Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés. 
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta. 
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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Polémica ambientalista en Hudson por la construcción de un barrio privado

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas mostraron su preocupación por el desarrollo del emprendimiento inmobiliario Ayres de Hudson, un barrio privado que avanza en una zona de Hudson, en el partido de Berazategui, a pocos metros de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola.
El proyecto, impulsado por la empresa Fiducia Urbana S.A. —parte del Grupo Klover—, contempla la construcción de 134 viviendas sobre un terreno de 13 hectáreas ubicadas al oeste de las vías del tren. Según explican los ambientalistas de la zona, para habilitar el loteo, el municipio “vendió 182 metros de la calle Lisandro de la Torre a precio fiscal”, eso decir, por debajo del valor comercial.
“Esto benefició directamente al desarrollador y representó una pérdida para el patrimonio público”, denunció Ernesto Salgado, referente del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. “El municipio, además, se negó a entregar información sobre el proyecto, lo que nos obligó a judicializar el caso. La Cámara de Apelaciones nos dio la razón y ordenó que se garantice el acceso a la documentación”, agregó.
Desde el Foro y otras organizaciones sociales y ambientales sostienen que el área intervenida debería ser considerada parte de la zona de amortiguación de la Reserva, tal como recomendó la UNESCO. “Los árboles que están siendo talados son idénticos a los que se preservan dentro del perímetro formal de la Reserva. Son parte del mismo ecosistema”, advirtió Salgado.
Entre los puntos del proyecto que más preocupan a las organizaciones se encuentra la falta de conexión a la red de agua potable. La empresa planea extraer agua del acuífero Puelche mediante un pozo central, lo que podría afectar la sostenibilidad del recurso. En cuanto a los efluentes cloacales, el informe presentado por la empresa indica que se canalizarán hacia una planta interna que los derivará a la red pública. Sin embargo, según Salgado, esta red ya presenta graves deficiencias y podría colapsar ante la sobrecarga.
Otra preocupación clave es el destino de las aguas pluviales. El proyecto prevé su descarga en el arroyo Baldovinos, que atraviesa sectores de la Reserva. “No se trata solo de agua de lluvia: arrastran contaminantes domésticos como detergentes, aceites y otros residuos”, explicaron desde la Asamblea de la Reserva.
El Foro cuestiona el emprendimiento por su proximidad a un área natural de valor estratégico para toda la región. Y explican “Ademas los pluviales terminarían en el arroyo Baldovinos, que corre por detrás del barrio en una parte y en otra por el borde. Los pluviales como se saben son contaminantes porque la gente arroja jabón, aceite, entre otros elementos”.
Por ahora, llaman a actuar con urgencia para evitar una degradación ambiental irreversible, pero no descartan tomar otras medidas.
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Mal olor y alumnos descompuestos: polémica por una planta de residuos al lado de una escuela de Quilmes 

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Estalló en las últimas horas la polémica en Quilmes por una planta de tratamiento de residuos administrada por la municipalidad y que fue denunciada públicamente por alumnos de una reconocida escuela técnica de la zona que aseguraron haberse descompuesto producto de los olores y gases generados en la planta. Los vecinos del área ribereña se quejan también por la contaminación generada por el predio Ecoparque, el nombre con que la gestión de Mayra Mendoza bautizó al predio.
La cuestión salió a flote por la denuncia de los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº7 "Taller Regional Quilmes", más conocida en esa ciudad como IMPA, realizaron en las últimas horas: reiteradas descomposturas sufridas por varios de ellos, resultado de los olores y los gases emanados del "Ecoparque". Así es como se conoce al predio de 15 hectáreas en el que funciona una planta de tratamiento de residuos de la municipalidad.
"El basural se encuentra a 100 metros de donde está el comedor de mil alumnos", se quejó Mario, el padre de un alumno de la IMPA, institución dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, que la inauguró en 1957. Otros padres se quejaron porque varios alumnos tuvieron que ser retirados de la escuela por mareos y náuseas generados por los olores nauseabundos que emanan las cuantiosas toneladas de residuos que se procesan en la planta.
Gisela, otra madre, sumó su queja. "Nos enteramos por un grupo de padres y madres, donde una de las madres dijo que iría a retirar a su hijo porque se sentía mal por los fuertes olores", sostuvo en un informe de "Telenoche". "No le prestamos atención hasta que fueron cada vez más chicos, y cuando averiguamos acerca del Ecoparque vimos que recibiría casi 16 mil toneladas de basura domiciliaria".
Mario, padre de otro alumno, añadió: "¡A cien metros del comedor de los alumnos! Hay mil alumnos que estudian todo el año a cien metros de donde están tratando basura".
El predio Ecoparque fue inaugurado por el municipio de Quilmes bajo la gestión de Mayra Mendoza. Recibió habilitaciones parciales en distintas ocasiones, como en 2023, cuando más del 90 % de las instalaciones estaban en condiciones de comenzar a operar. Es una obra que la jefa comunal se arroga con orgullo. "Construimos el complejo Socio Ambiental EcoParque Quilmes porque nos comprometimos a lograr una ciudad más limpia y sustentable. Estos espacios no solo mejoran la gestión de residuos, sino que también generan trabajo y conciencia ambiental", dijo en marzo pasado la intendenta, que se encuentra en su segunda etapa al frente del municipio.
Juan Cabandié, exministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, arengó en 2024: "Conocé el nuevo EcoParque en Quilmes. Un Estado presente, que le mejora la vida a la gente". Su ministerio anunció el 3 de julio de 2020 la "Licitación pública nacional N°1 01/2020": "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a los licitantes a presentar una oferta para el diseño, construcción y operación de complejo socioambiental Ecoparque Quilmes, en el marco del Préstamo BID 3249/OC-AR".
La obra de diseño y construcción de la planta se llevó a cabo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por más de 456 millones de pesos y otros 1,4 millones de dólares adjudicados a una unión transitoria de empresas que se ocupó de erigir el Ecoparque. La intención del municipio quilmeño era, en principio, que la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento amainara la cantidad de basurales y microbasurales a cielo abierto que funcionaban y siguen funcionando en el partido.
"No tiene nada ni de 'eco' ni de 'parque'. Es en realidad un basural municipal instalado al lado de un colegio. Los olores nauseabundos que emanan de la transferencia de basura están perjudicando la salud de los alumnos, profesores y trabajadores de la escuela", denuncia un reel creado por la cuenta @impapadres, que además varios vecinos de la zona ribereña de Quilmes compartieron en las redes sociales. En especial los del barrio El Fortín, uno humilde que configura, con sus pocas manzanas, la última traza de la costa norte de la ciudad.
"Desde hace un mes no podemos entrar al predio por el agua acumulada desde que llovió. No podemos ni jugar ni entrenar", se quejó Ezequiel, un joven vecino, ante las cámaras por la anegación de la cancha del club El Fortín. En el informe televisivo se veía que varias calles de los alrededores acumulaban centímetros de agua. Por eso también apuntan contra la obra.
"Esta es la cuarta inundación, y esto no ocurría antes. Esto comenzó cuando se inauguró el Ecoparque, porque para construirlo elevaron el terreno cuatro metros. Esto no es agua, estos son fluidos que quedan del tratamiento de la basura", continuó.
Los padres de los alumnos de la IMPA emitieron un comunicado para notificar al ministro de Defensa, Luis Petri, de quien depende la Fuerza Aérea (de la que depende, a su vez, la escuela quilmeña), sobre la situación: "No al 'ecobasural', no a los olores nauseabundos en el aula, no a los gases tóxicos de la basura, no a las ratas invadiendo la escuela".
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Químicos advierten sobre la grave contaminación en aguas bonaerenses y exigen controles

Fecha de Publicación: 06/06/2025
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


El Consejo Profesional de Química advirtió sobre la grave contaminación del agua en la Provincia y exigió controles al Estado por los daños ambientales y sanitarios irreversibles.
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación por el alarmante estado de contaminación que presentan distintos cursos de agua en territorio bonaerense, muchos de los cuales desembocan en el Río de La Plata. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre “irreversibles daños tanto a la población como al ambiente” derivados de esta problemática.
Desde el organismo señalaron que las causas de esta situación crítica están vinculadas a la “falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y organismos vinculados”, apuntando directamente a la ausencia de fiscalización sobre los sectores industrial, agropecuario y sobre las empresas encargadas del tratamiento de residuos sólidos urbanos y efluentes cloacales.
Como ejemplo del deterioro ambiental, el Consejo de Química mencionó la presencia de “altos niveles de metales pesados y productos fitosanitarios en las aguas del Río de La Plata”, así como casos emblemáticos como el arroyo Sarandí “teñido de rojo”, las manchas de aguas servidas en el puerto de San Pedro, y los desechos cloacales arrojados al río en la localidad de Berisso, donde acusaron a la empresa estatal ABSA de no realizar ningún tipo de tratamiento.
“Estos casos son representativos de cientos de accionares que vulneran cotidianamente el derecho de la población a un ambiente sano”, denunciaron desde la institución, y sostuvieron que tales situaciones se producen en un contexto de “libre hacer” promovido por la falta de aplicación de normativas y sanciones por parte del Estado provincial.
Frente a este panorama, el Consejo Profesional de Química reclamó el cumplimiento estricto de la Ley 7020, que exige la matriculación obligatoria de todo el personal que manipule productos químicos y establece un marco normativo de seguridad e higiene. Según remarcaron, esta legislación es clave para garantizar prácticas responsables en todos los sectores involucrados.
Finalmente, la entidad instó al gobierno bonaerense a tomar medidas urgentes. “Es imprescindible que, a través del Ministerio de Ambiente y demás organismos competentes, se apliquen políticas que garanticen que las actividades industriales y empresariales se desarrollen bajo el cumplimiento ineludible de la Ley y los protocolos sanitarios y ambientales vigentes”, concluyeron.
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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Desbaratan un zoológico clandestino y liberan a animales en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente:  Portal MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires


Una gran cantidad de animales de distintas especies que se encontraban en cautiverio fueron rescatados de un zoológico clandestino en provincia.
La Policía Federal Argentina logró rescatar varios animales de diferentes especies que se encontraban en cautiverio en un zoológico clandestino en la provincia de Buenos Aires. En este, había animales de granja, monos, guacamayos, carpinchos y ciervos en distintas condiciones de extrema precariedad.
La operación se dio luego de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, relacionada al cuidado y preservación de fauna silvestre, donde personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina recuperó a nueve animales que estaban en cautiverio en un predio a cielo abierto en Buenos Aires.
Todo había comenzado en abril de este año, luego de que alguien denunciara que había animales en condiciones muy precarias de higiene y salud en una propiedad privada ubicada en Luján. Luego de realizar la investigación, descubrieron una estancia en Carlos Keen, donde se ofrecía al público un típico día de campo, con juegos infantiles, y se podía también recorrer la granja.
Luego de recibir la información, el Juzgado de Garantías 1°, a cargo de Marcelo Enrique Romero, ordenó el allanamiento de la estancia, donde descubrieron que, además de encontrarse con animales de granja, había un mono pincel, tres guacamayos, un carpincho, dos ciervos axis y dos ñandúes. Todos estos no solo se encuentran en peligro de extinción, sino que está prohibida su tenencia y están dentro de la Ley de Protección de la Fauna Silvestre.
En esta finca, ubicada sobre el kilómetro 4,5 del camino provincial, no se contaba con la habilitación necesaria para funcionar como un zoológico y tampoco había documentación que respaldara la tenencia de estas especies.
Finalmente, la Fiscalía determinó que las especies permanezcan en el lugar, bajo carácter de "depositario judicial", hasta que el organismo correspondiente se presente en el lugar y retire a estas especies y las traslade a un lugar adecuado. Las mismas quedarán bajo resguardo de la Dirección de Flora y Fauna.
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Otro evento climático extremo, otra inundación: ya no se puede mirar para otro lado

Fecha de Publicación: 19/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires


Más de 5000 personas evacuadas y otras tantas autoevacuadas en al menos once municipios, que van de Escobar a Exaltación de la Cruz y Salto, ante la caída de unos 400 milímetros, más de la mitad de lo que llueve en todo un año. La catástrofe y la solidaridad. Los eventos adversos se multiplican pero las soluciones estructurales escasean, en un país gobernador por una fuerza que descree del cambio climático y la obra pública.
De nuevo una inundación, de nuevo récord de lluvias. Antes fue Bahía Blanca, Santa Fe, Salta. Ahora es el norte de la Provincia de Buenos Aires, desde el conurbano hasta Salto. Son postales de dramas familiares y comerciales que también se vuelven advertencias, hasta ahora desoídas: el cambio climático dejó hace rato de ser ficción. Es una realidad con efectos concretos, que demanda respuestas estructurales. Obras de adaptación, campañas, la cooperación con el sector científico, alertas tempranas. Con un gobierno nacional que descree de este fenómeno y que impulsa un Estado ausente y el fin de la obra pública, la situación se vuelve crítica.
Hasta el sábado se registraban más de 5000 personas evacuadas y otras tantas autoevacuadas en al menos once municipios, que van de Escobar a Exaltación de la Cruz y Salto. Solo en éste último hablaban de 4000 evacuados en una situación social de emergencia, mientras la lluvia persistía durante gran parte de la jornada, superando en un par de días lo que llueve en la mitad de un año.
En conferencia de prensa al mediodía, en Puente 12, el gobernador Axel Kicillof contó que asisten a 30 comunas y adelantó que luego de las lluvias “vendrá un frente frío con vientos fuertes, por lo cual llamamos a no circular por las zonas afectadas ni salir a la ruta”. A esto hay que sumarle el caudal que arrastran ríos y arroyos.
“En Salto tenemos una crecida que puede llegar a ser la más grande de la que haya registro. Cayó mucha agua, pero la situación está bajo control”, relató el director provincial de Defensa Civil, Fabián García.
Pidió tomar conciencia a la ciudadanía (“Alerta roja indica que hay que seguir instrucciones oficiales, y si es ‘no circular’ se complica si un ómnibus con jóvenes haciendo turismo pasa por la zona roja en ese momento”); señaló que “se hicieron más de 20 rescates de personas que quedaron atrapadas en algún vehículo o agarrados de algún árbol para no ser arrastrados por el agua” y apuntó que “hay barrios muy anegados (como Santa Lucía, San Cayetano y San Luciano), la mayoría ubicados en sectores depreciados”.

Varados, aislados, inundados
El sábado por la tarde, el intendente de Zárate Marcelo Matzkin definió a la situación como una “catástrofe” y que en algunos barrios llegó a haber “hasta dos metros de agua”.
Una postal de estas inundaciones, en una región que bordea al río, fueron las lanchas y botes. Al punto que municipios como Campana llamaron a que los vecinos con embarcaciones se acercaran para sumarse al operativo de rescaste. Familias enteras pasaron días y noches sobre los techos. En Zárate y Campana, sindicatos (por ejemplo la UOM), sociedades de fomento, iglesias y clubes (el caso del CADU, Ciudad de Campana y Villa Dálmine) se abocaron a recibir donaciones y participar de ayudas. Las escuelas abrieron para ser centros de emergencia.
Por las redes se multiplicaron las vecinas y vecinos que ofrecían sus casas para que puedan dormir, comer o bañarse aquellos que perdieron todo. Juan López fue uno de los que ofreció por Facebook su casa en Pasteur 1214 para cualquier persona que “no tenga dónde ir con sus hijos” o que “precise dormir calentito”.
“En mis 20 años de intendente no he visto una creciente como esta. Nunca ha llovido tanto en tan poco tiempo. Es un desastre», sentenció el intendente de Salto, Ricardo D’Alessandro. La ciudad quedó aislada ante la inundación de todas las rutas que la rodean. Así lo describió el secretario General del Municipio, Camilo Alessandro: “no ha parado de crecer el río. Salto está anillado, están todas las rutas cortadas. Por lo tanto, cualquier tipo de ayuda de alguna ciudad vecina, está imposibilitada. Los Bomberos que han trabajado toda la noche tienen solamente dos lanchas para rescatar. Aquellos que ven que el agua les llega a sus casas, por favor, que salgan».
Rubén, de 76 años, fue uno de los rescatados por las lanchas en Campana. Contaba: “en mi casa tenía todos los artefactos de panadería, perdí todo, también las cosas de mis hijos, mi señora fallecida. Me dijeron: ‘antes que nada está tu vida, después lo material’”.
En la Ruta Nacional 9 el agua cubrió hasta la mitad de los árboles, lo que generó que quedaran varados numerosos vehículos, entre ellos dos colectivos de larga distancia con más de 40 personas dentro. Uno de ellos llevaba un contingente de niños. El reclamo fue unánime: habiendo pasado un día entero nadie de Vialidad Nacional se había acercado. En las ciudades quienes se pusieron al hombro los rescates fueron los propios grupos de vecinos y los bomberos voluntarios. A Campana llegaron “más de 200”, según calculó Hernán, del cuerpo de voluntarios de José C. Paz.
Por la noche del sábado el alerta roja abarcaba aún a 16 municipios. “Aunque deje de llover, el problema es el agua que baja del arroyo”, definió Marcelo, autoevacuado de Escobar, que fue en familia a la casa de su pareja. En el camino observaban camionetas tipo RAM enclavadas en medio del camino: “parecía El Eternauta”.
Hay otro factor que se suma a la crisis: la falta de energía. Hasta el sábado a la tarde, había 36.200 usuarios sin luz entre Edesur y Edenor. En Zárate, la cooperativa debió cortar el servicio de los barrios adyacentes a RN 193 porque la Planta Cementera Holcim quedó “totalmente anegada”, lo que afectó a la Empresa Transformadora CORCEMAR, ubicada en ese predio.

El cambio climático: ya no se puede mirar para otro lado
“Estamos afrontando el tercer día de tormenta, un fenómeno meteorológico muy inestable, por el que ya cayeron más de 400 milímetros de agua”, aseguró el sábado al mediodía el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso. “Lo mismo que llovió en Bahía Blanca, pero en tres días”, acotaron desde la Gobernación.
Ya lo había sufrido el noroeste argentino semanas atrás, y seguramente lo sufra otro distrito más temprano que tarde. El problema es no relacionar todos estos eventos climáticos extremos y tomarlos como episodios aislados. El mayor ejemplo es el Gobierno nacional que en cada inundación dispuso el envío de los mismos funcionarios (y cuando la situación ya había explotado): Patricia Bullrich, de Seguridad, y Luis Petri de Defensa. Solo actuar en la contingencia.
¿Pero qué pasa antes y después de las lluvias? Un vecino de Campana lo definió ayer ante las cámaras: “esto se agrava por lo que viene de allá (señalando con su brazo al otro lado de la ruta). Ahí antes había humedales, ahora rellenaron todo y construyeron, y nadie dice nada. Se nos viene todo el agua de ahí”. Los códigos urbanísticos y el tipo de vivienda que se construye deberían contemplar estos eventos climáticos adversos, pero ocurre lo contrario, escasea el control y la planificación urbana en épocas en las que la bandera es la “desregulación”.
Mientras, no hay obra pública, ni campañas ni regulación ni apoyo a la ciencia, que es clave para afrontar estos sucesos, incluyendo a un Servicio Meteorológico que fue desmantelado en esta gestión nacional. Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense destacó ayer que “desde que llegó Kicillof se creó una dirección de alertas propia que tiene 6 meteorólogos y contamos con un servicio de guardia más grande que a nivel nacional. Son situaciones complejas porque este tipo de tormentas es como si estuviera situada en varias partes de la Provincia y va descargando”.
La crisis va más allá: desde el presidente Javier Milei hasta el titular del Conicet, Daniel Salamone, rechazan al cambio climático y han llegado a reclamar una ciencia “basa en evidencias y no en ideologías”.
En noviembre de 2023 ya lo anticipaba a Tiempo la hoy ex titular de la Secretaría de Cambio Climático, Cecilia Nicolini: “históricamente la agenda climática era una agenda eminentemente de mitigación. Ahora bien, nuestra agenda también tiene que ser de adaptación, porque la crisis climática ya la estamos viviendo y donde más afecta es en nuestros países. Si vos negás los efectos climáticos vas a seguir perdiendo mucho más. O sea que además es antieconómico».
Y acotaba: «La clave no es solo analizar los costos de lo que vamos a invertir para la transición ecológica a la Argentina, sino lo que nos va a costar no invertir en eso. Y ahí vemos que los costos se van hasta quintuplicar. Hace muchos años que la ciencia nos alerta que la crisis climática existe y que los impactos van a ser cada vez más pronunciados. Y eso se viene acelerando. Las economías regionales, por su población e infraestructura, están mucho más expuestas a esta variabilidad climática. Entonces ahí uno tiene dos caminos: invertir en política climática, adaptándonos. O negar la realidad hasta que estalle”.  
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Brandsen les dijo no a las termoeléctricas

Fecha de Publicación: 30/04/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


Con una votación ajustada y un concejal ausente por haber sido amenazado, se defendió el derecho a un ambiente sano. Los vecinos festejan, pero están alerta: las empresas podrían instalarse cerca.
El Concejo Deliberante de Brandsen rechazó en la última instancia la instalación de dos termoeléctricas en el kilómetro 49 de la Ruta 2. Afuera del edificio, vecinos autoconvocados --organizados bajo el nombre Vecinos Unidos por Brandsen-- festejaron cantando "el pueblo unido jamás será vencido".
"Lloramos, gritamos, nos abrazamos, cantamos el himno. Fue muy emotivo, nos sensibilizó y nos esperanzó muchísimo", contó con la voz entrecortada Natalia Sánchez, una de las vecinas que siguieron la sesión desde la transmisión en la plaza frente al Concejo atrás lde as vallas. Sólo a dos de los Vecinos Unidos les permitieron entrar al recinto.
Si bien el 3 de abril el Concejo había votado la instalación de este tipo de industrias categoría tres --"peligrosas" para el ambiente y la salud, según la ley provincial--, en la semana estaba programada una sesión en la que se trataría el último punto: la desafectación del suelo. Es decir, el cambio de rural a industrial de esta categoría.
El cambio en el Código Urbano era el último tema que tenía que tratar la sesión. "Cuando llega a ese punto, el número 20, nos enteramos, por alguien que está dentro del recinto, que se intenta pasar a comisión", dijo Sánchez, pero en línea con las intenciones del intendente Fernando Raitelli --quien apoyó el proyecto--, se votó ese día. Sin embargo, con 7 votos negativos, 5 positivos y una abstención, se rechazó el cambio y se detuvo --por ahora-- la instalación de las empresas en la zona.
De todas formas, los vecinos autoconvocados confirmaron que siguen en alerta y que comenzaron a trascender "rumores de que estas empresas contaminantes se podrían instalar cruzando la autopista a menos de 1 kilómetro de distancia de donde se pretendían instalar: en vez de en Brandsen, en La Plata", declaró Sánchez en diálogo con Página/12.

Un acuífero limpio
La instalación en el distrito lindero --por las características de las centrales termoeléctricas-- seguiría afectando a cuatro partidos bonaerenses: Berazategui, Brandsen, Florencio Varela y La Plata. La contaminación del aire se extiende a 30 kilómetros, pero en el proyecto las empresas querían desechar las aguas residuales del enfriamiento de las turbinas en el arroyo San Luis --parte de la cuenca Samborombón y perteneciente al acuífero Puelche--, contaminando también el agua y un humedal declarado.
El agua sería contaminada por aceites y diversos minerales --entre ellos, arsénico-- y se trasladaría a las napas. "Con esta contaminación no vamos a poder darles agua a los animales, a los perros. No vamos a poder bañarnos porque es altamente tóxico lo que desprenden", expuso con miedo Pedro, otro de los manifestantes antes de que se rechazara la iniciativa.
Aunque las personas no consuman agua de la red, al contaminar las napas también se afecta la gran producción frutihortícola de la zona, que constituye uno de los cordones más importantes para la alimentación del país. Si se llegasen a contaminar el agua de riego y la tierra donde crecen los alimentos, las personas también recibirían la contaminación directamente.
Los únicos informes de impacto ambiental para el proyecto fueron realizados por las empresas. "El avance de emprendimientos industriales de gran escala en las cercanías de tejidos urbanos plantea serios desafíos para las comunidades locales. Aunque estas iniciativas suelen presentarse como oportunidades de desarrollo, muchas veces se instalan sin una evaluación adecuada de sus impactos acumulativos sobre el entorno y la población", aseguró a Página/12 Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Según la organización vecinal, en los informes las empresas dicen que estarían habilitadas a extraer 7 millones de litros de agua por día del acuífero. Esto afectaría la presión del agua en la zona. Según la especialista ambiental, se debe "evaluar la factibilidad ambiental y social de cada proyecto, considerando no sólo su impacto individual, sino el efecto combinado con otros emprendimientos cercanos".

Trabas legislativas
El predio sigue perteneciendo a las empresas de energía partícipes del proyecto, pero por un año no podrían volver a presentar la iniciativa de instalación. "Mientras ellos sean los dueños nosotros estamos alerta. Sabemos que este año el proyecto perdió estatus parlamentario, pero podrían volver a presentarse. Rescatamos de toda esta situación horrible que tuvimos que vivir y que todavía estamos atravesando que lo que ganamos es el lazo comunitario, vecinal. Estamos agradecidos desde ese punto de vista porque esto nos ha unido como nunca antes", destacó Sánchez.
"Cuando nos organizamos con respeto y convicción, tenemos un poder inmenso. Si el pueblo no las quiere, no se pueden instalar", declaró Vecinos Unidos por Brandsen. A la vez se solidarizaron con el concejal kicillofista Lucas Bronicardi que antes de la primera sesión donde se iba a desafectar el uso del suelo --que fue suspendida por problemas técnicos-- fue amenazado para votar a favor de las empresas.
"Ninguna amenaza puede torcer la voluntad de quien actúa con conciencia y compromiso democrático. Lo que vivió no puede naturalizarse. En democracia, no hay lugar para el miedo ni para la violencia. Repudiamos enérgicamente cualquier intento de intimidación. Nos parece deplorable que se utilicen técnicas de presión y amedrentamiento para torcer la voluntad de los representantes del pueblo", sostuvo la organización.
MSU Energy y SCC Power --las empresas impulsoras del proyecto-- habían sido clausuradas poco tiempo atrás de la zona de Pilar y Escobar por los graves problemas de salud que provocaban en sus comunidades. Las termoeléctricas emiten contaminantes atmosféricos --material particulado, óxidos de nitrógeno, benceno y formaldehído-- equivalentes a trabajar en una mina de carbón sin protección o fumar varios cigarrillos a diario.

Un día simbólico
El Concejo de Brandsen rechazó la desafectación del suelo durante el Día de la Tierra. Sobre esta fecha, Rossi Serra declaró: "tiene que ser un punto de inflexión. La ciencia ya advirtió las consecuencias de no actuar, ahora le toca a los gobiernos estar a la altura y tomar decisiones valientes. No hay más tiempo que perder". Desde el rechazo, Brandsen empezó este camino y sus vecinos se unieron para seguir defendiendo la calidad ambiental del futuro.
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Berazategui: incautan animales disecados en un taller clandestino de taxidermia

Fecha de Publicación: 28/04/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires


Secuestraron piezas de fauna silvestre y especies exóticas en un operativo que apunta al tráfico ilegal de animales en la provincia de Buenos Aires.
La Brigada de Control Ambiental allanó un taller ilegal de taxidermia en Berazategui y encontró piezas de fauna silvestre y animales exóticos disecados. El procedimiento, realizado junto a la Policía de la provincia de Buenos Aires, forma parte de una investigación sobre tráfico ilegal de especies protegidas.
El operativo fue llevado a cabo como parte de una investigación que tiene como objetivo desmantelar redes dedicadas al tráfico de fauna silvestre y la caza furtiva. El taller, que operaba clandestinamente, estaba especializado en la disecación de animales, tanto locales como exóticos, lo que despertó la alarma de las autoridades ambientales.
Durante el allanamiento, se encontraron pieles de pecarí y yacaré, especies nativas protegidas por la legislación ambiental argentina. También fueron secuestradas taxidermias de animales provenientes de diversas partes del mundo, como ciervos colorados, ciervos de cola blanca, axis, antílopes de la India, muflones, búfalos, chivos, carneros, renos, alces, Tar del Himalaya y cebras. Esta variedad de especies y su origen internacional sugieren que el taller formaba parte de una red más amplia de tráfico de fauna silvestre.
Las piezas secuestradas fueron trasladadas al depósito oficial de la Subsecretaría de Ambiente, donde permanecerán como evidencia en la causa judicial.
La investigación continúa en manos de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, que está analizando las conexiones del taller con otras posibles redes de tráfico de animales. La causa judicial busca identificar a los responsables del delito y desarticular las organizaciones dedicadas al comercio ilegal de fauna, que amenaza gravemente la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.
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Vecinos rechazan la instalación de una termoeléctrica en distrito K y hay polémica

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Portal ProviciaNoticias
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ejecutivo local busca un cambio de uso de suelo para permitir la instalación de dos centrales en un predio ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 49.
A pesar del operativo policial, mas de 300 personas se concentraron para rechazar la modificación del Código Urbano para poder instalar la planta termoeléctrica en ruta 2, a cargo de la empresa SCC Power, que ya tuvo que cerrar una planta en Pilar por el rechazo de los vecinos.
En una sesión polémica y con acalorado debate, se rechazó el cambio aunque desde la municipalidad señalaron a este portal que "aún falta más diálogo".
Vale recordar que los vecinos de Brandsen se manifiestan contra la instalación de la planta termoeléctrica en ruta 2, pero también buscan concientizar sobre los problemas de salud de las personas pero también sobre el daño que provocaría en el ecosistema.
La iniciativa de la termoelectrica en manos de la empresa SCC Powe la impulsa el intendente Fernando Raitelli (La Cámpora-FdT). Lo extraño, para mucho en el distrito, es que sabiendo que otro intendente kirchnerista, Federico Achaval, de Pilar, rechazó la instalación de la termoelectrica por las denuncias y reclamos de sus vecinos, no se explica por qué Raitelli inciste con la radicación de esa empresa en su comuna.
El arco opositor dennció que la polémica empresa funciona con el permiso del gobierno de Axel Kicillof, que, sostienen, en vez de controlar que no contamine ni perjudique la salud de los vecios ni proteja el medi ambiente, perite que se instalen en sitios de distritos que no son aptos.
La diputada provincial del PTS Laura Cano participó de la movilización, rechazó la instaación de la termoelectrica y manifestó que "si tenés que llenar de policías el Concejo es porque van a atacar al pueblo. Quieren cambiar el código urbano a favor de termoeléctricas contaminantes. La población lo rechaza. Desde Alerta Roja y el PTS acompañamos a la comunidad y nos sumamos a su lucha", afirmó.
PROVINCIA NOTICIAS consultó a la municipalidad cuál será la postura del jefe comunal Fernando Ritelli pero no obtuvo respuestas.
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Nuevo intento para prohibir las fumigaciones en inmediaciones de las escuelas rurales

Fecha de Publicación: 21/04/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios Sabrina Sabat, diputada del bloque Unión Renovación y Fe, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de productos fitosanitarios en terrenos lindantes a escuelas rurales con el objetivo de proteger la salud de las comunidades educativas y el ambiente.
Con un proyecto de Ley, Sabrina Sabat diputada provincial del bloque dialoguista, y que preside la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara Baja, buscará el consenso de los bloques para poder sancionar la iniciativa y que no se pueda fumigar en los terrenos lindantes a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
“La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, sostuvo la legisladora del bloque dialoguista en la Legislatura.
En un contexto donde muchas escuelas de la Provincia conviven a diario con la aplicación de productos fitosanitarios a escasa distancia de sus aulas, el proyecto busca establecer criterios claros que garanticen la seguridad ambiental. “La legislación local, en algunos casos, es ambigua, por eso es fundamental avanzar con una normativa provincial que unifique criterios”, sostuvo la diputada. Y agregó: “Necesitamos acompañar a la comunidad educativa con leyes que resguarden sus derechos y prioricen la salud por encima de los intereses económicos”.
La iniciativa plantea la obligatoriedad de contar con la presencia permanente del asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora durante los procedimientos. También determina que los propietarios o arrendatarios de lotes agropecuarios notifiquen con al menos 48 horas de anticipación la realización de cualquier aplicación en sus terrenos. Además, prevé sanciones para quienes no cumplan con lo establecido.
“La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores”, subrayó Sabat. Y agregó: “No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.
El proyecto se enmarca en un creciente debate sobre el impacto de los fitosanitarios en la salud y el ambiente, un tema que genera preocupación en distintas comunidades bonaerenses.
Vale remarcar que en el mes de enero la Resolución 246 firmada por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en 2018 fue prorrogada. La norma busca regular el uso de agroquímicos en el campo, pero nunca entró en vigencia.
El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la Resolución 2/25 para prorrogar desde el 8 de enero “y por el término de doscientos diez días” la suspensión de la normativa en cuestión.
Según se argumentó en ese momento la decisión se tomó por la “necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos”. Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales.
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Habilitan la caza plaguicida del jabalí europeo en toda la provincia

Fecha de Publicación: 08/04/2025
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires


Consideran que se trata de una amenaza para la biodiversidad nativa, además de ser un peligro para la producción agropecuaria y la salud.
El Gobierno bonaerense autorizó la caza plaguicida en todo el territorio de la provincia, luego de calificarla como una especie exótica invasora que constituye una “amenaza para la biodiversidad nativa”.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, establece que los impactos negativos producidos por este animal, conocido científicamente como Sus scrofa, “están asociados a las alteraciones que provocan en los suelos, la vegetación y la fauna, incluyendo las consecuencias económicas asociadas al daño a los cultivos y cría de animales”.
Además, hace un especial hincapié en el peligro que provoca la potencial “transmisión de enfermedades, incluidas las zoonóticas con información científica de índole poblacional y de carácter sanitario, que ponen de manifiesto la problemática existente y los potenciales riesgos para la producción agropecuaria, la salud y la conservación de la biodiversidad”.
La resolución recuerda también que años atrás se tomó una decisión similar, aunque enfocada en algunos distritos de la provincia, como Tordillo, Azul, Tapalqué, Mar Chiquita y Patagones, y considera que “dado los resultados en materia de disminución de las poblaciones de la especie en cuestión, se estima oportuno, necesario y conveniente establecer nuevos criterios en la materia para propender a un control más eficaz de las poblaciones de cerdos silvestres y jabalíes residentes en la provincia, considerando que el control de una especie exótica invasora requiere criterios de masividad y coordinación regional sostenida en el tiempo para una posterior evaluación del impacto”.
De cualquier modo, se aclara que existen algunos sectores que se encuentran por fuera de esta determinación, como aquellas “zonas expresamente solicitadas por los municipios mediante nota formal, técnicamente fundada”, y en las proximidades de ejidos urbanos, caminos públicos y todas aquellas áreas concurridas por público.
En este último caso, solo podrá practicarse la caza a una distancia mínima de 300 metros, con un arma que dispare perdigones, y de 1.500 metros con arma que dispare balas.
Además, se determinó la creación del comité de Gestión de la Caza Plaguicida para el Control del Jabalí Europeo, que estará integrado por autoridades provinciales, municipales y del sector productivo, con el objetivo de establecer criterios de actuación, supervisar y evaluar los resultados de la implementación y redactar los informes pertinentes.

Invasora
Según la Asociación Argentina de Ecología, el jabalí, el cerdo silvestre y sus híbridos (Sus scrofa) se encuentran entre las especies exóticas invasoras más dañinas y ampliamente distribuidas en el mundo.
Al respecto, se indica que en nuestro país, el jabalí ocupa casi la mitad de la superficie del territorio, invade todos los ecosistemas y expande anualmente su distribución. “Como en otras partes del planeta donde fue introducido, provoca impactos negativos sobre la biodiversidad, la economía y la salud”, se explica.
Además, se indica que “esta especie omnívora amenaza la conservación de otras especies por depredación y competencia, alteración del suelo y perturbación de las interacciones biológicas”.
“El jabalí afecta actividades productivas, y ello genera costos económicos considerables asociados a la mitigación de daños y al manejo de sus poblaciones. Además, la especie puede impactar en la salud pública, dado que es un importante reservorio y diseminador de patógenos”, se remarca.
También se aclara que “puede impactar de forma positivamente —directa e indirectamente— con actividades como la caza deportiva y la obtención de carne y derivados”.
“Si bien sus impactos están documentados en varias regiones de la Argentina, existen vacíos de información sobre sus efectos económicos sobre las principales actividades productivas y sobre su rol epidemiológico en la salud de la fauna nativa, el ganado y las personas”, señalan desde la entidad.
En ese sentido, se advierte que el manejo y control de la especie es “limitado e insuficiente”.
“La dinámica poblacional del jabalí, combinada con otros factores (como cambios en el uso de la tierra y cambio climático), plantea un escenario desafiante a futuro. La Argentina debe enfrentar las amenazas que representa el jabalí desarrollando e implementando una estrategia de manejo a nivel nacional. Para lograr este propósito, es indispensable realizar una planificación cuidadosa y una toma de decisiones orientada a controlar efectivamente las poblaciones de jabalí, a contener su dispersión geográfica y a mitigar sus impactos negativos”, se añade.
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El cambio climático y sus consecuencias económicas sacuden La Plata: ecos de 2013 y un pronóstico preocupante

Fecha de Publicación: 02/04/2025
Fuente: Portal InfoPlatense
Provincia/Región: Buenos Aires


Las lluvias extremas como las que arrasaron Bahía Blanca encienden alertas en la capital bonaerense. Entre pérdidas millonarias y un sistema al límite, vecinos temen otra tragedia mientras el costo económico de cada temporal se dispara. El recuerdo de 2013. Qué opinan los expertos. la región enfrenta un desafío claro: adaptarse al clima que viene o pagar un precio cada vez más alto.
Hoy estamos bajo alerta naranja. Los vecinos de La Plata se preocupan bajo el peso de un clima que no da tregua. Las lluvias extremas que a principios de marzo dejaron 16 muertos y devastaron Bahía Blanca encendieron las alarmas en la capital bonaerense, donde el recuerdo de la trágica inundación de 2013 –que se cobró 89 vidas– sigue fresco.
Vecinos, autoridades y expertos coinciden: las consecuencias económicas del cambio climático ya no son una amenaza lejana, sino una realidad que resuena en la región y alimenta discusiones urgentes.
El 7 de marzo, Bahía Blanca recibió 400 milímetros de lluvia en apenas ocho horas, más de la mitad de su promedio anual. Casas destruidas, puentes colapsados y un costo estimado en 400 millones de dólares marcaron el peor desastre climático en décadas para esa ciudad portuaria.
En La Plata, a 670 kilómetros, no hubo víctimas esa vez, pero las imágenes de calles anegadas y barrios vulnerables reavivaron el trauma de hace 12 años. «Volví a subir al tejado como en 2013, por las dudas», cuenta Marta Gómez, vecina de Tolosa, mientras señala las marcas de agua en su pared.
Los expertos no dudan en señalar al cambio climático como el gran amplificador. «El aire más cálido retiene más humedad, y eso intensifica las precipitaciones extremas», explica Pablo Canziani, climatólogo de la Universidad Católica Argentina. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), eventos como estos serán más frecuentes si las temperaturas globales superan los 2°C.
En La Plata, la combinación de urbanización descontrolada y un sistema de drenaje obsoleto agrava el panorama. «Cubrimos arroyos con asfalto y casas, pero el agua siempre encuentra su camino», advierte Canziani.
Las pérdidas económicas preocupan tanto como las humanas. En Bahía Blanca, el sector agropecuario reporta casi 2 millones de hectáreas afectadas, con daños millonarios para productores rurales. En La Plata, comerciantes de zonas bajas como Villa Elvira estiman pérdidas de hasta el 70% de sus mercaderías tras las últimas tormentas.
«Cada lluvia fuerte es un golpe al bolsillo», dice Luis Pereyra, dueño de un almacén local. Estudios recientes proyectan que, sin medidas de adaptación, el cambio climático podría costarle a la provincia de Buenos Aires miles de millones anuales en infraestructura, agricultura y salud pública por el aumento de enfermedades como el dengue, favorecido por aguas estancadas.
El debate local se intensifica. Mientras el intendente Julio Alak anunció jornadas de limpieza de desagües y un plan de obras hidráulicas, vecinos exigen una acción concreta y no promesas. «Nos dicen que están trabajando, pero seguimos inundados cada año», reclama Gómez. En paralelo, la alerta naranja por tormentas severas emitida hoy por el Servicio Meteorológico Nacional –con ráfagas de hasta 100 km/h– mantiene a la ciudad en vilo, recordándole que el próximo golpe podría estar a la vuelta de la esquina.
La Plata evalúa sus vulnerabilidades, pero el tiempo no se detiene. Entre recuerdos de 2013 y un presente de incertidumbre, la región enfrenta un desafío claro: adaptarse al clima que viene o pagar un precio cada vez más alto.
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Atanor: a un año de la explosión de la planta de atrazina, los vecinos insisten en el pedido de traslado

Fecha de Publicación: 22/03/2025
Fuente: Portal PrensaLibreSN
Provincia/Región: Buenos Aires


Este jueves a las 17.00 Hs. vecinos de la planta Atanor, volverán a manifestarse para recordar que su pedido de traslado de la firma no cesa, a concentración será a la intersección de Rivadavia y Ponce de León.
A propósito de esta convocatoria que se da a un año de la explosión de la planta de atrazina, Prensa Libre SN dialogó con Gabriel Godoy, uno de los vecinos y convocantes a la manifestación. Aquel fue “un incidente químico” que “formó una nube tremenda de cianuro que invadió varios barrios de la ciudad, algunos en forma directa y otros luego a través de la nube que se sucedió debido a esta gran gran explosión”. El entrevistado recordó que “barrio Los Fresnos, por varias cuadras, amaneció lleno de polvillo blanco de cianuro, el cual produjo muchas afecciones a la salud, mucha gente se tuvo que asistir médicamente en el hospital, eso quedó todo comprobado”.
El abogado recuerda que a partir de aquella explosión se produjo “la clausura de la empresa completa y en particular de esta parte que fabricaba o producía Atrazina, que es un pesticida muy utilizado actualmente”. Por otra parte, pidió no olvidar que los vecinos y organismos defensores del medioambiente, más puntualmente FOMEA, previo al incidente ya habían iniciado una “causa judicial con el patrocinio del doctor Fabián Maggi. Dentro de esta causa se introdujo una cautelar y la jueza hizo lugar, clausurando la planta de Atrazina y la empresa”. Esto, como es de publico conocimiento para la mayoría de los nicoleños, duró algún tiempo hasta que la Justicia permitió la reapertura de Atanor sin que funcione el sector de Arazina.
“Nuestro pedido de que se reubique la empresa es porque lo que está pasando actualmente es terrible, muchos días los vecinos de Barrio de los Fresnos seguimos padeciendo los olores fuertes a químicos que provienen claramente de la empresa Atanor”, afirmó Godoy y a ello agregó: “vemos la cantidad de camiones que ingresan, muchos de ellos siguen pasando por nuestros barrios y con productos altamente tóxicos, productos químicos que nosotros vamos identificando y vamos llevando en planilla para que sirvan de testigo, de prueba de lo que está sucediendo en esta empresa”.
Casi para cerrar, el entrevistado remarcó que “en el mismo marco de la causa se van sucediendo situaciones que nos van poniendo en conocimiento de la peligrosidad de los elementos que tienen ahí adentro, en la causa surgió que tienen un tanque de 5.000 litros de amoníaco” afirmó. “El amoníaco sería mucho peor que la atrazina, porque si una nube de amoníaco nos sorprende durmiendo prácticamente no vamos a poder salir de nuestra pieza porque es muy potente en cuanto a su peligrosidad. Si el amoníaco ingresa a nuestras casas nos va a afeccionar, nos va a matar dentro de nuestra vivienda”.
Los vecinos “creemos que ese tipo de situaciones de peligrosidad extrema deben hacerse en otro lado. No se pueden hacer acá a metros de los barrios aduciendo una preexistencia que realmente no les da derecho a ellos a tener ese tipo de elementos tan cerca , porque primero que no tienen una preexistencia y segundo que no les da derecho a ponernos en tanto riesgo potencial”, aseguró Godoy.
Para cerrar, insistió, “esta empresa se debe trasladar, se debe reubicar a una zona donde se puede instalar con las debidas condiciones y lo más lejos posible de nuestros barrios”.
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