 2025, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Pichanal en la que, a su vez, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, realizaron una inspección ocular en la zona la titular de esa Fiscalía, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y el juez Gustavo Ramiro Morizzio, del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán.
Dos meses después, a principios de diciembre del año pasado, el gobierno salteño declaró, a través del decreto 826/25 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, la caducidad de la explotación a President Petroleum S.A., la última firma que trabajó sobre el área. En la normativa, también se dispone que el área de explotación no convencional de hidrocarburos, denominada “CNO-8 ‘Puesto Guardián’”, pase a manos del Estado provincial, “con todas las instalaciones, pozos, mejoras y demás elementos afectados a la actividad”.
En tanto, el mismo decreto faculta al entonces Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (hoy, la cartera es de Producción y Minería) a “suscribir los acuerdos necesarios para establecer una operación de mantenimiento y resguardo de emergencia, a los fines de asegurar la continuidad operativa, ambiental y de seguridad” respecto del área en cuestión. TN realizó consultas con el Ministerio de Producción y Minería provincial para conocer cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevaron adelante los acuerdos para los que está facultado, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
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La apuesta argentina a materias primas genera pocos empleos y riesgo ambiental

Fecha de Publicación: 05/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


La apuesta argentina a materias primas avanza a todo vapor bajo el gobierno de Javier Milei, pero los números muestran una paradoja: las exportaciones crecen 24% mientras las inversiones caen 7,6% y el empleo retrocede en minería, hidrocarburos y fábricas proveedoras. El modelo promete dólares, pero economistas advierten que las divisas netas pueden resultar insuficientes para un país endeudado con ahorristas dolarizados.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales y cambiarios a proyectos extractivos en Vaca Muerta y la minería andina. Mientras tanto, el Congreso Nacional debate una ley de extranjerización de tierras que facilitaría la compra de territorio productivo por parte de capitales foráneos. La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Neuquén y habló en primera persona del plural sobre el desempeño de petróleo, gas y minería, según declaraciones reproducidas por elDiarioAR.

Por qué las divisas pueden no alcanzar
Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, advirtió en el diario Clarín que es difícil prever una avalancha de dólares. Las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor escenario, a USD 3.500, muy por debajo de Noruega (USD 29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según un paper de los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak citado por elDiarioAR.
De las exportaciones brutas hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades giradas al exterior y las importaciones necesarias para explotar los recursos, explicó Rapetti. El flujo neto de divisas será bastante menor. Además, el Banco Central arranca con reservas netas negativas y los habitantes ahorran en dólares, lo que exige un nivel alto de reservas propias para sostener la confianza.

Empleos que caen, amenazas que crecen
Las inversiones en la economía argentina cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, según el estudio Ferreres citado por la fuente. El trabajo cayó en minas, pozos y fábricas de equipos y herramientas. Protestas por despidos en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor, en Córdoba, marcaron el clima social de agosto.
El riesgo ambiental avanza desde los Andes al mar. Proyectos mineros como Josemaría, parte del complejo Vicuña, avanzan sin evaluaciones de impacto acumulativo en zonas cordilleranas. En Vaca Muerta, el fracking multiplica la demanda de agua en una región semiárida, mientras los derrames de hidrocarburos quedan subregistrados por falta de controles independientes.
Las exportaciones de hidrocarburos del primer semestre estuvieron influidas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán, que elevaron los precios internacionales del crudo. Ese impulso es transitorio. Hay consenso entre economistas sobre que Argentina nadará en dólares y resolverá su restricción externa, pero no todos suscriben: Rapetti y otros analistas advierten que el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas y en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares.
Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. El campo recibió rebaja de retenciones, aunque no fueron eliminadas. La minería y los hidrocarburos concentran los incentivos del RIGI. El derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente pasa de potencial a concreto.
La pregunta de fondo es quién gana con este modelo: las corporaciones extractivas extranjeras que se llevan utilidades, o una economía local que necesita empleo, divisas netas y territorios habitables. Los datos del primer semestre de 2026 sugieren que la respuesta aún está abierta, pero el balance provisional no favorece a la segunda.
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Hidrovía: advierten que profundizar a 40 pies amenaza al corredor fluvial de Sudamérica

Fecha de Publicación: 05/08/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Litoral Argentino


La profundización de la Hidrovía a 40 pies generó advertencias de la Fundación Humedales, que cuestionó la falta de estudios ambientales acumulativos y alertó sobre posibles impactos en el sistema Paraguay-Paraná.
La profundización de la Hidrovía a 40 pies generó una advertencia de la Fundación Humedales/Wetlands International, que sostuvo que las nuevas obras sobre la Vía Navegable Troncal podrían aumentar la presión sobre los ecosistemas del corredor Paraguay-Paraná. La organización cuestionó, además, la información ambiental disponible antes de avanzar con el proyecto.
El planteo surgió luego de que el Gobierno nacional avanzara con la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná al consorcio Jan De Nul-Servimagnus por un plazo de 25 años. Entre las intervenciones previstas se encuentra la profundización del cauce hasta los 40 pies, uno de los puntos que concentró los cuestionamientos ambientales. 
Las tareas de dragado alcanzarán el tramo de mayor relevancia comercial del río, desde el polo portuario ubicado en el sur de Santa Fe hasta el Río de la Plata. La Fundación señaló que la intervención tendría incidencia sobre el sistema de humedales Paraguay-Paraná, un corredor fluvial de aproximadamente 3.400 kilómetros. 

Cuestionamientos por los estudios ambientales
“La nueva profundización de la Vía Navegable Troncal pondrá mayor presión a ecosistemas ya fragilizados por el cambio climático y el aumento de la contaminación por usos antrópicos”, advirtió la organización especializada en conservación y restauración de humedales.
Según el informe, la información existente sobre los costos ambientales de la Hidrovía era “parcial y estaba desactualizada”. En ese sentido, la Fundación indicó que no se había presentado una evaluación de impacto ambiental acumulativa que contemplara integralmente las consecuencias de las diferentes intervenciones realizadas sobre el corredor. 
La organización también hizo referencia a observaciones formuladas durante el proceso licitatorio por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). De acuerdo con el documento difundido, ese organismo había advertido sobre la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental y señalado posibles incumplimientos vinculados con el Acuerdo de Escazú. 

Los planteos sobre la licitación de la Hidrovía
La Fundación Humedales recordó que los cuestionamientos motivaron presentaciones de organizaciones ambientalistas ante la Justicia para solicitar la suspensión del procedimiento licitatorio. Esas pretensiones fueron rechazadas inicialmente y la decisión fue posteriormente apelada.
La PIA, organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar posibles irregularidades administrativas vinculadas con agentes estatales, había realizado observaciones en febrero de 2025 durante un primer intento de licitación. Entre otros aspectos, había puesto el foco en las condiciones ambientales contempladas en el proceso. 
Desde sectores ambientalistas sostuvieron que esas observaciones no fueron subsanadas antes de avanzar con la concesión. Se trata de una posición atribuida a las organizaciones que cuestionaron el procedimiento, mientras el proceso administrativo continuó hasta la adjudicación de la Vía Navegable Troncal.

Un corredor de 3.400 kilómetros
El informe situó las obras en un escenario marcado por los efectos del cambio climático. “Todo esto ocurre en un contexto de crisis climática acelerada, con el Paraná atravesando ciclos de bajante más extremos que en el pasado y altos niveles de intervención antrópica en toda la cuenca”, señaló la Fundación. 
El corredor fluvial Paraguay-Paraná constituye uno de los principales sistemas de humedales de Sudamérica. A lo largo de aproximadamente 3.400 kilómetros, cumple funciones vinculadas con la provisión y depuración de agua, la regulación de temperaturas y pulsos de inundación y la conservación de numerosas especies animales y vegetales, publicó Rosario 3.
Frente a ese escenario, la Fundación Humedales consideró que una profundización hasta los 40 pies podría incrementar la presión sobre ambientes que ya enfrentaban distintas alteraciones. “Cambios drásticos en la estructura de los humedales del corredor fluvial pueden generar cambios drásticos en el ecosistema, con pérdida de medios de vida de las poblaciones locales”, concluyó la organización.
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Jaguar en los Esteros del Iberá: así se recuperó la especie tras su extinción local

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Corrientes - Nacional


El regreso del jaguar a los Esteros del Iberá es hoy una realidad que hace siete décadas parecía imposible. La caza indiscriminada y la destrucción de hábitat habían borrado al yaguareté del paisaje correntino, pero un programa de reintroducción cambió la historia: más de 20 ejemplares viven ahora en libertad y se reproducen sin intervención humana, según confirmó Ecoticias.
El hito convierte a Iberá en el primer proyecto del mundo que logra devolver una población de jaguares a un territorio donde la especie se había extinguido localmente. Y el dato no es menor: estamos hablando del carnívoro más grande de América, un animal que en Argentina está catalogado en Peligro Crítico con menos de 200 ejemplares en total.

Los primeros pasos del rewilding en Argentina
Todo arrancó en 2012, cuando la Fundación Rewilding Argentina construyó el Centro de Reintroducción del Yaguareté dentro de las 688.000 hectáreas del Gran Parque Iberá. Los animales pasaron años en recintos de adaptación, aprendiendo a cazar con mínimo contacto humano, monitoreados por cámaras trampa y GPS.
El momento clave llegó en enero de 2021. Mariua, una hembra rescatada huérfana en Brasil, salió al humedal junto con sus dos cachorros nacidos bajo cuidado humano. Eran los primeros de un largo camino.

Nacimientos en libertad: el verdadero punto de inflexión
La recuperación dejó de depender solo de nuevas liberaciones cuando empezaron los nacimientos silvestres. En mayo de 2024, Parques Nacionales confirmó una camada de tres crías y señaló que ya se habían registrado seis camadas concebidas en libertad, según reportó Ecoticias.
Ombú, un macho de un año y ocho meses nacido libre, fue localizado recientemente cerca del Portal Laguna Iberá. Pesaba 85 kilos, estaba en buenas condiciones y fue equipado con un collar satelital antes de volver al humedal. Ese tipo de dato importa: significa que el animal está creciendo, buscando territorio y moviéndose por un paisaje con presas y refugio.
Julián Lentijo, responsable regional de conservación de Parques Nacionales, explicó a Ecoticias que hoy ya se habla de más de 50 ejemplares libres en Iberá (la cifra se actualizó desde los 35 oficiales de enero de 2025). El aumento responde a nacimientos dentro del ecosistema y a nuevas incorporaciones cuidadosamente planificadas.

El yaguareté como clave del equilibrio ecológico
El jaguar está en la punta de la cadena alimentaria. Al cazar y modificar el comportamiento de sus presas, influye en muchas relaciones del humedal. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que la reintroducción cuidadosa de depredadores puede ayudar a recuperar ecosistemas degradados.
Pero el efecto concreto sobre la vegetación, las presas y otros procesos de Iberá todavía se está evaluando. La lógica ecológica es sólida, aunque medirla exige años de datos. La naturaleza no funciona como un interruptor.
Corredores y diversidad genética: el desafío que viene
Un informe de Rewilding Argentina señaló que tres machos jóvenes se dispersaron por corredores ribereños hacia nuevas zonas, con desplazamientos que alcanzaron incluso Paraguay. Es una buena noticia, pero también un recordatorio: los jaguares no entienden de límites administrativos. La conectividad evita que una población quede encerrada y pierda diversidad genética.
En 2025, Takajay fue trasladado desde El Impenetrable hasta Iberá para aportar genes de Qaramta, un macho silvestre del Chaco. Cada incorporación planificada reduce la dependencia de pocos fundadores y fortalece la viabilidad a largo plazo.

Ecoturismo y convivencia: la otra pata del proyecto
El regreso del yaguareté reforzó el turismo de naturaleza y su valor cultural en Corrientes. Para las comunidades guaraníes, el felino representa fuerza e identidad; para visitantes y guías, una presencia extraordinaria.
Pero verlo no da permiso para acercarse. Las autoridades piden reducir la velocidad en caminos de tierra, mantener distancia, no ofrecer comida, no molestar al animal y avisar a los guardaparques cuando sea necesario. El éxito todavía es frágil.
A escala global, la UICN clasifica al jaguar como Casi Amenazado y con tendencia decreciente. La caza furtiva, la degradación del hábitat y la falta de conexión siguen siendo amenazas reales. Por eso una reintroducción no se sostiene sola: necesita protección activa, monitoreo constante y comunidades dispuestas a convivir con un depredador que durante 70 años fue solo un recuerdo.
La cifra de más de 20 jaguares libres en Iberá marca un hito, pero también un punto de partida. El trabajo no termina con un número: ahora toca garantizar que esos animales puedan seguir moviéndose, cazando y reproduciéndose sin que volvamos a repetir los errores del pasado.
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Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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Ambiente sin conducción: la Nación lleva más de un mes sin subsecretario

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal LaPolíticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional


La renuncia de Fernando Brom dejó vacante la conducción de la Subsecretaría de Ambiente. Aunque el despacho quedó transitoriamente bajo la órbita del secretario de Turismo y Ambiente, la falta de una autoridad específica profundiza los interrogantes sobre el lugar que ocupa la política ambiental en la agenda del Gobierno nacional.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación lleva más de un mes sin una autoridad política propia. Fernando Brom renunció al cargo con efecto desde el 26 de junio y, hasta el momento, el Gobierno no anunció a su reemplazante. La situación vuelve a exponer el debilitamiento institucional de un área estratégica para coordinar políticas climáticas, proteger los recursos naturales y representar al país en los principales debates ambientales internacionales.
La renuncia fue aceptada mediante la Resolución 62/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial. La misma norma encomendó al secretario de Turismo y Ambiente la atención y firma del despacho de la Subsecretaría, como mecanismo transitorio para garantizar la continuidad administrativa. En términos estrictos, el organismo no se encuentra completamente paralizado, pero carece de una autoridad dedicada exclusivamente a conducirlo y fijar sus prioridades.
La diferencia no es menor. La firma de expedientes permite sostener el funcionamiento cotidiano, pero no reemplaza la conducción política necesaria para negociar partidas presupuestarias, coordinar posiciones con las provincias, impulsar nuevas regulaciones o intervenir en discusiones que enfrentan intereses productivos, económicos y ambientales.

Un área estratégica relegada
La estructura ambiental nacional tiene competencias sobre recursos naturales, desarrollo sostenible, gestión climática, evaluación y control ambiental y articulación con las distintas jurisdicciones. También interviene en cuestiones vinculadas con bosques nativos, biodiversidad, residuos, economía circular, educación ambiental y cumplimiento de compromisos internacionales.
La prolongación de la vacante aparece, por lo tanto, como algo más que una demora administrativa. Constituye una señal política sobre la posición subordinada que ocupa la agenda ambiental dentro de un Gobierno concentrado en la desregulación económica, el impulso de inversiones extractivas y la reducción de la estructura estatal.
Desde diciembre de 2023, el área ambiental perdió jerarquía institucional y quedó incorporada a una secretaría que también concentra las políticas de turismo. La falta de un subsecretario profundiza ese proceso y reduce la capacidad del Estado nacional para intervenir con una mirada ambiental propia frente a decisiones relacionadas con minería, hidrocarburos, infraestructura, energía y explotación de recursos naturales.
Uno de los debates más sensibles es el futuro de la Ley de Glaciares. En un escenario marcado por el avance de proyectos de cobre, litio y oro en zonas cordilleranas, la autoridad ambiental debería aportar criterios técnicos, coordinar con las provincias y garantizar que las decisiones productivas respeten los presupuestos mínimos de protección establecidos por la legislación nacional.
La ausencia de una conducción específica también puede afectar el vínculo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se reúnen las autoridades ambientales de las 24 jurisdicciones. Ese espacio resulta fundamental para coordinar políticas sobre incendios forestales, bosques nativos, residuos, biodiversidad, cambio climático y evaluación de grandes proyectos.

La agenda climática, sin un referente definido
El vacío institucional se produce, además, en un momento clave para la política climática. Argentina debe sostener sus compromisos bajo el Acuerdo de París, avanzar con planes de adaptación, actualizar inventarios de gases de efecto invernadero y definir estrategias para reducir emisiones en sectores como energía, transporte, producción e infraestructura.
A ello se suma la preparación de la posición argentina para la COP31, que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Históricamente, la autoridad ambiental nacional tuvo un papel central en la coordinación técnica de la delegación argentina y en la articulación con Cancillería, las provincias, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil.
Sin un funcionario claramente responsable, el país llega debilitado a una negociación internacional en la que estarán en juego el financiamiento climático, la adaptación, la transición energética y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.
La vacancia también puede generar consecuencias económicas. Los mercados internacionales, los bancos multilaterales y los grandes fondos de inversión incorporan cada vez más exigencias sobre trazabilidad, emisiones, biodiversidad y estándares ambientales. Una política nacional sin conducción clara no solo debilita los controles, sino que reduce la previsibilidad para las propias actividades productivas.
La designación de un nuevo subsecretario no resolverá por sí sola el retroceso de la política ambiental. Sin embargo, la demora en cubrir el cargo revela una definición más profunda: mientras se aceleran las decisiones vinculadas con minería, hidrocarburos e infraestructura, la autoridad encargada de evaluar y controlar sus consecuencias permanece sin una conducción política específica.
En un contexto atravesado por incendios, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y conflictos por el uso del territorio, mantener vacante la principal autoridad ambiental operativa del Estado nacional no constituye un detalle burocrático. Es la expresión institucional del lugar marginal que el Gobierno le asigna actualmente a la protección del ambiente.
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Buques chinos que depredaban el Mar Argentino recibieron multa multimillonaria pero seguirán pescando 

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Nacional


La depredación que sufre el Atlántico Sur, vía una flota de al menos 600 buques extranjeros que se mantiene sobre la milla internacional 201, pero que irrumpe de forma permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, sigue generando controversia pero también respuestas por parte del Gobierno nacional. En esa línea, el área de Agricultura, Ganadería y Pesca impuso una sanción contra dos buques ligados a China que operaban de forma ilegal en la ZEE. En concreto, se les estableció una multa del orden de los $2.700 millones de pesos. Las embarcaciones en cuestión llevan el nombre de Bao Feng y Bao Win y operan bajo control de capitales de la potencia asiática aunque con base fiscal fijada en Samoa. Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares.
Se indicó de forma oficial que, para eludir regulaciones globales y abaratar costos operativos, ambos buques utilizan "banderas de conveniencia". Así, el Bao Feng opera bajo pabellón de Vanuatu, mientras que el Bao Win figuraba en los registros marítimos de Panamá.
Tras la detección inicial por parte de las autoridades locales, la presión diplomática llevó a Vanuatu a darles de baja su registro, maniobra que la empresa resolvió rápidamente reembanderando a la embarcación en Tanzania para no perder la capacidad de navegación.
La autoridad pesquera dispuso un castigo económico equivalente a un millón de Unidades de Pesca para cada uno de los barcos. En términos monetarios, la cifra combinada escala por encima de los $2.700 millones de pesos, en lo que representa una de las sanciones económicas más duras desde que se ampliaron los controles a la pesca ilegal en aguas nacionales.
"Argentina reafirma su política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal. Logramos la detección temprana y sancionamos a estos buques en defensa de la soberanía y de la sustentabilidad de nuestros recursos marinos", dijo al respecto el vocero presidencial, Adrián Ravier, tras dar cuenta de la sanción aplicada.
La medida responde a la aplicación de la Disposición 20/2026 impulsada por el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Esta normativa cierra grises legales utilizados en las últimas décadas por las flotas extranjeras para eludir sanciones cuando no eran abordadas de forma "física" en el mar.

El Gobierno acentúa el control en torno a la milla 200
El procedimiento contra el potero Bao Feng se inició en enero tras su detección en aguas nacionales por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA). El buque en cuestión navegó durante más de una hora y media a velocidad reducida e inferior a los cuatro nudos, un patrón técnico que la reglamentación tipifica como "maniobra directa de faena".
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó en su momento que la infracción fue confirmada mediante la plataforma de rastreo satelital Skylight. Este entrecruzamiento de datos consolidó una prueba electrónica irrefutable ante la Justicia administrativa sin necesidad de exponer a la PNA a un abordaje en altamar.
Semanas después, el buque Bao Win incurrió en una maniobra idéntica dentro de la jurisdicción nacional. La inteligencia de tráfico marítimo documentó "desplazamientos anómalos". Y aplicó el mismo criterio reglamentario, confirmando la conducta ilícita de la embarcación asiática sobre los bordes del límite marítimo.
A tono con este escenario, especialistas en conservación marina afirmaron que "la rapidez con la que estas empresas cambian de bandera e ignoran las normativas expone la debilidad de los controles internacionales sobre las 'flotas oscuras' que operan en la Milla 201".
La normativa argentina establece que la navegación sin autorización a velocidades menores a seis nudos determina una presunción de pesca ilícita. Con este mecanismo, el Gobierno convierte la telemetría satelital en multas efectivas ejecutables sobre las empresas multinacionales.

Sanción a buques chinos pero igual sigue la pesca ilegal
Pese al impacto de la multa, debe mencionarse que la aplicación de la sanción económica no impide que estas embarcaciones continúen con la extracción de recursos. Una vez cubierta la penalización establecida por el área de Pesca, debe aclararse que tanto el Bao Feng como el Bao Win podrán retomar sus operaciones a partir de la milla 201.
Al tratarse de aguas internacionales, la legislación argentina no cuenta con potestad jurídica para incautar las embarcaciones ni para prohibirles la libre navegación fuera de las 200 millas. Para las grandes corporaciones pesqueras chinas, las multas multimillonarias terminan siendo absorbidas como un costo operativo más dentro de sus campañas extractivas.
Esta incursión dentro del Mar Argentino forma parte de un fenómeno estructural. Como publicó iProfesional, en los últimos años las flotas de origen chino y europeo elevaron un 85% la intensidad de la pesca en el Atlántico Sur.
Al mismo tiempo, la estrategia de las empresas asiáticas abarca el mercado interno. Según reveló un reciente informe de este medio, los conglomerados chinos compraron acciones en empresas pesqueras nacionales y ya controlan el 63% de la flota potera que opera legalmente bajo bandera argentina para la captura del calamar.
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Las ballenas sei en la Patagonia argentina vuelven tras 100 años y la ciencia las rastrea desde el espacio

Fecha de Publicación: 01/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Patagonia


Las ballenas sei en la Patagonia argentina reaparecieron en aguas del Golfo San Jorge después de casi un siglo de desaparición por caza intensiva, y ahora un equipo científico las monitorea con tecnología satelital para proteger sus rutas migratorias. El tercer animal más grande del planeta, catalogado en peligro crítico de extinción, convirtió las costas patagónicas en un escenario clave para la biología marina.
Un estudio liderado por Mariano Coscarella, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muestra que estos cetáceos se alimentan en el Golfo San Jorge entre octubre y junio, y luego migran hacia las costas de Brasil para reproducirse. El equipo incluye especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y Rewilding Argentina.
El rastreo satelital de ballenas sei se realiza mediante dispositivos que se implantan en la piel y grasa de los ejemplares, con una duración de entre 30 días y cuatro meses según el tipo de tecnología. El satélite captura la información cada vez que el animal sale a respirar, permitiendo reconstruir sus rutas completas. Dos ejemplares están siendo monitoreados en tiempo real.
La ballena sei (Balaenoptera borealis) puede alcanzar hasta 18 metros de largo y superar las 20 toneladas de peso. Es uno de los cetáceos más veloces del océano y se caracteriza por su cuerpo estilizado de color gris con vientre blanco. Permanece como una de las especies más desconocidas del océano, según informó Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam.

El Golfo San Jorge se convirtió en zona de alimentación crítica para la especie
Las ballenas sei se acercan a la región entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly buscando langostilla, copépodos y pequeños peces pelágicos, según explicó Coscarella a Mongabay Latam. Los copépodos son crustáceos microscópicos que forman parte del plancton y constituyen el alimento base de muchos cetáceos. Durante ocho meses al año, las ballenas permanecen en estas aguas acumulando reservas de grasa.
En junio, los animales inician una migración hacia el norte. Algunos lo hacen sobre la plataforma costera, otros por aguas profundas, pero todos se dirigen al sur de Brasil. “Todavía no tenemos claro cuál es el lugar de destino final en Brasil”, detalló Coscarella a Mongabay. El monitoreo satelital busca identificar con precisión las zonas de reproducción.
Los resultados del estudio pueden determinar la creación de áreas protegidas marinas en el Golfo San Jorge y zonas de protección en las costas brasileñas, según los expertos. El trabajo científico permitirá establecer corredores seguros para la especie y regular actividades humanas que puedan interferir con sus rutas.
Tecnología satelital puede salvar al tercer animal más grande del mundo
La ballena sei estuvo desaparecida durante casi 100 años como consecuencia de la caza industrial que la llevó al borde de la extinción. En 2024, un equipo de científicos marinos halló el rastro de un ejemplar en el litoral patagónico, confirmando el regreso de la especie. Desde entonces, los monitoreos verificaron un crecimiento poblacional histórico en los últimos 15 años.
“Se decidió rastrear los movimientos de esta especie mediante tecnología satelital para comprender cómo utilizan el entorno patagónico”, resaltó Coscarella. La información recopilada permitirá diseñar estrategias de conservación basadas en datos concretos sobre el comportamiento de los animales.
La ballena sei es el tercer cetáceo más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y el rorcual común (Balaenoptera physalus). El Golfo San Jorge se confirmó como un espacio indispensable para la supervivencia de la especie en el Atlántico Sur.
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El reciclaje de plásticos cayó 11% en Argentina durante 2025

Fecha de Publicación: 01/08/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Nacional


La industria del reciclaje de plásticos en la Argentina procesó 235.352 toneladas de residuos durante 2025, un volumen que representa una caída interanual del 11% y refleja el impacto de la retracción del consumo interno y de la volatilidad del mercado internacional sobre la actividad.
Los datos surgen del Índice de Reciclaje 2025, elaborado por Ecoplas y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS), a partir de un relevamiento realizado entre 150 empresas de todo el país. El informe ofrece una radiografía del desempeño del sector y, al mismo tiempo, plantea los desafíos que enfrenta la cadena de valor para consolidar el crecimiento de la economía circular.
Del total de plásticos recuperados, 198.025 toneladas correspondieron al reciclado mecánico, que registró una disminución del 15% respecto del año anterior. En cambio, la revalorización energética mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 23%, hasta alcanzar las 37.327 toneladas. Esta tecnología permite aprovechar el alto poder calorífico de los residuos plásticos como combustible alternativo en hornos cementeros.
Según el informe, la baja en los volúmenes reciclados responde principalmente a la menor demanda de materiales, producto de la desaceleración del consumo en Argentina y de las fluctuaciones de precios que atraviesa el mercado internacional de los plásticos reciclados.
Como consecuencia de este contexto, la proporción de plásticos posconsumo domésticos reciclados descendió al 14,6% durante 2025, frente al 25,8% registrado el año anterior. Asimismo, la participación del plástico reciclado sobre el total del consumo nacional cayó al 12,44%, desde el 16,66% alcanzado en 2024.
Frente a este escenario, la directora ejecutiva de Ecoplas, Verónica Ramos, señaló que los resultados reflejan tanto el impacto de las condiciones económicas como los desafíos estructurales que enfrenta el país.
«Los resultados de este año reflejan el impacto que pueden tener las condiciones del mercado sobre el reciclado, pero también ponen en evidencia los desafíos estructurales que aún tenemos por delante. Es fundamental avanzar con políticas como una ley nacional de responsabilidad extendida del productor para envases, tal como existe en Europa desde hace más de veinte años y también en algunos países de la región, como Uruguay y Chile. Además, es necesario desarrollar la infraestructura y la logística, mejorar la gestión integral de los residuos, fortalecer la educación ambiental y promover la separación en origen. De esta manera, se generará un circuito virtuoso en todo el país, donde los plásticos posconsumo se incorporen al sistema productivo como nuevos recursos», afirmó.
A pesar del retroceso registrado durante el último año, el informe destaca que la evolución del reciclaje plástico en Argentina mantiene una tendencia positiva de largo plazo. En poco más de dos décadas, el volumen de materiales recuperados se multiplicó por cinco, consolidando al reciclaje como uno de los pilares del desarrollo de la economía circular.
El sector también remarca que la industria recicladora cuenta con presencia federal, capacidad instalada y tecnología para incrementar el procesamiento de residuos. Junto con transformadores, productores de materias primas y empresas de consumo masivo, la cadena viene impulsando iniciativas vinculadas al ecodiseño, las certificaciones de contenido reciclado y el desarrollo de nuevos productos fabricados con resinas recicladas.
En ese marco, Ecoplas y CAIRPLAS sostienen que el principal desafío pasa por consolidar un marco regulatorio que garantice el abastecimiento de materiales reciclables, fortalezca la gestión integral de los residuos y genere previsibilidad para nuevas inversiones. La aprobación de una ley nacional de responsabilidad extendida del productor aparece, según el sector, como una herramienta clave para potenciar el reciclaje, aumentar la recuperación de envases y seguir generando empleo, innovación y valor agregado dentro de la economía circular argentina.
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