Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
.

Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
.

Las claves del plan de la Provincia para combatir fenómenos climáticos extremos

Fecha de Publicación: 17/06/2026
Fuente: Portal LaBrújula24 
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Infraestructura desplegará una estrategia integral de monitoreo y obras para mitigar inundaciones y sequías.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión superior a los $530.000 millones. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad se han vuelto cada vez más difíciles de anticipar.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Distintos centros internacionales advirtieron que este evento podría traer lluvias extraordinarias y temperaturas fuera de los parámetros habituales. Sin embargo, los especialistas reconocen que todavía existe incertidumbre sobre el verdadero alcance que tendrá. "Hay posibilidad de un Niño, pero no hay una claridad todavía de la crudeza o la profundidad que va a tener", explicó el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez.
El funcionario sostuvo que la crisis climática obliga a replantear estrategias que hasta hace pocos años parecían suficientes. Según indicó, las tormentas actuales son mucho más localizadas e intensas, una realidad que modifica incluso obras hidráulicas planificadas una década atrás. “El cambio climático nos obliga a tocar obras que planificaste hace 10 años”, señaló al describir el nuevo escenario que enfrentan las autoridades.
En paralelo, la puesta en marcha del programa también expone diferencias con la gestión nacional. Álvarez cuestionó la postura del presidente Javier Milei respecto del cambio climático y defendió la necesidad de respaldar las políticas públicas basadas en evidencia científica. En ese marco, la Provincia también manifestó su preocupación por los recortes aplicados al Servicio Meteorológico Nacional, al que considera una herramienta fundamental para la prevención y el monitoreo de eventos extremos.
Para mejorar la capacidad de anticipación, el plan se apoya en distintas herramientas técnicas y de coordinación institucional. Entre ellas se destacan el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE) y la Mesa de Riesgo Hídrico. La intención es contar con información más precisa y respuestas más rápidas frente a emergencias cada vez menos predecibles.
La mayor parte de los recursos estará destinada a la prevención del riesgo hídrico en áreas urbanas. En total, se invertirán $284.983 millones en 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes, defensas costeras y obras destinadas a reducir el impacto de inundaciones, la erosión costera y el avance del nivel del mar sobre distintas localidades bonaerenses.
Por otra parte, el plan contempla $245.759 millones para impulsar la adaptación productiva frente a eventos climáticos extremos. Se trata de diez intervenciones regionales orientadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario, uno de los motores económicos de la provincia, frente a amenazas tan diversas como inundaciones prolongadas o sequías severas. 
.

El mayor emisor de metano entre basurales del mundo está en Buenos Aires: el informe que pone bajo la lupa al CEAMSE

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


Un informe de la Universidad de California ubicó al Complejo Ambiental Norte III entre los mayores emisores de metano detectados por satélite. CEAMSE cuestionó la metodología y defendió sus sistemas de captura de biogás.
El Complejo Ambiental Norte III, operado por CEAMSE en Campo de Mayo, volvió a quedar bajo el foco internacional luego de que un informe del proyecto STOP Methane, desarrollado por investigadores de la Universidad de California (UCLA), lo identificara como el sitio de disposición final de residuos con la mayor tasa de emisiones de metano detectada por satélites durante 2025.
La conclusión surgió del análisis de información recopilada por Carbon Mapper a partir del satélite Tanager-1 de Planet Labs y del instrumento EMIT de la NASA instalado en la Estación Espacial Internacional. En total, los investigadores estudiaron casi 3.000 plumas de metano provenientes de 707 rellenos sanitarios y basurales distribuidos en decenas de países para elaborar un listado con los 25 casos más relevantes.
Sin embargo, los propios autores introducen una aclaración importante: el ranking no representa necesariamente a los sitios que más metano emitieron a lo largo del año, sino a aquellos donde se detectaron las mayores tasas horarias de emisión durante los sobrevuelos satelitales. Aun con esas limitaciones, sostienen que constituye la aproximación más precisa disponible para identificar las fuentes más importantes de este potente gas de efecto invernadero.

El corazón del sistema metropolitano de residuos en Buenos Aires
La relevancia del Complejo Ambiental Norte III también está dada por su magnitud. Allí se deposita cerca del 85 % de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un ingreso promedio superior a las 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.
Para atribuir las emisiones detectadas, el equipo de UCLA recurrió a imágenes satelitales, datos geográficos y fuentes públicas, identificando a CEAMSE como el operador potencialmente responsable del predio. La empresa administra un complejo que, además de recibir enormes volúmenes de residuos, cuenta con instalaciones destinadas a captar el biogás generado por la descomposición de la materia orgánica y transformarlo en energía eléctrica.
El estudio también ofrece una referencia que ayuda a dimensionar el fenómeno: un relleno sanitario que libera cinco toneladas de metano por hora genera en un año un impacto climático comparable al de un millón de vehículos utilitarios deportivos o al funcionamiento de una central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios.

La respuesta de CEAMSE: "Son mediciones puntuales"
La publicación del informe motivó una rápida reacción de CEAMSE, que cuestionó la metodología empleada por los investigadores y defendió el funcionamiento de sus complejos ambientales.
En un comunicado, la empresa sostuvo que las mediciones utilizadas para elaborar el ranking corresponden a observaciones satelitales realizadas bajo condiciones atmosféricas específicas y que, por ese motivo, no representan el comportamiento continuo y dinámico de las emisiones que registra un relleno sanitario de gran escala.
Según la entidad, Norte III opera bajo estándares técnicos y regulatorios vigentes y dispone de una extensa red de captación de biogás que evita que buena parte del metano producido por la degradación de los residuos llegue directamente a la atmósfera.
CEAMSE también recordó que desde 2012 cuenta con plantas de generación eléctrica alimentadas con ese biogás y que actualmente posee una potencia instalada de 23 megavatios, con una ampliación proyectada hasta 33 megavatios. Esa capacidad, asegura, permitiría abastecer el consumo de entre 100.000 y 120.000 personas.

Bonos de carbono, monitoreo y nuevas inversiones
Como parte de su estrategia para reducir emisiones, la empresa informó que durante 2025 inició un proceso de certificación internacional de bonos de carbono bajo el programa VERRA y el estándar Verified Carbon Standard, con el objetivo de validar la captura y tratamiento del metano mediante mecanismos independientes.
De acuerdo con datos difundidos por la propia compañía, durante abril de 2026 el sistema alcanzó una captación cercana a los 16.000 metros cúbicos de biogás por hora, alrededor de un 16 % más que en registros anteriores.
Además, incorporó monitoreo de emisiones fugitivas mediante drones equipados con tecnología Sniffer, una herramienta utilizada para detectar pérdidas de gas y optimizar el funcionamiento de los sistemas de extracción.

Un problema global con impacto local
El metano es considerado uno de los principales aceleradores del cambio climático. Aunque permanece mucho menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, durante sus primeras dos décadas puede tener un poder de calentamiento hasta 80 veces superior.
Los investigadores de UCLA recuerdan que este gas explica aproximadamente la mitad del incremento de 1,2 °C registrado en la temperatura media global desde la Revolución Industrial y que los residuos constituyen la cuarta fuente mundial de emisiones, detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.
Al mismo tiempo, destacan que la reducción del metano ofrece una de las oportunidades más rápidas para desacelerar el calentamiento global, especialmente mediante una mejor gestión de los rellenos sanitarios y el aprovechamiento energético del biogás.
En ese contexto, el caso del Complejo Ambiental Norte III trasciende el resultado de un ranking. La discusión ya no pasa únicamente por una medición satelital o por la respuesta de una empresa pública, sino por cómo las grandes ciudades administran millones de toneladas de residuos y qué tan eficaces son las tecnologías disponibles para impedir que ese volumen se convierta en una fuente creciente de gases de efecto invernadero.
Mientras el informe internacional pone de relieve la magnitud del desafío, CEAMSE insiste en que las emisiones detectadas deben interpretarse dentro de un sistema complejo que continúa incorporando inversiones y herramientas de mitigación. Entre ambas posiciones queda abierto un debate que probablemente gane cada vez más espacio en la agenda ambiental: cuánto puede reducirse el metano generado por los residuos y cuál será el futuro de un modelo que todavía depende, en gran medida, del enterramiento de basura.
.

San Nicolás: ordenan la indagatoria de directivos de una agroquímica y de funcionarios provinciales por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: Portal fiscales.gob.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y tres presidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y el suelo de la zona.
De este modo, los camaristas hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y la querella que representa a un grupo de vecinos de la ciudad.

La investigación
La causa comenzó el 3 de junio de 2014 cuando un grupo de habitantes de la localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires solicitó que se investigara a la empresa química por la posible comisión de delitos contra la salud pública –-previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación-– e infracciones a las leyes N°24.051 de Residuos Peligrosos y N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.
En su presentación, señalaron que, desde hacía varios años, la planta local de ATANOR S.A. generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al Río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que la firma abría las compuertas de la laguna de afinamiento de la planta para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
Por otra parte, los denunciantes señalaron que sufrían daños en su salud y que diversos habitantes del Barrio Química habrían fallecido por causas relacionadas a la actividad contaminante de la planta.
La investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Di Lello, que solicitó una serie de medidas de prueba y recibió el testimonio de distintos vecinos y exempleados del predio. De los informes químicos solicitados surgió la presencia de atrazina en las muestras de agua obtenidas del río, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.

Pedidos de indagatoria
El 11 de octubre de 2022, la querella pidió que se convocara a declaración indagatoria a las autoridades de la empresa, pero el juez Villafuerte Ruzo rechazó el pedido por considerarlo prematuro. La querella recurrió la decisión.
El 2 de mayo de 2023, el fiscal federal Di Lello le solicitó al juez que indagara a los directivos de Atanor, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a los presidentes de la Autoridad del Agua.
A los seis responsables de la firma química, en su calidad de directivos y encargados de la planta, les endilgó haber contaminado —por lo menos— hasta el 16 de julio de 2020, el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual -sostuvo- puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de aquella ciudad del noreste bonaerense.
En relación a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, consideró que habían “incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”, por cuanto habrían omitido fiscalizar, ejecutar la política ambiental, preservar los recursos naturales, y desarrollar acciones de control sobre los elementos que pudieran causar la contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente.
Finalmente, a los tres presidentes del organismo de supervisión provincial les imputó haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N°12.257 -Código de Aguas-, específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. En tal sentido, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
El 13 de junio de 2023, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la apelación de la querella contra la resolución del 18 de noviembre de 2022 y ordenó remitir la causa al juez para que, en base a nuevos elementos incorporados a la investigación, se expidiera sobre las solicitudes de las partes acusadoras.
Tras varias idas y vueltas, el 2 de octubre de aquel año, el juez entendió que hasta que el tribunal de Alzada no resolviera las impugnaciones pendientes, no correspondía dar curso a las citaciones solicitadas por la fiscalía y la querella. La decisión fue recurrida por el fiscal Di Lello, al entender que el  magistrado había efectuado una errónea interpretación de la decisión de la Cámara rosarina y había propuesto una nueva diligencia que no tenía correlato con la plataforma fáctica y las pruebas consideradas al solicitar las indagatorias.
Además, el representante del MPF postuló: “el cúmulo probatorio que acredita la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados, sin fundamento e invocando condiciones inválidas, no es más que un rechazo tácito a lo peticionado y constituye un sobreseimiento ficto de los imputados de autos, en los términos del artículo 336 del CPPN, que frustra irremediablemente los fines de este proceso”.

La decisión de la Sala B
Al resolver la cuestión, la jueza Silvina María Andalaf Casiello consideró que correspondía hacer lugar a las apelaciones y citar a las personas imputadas a prestar declaración indagatoria.
En su voto, al que adhirió su colega Aníbal Pineda, la camarista sostuvo: “las pruebas en producción pendientes o por producirse, serán valoradas oportunamente para el caso del dictado de la situación de mérito de los encausados”.
Además, destacó que “la instrucción se encuentra delegada, hace once años, no habiéndola reasumido el magistrado” y que, en atención a ello, el juez debería haber considerado la postura de la fiscalía respecto a que “corresponde tachar la supeditada decisión a la realización de una medida probatoria que se encuentra pendiente…y que no resulta determinante, más si se contrapone con el caudal probatorio que existe hasta el momento”.
“Por todo lo analizado y dado los diversos y retirados pedidos de llamados a indagatoria, los que han sido diferidos de decidir, o rechazados por el magistrado, en base a distintas argumentaciones, siendo denegado ello una vez más en la providencia del 2 de octubre de 2025, consistiendo el motivo de tal denegatoria en la pericia del 30 de noviembre de 2020, atento el tiempo transcurrido y estando delegada la instrucción como referí, y no habiéndola reasumido a lo largo de estos años, considero corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, y disponer el llamado a recibir declaración indagatoria de las personas individualizadas por la fiscalía y la querella en sus respectivos escritos”, concluyó la jueza.
.

Un nuevo sistema permitirá monitorear en tiempo real la salud de los ecosistemas marino-costeros en la Costa Atlántica

Fecha de Publicación: 03/06/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Buenos Aires


La provincia de Buenos Aires avanzará en la implementación de un sistema de observación marino-costero destinado a mejorar el conocimiento y la protección de los ecosistemas del litoral atlántico. La iniciativa quedó formalizada mediante un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), consolidando una estrategia de monitoreo ambiental basada en información científica.
El proyecto se desarrollará junto a la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros en Latinoamérica y el Caribe (Remarco), una plataforma internacional integrada por especialistas de cerca de 20 países. Gracias a esta articulación, se fortalecerá la capacidad de análisis sobre los cambios que afectan a los ambientes costeros y oceánicos.
Además, la propuesta se enmarca dentro de una visión regional que busca mejorar la gestión de los recursos naturales y generar herramientas para anticipar riesgos ambientales cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático.

Estaciones estratégicas a lo largo de la costa bonaerense
Como parte de la iniciativa, se instalarán estaciones de monitoreo continuo en Santa Teresita, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata. Estos puntos fueron seleccionados por su relevancia ecológica y por representar distintos ambientes costeros de la provincia.
A través de tecnología especializada, las estaciones recopilarán datos en tiempo real sobre variables ambientales fundamentales para comprender la dinámica de los ecosistemas marinos. La información obtenida permitirá construir series históricas y detectar alteraciones de manera temprana.
Asimismo, el sistema incluirá el monitoreo de áreas de transición entre ecosistemas terrestres y oceánicos, sectores particularmente sensibles frente a las presiones humanas y los cambios ambientales globales.

Monitorear amenazas para proteger la biodiversidad
Uno de los principales objetivos será estudiar los llamados estresores marino-costeros, es decir, factores que alteran el equilibrio natural de los ecosistemas debido a actividades humanas o procesos ambientales.
Entre las variables que serán observadas se encuentran la acidificación oceánica, las floraciones de algas nocivas, la presencia de microplásticos y otros contaminantes emergentes que generan preocupación en la comunidad científica internacional.
Por otra parte, el monitoreo permanente permitirá evaluar tendencias a largo plazo y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos que puedan afectar tanto a la biodiversidad como a las actividades económicas vinculadas al mar.

Una iniciativa con ventajas ambientales
La creación de una red de observación permanente representa una herramienta clave para la conservación de los ecosistemas costeros. Contar con información continua facilita la detección temprana de problemas ambientales antes de que alcancen niveles críticos.
Además, los datos obtenidos permitirán diseñar políticas públicas más eficientes para la protección de especies marinas, humedales costeros y hábitats fundamentales para el funcionamiento de la biodiversidad regional.
Asimismo, el proyecto favorecerá la toma de decisiones basadas en evidencia científica, mejorando la planificación territorial y promoviendo acciones orientadas a reducir la contaminación, preservar los recursos naturales y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

Ciencia y cooperación para un desarrollo sostenible
La iniciativa también busca consolidar una agenda de gestión ambiental sustentada en la cooperación entre organismos públicos, instituciones científicas y redes internacionales de investigación.
En este sentido, la información generada contribuirá al seguimiento de compromisos ambientales globales vinculados a la conservación de los océanos y al uso sostenible de los recursos marinos.
Finalmente, el fortalecimiento de la observación científica en la Costa Atlántica bonaerense representa un paso importante para comprender mejor los desafíos ambientales actuales y garantizar la protección de un patrimonio natural esencial para las generaciones presentes y futuras.
.

La energía del mar: el proyecto argentino que busca generar electricidad a partir de las olas

Fecha de Publicación: 01/06/2026
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Aunque Argentina continúa impulsando su industria fósil, su amplia zona costera abre una oportunidad poco explorada: la energía undimotriz, una fuente renovable que aprovecha el movimiento de las olas para generar energía.
Con esa idea en mente, el ingeniero Alejandro Haim comenzó en 2007 un proyecto de energía undimotriz en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires.
A mediados de marzo, el proyecto de energía undimotriz tuvo un avance contundente. En la metalúrgica Duroll de Pilar, se realizó la prueba estructural de la boya de tres metros de diámetro y 2,5 toneladas y el brazo.
“Probamos todas las partes del equipo, su funcionamiento, que no fallen, que no se rompan, que funcione correctamente fuera del agua, en el lugar donde estamos construyendo”, sostuvo Haim. “Una vez que pase todas las pruebas, que demostremos que es seguro para la gente y que no va a pasar nada extraño que pueda poner en peligro ni la flora, ni la fauna marina, recién ahí se trasladaría a la escollera norte de Mar del Plata y se instalaría», añadió.
Explicado de manera esquemática, el proyecto del generador comienza con una boya que flota en el agua. Un brazo metálico unido, en un extremo, a la boya que oscila cuando esta sube y baja, y al otro extremo del brazo, la conexión con una plataforma que puede ser una escollera o muelle. El movimiento lento y de vaivén del brazo entra en una cadena cinemática, es decir, un sistema de engranajes y mecanismos que hace girar un generador eléctrico y, finalmente, produce la energía.
La simplicidad del mecanismo tiene detrás años de planificación estratégica. Así lo explica Haim: “El hecho de que sea simple hace que el costo sea bajo y la confiabilidad del equipo, elevada, porque mientras más simple, menos probabilidades hay de que algo falle”.
A diferencia de otros proyectos de energía undimotriz que hay en el mundo, “la ventaja del nuestro es que lo único que está en contacto con el agua es la boya. El resto, va fuera del agua. Hay equipos que van sumergidos total o parcialmente, por ejemplo”, aporta el ingeniero respecto a las probabilidades de corrosión de los materiales.
La escollera norte de Mar del Plata no es el destino final del proyecto. “Nosotros pensamos el equipo en la escollera como una plataforma de investigación científica”, sostiene Haim.
El objetivo final es llegar a instalaciones offshore (costa fuera), pero para eso primero hay que demostrar en condiciones reales el coeficiente de conversión de energía undimotriz a energía eléctrica. “Uno puede hacer un montón de simulaciones, cálculos, pero en definitiva la demostración práctica es lo que termina de ponerle el sello a todo esto”, afirma.
En ese sentido, Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología de la Nación (2019-2021) y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) –dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires– precisa que «se llega a un piloto, se hace una evaluación y a partir de ahí uno busca la posibilidad de escalar si la tecnología ha sido exitosa, a fin de pasar ya a una fase productiva».

El potencial undimotriz
Hoy, el proyecto de energía undimotriz de la UTN que dirige Haim está patentado y tiene más de 20 profesionales e investigadores trabajando en su concreción. El equipo estima que un parque pequeño de 200 boyas tendría una potencia de 6 megavatios y abastecería a unas 20 000 personas o 5000 hogares, ocupando una superficie equivalente a tres manzanas.
Según un estudio publicado por el equipo de investigación en la revista Energías Renovables y Medio Ambiente, una sola boya de 30 kilovatios (kW) instalada en la costa de Necochea sería capaz de producir 131 megavatios hora (MWh) al año.
En 2025, Argentina consumió 141 249 gigavatios hora (GWh) según el informe anual de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Eléctrico (Cammesa), lo que pone en perspectiva la escala: el aporte de un prototipo individual es mínimo, pero según Haim, «la cantidad (de generadores) que se puede instalar no tiene techo».
Una de las ventajas técnicas que destaca el equipo es la densidad energética del recurso. Según un estudio publicado por los investigadores de la UTN, la energía undimotriz tiene una potencia por unidad de superficie de entre 2000 y 3000 W/m², frente a los 400-600 W/m² de la eólica y los 200 W/m² de la solar.
La razón es que la densidad del agua es 850 veces mayor que la del aire, lo que permite que la masa oceánica acumule y transporte más energía. Salvarezza suma otra ventaja: “Esta transferencia de energía (de las olas) es más permanente con respecto a la intermitencia que puede tener la energía solar o la energía eólica, donde la intensidad del viento es más fluctuante”.
A nivel global, las estimaciones sobre el potencial de este recurso son significativas. Un estudio de 2010 calculó que el recurso undimotriz a nivel mundial podría llegar a cubrir alrededor de 3,7 teravatios (TW), lo que representaba 20 % de la demanda mundial de energía de aquel momento.
Ana Julia Liftschitz es oceanógrafa y fue parte del proyecto de energía undimotriz durante varios años. En la actualidad, trabaja en la UTN de Puerto Madryn, Chubut, en un proyecto de turbinas hidrocinéticas para generar energía a partir de las mareas.
Coincide con Haim en que el potencial energético del mar argentino es sumamente vasto. Liftschitz destaca que «desde el punto de vista del recurso no hay ninguna limitación», y resalta que, aunque la aplicabilidad tecnológica sea un desafío, «tenemos el mar acá, que tiene un recurso ilimitado de energía y no lo estamos aprovechando».
Sobre esa dificultad de aplicación, Salvarezza precisa qué tipo de obstáculos enfrenta la tecnología: «El gran problema que tiene es que está expuesta a condiciones muy extremas. Se somete a los dispositivos a un permanente estrés mecánico que es el movimiento de las olas y, por el otro lado, está expuesto a un ambiente marino que degrada los materiales», detalla.
Actualmente, existen diversos proyectos en fase de prototipo desarrollados en distintos países como Reino Unido, España, Portugal, Estados Unidos, Japón, Noruega, Dinamarca, Brasil e Israel. A pesar de estos avances, Haim explica que en el sector todavía no hay ninguna tecnología que haya llegado a un grado de madurez que posicione a un proyecto por sobre otro para desarrollarlo a escala comercial.
Esta situación de paridad tecnológica habilita una oportunidad para el desarrollo local, a la vez que posiciona a la Argentina dentro del contexto global. Como se destaca en un estudio de 2019 realizado por Haim y otros miembros del proyecto, el hecho de ser una «tecnología en estado de desarrollo experimental permite competir con otros desarrollos a nivel mundial sobre el desarrollo de equipos confiables, seguros y de costos competitivos».
Salvarezza precisa que, a nivel mundial, «la energía del mar está en una etapa aún exploratoria, en el caso de la undimotriz, precomercial, con algunos prototipos desarrollándose, algunos en Estados Unidos, otros en Europa». Y agrega: «Hoy en día el precio que podría tener el megawatt-hora de estas energías están por encima de lo que son las energías fósiles o el caso de las renovables como la energía solar y energía eólica. Sin embargo, a medida que se vayan desarrollando y alcancen escala, seguramente estos precios van a bajar».

Energía renovable en la matriz energética argentina
En 2006, mediante la Ley 26.190, se creó el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, que establecía como meta alcanzar una contribución de las fuentes de energía renovables de 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para el 31 de diciembre de 2017.
El incentivo que planteaba la ley era a través de incentivos fiscales, beneficios impositivos y la remuneración de la energía generada que se volcara al mercado mayorista o servicios públicos. En aquella ley, la energía undimotriz ya se posicionaba dentro de la lista de energías renovables que se buscaba fomentar.
Luego, en 2015 con la Ley 27.191 se modificó el régimen y elevó esta meta para lograr que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo de energía eléctrica nacional para diciembre de 2025. Según el informe anual de Cammesa de 2025, el país cerró ese año con un aporte de 18,9 %.
Desde el proyecto de energía undimotriz de la UTN plantean que el desarrollo de esta tecnología contribuiría a diversificar la matriz energética y a un abastecimiento más seguro y constante.
“La diversificación de las energías hace que, si te falla una de las fuentes, tenés de la otra. Si dependés de una sola y esa falla, es muy complicado”, advierte Haim, quien retoma como ejemplo el apagón masivo que afectó a España y Portugal en abril de 2025, cuando una desconexión abrupta de plantas generadoras provocó la caída de la red eléctrica peninsular.

Soberanía energética: el peso del desarrollo local
Gabriel Blanco es ingeniero, investigador y coordinador del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (CTAE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), donde se estudia el nexo entre energía, ambiente y sociedad.
Blanco sostiene que la transición energética es necesaria por múltiples motivos, entre ellos, el cambio climático y cuestiones vinculadas al modelo energético actual, que describe como «muy concentrado en términos de capitales y tecnología».
El investigador plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo más diversificado y participativo. En ese sentido, considera que el desarrollo de energías renovables a nivel nacional, como el proyecto de energía undimotriz, «es parte de una diversificación en términos de recursos, en términos tecnológicos y fundamentalmente que se está haciendo desde lo local con actores locales».

Autonomía tecnológica frente a los cambios de gobierno
El proyecto undimotriz de la UTN fue diseñado para realizarse de punta a punta en el país. «Todos los mecanismos que tiene nuestro equipo se pueden fabricar en la Argentina. Es más, nosotros ya lo estamos fabricando, lo podemos hacer con la industria nacional, no dependemos de importaciones», cuenta Haim.
Y esto tiene una razón. «Queríamos algo que pudiéramos hacer acá en Argentina, que no dependiéramos de inversiones extranjeras. Yo empecé con esto en el 2007, casi 20 años atrás y fijate cuántos presidentes pasaron por el medio y todavía seguimos con el tema. Entonces, tenemos que ser resistentes a los cambios de política de la Argentina. Si un día te abren las importaciones, después te las cierran, después te las abren, no podemos depender de lo que decida el gobierno de turno. Mientras menos dependamos del entorno exterior, mejor», explicó el ingeniero.
La preocupación de Haim por la autonomía tecnológica se vincula con un debate más amplio sobre la transición energética en Argentina. El estudio «Impactos en la Balanza Comercial Argentina de la Transición Energética», realizado por Blanco y otros autores, advierte que la transición puede reproducir formas de dependencia si no se acompaña con una política industrial propia.
«Si la transición se implementa sin una estrategia de desarrollo tecnológico e industrial, puede generar una nueva dependencia: la importación masiva de equipos, tecnologías y componentes estratégicos, sustituyendo la vulnerabilidad asociada a los combustibles fósiles por otra vinculada a la tecnología extranjera», concluye el documento.
Blanco desarrolla esa idea: «Pueden haber cuestiones ligadas a la dependencia tecnológica porque, por ejemplo, la energía solar y los paneles solares pueden ser muy buenos, pero nosotros no los hacemos, se traen de China o del país que sea».
Salvarezza aporta una mirada similar desde su rol institucional: «En el caso de la energía eólica y solar, hay pocas posibilidades de que Argentina pueda participar de la cadena de valor, salvo algunos nichos reducidos. La mayoría de la tecnología que se dispone, está en manos de empresas extranjeras».
Por eso, destaca el caso del proyecto de energía undimotriz: «Es particularmente interesante porque el dispositivo que ha desarrollado la universidad tiene estas características de integrar, casi en su totalidad, industria nacional».

Del desfinanciamiento nacional al apoyo provincial
En 2022 el proyecto fue seleccionado por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) para, en 2023 recibir un financiamiento de 50 millones de dólares para el desarrollo gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin embargo, desde 2024 el gobierno de Javier Milei dejó al financiamiento al sistema científico y el desarrollo nacional prácticamente congelado debido a la retención de fondos provenientes de préstamos internacionales.

El dinero que debían recibir nunca llegó.
“Peor todavía, porque nosotros hicimos trabajos durante un año, les presentamos las facturas, y nunca lo pagaron. O sea que nosotros tuvimos el gasto”, relata Haim.
Antes “el Fonarsec te daba la plata y vos la administrabas. Con el cambio de gobierno cambiaron las reglas”, relata y agrega que la instrucción fue que, cuando compraran los insumos o finalizaran los trabajos, enviaran la factura y les iban a remunerar los gastos.
“Los investigadores dedicaron mucho tiempo y horas de trabajo, presentaron las facturas, el trabajo que hicieron, y nunca se les pagó. Es peor a que te saquen el financiamiento, porque trabajaste con la esperanza de cobrar y no cobraste un mango”, relata Haim y agrega que también perdieron a la empresa con la que se habían asociado para construir el equipo.
El investigador agrega que perdieron “todo el trabajo que hicimos de conseguir una empresa, firmar compromiso de confidencialidad, armar el proyecto, fue mucho tiempo que no te lo paga nadie después. Cuando uno hace un proyecto con la idea que salga, sabe que puede salir mal, pero no te imaginás que va a pasar algo así”.
Fue entonces cuando, en 2024, la Provincia de Buenos Aires intervino para que el proyecto continuara a través del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA).
Este organismo funcionó como el nexo que vinculó al equipo de la UTN con el Programa de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged) y con el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), permitiendo que el proyecto recupere su impulso.
Salvarezza, presidente de la CIC, describe ese momento: «A comienzos del 2024 este proyecto se encontraba en una situación muy compleja porque se había desarrollado con lo que eran los fondos que aportaba el Estado Nacional, los Fonarsec. Hubo un cambio en el gobierno y estos fondos no siguieron fluyendo».
Y agrega: «Hoy en día es la provincia (de Buenos Aires) la que está sosteniendo este proyecto”.

El recurso marino en Argentina
Como oceanógrafa, Liftschitz hace una caracterización de los potenciales de energía que podrían obtenerse de los casi 5000 km de costa argentina.
«Si uno piensa en la costa argentina puede hacer una división muy clara. En la costa bonaerense la energía del mar más rentable sería la undimotriz, la energía de las olas, que allí no son excesivamente grandes, pero son persistentes. Para que se forme la ola necesitás un viento sostenido y una cierta distancia donde el viento le transfiere energía al agua, que se llama fetch. En la costa bonaerense el viento viene del este, tiene buena distancia y vientos sostenibles como para formar oleaje”, explica.
En cambio, las características cambian en el sur del país, habilitando otro tipo de aprovechamiento energético. Liftschitz sostiene que “en la costa patagónica, como tenemos una amplitud de marea muy importante y velocidades de corrientes de mareas muy fuertes, lo que conviene es obtener la energía de las mareas. Allí, los vientos son del oeste, entonces no se genera oleaje, pero existe una amplitud de marea excepcional”.
Un estudio de impacto ambiental publicado en 2017 en la revista Proyecciones, realizado por integrantes del proyecto en el marco de una tesis de maestría en Ingeniería Ambiental de la UTN, evaluó los efectos potenciales de la instalación del dispositivo en la escollera sur del Puerto Quequén.
La conclusión fue que “los potenciales impactos ambientales negativos no resultan significativos y resulta viable su ubicación”.
Según el estudio, los impactos negativos que identificaron son de carácter moderado y podrían focalizarse en la etapa de construcción, como por ejemplo, la contaminación sonora, la modificación del entorno visual y alteraciones temporales en la accesibilidad.
Liftschitz, codirectora del estudio, ratifica la evaluación: “Son instrumentos muy chicos. Hay que estudiar el impacto, obviamente, porque todo lo que uno pone tiene su impacto. Pero en la zona de Quequén el resultado fue positivo, el impacto ambiental era bajo”.

Una Argentina que mire al mar con perspectiva energética
Luego de casi 20 años de desarrollo, el prototipo argentino de energía undimotriz se acerca a una prueba decisiva: el mar. El paso siguiente, la escala comercial y el aporte real a la matriz energética, va a depender de los resultados que se obtengan y las decisiones políticas y económicas que se tomen.
La transición energética es una oportunidad para pensar sobre los patrones de consumo, la soberanía, y la participación ciudadana en el uso de los recursos naturales, sin olvidar la importancia de acompañar este proceso con políticas industriales, tecnológicas y territoriales que eviten reproducir nuevas dependencias y conflictos.
.

Tras aparecer como el más contaminante del mundo, el CEAMSE respondió y aseguró que cumple con los estándares ambientales

Fecha de Publicación: 21/05/2026
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Buenos Aires


Un informe internacional ubicó a un relleno sanitario operado por el CEAMSE al tope del ránking de emisiones globales de gas metano. La respuesta y las aclaraciones de la compañía
A partir de la difusión de un estudio de la Universidad de California que ubica a un relleno sanitario operado por el CEAMSE encabezando las emisiones globales de gas metano, desde la compañía pública salieron a responder al informe y aseguraron que sí cumple con los estándares ambientales y regulatorios.
En un comunicado, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), a cargo de la gestión de los residuos sólidos de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, destacó que “el ranking del proyecto STOP Methane se basa en mediciones satelitales puntuales, bajo condiciones atmosféricas particulares, lo cual limita la representatividad integral del comportamiento dinámico de las emisiones”.
“CEAMSE opera sus complejos ambientales bajo estándares técnicos, ambientales y regulatorios vigentes, incorporando nuevas tecnologías orientadas a la mitigación y control de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente metano”, sostuvieron desde la entidad, actualmente presidida por el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
En relación específica al Complejo Ambiental Norte III, (que encabezó el ránking internacional de emisiones) “CEAMSE cuenta con sistemas activos de captación y tratamiento de biogás, cuyo objetivo principal es evitar la liberación directa de metano a la atmósfera. Este gas, generado naturalmente por la descomposición de residuos orgánicos, es capturado mediante una red de pozos y conducido a plantas de tratamiento donde es gestionado de manera controlada”, afirmaron desde la entidad.

Gestión del biogás y bonos de carbono
En 2025, CEAMSE inició un proceso de fortalecimiento de su política de mitigación climática, a través de la certificación de bonos de carbono vinculados a la gestión de biogás.
Dicho proyecto se enmarca en el programa internacional de la organización VERRA, bajo el estándar Verified Carbon Standard (VCS), uno de los mecanismos de certificación más reconocidos a nivel global.
Entre los objetivos de esta iniciativa se destacan:
    Reducir las emisiones de metano mediante su captura, tratamiento y control.
    Avanzar hacia la valorización energética del biogas mediante generación de energía eléctrica o producción de biometano.
    Mejorar la calidad ambiental y la reducción del impacto climático asociado a la disposición final de residuos.
    Validar y registrar estas acciones bajo estándares internacionales, garantizando transparencia, trazabilidad y verificación independiente.
A su vez, durante el año 2025 CEAMSE incrementó la captación de biogás del Módulo Norte III durante todas las etapas de vida útil del relleno sanitario; desde su construcción, operación y cierre.
Se espera que el incremento en la captación sea paulatino. Por ejemplo, durante el mes de abril de 2026, se alcanzaron valores de 16,000 m3/h de captación de biogás, lo que representa un incremento de 16% sobre los valores obtenidos en meses anteriores de 13.800 m3/h.

Valorización energética y monitoreo de fugas
El Complejo Ambiental Norte III CEAMSE cuenta desde 2012 con plantas generadoras de energía eléctrica impulsadas con el biogás proveniente del relleno sanitario. En 2020, se alcanzó una capacidad de 23 MW entregados a la red eléctrica, que este año llegará a 33 MW, lo que abastecerá de energía a una población de entre 100.000 y 120.000 personas.
El predio también cuenta con tres plantas de tratamiento de líquidos lixiviados con tecnología de ultra y nano filtración que permiten obtener un producto apto para riego.
Asimismo, el comunicado destacó que “CEAMSE ha implementado cambios en la metodología de medición y control de emisiones fugitivas al ambiente, incorporando el uso de drones con el Método Sniffer, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)”.
La captación y valorización del biogás constituye una de las herramientas más efectivas reconocidas internacionalmente para la mitigación de emisiones en rellenos sanitarios, y actualmente CEAMSE se encuentra alineada con estas mejores prácticas.
En este sentido, la eventual detección de emisiones en determinados momentos no invalida la existencia ni la efectividad de los sistemas de control implementados, sino que pone de manifiesto la complejidad de la gestión de residuos a gran escala y la necesidad de continuar profundizando las inversiones en infraestructura, monitoreo y mejora continua desde los distintos actores que participan en esta materia.
Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso con la gestión responsable de los residuos sólidos urbanos; la reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero; la adopción de estándares internacionales de medición, reporte y verificación; y el desarrollo de soluciones basadas en economía circular y energías limpias.
Por último, el comunicado señaló que “CEAMSE continuará fortaleciendo sus sistemas de monitoreo y sus estrategias de mitigación climática, consolidando su rol en la gestión sustentable de residuos a nivel local y regional y contribuyendo activamente a los compromisos ambientales nacionales e internacionales.
.

Islas de calor urbano: la ciencia mapea cómo el AMBA hierve por dentro

Fecha de Publicación: 18/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires


Un estudio en Nature con participación del CONICET y la UBA analizó 41 megaciudades del mundo. El AMBA está entre ellas. En verano, sus zonas más densas pueden superar en 3 °C a las áreas rurales.
Que en las ciudades hace más calor que en el campo es un hecho conocido. Lo que no se sabía con precisión es cuánto más calor, dónde exactamente, cómo varía según la morfología urbana y qué pasará a medida que el cambio climático siga acelerando. Esas preguntas son las que aborda un trabajo publicado en la revista npj Urban Sustainability, de la editorial Nature, con participación de investigadores del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, UBA-CONICET) y el Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos (IFAECI).
El resultado es el primer análisis global que logra representar explícitamente megaciudades, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires, en simulaciones climáticas regionales.
Por primera vez, modelos climáticos globales logran representar megaciudades como Buenos Aires y muestran cómo el diseño urbano, la densidad y la desigualdad territorial amplifican el calor extremo barrio por barrio.
El contexto demográfico hace urgente el ejercicio. Según datos de Naciones Unidas, más del 50 por ciento de la población mundial vive en ciudades, y se estima que esa cifra trepará al 70 por ciento para el año 2050. En Argentina, el caso es aún más extremo: el 91 por ciento de las personas ya habita en ciudades hoy. En ese escenario, entender cómo el calor extremo impacta en los entornos urbanos no es un ejercicio académico. Es una cuestión de salud pública y planificación territorial.
Tal como expresa en Nex Ciencia Luis Muñoz, becario doctoral en el CIMA-IFAECI, "los impactos más fuertes del cambio climático relacionados con la temperatura se van a sentir principalmente en las ciudades". Y sin embargo, los modelos climáticos globales históricamente las ignoraron: las ciudades, siendo geográficamente pequeñas a escala planetaria, no aparecían representadas en las simulaciones de gran escala. El nuevo trabajo cierra esa brecha.

41 megaciudades bajo la lupa: el AMBA entre las elegidas
El estudio utilizó dos modelos climáticos regionales del proyecto CORDEX, una iniciativa del World Climate Research Programme, con una resolución aproximada de 25 kilómetros, suficiente para detectar la huella urbana de las ciudades más grandes del mundo.
En simulaciones climáticas regionales, se logró detectar 41 áreas urbanas a nivel mundial, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Es la primera vez que el AMBA queda representada explícitamente en un análisis climático global de estas características.
El fenómeno central que se estudió es la isla urbana de calor: el efecto por el cual los materiales de la ciudad, asfalto, cemento, hormigón, absorben y retienen calor de manera diferente al suelo natural, elevando las temperaturas urbanas por encima de las rurales.
Sobre Buenos Aires, el estudio observa que, en los meses de verano, la isla urbana de calor puede alcanzar los dos o tres grados centígrados por encima del área rural. En el contexto de una ola de calor, esa diferencia no es un dato menor: puede ser la diferencia entre lo tolerable y lo letal para poblaciones vulnerables.
Tal como señala el investigador Lluís Fita, del CIMA y el IFAECI, los modelos climáticos han avanzado desde cuadrículas que agrupaban de 50 a 100 kilómetros hasta lograr el alcance de un kilómetro, lo que "permite ver fenómenos que ocurren a una escala más pequeña, como la sombra que producen los edificios o el impacto de un parque". Una resolución que transforma al modelo en una herramienta de política urbana concreta.

Dentro del AMBA: no todos los barrios sienten el mismo calor
El aporte local del equipo argentino va más allá de estar en el mapa. A partir del trabajo internacional, el grupo del CIMA-IFAECI publicó un segundo artículo con hallazgos específicos sobre la diversidad climática interna del Área Metropolitana de Buenos Aires. La conclusión es directa y con implicancias de justicia ambiental: el calor no se distribuye de forma homogénea dentro de la misma ciudad.
"Una ola de calor no se percibe del mismo modo en la zona de Ciudad Universitaria, al lado de la reserva natural, que en la Villa 31, que presenta una alta densidad poblacional y edilicia con pequeños pasadizos que no permiten mucha circulación de aire", plantea Muñoz. El equipo incorporó al modelo tipologías urbanas que incluyen villas y asentamientos, para cuantificar si una ola de calor podría ser más severa en determinadas zonas que en otras, y comprender los procesos físicos que lo explican.
Tal como detalla la investigadora Andrea Carril, codirectora de la tesis doctoral de Muñoz: "Si antes contábamos con una proyección de cambio climático donde un mismo píxel cubría toda la ciudad, esa proyección se aplicaba por igual a todo el píxel. Estos trabajos permiten ir bajando la escala y sumar complejidades". Traducido: las políticas de adaptación climática diseñadas a partir de promedios urbanos pueden ser ineficaces, o incluso inequitativas, si ignoran la heterogeneidad interna de las megaciudades.
El análisis de sensibilidad del modelo reveló que los parámetros morfológicos, la altura de los edificios y el ancho de las calles, son los que causan mayor impacto en la temperatura urbana simulada. Un dato que tiene consecuencias directas para el diseño urbano: las decisiones sobre densificación, altura máxima de construcción y trazado de avenidas no son solo estéticas o económicas. Son decisiones climáticas.
.

Shell Raizen enfrenta causas por contaminar el Río de la Plata y el Estado admite nuevas causales

Fecha de Publicación: 14/05/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


La refinería Shell Raizen de Dock Sud enfrenta cinco expedientes vigentes por contaminación ambiental. Todos están vinculados al vertido de efluentes líquidos que llegan al Río de la Plata.
Así lo confirmó el propio Estado nacional en el último informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. El documento reconoció que recientemente se detectaron "nuevas causales de contaminación", indicó un artículo del periodista Sebastián Premici publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
La planta, propiedad en partes iguales del grupo brasileño Cosan y la anglo holandesa Shell, está bajo la lupa de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Los expedientes abarcan desde 2018 hasta 2025.
Las denuncias no vienen solo de organismos oficiales. Gabriel Michel, ex brigadista especializado en incendios industriales, trabajó 17 años dentro de la refinería. Fue despedido en 2025 luego de alertar sobre prácticas contaminantes y riesgos para trabajadores y vecinos de la zona.

Qué causales de contaminación confirmó el Estado
El informe de Adorni respondió preguntas formuladas por legisladores del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS). Las respuestas quedaron por escrito en la página 147 del documento, pregunta 182.
Acumar detectó que la refinería utilizaba agua de enfriamiento para diluir efluentes industriales, una práctica expresamente prohibida por la Resolución 12/2019, remarca el sitio EconomiaSustentable.com.
También encontró deficiencias graves en la planta de tratamiento de efluentes líquidos (PTEL). Los controles operativos resultaron inadecuados.
El rendimiento de los procesos de tratamiento mostró niveles bajos. Los análisis de vertidos revelaron presencia de contaminantes por encima de los límites permitidos.
Además, se registraron eventos de contaminación directa. Entre ellos, derrames de hidrocarburos que afectaron al Río de la Plata. Los resultados analíticos superaron significativamente los valores admisibles.
Estos hallazgos evidencian fallas operativas y riesgos ambientales concretos, según el propio documento oficial.

Los expedientes abiertos contra la refinería
La refinería acumula al menos cinco expedientes sancionatorios vigentes. Todos están relacionados con incumplimientos a la Resolución 12/2019 de Acumar, indicó el sitio EconomiaSustentable.com.
Uno de los más recientes es el EX-2025-70725387-APN-SG#ACUMAR, iniciado el 7 de julio de 2025. Acumar comprobó que Shell Raizen usaba agua para dilución, reduciendo artificialmente la concentración de contaminantes en los vertidos.
Otro expediente clave arrancó el 20 de marzo de 2023 (EX-2023-30287108-APN-SG#ACUMAR). La causal: superar los límites admisibles de vertido establecidos por la normativa vigente.
Los tres expedientes restantes también están vinculados al vertido de líquidos contaminantes. Todos permanecen abiertos y en proceso.
La respuesta del Estado hasta ahora se limitó a multas económicas. No se implementaron medidas de remediación ambiental. Para un grupo transnacional, las sanciones económicas resultan fácilmente cancelables.
La refinería actualmente está en proceso de venta hacia la suiza Mercuria Energy e Integra Capital, del Grupo Manzano.

La denuncia de un trabajador que estuvo 17 años adentro
Gabriel Michel conoce la refinería desde adentro. Trabajó como operario y brigadista (bombero) especializado en incendios industriales durante 17 años.
"La industria petrolera es contaminante en sí misma. Y la refinería aún más", explicó Michel en diálogo con Economía Sustentable. Estudios médicos encargados por la propia empresa hace varios años arrojaron que varios compañeros estaban contaminados con agentes cancerígenos.
Esas denuncias dentro de la planta le costaron el despido. Primero fue echado una vez. Luego lo volvieron a contratar. En 2025 lo despidieron nuevamente.
"A los dos meses de que me despiden, muere un compañero luego de un feroz incendio", agregó Michel.
El trabajador también denunció que la planta de Cocker venía de Holanda por no cumplir normas ambientales en ese país. Esta unidad procesa carbón de petróleo y distintos tipos de destilados.
Los vecinos de Villa Inflamable sufren la contaminación de manera cotidiana. "Cuando cuelgan la ropa en sus patios luego de lavarla, a las pocas horas aparece toda manchada de polución", describió Michel.
La situación se agrava por la presión sobre ritmos de trabajo. La flexibilización laboral obliga a los operarios a acelerar tareas de mantenimiento.
"Nos obligan a acelerar los trabajos dentro de la refinería. Por esos apuros, nos ha pasado de no poder controlar contaminantes que caen al suelo y que luego salen por los desagües", explicó Michel. Así se contamina el agua del Río de la Plata.

Cómo entró el Acuerdo de Escazú en un fallo laboral argentino
Gabriel Michel y Pablo Placeriani lograron su reincorporación mediante fallos judiciales emitidos entre julio y octubre del año pasado. Recientemente, la jueza Stella Maris Vulcano intimó penalmente al CEO de Shell-Raizen, Andrés Cavallari, para que cumpla el mandato.
Pero el proceso arrojó un precedente inédito para la jurisprudencia local. La sentencia de la cautelar del 17 de octubre de 2025, firmada por María Cecilia Hockl y Enrique Catani, menciona explícitamente el Acuerdo de Escazú.
El fallo utiliza el tratado internacional para fundamentar que los trabajadores despedidos califican como "defensores ambientales" protegidos por normativa internacional.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Garantiza el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. El país lo rubricó en 2018.
"Esta es la primera vez que la Justicia Laboral determina que los despidos fueron discriminatorios por su rol sindical político y ambiental", explicó la abogada Melina Acevedo, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
El artículo 9 del Acuerdo lleva por título "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales". Obliga a cada país a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra estos defensores.
"Que el Acuerdo de Escazú haya sido incluido como fundamento de una sentencia judicial también es relevante para los vecinos de Villa Inflamable", agregó Acevedo. "El Estado tiene la obligación de protegerlos".
Michel es parte de la lista naranja del Sindicato de Petróleo y Gas de Avellaneda. Desde esa organización venía denunciando lo que ahora el informe oficial de Jefatura de Gabinete confirmó: una práctica sistemática de contaminación e incumplimiento de normas ambientales en la refinería Shell Raizen de Dock Sud.
.

Qué pasó en la planta de Atanor: químicos en el aire, vecinos afectados y un escándalo ambiental que crece 

Fecha de Publicación: 29/04/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


Una explosión en la madrugada del 20 de marzo de 2024 esparció una nube tóxica sobre los barrios de San Nicolás. La tapa de un reactor de la planta Atanor estalló mientras se producía atrazina, uno de los herbicidas más usados en la agricultura argentina.
El estallido liberó cianurilo y otros químicos contaminantes al aire. Los vecinos del Barrio Química, el más cercano a la fábrica, sintieron picazón en los ojos y ardor en la garganta, según publicó la periodista Mariela Castro en el sitio EconomíaSustentable.com.
Un operador de la compañía resultó herido de gravedad. Los bomberos de San Nicolás y Ramallo controlaron el foco, según informó la empresa.
Atanor, que pertenece al grupo estadounidense Albaugh, es la principal productora de herbicidas del país. Sus plaguicidas estrella son el glifosato, la atrazina y el 2,4-D, muy requeridos por la agricultura industrial para controlar malezas en cultivos de soja, maíz y trigo.
Estos mismos productos tienen su uso limitado en varios países de Europa, Latinoamérica y Asia. Los gobiernos restringen su aplicación por sus impactos ambientales y sus potenciales riesgos para la salud humana.
La firma sostiene en su Reporte de Sustentabilidad 2024 que busca un crecimiento sustentable. Asegura que entiende que la salud de las personas y las comunidades depende de las elecciones que hace como compañía.
Sin embargo, cuando se revisan los incidentes que involucran a su planta ubicada a orillas del río Paraná, los antecedentes judiciales y las denuncias por contaminación se acumulan, según indicó EconomíaSustentable.com.

Qué pasó tras la explosión que esparció agroquímicos sobre el barrio
El comunicado oficial de Atanor, publicado por el diario La Nación, dio cuenta de un incidente controlado rápidamente. La empresa se abocó a tareas de limpieza junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en atención de emergencias tecnológicas.
Esa versión no incluyó el miedo que sintieron quienes habitan el Barrio Química. Tampoco mencionó los ojos y gargantas que empezaron a escocer por estar inhalando aire contaminado con cianurilo, un ácido que se utiliza en los productos que la compañía comercializa.
Los vecinos se alarmaron, pero no se sorprendieron. Ya en 2016 había ocurrido un incendio similar, pocos meses después de que la fábrica reabriera sin ningún tipo de control tras haber sido clausurada, según indicó EconomíaSustentable.com.
Greenpeace fue de los primeros en hacerse eco del caso. Diego Salas, director de programas de la ONG en Argentina, recuerda: "Desde las primeras horas tras la explosión estuvimos ahí, acompañando a los vecinos, para documentar y exigir solución".
La organización realizó análisis en los barrios cercanos. Los resultados arrojaron la existencia de atrazina y otros químicos contaminantes en el aire y superficies.
A pesar de estas pruebas concretas y de los reclamos judiciales de los damnificados, siguen sin conocerse las causas detrás del incidente. Tampoco hubo dictamen sobre quiénes fueron responsables del estallido que afectó la salud de cientos de familias.

Por qué Atanor dejó de producir atrazina en San Nicolás
Tras la explosión de marzo de 2024, Atanor no tuvo mayores problemas en conseguir el Certificado de Aptitud Ambiental. La empresa continuó entregando al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) los avances del Plan de Gestión Ambiental para seguir operando.
Pero lo que la contaminación sobre el Barrio Química no logró cuestionar, sí lo hizo una inspección realizada en julio de 2025 por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA).
Los inspectores detectaron una bomba sumergida que evacuaba líquidos contaminantes al suelo natural dentro del predio de la empresa. Este sector se encuentra a metros de la barranca del río Paraná, por lo que la descarga representaba un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica, según indicó EconomíaSustentable.com.
La irregularidad llevó al cierre de operaciones en la ciudad. Atanor dijo públicamente que las razones de este cambio fueron la búsqueda de "optimizar la competitividad y la eficiencia".
La firma divide su producción entre dos plantas ubicadas en las localidades bonaerenses de Pilar y San Nicolás, y una tercera en Río Tercero, provincia de Córdoba. Tras el cierre de San Nicolás, la producción se concentró en los otros dos sitios.

Los tóxicos que siguen apareciendo en el río Paraná
Las pruebas del presunto mal accionar de Atanor siguen apareciendo. En octubre de 2024, otro estudio reveló la presencia de plaguicidas altamente tóxicos y prohibidos en el Arroyo Yaguarón, uno de los brazos del río Paraná.
Ese mismo arroyo recibió durante años los efluentes de la producción de la planta química. Los análisis detectaron sustancias que deberían haber desaparecido del ambiente hace décadas.
Fabián Maggi, representante legal de FOMEA y de vecinos de San Nicolás, señala: "Aunque la planta industrial ya fue clausurada, los residuos tóxicos que generó Atanor siguen presentes en el ambiente".
Tanto el río Paraná como el Acuífero Puelche se utilizan para abastecer de agua potable a la población. La comunidad de San Nicolás continúa pagando las consecuencias de una contaminación que no se borra con el cierre de la producción de la empresa química.
Entre las evidencias que acumulan los expedientes judiciales están la clausura de 2016 por el riesgo que significaba para los habitantes la producción de sustancias tóxicas, la ampliación en 2019 sin los supuestos permisos correspondientes y la sentencia judicial de 2023 por contaminar y causar daños severos a la salud.
Todo indicaría que el accionar de la firma se aleja de ser "responsable con su actividad" y de "generar resultados positivos para las comunidades" en las que opera, como pregona en sus reportes de sustentabilidad.
.

“El mar ya está contra los acantilados”: se agrava la erosión en un paraíso natural y pone en riesgo balnearios y residencias

Fecha de Publicación: 29/04/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Desde hace 20 años, la Bahía de los Vientos pierde territorio; las toneladas de roca arrojadas al pie de los acantilados de Quequén no alcanzan para contener los socavones 
Por si fuera poco el castigo diario y constante de las olas y el viento, esa porción de acantilados y cual si fuera un queso de estilo suizo se muestra con una perforación al lado de otra, obra de los loros barranqueros que abundan en multitud sobre este frente de costa, generan allí miles de nidos, musicalizan el ambiente con graznidos a coro y contribuyen también, pizca por pizca de tierra, a un proceso de erosión costera que se agrava día a día al norte de la desembocadura del río Quequén.
La intervención de las aves es el costado más pintoresco de un grave problema que se palpita, vive y sufre cada vez más en este paisaje de lo que se conoce como Bahía de los Vientos, un paraíso natural de cara a la inmensidad del mar, a unos cinco kilómetros al norte de la ciudad de Necochea, perfilado en las últimas décadas como un nuevo gran foco de atracción turística y, en particular desde la pospandemia, escenario de un pujante e innovador desarrollo inmobiliario. 
La abundancia de superficie de playas que este distrito ostentó desde siempre perdió territorio en esta zona puntual desde hace casi 20 años, cuando se inauguró una obra que extendió en casi 400 metros la Escollera Sur del potente y muy activo puerto de Quequén, convertida desde entonces en un mayor obstáculo para la arena que al ritmo de la deriva litoral debía abastecer a la costa.
El resultado, al cabo de casi dos décadas, fue la desaparición casi por completo de al menos 2500 metros de espacio de uso como balneario, desde extremo norte del actual parador Las Olas hasta una lengua de acantilados que se pronuncia hacia el mar y que los lugareños conocen como Punta Carballido. 
Las toneladas de rocas arrojadas durante los últimos años al pie de los acantilados, dispuestos paralelos a la costa con intenciones de muralla más firme, de poco han servido. El océano gana terreno, predomina sobre esas defensas, las mueve de aquí para allá con su poderosa energía y comienza a poner en riesgo a las propiedades que están en primera línea de mar. Algunas con larga historia por allí, cuando esa postal era un páramo solo visitado por pescadores; y otras de construcción reciente, nacidas como alojamiento para visitantes que empiezan a descubrir un escenario caracterizado por tranquilidad y, cada vez más, como destino con mayor calidad de vida como valor agregado.

Remediación de playas
La solución, según coinciden los vecinos que aparecen como principales damnificados frente a la pérdida de arena, está en manos del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. El ente fue responsable de aquella obra inaugurada en 2008. Por esos días ya se anticipaba que habría que ejecutar una obra de remediación de las playas más próximas. La receta que hoy se evalúa se llama refulado: es el rescate de arena retenida sobre el margen este de la escollera o bien producto del dragado del canal de acceso para volcarla sobre la costa mediante cañerías.
El trabajo, que también tendría financiamiento asegurado por esta administración portuaria, sería muy similar a aquel que se realizó en 1998 en Mar del Plata, cuando con esta metodología se amplió la superficie de arena desde Playa Grande hasta Punta Iglesias. También allí el problema es el obstáculo que representa la Escollera Sur para la deriva natural.
El actual presidente del Consorcio de Gestión de Quequén, Mariano Carrillo, confirmó hace un mes y medio que esta obra está en los planes más inmediatos. “Tenemos el compromiso de avanzar con el estudio de impacto ambiental que permitirá concretar el refulado y recuperar nuestras playas”, confirmó durante el acto del aniversario de este puerto. Dijo entonces que “es una obra necesaria para devolverle a Quequén toda su grandeza”.
El puerto de Quequén tiene una fuerte participación en el movimiento de cereales y aquella obra de extensión de su Escollera Sur contribuyó a la operatoria con buques de mayor magnitud, lo que al mismo tiempo implicó mayor actividad y mayores recursos. De esos ingresos se espera que surjan los fondos para el refulado, si es que se considera esa metodología para dar una primera solución a esta coyuntura. 
LA NACION consultó sobre el estado de avance del estudio de impacto ambiental previsto como primer paso hacia la posibilidad de la obra de refulado. No hubo precisiones debido a urgencias que atravesaba esa terminal con una protesta de camioneros que mantuvo paralizada la operatoria durante las últimas tres semanas y fue foco principal para el directorio que está a cargo de esa administración.
“El proceso de avance del mar está súper acelerado, es exponencial y será cada vez peor”, dice a LA NACION Néstor Diez, ingeniero civil y de los que apuesta a esa siembra artificial de arena como alternativa adecuada. “Es refulado para recuperar superficie y escollerados para retener arena”, explicó. Uno sin lo otro, advierte, implicará cuestión de tiempo para que todo vuelva a ser como hoy. 
Las voces de reclamo se multiplican, pero no tienen tenor de conflicto con la administración portuaria sino de impulso para avanzar en lo que entienden que es un compromiso ya asumido para emprender la obra. “Se ve buena voluntad y se hará en la medida que se pueda”, reconoció Diez a LA NACION.

Avenida desaparecida
El tiempo corre y frente de acantilados retrocede cada vez más, a medida que el mar avanza. Por ejemplo, se perdió definitivamente un tramo de la avenida Costanera o calle 500, que la altura del cruce con la 549 tiene un abrupto final para reaparecer recién varios cientos de metros más adelante.
Verónica Bertoldi hace cuatro años que vive en Bahía de los Vientos. “Cuando llegamos acá los autos paraban delante de nuestro complejo, hoy no quedó nada”, dice. Incluso mucho antes había calle y tenía recorrido una línea de colectivos. Ahora muestra el límite del parque delantero de sus cabañas con un despeñadero que se le viene encima. “Cuando hay sudestada las olas están acá nomás y llegan hasta la propia construcción”, asegura LA NACION.
Quienes por aquí andan hace mucho más tiempo reconocen que la zona se había convertido en un frente de playa virgen que permitía recorrer a pie y sobre arena varios cientos de metros. “Hoy pronto uno se encuentra con las defensas de piedra y en determinados sectores directamente ya no se puede avanzar porque el agua está contra el acantilado”, explica Martín Palleiro, que hace 50 años comenzó a veranear por Quequén y desde hace 26 se radicó, con operatoria vinculada con la comercialización de cereales. 
Bahía de los Vientos luce por estos tiempos nuevas y modernas construcciones con otras pioneras y de estilo marino que asoman al peligro en esa primera línea, como “La mejillonera” o “Viento Norte”, apenas algunas de las que han sido testigos de los viejos buenos tiempos y estos más recientes, de amenaza y un eventual riesgo por desmoronamientos.
Las inversiones por allí se multiplican y también por ello hay preocupación porque el valor del lugar asoma mucho más sólido en la medida en que ofrezca playa cercana y, sobre todo, mantener a distancia el mar que tiene en su ADN esa tendencia en avanzar y ganar terreno.
Algunos de los proyectos en curso empiezan a mostrar edificaciones en altura. El límite que tiene el Código de Ordenamiento Urbano para Bahía de los Vientos se estableció en un máximo de cuatro pisos. Esos departamentos, a algo más de 200 metros de la costa, ofrecen una vista plena al mar. Las casas originales no solo lo ven desde sus ventanales: empiezan a sentirlo cada vez más cerca de sus cimientos.
.