Atanor en San Nicolás: una historia de contaminación e impunidad

Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Buenos Aires


La planta de Atanor en San Nicolás fue clausurada por segunda vez tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Demuestra la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución.
 Hace unos días, autoridades de la provincia de Buenos Aires ordenaron la clausura preventiva total de la planta de Atanor en San Nicolás tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Fue detectado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) tras una inspección en junio pasado. Esta es la segunda clausura en menos de dos años, y demuestra, una vez más, la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución pese a las reiteradas denuncias de contaminación contra la empresa durante décadas en la localidad bonaerense.
El escandaloso accionar de esta empresa ha expuesto a la comunidad de San Nicolás a la contaminación ambiental en varias oportunidades, dejando a la población en un estado de permanente riesgo y vulnerabilidad. Entre ellos, el daño irreversible al Río Paraná reconocido en un fallo judicial en 2023 y producto de una causa iniciada por los vecinos de San Nicolás hace más de una década, quienes con esfuerzo y coraje han buscado justicia todo este tiempo frente a la indiferencia institucional.
En las muestras tomadas el mes pasado, provenientes del vuelco clandestino y analizadas por ADA, se detectaron más de 30 sustancias contaminantes, entre ellas glifosato, atrazina y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, entre otros, lo cual confirma que efectivamente se trataba de efluentes industriales. Esto no es un accidente ni una falla aislada: es la expresión de una irresponsabilidad sistemática, agravada por el hecho de que la empresa solo contaba con autorización para descargar efluentes cloacales. A su vez, en las muestras se encontraron niveles por sobre los parámetros legales de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, lo cual evidencia el desprecio por las normativas vigentes y la salud pública.
La Autoridad del Agua ordenó hace semanas la clausura preventiva, el cierre del ducto industrial y la limpieza del líquido contaminante, además de exigir un plan para desmantelar la planta. Además, el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y egreso de camiones.
Para Atanor, la contaminación ambiental es historia conocida. La planta ya había sido responsable de una explosión en su reactor de atrazina en marzo del año pasado. Producto de dicha explosión, un equipo de Greenpeace tomó muestras en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de la planta. Los resultados fueron contundentes: había presencia de atrazina, un agroquímico altamente contaminante. En los últimos días y en el marco de la nueva clausura, fueron citados a indagatoria los gerentes y un representante legal de la empresa por dicha explosión, imputados penalmente por delitos graves como contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública y violaciones a las leyes de residuos peligrosos y de ambiente.
A raíz de las denuncias y la presión ejercida por los vecinos a lo largo de más de una década, la empresa finalmente anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva hacia otras plantas que tiene en el país, en las ciudades de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Sin embargo, en el predio de San Nicolás quedaría en funcionamiento un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar. Esta situación aún representa un riesgo persistente para la salud y el ambiente local que no podemos pasar por alto: trasladar el problema no es una solución sino una forma de perpetuar la contaminación y el peligro para las comunidades. Además, la presencia de este centro mantendrá la circulación de sustancias peligrosas en una zona que ya cuenta con graves antecedentes de contaminación.
En el marco de la relocalización, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires también exigió que Atanor lleve adelante un plan urgente de remediación ambiental en San Nicolás, advirtiendo que la empresa tiene una responsabilidad indeclinable. Este reclamo debe ser escuchado y cumplido.
Atanor es un claro ejemplo de impunidad, que ha generado graves daños al ambiente y a la comunidad nicoleña durante años. Si bien se espera que el proceso de relocalización le lleve tiempo a la empresa, no podemos permitir que evada su responsabilidad por los pasivos ambientales que dejará en San Nicolás, tal como ya ocurrió en otras localidades dónde se retiró sin hacerse cargo de los costos ambientales que dejó atrás su producción.
Desde Greenpeace, seguiremos de cerca las operaciones de esta empresa, que se irá de San Nicolás dejando atrás décadas de contaminación y daño hacia el ambiente y la comunidad. La relocalización no puede ser un escape para evadir responsabilidades. La defensa del ambiente y el acompañamiento a la comunidad seguirán siendo prioridad.
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Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago

Fecha de Publicación: 02/08/2025
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


La ONG Nuevo Ambiente denuncia desmontes y obras en una zona protegida del humedal, pese a un fallo judicial que lo prohíbe. Acusan a los municipios de Berisso y Ensenada de impulsar negocios inmobiliarios y de incumplir el plan de manejo ambiental
La ONG Nuevo Ambiente denunció un nuevo atropello ambiental en el Delta del Río Santiago que abarca la Isla Santiago y la Islar Paulino, en los distritos bonaerenses de Berisso y Ensenada. Desmontes, rellenos y alteración de humedales en una zona que está protegida por ley, como también el avance de desarrollos inmobiliarios en esa zona.
Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago
A pesar de que existe una medida cautelar en vigencia —dictada por la justicia en marzo pasado— que impide cualquier tipo de obra o intervención hasta que se apruebe un Plan de Manejo Ambiental, los trabajos continúan sin control, con la complicidad o desidia de las autoridades locales y provinciales.
La zona afectada forma parte del paisaje protegido establecido por la Ley Provincial 12.756, que exige una estricta regulación para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las islas Santiago y Paulino. Sin embargo, la realidad en el territorio dista de cualquier política seria de conservación.
“El fallo fue claro: no se pueden hacer obras, ni movimientos de suelo, ni desmontes, ni mucho menos loteos hasta tanto se apruebe el plan de manejo ambiental. Nada de eso se está respetando”, denunció Marcelo Martínez, representante de Nuevo Ambiente, en diálogo con Desconfiados en Cadena Río. Según indicó, los relevamientos realizados por la organización constataron la tala de especies vegetales, el avance de rellenos con hormigón y trabajos sobre la ribera, particularmente en las inmediaciones del canal Génova y del parador Marina del Sur, en jurisdicción de Berisso.
Cabe recordar que, el fallo judicial —emitido por la jueza María Ventura Martínez del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata— establecía un plazo de 60 días para que los municipios de Berisso, Ensenada y el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Ambiente, instrumentaran un Plan de Manejo Ambiental conjunto. Ese plazo venció hace meses. Ninguno de los tres niveles del Estado ha cumplido.
Marcelo Martínez, representante de la ONG Nuevo Ambiente, dialogó con el programa Desconfiados, que se emite por Cadena Río, y expuso una serie de denuncias sobre el deterioro ambiental en las islas Santiago y Paulino, en la región de Berisso y Ensenada. Alertó sobre la falta de planificación y la existencia de posibles negocios inmobiliarios ilegales, pese a que ambas islas están amparadas por una figura de “paisaje protegido” según la legislación provincial.
“Venimos haciendo relevamientos en la isla de Santiago, ante la denuncia de vecinos, que también nos llegaron en los últimos días”, explicó Martínez. Y detalló: “Hicimos un relevamiento en lo que es el sector del canal de Génova, que desemboca al río Santiago, que está frente a Marinas del Sur y también al Club Náutico de Berisso, en donde se encontraron una serie de irregularidades que tienen que ver con desmontes, en este caso en Berisso, y en Ensenada”.
Estas acciones, indicó, se dan en el marco de una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, tras un recurso de amparo impulsado por la organización ambientalista. “Se le exige tanto al municipio de La Plata como al municipio de Ensenada y de Berisso a confeccionar un plan de manejo ambiental de las dos islas”, señaló.
Martínez subrayó que “una planificación ambiental no solamente tiene que ver con la construcción, tiene también que ver con la ocupación de suelo, zonas intangibles, zonas donde se pueda hacer recreación. Un plan de manejo tiene que ver cómo gestionás todo un sector protegido, como es este caso las dos islas, que va desde el tratamiento de aguas hasta el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y también distintas cuestiones que tienen que ver con la protección del ambiente”.
A pesar del fallo judicial, desde la ONG aseguran que aún no se presentó el plan de manejo correspondiente. “Nos hemos enterado que Ensenada hizo dos reuniones, pero por lo que vi esas reuniones no tenían nada que ver con el plan de manejo. Un plan de manejo es una cuestión seria, interdisciplinaria, que tienen que trabajar varios actores, y Berisso tampoco hizo nada”, denunció.
En ese sentido, remarcó: “Acá hay una irregularidad, que ya lo hemos denunciado en la justicia, que tiene que ver que tanto el municipio de Berisso como Ensenada se tienen que poner de acuerdo e ir en forma conjunta a hacer el plan de manejo. No es que tiene que hacerlo disociadamente, porque es todo un mosaico de lo que es el monte ribereño y las dos islas. Uno te contesta una cosa, otro otra, pero nosotros seguimos elevando los informes correspondientes ante la justicia”.
Consultado sobre posibles negocios inmobiliarios detrás del conflicto, Martínez fue tajante: “En Isla Santiago sí. Ya hemos denunciado hace dos años la intención de la construcción de un barrio privado con unos 40 lotes, que lo estaban vendiendo a 15 mil dólares cada uno, una inmobiliaria de La Plata, que la hemos denunciado ante el Colegio de Martilleros de La Plata y también lo hemos denunciado públicamente ante una investigación que habíamos llevado adelante y que adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada”.
“Hay intereses, están desesperados por vender lotes y ahí están también metidos, pero no hay que mirar para el costado. Acá, hasta el hijo del Intendente de Ensenada usurpó y está viviendo la isla en un gran predio”, acusó.
Sobre el avance del desmonte y la pérdida del valor natural, apuntó: “La Isla Santiago pierde mucho territorio por la característica que tiene un puente y que entran vías terrestres, que ahí perdió bastante su esencia”. En cambio, dijo que “la Isla Paulino, hasta ahora, están siendo ocupados algunos sectores, pero no tanto como la Isla Santiago”.
Martínez advirtió también sobre un posible engaño a los ocupantes: “Ahí lo único que se puede hacer es entregar un papel de tenencia y nada más. No pueden escriturar porque no son propietarios de las tierras. Hay un descontrol, una falta de fiscalización por parte del municipio de Ensenada, intereses económicos”.
El ambientalista insistió en la gravedad del impacto ecológico: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la degradación de todo el sector y aparte la degradación de los humedales, que es tan importante para nuestra región. Pero ahí también demuestra una vez más el poco interés que tienen, no solamente con la apatía que tienen con las gestiones ambientales, sino también que no hay una política de gestión ambiental seria en ninguno de los distritos, teniendo en cuenta que tenemos uno de los polos petroquímicos más importantes del país”.
Desde el programa se le informó a Martínez que el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, respondió a las consultas periodísticas y afirmó: “Si es la denuncia que se hizo hace cuatro meses atrás, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el Ministerio de Ambiente”. 
Ante esta declaración, Martínez replicó: “Hay que ver qué llama el plan de manejo, porque primero que el fallo judicial fue hace más de cuatro meses. Hay que ver qué entiende por plan de manejo. El plan de manejo, primero, estamos notificados por el juzgado que haya presentación de un plan de manejo. O sea, sospechamos que no hubo ninguna presentación”.
“Porque el plan de manejo no es una cosa que se escribe un poco y listo, es una cosa seria, interdisciplinaria, que trabajan varias disciplinas y profesionales, y bueno, si es así, veremos qué presentaron. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna presentación al respecto”, concluyó el referente ambiental.

La respuesta de los involucrados 
Lejos de asumir responsabilidades, los intendentes eluden definiciones. El jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, consultado por Desconfiados, respondió: “Yo no estoy enterado de ninguna denuncia. Hay una denuncia de ambientalistas de la isla Santiago de la Paulino y de la ribera de hace como cuatro meses. Si es eso, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el ministerio de ambiente”. Sin embargo, al solicitarle una copia del supuesto plan, nunca respondió. Asimismo, el Ministerio de Ambiente bonaerense también prefirió mantener el silencio y eludir las respuestas. 
Desde la Municipalidad de Esenada respondieron que: “en primer término la denuncia de Nuevo Ambiente no hace más que remarcar la ignorancia total que tienen de la Ciudad y del ambiente, y reafirma el único propósito que tiene esta ONG que es la persecución política sobre quienes ellos toman como sus adversarios. Otro claro ejemplo es que cuando uno de sus referentes, Marcelo Martinez, fue funcionario de María Eugenia Vidal, dejó de lado todas las investigaciones ambientalistas”.
En esta misma línea agregaron que “sobre la errónea acusación que hacen, el Municipio no incumple nunca ninguna norma, porque está en el espíritu de la gestión el cuidado del ambiente, arrancando por lo más preciado que tiene que es la vida humana. Por otra parte, se está trabajando en la realización de una escollera cercana al puente de ingreso a la Isla Santiago. Este trabajo es fundamental para el cuidado del Canal Río Santiago, ya que evita que la salida del canal se llene de sedimento y por lo tanto no pueda recircular el agua. Hace poco tiempo se hizo un dragado del lugar, y si no se hace la escollera, la salida del canal se tapará más rápido y no permitirá la circulación del agua, afectando al ambiente, a los clubes de la zona y a la actividad deportiva”.
Sobre el Plan de manejo ambiental aclararon que “si lo hay y se está trabajando en el plan de manejo de suelo de la isla”. Sin embargo ante el pedido de este medio para conocerlo, no hubo respuesta. 
Respecto a las declaraciones del entrevistado aclararon que “no nos vamos a meter en acusaciones totalmente faltas, carentes de cualquier prueba y que solo buscan que Marcelo Martínez se haga conocido en el mapa electoral de la ciudad en el que siempre fue un fracaso y un total desconocido”.

La gravedad del caso no es menor: la ONG había advertido desde hace más de dos años sobre intentos de loteo en Isla Santiago para construir un barrio privado, con 40 lotes ofrecidos por una inmobiliaria de La Plata a 15 mil dólares cada uno. Según Martínez, “adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada. Hasta el hijo del Intendente usurpó un predio y vive en la isla”.
Mientras se especula con negocios inmobiliarios en terrenos fiscales y protegidos, el ecosistema de humedales se degrada sin control y a la vista de todos. “Hay una falta total de fiscalización, desinterés por la gestión ambiental, desidia institucional. No hay una política ambiental seria en ninguno de los distritos involucrados”, sentenció Martínez.
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Denuncian tala ilegal y desmonte en una reserva ribereña de Berisso

Fecha de Publicación: 28/07/2025
Fuente: Portal InfoPlatense
Provincia/Región: Buenos Aires

Vecinos alertaron sobre la extracción de árboles nativos en una zona protegida en los humedales del Río Santiago. Reclaman intervención urgente del Municipio y organismos provinciales.

Alerta ambiental en un área protegida
En la zona ribereña de Berisso, específicamente en el Río Santiago, vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron un preocupante caso de desmonte y tala ilegal. Según informaron, el avance sobre este ecosistema costero afecta directamente al monte nativo y podría generar un fuerte impacto ambiental si no se toman medidas urgentes.
Las imágenes difundidas muestran claros signos de tala de árboles y movimiento de suelo. Todo esto en un área que, además de ser parte del humedal del Río de la Plata, es considerada una reserva natural estratégica para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región.

Preocupación vecinal y pedido de respuestas
Desde la organización Nuevo Ambiente que realiza tareas de conservación en la zona expresaron que “el lugar está siendo intervenido sin autorización”. Además, detallaron que estas acciones afectan tanto al hábitat natural como al uso recreativo y educativo que ofrece el espacio. Por eso, elevaron un reclamo formal al Municipio de Berisso y a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires.
Vecinos aseguran que en el lugar no hay carteles de obra, ni intervención oficial que justifique el desmonte. Temen que estas maniobras respondan a intereses inmobiliarios o comerciales ajenos al bien común.

Un sector clave en riesgo
Esta es una de las pocas zonas de humedal conservadas del cordón ribereño sur, junto a Punta Lara y Punta Indio. Allí habitan especies protegidas de flora y fauna, y también se desarrollan actividades culturales, deportivas y educativas impulsadas por escuelas e instituciones sociales.
Por estas razones, vienen reclamando desde hace años una política clara de protección y manejo sustentable de estos espacios. El caso de Berisso vuelve a poner en agenda el dilema entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental.
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La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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Exigen un “urgente plan” de remediación ambiental tras la salida de Atanor de San Nicolás

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


El pedido fue realizado desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. Piden a la provincia “diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados”. 
Ante la reciente salida de San Nicolás de la empresa de agroquímicos Atanor, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ)  hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” plan que la empresa lleve a cabo un plan de remediación ambiental.
Desde el organismo pidieron que Atanor cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
En ese marco, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación” indicaron.
Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Los antecedentes de Atanor señalados por el Consejo Profesional de Química
Desde la entidad profesional recordaron que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso “la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná”.
La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron “la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país)” así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a esto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años” sostuvo.
Y se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?” cuestionó.
Además dejó otros interrogantes: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?” advirtió.
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Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por grave contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires clausuró preventivamente la planta de Atanor en San Nicolás tras detectar, durante una inspección realizada el 9 de junio, una grave violación a las normas ambientales. Los análisis de laboratorio confirmaron el vertido ilegal de efluentes industriales con altos niveles de agroquímicos (como glifosato, atrazina y clorpirifos) y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, entre otros) directamente al Río Paraná. La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales.
Vecinos, organizaciones como FOMEA y Greenpeace habían denunciado la situación, que fue calificada como una acción deliberada y clandestina, con posibles consecuencias penales. Como respuesta a la presión social y legal, Atanor anunció el traslado de su producción, aunque mantendrá un centro logístico en el predio, lo que preocupa a la comunidad por el posible almacenamiento continuo de sustancias peligrosas.
Greenpeace y representantes legales de los vecinos exigen que la empresa asuma su responsabilidad por el daño ambiental generado, se impida el uso futuro del sitio para actividades con riesgo químico y se garantice una remediación integral del área afectada.
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Expertos debaten sobre cambio climático e infraestructura hídrica con la participación de Katopodis

Fecha de Publicación: 12/07/2025
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


Ingenieros, funcionarios y académicos se dieron cita en Mar del Plata para abordar la problemática del cambio climático y la gestión sostenible del agua.
Con la presencia del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis, matriculados del Colegio de Ingenieros debaten sobre cambio climático y gestión hídrica.
Se está desarrollando en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata la jornada “Cambio Climático y los Nuevos Escenarios de Riesgo en el Manejo de Cuencas Hídricas”, organizada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, un encuentro que reúne a profesionales, funcionarios, académicos y representantes de empresas y organizaciones para analizar los desafíos que plantea el cambio climático en relación a la planificación y la infraestructura hídrica.
La apertura estuvo a cargo del presidente del Distrito II del Colegio de Ingenieros, Ing. Ind. Joaquín Negri, quien destacó la importancia de que los ingenieros estén preparados para mitigar los efectos de la actividad humana sobre el ambiente, y señaló la necesidad de una acción colectiva frente a fenómenos como inundaciones, sequías y erosión costera. Negri también alertó sobre el crecimiento desordenado en la zona sur de Mar del Plata, particularmente en Chapadmalal, donde no hay cobertura de servicios básicos, y subrayó que la infraestructura debe anticiparse al desarrollo urbano.
El Ing. Civil Jorge Castellano, presidente del Consejo Superior del Colegio, remarcó que los motivos del congreso fueron principalmente los eventos recientes de inundación de Bahía Blanca y en la zona Norte de nuestra provincia, advirtió también sobre los riesgos de no sostener un plan director de inversión en obras públicas, porque no invertir en este rubro que debe crecer a un ritmo superior a la economía no significa solo estancarse, sino que es retroceder, y dichos retrocesos se producen principalmente en materia de menores posibilidades de desarrollo, de productividad y un descenso de la calidad de vida de la población. Castellano también se refirió a la situación de Mar del Plata en materia hidráulica, destacando una inversión continua especialmente en saneamiento, con políticas locales desarrolladas por Obras Sanitarias que considera un modelo para otras ciudades.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó del acto inaugural, agradeció el permanente compromiso del Colegio y de sus matriculados en aportar soluciones para la problemática provincial, además planteó la necesidad de debatir qué tipo de infraestructura requiere el país frente a un contexto climático cambiante. Señaló que el agua es un recurso estratégico y limitado, e insistió en que el diseño y ejecución de obras debe formar parte de una visión de largo plazo. Durante su intervención, el funcionario también cuestionó la paralización de proyectos estratégicos a nivel nacional, como el Gasoducto de la Costa y la planta compresora de Las Armas, cuya falta de finalización —afirmó— agrava el problema de suministro energético en la región.
Además, Katopodis vinculó la discusión sobre infraestructura con el derecho a la información y al conocimiento, al señalar que el acceso a datos y su distribución en forma equitativa son parte del debate sobre cómo se construye una sociedad informada y capaz de responder a desafíos estructurales.
El encuentro está dirigido a ingenieros, consultores, académicos, funcionarios públicos, cooperativas, ONGs y estudiantes, con el objetivo de promover un enfoque técnico y estratégico sobre el manejo integral del agua, que contemple desde el drenaje pluvial y el tratamiento de efluentes hasta la protección del borde costero. La jornada se enmarca en una agenda de trabajo orientada a fortalecer la articulación entre el saber técnico y las políticas públicas, ante escenarios cada vez más exigentes en términos climáticos y urbano
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La Paternal: allanaron un bodegón que vendía carne de carpincho, ciervo y yacaré

Fecha de Publicación: 09/07/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


En el marco de un operativo a cargo de los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) se produjo el allanamiento de un local gastronómico que estaba dedicado a la venta ilegal de carne de animales protegidos por las leyes que regulan el Maltrato Animal y la Conservación de la Fauna Silvestre.
La causa se inició en mayo pasado, tras una denuncia recibida en el Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), que indicaba que un bodegón de La Paternal comercializaba carnes exóticas que habrían sido adquiridas de manera ilegal.
De esta forma, y con el aval de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°21 ordenó un allanamiento en el establecimiento ubicado sobre la Avenida Warnes.
En el lugar, la Policía descubrió cuatro freezers y dos heladeras exhibidoras que ocultaban un total de 160 kilos de carne de diferentes especies de fauna silvestre como carpincho, jabalí, yacaré, perdiz y ciervo.
La carne no contenía una rotulación visible que permitiera corroborar su origen ni condiciones de conservación o trazabilidad. El total tenía un valor de 2 millones de pesos.

El ciervo es una especie protegida
El ciervo, una de las especies encontradas, se encuentra protegido por la Ley Nacional 22.421 que establece la prohibición expresa de su caza, transporte, tenencia y comercialización de sus piezas.
En cuanto al resto de la fauna, el responsable del negocio no tenía la documentación correspondiente que avalara la legalidad de su tenencia, tránsito y posterior comercialización.
Los agentes realizaron la toma de tres muestras de carne de ciervo, para que sean sometidas a un análisis genético especializado y así determinar la especie exacta del animal, aunque se sospecha que se trataría del Ciervo de los Pantanos (Blastocerus Dichotomus), ejemplar autóctono que está en peligro de extinción.
Sumado a esto, se incautó el total del material para que sea derivado al predio de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), conforme a los protocolos establecidos para la disposición final de residuos orgánicos de riesgo.
El procedimiento contó con la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de la Brigada de Control Ambiental de Fauna Nacional, cuyo personal se encargó de labrar las actas pertinentes y disponer la clausura preventiva del local.
El responsable del comercio, un hombre de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó notificado de la causa que se tramita en su contra.
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La Justicia investiga otra vez a Atanor por vertidos de efluentes industriales con una conexión clandestina

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La irregularidad en la fábrica de agroquímicos de San Nicolás, que estuvo cerrada durante varios meses en 2024 tras la explosión de un reactor, fue constatada por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires. La firma cuenta con una condena por daño ambiental en su haber
En marzo de 2024, la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás, que fábrica agroquímicos, sufrió la explosión de un reactor que obligó a evacuar los barrios aledaños y a clausurar el predio donde funciona. Tras ese episodio, reabrió sus puertas en noviembre pasado. Pero una inspección del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires en junio de este año marcó una grave inconsistencia por vertidos de efluentes industriales en el suelo que está dentro del mismo predio y que se encuentra muy cercano a la barranca del río Paraná.
Esta irregularidad surge de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), organismo que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios del ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.
El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes del ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.
Desde Greenpeace, ONG que sigue de cerca las acciones de la firma, detallaron a este medio que el sector en cuestión está muy cerca de la barranca del río Paraná, “por lo que la descarga representa un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica”.
El acta que hicieron los agentes de la ADA dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace.

Condena reciente
El abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
La referencia del letrado es hacia una condena que ya pesa sobre Atanor. A principios de 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva y dictó una sentencia definitiva contra la firma por considerar que ocasionó contaminación ambiental tras volcar sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin ser correctamente tratadas.Por esta reiteración de infracciones, Maggi indicó que se presentó el pedido una medida cautelar para “tratar de frenar el desmanejo que la empresa hace de sus efluentes industriales, que son residuos peligrosos por la actividad que despliega”.
“Pese a estar clausurado el vuelco, siguen volcando a través de bombas clandestinas y de mangueras”, resaltó en diálogo con La Capital. Y profundizó sobre la medida cautelar solicitada a la jueza Díaz Bancalari: “Se intenta darle un corte al circuito de agua. Si Atanor no puede extraer agua de las napas subterráneas y no puede usar el agua del río, le impedimos la posibilidad de que genere efluentes líquidos industriales y, de esa manera, logramos proteger el ambiente impidiendo que vuelquen clandestinamente como lo vienen haciendo hasta ahora.

Incumplimientos de Atanor
En línea con el abogado, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra, que forma parte del equipo de Greenpeace, remarcó: “Este nuevo vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales, y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población”.
“No estamos ante un accidente sino frente a un patrón sistemático de contaminación, y estamos frente a una empresa reincidente que ya fue condenada por causar daño irreversible al río Paraná. Es urgente que la Justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir”, agregó.
Por parte, Maggi puntualizó que no sólo la firma reincide sino que, además, viola compromisos asumidos que fueron pactados con la jueza para poder reabrir su planta a finales del año pasado. Este fue el principal motivo por el que el abogado que representa a Fomea ingresó el pedido de medida cautelar.
Tras la audiencia del 13 de junio, Díaz Bancalari notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que investiguen la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa.
Por su parte, la magistrada pidió que esta nueva irregularidad detectada por la ADA se sume al expediente asociado a la medida cautelar que, en marzo del año pasado, había clausurado la actividad en la planta tras la explosión. A su vez, solicitó al organismo dependiente del Ministerio de Ambiente bonaerense otro informe para magnificar el impacto ambiental por los vuelcos y sus riesgos asociados.
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Agroquímicos: la Justicia sostuvo la prohibición de su uso a mil metros en Mar del Plata

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: El Día 
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia confirmó una medida vigente desde 2014 que impide el uso de plaguicidas y fertilizantes en cercanías de áreas pobladas. El municipio de General Pueyrredon deberá hacerla cumplir.
En Mar del Plata, la Justicia ratificó el 23 de mayo de 2024 la prohibición del uso de agroquímicos dentro de un radio de 1.000 metros desde los límites de las plantas urbanas o núcleos poblacionales. La medida, que continúa vigente, fue comunicada por el municipio de General Pueyrredon a través de un parte oficial.
El cumplimiento responde a una resolución judicial dictada en 2014 en el marco de la causa “Picorelli Jorge Omar y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Inconstitucionalidad Ordenanza N.º 21.296” (Expte. N.º 72.669), que tramita ante la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, se mantiene suspendida la aplicación de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza N.º 21.296/2013.
De esta forma, rige plenamente la Ordenanza N.º 18.740/2008, que prohíbe el uso de productos químicos o biológicos de uso agropecuario y/o forestal —como plaguicidas y fertilizantes— dentro del perímetro definido.
Además, el municipio recordó que “deben cumplirse las demás medidas de prevención y protección del ambiente y de la salud de la población previstas en las Ordenanzas N.º 18.740/2008 y N.º 21.296/2013”, tal como lo dispuso el Tribunal interviniente.
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Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés. 
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta. 
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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Polémica ambientalista en Hudson por la construcción de un barrio privado

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas mostraron su preocupación por el desarrollo del emprendimiento inmobiliario Ayres de Hudson, un barrio privado que avanza en una zona de Hudson, en el partido de Berazategui, a pocos metros de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola.
El proyecto, impulsado por la empresa Fiducia Urbana S.A. —parte del Grupo Klover—, contempla la construcción de 134 viviendas sobre un terreno de 13 hectáreas ubicadas al oeste de las vías del tren. Según explican los ambientalistas de la zona, para habilitar el loteo, el municipio “vendió 182 metros de la calle Lisandro de la Torre a precio fiscal”, eso decir, por debajo del valor comercial.
“Esto benefició directamente al desarrollador y representó una pérdida para el patrimonio público”, denunció Ernesto Salgado, referente del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. “El municipio, además, se negó a entregar información sobre el proyecto, lo que nos obligó a judicializar el caso. La Cámara de Apelaciones nos dio la razón y ordenó que se garantice el acceso a la documentación”, agregó.
Desde el Foro y otras organizaciones sociales y ambientales sostienen que el área intervenida debería ser considerada parte de la zona de amortiguación de la Reserva, tal como recomendó la UNESCO. “Los árboles que están siendo talados son idénticos a los que se preservan dentro del perímetro formal de la Reserva. Son parte del mismo ecosistema”, advirtió Salgado.
Entre los puntos del proyecto que más preocupan a las organizaciones se encuentra la falta de conexión a la red de agua potable. La empresa planea extraer agua del acuífero Puelche mediante un pozo central, lo que podría afectar la sostenibilidad del recurso. En cuanto a los efluentes cloacales, el informe presentado por la empresa indica que se canalizarán hacia una planta interna que los derivará a la red pública. Sin embargo, según Salgado, esta red ya presenta graves deficiencias y podría colapsar ante la sobrecarga.
Otra preocupación clave es el destino de las aguas pluviales. El proyecto prevé su descarga en el arroyo Baldovinos, que atraviesa sectores de la Reserva. “No se trata solo de agua de lluvia: arrastran contaminantes domésticos como detergentes, aceites y otros residuos”, explicaron desde la Asamblea de la Reserva.
El Foro cuestiona el emprendimiento por su proximidad a un área natural de valor estratégico para toda la región. Y explican “Ademas los pluviales terminarían en el arroyo Baldovinos, que corre por detrás del barrio en una parte y en otra por el borde. Los pluviales como se saben son contaminantes porque la gente arroja jabón, aceite, entre otros elementos”.
Por ahora, llaman a actuar con urgencia para evitar una degradación ambiental irreversible, pero no descartan tomar otras medidas.
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Mal olor y alumnos descompuestos: polémica por una planta de residuos al lado de una escuela de Quilmes 

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Estalló en las últimas horas la polémica en Quilmes por una planta de tratamiento de residuos administrada por la municipalidad y que fue denunciada públicamente por alumnos de una reconocida escuela técnica de la zona que aseguraron haberse descompuesto producto de los olores y gases generados en la planta. Los vecinos del área ribereña se quejan también por la contaminación generada por el predio Ecoparque, el nombre con que la gestión de Mayra Mendoza bautizó al predio.
La cuestión salió a flote por la denuncia de los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº7 "Taller Regional Quilmes", más conocida en esa ciudad como IMPA, realizaron en las últimas horas: reiteradas descomposturas sufridas por varios de ellos, resultado de los olores y los gases emanados del "Ecoparque". Así es como se conoce al predio de 15 hectáreas en el que funciona una planta de tratamiento de residuos de la municipalidad.
"El basural se encuentra a 100 metros de donde está el comedor de mil alumnos", se quejó Mario, el padre de un alumno de la IMPA, institución dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, que la inauguró en 1957. Otros padres se quejaron porque varios alumnos tuvieron que ser retirados de la escuela por mareos y náuseas generados por los olores nauseabundos que emanan las cuantiosas toneladas de residuos que se procesan en la planta.
Gisela, otra madre, sumó su queja. "Nos enteramos por un grupo de padres y madres, donde una de las madres dijo que iría a retirar a su hijo porque se sentía mal por los fuertes olores", sostuvo en un informe de "Telenoche". "No le prestamos atención hasta que fueron cada vez más chicos, y cuando averiguamos acerca del Ecoparque vimos que recibiría casi 16 mil toneladas de basura domiciliaria".
Mario, padre de otro alumno, añadió: "¡A cien metros del comedor de los alumnos! Hay mil alumnos que estudian todo el año a cien metros de donde están tratando basura".
El predio Ecoparque fue inaugurado por el municipio de Quilmes bajo la gestión de Mayra Mendoza. Recibió habilitaciones parciales en distintas ocasiones, como en 2023, cuando más del 90 % de las instalaciones estaban en condiciones de comenzar a operar. Es una obra que la jefa comunal se arroga con orgullo. "Construimos el complejo Socio Ambiental EcoParque Quilmes porque nos comprometimos a lograr una ciudad más limpia y sustentable. Estos espacios no solo mejoran la gestión de residuos, sino que también generan trabajo y conciencia ambiental", dijo en marzo pasado la intendenta, que se encuentra en su segunda etapa al frente del municipio.
Juan Cabandié, exministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, arengó en 2024: "Conocé el nuevo EcoParque en Quilmes. Un Estado presente, que le mejora la vida a la gente". Su ministerio anunció el 3 de julio de 2020 la "Licitación pública nacional N°1 01/2020": "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a los licitantes a presentar una oferta para el diseño, construcción y operación de complejo socioambiental Ecoparque Quilmes, en el marco del Préstamo BID 3249/OC-AR".
La obra de diseño y construcción de la planta se llevó a cabo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por más de 456 millones de pesos y otros 1,4 millones de dólares adjudicados a una unión transitoria de empresas que se ocupó de erigir el Ecoparque. La intención del municipio quilmeño era, en principio, que la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento amainara la cantidad de basurales y microbasurales a cielo abierto que funcionaban y siguen funcionando en el partido.
"No tiene nada ni de 'eco' ni de 'parque'. Es en realidad un basural municipal instalado al lado de un colegio. Los olores nauseabundos que emanan de la transferencia de basura están perjudicando la salud de los alumnos, profesores y trabajadores de la escuela", denuncia un reel creado por la cuenta @impapadres, que además varios vecinos de la zona ribereña de Quilmes compartieron en las redes sociales. En especial los del barrio El Fortín, uno humilde que configura, con sus pocas manzanas, la última traza de la costa norte de la ciudad.
"Desde hace un mes no podemos entrar al predio por el agua acumulada desde que llovió. No podemos ni jugar ni entrenar", se quejó Ezequiel, un joven vecino, ante las cámaras por la anegación de la cancha del club El Fortín. En el informe televisivo se veía que varias calles de los alrededores acumulaban centímetros de agua. Por eso también apuntan contra la obra.
"Esta es la cuarta inundación, y esto no ocurría antes. Esto comenzó cuando se inauguró el Ecoparque, porque para construirlo elevaron el terreno cuatro metros. Esto no es agua, estos son fluidos que quedan del tratamiento de la basura", continuó.
Los padres de los alumnos de la IMPA emitieron un comunicado para notificar al ministro de Defensa, Luis Petri, de quien depende la Fuerza Aérea (de la que depende, a su vez, la escuela quilmeña), sobre la situación: "No al 'ecobasural', no a los olores nauseabundos en el aula, no a los gases tóxicos de la basura, no a las ratas invadiendo la escuela".
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Químicos advierten sobre la grave contaminación en aguas bonaerenses y exigen controles

Fecha de Publicación: 06/06/2025
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


El Consejo Profesional de Química advirtió sobre la grave contaminación del agua en la Provincia y exigió controles al Estado por los daños ambientales y sanitarios irreversibles.
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación por el alarmante estado de contaminación que presentan distintos cursos de agua en territorio bonaerense, muchos de los cuales desembocan en el Río de La Plata. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre “irreversibles daños tanto a la población como al ambiente” derivados de esta problemática.
Desde el organismo señalaron que las causas de esta situación crítica están vinculadas a la “falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y organismos vinculados”, apuntando directamente a la ausencia de fiscalización sobre los sectores industrial, agropecuario y sobre las empresas encargadas del tratamiento de residuos sólidos urbanos y efluentes cloacales.
Como ejemplo del deterioro ambiental, el Consejo de Química mencionó la presencia de “altos niveles de metales pesados y productos fitosanitarios en las aguas del Río de La Plata”, así como casos emblemáticos como el arroyo Sarandí “teñido de rojo”, las manchas de aguas servidas en el puerto de San Pedro, y los desechos cloacales arrojados al río en la localidad de Berisso, donde acusaron a la empresa estatal ABSA de no realizar ningún tipo de tratamiento.
“Estos casos son representativos de cientos de accionares que vulneran cotidianamente el derecho de la población a un ambiente sano”, denunciaron desde la institución, y sostuvieron que tales situaciones se producen en un contexto de “libre hacer” promovido por la falta de aplicación de normativas y sanciones por parte del Estado provincial.
Frente a este panorama, el Consejo Profesional de Química reclamó el cumplimiento estricto de la Ley 7020, que exige la matriculación obligatoria de todo el personal que manipule productos químicos y establece un marco normativo de seguridad e higiene. Según remarcaron, esta legislación es clave para garantizar prácticas responsables en todos los sectores involucrados.
Finalmente, la entidad instó al gobierno bonaerense a tomar medidas urgentes. “Es imprescindible que, a través del Ministerio de Ambiente y demás organismos competentes, se apliquen políticas que garanticen que las actividades industriales y empresariales se desarrollen bajo el cumplimiento ineludible de la Ley y los protocolos sanitarios y ambientales vigentes”, concluyeron.
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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Desbaratan un zoológico clandestino y liberan a animales en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente:  Portal MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires


Una gran cantidad de animales de distintas especies que se encontraban en cautiverio fueron rescatados de un zoológico clandestino en provincia.
La Policía Federal Argentina logró rescatar varios animales de diferentes especies que se encontraban en cautiverio en un zoológico clandestino en la provincia de Buenos Aires. En este, había animales de granja, monos, guacamayos, carpinchos y ciervos en distintas condiciones de extrema precariedad.
La operación se dio luego de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, relacionada al cuidado y preservación de fauna silvestre, donde personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina recuperó a nueve animales que estaban en cautiverio en un predio a cielo abierto en Buenos Aires.
Todo había comenzado en abril de este año, luego de que alguien denunciara que había animales en condiciones muy precarias de higiene y salud en una propiedad privada ubicada en Luján. Luego de realizar la investigación, descubrieron una estancia en Carlos Keen, donde se ofrecía al público un típico día de campo, con juegos infantiles, y se podía también recorrer la granja.
Luego de recibir la información, el Juzgado de Garantías 1°, a cargo de Marcelo Enrique Romero, ordenó el allanamiento de la estancia, donde descubrieron que, además de encontrarse con animales de granja, había un mono pincel, tres guacamayos, un carpincho, dos ciervos axis y dos ñandúes. Todos estos no solo se encuentran en peligro de extinción, sino que está prohibida su tenencia y están dentro de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre.
En esta finca, ubicada sobre el kilómetro 4,5 del camino provincial, no se contaba con la habilitación necesaria para funcionar como un zoológico y tampoco había documentación que respaldara la tenencia de estas especies.
Finalmente, la Fiscalía determinó que las especies permanezcan en el lugar, bajo carácter de "depositario judicial", hasta que el organismo correspondiente se presente en el lugar y retire a estas especies y las traslade a un lugar adecuado. Las mismas quedarán bajo resguardo de la Dirección de Flora y Fauna.
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Otro evento climático extremo, otra inundación: ya no se puede mirar para otro lado

Fecha de Publicación: 19/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires


Más de 5000 personas evacuadas y otras tantas autoevacuadas en al menos once municipios, que van de Escobar a Exaltación de la Cruz y Salto, ante la caída de unos 400 milímetros, más de la mitad de lo que llueve en todo un año. La catástrofe y la solidaridad. Los eventos adversos se multiplican pero las soluciones estructurales escasean, en un país gobernador por una fuerza que descree del cambio climático y la obra pública.
De nuevo una inundación, de nuevo récord de lluvias. Antes fue Bahía Blanca, Santa Fe, Salta. Ahora es el norte de la Provincia de Buenos Aires, desde el conurbano hasta Salto. Son postales de dramas familiares y comerciales que también se vuelven advertencias, hasta ahora desoídas: el cambio climático dejó hace rato de ser ficción. Es una realidad con efectos concretos, que demanda respuestas estructurales. Obras de adaptación, campañas, la cooperación con el sector científico, alertas tempranas. Con un gobierno nacional que descree de este fenómeno y que impulsa un Estado ausente y el fin de la obra pública, la situación se vuelve crítica.
Hasta el sábado se registraban más de 5000 personas evacuadas y otras tantas autoevacuadas en al menos once municipios, que van de Escobar a Exaltación de la Cruz y Salto. Solo en éste último hablaban de 4000 evacuados en una situación social de emergencia, mientras la lluvia persistía durante gran parte de la jornada, superando en un par de días lo que llueve en la mitad de un año.
En conferencia de prensa al mediodía, en Puente 12, el gobernador Axel Kicillof contó que asisten a 30 comunas y adelantó que luego de las lluvias “vendrá un frente frío con vientos fuertes, por lo cual llamamos a no circular por las zonas afectadas ni salir a la ruta”. A esto hay que sumarle el caudal que arrastran ríos y arroyos.
“En Salto tenemos una crecida que puede llegar a ser la más grande de la que haya registro. Cayó mucha agua, pero la situación está bajo control”, relató el director provincial de Defensa Civil, Fabián García.
Pidió tomar conciencia a la ciudadanía (“Alerta roja indica que hay que seguir instrucciones oficiales, y si es ‘no circular’ se complica si un ómnibus con jóvenes haciendo turismo pasa por la zona roja en ese momento”); señaló que “se hicieron más de 20 rescates de personas que quedaron atrapadas en algún vehículo o agarrados de algún árbol para no ser arrastrados por el agua” y apuntó que “hay barrios muy anegados (como Santa Lucía, San Cayetano y San Luciano), la mayoría ubicados en sectores depreciados”.

Varados, aislados, inundados
El sábado por la tarde, el intendente de Zárate Marcelo Matzkin definió a la situación como una “catástrofe” y que en algunos barrios llegó a haber “hasta dos metros de agua”.
Una postal de estas inundaciones, en una región que bordea al río, fueron las lanchas y botes. Al punto que municipios como Campana llamaron a que los vecinos con embarcaciones se acercaran para sumarse al operativo de rescaste. Familias enteras pasaron días y noches sobre los techos. En Zárate y Campana, sindicatos (por ejemplo la UOM), sociedades de fomento, iglesias y clubes (el caso del CADU, Ciudad de Campana y Villa Dálmine) se abocaron a recibir donaciones y participar de ayudas. Las escuelas abrieron para ser centros de emergencia.
Por las redes se multiplicaron las vecinas y vecinos que ofrecían sus casas para que puedan dormir, comer o bañarse aquellos que perdieron todo. Juan López fue uno de los que ofreció por Facebook su casa en Pasteur 1214 para cualquier persona que “no tenga dónde ir con sus hijos” o que “precise dormir calentito”.
“En mis 20 años de intendente no he visto una creciente como esta. Nunca ha llovido tanto en tan poco tiempo. Es un desastre», sentenció el intendente de Salto, Ricardo D’Alessandro. La ciudad quedó aislada ante la inundación de todas las rutas que la rodean. Así lo describió el secretario General del Municipio, Camilo Alessandro: “no ha parado de crecer el río. Salto está anillado, están todas las rutas cortadas. Por lo tanto, cualquier tipo de ayuda de alguna ciudad vecina, está imposibilitada. Los Bomberos que han trabajado toda la noche tienen solamente dos lanchas para rescatar. Aquellos que ven que el agua les llega a sus casas, por favor, que salgan».
Rubén, de 76 años, fue uno de los rescatados por las lanchas en Campana. Contaba: “en mi casa tenía todos los artefactos de panadería, perdí todo, también las cosas de mis hijos, mi señora fallecida. Me dijeron: ‘antes que nada está tu vida, después lo material’”.
En la Ruta Nacional 9 el agua cubrió hasta la mitad de los árboles, lo que generó que quedaran varados numerosos vehículos, entre ellos dos colectivos de larga distancia con más de 40 personas dentro. Uno de ellos llevaba un contingente de niños. El reclamo fue unánime: habiendo pasado un día entero nadie de Vialidad Nacional se había acercado. En las ciudades quienes se pusieron al hombro los rescates fueron los propios grupos de vecinos y los bomberos voluntarios. A Campana llegaron “más de 200”, según calculó Hernán, del cuerpo de voluntarios de José C. Paz.
Por la noche del sábado el alerta roja abarcaba aún a 16 municipios. “Aunque deje de llover, el problema es el agua que baja del arroyo”, definió Marcelo, autoevacuado de Escobar, que fue en familia a la casa de su pareja. En el camino observaban camionetas tipo RAM enclavadas en medio del camino: “parecía El Eternauta”.
Hay otro factor que se suma a la crisis: la falta de energía. Hasta el sábado a la tarde, había 36.200 usuarios sin luz entre Edesur y Edenor. En Zárate, la cooperativa debió cortar el servicio de los barrios adyacentes a RN 193 porque la Planta Cementera Holcim quedó “totalmente anegada”, lo que afectó a la Empresa Transformadora CORCEMAR, ubicada en ese predio.

El cambio climático: ya no se puede mirar para otro lado
“Estamos afrontando el tercer día de tormenta, un fenómeno meteorológico muy inestable, por el que ya cayeron más de 400 milímetros de agua”, aseguró el sábado al mediodía el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso. “Lo mismo que llovió en Bahía Blanca, pero en tres días”, acotaron desde la Gobernación.
Ya lo había sufrido el noroeste argentino semanas atrás, y seguramente lo sufra otro distrito más temprano que tarde. El problema es no relacionar todos estos eventos climáticos extremos y tomarlos como episodios aislados. El mayor ejemplo es el Gobierno nacional que en cada inundación dispuso el envío de los mismos funcionarios (y cuando la situación ya había explotado): Patricia Bullrich, de Seguridad, y Luis Petri de Defensa. Solo actuar en la contingencia.
¿Pero qué pasa antes y después de las lluvias? Un vecino de Campana lo definió ayer ante las cámaras: “esto se agrava por lo que viene de allá (señalando con su brazo al otro lado de la ruta). Ahí antes había humedales, ahora rellenaron todo y construyeron, y nadie dice nada. Se nos viene todo el agua de ahí”. Los códigos urbanísticos y el tipo de vivienda que se construye deberían contemplar estos eventos climáticos adversos, pero ocurre lo contrario, escasea el control y la planificación urbana en épocas en las que la bandera es la “desregulación”.
Mientras, no hay obra pública, ni campañas ni regulación ni apoyo a la ciencia, que es clave para afrontar estos sucesos, incluyendo a un Servicio Meteorológico que fue desmantelado en esta gestión nacional. Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense destacó ayer que “desde que llegó Kicillof se creó una dirección de alertas propia que tiene 6 meteorólogos y contamos con un servicio de guardia más grande que a nivel nacional. Son situaciones complejas porque este tipo de tormentas es como si estuviera situada en varias partes de la Provincia y va descargando”.
La crisis va más allá: desde el presidente Javier Milei hasta el titular del Conicet, Daniel Salamone, rechazan al cambio climático y han llegado a reclamar una ciencia “basa en evidencias y no en ideologías”.
En noviembre de 2023 ya lo anticipaba a Tiempo la hoy ex titular de la Secretaría de Cambio Climático, Cecilia Nicolini: “históricamente la agenda climática era una agenda eminentemente de mitigación. Ahora bien, nuestra agenda también tiene que ser de adaptación, porque la crisis climática ya la estamos viviendo y donde más afecta es en nuestros países. Si vos negás los efectos climáticos vas a seguir perdiendo mucho más. O sea que además es antieconómico».
Y acotaba: «La clave no es solo analizar los costos de lo que vamos a invertir para la transición ecológica a la Argentina, sino lo que nos va a costar no invertir en eso. Y ahí vemos que los costos se van hasta quintuplicar. Hace muchos años que la ciencia nos alerta que la crisis climática existe y que los impactos van a ser cada vez más pronunciados. Y eso se viene acelerando. Las economías regionales, por su población e infraestructura, están mucho más expuestas a esta variabilidad climática. Entonces ahí uno tiene dos caminos: invertir en política climática, adaptándonos. O negar la realidad hasta que estalle”.  
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