La muerte de un joven con plomo en sangre destapó una planta clandestina de baterías en Tortuguitas

Un trabajador de 20 años murió con niveles de plomo cuatro veces superiores al máximo permitido, y la investigación derivó en el allanamiento de una planta de desarme de baterías y una fundición donde 14 personas trabajaban en condiciones de explotación.

La muerte de un joven de 20 años con niveles críticos de plomo en sangre permitió descubrir una planta clandestina de desarme de baterías y una fundición en Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde 14 trabajadores fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. Vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde manipulaban, sin protección, residuos de óxido de plomo y ácido.
El caso salió a la luz a partir de la muerte del trabajador, oriundo de Misiones, cuyos análisis registraron 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuatro veces el máximo admitido para un trabajador expuesto, según el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La información oficial no establece que la intoxicación haya sido la causa del fallecimiento.

Dos establecimientos, 23 trabajadores
Por orden de la Justicia federal, se allanaron dos establecimientos en Tortuguitas: una planta de desarme de baterías de plomo y una fundición. Uno de los predios no estaba declarado ante ninguna autoridad. En el lugar se relevaron 23 trabajadores, de los cuales 14 fueron identificados como presuntas víctimas de trata.
Los inspectores constataron jornadas de 12 horas, falta de elementos de protección personal y contacto directo con residuos tóxicos. Se labraron actas por indicios de explotación laboral, y las víctimas quedaron bajo la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
El 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por trata de personas y reducción a servidumbre. La presentación se basó en un reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un informe de la aseguradora y en el testimonio de un familiar del joven.
En el operativo participaron, además, la Dirección Provincial de Inspección, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, el Departamento de Delitos Ambientales, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología.

Un metal sin nivel seguro
El plomo es un metal tóxico que se acumula en el organismo y afecta el sistema nervioso, los riñones, la sangre y el sistema cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un nivel de exposición al plomo que se considere seguro, y sus efectos son especialmente graves en niños y embarazadas. La exposición prolongada a altas concentraciones puede provocar anemia, daño neurológico, convulsiones e incluso la muerte.
El reciclado informal de baterías de plomo es una de las principales fuentes de contaminación por este metal en el mundo. Durante el desarme y la fundición se liberan polvo y humos con plomo que no solo afectan a los trabajadores, sino que pueden depositarse en el suelo y contaminar el aire y el agua de los alrededores. Por eso, la intervención del Departamento de Delitos Ambientales y de los equipos de toxicología resulta clave para determinar el alcance del daño.

Ambiente y derechos humanos
El caso expone el cruce entre la contaminación ambiental y la explotación laboral. Las baterías en desuso de autos y motos contienen plomo y ácido sulfúrico, por lo que su tratamiento debería realizarse en plantas habilitadas, con controles sanitarios y ambientales, ya que se trata de residuos peligrosos alcanzados por la Ley nacional 24.051. Cuando ese proceso se hace en la clandestinidad, el costo recae sobre los trabajadores más vulnerables, muchas veces trasladados desde otras provincias, y sobre los barrios cercanos.
Hasta el momento no se informó si hubo detenidos ni si se realizaron estudios de contaminación en el entorno de los establecimientos. Tampoco se conoció si otras personas del barrio presentan niveles elevados de plomo.
Las autoridades recordaron que las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de manera confidencial ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, al 0800-666-2187, y que la línea 145 recibe denuncias por trata de personas las 24 horas, en forma gratuita y anónima.

Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Organización Mundial de la Salud (OMS).

La provincia de Buenos Aires lanzó un visor para monitorear lluvias y crecidas en tiempo real

La herramienta pública reúne datos de 150 estaciones sobre precipitaciones, caudales y niveles de ríos, y forma parte del plan provincial de gestión del riesgo frente al cambio climático, ante la amenaza de un El Niño intenso.

La provincia de Buenos Aires lanzó un Visor Hidrometeorológico de acceso público que permite seguir en tiempo real las lluvias, los caudales y los niveles de ríos y arroyos en todo el territorio bonaerense. La herramienta, presentada en Bragado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca anticipar crecidas e inundaciones en un contexto marcado por el exceso de agua acumulada y la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.
El visor fue desarrollado a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), de la Autoridad del Agua (ADA), junto con los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Agrario. Cualquier persona puede consultarlo sin registrarse, desde una computadora, una tablet o un celular, a través del sitio simparh.ada.gba.gov.ar, y abarca los 135 municipios bonaerenses.

Qué muestra
La plataforma integra la información de 150 estaciones de monitoreo, 42 de ellas provinciales. También suma datos de redes nacionales y de otros organismos públicos y privados, como el Instituto Nacional del Agua, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, además de aportes de monitoreo participativo y de los municipios.
Las estaciones automáticas registran lluvias, caudales y niveles de agua, y, según su equipamiento, también condiciones meteorológicas, calidad del agua, nivel de la napa freática, temperatura, humedad y presión. La mayoría transmite datos cada 15 minutos o cada hora.
Los usuarios pueden filtrar la información por cuenca o por municipio, generar gráficos, descargar informes y proyectar el comportamiento de los cuerpos de agua. La versión para usuarios registrados incorpora además datos de campo de 180 puntos de la Red Hidrométrica Provincial. Cada municipio recibirá un usuario y una contraseña para armar sus propios tableros de control y filtros.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, definió al visor como “una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”. El funcionario remarcó que la gestión del agua requiere coordinación entre sectores e inversión en infraestructura, porque el agua no reconoce límites entre jurisdicciones.

Un plan frente al cambio climático
El visor forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que el ministerio impulsa desde 2025. La iniciativa responde a la gran cantidad de agua acumulada en el territorio bonaerense y al riesgo de que el fenómeno de El Niño, e incluso un posible “Súper Niño” de magnitud histórica, provoque lluvias extraordinarias durante la segunda mitad de este año y en 2027. En la región pampeana, los episodios de El Niño suelen asociarse con precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano, lo que eleva el riesgo de anegamientos en campos y ciudades.
La provincia proyecta ampliar la red hasta 250 estaciones entre 2026 y 2030. Para 2027 prevé contratar un software centralizado de visualización, modelado de datos y alertas, y destinar recursos a la operación y el mantenimiento de las redes de monitoreo.

La importancia de anticiparse
Contar con datos en tiempo real es clave en una provincia de grandes llanuras, donde el agua escurre lentamente y las inundaciones pueden prolongarse durante semanas. La información sobre lluvias y niveles de ríos permite a los municipios, los productores y los organismos de emergencia prepararse con anticipación, organizar evacuaciones y proteger viviendas, infraestructura, cultivos y ganado.
La herramienta llega en un momento de alerta en buena parte del país. El fenómeno de El Niño ya provoca una crecida extraordinaria de los ríos Paraná y Uruguay, con cientos de evacuados en el Litoral, y especialistas de la represa de Yacyretá advirtieron que el episodio recién comienza y podría intensificarse entre octubre y febrero.
En la provincia de Buenos Aires, donde los excesos hídricos se alternan con sequías cada vez más severas, el monitoreo permanente se vuelve una pieza central de la adaptación al cambio climático, que aumenta la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires 
Fuentes Consultadas: Diario La Nueva, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Autoridad del Agua (ADA).

Diez años de monitoreo en playas bonaerenses registraron más de 280.000 residuos, la mayoría plásticos

El Censo Provincial de Basura Costera Marina cumple una década con una serie histórica que confirma que cuatro de cada cinco residuos hallados en la costa de Buenos Aires son plásticos.

Más de 280.000 residuos registrados en diez años de relevamientos en las playas de la provincia de Buenos Aires, y una proporción que casi no cambia: alrededor del 80% son plásticos. Ese es el balance de una década del Censo Provincial de Basura Costera Marina, impulsado por la Red Costera Bonaerense (RECOBO), que se convirtió en el registro más extenso sobre la contaminación de las costas de la provincia.
La iniciativa comenzó en 2016, en el marco de las actividades del Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas con los Residuos Marinos. Desde entonces, se repite cada año con una metodología común y relevamientos simultáneos a lo largo del litoral, lo que permite comparar los resultados entre localidades y entre temporadas. En esta década participaron más de 20 localidades bonaerenses y miles de voluntarios.
“Diez años después contamos con una valiosa serie histórica”, destacó Diego Albareda, coordinador de Paisajes Costero-Marinos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones que integran la red. Según explicó, esa información muestra que el problema persiste y aporta la evidencia necesaria para impulsar soluciones.

Qué se encuentra en la arena
El último censo con resultados completos, el octavo, se realizó entre septiembre y octubre de 2025. Participaron 50 organizaciones y organismos públicos y 457 voluntarios, que recorrieron 172.359 metros cuadrados de playa en 17 localidades y puntos turísticos. Allí contabilizaron 39.826 residuos.
Los plásticos representaron el 78,36% del total. El ítem más frecuente fueron los fragmentos plásticos, con el 27,32%, restos de objetos que se rompen con el sol, el viento y las olas y que, con el tiempo, se transforman en microplásticos. Les siguieron las colillas de cigarrillos, con el 21,43%; los envoltorios plásticos, con el 8,9%; las bolsas plásticas, con el 8,17%, y el telgopor, con el 7,06%.
La composición de la basura se repite con pocas variaciones año tras año: botellas, tapas, envoltorios y descartables de un solo uso aparecen de manera constante en las playas, tanto en las del Río de la Plata como en las de la costa atlántica. Albareda advirtió en la presentación de esos resultados que los plásticos ya no son un problema exclusivo de la fauna, porque los microplásticos también llegan a las personas a través del agua y los alimentos.

Una amenaza para la fauna marina
El origen del censo explica su foco. Las tortugas marinas que llegan a las aguas bonaerenses, como la tortuga verde, la cabezona y la laúd, confunden bolsas y otros plásticos con su alimento, como las medusas, y los ingieren. Esos residuos pueden obstruirles el sistema digestivo y provocarles la muerte. Lo mismo ocurre con aves, peces y mamíferos marinos, que además pueden quedar enredados en redes, sogas y otros desechos.
Las colillas de cigarrillos, el segundo residuo más frecuente, también tienen un impacto ambiental importante: sus filtros están hechos de un plástico llamado acetato de celulosa y liberan sustancias tóxicas al agua y a la arena.

El censo de este año
Los relevamientos de 2026 ya se realizaron en San Pedro, Vicente López, San Clemente del Tuyú, Villa Gesell, Necochea, Quequén, Monte Hermoso, Miramar, Sauce Grande, Villa del Mar y Bahía Blanca, entre otras localidades. Algunos censos todavía están pendientes por cuestiones climáticas, por lo que los resultados de esta edición se conocerán más adelante.
Para las organizaciones que integran la red, la continuidad del monitoreo es tan importante como sus cifras. Una serie de diez años con la misma metodología permite identificar qué residuos predominan, dónde se concentran y si las políticas de reducción de plásticos de un solo uso tienen efectos concretos en las playas.
Los datos refuerzan además un mensaje que las organizaciones repiten en cada edición: la basura que llega a la costa no se genera solo en la playa, sino también en las ciudades, los ríos y los desagües. Por eso, reclaman medidas que apunten a reducir el uso de plásticos descartables, mejorar la gestión de los residuos y promover la responsabilidad de quienes producen y comercializan envases, además de la participación ciudadana en la limpieza de las costas.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Red Costera Bonaerense (RECOBO), Fundación Vida Silvestre Argentina.

Derrame de Shell en Magdalena: 27 años después, el exintendente dice que el acuerdo fue un engaño

Fernando Carballo, que en 2009 firmó el convenio de reparación con Shell, dice que el municipio fue engañado, mientras la Cámara Federal revisa el fallo que rechazó ese acuerdo.

Más de 27 años después del mayor desastre petrolero en la historia de Magdalena, la causa sigue sin cerrarse y suma un nuevo capítulo. El exintendente Fernando Carballo, que en 2009 firmó con Shell el acuerdo de reparación que hoy está en discusión en la Justicia, admitió que aquel convenio fue un error y que el municipio fue engañado.
El derrame ocurrió el 15 de enero de 1999, cuando el buque petrolero Estrella Pampeana, operado por Shell, chocó con el portacontenedores Sea Paraná en el Río de la Plata, frente a la costa de Magdalena. Se volcaron unos 5,4 millones de litros de crudo, que afectaron más de 30 kilómetros de playas, humedales y arroyos. Es considerado el mayor derrame de petróleo en agua dulce registrado.

Un largo recorrido judicial
El municipio demandó a la empresa poco después del accidente. En 2002, durante la gestión del intendente Oscar Sibetti, el Juzgado Federal N° 4 de La Plata ordenó a la petrolera medidas de recomposición ambiental por unos 35 millones de dólares. Pero en diciembre de 2007 la Corte Suprema resolvió que la causa debía tramitarse ante la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dejó sin efecto aquella decisión.
En 2009, ya con Carballo al frente del municipio, Magdalena y Shell firmaron un acuerdo por 9,5 millones de dólares, más asistencia para proyectos de desarrollo local. A cambio, el municipio desistía de sus acciones judiciales, mientras la empresa no reconocía responsabilidad. El pago quedaba sujeto a la homologación de un juez. Para respaldar el convenio, la comuna convocó a un plebiscito no vinculante en mayo de ese año: la propuesta obtuvo alrededor del 77% de los votos, aunque esa aprobación equivalió a cerca de una cuarta parte del padrón.

“Nos mintió”
Hoy, Carballo revisa aquella decisión con dureza. En una entrevista con un medio local, sostuvo que la información oficial difundida antes del plebiscito fue tendenciosa: detallaba el dinero y los proyectos que llegarían, pero no explicaba que aceptar el acuerdo implicaba abandonar las demandas. “Nos mintió, nos operó por atrás en la Justicia con mucho poder de Shell”, afirmó, en alusión a la petrolera y a su conducción de entonces, encabezada por Juan José Aranguren, quien años más tarde fue ministro de Energía y Minería de la Nación.
El exintendente aseguró que no volvería a impulsar una consulta de ese tipo y que el municipio debió haber seguido reclamando la totalidad de la reparación. Desde la organización ambientalista Ala Plástica, que sigue la causa desde hace años, señalaron que con el acuerdo se perdió la posibilidad de profundizar la investigación y el reclamo con proyección nacional e internacional.

El fallo que reabrió la causa
El convenio nunca llegó a cerrar el conflicto. El 30 de diciembre de 2025, el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, rechazó homologarlo. En su resolución sostuvo que los derechos ambientales son de orden público y no pueden negociarse en forma privada, y que ni el aval del Concejo Deliberante ni el plebiscito pueden estar por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional ni de la Ley General del Ambiente.
El magistrado también consideró que el monto carecía de sustento técnico, porque no había estudios ambientales ni estimaciones de costos de recomposición que justificaran los 9,5 millones, y calificó el acuerdo como “objetivamente desactualizado”. Admitió que las pericias recientes no detectan un daño ambiental activo, pero sostuvo que el análisis debía situarse en el momento en que se firmó el convenio. El fallo no fijó, sin embargo, una nueva indemnización.
Shell y su aseguradora apelaron ante la Cámara Federal. La empresa sostiene que el ambiente ya fue recompuesto, que no hay daños pendientes de reparación y que pericias e informes oficiales realizados entre 2020 y 2024 no detectan contaminación por hidrocarburos. La Municipalidad de Magdalena también recurrió el fallo, aunque con otro objetivo: reclama una indemnización acorde con el daño sufrido.
Ahora será la Cámara la que deberá decidir si confirma el rechazo del acuerdo. Mientras tanto, a casi tres décadas del derrame, la costa de Magdalena sigue esperando una respuesta definitiva sobre quién y cuánto debe pagar por el daño.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Tras 27 años, la causa de tres vecinos de Ensenada contra YPF espera la definición de la Corte

La demanda por la contaminación del Canal Lateral Oeste, iniciada en 1999 por vecinos de El Dique, ya tiene condenas en dos instancias y la petrolera admitió en su balance que podría derivar en indemnizaciones.

En 1999, tres vecinos de El Dique, en Ensenada, decidieron enfrentar a algunas de las empresas más poderosas del país. Pedro Salagre, Jorge Mario Pezado y Miguel Ángel Casadas denunciaron la contaminación del Canal Lateral Oeste, el curso de agua que corre junto a la Refinería La Plata de YPF y se conecta con el Canal Lateral Este y el Río Santiago. Veintisiete años después, su reclamo acumula dos sentencias favorables y espera la última palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda no busca solo una compensación económica. Los vecinos pidieron que cese la contaminación y que se recomponga el ambiente dañado, un objetivo que los tribunales ya les reconocieron en dos instancias.

Dos fallos a favor de los vecinos
El 7 de febrero de 2022, YPF fue notificada de la sentencia de primera instancia de la Justicia Federal. El fallo tuvo por acreditado el daño ambiental en los canales vinculados a la refinería, ordenó su cese y recomposición y repartió las responsabilidades. El 90% recayó sobre YPF y el Estado Nacional, en una proporción de 80% y 20% entre ambos. El 10% restante quedó a cargo de Petroquímica Cuyo, ex Petroken, y de Garovaglio y Zorraquín.
El 29 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la obligación de cesar y recomponer el daño. Los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo ordenaron presentar un plan de recomposición del pasivo ambiental del canal. El plan debe contemplar el efecto sobre la salud y la seguridad públicas, la prevención de daños futuros y el plazo necesario para la reparación. Lo evaluarán el Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Universidad Nacional de La Plata y las autoridades ambientales de la Nación, la provincia y el municipio de Ensenada. En su fallo, el tribunal sostuvo que “la protección del ambiente es prevalente” frente al desarrollo económico.
Los codemandados llevaron el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que todavía no fue resuelto y que, desde mayo de 2025, circula por una de las vocalías del máximo tribunal.

Lo que admite YPF
La causa volvió a tomar estado público porque la propia petrolera la incluyó en un documento presentado a sus accionistas en febrero de este año. Allí reconoció reclamos por “supuestos daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental” y admitió que podrían implicar nuevas obligaciones económicas. Para cubrirlas previsionó fondos en su balance, sin precisar montos. Por su parte, Garovaglio y Zorraquín informó que “el monto económico de la condena aún no estaba determinado”.
En su defensa, YPF se apoyó en un estudio concluido en 2021 según el cual entre el 88% y el 91% de los hidrocarburos presentes en los sedimentos del canal se habría depositado antes de 1991. Con ese dato, la empresa planteó la responsabilidad del Estado Nacional por las condiciones de la privatización de la compañía. Las resoluciones judiciales, además, no atribuyen a la refinería todas las enfermedades denunciadas por los vecinos.

Un polo bajo la lupa científica
La Refinería La Plata, con capacidad para procesar unos 210.000 barriles diarios, forma parte del Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada, uno de los complejos industriales más grandes del país. Distintas investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET analizaron su impacto durante años.
Un relevamiento del Área de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas identificó el agua y la atmósfera como las principales vías de impacto. Entre 2014 y 2016, un proyecto conjunto de la UNLP y el CONICET monitoreó aire, agua y sedimentos en El Dique, Villa Argüello, Villa Nueva, Berisso, Ensenada y el barrio Mosconi. Otros trabajos analizaron compuestos como el benceno, el tolueno y los xilenos, además de material particulado e hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos por sus propiedades cancerígenas.
A esos estudios se suman episodios que los vecinos recuerdan bien. En abril de 2013, durante la inundación de La Plata, un incendio dejó hidrocarburos en la vegetación del Canal Oeste. En 2022 y 2024 hubo nuevos incendios dentro del complejo.
Mientras la Corte analiza el expediente, la historia de los vecinos de El Dique ya dejó una marca. Demostró que un reclamo iniciado por tres personas puede obligar a una de las mayores empresas del país a reconocer, ante sus propios accionistas, el costo de la contaminación.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal La Plata 1, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, CONICET

Islas bonaerenses: los productores no podrán comprar las tierras, pero sí pedir permisos con canon

El nuevo régimen de la Provincia cierra la puerta a la venta de las islas, que son bienes públicos, y ofrece a productores y ocupantes históricos permisos de uso de hasta 15 o 25 años, con canon anual, controles y actividades limitadas por criterios ambientales.

El Decreto 1.517/2026, promulgado por el gobernador Axel Kicillof el 9 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 16, reordena el uso de las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense, incluida la Martín García. Su lógica responde a un cambio jurídico: desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en 2015, esos territorios integran el dominio público estatal, no pueden venderse ni adquirirse por el paso del tiempo. La norma crea una herramienta para que una persona, una empresa, una organización o un organismo público use un inmueble isleño por un período y una finalidad determinados, pero la propiedad seguirá siempre en manos del Estado.

Sin compra, pero con permisos
El punto más sensible es la situación de productores que llevan años instalados en tierras públicas. Algunos productores forestales habían pedido a la Provincia poder comprar los predios que ocupan. El régimen cierra esa posibilidad: en cambio, quienes desarrollen allí una actividad admitida podrán tramitar un Permiso de Uso y Tenencia Precaria y, como regla general, pagar un canon. Estos permisos pueden ser onerosos o gratuitos, según quién los pida y para qué, y buscan regularizar situaciones existentes sin convertir a los ocupantes en dueños.

Qué se puede hacer y qué no
Los permisos podrán otorgarse a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, constituidas legalmente en la Provincia, y cada solicitud deberá fundamentar el uso pretendido con razones técnicas, económicas, sociales, culturales o de interés general. Entre las actividades consideradas compatibles figuran la ganadería extensiva controlada, la silvicultura sustentable, la producción agroecológica, el aprovechamiento forestal racional, la apicultura, el turismo sustentable, la pesca, las actividades deportivas, el transporte fluvial, la vivienda familiar y las tareas de preservación de recursos naturales. Según la información a la que accedió el medio consultado, el decreto excluye la agricultura intensiva de monocultivos, la ganadería intensiva tipo feedlot, las actividades industriales contaminantes y los desarrollos inmobiliarios de mediana o gran escala, incluidas las urbanizaciones cerradas. La minería queda prohibida salvo autorización específica de la autoridad minera bonaerense. Un permiso provincial, además, no reemplaza los estudios y habilitaciones ambientales que correspondan a cada actividad.

Plazos, canon y revocación
Como regla general, los permisos no podrán superar los 15 años, un plazo que dependerá de la actividad y deberá contemplar, por ejemplo, el ciclo productivo. El límite llega a 25 años para la producción forestal y para la vivienda familiar única y permanente, y la autoridad podrá prorrogar el permiso por un período igual si se mantiene el destino. La tenencia será precaria: la Provincia podrá revocarla por razones de oportunidad, mérito o conveniencia sin indemnización. El uso será, en principio, oneroso, con un canon anual pagadero por adelantado, que fijará y actualizará la agencia tributaria provincial según la valuación fiscal y el valor locativo del inmueble, con intervención de Fiscalía de Estado. Ante la falta de pago habrá una intimación de 30 días y luego cobro por apremio, aunque podrán autorizarse planes de cuotas. Lo recaudado se destinará a infraestructura en las islas, saneamiento y mejoramiento ambiental, conservación de recursos naturales y compra de bienes y servicios para esas tareas. Serán gratuitos los permisos para organismos públicos que desarrollen políticas públicas y para organizaciones sin fines de lucro o instituciones privadas que realicen actividades culturales o de interés público directo.

Controles y lo que falta
Los permisionarios deberán acreditar periódicamente que usan la tierra para lo autorizado y que mantienen el inmueble y su entorno en condiciones adecuadas. No podrán ceder el permiso ni alquilar el inmueble, salvo excepciones como la prevista para los municipios, ni construir o hacer mejoras sin autorización previa: las obras aprobadas pasarán al patrimonio provincial sin compensación. Si una intervención pudiera alterar los flujos de agua o generar impacto ambiental, deberán intervenir los organismos de control. Cuando un permiso termine y el ocupante no devuelva el inmueble, la Provincia podrá disponer la desocupación administrativa, incluso con fuerza pública y tras un inventario de bienes.
La implementación todavía está pendiente: el Ministerio de Gobierno debe aprobar por resolución el procedimiento para pedir permisos y desarrollar una Mesa de Entrada Digital, y la Provincia tendrá que revisar y clasificar unos 500 expedientes pendientes sobre inmuebles isleños.


Fecha de Publicación: 30/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Portal Infocielo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo exhortó a fortalecer el control de fumigaciones cerca de escuelas

Tras una investigación de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de establecimientos educativos en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a organismos provinciales, municipales y a ACUMAR a reforzar los controles, avanzar en estudios epidemiológicos y garantizar el monitoreo ambiental permanente.

Tras una investigación iniciada de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de escuelas en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer los resultados obtenidos en el barrio Santa Rosa, de Marcos Paz, y en la localidad de Carlos Keen, provincia de Buenos Aires, y solicitó informes a distintos organismos provinciales y municipales. En Marcos Paz, en abril de 2023, se registró un episodio de fumigación en un predio lindero a una escuela primaria y un jardín de infantes durante el horario escolar, que generó olores intensos y preocupación entre docentes y estudiantes. En Carlos Keen, vecinos, organizaciones sociales e instituciones educativas denunciaron en 2024 que un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una biblioteca popular debieron suspender sus actividades por fumigaciones cercanas, en lo que describieron como situaciones reiteradas.

Una infracción confirmada y un estudio sobre exposición
Durante la investigación, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense confirmó que, en el caso de Marcos Paz, la fumigación se había realizado dentro del perímetro de exclusión, sin receta agronómica ni la habilitación correspondiente, por lo que sancionó a la empresa responsable. La Universidad Nacional de Luján, por su parte, aportó un estudio propio que concluyó que la totalidad de las zonas urbanas del partido se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos fumigables, con Carlos Keen entre las localidades de mayor exposición potencial identificadas.

Organismos que no respondieron
El organismo señaló además que no obtuvo respuesta de los Ministerios de Ambiente y de Salud provinciales, ni de la Municipalidad de Luján, algo que evidenció debilidades en la articulación interinstitucional para abordar esta problemática.

Las exhortaciones a cada organismo
A partir de estos hallazgos, la Defensoría resolvió exhortar a distintos organismos a adoptar medidas concretas. Al Ministerio de Ambiente provincial le solicitó implementar programas de monitoreo ambiental de agroquímicos en agua, suelo y aire cerca de las escuelas, además de garantizar el acceso público a esa información. Al Ministerio de Salud provincial le requirió realizar estudios epidemiológicos sobre las poblaciones expuestas -especialmente niños, niñas y adolescentes, además de trabajadores rurales- y crear registros de intoxicaciones asociadas a agroquímicos. Al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial le pidió fortalecer la fiscalización de las aplicaciones, revisar las distancias mínimas de resguardo con criterios científicos actualizados y promover la producción agroecológica como alternativa. A la Municipalidad de Luján le solicitó reforzar el control local de fumigaciones y establecer protocolos de actuación inmediata ante episodios de deriva cerca de escuelas. Por último, a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo le pidió incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus monitoreos habituales de agua y sedimentos.

Un grupo especialmente vulnerable
La Defensoría remarcó que los niños, niñas y las comunidades educativas constituyen grupos especialmente vulnerables frente a la exposición a agroquímicos, y subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, monitoreo y protección sanitaria y ambiental en todo el territorio bonaerense, no solo en los casos puntuales investigados. La resolución del organismo vuelve a poner en agenda una tensión que se repite en distintas provincias del país: la convivencia entre las actividades agrícolas y los establecimientos educativos ubicados en zonas periurbanas y rurales, donde la distancia entre los cultivos fumigables y las aulas suele ser mínima.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Defensoría del Pueblo de la Nación, Universidad Nacional de Luján

Laguna de Rocha: la Provincia recortó 490 hectáreas y crecen las alertas por lo inmobiliario

La Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, en el sur del Gran Buenos Aires, perdió cerca del 30% de su superficie protegida por una modificación legislativa que organizaciones ambientales califican de "exprés" y que, advierten, favorece la valorización inmobiliaria de un humedal clave para prevenir inundaciones en el AMBA.

La Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, ubicada en el distrito bonaerense de Esteban Echeverría, perdió unas 490 hectáreas de su superficie protegida, cerca de un tercio del total, a partir de una modificación incorporada a la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires. El cambio quedó plasmado en el artículo 112 de la Ley 15.557, que incorporó dos nuevos artículos a la norma original que había creado la reserva en 2012: uno autoriza al Poder Ejecutivo a precisar los límites del área mediante un "Mapa Oficial", y el otro establece que dentro de esos nuevos límites se definirán una zona intangible, una de amortiguación y una experimental. Según el Colectivo Ecológico Unid@s por la Laguna de Rocha, organización que lleva 18 años trabajando en defensa del humedal, ese "Mapa Oficial" toma como referencia únicamente los espejos de agua, dejando fuera de la protección sectores enteros de humedales, pastizales y bosques que antes formaban parte de la reserva.

Un trámite exprés y sin debate
El expediente que dio origen a la reforma fue impulsado por Pablo Domenichini, entonces diputado provincial por la UCR y hoy rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Según el colectivo, la iniciativa ingresó a la Legislatura bonaerense el 25 de noviembre de 2025 y fue aprobada apenas 24 horas después, en el marco del tratamiento general del presupuesto provincial, sin un debate específico sobre sus implicancias ambientales. Gabriel Videla, integrante del colectivo, dimensionó la magnitud del recorte: "equivale a recortar todo el bosque de Palermo más otras 120 hectáreas", en referencia a que el Parque Tres de Febrero porteño tiene 370 hectáreas. Para Videla, el artículo "ignora la función del humedal porque preserva únicamente el espejo de agua y recorta el régimen de preservación", lo que en los hechos "achica el espacio para proyectos inmobiliarios".

Un humedal con funciones concretas
Antes de la reforma, la superficie protegida de la reserva alcanzaba unas 1.400 hectáreas, con nueve ambientes distintos: pastizales pampeanos, la zona lagunar, pantanos, talares y bosque nativo y exótico. Juan Correa, también del colectivo ambiental, remarcó su valor para la biodiversidad: el Club de Observadores de Aves de Esteban Echeverría "registró alrededor de 230 especies, el 80% de las que hay en la provincia". Más allá de la fauna, la laguna cumple un rol hídrico concreto como valle de inundación que regula los excesos hídricos de toda la región, y climático, al mitigar las islas de calor urbanas: según Videla, "en el sudeste del AMBA la laguna mitiga la temperatura", mientras que en la Capital Federal la masa de cemento eleva la sensación térmica hasta cinco grados, un efecto que además reduce la demanda eléctrica sobre la red en los días de mayor calor.

Un conflicto con antecedentes y sin respuesta oficial
No es la primera vez que la reserva enfrenta un intento de reducción: en 2013, otra ley le había quitado 64 hectáreas para ceder terrenos a los clubes Racing y Boca, que planeaban construir polideportivos sobre el humedal, cesión que la Suprema Corte bonaerense invalidó en 2015 por violar el principio de no regresión ambiental. Walter Martello, exdiputado provincial autor de la ley que creó la reserva y actual Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia, cuestionó ahora la nueva reforma: "hace doce años fui autor del proyecto que dio origen a la Reserva", recordó, y afirmó que hoy rechaza este intento de modificar sus límites. Pese a los reclamos del colectivo y las consultas de la prensa, ni el Ministerio de Ambiente bonaerense ni el municipio de Esteban Echeverría respondieron sobre las medidas previstas frente a la situación. A la falta de respuesta institucional se suma la ausencia de un plan de manejo efectivo por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y de guardaparques permanentes en el área, según denunciaron desde el colectivo, mientras la reserva continúa afectada además por incendios de pastizales, caza de aves y una creciente presión habitacional en sus bordes.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Agencia Tierra Viva, Portal EconomíaSustentable, iProfesional

Cerró el basural a cielo abierto más grande del país: "Podemos abrir las ventanas sin sentir el olor"

El predio de Luján que durante más de 50 años funcionó como el mayor basural a cielo abierto de la Argentina dejó de recibir residuos el 1° de julio; los vecinos ya perciben el cambio, aunque el saneamiento completo y la obra de reemplazo siguen sin terminar.

Durante más de medio siglo, el destino de los residuos de Luján representó la postal más compleja e incómoda de la ciudad: un predio de 13,8 hectáreas ubicado en el área periurbana, cerca de la ruta provincial 192 camino a Open Door, que se convirtió en el basural a cielo abierto más grande del país. Conocido como "La Quema", el lugar comenzó a llenarse desde la década del setenta y llegó a recibir hasta 120 toneladas diarias de residuos sin ningún tipo de tratamiento, con quemas frecuentes, humo, malos olores y líquidos contaminantes que en algunos sectores generaron acumulaciones de hasta 30 metros de profundidad. El 1° de julio de este año, la municipalidad clausuró definitivamente el predio.

Un cambio que ya se nota
Desde entonces, los residuos domiciliarios de Luján -unas 97,8 toneladas diarias- se trasladan al Ceamse, a un costo mensual de 80 millones de pesos para el municipio, equivalente a casi la mitad de lo recaudado por la Tasa por Servicios Generales. Casi dos tercios del predio, unas nueve hectáreas, ya fueron intervenidos y comenzó a crecer vegetación sobre las superficies cubiertas. Pedro Vargas, director de Residuos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Luján, remarcó que "el basural ha sido un flagelo socio ambiental durante más de 50 años" y calificó su cierre como un logro de toda la comunidad.
Sergio Almada, vecino del barrio San Pedro y presidente de la sociedad de fomento local, fue una de las voces históricas en el reclamo por la erradicación del basural. Según su testimonio, el cambio ya se percibe en el día a día: "podemos abrir las ventanas sin sentir el olor y el humo" con los que convivieron durante décadas. El impacto en la salud también empieza a notarse: "muchos pudieron desprenderse por primera vez del tubo de oxígeno", contó, en referencia a los vecinos con afecciones respiratorias crónicas generadas por la exposición prolongada a la contaminación.

Lo que todavía falta
El cierre no significa que el pasivo ambiental haya desaparecido. Queda una zona de unas tres hectáreas, conocida como "zona de sacrificio", donde la basura sigue expuesta y que fue la última en dejar de recibir residuos. Debajo de las áreas ya cubiertas persisten décadas de desechos depositados sin tratamiento, con conexión de escurrimiento hacia el arroyo El Haras, tributario del río Luján. El próximo paso es completar el llamado cierre técnico: cubrir y compactar el material expuesto y aplicar un sistema de cobertura con tierra que aísle los residuos de forma definitiva, un proceso que además requiere controles ambientales a largo plazo.

Una obra pendiente desde 2023
El cierre del basural estaba pensado como el primer paso de un proyecto más ambicioso: el Centro Ambiental "Laudato Sí", financiado con un préstamo de 18 millones de dólares tramitado por la Nación ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que debía incluir plantas de tratamiento para reciclables, escombros y neumáticos, además de un relleno sanitario propio para Luján. Las obras, que llegaron a un avance significativo, quedaron paralizadas en 2023 tras un amparo ambiental presentado por una asociación civil, un grupo de vecinos y la propietaria de un campo lindante, que cuestionó aspectos técnicos y el eventual impacto sobre la actividad frutihortícola de la zona. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en abril de 2025 a favor de retomar los trabajos, pero un año y medio después continúan sin reanudarse por falta de ejecución del financiamiento.
En paralelo, la actividad de más de 200 recicladores informales que dependían del basural se fue reorganizando en torno al Centro de Reciclaje Municipal Manuel Belgrano, inaugurado a fines de 2025, donde hoy trabajan más de 30 personas de forma regularizada procesando distintos materiales recuperables de la ciudad.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: La Nación, Perfil, Defensoría del Pueblo de la Nación

Buenos Aires creó un registro para ordenar el uso de tierras públicas en las islas del Delta

El Gobierno bonaerense reglamentó un nuevo régimen de permisos para administrar los inmuebles de dominio público ubicados en las islas del litoral fluvial y marítimo de la provincia, y creó un registro centralizado para ordenar su ocupación y fortalecer el control estatal.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo marco regulatorio para administrar los inmuebles de dominio público ubicados en las islas bonaerenses y en la Isla Martín García. La medida busca ordenar la ocupación de estos espacios, mejorar el control estatal y centralizar la información relacionada con los permisos de uso y tenencia que hoy se encuentra dispersa entre distintos organismos provinciales.
La iniciativa se formalizó mediante el Decreto N° 1517, promulgado el 9 de septiembre y publicado una semana después en el Boletín Oficial provincial, firmado por el gobernador Axel Kicillof. La norma reglamenta el artículo 37 bis del Decreto-Ley N° 9.533/80 y fija las condiciones mínimas para otorgar permisos de uso y tenencia precaria, tanto gratuitos como onerosos, sobre inmuebles públicos localizados en las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense y en la Isla Martín García. Según sus considerandos, el objetivo es regularizar situaciones de ocupación de hecho sin desafectar los inmuebles del dominio público provincial, además de establecer criterios uniformes para su administración.

Un registro para centralizar la información
Uno de los principales cambios que introduce la norma es la creación del Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno provincial. Ese organismo tendrá la función de registrar, gestionar y centralizar toda la información vinculada con la ocupación y utilización de los bienes de dominio público ubicados en territorios insulares, en coordinación con el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público, dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de mantener una base de datos unificada y actualizada.
La norma también designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, que quedará facultada para dictar reglamentaciones complementarias, supervisar los procedimientos administrativos e intervenir en los trámites relacionados con mensuras, subdivisiones y regularización de inmuebles ubicados en las islas bonaerenses.

Qué cambia para municipios y ocupantes
El decreto establece que los municipios bonaerenses podrán recibir permisos de uso y tenencia precaria sobre estos inmuebles públicos, y que, de forma excepcional, podrán otorgar subpermisos a terceros siempre que cuenten con autorización previa de la autoridad provincial competente. Además, todos los permisos ya otorgados, así como los expedientes que se encuentren en trámite, deberán adecuarse a las nuevas disposiciones de la reglamentación.
La medida deroga el Decreto N° 942/20, que había creado en 2020 el Registro de Bienes de Dominio Público del Delta. Toda la información contenida en ese sistema anterior será incorporada al nuevo registro provincial, concentrando en una sola estructura los datos sobre los bienes estatales ubicados en las islas. Para completar el relevamiento, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad deberán suministrar la información catastral y registral necesaria.

El fundamento jurídico de la medida
Entre los fundamentos de la norma se cita el Código Civil y Comercial de la Nación, que considera de dominio público a las islas formadas en ríos, lagos y lagunas navegables, y establece que esos bienes son inenajenables, inembargables e imprescriptibles, por lo que no pueden ser vendidos ni adquiridos por prescripción. Desde el Gobierno bonaerense sostienen que esta herramienta permitirá fortalecer la planificación territorial, mejorar la administración de los bienes públicos insulares y garantizar una gestión más transparente de estos espacios, considerados estratégicos tanto por su ubicación geográfica como por su valor ambiental.
La medida fue refrendada por los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Pablo López (Economía) y Daniela Vilar (Ambiente), y representa un nuevo paso en la estrategia provincial para regular el uso de las tierras públicas en las islas del Delta y ordenar la gestión de la Isla Martín García y otros territorios insulares bajo jurisdicción provincial.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires 
Fuentes originales consultadas: Portal NoticiasAmbientales, El Día de La Plata, Portal ElEco
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Ambientalistas advierten sobre el impacto de las urbanizaciones sin control sobre las áreas protegidas del sistema de Tandilia


Informes sobre ordenamiento territorial y ecología de la conservación analizan el impacto de la fragmentación del hábitat en el sistema orográfico bonaerense.

Un análisis técnico enfocado en la gestión ambiental de la provincia de Buenos Aires expone las crecientes tensiones entre el crecimiento urbano y la preservación de los ecosistemas montañosos en la localidad de Tandil. Organizaciones vecinales y especialistas en biología de la conservación advierten que la expansión de emprendimientos urbanísticos sobre el cordón de Tandilia contraviene las normativas de protección de las sierras. Esta fragmentación de la cubierta vegetal y la alteración de la topografía natural no solo provocan la pérdida irreversible de la biodiversidad propia del pastizal pampeano, sino que modifican los patrones de escurrimiento superficial, incrementando los riesgos de erosión, desprendimientos y alteración de las zonas de recarga del acuífero local.

Degradación ecofisiológica y alteración de servicios ecosistémicos
El sistema de Tandilia constituye uno de los macizos rocosos más antiguos del planeta y actúa como un refugio biogeográfico para especies endémicas de flora y fauna. La conversión de la cubierta vegetal nativa en zonas urbanizadas implica el decapado del horizonte orgánico del suelo y la compactación edáfica por el uso de maquinaria pesada. Este proceso destruye la capacidad del suelo para actuar como esponja natural, reduciendo la tasa de infiltración hídrica y acelerando la escorrentía directa hacia la cuenca baja del arroyo del Fuerte. Asimismo, la introducción de flora exótica ornamental genera la invasión de especies leñosas que desplazan a la vegetación autóctona, alterando la dinámica de recarga de los mantos freáticos y reduciendo la resiliencia del ecosistema ante incendios de interfaz.
Para desglosar los factores ecológicos y geomorfológicos críticos que condicionan el equilibrio del cordón serrano, se destacan los siguientes puntos:
- Pérdida de conectividad biológica: La construcción de infraestructura vial y edilicia fragmenta los corredores de fauna nativa.
- Erosión hídrica y modificación de la cuenca: La impermeabilización del suelo serrano incrementa el volumen y la velocidad del drenaje pluvial.
- Degradación del patrimonio geológico: La alteración física de las laderas afecta reservorios de biodiversidad únicos del bioma pampeano.

Marco regulatorio e instrumentos de ordenamiento ambiental
Los informes de evaluación elaborados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y diversas universidades públicas de la provincia destacan la urgencia de aplicar efectivamente la Ley de Paisaje Protegido (Ley Provincial N.º 14.126) y la Planificación del Uso del Suelo. Los estudios de los organismos científicos ratifican que las sierras brindan servicios ecosistémicos fundamentales para la regulación climática y la provisión de agua dulce a escala regional. La omisión de las evaluaciones de impacto ambiental acumulativo en las autorizaciones municipales compromete la viabilidad de las áreas naturales protegidas y transgrede el principio de no regresión ambiental en el derecho normativo argentino.

Gobernanza del territorio y conservación del patrimonio natural
Superar la crisis de fragmentación ambiental en las sierras de Tandil requiere un plan integral de ordenamiento urbano que priorice la sostenibilidad del paisaje sobre los intereses especulativos. Resulta indispensable fortalecer la participación ciudadana en los comités de gestión ambiental, asegurando que las delimitaciones de las zonas de conservación sean estrictamente respetadas para resguardar la funcionalidad hidrológica y la biodiversidad del sistema serrano.


Fecha de Publicación: 15/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Agencia Télam, Infobae, La Nación, El Eco de Tandil, CONICET, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
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Denuncian nuevas usurpaciones, quemas e incendios ilegales en la reserva natural de la Isla Santiago


Vecinos y organizaciones ambientalistas de Ensenada alertan sobre el avance no controlado de ocupaciones irregulares, tala de especies nativas y fuegos intencionales en un ecosistema clave de la ribera platense.

Una grave situación socioambiental reaviva la alarma en la región capital de la provincia de Buenos Aires tras la denuncia formal por nuevas ocupaciones ilegales, talas no autorizadas y quemas intencionales dentro del territorio protegido de la Isla Santiago, en el municipio de Ensenada. Según reportes difundidos por medios regionales como Infocielo y agencias de noticias bonaerenses, agrupaciones ambientalistas, pobladores históricos de la isla y sectores comunitarios han documentado el avance de movimientos de suelo y el desmonte sistemático del sotobosque ribereño. Estas acciones buscan lotear de forma clandestina parcelas de tierras fiscales e intangibles del área de humedal para la construcción de edificaciones precarias, afectando directa e irreversiblemente la flora autóctona y el hábitat de fauna nativa del delta del Río de la Plata.

Pérdida de monte blanco y alteración del humedal ribereño
La Isla Santiago conforma, junto a la vecina Isla Paulino, un sector prioritario de conservación del monte ribereño o "monte blanco", un ecosistema neotropical de altísimo valor biológico que constituye el límite austral de distribución de múltiples especies de plantas y animales tropicales en América del Sur. La tala clandestina mediante motosierras y la aplicación deliberada de fuego para "limpiar" el terreno eliminan relictos leñosos de ceibos, sarandíes, sauce criollo y matorrales continentales que tardan décadas en regenerarse. Asimismo, el rellenado irregular de albardones y arroyos interiores rompe la dinámica natural de las mareas del Río de la Plata, anulando la función esencial del humedal como esponja amortiguadora frente a las sudestadas e inundaciones que frecuentemente afectan a las poblaciones de la zona.
Para desglosar los ejes centrales de la denuncia vecinal y los riesgos ambientales identificados en el territorio insular de Ensenada, se destacan los siguientes puntos:
- Tala ilegal de monte autóctono: Corte no autorizado de especies vegetales autóctonas protegidas por la Ley de Bosques Nativos de la Provincia de Buenos Aires.
- Producido intencional de incendios: Uso deliberado de quema de biomasa para facilitar el asentamiento irregular, aumentando el riesgo de incendios forestales incontrolados.
- Omisión de fiscalización e inacción municipal: Exigencia comunitaria a las autoridades de Ensenada y al gobierno provincial para que ejerzan el poder de policía y frenen el avance de construcciones clandestinas.

Exigencia de intervención judicial y delimitación de la reserva
Frente a la recurrencia de estos delitos ambientales, organizaciones de la sociedad civil han solicitado la intervención urgente del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y del fuero judicial para frenar las obras ilegales y disponer la restitución del estado natural del predio afectado. Entre los reclamos centrales se destaca la necesidad de concretar una demarcación física precisa de la zona de reserva, fortalecer las patrullas de control ambiental fluvial y poner en marcha un plan de remediación mediante la reforestación de especies nativas en los parches desforestados. Residentes rústicos de la isla remarcan que la inacción estatal promueve la especulación inmobiliaria informal sobre tierras públicas destinadas a la conservación del patrimonio natural.

Proteger el cordón biológico del Río de la Plata
El monte ribereño de la Isla Santiago cumple un rol indispensable en la regulación climática regional, la purificación del agua y el resguardo de la biodiversidad ante el crecimiento de la huella urbana del Gran La Plata. Detener las usurpaciones y el desmonte clandestino constituye una urgencia ética y legal para garantizar la integridad ecológica de los humedales del estuario. La preservación de estos espacios naturales resulta vital para asegurar la calidad de vida, el equilibrio hídrico y la adaptación al cambio climático de las comunidades costeras bonaerenses.


Fecha de Publicación: 09/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Infocielo, Agencia Télam, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires
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Organizaciones vecinales y científicos alertan sobre las consecuencias ecológicas de la obra civil en la ribera rioplatense


La emblemática obra de defensa costera en la ribera del Río de la Plata se encuentra bajo la lupa de especialistas y habitantes locales, quienes exigen estudios de impacto ambiental urgentes ante alteraciones en el ecosistema costero y la hidrodinámica de la región.

La construcción del nuevo murallón de defensa costera en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, ha dejado de ser interpretada exclusivamente como una obra de infraestructura clave para la conectividad y la seguridad vial, para transformarse en un foco de intensa preocupación político-ambiental. Diversas organizaciones de la sociedad civil, asambleas vecinales de la región del Gran La Plata y científicos de universidades públicas de la zona han unificado sus reclamos para exigir al gobierno de la provincia de Buenos Aires la realización de una evaluación de impacto ambiental integral, exhaustiva y participativa. Los denunciantes sostienen que la megadefensa de hormigón, concebida originalmente para frenar las recurrentes sudestadas y proteger el trazado de la estratégica avenida Almirante Brown, se construyó omitiendo lineamientos ecológicos básicos, lo que está provocando severas modificaciones en la dinámica natural del estuario del Río de la Plata y poniendo en riesgo áreas de humedales y pastizales costeros de altísimo valor biológico.

Alteraciones en la dinámica hidrológica y la erosión de la costa
El principal argumento técnico esgrimido por los geólogos y especialistas en manejo costero radica en que la instalación de una barrera rígida y lineal de hormigón altera por completo el comportamiento de las mareas y el flujo de los sedimentos fluviales. En lugar de amortiguar la energía de las olas de forma gradual —como lo hacían las playas de juncales y arenas naturales originarias—, el murallón provoca un efecto de rebote de la masa de agua. Esta redirección de la fuerza hidráulica acelera los procesos de erosión en las áreas adyacentes que no cuentan con protección artificial, destruyendo los pocos sectores de playa pública remanentes y modificando los patrones de drenaje de los canales locales, lo que podría, paradójicamente, agravar las inundaciones en los barrios periféricos durante episodios de lluvias intensas o sudestadas prolongadas al taponar las salidas naturales de escurrimiento.
Para comprender a fondo la matriz de riesgos ambientales que genera este desarrollo de infraestructura en la ribera bonaerense, se sugieren desglosar los impactos en los siguientes puntos críticos:
- Pérdida de biodiversidad rioplatense: La eliminación de la vegetación hidrófila marginal (como juncales y espinillos) destruye el hábitat de nidificación, alimentación y refugio de decenas de especies de aves migratorias, anfíbios y mamíferos nativos de la costa.
- Fragmentación del ecosistema de humedal: El muro de hormigón actúa como una barrera física infranqueable que interrumpe la transición natural entre el medio acuático y el terrestre, impidiendo el intercambio biológico y genético de las especies locales.
- Degradación de los servicios ecosistémicos de la ribera: Al eliminarse la flora costera, la región pierde su capacidad natural para filtrar y depurar los contaminantes del agua, regular el microclima local y mitigar el avance de especies exóticas invasoras.

El reclamo de la comunidad y la demanda de transparencia institucional
El descontento de la comunidad local y de los colectivos conservacionistas también hace eje en la falta de transparencia y en la debilidad de los procesos de participación ciudadana durante las etapas de planificación y ejecución de la obra. Las asambleas socioambientales denuncian que la construcción del murallón avanzó a paso firme sin la presentación pública de un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y sin la convocatoria a las audiencias públicas que exige la legislación ambiental vigente en la República Argentina. Los vecinos movilizados enfatizan que no se oponen al desarrollo urbano ni a la seguridad de la conectividad vial de Punta Lara, sino que exigen que las intervenciones estatales incorporen criterios de ingeniería ecológica moderna y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), en lugar de aplicar recetas rígidas de cemento que destruyen la identidad natural y el patrimonio paisajístico de la localidad.

El desafío de conciliar el desarrollo urbano con la conservación del estuario
Este conflicto en la costa de Ensenada expone una problemática recurrente en los municipios que limitan con el Río de la Plata: la dificultad de planificar el crecimiento de las infraestructuras urbanas y turísticas respetando la fragilidad de los ecosistemas fluviales. Investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) insisten en que los humedales costeros y las selvas en galería de la región de Punta Lara —que actúan como zonas de amortiguación ecológica inmediatas a la Reserva Natural Integral Punta Lara— son recursos estratégicos e insustituibles frente a los escenarios proyectados de cambio climático, que prevén un aumento en la frecuencia y la severidad de las tormentas sudestadas. Continuar encorsetando la costa con defensas artificiales sin evaluar los impactos acumulativos a largo plazo representa un error de planificación territorial que trasladará pasivos ambientales y económicos severos a las futuras generaciones de la región costera.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Diario El Día de La Plata, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Foro Ambiental de la Región Capital
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Pese a las promesas de cierre, la última central a carbón de la Argentina sigue activa y preocupa a los vecinos

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa AES y su filial argentina prometieron abandonar el carbón, pero su termoeléctrica de San Nicolás de los Arroyos aún funciona; el impacto ambiental y sanitario, y los argumentos de la compañía
La Central Térmica de San Nicolás de los Arroyos sobrevivió a la hegemonía del petróleo, al auge del gas natural y, ahora, al avance de la transición energética. Es hoy la única central eléctrica en el país que funciona con carbón, el combustible fósil más contaminante de todos. Y, pese a anuncios empresariales que apuntaban a su reconversión, al conflicto con vecinos y a una causa judicial en curso, la empresa que la opera sigue sin tomar una decisión definitiva sobre su cierre.
Habitantes de la zona reclaman la reconversión o, al menos, la mitigación y control de los contaminantes de la central, como ocurrió con otras plantas cercanas. “Sopla viento del norte y el olor se hace más intenso. Puede durar horas y hasta días. Nos afecta todo el tiempo”, contó Gabriel Godoy, que vive a menos de dos kilómetros de la central y del polo industrial.
Desde AES Argentina Generación SA, la empresa que hoy opera la central térmica, reiteraron a LA NACION su compromiso con la descarbonización. “La intención sigue firme”, aseguraron. “AES trabaja en planes para progresivamente eliminar el carbón de su matriz de generación. Durante los más de 30 años de operación, hemos mantenido una relación cercana con la comunidad, con la que activamente cooperamos”, agregaron. Tanto la filial argentina como su casa matriz habían anunciado públicamente que avanzarían en la transición energética para contribuir con su responsabilidad global y local.
En 2023, como parte del Carbon Disclosure Project, The AES Corporation afirmó que avanzaría hacia cero emisiones netas para 2050 y que eliminaría por completo el carbón de su cartera para 2025 mediante cierres, ventas o reconversiones, mientras expandía sus inversiones en energías renovables. Para impulsar esa meta, la empresa implementó incentivos de desempeño para sus ejecutivos a nivel global.
Este compromiso coincidía con el giro de la política energética de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, representado en el Inflation Reduction Act, el conjunto más grande de políticas ambientales de la historia de ese país, que promovió el mayor paquete de descarbonización. Actualmente, su página de internet muestra que la empresa basa el 54% de su producción en renovables, un 29% en gas y un 15% en carbón. En Chile y República Dominicana vendió tres termoeléctricas a carbón.
Sin embargo, esos compromisos dejaron de aparecer con la misma claridad. En los documentos enviados a accionistas para las asambleas anuales de 2024 y 2025, The AES Corporation destacaba su “estrategia de transición energética para abandonar la generación a base de carbón”. Esa definición desapareció en 2026, aunque la empresa mantuvo referencias a trabajar para reorientar la cartera “hacia fuentes de generación con menores emisiones de carbono”. El cambio no es menor: se trata de documentos sensibles para compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.
El vencimiento del plazo para abandonar el carbón coincidió con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el recorte de fondos verdes internacionales y un giro de la política ambiental estadounidense hacia los combustibles fósiles bajo el gobierno de Donald Trump. En ese contexto, AES Global avanza además en su venta a un consorcio liderado por BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, lo que también deja en suspenso cuál sería la dirección si el cambio de dueños se consolida.
En la Argentina, AES también prometió avanzar hacia la salida del carbón. En 2023, el CEO local, Martín Genesio, anunció la reconversión de la central de San Nicolás y afirmó que trabajaban con el Gobierno para evitar el impacto sobre sus 550 empleados. Aunque la empresa redujo de forma significativa el consumo de carbón, la planta continúa operativa y el retiro definitivo permanece en suspenso. Así lo revela esta investigación de LA NACION realizada en el marco de Las Ruinas del Carbón, un proyecto regional liderado por Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre la salida de la energía a carbón en América Latina.
Instalada sobre el río Paraná en la década de 1950 como parte del segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, la planta fue privatizada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem y hoy pertenece a AES Argentina. Aunque aporta solo el 5,7% de la generación eléctrica local, la compañía es un jugador global. La anunciada eliminación del carbón para 2025 significa solo el recambio de una de las cinco usinas de la planta, ya que el resto funciona a diésel.
La falta de cumplimiento de AES coincidió con un giro de la política climática argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Aunque el país no abandonó el Acuerdo de París, degradó el Ministerio de Ambiente a subsecretaría y decidió no presentar la nueva Contribución Nacional Determinada, el plan con el que los países actualizan sus metas de reducción de emisiones cada cinco años.
Algunos analistas consultados apuntaron a que la dilución de los compromisos gubernamentales puede abrir un margen para que las empresas que lo decidan sigan los mismos pasos. “Cuando los presidentes niegan el cambio climático, validan cualquier flexibilización por parte de las empresas para cumplir con sus objetivos”, opinó Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, desde AES Argentina rechazan esa interpretación y sostienen que el consumo de carbón cae de forma sostenida desde 2023. Para ellos, no cerrar se vincula con cuestiones contractuales y de servicio. “El mercado y la demanda de energía son dinámicas y nuestro rol como compañía es brindar soluciones para satisfacer las necesidades energéticas del país. Si bien en un momento se habló de fechas concretas, el proceso de descarbonización responsable está sujeto a la seguridad y suficiencia del sistema eléctrico. La planta de San Nicolás sigue desempeñando un rol importante para asegurar la confiabilidad y resiliencia del sistema”, señalaron.
Para Slipak es necesario dar señales claras que apunten a una descarbonización: “Mientras no haya un plan en el que la empresa se haga cargo de la sustitución de los combustibles por otras fuentes, con la correspondiente consideración del empleo, no es transición energética, sino una adhesión energética”. Por adhesión, el experto se refirió a una diversificación de fuentes más que a un abandono.
Pese a haber reducido más de un 50% su consumo desde 2021, la central sigue siendo la segunda mayor importadora de carbón mineral de la Argentina, al menos hasta inicios del año, según datos obtenidos por LA NACION vía pedidos de acceso a la información pública y registros de UN Comtrade, el registro de comercio mundial que coordina Naciones Unidas.
AES Argentina invirtió, en los últimos años, en grandes hidroeléctricas y también en parques eólicos y proyectos de almacenamiento de energía. De acuerdo con su último reporte de sustentabilidad, de las diez plantas que tienen en el país, solo tres utilizan combustibles fósiles. Poco más de la mitad de la potencia instalada de la empresa sigue siendo fósil, en su mayoría funciona a partir de gas o diésel.
Hay un dilema en cuanto a la expansión de renovables en el país, ya que falta infraestructura clave para el transporte y la transmisión de esa energía. Durante la administración de Alberto Fernández esto había sido un compromiso a cumplir, algo que fue descartado con la llegada de Milei. En ninguna de las dos administraciones hubo políticas públicas concretas que incentivaran la salida del carbón en coordinación con el Estado.
Esa ausencia también queda registrada en documentos oficiales. Según otro pedido de acceso a la información dirigido a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y a la Secretaría de Energía, no existen “actos administrativos, planes de metas, acuerdos o cronogramas” que formalicen el retiro de la central ni su transición energética.
Mientras tanto, el carbón sigue llegando. El último dato disponible muestra que en enero de este año se importaron más de 40.000 toneladas. En el caso de AES, provienen principalmente de Colombia y de minas operadas por Drummond, una empresa basada en Estados Unidos y una de las mayores controlantes de la producción de carbón en ese país.
La discusión en San Nicolás no se agota en los compromisos corporativos. La central es investigada hoy en una causa por contaminación, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de esa ciudad, por los riesgos que su operación podría representar para la salud y el ambiente.

Los contaminantes de la planta
Según el mapa de la organización internacional Climate Trace, la central térmica de AES Argentina redujo sus emisiones de casi cinco megatoneladas de CO2 equivalente en 2021 a poco más de tres en 2025. Es todavía una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero de San Nicolás. Además de dióxido de carbono, el registro incluye emisiones de monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, carbón negro y otras partículas que podrían contener metales pesados como mercurio y plomo.
Natalia Magnani, investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, explicó que la exposición prolongada a estas sustancias puede derivar en enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. “Estos contaminantes pueden afectar los tejidos directamente, pero también combinarse con el agua”, señaló. El riesgo, precisó, no proviene solo de los gases, sino también de las partículas suspendidas liberadas tras la combustión del carbón.
“Cuanto más pequeñas, más peligrosas. Quedan suspendidas en el aire por más tiempo y penetran más profundamente en los tejidos”, explicó Magnani sobre las partículas derivadas de la combustión. Según detalló, ingresan al cuerpo principalmente por la nariz, la boca y los ojos, aunque también pueden atravesar la piel y acumularse en distintos órganos. “En nuestras investigaciones vimos que se concentran especialmente en el corazón y el cerebro, aunque también en otros órganos, lo que podría estar vinculado a distintos tipos de cáncer”, agregó.
AES Argentina aseguró que su sistema integrado de gestión “está en funcionamiento desde hace más de 15 años” y que registra series históricas sobre seguridad, salud laboral y medio ambiente. En sus reportes de sustentabilidad, la empresa sostiene que mantiene valores por debajo de los límites normados para distintos componentes derivados de la combustión. Aun así, vecinos de barrios cercanos continúan denunciando enfermedades y otros padecimientos vinculados al polo industrial.
Desde hace años, habitantes de San Nicolás sostienen que el polo industrial podría estar asociado a problemas crónicos de salud en la zona, desde casos de EPOC, asma y dermatitis hasta muertes por cáncer. Entre los antecedentes mencionados con mayor frecuencia aparece la explosión ocurrida en 2024 en Atanor, que liberó componentes nocivos sobre barrios cercanos.
“Me acuerdo que, al poco tiempo de mudarnos acá, se me declaró el asma. Tenía 7 años”, contó Iván Nappsomoza, de 34 años, vecino del barrio Saavedra, ubicado a menos de dos kilómetros de la planta. Tras la muerte de sus padres por cáncer, él y su madre iniciaron una demanda contra AES Argentina por daño ambiental colectivo. Según relató, su madre padecía carcinoma endometrial mixto, una enfermedad que sus oncólogos asociaron con la contaminación del barrio. Iván asegura sufrir asma severa y dermatitis crónica.
En una recorrida de LA NACION por la zona cercana al polo industrial predominaba un intenso olor metálico y sulfurado. Siete vecinos afirmaron que la exposición a químicos es permanente y describieron síntomas similares: problemas respiratorios, dermatitis y casos de cáncer en familiares y allegados. Fue la oncóloga de la madre de Iván quien le recomendó a Fabián Maggi, abogado especializado en causas de contaminación ambiental en ese polo industrial.
Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y querellante en la causa contra AES Argentina, remarcó la opacidad en el control ambiental sobre las empresas instaladas allí y apuntó al entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), hoy Ministerio de Ambiente, a la Autoridad del Agua bonaerense y a las estadísticas de salud.
Según el Ministerio de Salud bonaerense, los datos disponibles no muestran más casos asociados a la contaminación ambiental en San Nicolás que en otros lugares. Sin embargo, varios testimonios recopilados señalaron que fueron atendidos en hospitales de otras provincias o de la ciudad de Buenos Aires, porque a nivel local los tratamientos resultaron insatisfactorios.
“Fue después de la demanda que pudimos obtener datos de emisiones de AES. No había nada público y tampoco tenían medidores. A pesar de las múltiples sanciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los controles ambientales de la provincia son muy laxos”, sostuvo Maggi.
Pero desde la empresa niegan que los argumentos de Maggi sean verosímiles. “En relación a la causa judicial, no se demostró la validez de los alegatos. Hemos respondido en tiempo y forma a los compromisos asumidos, los cuales son superiores a los estándares ambientales exigidos por la normativa vigente”, indicaron. En los dos informes de sustentabilidad publicados por la empresa se muestran valores normales de estos químicos.
El Ministerio de Ambiente bonaerense aseguró que monitorea el Polo de San Nicolás y que su laboratorio móvil puede evaluar la calidad del aire ante denuncias. Sin embargo, no respondió sobre los cuestionamientos planteados en la causa.
Por su parte, AES Argentina se comprometió desde fines de 2024 a realizar controles semestrales en el marco de la demanda judicial. Pero el abogado Maggi denunció ante la Justicia que la empresa no habría cumplido “adecuadamente” con la presentación de información sobre el monitoreo del agua y el aire.
Consultada, la jueza María Eugenia Sormani respondió que no daría declaraciones sobre causas en curso. La investigación judicial avanza lentamente, pero la chimenea de la planta no espera, continúa activa sobre barrios que todavía reclaman respuestas.
Flavia Royón, quien fue secretaria de Energía en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y hoy es senadora, sintetizó: “AES planteaba ir bajando su huella de carbono e ir retirándose, pero eso no fue más que una charla”. No hubo una hoja de ruta pactada y la interlocución abierta para evitar despidos se fue diluyendo.
Esa preocupación sigue presente. En diciembre de 2025, Genesio reconoció la inquietud por el empleo y afirmó que no habría despidos al menos hasta diciembre de 2026 en un evento de fin de año que compartió con el secretario del sindicato de Luz y Fuerza, seccional San Nicolás, Alberto Noguera. 
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