Un mapa satelital de la Unne alerta sobre la alarmante expansión del jabalí en los Esteros del Iberá

Fecha de Publicación: 20/06/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Una investigación con modelos computacionales y sistemas de información geográfica identificó los patrones de distribución actual y potencial de la especie en el macrosistema correntino. 
Un estudio exploratorio, desarrollado como Trabajo Integrador Final de la Especialización en Tecnologías de la Información Geográfica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), logró trazar los vectores de distribución actual y expansión potencial de los cerdos asilvestrados en el macrosistema de los Esteros del Iberá.
La investigación, sustentada en algoritmos predictivos, ratificó que el humedal correntino reúne condiciones óptimas de refugio y alimentación para la consolidación de esta plaga biológica.
El jabalí y su variante doméstica asilvestrada, el chancho cimarrón (clasificados bajo la taxonomía científica Sus scrofa), integran el catálogo global de las 100 especies con mayor potencial invasivo del planeta. Su introducción antropogénica fuera de su rango original de distribución desató severas distorsiones ecológicas mediante procesos de depredación de fauna nativa, competencia de nicho, pastoreo selectivo y erosión de suelos.
En el plano agropecuario, la especie representa un vector crítico de riesgo sanitario debido a su capacidad para actuar como reservorio y transmisor de enfermedades infectocontagiosas que amenazan al ganado comercial.

Big Data ecológico y el uso del software MaxEnt
El relevamiento técnico estuvo a cargo del flamante especialista Bernardo Holman, quien además se desempeña como personal técnico de la Dirección de Parques y Reservas de la provincia de Corrientes. Bajo la tutela académica del doctor Osvaldo Cardozo, el experto estructuró una metodología de análisis espacial basada en el software de máxima entropía MaxEnt.
Para alimentar el motor computacional, el investigador unificó registros de presencia obtenidos mediante una matriz de tres vías:
- Vaciado de datos globales de la plataforma Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
- Relevamientos de campo georreferenciados mediante dispositivos GPS.
- Puntos de avistamiento aportados por los cazadores particulares adscritos al Proyecto de Control de Fauna Exótica de la provincia.
El procesamiento cruzó un bloque de 19 variables climáticas continentales con mapas de cobertura y usos del suelo sobre la superficie total de la Reserva Natural Iberá, una macroestructura de humedales que abarca 1.300.000 hectáreas, equivalentes al 14,6% de la geografía correntina.

Preferencias de hábitat y la necesidad de mayor presión de control
Los resultados del modelado computacional arrojaron una correlación negativa respecto a las variables de temperatura extrema y precipitaciones elevadas, sugiriendo que la especie muestra una fuerte inclinación adaptativa hacia microclimas templados y de menor tasa de humedad relativa.
Cartográficamente, el sector de mayor susceptibilidad de colonización se proyectó sobre el cuadrante sudeste de la reserva protegida, bajo el radio de influencia biológica del Distrito Fitogeográfico del Espinal, área que alberga a los grandes cuerpos hídricos del macrosistema como las lagunas Iberá, Fernández y Medina.
Los algoritmos predictivos coinciden con los patrones observados en el rango nativo europeo de la especie, donde los ejemplares exhiben una marcada preferencia por ecosistemas heterogéneos que amalgamen bosques nativos, pastizales densos y una alta disponibilidad de agua superficial.
Holman aclaró que, dada la plasticidad adaptativa y el comportamiento oportunista de los cerdos asilvestrados, las proyecciones cartográficas deben tomarse como una aproximación diagnóstica y no como conclusiones estáticas.
El especialista enfatizó la urgencia de instrumentar estas tecnologías de georreferenciación para incrementar la presión de control y diseñar planes de mitigación eficientes que frenen la degradación del Iberá, extendiendo la metodología al monitoreo de otros mamíferos invasores de alto impacto como el ciervo axis.
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Sobre pescas y faunas

Fecha de Publicación: 18/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chaco - Corrientes


Este domingo en el chaqueño Diario Norte se publicó un impactante artículo acerca de la pesca ilegal, los daños que causa y la reiteración descontrolada de la pesca clandestina. Firmado por un reconocido jurista chaqueño –el Dr. Ricardo A. González Zund– el texto se refiere específicamente al río Paraná y merece urgentes consideraciones y divulgación.
Y es que la pesca ilegal en las provincias de Chaco y Corrientes reconoce infinitos y lejanos antecedentes, más allá de la negación reiterada que ha dañado gravemente la vida y el hábitat de innumerables especies, muchas de ellas en peligro de extinción.
La gravedad de la situación es tal que hoy es de público conocimiento que en casi toda la cuenca del Paraná, hace bastante más de 20 años y casi en soledad, pescadores conscientes y entidades intermedias, amantes del Río y respetados ambientalistas vienen luchando contra la piratería que implica la pesca feroz y en defensa de la riquísima fauna ictícola del Padre Río, hoy en gravísimo peligro. Y es que desde por lo menos 2006 se procura asegurar la protección de la fauna íctica en el Padre Río.
Según González Zund “ese año obtuvimos fallo favorable contra la Provincia del Chaco, en autos “Club Yapú Guazú c/ Pcia. del Chaco s/amparo 2370/06″, fallo que fue ampliamente reproducido en el diario NORTE, que es el de mayor distribución regional.
Así en aquella ocasión se ordenó a la Provincia disponer con urgencia algunas medidas como ordenar a la Subsecretaria de Recursos Naturales la “presentación de un plan de manejo sustentable, prevención, recomposición y conservación de la fauna íctica”, Asimismo, disponer los “mecanismos necesarios para reglamentar la ley de pesca N 5268”, poner en funcionamiento un registro de estadísticas pesqueras y arbitrar los medios para implementar programas de educación ambiental en establecimientos educacionales. Y también disponer que la dirección de Fauna, Parques y Ecología del Chaco arbitrar los medios necesarios para la fiscalización y control de las medidas mínimas de peces, así como el cupo máximo por pescador conforme al art. 38 de la Constitución de la Provincia.
Lo notable y paradójico fue que esa condena –firme hasta hace más de una década– en palabras de González Zund hoy está prácticamente incumplida en su totalidad. Y tanto así que de hecho y como consecuencia de las últimas bajantes del Paraná “promovimos otro amparo para frenar la depredación”.
Además hubo otro fallo que fue apelado por la Provincia y resuelto con el concurso de ciudadanos respetables –Diego Derewicki y Fernando Heñin– con fundamentos fácticos y jurídicos incuestionables, quienes rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la Provincia.
Fue así como se autorizó la pesca comercial, aunque sólo para tres días por semana. Esta reglamentación la dictó el Poder Ejecutivo provincial autorizando la pesca solo los días martes, miércoles y jueves, quedando dispuesto que “los demás días se pesca de manera ilegal y antirreglamentaria”.
Claro que en la realidad no existe ningún tipo de control en el río y es un hecho que los pescadores comerciales no utilizan “precintos”, que es la forma de controlar cuántos ejemplares pueden pescarse por año.
Además de todo eso, es costumbre tirar los “mallones” (que es como se llama popularmente a las redes o mallas de pesca), incluso de noche y sin controles de ninguna naturaleza. Y práctica que, como si fuera poco, se hace abiertamente todos los días de la semana, violando reglamentaciones y el mencionado Decreto.
De este modo, con solo concurrir cualquier día al puente General Belgrano-–sostiene González Zund– se pueden observar numerosas canoas tirando mallones, como si nada. Y peor aún, sostiene otro informante, “las denuncias telefónicas no son respondidas, y si lo hacen, dicen que no tienen medios económicos para llegar hasta las canoas, que depredan como se les da la gana”.
Así las cosas –continúa el informe de González Zund– un pescador denominado “artesanal” o “comercial” puede –y de hecho lo hace–, sacar todos los peces que desee, sin respetar cantidades, medidas ni especies prohibidas, como el dorado y otros. Y esto todos los días de la semana, pese a la prohibición legal.
Como consecuencia de todo esto, la fauna íctica del Paraná está próxima a agotarse. Los resultados de la última Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria (Corrientes) evidenciaron el agotamiento del recurso pesquero. Salieron 270 lanchas, que en una sola jornada pescaron 30 dorados mientras en la pesca Internacional del Surubí, en Goya, Corrientes, salieron 1.460 lanchas y capturaron 116 surubíes.
En la Pesca del Dorado de 1999 –última que se hizo con 4 capturas autorizadas por embarcación– “salimos una cantidad cercana a 140 lanchas, y se pescaron más de 100 ejemplares, todos de buen porte. Años después, en 2007 y para la Pesca del Dorado en Paso de la Patria, salieron 194 lanchas y se pescaron 60 dorados.
González Zund sostiene que está “palmariamente demostrado cómo se ha agotado el recurso pesquero; que los controles no son efectivos, y que las medidas dispuestas en la última década no sirvieron para preservar el recurso. Y aunque se diga que sí se ejercen controles y que el recurso es sustentable, la realidad supera a la ficción. En el río no existe control ni de día ni de noche, que es cuando se tiran más mallones”.
Y añade: “Duele, pero es la realidad: han colado el río Paraná, y lo siguen haciendo, estamos cerca de vivir la misma realidad que se vive hoy en el río Paraguay, donde la fauna íctica fue exterminada por este tipo de prácticas, mallones y espineles.
Y remata: “Recientemente asistimos a algo lamentable y vergonzoso: el gobierno fue informado de un gran cardumen de surubíes en la zona de Confluencia. Los cables, en el Paraná, dictaron la “veda extraordinaria”, y casi inmediatamente un “piquete” náutico que realizaron pescadores malloneros, levantó la veda y después las autoridades sostuvieron “que el cardumen se había disipado”. Claro que no era cierto: la realidad la sabemos todos: el cardumen fue capturado por pescadores comerciales y deportivos. El daño ambiental no importó y el exterminio masivo de especies ícticas, tampoco.
González Zund parece desesperar cuando añade: “Podríamos contarle a los funcionarios públicos que dirigen los recursos atrás de un escritorio, sin conocer la realidad del río cómo llegan a la costa lanchas y canoas con más de 10 surubíes cada una y cómo los descargan y continúan la masacre. Hay fotos y videos en las redes, y es más: los mismos malloneros las publican, haciendo gala de la cantidad de peces que matan.
En definitiva, no solo no hay control de la fauna íctica, ni del régimen de precintos obligatorios para controlar la cantidad que se extrae, sino que tampoco se respeta la normativa legal para pescar comercialmente. Por lo que cabe reconocer que algunos han dado un paso atrás; cediendo a la presión de depredadores que sólo quieren ganar dinero y exterminar lo poco que queda en el río, so pretexto de ser su fuente de trabajo. El deficiente nivel educativo de estas personas les impide reconocer que a este paso, y en un par de años, no podrán sacar más pescados porque habrán ejecutado a todas las madres.
La pregunta para cuando llegue ese momento es: “¿qué harán?” ¿No sería más fácil y razonable buscar otra actividad laboral ahora, y ayudar a que el río se repueble y se reproduzcan las especies? Se trata de buscar soluciones, antes que sea muy tarde. Sacar todo el pescado para venderlo a frigoríficos de pescados, no tiene sentido. Que lo compren a los criaderos si desean continuar en ese negocio; pero no a costa de agotar el recurso.
Ya no queda tiempo para caminar a media agua –concluye González Zund–. La pesca comercial debe ser erradicada definitivamente del Río Paraná.
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Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un convenio para proteger el Delta del Paraná de los incendios

Fecha de Publicación: 04/03/2026
Fuente: Portal Conclusión
Provincia/Región: Litoral Argentino


Las tres provincias, junto a la Agencia Federal de Emergencias, consolidaron un esquema de trabajo conjunto iniciado en 2024 y establecieron una coordinación operativa permanente para prevenir y responder al fuego en la región.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a los incendios. El convenio, rubricado en Alvear, da continuidad al trabajo articulado iniciado en enero de 2024 y establece un protocolo común de actuación ante emergencias.
Las autoridades destacaron que el Delta del Paraná es un territorio compartido cuya dinámica ambiental exige respuestas coordinadas, ya que el fuego no reconoce límites geográficos. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, subrayó la importancia de que las provincias y la Nación trabajen de manera articulada para abordar desafíos ambientales que trascienden fronteras.
En ese sentido, el ministro Enrique Estévez destacó que “es muy importante este paso que estamos dando. Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”.
Asimismo, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, remarcó el valor institucional del acuerdo y recordó que en 2022 la zona evidenció problemas de coordinación en el combate del fuego.
Por lo tanto, consideró que la firma del acta compromiso representa un paso clave para consolidar una política de Estado orientada a la prevención.
Por otra parte, en los últimos dos años Santa Fe destinó más de 2.500 millones de pesos a infraestructura y equipamiento para el combate del fuego, incluyendo herramientas, camionetas y capacitación específica para 632 brigadistas forestales. Además, el nuevo acuerdo establece que todos los recursos disponibles de las tres provincias estarán coordinados bajo un mismo protocolo operativo en articulación con la AFE.
En consecuencia, se busca optimizar los tiempos de respuesta, compartir información estratégica y garantizar intervenciones conjuntas ante eventuales focos ígneos. De hecho, el despliegue comenzó de inmediato con la instalación de un campamento base que funcionará con tres grupos de trabajo específicos en el territorio.
Además, en la segunda quincena de marzo se realizará una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la intervención de una provincia en territorio de otra, superando posibles trabas operativas y asegurando mayor agilidad en la respuesta.
Las autoridades explicaron que la decisión de anticipar las acciones responde a un factor climático concreto, las lluvias recientes generaron un importante crecimiento de vegetación que, al secarse durante el invierno, podría convertirse en biomasa altamente inflamable.
Por ello, actuar ahora de manera preventiva y coordinada resulta fundamental para reducir el riesgo de incendios en una región estratégica tanto en términos ambientales como productivos.
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Mientras arde la Patagonia, el Delta del Paraná también se consume en silencio

Fecha de Publicación: 05/02/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


En el Día Internacional de los Humedales una columna de humo recorta el horizonte del río Paraná. Mientras el país mira con preocupación los incendios en la Patagonia, frente a Rosario el Delta vuelve a arder. Y con cada foco que avanza, no solo se quema pasto seco: se pierde biodiversidad, se altera el humedal y se profundiza una crisis ambiental que lleva años sin respuestas de fondo.
“Hoy en el Día de los Humedales tenemos a la vista columnas de humo”, cuenta Jorge Bártoli, integrante de la ONG El Paraná No Se Toca, en diálogo con El Litoral. Desde hace más de una semana un foco de fuego lleva quemadas 900 hectáreas en el kilómetro 20 del camino que une Rosario con Victoria, Entre Ríos.
Se ve desde la costa rosarina. Según explicaron desde el grupo ambientalista, nadie ha ido a combatirlo porque está lejos de las ciudades costeras o las rutas. Mientras tanto, la biodiversidad del humedal sigue siendo castigada.

Narices que no huelen, corazón que no siente
El fuego en las islas frente a Rosario, que puede seguirse periódicamente por un satélite de calor de la agencia espacial NASA, sigue el destino de los focos que se ven, pero no llegan a “molestar” a la vida en las ciudades. “Generalmente el Estado toma acción cuando las columnas afectan a las ciudades costeras o los caminos.
Cuando el incendio deja de ser «un tema de islas» y se convierte en una amenaza directa para quienes viven en la ribera o circulan por la ruta”, dice y advierte: “Pero el daño ambiental no espera. Aunque el fuego esté lejos de la vista cotidiana, el impacto sobre el humedal se acumula. Es una situación crítica”.
Para Bártoli, el avance del fuego no puede leerse sin mirar el estado del río Paraná. En las últimas semanas, señala que hubo una leve suba del nivel del agua y eso “da una mano”, pero no alcanza.
“La última creciente importante que tuvo el Paraná fue en agosto de 2019. Estamos a seis años y medio”, afirma el ambientalista. En ese período, siempre según explicaron desde El Paraná no se toca, el río no volvió a recuperar los niveles que, históricamente, garantizaban el funcionamiento normal del sistema.
“Hay una hidrología alterada por factores diversos”, explica Bártoli y en el mapa de causas menciona el peso de las transformaciones vinculadas a la actividad humana. “Se está haciendo una tremenda afectación por la hidrovía que conspira y el humedal da señales claras de un cambio estructural: menos agua, menos ciclos de crecientes y bajantes, más vulnerabilidad ante el fuego”, agrega.
El resultado, en palabras del referente ambiental, es una especie de “pampeanización” del Delta: un proceso en el que el humedal empieza a parecerse a una llanura seca y domesticada, con cambios visibles en flora y fauna. “Vemos invasión de especies vegetales que no son propias del humedal. El cardo pampeano no es propio de la zona y esto habla de un cambio”, señala como ejemplo.
Bártoli pone nombres concretos a lo que suele aparecer en los informes como “pérdida de biodiversidad”. Habla de especies que se vuelven menos frecuentes, de poblaciones que se reducen, de ambientes que dejan de ofrecer refugio.
“El carpincho en nuestra zona es una población diezmada por la caza furtiva. Ahora vemos una población reducida a la mínima expresión de coipo, mal llamada nutria, el animal más conocido”, señala.
Según explica el integrante de la ONG, en los últimos dos o tres años el coipo cayó a niveles mínimos por una combinación de factores: pérdida de hábitat natural, falta de agua sostenida y presión de la caza.
En el agua, la situación también se vuelve cada vez más frágil. “Hay muy pocos datos. Empiezan a verse algunos datos con cuentagotas sobre el estado de los peces: sábalo, boga, dorado”, dice.
En el caso del sábalo —especie clave por su rol ecológico y también por la cadena económica que se monta alrededor de su captura—, advierte un problema extra: La captura se hace cuando son muy jóvenes, cuando no han tenido más que un desove.
Todo ocurre en un escenario donde el fuego funciona como una aceleración del deterioro. No solo destruye vegetación: rompe ciclos, desplaza fauna, arrasa refugios, altera el suelo. Y deja un humedal más débil frente al próximo evento extremo.

Tecnología para mirar lo que nadie mira
En medio de esa falta de control y seguimiento, la ONG sostiene parte de su monitoreo con herramientas abiertas. “La herramienta que brinda la página de la NASA ha sido invalorable”, dice Bártoli.
Es que les permite seguir focos activos y también calcular superficies afectadas. A eso se suma el trabajo de instituciones que sistematizan datos desde hace años como el Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás.
Consultado por cómo califica la respuesta de los gobiernos frente a los incendios, Bártoli recordó que el 2021 fue un punto de quiebre, justamente porque el humo se instaló como rutina en Rosario y la región.
"Hoy tenemos algunos organismos coordinados por el Estado que tienen más estructura, más formalidad, se trabaja más, pero los recursos siguen siendo pocos. Hace muy poco el gobierno provincial mandó 30 brigadistas a la Patagonia cuando también son necesarios acá”, opina.
En el cierre, Bártoli vuelve a un reclamo que atraviesa a las organizaciones socioambientales desde hace años: la falta de una norma nacional que ordene el uso del territorio y proteja ecosistemas clave. “Los problemas de base siguen y seguimos sin contar con una ley de humedales nacional que tenga una protección”, afirma.
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La Corte intimó a Nación, provincias y municipios a ejecutar el plan contra las quemas en el Delta

Fecha de Publicación: 08/12/2025
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


El máximo tribunal ordenó avanzar sin demoras con el Piecas-DP ante la persistencia de incendios en jurisdicción de Victoria y su impacto sobre Rosario.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a ejecutar de manera efectiva el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP), tras verificar la continuidad de quemas de pastizales y la falta de avances en las políticas preventivas acordadas.
El fallo —firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— señala que los incendios se originan mayormente en jurisdicción de Victoria y que las acciones implementadas hasta ahora resultan insuficientes frente al daño ambiental y sanitario denunciado. La causa se inició en 2020, cuando la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente reclamó medidas urgentes debido al humo y el hollín que afectaban a Rosario durante los picos de incendios.
El Tribunal reiteró que el PIECAS-DP es el ámbito institucional adecuado para coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios, y remarcó que el monitoreo de su cumplimiento corresponde a las autoridades políticas, no al Poder Judicial. No obstante, ordenó a los demandados instalar sistemas de alerta temprana, avanzar con la red de Faros de Conservación y aplicar planes de control y manejo del fuego en el Delta, con costas a su cargo. 
La sentencia vuelve a poner en el centro de la agenda la necesidad de una intervención articulada y sostenida frente a un problema ambiental que se repite año tras año y que sigue afectando a las comunidades del litoral.
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"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Fecha de Publicación: 26/11/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe - Entre Ríos


Las columnas de humo que se ven todos los años provenientes de las islas producto de los incendios son un registro visible de la destrucción que causa el fuego en los humedales. Pero hay otro factor que se viene extendiendo hace años, producto del avance la agricultura, la ganadería intensiva y los emprendimientos inmobiliarios, que no se divisa desde este lado y que también es muy perjudicial: la construcción de terraplenes y endicamientos que alteran las funciones de estos ecosistemas al punto de anular su capacidad de reguladores hídricos.
En el informe "Áreas endicadas, terraplenes y urbanizaciones cerradas en el Delta del Paraná - Actualización 2025", la Fundación Humedales/Wetlands International remarcó que sobre el delta inferior del Paraná, que se extiende desde Diamante (Entre Ríos) hasta San Fernando (Buenos Aires), crecieron los terraplenes y endicamientos. Se contabilizan 8.938 kilómetros de terraplenes y 2.582,2 kilómetros cuadrados de endicamientos en una región que comparten las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Según estimaron desde la organización, el 14,04% de la superficie de la región del delta se encuentra fragmentada por estas construcciones. El relevamiento se hace con imágenes satelitales y busca actualizarse cada cinco años, detalló a La Capital la coordinadora nacional para Argentina del Programa Corredor Azul de la fundación, Nadia Boscarol.
Un terraplén es una estructura lineal, una elevación de tierra que puede ser de varios metros. Si esa estructura se cierra formando un polígono, se denomina endicamiento y deja un área de la isla dentro que suele ser drenada. Para construir terraplenes se usan dragas y siempre hay canales a ambos lados, de donde se saca la tierra.
Estas estructuras se construyen, generalmente, para destinar zonas de humedales a la explotación agropecuaria, ya sea para agricultura o para ganadería intensiva, o para rellenar el territorio y llevar adelante allí mismo desarrollos inmobiliarios.
En un contexto de fenómenos meteorológicos más intensos producto de la crisis climática y el calentamiento global, la existencia de estas estructuras, que en muchos casos se desarrollan sin planificaciones, cobra otra relevancia.
Para el abogado ambientalista Fabián Maggi, "la verdadera destrucción del delta del Paraná” son los terraplenes: “Muchísimo más que los incendios, que impactan por el humo y es lo que más percibe la gente".
Secar un humedal no es tarea difícil en caso de contar con un terraplén o un endicamiento. Estos muros de tierra impiden el paso del agua, en un entorno en el que la vida entera depende de los pulsos de las crecidas.

Pérdida de identidad
Los humedales son ecosistemas en los que el agua marca tanto la dinámica de su estructura como el funcionamiento del mismo, explicó a La Capital la directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Graciela Klekailo. Y sumó: “Para que siga funcionando como tal, necesitamos que el agua puede estar presente. Con un terraplén, se interrumpe el flujo natural del agua y pierde sus características propias”.
“De ahí, hay que pensar para qué se hacen endicamientos y, generalmente, siempre tiene que ver con que los humedales pierdan sus características propias. Si el agua no está presente, el humedal pierde su valor identitario propio”, remarcó.
La pérdida de identidad de un humedal, como graficó la especialista, marca además un déficit de sus capacidades ecosistémicas. Entre ellas, las más importantes son regular inundaciones, amortiguar crecidas y tener agua disponible para captar y procesar en los centros de tratamiento que la potabilizan. Este último punto es un problema recurrente, por ejemplo, en Victoria. “Tienen muchos problemas (de captación) por los endicamientos aguas arriba, en la zona del delta”, detalló Klekailo.

Asimetrías de poder
“En muchos casos, los terraplenes se hacen sin regulación ni planificación para los humedales. En particular, generan la pérdida de biodiversidad y la degradación de los humedales”, indicó a La Capital la investigadora del Conicet Natalia Morandeira, que trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
La investigadora realizó su trabajo de campo para su Doctorado en Ciencias Biológicas a principios de la década pasada, precisamente en la zona del delta que se extiende desde Rosario/Victoria hasta Ramallo, en la zona de las Islas de las Lechiguanas. Recuerda que no había tantos terraplenes y que, ocasionalmente, se podía encontrar alguno “que se usaba para tránsito de ganado”.
Pero el panorama cambió. Actualmente, el 14,04% del delta del Paraná está endicado y se registró un aumento del 5% de la cantidad de terraplenes y endicamientos, “sobre todo para ganadería”: “Siempre que hay períodos muy secos, se intensifican los usos pampeanos del delta. Y en épocas de inundación, los endicamientos están drenados, lo que hace que se pierda la función de amortiguación de las inundaciones y que las áreas habitadas (por isleños) se inunden”.
Esta alteración en el desempeño de los humedales deriva en la pérdida de la variedad en el ecosistema y en su transformación, que da paso a un territorio homogéneo y uniforme con muy poca de la biodiversidad original.
La biodiversidad no es la única afectada por la existencia de desvíos no planificados. También sufren las actividades y los pobladores locales por las “asimetrías de poder”, como las denominó la investigadora: “Un terrateniente realiza un terraplén o endicamiento sin planificación del entorno para que su área no se inunde, pero está afectando a los pobladores. En los últimos años, muchos de los endicamientos se hicieron para ganadería intensiva y otros para agricultura con uso de agroquímicos, que suma otra amenaza porque su filtración afecta los cuerpos de agua”.
Otros terraplenes se desarrollaron para albergar a emprendimientos inmobiliarios, modificando por completo los humedales. El suelo se impermeabiliza y la naturaleza del ecosistema se pierde: pasa de absorber y contener agua a rechazarla por su alto grado de compactación.

Desarrollo frenado, daño hecho
El daño, en esos casos, es casi irreversible. A modo de ejemplo, Morandeira citó el caso del desarrollo inmobiliario Colony Park, un barrio en el delta del Paraná, a la altura de San Fernando, en el que se tenía previsto construir una pequeña nueva ciudad con calles, avenidas, casas, condominios y hasta un túnel subacuático para conectar la provincia de Buenos Aires con las islas.
El emprendimiento llegó a trazar varias calles y, previamente, se niveló el suelo para evitar inundaciones. Las obras arrancaron en 2006 y continuaron hasta 2010, cuando un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, ordenó la clausura preventiva del desarrollo tras una denuncia por daños ambientales.
A pesar de que el proyecto no avanzó nunca más, el daño se consumó: el relleno del territorio para levantar encima la nueva ciudad ya estaba hecho, así como el daño al ambiente.

Judicialización por terraplenes
En el plano judicial, Maggi remarcó que existen dos causas, una en el fuero civil y otra en el penal, contra un empresario que construyó endicamientos en el delta, a la altura de Ramallo.
“El empresario agropecuario Fabio Di Fonzo hizo endicamientos en 5.000 hectáreas en campos que compró a quien es dueño de Cardón, Gabriel Nazar. La causa civil ambiental la inició Upva (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) en Entre Ríos y motivó que se dicte una medida cautelar para prohibir la fumigación sobre las Islas de las Lechiguanas”, detalló el abogado, que es parte del proceso judicial.
Y agregó: “Di Fonzo no sólo sembró sino que, además, cosechó en esa zona. Esa cosecha estaba embargada e inmovilizada porque no podía entrar maquinaria pesada a donde se encuentran los campos y el juez (federal de Victoria, Federico) Martín las liberó y permitió que se comercialice un producto originado en un delito. Esto lo advirtió al propio juez la UIF (Unidad de Información Financiera), que interviene como querellante en la causa”.
Respecto al avance de los procesos judiciales, el abogado marcó que en la causa penal no se llamó a indagatoria a los implicados, pero que la causa civil “está para dictar sentencia”: “En la causa penal, hubo medidas del fiscal (Leandro) Ardoy, que indicó a Entre Ríos que haga descripciones complementarias de los terraplenes que están construidos en las islas. Incluso, hay indicios de que se extralimitaron con los terraplenes y se pasaron a espacio público”.

Causa local: el litigio por el Legado Deliot
Actualmente hay otro litigio en curso, con los terraplenes como protagonistas, que concierne a Rosario: la remediación ambiental del Legado Deliot luego de que en mayo del año pasado, el empresario Enzo Mariani se quedara sin instancias para reclamar 807 hectáreas que fueron donadas por el filántropo Carlos Deliot a la Municipalidad la década de 1940.
A finales de octubre, el titular del Juzgado Civil y Comercial de Victoria, Luis Márquez Chada, se pronunció contra el reclamo de Mariani para conservar el territorio. También lo consideró responsable de daño ambiental por la construcción de terraplenes y otras obras que alteraron las condiciones naturales del lugar.
El juez hizo lugar a la demanda del municipio y dispuso una doble indemnización: Mariani debe abonar 486 mil dólares por la privación del uso del inmueble, un monto a actualizarse con la suma de los intereses moratorios anuales calculados en base a la tasa activa del Banco Nación hasta que los terrenos sean restituidos; y 66.840.000 pesos por remoción y recomposición ambiental. En este caso, también se incrementará el monto por el tiempo transcurrido hasta que cumpla la resolución.
Márquez Chada también hizo lugar a una demanda por perjuicio ambiental impulsada por los abogados Pablo Bonato y Gastón Rosenberg Jantzon. En este sentido, señaló que las obras ilegales alteraron la topografía natural y el régimen hidrológico, en un fallo que reconoce la pérdida de la biodiversidad y la eliminación de los seres vivos.

¿Se puede desarmar un terraplén?
El daño que provocan los terraplenes es casi irreversible, aunque todo depende del tiempo que pase desde que se levantó la estructura.
Si bien cualquier terraplén se puede destruir, lo importante es determinar si el agua vuelve a correr por la zona endicada y si ese territorio puede llegar a recuperar su condición de humedal.
A modo de ejemplo, Klekailo dijo: “Si se construye un terraplén en 2015 para desviar un arroyo, ese lugar se seca con el tiempo y ahí crece vegetación. Si hoy se destruye ese terraplén, es difícil que el agua vuelva a abrirse paso y que el humedal vuelva a serlo porque cambia por completo la fisonomía del paisaje”.
En consonancia, Boscarol señaló que remover un terraplén es posible aunque resaltó: "Eso implica movimiento, pero también genera un nuevo disturbio al ecosistema". A su vez, consideró que por los tiempos que necesita para recomponerse, "es imposible saber si volverá a su verdadero estado original".
Morandeira, por su parte, contrastó ciertas estructuras existentes en el delta. Si bien explicó que los endicamientos ilegales son perjudiciales, también existen otros “históricos” que se desarrollaron en el sector del bajo delta y que funcionan como defensas en una zona que se destinó a la forestación de distintas especies, como sauce o álamo, y que cuenta con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
“En la visión de «pampeanizar» el delta, se expandió la agricultura intensiva de soja en las tierras altas, lo que conllevó a que la ganadería, que antes se hacía en tierras altas, se traslade a zonas más bajas no tan productivas para la agricultura. Es el efecto dominó que se da por el aumento de las producciones de commodities en la zona”, dijo, y finalizó mencionando que todo forma parte de una “falta de regulación, de planificación y de presencia del Estado en ver qué se hace con el uso del suelo”.
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Riesgo ambiental en el río Paraná: sólo 6 de cada 100 sábalos está en edad de reproducirse

Fecha de Publicación: 11/11/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región:  Santa Fe - Litoral Argentino


“El sábalo es un eslabón clave del ecosistema y también de la economía pesquera. La evidencia científica es contundente: necesitamos reducir la presión extractiva para asegurar su sostenibilidad”, explicó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, en declaraciones que vuelven a exponer la grave situación sobre la fauna íctica. El funcionario santafesino remarcó que la veda de acopio de pescado para la venta al exterior “no afectará el consumo local ni la exportación de peces de criadero. Buscamos preservar la biodiversidad y garantizar el futuro de la actividad pesquera”, aseguró. Investigadores en la materia consultados por ERA Verde, insisten en que la medida debe ser acompañada por las demás provincias que detenta jurisdicción en la cuenca del Paraná.
Con solo 6 de cada 100 sábalos en edad reproductiva, la provincia de Santa Fe restringirá las exportaciones de esta especie a partir de diciembre. Así, busca priorizar el cuidado del ecosistema que sostiene a comunidades pesqueras y consumidores locales, aseguró en una nueva comunicación oficial donde subraya el “por qué es importante limitar la exportación de peces del río Paraná”. En este orden, se apuntó que “la medida no afectará el consumo local ni la exportación de peces de criadero. Buscamos preservar la biodiversidad y garantizar el futuro de la actividad pesquera”, afirmó el titular de Ambiente y Cambio Climático provincial, Enrique Estévez.
La decisión del gobierno santafesino se oficializó mediante la Resolución N° 332/2025 y alcanza a todas las especies cuando provengan de capturas realizadas en ambientes naturales del río Paraná y sus afluentes en jurisdicción provincial. Se argumentó que se busca “evitar el colapso ecológico”.
Consultado por ERA Verde respecto al mecanismo, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Luis Espínola, apuntó: “La suspensión de la exportación se limita a las aguas de la provincia de Santa Fe, pero la cuenca del Paraná es transfronteriza, abarcando otras provincias y países. Aunque la mayoría de los frigoríficos se concentran en Entre Ríos y Santa Fe, este punto es clave: los frigoríficos santafesinos podrían trasladar su actividad a otras jurisdicciones, reduciendo así el efecto de la ley provincial. En consecuencia, sin coordinación interprovincial o nacional, la efectividad de la medida se vería comprometida”, advirtió.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Santa Fe, a partir del 3 de diciembre de 2025, en Santa Fe quedará suspendido por un año el acopio de pescado de río -y de sus afluentes- con destino a exportación. La decisión no prohíbe la pesca ni afecta a la comercialización de peces provenientes de criaderos, pero marca un punto de inflexión para el manejo sostenible de los recursos del Paraná.
La resolución responde a un contexto ambiental crítico. Los estudios más recientes del proyecto Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de Interés Deportivo y Comercial (Ebipes), que integran Nación, provincias, universidades y la Prefectura Naval, revelan una drástica caída en los niveles hidrométricos y en la población de sábalos con capacidad reproductiva: solo 6 de cada 100 ejemplares están en condiciones de reproducirse. Este dato resulta inquietante, ya que el sábalo es la base de la cadena alimentaria del río Paraná y una de las principales especies destinadas a consumo interno y exportación, indicó Era Verde.

En riesgo
La situación crítica del sábalo se origina por múltiples factores: la bajante prolongada del río Paraná, las bajas temperaturas y la intensa presión pesquera. Los niveles actuales del cauce generan una desconexión entre el río y las lagunas de desove, lo que dificulta la reproducción natural. A esto se suma la captura de ejemplares adultos –los únicos con capacidad reproductiva–, lo que agrava aún más el panorama.
El sábalo, que se alimenta de sedimentos y materia orgánica del fondo del río, es también alimento esencial para especies como el dorado y el surubí. Por eso, su disminución impacta no solo en el ecosistema, sino también en la economía regional y en el consumo interno, ya que abastece a pescadores artesanales, frigoríficos y mercados locales.
“La restricción a las exportaciones forma parte del Plan Ictícola Provincial, dictado por la Justicia y debatido en mesas participativas con pescadores, cooperativas y especialistas. La iniciativa se alinea con las políticas nacionales e internacionales de conservación, que buscan equilibrar la explotación comercial con la recuperación de los recursos naturales”, se agregó en el parte de prensa gubernamental.
El Gobierno santafesino también confirmó que la pesca para consumo interno y la exportación de especies de criadero seguirán habilitadas. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano e Igualdad mantiene programas de asistencia para los trabajadores del sector afectados por la medida. 

Surubí, dorado y pacú
En paralelo, hace dos semanas Santa Fe estableció una veda total para la pesca comercial y deportiva del surubí pintado y atigrado, vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Durante ese período queda prohibida la captura, acopio, transporte y comercialización de estas especies. Además, continúan las restricciones permanentes para el dorado –solo pesca deportiva con devolución obligatoria–, el pacú y el manguruyú, cuya pesca está totalmente prohibida.
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Demora judicial y contaminación

Fecha de Publicación: 04/11/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe


Procesan a ex directivos de Aguas Santafesinas por volcar efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento.  
La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, confirmó el procesamiento de exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A (ASSA) por el presunto delito de contaminación peligrosa del río Paraná. El fallo, firmado el 30 de octubre de 2025 por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, considera probado que los imputados “volcaron efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios” desde la planta Emisario Sur en Rosario.
La resolución se produce tras los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que habían impugnado la decisión de la Cámara Federal de Rosario, la cual —en mayo de este año— había anulado los procesamientos. Casación consideró aquella nulidad “arbitraria” y fundada en “una deficitaria aplicación del marco jurídico y una valoración incongruente y parcial de la prueba reunida”.
El abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, celebró la decisión del máximo tribunal penal federal y la vinculó directamente con el proceso civil ambiental que tramita en paralelo. “La sentencia penal que anuló el fallo de la Cámara Federal de Rosario está estrictamente relacionada con la causa civil ambiental en la que la jueza Silvia Aramberri condenó a Aguas Santafesinas, al ENRESS, a la Provincia de Santa Fe y al Estado Nacional a arbitrar los medios para construir la planta de tratamiento que Rosario necesita”, explicó.
El letrado calificó como “preocupante” el patrón de demoras judiciales que, según dijo, “vulnera el derecho humano a obtener una resolución en un plazo razonable”. “La causa de Aguas Santafesinas ya lleva casi una década de expedientes judiciales. Esta apelación fue presentada en diciembre de 2024 y, pese a tratarse de un asunto ambiental urgente, la Cámara Federal de Rosario todavía no resolvió. Habitualmente este tipo de planteos se resuelven en cuatro o cinco meses”, apuntó.
El fallo de Casación remarcó que los residuos vertidos por ASSA “poseen la característica de ser encuadrados, según el Anexo II de la Ley 24.051, como sustancias infecciosas”, y que las muestras analizadas “dieron cuenta de coliformes termotolerantes elevados y la presencia de Escherichia coli que supera los límites legalmente permitidos”.
En su presentación, la querella sostuvo que “el predio de la firma denunciada no cuenta con una planta depuradora ni los desechos reciben el tratamiento adecuado y exigido por la ley, volcando los líquidos cloacales crudos al río Paraná”. Además, se denunció que Aguas Santafesinas operó durante años sin el Certificado de Aptitud Ambiental, y que el documento posteriormente presentado fue objetado por falsedad ideológica.
La sentencia también rechazó la interpretación de la defensa según la cual los residuos cloacales no serían peligrosos por no provenir de procesos industriales. “La norma penal tampoco puede quedar inhabilitada por una regulación administrativa que, de modo alguno, puede legitimar la realización del resultado típico contemplado en la normativa nacional”, afirmaron los jueces.
Para Maggi, los fallos penal y civil “deben verse como parte de una misma lucha por el saneamiento del Paraná”. “Siempre sucede en estas problemáticas ambientales que no se pueden tratar de manera aislada. Hay que abordarlas integralmente, porque el vertido de efluentes sin tratamiento se repite en todo el litoral del río, desde Santa Fe hasta San Nicolás y San Pedro”, señaló. “Se han detectado metales pesados y Escherichia coli en todas esas ciudades, y muchas carecen de planta de tratamiento. Incluso en San Pedro ya hay una causa penal en curso”, añadió.
El abogado advirtió también sobre el riesgo adicional que representa el dragado del Paraná, al remover los sedimentos donde se acumulan los contaminantes. “El dragado, sin la correspondiente evaluación ambiental, resuspende los metales pesados y los distribuye aguas abajo, afectando las plantas potabilizadoras que no pueden eliminar completamente estos elementos”, explicó.
La Asociación Cuenca Río Paraná insiste en la necesidad de que el Poder Judicial fije plazos concretos de cumplimiento para la construcción de la planta de tratamiento ordenada por la jueza Aramberri. “Si no hay fechas, la condena es simbólica e ineficaz. Necesitamos un plan con metas verificables que puedan exigirse tanto a la empresa como a los Estados condenados”, afirmó Maggi.
Por último, el letrado reiteró el pedido de un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico y Acumulativo para toda la cuenca. “El Paraná necesita una verdadera línea de base que determine cuál es el nivel actual de contaminación y qué actividades pueden continuar. Sin eso, cada decisión aislada agrava el daño ambiental”, concluyó.
En rigor el fallo de Casación devuelve impulso a un proceso judicial de alto impacto institucional y ambiental. Por un lado, reabre la investigación penal por contaminación peligrosa; por el otro, refuerza las obligaciones del Estado y de Aguas Santafesinas en la causa civil que busca la construcción de la planta de tratamiento. Mientras tanto, el río Paraná —una de las principales fuentes de agua potable del país— sigue recibiendo diariamente cientos de millones de litros de efluentes sin tratamiento adecuado.
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Presentaron una denuncia penal por contaminación en la cuenca del río Paraná

Fecha de Publicación: 01/11/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Lit


El Foro Ecologista y Fundación CAUCE presentaron una denuncia penal por contaminación en el río Paraná. Exigen investigación, control y remediación urgente. Punto por punto, lo que se solicita.
Fundación CAUCE y el Foro Ecologista de Paraná presentaron una denuncia penal ante el fiscal federal Leandro Ardoy por los delitos de contaminación ambiental que afectan al río Paraná y sus afluentes. Las organizaciones solicitaron una investigación urgente, inspecciones inmediatas y la identificación de las empresas responsables de los vertidos de residuos industriales y cloacales en la cuenca de los arroyos Espinillo, Crespo, Las Conchas y Las Tunas.
La denuncia se basa en los hechos ocurridos este 26 de octubre, cuando se reportaron episodios de teñido rojizo de las aguas del arroyo El Espinillo, uno de los afluentes más importantes del Paraná. Instan a la apertura de una investigación penal para determinar las responsabilidades por los delitos contemplados en los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, debido a la posible descarga de efluentes sin el tratamiento adecuado. 

Evidencias de contaminación: estudios y declaraciones
El informe presentado también cuenta con el respaldo de evidencias científicas, incluyendo un reciente estudio multidisciplinario publicado en la revista Water Environment Research. Dirigido por el investigador Rafael Lajmanovich (UNL-CONICET).
El trabajo analizó los arroyos Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas, y determinó niveles extremos de toxicidad incompatibles con la vida acuática, detectando además el mayor nivel histórico de glifosato registrado en Sudamérica: 5.002 microgramos por kilo de sedimento.
“El estado que tiene el arroyo Las Tunas y el que sale de Crespo es impresionante. Están vertiendo desechos cloacales e industriales en cuerpos de agua muy pequeños, con escaso o nulo poder de dilución. Es una situación de ecocidio y una verdadera zona de sacrificio ambiental. Todo eso va a parar a la cuenca Las Conchas y después al Paraná”, advirtió Lajmanovich.
En 2016, el científico Damián Marino ya había alertado sobre el impacto del glifosato en la cuenca del Paraná.

La responsabilidad del Estado y la falta de control
La denuncia también cuestiona la inacción de las autoridades provinciales en la protección del ambiente.
En 2024, ante un episodio similar en la misma zona, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos declaró públicamente que se implementaría un monitoreo permanente del arroyo El Espinillo y una estrategia integral para toda la cuenca del arroyo Las Conchas. Sin embargo, en la respuesta oficial del 22 de enero de 2025 a una nueva solicitud de acceso a la información presentada por Fundación CAUCE, la misma Secretaría reconoció que no se ha desarrollado una Estrategia de Monitoreo Integral y Complementaria para la cuenca completa, y que esta no fue incluida en el Programa de Monitoreo y Seguimiento de Cuencas Hídricas de Entre Ríos (Resolución N° 869/24 S.A.).

Lo que solicita la denuncia
- La inspección judicial inmediata y la toma de muestras en los arroyos afectados, con participación de peritos especializados.
- Que se requiera a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, la Secretaría de Industria y el Municipio de Crespo toda la documentación referida a habilitaciones, controles e informes técnicos sobre las industrias radicadas en la cuenca.
- La identificación de las empresas que operan en los parques industriales de Crespo y Paraná, junto con sus registros de efluentes y manifiestos de residuos peligrosos.
- La recepción de testimonios de vecinos, del equipo científico encabezado por Rafael Lajmanovich (UNL-CONICET) y de representantes de organizaciones sociales que han registrado los episodios de contaminación.
- La citación a declarar a funcionarios públicos responsables del control ambiental, en caso de verificarse incumplimiento de sus deberes. (Con información de Cauce)
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Los provocadores de las quemas en las islas

Fecha de Publicación: 20/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


La Municipalidad de Rosario interviene como querellante en la causa penal por los incendios en el Delta del Paraná que se produjeron durante 2020. Con este fallo, la investigación sigue abierta.
La Cámara Federal de Paraná revocó el sobreseimiento y la falta de mérito para los 43 acusados de provocar los incendios en las islas del Delta entre marzo y septiembre de 2020. Este fallo permite que se continúe la investigación y es el resultado de la apelación del fiscal federal Claudio Kishimoto a la que adhirió como parte querellante la Municipalidad de Rosario.
La Cámara Federal de Paraná, compuesta por Mariela Emilce Rojas, Mateo José Busaniche y Beatriz Estela Aranguren (con el voto de los dos primeros y la disidencia de la última), resolvió hacer lugar a la apelación interpuesta por el fiscal Kishimoto al sobreseimiento y falta de mérito de los propietarios de los campos del Delta del Paraná donde, entre marzo y septiembre de 2020, se detectaron focos de incendio que afectaron principalmente a la ciudad de Rosario y localidades aledañas.
A propósito de esta resolución, la secretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, Juliana Conti, valoró positivamente “que la Cámara escuche al fiscal y escuche a la víctima también, o a la parte querellante que es la Municipalidad de Rosario, y que pondere sus argumentos”. En este sentido, la representante legal del municipio apreció también que la Cámara “considere dar otra oportunidad a la investigación por la magnitud que representan los hechos que se están investigando. Es trascendente que reviertan el fallo de primera instancia y, aún en disidencia, se resuelva continuar con la investigación”.
Al intervenir como parte querellante, la Municipalidad de Rosario cuestionó con un planteo el sobreseimiento dictado a favor de los imputados y solicitó su revocación, señalando que los incendios están acreditados y que su valoración por el juez federal Daniel Alonso fue arbitraria.
La resolución de la Cámara señala: "La representante de la parte querellante 'Municipalidad de Rosario' hizo un resumen de los hechos y desarrolló los puntos que resultarían vulnerados, tales como la acreditación de la ubicación de los focos ígneos y de los titulares de los campos; la comprobación de reiteración de hechos; la intencionalidad de las quemas, y de la autoría mediata o responsabilidad objetiva o competencia institucional del rol de propietarios de los encartados; del peligro en abstracto; de la demostración de los bienes jurídicos protegidos que han sido dañados (medio ambiente y salud pública); y entorpecimiento del normal desenvolvimiento de los transportes, todo lo cual se encontraría probado".
En cuanto al fallo de absolución y falta de mérito de los acusados, explicita que la Municipalidad "entendió que la valoración de las pruebas habría sido arbitraria, y manifestó que los argumentos dados por el Magistrado son endebles y, que se encontraría probado que los campos están sujetos a explotaciones de diversos tipos (ganadería, apicultura, agricultura, caza y pesca). Asimismo, que las pericias darían cuenta de la intencionalidad en la generación de los focos y las causas por las que se generan".
De esta manera, la presentación del municipio asegura que los focos ígneos no son hechos aislados, sino reiterados y planificados, y que se afectaron bienes jurídicos esenciales: medio ambiente, salud pública y transporte.
En su planteo, el municipio también rechaza que puedan eximirse de responsabilidad alegando que no tenían usufructo o control de los predios, y califica de inadmisible que el juez haya basado el sobreseimiento en declaraciones unilaterales de los imputados. Además, menciona que las pericias y testimonios (como los del ingeniero Ernesto Massa del INTA y el secretario de Ambiente de Entre Ríos Martín Barbieri) respaldan la intencionalidad de los incendios.
En la misma línea, la Municipalidad cuestiona que el juez haya puesto en duda los informes del sistema FIRMS (NASA) y los catastros que vinculan los focos con propiedades concretas, y afirma que esa evidencia es fiable y demuestra la ubicación de los incendios y sus responsables.
En cuanto al daño ambiental, califica los hechos como un posible “ecocidio”, por su magnitud y persistencia, y señala que la quema viola la Ley Nacional 26.562 (Presupuestos mínimos para el control de actividades de quema). Además, invoca la obligación de no dañar como principio general del derecho ambiental.

La denuncia, en defensa del ambiente y la salud pública
Cabe recordar que la causa penal se origina con la denuncia que realizó la Municipalidad de Rosario, a través de la Subsecretaría Legal y Técnica, a principios de marzo de 2020 y la investigación fue caratulada como “Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago (Art. 186º Inc. 1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves”.
En julio de ese año, el intendente Pablo Javkin, en representación del Estado municipal, amplió la denuncia contra los posibles responsables de las quemas intencionales de pastizales en el Alto Delta del Paraná, y solicitó ser parte querellante. En esa oportunidad, aportó nuevas pruebas documentales e informativas consistentes en la identificación mediante fotografías satelitales de los nuevos focos.
Desde 2022, el municipio de Rosario fue admitido por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto, como querellante en la causa de las quemas de las islas del Delta del Paraná. De este modo, la Municipalidad, bajo esa figura, fue habilitada para "participar activamente en la investigación del hecho, aportando y sugiriendo medidas probatorias, interviniendo desde la posición de parte respecto de actos que disponga el órgano de la acusación durante la investigación y propiciando un trabajo conjunto con la fiscalía y el juez en la dilucidación de lo acontecido".
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Contaminación por plaguicidas en el Río Salado: un estudio alerta sobre la fauna acuática en Santa Fe

Fecha de Publicación: 13/10/2025
Fuente: Portal AireDigital
Provincia/Región: Litoral Argentino


Especialistas advierten sobre los peligros de los agroquímicos en la fauna acuática y en la salud pública de Santa Fe y la región.
Un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet ha encendido las alarmas sobre la contaminación por plaguicidas en la fauna acuática de Santa Fe, revelando hallazgos preocupantes en los ecosistemas de la región.
El análisis de los sábalos en el río Salado, realizado como parte de esta investigación, mostró que el 100% de los ejemplares estudiados contenían residuos de agroquímicos, incluyendo glifosato, glufosinato y cipermetrina, en concentraciones que superan los límites internacionales establecidos para estos compuestos. En una entrevista en Aire con el doctor Rafael Lajmanovich, experto del Laboratorio de Ecotoxicología de la UNL, se abordaron las implicancias de estos resultados y las posibles consecuencias para los ecosistemas y la salud humana.
Lajmanovich explicó que este tipo de contaminación no es una novedad, sino una confirmación de un problema crónico derivado del uso intensivo de químicos en el modelo productivo de la región. "Estamos hablando de un modelo que lleva más de 30 años produciendo en base a químicos, y esos químicos están llegando a concentraciones peligrosas para los ecosistemas", afirmó. Según el especialista, lo que antes eran trazas de plaguicidas ahora se traduce en niveles de concentración que comienzan a ser alarmantes, tanto para los animales como para las personas.

La toxicidad crónica: un riesgo a largo plazo
El especialista detalló que los efectos de estos agroquímicos no son de toxicidad aguda, como podría ocurrir en un accidente, sino de toxicidad crónica, lo que significa que los animales y las personas expuestas a estos contaminantes durante años pueden sufrir consecuencias graves a largo plazo. "Estos productos actúan como disruptores endocrinos, inductores de tumores y otros efectos nocivos, que pueden incluso trasladarse a las generaciones siguientes", explicó. Los efectos, en muchos casos, no son inmediatamente visibles, pero sus implicancias a largo plazo podrían ser devastadoras.
Impacto en la salud humana: ¿un riesgo para los consumidores?
Uno de los puntos más preocupantes es el riesgo que representa el consumo de fauna acuática contaminada para las personas. El estudio sugiere que aquellos grupos vulnerables, como pescadores o comunidades que dependen del consumo de pescado como fuente principal de alimentación, son los más afectados. Lajmanovich indicó que, si bien los efectos sobre la salud humana por el contacto con el agua o la fauna acuática son difíciles de medir, el riesgo está principalmente en el consumo repetido de estos productos a lo largo del tiempo.
El estudio sugiere que aquellos grupos vulnerables, como pescadores o comunidades que dependen del consumo de pescado como fuente principal de alimentación, son los más afectados.
"El trabajo trata sobre el riesgo que representaría para los consumidores el consumo prolongado de estos animales contaminados. Los efectos no son inmediatos, pero la exposición continua a lo largo de la vida podría ser peligrosa", aseguró el experto.

Regulaciones y monitoreos: ¿está haciendo algo el Estado?
A pesar de los evidentes riesgos para la salud y el medio ambiente, Lajmanovich lamentó la falta de acción concreta por parte de los organismos estatales para abordar este problema. "Es esencial que los organismos estatales se encarguen de los monitoreos continuos, porque el trabajo de los científicos, aunque valioso, es limitado y depende de recursos que actualmente son escasos", destacó. En este sentido, el especialista subrayó la necesidad urgente de actualizar las regulaciones sobre el uso de plaguicidas y de implementar políticas públicas eficaces para mitigar esta contaminación.
"Las leyes que regulan el uso de estos agroquímicos en Santa Fe datan de 1996 y están claramente desactualizadas para enfrentar los problemas actuales. A pesar de los intentos por modificar estas normativas, hasta el momento no se ha logrado un cambio significativo", señaló Lajmanovich.
El problema en el Río Salado: concentraciones peligrosas
El estudio se centró en la región del río Salado, particularmente en áreas de las ciudades de San Justo, Esperanza, Santo Tomé y la desembocadura del río. Se detectaron niveles elevados de plaguicidas en los sedimentos, lo que refuerza la hipótesis de que los sábalos, al ser animales que se alimentan de los sedimentos del fondo del río, están expuestos a una mayor concentración de estos contaminantes. "El sedimento es crucial porque nos cuenta la historia del lugar, mientras que el agua solo refleja una foto del momento", explicó Lajmanovich.
El experto realizó un llamado a la acción. Es urgente que tanto los científicos como los organismos gubernamentales trabajen de manera coordinada para continuar con los estudios, actualizar las normativas y proteger la salud de los ecosistemas y de la población. "Es necesario que estos estudios sean públicos, para que la sociedad esté informada sobre los riesgos que enfrentamos. Si bien el trabajo de los científicos es fundamental, los recursos para continuar con estas investigaciones son cada vez más limitados", señaló.
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El ecocidio continúa de una manera silenciosa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


Un informe de la UNR alerta sobre el aumento de las quemas en los últimos tres meses y la falta de responsables. Hubo audiencia pública por el tema en el Concejo.
Desde principio de año ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en la zona del humedal del Delta del Paraná. El dato se desprende de un informe realizado por el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se señala la existencia de condiciones climáticas como alta humedad y un nivel del río superior a años anteriores, que suponen “una barrera para la dispersión de los incendios”. Sin embargo, advierten sobre un aumento en los focos de incendio durante el último trimestre que da cuenta de una vinculación con la actividad humana. “Aún no pudimos resolver, a lo largo de los últimos cinco años, quien enciende el fuego”, cuestionó Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la UNR. 
El tema se puso en debate en una audiencia pública en el Concejo, de la que participaron distintos actores y se reclamaron medidas de prevención sobre el humedal. Las organizaciones sociales remarcan que la situación nunca mermó y advierten que los incendios van a seguir ocurriendo. “Los factores siguen siendo los mismos”, sostuvo Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales.
El estudio arrojó que, desde principio de año, se registraron incendios sobre una superficie aproximada de 30.327 hectáreas, en los humedales que forman parte del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) del Delta del Paraná. Según el informe, el primer bimestre del año comenzó con una fuerte actividad ígnea que afectó unas 12.976 hectáreas, para luego descender notoriamente: durante los siguientes cuatro meses se registraron 2.618 hectáreas incendiadas. Sin embargo, a partir de julio los incendios retomaron y el cuarto bimestre del año finalizó con 10.929 hectáreas de humedal incendiadas. En septiembre, los incendios registrados encienden las alarmas: en apenas 25 días se detectaron 13.188 hectáreas arrasadas por fuego.
En el relevamiento también se señala que la altura del río Paraná es mejor a la de años atrás, aunque sin recuperar sus niveles promedios. Esas condiciones climáticas (mayor humedad, precipitaciones y nivel del río superior) suponen “una barrera para la dispersión de los incendios” en la zona. 
A pesar de eso, el aumento considerable del fuego durante los últimos tres meses “dejaría en evidencia que están vinculados a la actividad humana”. Además, la mejora hídrica favoreció el crecimiento de la vegetación y, en consecuencia, una mayor cantidad de material “potencialmente combustible” en la zona, lo que deja una alerta encendida para el resto del año.
Además de la cuestión ambiental, el informe también pone el foco en el debilitamiento de las políticas públicas orientadas a prevenir y controlar los incendios. Por ejemplo, la eliminación del fondo fiduciario que alimentaba de recursos al Sistema Nacional de manejo del fuego (SNMF). A eso se le suma la disminución en la asignación del presupuesto desde 2023, que se agrava con la subejecución de esa partida: en 2024 solo se ejecutó un 22% de lo asignado y, en lo que va del 2025, se ejecutó un 30,7%. Con ese trasfondo, desde el Centro de Estudios Territoriales entienden que, sin recursos, la estrategia de manejo del fuego queda reducida a una reacción tardía.
“La magnitud y recurrencia de los incendios en el Delta del Paraná evidencian que ninguna provincia, por sí sola, puede enfrentar de manera eficaz el problema. El carácter interjurisdiccional del humedal exige articular esfuerzos entre las provincias involucradas y el Estado nacional, bajo un esquema de cooperación técnica, financiera y operativa”, expresa el informe. “Solo a través de una gobernanza compartida, con presupuestos adecuados y mecanismos de gestión conjunta, será posible garantizar la protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de estos humedales”, agrega.

¿Quién prende?
Para De Bueno, el informe da cuenta no solo de que la problemática de los incendios nunca cesó, sino que se va a seguir produciendo. “El ecocidio continúa silenciosamente y podemos prever que se van a seguir produciendo incendios. Este año se quemaron más de 30 mil hectáreas, que son doscientas veces el Parque Independencia”, lamentó en diálogo con Rosario/12. “Creemos que podemos tener, por lo menos hasta fin de año, unas 20 mil hectáreas más de incendios. Por eso entendemos que se debería elaborar un plan de trabajo entre los distintos actores, en vistas de resolver esa pregunta: ¿quién prende el fuego?”, añadió.
El dirigente consideró que la ausencia de responsables es una de las grandes deudas de los últimos años. “Aún no pudimos resolver ni quién prende el fuego, ni por qué. Ese es el mayor fracaso que nosotros vemos en la Justicia”, expresó y agregó: “Creemos que se deben destinar los recursos necesarios para poder llevar adelante las investigaciones, porque actualmente son muy escasos. Están trabajando las jurisdicciones locales, que no dan abasto. Y el poco interés del gobierno nacional en la política ambiental no colabora con esta situación”.
En ese marco, el referente ambiental de la UNR habló de “retrocesos”, más que de avances, desde la temporada de incendios iniciada en 2020. “Hubo un grave retroceso sobre todo desde la jurisdicción federal. Hay menos financiamiento para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En la Justicia, en lugar de tener mayores certezas, tenemos las absoluciones de la mayoría de los imputados dentro de los procesos federales, y pocos avances en los juzgados provinciales”, describió. “Nuestra propuesta concreta es que tenemos todavía tres meses por delante y podemos evitar que esto se siga profundizando”, completó.

Audiencia pública
Los resultados del informe se presentaron el pasado jueves, en una audiencia pública que puso el foco en el estado de las causas judiciales que investigan a los responsables de los incendios en las islas. La actividad fue impulsada por el concejal de Ciudad Futura, Julián Ferrero, que además preside la Comisión de Ecología en el Concejo. Uno de los convocados a exponer en la jornada fue el fiscal federal Claudio Kishimoto, con el fin de brindar los detalles de las causas en curso. Para el edil se trató de un “hecho histórico e inédito” para la ciudad.
“No es muy habitual que un fiscal acuda al Concejo para explicarle a la gente y la ciudadanía cuál es el estado de avance de las causas y mucho menos cuando se trata de causas que revisten esta complejidad, con tantos intereses en juego, e incluso problemas jurisdiccionales”, describió Ferrero a Rosario/12. 
“Fue una jornada para discutir en conjunto. Son pocas las veces en que podemos reunirnos todos los actores en un lugar, independientemente de nuestros pensamientos o trayectorias. Desde funcionarios, vecinales, la universidad, la militancia socioambiental y también los sectores ganaderos, que expresaron su posición sobre el tema”, añadió.
El concejal remarcó que la importancia de la jornada también radica en visualizar que los incendios continúan ocurriendo. “Las islas siguen siendo un territorio en disputa y los niveles de protección son muy bajos. Hoy en la isla casi que se puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando se respeten algunos parámetros. Es importante controlar lo que se puede hacer en un ecosistema que es vital para la región”, expresó.
“Hoy son tímidas las políticas públicas o acciones que implementa tanto el gobierno de Santa Fe como Entre Ríos. Siempre lo fueron. Cuesta ver un gobierno, independientemente de la fuerza política a cargo, que tenga voluntad de asignar recursos específicos a este tema. Y a nivel nacional el desfinanciamiento de políticas orientadas a la conservación de los ecosistemas es absoluto”.

Las organizaciones
En la audiencia se hicieron presentes distintas organizaciones ambientales, que desde años vienen monitoreando lo que sucede en las islas y peleando por la sanción de una ley que proteja los humedales del país. “La conclusión que sacamos es que los incendios se van a seguir repitiendo, es algo que nunca dejó de pasar. Los factores siguen siendo los mismos”, dijo Martínez a Rosario/12. 
“Hay una realidad que todos reconocen y es la ausencia de control estatal. Victoria detenta la jurisdicción de un enorme territorio sobre el que no garantiza el cumplimiento de la ley. Es un Estado que ni siquiera llega tarde, nunca llega”, cuestionó.
Para el integrante de la Multisectorial Humedales, uno de los principales aspectos sigue siendo la falta de presencia del Estado respecto al ordenamiento territorial, productivo y ambiental en la zona. “No se trabaja con drones, hay pocas lanchas. Vemos que no hay nunca una reacción rápida del Estado para que esto no suceda”, expresó y agregó: “Siempre se pone como excusa la falta de recursos. Podemos empezar por cobrarles multas a quienes hacen los terraplenes ilegales, porque si no tenemos un estado bobo que absorbe todas las pérdidas sin dar ninguna respuesta. Por eso, creemos que esto va a seguir sucediendo”.
Por último, el dirigente consideró que la sociedad sigue acompañando el reclamo ambiental y aseguró que la militancia ambiental en los últimos años deja aprendizajes: “El apoyo a la causa está vigente. Hoy todos sabemos lo que es un humedal y como sociedad fuimos aprendiendo mucho en el camino. A la gente le importa lo que está pasando y se supone que son los funcionarios quienes deben resolver esto. En ese tiempo las organizaciones hemos institucionalizado algunos procesos más locales y eso es positivo. A nivel nacional tenemos un gobierno que es negacionista en la materia y eso es una novedad. Por eso es importante mantener una militancia presente en estos temas”. 
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