El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná

La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.

Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.

La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.

Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe 
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

Organizaciones piden frenar loteos y rellenos sobre los humedales de la ciudad de Santa Fe

Una docena de organizaciones socioambientales presentó en el Concejo un proyecto para que la capital santafesina adhiera a la Ley provincial de Humedales y suspenda los permisos en zonas inundables hasta contar con un inventario.

En una ciudad donde cerca del 70% del territorio es agua, un grupo de organizaciones socioambientales de Santa Fe pidió al Concejo Municipal frenar los nuevos loteos, rellenos y construcciones sobre los humedales hasta que el municipio cumpla con la ley provincial que los protege. La propuesta fue presentada como un proyecto de ordenanza y busca que la capital santafesina adhiera a la Ley 13.932 de Humedales y a su decreto reglamentario.
La iniciativa reúne a un amplio arco de entidades, entre ellas la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, el Foro por la Recuperación del Paraná, la Cooperativa de Pescadores de Alto Verde, la Fundación Cauce, la Asociación Cultural de la Costa, la Mesa Humedales de la Red Argentina del Paisaje, el Foro Ciencia Santa Fe, la Asamblea por los Ríos Vivos, el Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino y el Movimiento Vecinal Defensas de la Costa.
“Estos espacios naturales se encuentran amenazados por las presiones del sector inmobiliario”, advirtieron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Qué propone el proyecto
El texto plantea declarar a los humedales de la ciudad como espacios de interés público permanente y crear un Inventario Local de Humedales, un registro técnico e hidrológico que debería completarse antes de cualquier modificación futura del Reglamento de Ordenamiento Urbano.
Mientras tanto, propone suspender de manera preventiva los nuevos permisos de construcción, loteos, rellenos, dragados y alteraciones del terreno para emprendimientos inmobiliarios, comerciales o industriales, públicos o privados, en cuatro distritos ubicados fuera de los anillos de defensa: Rural Anegadizo, Zona de Seguridad Hídrica, Reservorio Hídrico y Urbanización Futura. La suspensión regiría hasta que el municipio cumpla con los requisitos de la ley provincial. Quedarían exceptuadas las obras públicas de defensa contra inundaciones, la infraestructura hídrica de emergencia, el mantenimiento de desagües y la limpieza de canales.
Sandra Gallo, integrante de la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, explicó que la norma provincial y su reglamentación exigen contar con un inventario de humedales “antes de proponer cualquier tipo de intervención sobre los humedales y los reservorios”.

El origen del conflicto
El reclamo surge a partir de la Ordenanza 13.106, aprobada por el Concejo en diciembre de 2025, que modificó el Reglamento de Ordenamiento Urbano e incorporó sectores de “urbanización futura” sobre áreas que funcionan como reservorios naturales de los ríos Paraná y Salado. Para las organizaciones, esa norma no incorporó la ley provincial ni sus herramientas, como el inventario. Los grupos se reúnen desde junio y pidieron participar en la comisión especial que analiza los usos del suelo en los entornos urbanos ribereños, pero aseguran que no recibieron una respuesta formal del Ejecutivo municipal.

Una ciudad marcada por el agua
La advertencia tiene peso en Santa Fe, una ciudad rodeada de ríos, lagunas, bañados, planicies de inundación y valles de escurrimiento. Su historia está atravesada por las grandes inundaciones de 1983 y 1992, la crecida del río Salado de 2003 y las lluvias extraordinarias de 2007. En ese contexto, los humedales cumplen un papel clave como reservorios que absorben el agua durante las crecidas.
La Ley 13.932 fue reglamentada por el gobierno provincial en junio de 2025. Según el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, la norma prevé un Inventario Provincial de Humedales para identificar, clasificar y caracterizar estos ecosistemas, planes de ordenamiento ambiental del territorio coordinados con municipios y comunas, y la obligación de que los proyectos que puedan afectar el ambiente presenten un estudio ambiental y obtengan la factibilidad correspondiente. También contempla un plan de monitoreo continuo de la calidad del agua, el suelo, la flora y la fauna.
La reglamentación pide priorizar formas de ocupación y producción respetuosas del ecosistema. Las organizaciones sostienen que, sin ese inventario y sin la adhesión municipal, la ciudad sigue habilitando desarrollos sobre las mismas zonas que la protegen del agua.
Por ahora, no hubo una respuesta oficial del municipio al proyecto, que ahora queda en manos del Concejo.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Diario Aire de Santa Fe, Diario Uno Santa Fe, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Tres laboratorios independientes analizaron piedras de granizo recogidas en Funes, Santa Fe, después de que productores notaran que algunas tardaban hasta 48 horas en derretirse pese al calor. Los resultados preliminares detectaron microplásticos y una decena de metales, aunque los especialistas remarcan que todavía no se puede determinar su origen.

Un análisis preliminar realizado sobre muestras de granizo recolectadas en Funes, en el sur de la provincia de Santa Fe, detectó la presencia de microplásticos, metales y distintos elementos químicos. Las muestras fueron enviadas a tres laboratorios independientes -dos de Rosario y uno de Córdoba- y los resultados abrieron interrogantes sobre la composición de las partículas presentes en la atmósfera. El estudio surgió después de que productores de la zona observaran que algunas piedras de granizo permanecían parcialmente sin derretirse durante entre 24 y 48 horas, pese a que posteriormente se registraron temperaturas de hasta 27°C. La tormenta, que dejó piedras de un tamaño similar al de un huevo, también provocó daños en viviendas y vehículos.

Qué se encontró
Entre las sustancias identificadas en los primeros análisis aparecen calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc, además de partículas de microplásticos. Sin embargo, los resultados se encuentran todavía en una etapa preliminar, y la sola detección de estos elementos no permite establecer por sí misma de dónde provienen ni cómo llegaron a las piedras de granizo. El médico epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, integrante de Epidemiólogos Argentinos y quien participó en la logística vinculada con el envío de las muestras, planteó la necesidad de profundizar los estudios y ampliar la cantidad de material analizado, repitiendo los análisis e incorporando nuevas muestras durante un período prolongado para determinar si se trata de un fenómeno aislado o de un patrón que se repite.

Por qué puede haber microplásticos en el granizo
Las precipitaciones pueden incorporar partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera: en el caso del granizo, estas pueden quedar atrapadas durante los distintos procesos de congelamiento y crecimiento que ocurren dentro de las nubes de tormenta. Los microplásticos pueden encontrarse en el aire y ser transportados por las corrientes atmosféricas a diferentes distancias antes de depositarse nuevamente sobre la superficie mediante precipitaciones. Entre las posibles fuentes de estas partículas atmosféricas se cuentan actividades industriales, el tránsito vehicular, la combustión, actividades agrícolas, residuos, polvo del suelo y el transporte de materiales desde otras regiones. Algo similar ocurre con los metales, cuya presencia puede responder a fuentes naturales o antrópicas y requiere estudios específicos para establecer concentraciones, distribución y procedencia.

La hipótesis sobre la modificación climática
Los resultados también dieron lugar a una hipótesis relacionada con la siembra de nubes o la modificación artificial del clima. Salazar Cisneros planteó que algunos de los elementos identificados podrían actuar como núcleos de hielo, partículas alrededor de las cuales puede producirse el congelamiento de agua dentro de las nubes. No obstante, la presencia de esos elementos no demuestra que hayan sido incorporados artificialmente a las nubes: las partículas que actúan como núcleos de hielo pueden tener distintos orígenes naturales y humanos. Para establecer una eventual relación con técnicas de modificación meteorológica sería necesario contar con evidencia adicional, analizar las características y concentraciones de las partículas, compararlas con muestras de referencia, estudiar las condiciones meteorológicas del momento y reconstruir las trayectorias de las masas de aire.

Qué estudios serían necesarios
Para avanzar sobre el origen de los materiales encontrados haría falta ampliar el monitoreo ambiental y realizar análisis comparativos con muestras de aire, agua, suelo y otras precipitaciones, además de nuevos ejemplares de granizo recolectados en distintos puntos y durante diferentes tormentas. También sería relevante incorporar información meteorológica, especialmente sobre las condiciones atmosféricas y el desplazamiento de las masas de aire durante el episodio. La presencia de microplásticos en el ambiente no es, de todos modos, un fenómeno exclusivo del granizo: distintas investigaciones ya documentaron estas partículas en ecosistemas terrestres y acuáticos de la Argentina, incluidos cursos de agua alejados de grandes centros urbanos, lo que muestra que pueden desplazarse y depositarse en lugares distantes de sus fuentes originales. Por el momento, la principal conclusión es que se necesitan más muestras, nuevos análisis de laboratorio y monitoreos ambientales para establecer si se trata de un episodio aislado o de un fenómeno que pueda repetirse.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Diario La Capital, Diario Uno Santa Fe, Diario Río Negro

La Corte Suprema dejó firme la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros en Sastre

Ocho años después de que una nena de dos años con cáncer moviera a su comunidad contra las fumigaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró de manera definitiva el caso de Sastre y Ortiz, Santa Fe, y dejó firme una zona de exclusión que ya se perfila como antecedente para otros pueblos fumigados del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la Municipalidad de Sastre y Ortiz, en el centro-oeste santafesino, y dejó firme la sentencia que establece una zona de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres con agroquímicos alrededor de toda la planta urbana, y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas. "El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma. Por ello, se desestima la queja", señaló la Corte en una resolución de apenas unas líneas, publicada el 13 de agosto, que cierra ocho años de litigio.

La historia de una nena de dos años
El conflicto se remonta a 2018, cuando Zoe Giraudo fue diagnosticada con linfoma linfoblástico tipo T a los dos años. Su madre, Sonia González, relató en su momento que los médicos vincularon el cáncer con la exposición a agroquímicos: la familia vivía a metros de campos de soja y ella misma había trabajado once años en una cooperativa agrícola, con su oficina a cinco metros de un depósito de insumos químicos. Ese diagnóstico movilizó a gran parte de la comunidad de Sastre, un pueblo de poco más de 6.000 habitantes donde hasta entonces se podía fumigar a apenas 100 metros de las viviendas. Los vecinos lograron primero que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que alejaba las aplicaciones a 200 metros, pero la norma fue vetada por la oposición de productores y del propio municipio, cuya intendenta, María del Carmen Amero de Brunazzo, nunca recibió a los vecinos para tratar el tema.

El camino judicial
Los vecinos autoconvocados recurrieron entonces a la Justicia con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, y en noviembre de 2018 el juez de San Jorge Daniel Zoso les otorgó una cautelar de 400 metros. La medida quedó frenada hasta que, en septiembre de 2020, el juez rafaelino Duilio Hail dictó sentencia firme y extendió la zona de resguardo a 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas. Desde entonces, ningún tribunal modificó esa decisión central: la Municipalidad, respaldada por productores agropecuarios que se presentaron como terceros coadyuvantes, agotó sin éxito los recursos ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela y la Corte Suprema de Santa Fe, hasta llegar en 2024 a la Corte Suprema nacional, con el patrocinio del estudio jurídico Rondina. El Gobierno de Santa Fe intervino en el proceso como tercero interesado.

La evidencia científica detrás del fallo
El fallo de primera instancia, de 54 páginas, se apoyó en pruebas científicas que luego resistieron todas las instancias posteriores. El Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Damián Verzeñassi, aportó un informe que documentó una tasa de cáncer en Sastre por encima de la media nacional, en base a los llamados "campamentos sanitarios". El biólogo Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, presentó veinte años de estudios de laboratorio sobre áreas sojeras argentinas y una docena de investigaciones internacionales sobre el daño en la salud -en particular en niños- por la exposición a fumigaciones, y recomendó específicamente una zona de resguardo de 1.000 metros. También se incorporó la investigación en genética y mutagénesis ambiental de la genetista Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esa base, la Justicia aplicó el principio precautorio, que permite adoptar medidas de protección ante un riesgo de daño grave o irreversible aun sin certeza científica absoluta.

Un antecedente para otros pueblos fumigados
Aunque la Corte Suprema no fijó una doctrina propia ni se pronunció sobre el fondo del asunto -solo desestimó el recurso por falta de fundamentación autónoma-, dejó en pie un antecedente que especialistas consultados por medios locales calificaron como "una referencia obligada en materia ambiental". El fallo confirma que un amparo colectivo puede desplazar una ordenanza municipal, y que el principio precautorio alcanza para sostener una restricción de este tipo incluso frente a la incertidumbre científica sobre los efectos de los agroquímicos. Sastre y Ortiz queda así como caso testigo para los reclamos de otros pueblos fumigados de la Argentina que discutan distancias de resguardo similares.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo, Diario Tiempo Argentino, Diario La Capital de Rosario

Santa Fe impulsa multa máxima y causa penal contra un influencer acusado de cazar aves protegidas

El Ministerio de Ambiente santafesino no solo denunció penalmente al influencer que exhibía cacerías en la Laguna Setúbal, sino que además impulsa la aplicación de la multa máxima que prevé la ley provincial de fauna, por la gravedad de los hechos y la acumulación de infracciones.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentó ante el Ministerio Público de la Acusación una denuncia penal contra Milton Fabricio Espeche, un influencer de la caza deportiva acusado de matar aves protegidas en la Laguna Setúbal y de exhibirlo durante meses en sus redes sociales. Además de la vía penal, la autoridad ambiental impulsa la aplicación de la multa máxima contemplada por la normativa, una sanción administrativa que se suma a la causa judicial. Según trascendió, el monto rondaría entre los 3 y los 3,5 millones de pesos, una cifra que los distintos reportes no terminan de precisar.

Qué se le atribuye
La denuncia se apoya en presuntas infracciones a la Ley Provincial N° 4.830 de Protección de Fauna. Entre ellas figuran la caza de especies prohibidas o amenazadas, la caza sin la licencia habilitante, la caza en departamentos y zonas no autorizadas -incluida el área de veda-, el uso de procedimientos y artes no permitidos y el incumplimiento de cupos y vedas estacionales. El caso salió a la luz por una investigación del Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres, que identificó en las imágenes al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas, siete de ellas protegidas por ley. También sostuvo que el acusado utilizó armas de repetición y dispositivos neumáticos de aire precomprimido, y que en el material se ven animales muertos y embalsamados.

El pato crestudo, un punto central
Entre las especies mencionadas están el pato capuchino, el gargantilla, el overo, el cutirí, el cuchara, el de collar y el crestudo. Este último tiene prohibida su caza en todo el territorio argentino, por lo que su eventual captura es uno de los ejes de la presentación oficial. La organización aclaró además que el pato picazo y los sirirí sí pueden cazarse bajo determinadas condiciones, aunque las actividades denunciadas se habrían realizado fuera de temporada y sin autorización.

A metros del organismo de control
Las cacerías se habrían desarrollado en la costa este de la laguna, frente a la costanera santafesina, a unos 2.000 metros de la sede del propio Ministerio de Ambiente. Desde la organización cuestionaron que las detonaciones pasaran inadvertidas tan cerca del organismo y reclamaron reforzar los controles sobre la actividad en la provincia. Celebraron la decisión oficial de sumar la multa máxima a la causa penal, dijeron que la denuncia fue posible por la difusión pública del caso y pusieron todo el material recopilado a disposición de la Justicia.

Qué sigue
Por ahora se trata de una denuncia y no de una imputación: la causa está en manos del Ministerio Público de la Acusación, que deberá evaluar las pruebas y definir cómo avanza. Desde el Ministerio de Ambiente remarcaron que los controles del Estado son más eficaces con el acompañamiento de la comunidad, y recordaron que cualquier hecho de caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre puede denunciarse de inmediato al 911 o por los canales oficiales de la provincia.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: La Nación, Cadena 3, Crónica 

AR Zinc: la Fiscalía citará a audiencia imputativa a los dueños por los residuos tóxicos

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a los responsables de AR Zinc por el riesgo que implican unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos acumulados junto al río Paraná, días después de que la Justicia ordenara medidas urgentes para evitar un derrumbe de la barranca.

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a audiencia imputativa a los responsables de AR Zinc S.A., la firma propietaria del predio de la ex Sulfacid en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos a pocos metros del Paraná. El anuncio llega poco después de que el juez Eugenio Romanini ordenara a la empresa estabilizar la barranca lindera al río y contener el pasivo ambiental. "Los vamos a citar a la audiencia imputativa", aseguró Nicosia, quien explicó que la situación es considerada de riesgo inminente y que por eso la Fiscalía pidió avanzar con medidas para detener el deterioro del lugar.

Un riesgo medido y un derrumbe previo
Los residuos contienen jarosita, plomo, arsénico y otros metales pesados. Según el fiscal, mediciones realizadas por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires determinaron que existe peligro de derrumbe en la barranca, y recordó que en 2024 ya se desmoronó parte de ese talud. "Con las cantidades que hay, eso contamina todo el Paraná", advirtió. Agregó que el predio está prácticamente a la intemperie y que se encuentra próximo a una instalación de agua que abastece a la localidad. La resolución judicial responde por ahora a un riesgo potencial de contaminación y no a un derrame confirmado, y la Fiscalía sostuvo además que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían aumentar la urgencia.

La posible responsabilidad penal
Nicosia explicó que ya quedó planteada la eventual responsabilidad penal de los directivos, a partir de la desobediencia a resoluciones judiciales y de las normas de protección ambiental. El antecedente central es una orden de 2022: dentro de un expediente civil iniciado en 2020, un juzgado dispuso obras de apuntalamiento de la barranca que, según se expuso en la audiencia, la empresa nunca ejecutó.

Qué debe hacer la empresa
La primera medida y la más urgente es apuntalar y sostener la barranca. También se pidió intervenir los tres depósitos donde están los residuos, con tareas de remoción y remediación del suelo, y cerrar el predio para impedir el ingreso de personas y el arrojo de basura. La firma tiene 10 días para informar si optará por retirar los residuos o tratarlos y contenerlos, y 15 días para presentar la documentación técnica, el equipo profesional y un cronograma que no podrá superar los ocho meses. Deberá además elevar informes quincenales, supervisados por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Quién responde por un pasivo de seis décadas
El intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, expresó su preocupación por el riesgo de derrumbe y de contaminación del agua. Explicó que el pasivo tiene una historia de unos 60 años, y que parte de esos residuos se generó cuando las normas ambientales eran distintas. "La responsabilidad cabe no solamente al titular actual, sino también a Integra Capital", sostuvo, y mencionó que Glencore mantiene responsabilidad solidaria en materia ambiental.
La planta, conocida como Sulfacid, fue fundada en la década de 1950 y llegó a ser la única fábrica de zinc electrolítico del país. Pasó a manos de Glencore en 2005, cerró en 2016 y dejó a unos 400 trabajadores sin empleo. En 2021, según los antecedentes del expediente, el predio fue adquirido por Integra Capital, el grupo que encabeza José Luis Manzano. Con la citación anunciada, la causa pasa de exigir la remediación a discutir quiénes deberán responder penalmente por ella.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Cadena 3, Portal SL24, Elonce, El Ciudadano

Organizaciones y vecinos se reúnen para exigir respuestas sobre la contaminación del Ludueña

Vecinos de Fisherton, organizaciones ambientales y el bloque de concejales de Ciudad Futura convocaron a un encuentro este miércoles para actualizar el estado de la denuncia penal que impulsan por la contaminación sostenida del arroyo Ludueña, en Rosario, un patrón que según denuncian se repite todos los días desde diciembre del año pasado.

Organizaciones sociales, barriales y ambientales, junto a vecinos de la zona norte de Rosario, se reunirán este miércoles a las 18 horas en la Biblioteca Gastón Gori para analizar la situación del arroyo Ludueña y las novedades del proceso judicial en curso. La convocatoria, impulsada por el bloque de concejales de Ciudad Futura, busca generar un espacio de encuentro para poner en común qué está pasando con el curso de agua y avanzar en la identificación de los responsables de la contaminación. "Desde diciembre del año pasado, todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora, vemos el mismo patrón de contaminación sobre las aguas del Ludueña", advirtió el concejal Julián Ferrero, presidente de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Deliberante.

Años de reclamos y un informe técnico
La problemática del Ludueña no es nueva: vecinos de Fisherton vienen denunciando la situación desde hace años, con relevamientos propios que incluyen fotografías, videos, imágenes aéreas con drones y análisis de laboratorio. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, patrocinada por la abogada Gabriela Durruty, que apunta a un sector del arroyo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba y la avenida Jorge Newbery. La presentación incorpora un informe técnico elaborado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, a partir de muestras tomadas en febrero de este año, que detectaron bajos niveles de oxígeno disuelto, una elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias asociadas a contaminación fecal y valores de conductividad eléctrica superiores a los habituales para un curso de agua dulce, indicadores compatibles con el vertido sistemático de efluentes sin tratar.

Espacios de participación ciudadana
Ferrero definió a este tipo de encuentros como "espacios claves de participación ciudadana", principalmente para los vecinos de la zona norte que están en contacto directo con el arroyo. "Son los primeros que nos reportan estas situaciones de contaminación. En una de esas reuniones, hace unos meses, surgió la necesidad de avanzar en una denuncia penal y fue exactamente lo que hicimos", explicó. El concejal remarcó además el trabajo de relevamiento que hicieron junto al grupo de vecinos organizados en torno al problema: identificaron distintos desagües que serían responsables de la contaminación a partir de análisis de agua, sumados a relevamientos aéreos, fotos, videos y testimonios recolectados a lo largo del tiempo. "La situación es crítica y de una gravedad ambiental que duele y preocupa. Se pone en riesgo la salud de un ecosistema y de todos los rosarinos alrededor del arroyo", sostuvo.

Qué se espera del encuentro
Toda la información sistematizada por vecinos y organizaciones ya fue presentada ante la Justicia para que avance con una investigación formal. El objetivo del encuentro de este miércoles es transmitir a la comunidad las novedades de la causa y definir los próximos pasos a seguir. "Tenemos un objetivo muy claro, que es poder dar con los responsables de la contaminación, identificarlos y caerles con todo el peso de la ley", planteó Ferrero, quien remarcó el efecto preventivo que buscan lograr con ese resultado.
Más allá de la urgencia por frenar los vertidos actuales, el concejal señaló que existe además un plan de recuperación del arroyo a mediano plazo, más complejo, orientado a integrar nuevamente al Ludueña con la ciudad. "Volver a poner al Ludueña de cara a la ciudad, integrarlo y que volvamos a tener un ecosistema abierto, natural, recuperado y sano, que le permita a los rosarinos recuperar un paisaje clave que atraviesa nuestra ciudad", describió, con el objetivo de convertirlo en un espacio para pasear y disfrutar en el futuro.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Página/12 (Rosario/12), Portal Economía Sustentable, Universidad Nacional de Rosario

Investigadores de la UNL y el Conicet evalúan el impacto del jabalí en el norte santafesino

Un equipo de biólogos y veterinarios de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet inició un estudio para medir el impacto del jabalí y el chancho cimarrón sobre la fauna nativa, la producción y la salud pública en una reserva privada del departamento 9 de Julio.

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet comenzó a estudiar la expansión del jabalí y el chancho cimarrón en el departamento 9 de Julio, en el norte de la provincia de Santa Fe. El proyecto está dirigido por Ayelen Eberhardt, docente de las facultades de Humanidades y Ciencias y de Ciencias Veterinarias de la UNL e investigadora del Conicet en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, e involucra a un equipo de biólogos y veterinarios que evalúa las consecuencias de esta especie en la Reserva Privada de Usos Múltiples La Herminia, en la localidad de Tostado.
El objetivo central del trabajo es medir los daños que la especie genera sobre la fauna local, los riesgos que representa para la producción agropecuaria y las posibles amenazas para la salud pública. La iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe, financiado en su séptima convocatoria por la propia UNL junto con la Fundación Hábitat y Desarrollo, Sancor Seguros y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial, con apoyo adicional de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. En esa misma convocatoria se financiaron otros dos proyectos de conservación: uno sobre aves como indicadores del estado de los bosques del Chaco Seco santafesino y otro sobre insectos del espinal en la reserva La Elena.

Una especie considerada perjudicial
El chancho cimarrón está catalogado internacionalmente como una de las especies exóticas invasoras más perjudiciales. Su hábito de hozar, es decir, levantar tierra con el hocico para buscar alimento, altera la estructura del suelo y degrada la vegetación, además de competir directamente por alimento con la fauna nativa y destruir infraestructura agrícola-ganadera. Según explicó Eberhardt, "esta especie es reconocida por sus efectos negativos sobre los ecosistemas y la producción".
En Santa Fe, la problemática ya tiene un antecedente normativo: la Resolución Provincial N° 213/2024 habilita la caza deportiva sin límite de piezas durante todo el año en los predios privados que la autoricen, en reconocimiento del riesgo ecológico y sanitario que representa la especie. La Herminia, un establecimiento de unas 2.617 hectáreas ubicado en la zona de transición entre el Chaco Húmedo y el Chaco Seco, combina actividades ganaderas con un área dedicada a la conservación, y refugia especies de alto valor ecológico como el aguará guazú, el águila coronada, el cardenal amarillo y el pecarí de collar. En los últimos años, administradores y técnicos del lugar observaron un marcado incremento en la presencia de chanchos cimarrones.

Cámaras trampa, drones y transectas
Para cuantificar la abundancia de la especie y relevar la fauna de mamíferos medianos y grandes del área, los investigadores realizarán cuatro campañas estacionales que combinan distintas herramientas metodológicas. El fototrampeo consiste en la instalación de 16 cámaras trampa distribuidas en distintos ambientes de la reserva -bosque abierto, bosque cerrado, pastizales y zona intangible-, que operarán de manera activa las 24 horas. A eso se suman transectas a pie, recorridos sistemáticos para detectar huellas, excrementos, hozadas y avistajes directos, y un relevamiento aéreo con drones, mediante vuelos autónomos a 60 metros de altura, que permitirá estimar la densidad de ejemplares y medir la superficie de vegetación dañada.

El enfoque de Una Salud
Más allá del impacto ambiental y agronómico, el chancho cimarrón funciona como reservorio de distintos patógenos. Bajo el concepto integral de Una Salud, que articula las dimensiones humana, animal y ambiental, los investigadores analizarán muestras biológicas obtenidas de ejemplares capturados por cazadores autorizados, evaluando la presencia de enfermedades de impacto zoonótico y veterinario como triquinosis, brucelosis, leptospirosis, tuberculosis, cisticercosis, hidatidosis y hemoparásitos. Los resultados de todo el estudio servirán como insumo directo para diseñar un plan de manejo integral en la reserva, con pautas de conservación sostenible que los investigadores esperan puedan replicarse en otros puntos de la provincia de Santa Fe.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes originales consultadas: LT10 (Radio Universidad Nacional del Litoral), Universidad Nacional del Litoral / Conicet
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Focos ígneos en las islas frente a San Pedro y Baradero generan densas columnas de humo que afectan la visibilidad y la salud pulmonar


Informes de ecología de humedales y física de la combustión analizan los focos detectados por el sistema de monitoreo satelital en las islas del curso medio e inferior.

Nuevos focos de incendio en el Delta del Paraná arrasaron unas 1.200 hectáreas en las islas jurisdiccionales de Entre Ríos, localizadas frente a las costas bonaerenses de San Pedro y Baradero. Las ráfagas de viento desplazaron una densa nube de humo y material particulado sobre la ruta nacional 9 y los cascos urbanos vecinos, deteriorando de forma aguda la calidad del aire respirable. Las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, junto con bomberos voluntarios y el apoyo de aviones hidrantes, despliegan operativos en terreno para sofocar las llamas en una zona donde la escasez de lluvias y el bajo nivel hidrométrico del río Paraná convierten a la vegetación en un combustible altamente inflamable.

Ecología del fuego, biomasa disponible y emisión de material particulado
La propagación de incendios en los humedales responde a la acumulación extrema de biomasa vegetal seca y combustible. La mortandad de pajonales de junco y cortadera por efecto de la sequía cíclica crea una capa continua de materia orgánica de combustión rápida. Al arder, este material genera humo denso cargado de partículas finas (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles que penetran profundamente en el sistema respiratorio humano, agravando cuadros de asma y bronquitis. Asimismo, la combustión profunda o fuego de turba destruye la capa orgánica del suelo, consumiendo el banco de semillas nativas y matando la microfauna edáfica, lo que altera de manera irreversible la capacidad del humedal para almacenar carbono y filtrar contaminantes.
Variables ecológicas e hidrológicas que aceleran el riesgo de fuego:
- Estrés hídrico de la biomasa: Reducción drástica del porcentaje de humedad foliar en vegetación palustre.
- Emisión de material particulado fino (PM2.5): Dispersión de partículas respirables suspendidas por corrientes térmicas.
- Degradación del perfil del suelo: Destrucción de la materia orgánica profunda por fuegos subterráneos o de baja velocidad.

Evaluación institucional y fiscalización de los humedales
Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hacen un seguimiento satelital mediante los sensores VIIRS y MODIS para cuantificar la densidad de anomalías térmicas en la cuenca. Los reportes técnicos emitidos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes señalan la necesidad de mantener el patrullaje continuo de guardafaros y brigadistas para prevenir la reactivación de focos intencionados vinculados al manejo de pasturas.

Protección efectiva del ecosistema de humedales
Extinguir los fuegos en el Delta y mitigar el impacto del humo en las poblaciones costeras exige coordinar el trabajo interjurisdiccional entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana e implementar programas de manejo sustentable del fuego en humedales resulta indispensable para proteger la biodiversidad y garantizar la seguridad pública en el corredor del Paraná.


Fecha de Publicación: 19/09/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes originales consultadas: La Nación, Clarín, Infobae, Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)
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Ratifican que localidades agrícolas de Santa Fe y Entre Ríos sufren un incremento del 32 % en la mortalidad pediátrica por cáncer


Estudios epidemiológicos y de salud comunitaria advierten sobre la correlación entre la exposición crónica a plaguicidas y la incidencia de patologías oncológicas en la población pediátrica rural.

Un preocupante hallazgo científico enfocado en la salud ambiental del corazón productivo argentino ha sido difundido por el portal especializado Noticias Ambientales: investigaciones epidemiológicas realizadas en localidades agrícolas del sur de la provincia de Santa Fe y del suroeste de Entre Ríos revelaron un incremento del 32 % en el riesgo de mortalidad por cáncer en niños y jóvenes respecto de la media nacional. Las evaluaciones —desarrolladas por equipos de investigación universitaria y de salud comunitaria mediante el análisis de campamentos sanitarios y registros de defunción locales— vinculan esta anomalía estadística con la exposición ambiental directa e indirecta a mezclas de agroquímicos. La proximidad de las viviendas y escuelas rurales a los lotes de producción extensiva donde se aplican herbicidas, insecticidas y fungicidas configura un escenario de alta exposición para las poblaciones vulnerables.

Exposición sistémica, vulnerabilidad pediátrica y deriva ambiental
El informe epidemiológico resalta que los niños y adolescentes presentan una vulnerabilidad fisiológica significativamente mayor frente a los xenobióticos debido a sus tasas de absorción metabólica, la inmadurez de sus sistemas de detoxificación hepática y renal, y un patrón de desarrollo celular activo. En estas regiones de la "zona núcleo" pampeana, la exposición no ocurre de forma aislada a una única sustancia química, sino mediante una combinación continuada de múltiples formulados a través de la deriva primaria y secundaria de la pulverización, la inhalación de polvo atmosférico impregnado y el consumo de agua subterránea contaminada con metabolitos de plaguicidas. La presencia recurrente de moléculas clasificadas como posibles o probables carcinógenos humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en muestras ambientales de estas comunidades reaviva la urgencia de discutir los límites de la producción con base en insumos sintéticos.
Para desglosar las variables epidemiológicas y los factores de riesgo identicados en la investigación, se destacan los siguientes puntos clave:
- Asociación espacial y temporal: Elevada incidencia de tumores del sistema nervioso central, leucemias y linfomas en localidades rodeadas por cultivos transgénicos intensivos.
- Deriva de largo alcance y contaminación hídrica: Presencia de residuos de glifosato, AMPA, atrazina y clorpirifós en napas freáticas y agua de lluvia en entornos escolares.
- Insuficiencia de las franjas de amortiguamiento: Las normativas locales que permiten fumigaciones a menos de 500 metros de las plantas urbanas resultan ineficaces para proteger la salud infantil.

Demandas de intervención judicial y aplicación del principio de precaución
La repercusión mediática de estos datos durante los últimos días ha reavivado los reclamos de colectivos médicos, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas ante las Cortes Supremas provinciales y el Poder Judicial de la Nación. Se exige la inmediata aplicación del Principio de Precaución consagrado en la legislación ambiental argentina, lo que implicaría ordenar distancias mínimas de exclusión de 1.000 a 1.500 metros para las aplicaciones de fitosanitarios alrededor de cascos urbanos y escuelas rurales, así como la implementación obligatoria de un registro epidemiológico unificado y transparente en tiempo real.

Una prioridad sanitaria ineludible para el modelo productivo
La ratificación periodística sobre el aumento del riesgo de cáncer infantil en Santa Fe y Entre Ríos demuestra que la producción agrícola no puede desligarse del resguardo de la salud humana. Garantizar la vida y la integridad de las poblaciones rurales exige decisiones regulatorias firmes que prioricen los derechos fundamentales por sobre las presiones del sector agroquímico.


Fecha de Publicación: 14/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos 
Fuentes originales consultadas: Agencia Télam, Noticias Ambientales, Instituto de Salud Socioambiental (FCM / UNR), Red de Salud de Pueblos Fumigados

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Detectan nuevos focos de incendio en las islas del Delta del Paraná frente a las costas de San Nicolás y Ramallo


Brigadistas y guardaparques monitorean el avance del fuego sobre el ecosistema insular, mientras el humo afectó la visibilidad en las rutas de la zona y encendió las alarmas ambientales.

Una nueva alerta por emergencia ambiental se ha encendido en la región del Bajo Paraná tras la detección de múltiples focos de incendio activos sobre la zona de islas del Delta, puntualmente frente a las jurisdicciones bonaerenses de San Nicolás y Ramallo. Según reportes difundidos por el medio regional La Provincia En Vivo y la red de monitoreo de la zona norte bonaerense, las columnas de humo originadas por la quema descontrolada de pastizales han vuelto a extenderse sobre el corredor fluvial, comprometiendo la calidad del aire de las poblaciones costeras y generando severos riesgos para la seguridad vial en la Ruta Nacional 9 debido a la escasa visibilidad. Las altas temperaturas, la acumulación de biomasa seca y la persistente bajante del río Paraná conforman un escenario propicio para que los incendios intencionales se propaguen rápidamente sobre la vegetación nativa.

Degradación del humedal, humo tóxico y pérdida de biodiversidad
La reaparición del fuego en el Delta del Paraná reaviva el histórico conflicto socioambiental por la quema no autorizada de pastizales orientada a la renovación del suelo para actividades de ganadería extensiva o emprendimientos inmobiliarios. La acción repetida del fuego en estos humedales destruye la vegetación de pajonales y albardones que actúa como hábitat de anfibios, aves y mamíferos silvestres (como el carpincho y el ciervo de los pantanos, especie declarada Monumento Natural). Asimismo, la combustión de materia orgánica en los suelos de turba genera emisiones masivas de humo cargado de cenizas y monóxido de carbono, afectando de manera directa la salud respiratoria de los habitantes de las ciudades ribereñas de Buenos Aires y Santa Fe.
Para desglosar los ejes centrales de la contingencia y los desafíos en la gestión de incendios en el Delta, se destacan los siguientes puntos:
- Impacto en el ecosistema e ídem biológico: Pérdida de biodiversidad nativa y alteración irreversible de las funciones filtradoras del humedal.
- Afectación a la salud urbana y la transitabilidad: Riesgo vial elevado por visibilidad nula en rutas nacionales y afecciones respiratorias agudas en poblaciones linderas.
- Dificultad de combate por accesibilidad: La presencia de riachos secos y terraplenes dificulta el despliegue del personal de bomberos y brigadistas terrestres, requiriendo apoyo de aviones hidrantes.

Operativos de contención y demanda de sanciones penales
Frente a la reactivación de las llamas, efectivos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), junto con defensas civiles provinciales y brigadistas de la Prefectura Naval Argentina, han iniciado operativos de combate aéreo y terrestre para circunscribir las áreas afectadas. Por su parte, intendentes de la región costera e intendencias de parques nacionales exigieron a la Justicia Federal que identifique mediante monitoreo satelital las parcelas catastrales donde se inician los focos ígneos para aplicar sanciones penales y financieras rigurosas a los propietarios que recurren al uso ilegal del fuego en zonas declaradas de reserva o protección hídrica.

Urgencia de una tutela efectiva sobre el Delta del Paraná
La persistencia de los incendios en las islas del Delta pone de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con controles permanentes y presencia efectiva de los organismos de conservación en el territorio insular. Proteger la integridad del humedal no solo es clave para preservar la rica biodiversidad del ecosistema del Paraná, sino para garantizar la salud y el bienestar de los millones de ciudadanos que habitan sus costas.


Fecha de Publicación: 12/09/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes originales consultadas: La Provincia En Vivo (Flipr), Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil San Nicolás
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Detectan 36 focos de incendio en el Delta del Paraná con más de 1.700 hectáreas afectadas por el fuego


Brigadistas y medios aéreos combaten los incendios en la ecorregión de humedales, donde la sequía estacional y los vientos dificultan las tareas de contención del fuego.

Una grave emergencia socioambiental afecta a la ecorregión del Delta del Río Paraná tras la detección de al menos 36 focos de incendio activos que ya han consumido más de 1.700 hectáreas de vegetación nativa, pastizales y juncales. Según reportes difundidos por agencias de noticias y medios nacionales como Infobae, las quemas se concentran en jurisdicciones pertenecientes a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, generando densas columnas de humo que se desplazan hacia los centros urbanos ribereños de la Franja Central argentina. Las intensas ráfagas de viento, sumadas a una prolongada bajante de los riachos interiores y al bajo nivel de humedad en la biomasa vegetal, aceleraron la propagación del fuego, complicando las maniobras de control desplegadas por brigadistas y personal de las fuerzas de seguridad.

Factores climáticos, intencionalidad y el impacto en la biodiversidad
El origen de la mayoría de los focos ígneos en el área del humedal responde a la combinación de prácticas no autorizadas de quema de pastizales para renovación de pasturas ganaderas con las condiciones meteorológicas adversas del periodo estacional. La acumulación de colchones de vegetación seca funciona como un combustible altamente inflamable ante cualquier chispa, provocando incendios de rápida cobertura que arrasan con el hábitat de especies de fauna autóctona en peligro o vulnerables, como el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el carpincho y diversas especies de aves migratorias y anfibios. Asimismo, la quema de la cubierta vegetal destruye la capa orgánica del suelo, alterando la capacidad natural del humedal para filtrar el agua y retener carbono.
Para desglosar los ejes críticos de la logística de respuesta y los riesgos ecológicos de este evento ígneo en la región del Delta, se destacan los siguientes factores:
- Despliegue de combate aéreo y terrestre: Intervención combinada de aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y cuadrillas de brigadistas forestales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
- Afección a la salud pública urbana: Llegada de humo y cenizas a localidades densamente pobladas del Gran Buenos Aires, Rosario y San Nicolás, incrementando las consultas por afecciones respiratorias y oculares.
- Destrucción de albardones y bosques de monte blanco: Pérdida de relictos de vegetación leñosa autóctona que tardan décadas en regenerarse tras el paso del fuego intenso.

Exigencia de sanciones penales y monitoreo satelital
Frente a la recurrencia de los incendios en la cuenca del Paraná, organizaciones ambientalistas, autoridades locales de las ciudades ribereñas y organismos de control han vuelto a reclamar la intervención coordinada del Poder Judicial de la Nación para identificar y sancionar a los propietarios de los terrenos donde se inician las quemas intencionales. Mediante el uso de imágenes satelitales en tiempo real provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el sistema de FAROS de Conservación, las autoridades buscan georreferenciar el origen de los 36 focos para elevar las pruebas a los juzgados federales competentes e imputar penalmente a los responsables por estrago doloso y daño ambiental.

Hacia una gestión sustentable de los humedales del Paraná
La emergencia recurrente en el Delta del Paraná pone de manifiesto la urgencia de fortalecer la gobernanza ambiental sobre estos ecosistemas estratégicos. Avanzar hacia la regulación estricta del uso del suelo en las islas, prohibir las quemas en periodos de baja humedad e implementar planes comunitarios de alerta temprana resultan medidas indispensables para salvaguardar la biodiversidad de los humedales. Proteger el patrimonio natural del Paraná es una prioridad para garantizar la resiliencia climática y la salud de millones de habitantes en la región más urbanizada de la Argentina.


Fecha de Publicación: 08/09/2026
Provincia/Región: Litoral
Fuentes originales consultadas: Infobae, Agencia Télam, Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
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Santa Fe lanza sistema para certificar producción sin deforestación: clave para la UE y la competitividad

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Portal MiradorProvincial
Provincia/Región: Santa Fe

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina. 
El Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS) en la Expo Rural de Palermo 2026, una iniciativa para certificar la producción agropecuaria libre de deforestación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacó que esta herramienta pública y gratuita responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y fortalecerá la competitividad de los productores santafesinos.

Santa Fe lanza un sistema público para certificar productos libres de deforestación
El gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente en el marco de la Expo Rural de Palermo 2026 el programa Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una iniciativa pública, gratuita y voluntaria que busca certificar que los productos agropecuarios de la provincia provienen de establecimientos libres de deforestación. Esta condición cobra cada vez mayor relevancia para el acceso a los mercados internacionales, especialmente en Europa.
La medida responde directamente a las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, que a través del Reglamento EUDR 1115/2023, ha establecido que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a su mercado si acreditan que no hubo deforestación en los predios desde diciembre de 2020. «Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores», explicó Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.
El funcionario destacó que el desarrollo del programa es fruto de un trabajo conjunto iniciado en la gestión anterior, con el acompañamiento de consultores europeos y la propia Unión Europea. Un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia, elaborado en este marco, confirmó que Santa Fe posee una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques. El estudio reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales de la provincia presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea. «Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina», sostuvo Mántaras, resaltando la ventaja competitiva de la provincia en la zona núcleo productiva.

Un certificado que agrega valor y abre puertas internacionales
El programa Santa Fe Produce Sustentable permitirá a los productores obtener un certificado oficial que acredite el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos por los compradores internacionales. Inicialmente, estará enfocado en las cadenas de carnes y cueros, pero el gobierno provincial planea expandirlo progresivamente a otras producciones clave para la economía regional, como el arroz, las frutillas, la miel y diversos cultivos.
Para Mántaras, el alcance de esta iniciativa va más allá del simple cumplimiento de una norma europea. «Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados», afirmó, subrayando la importancia de la diferenciación y el valor agregado en los precios que pueden obtener los productos santafesinos.
El secretario resaltó el carácter inédito y público de la herramienta. «La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial», dijo, asegurando la equidad y accesibilidad para todos los eslabones de la cadena agropecuaria.

¿Cómo funciona la plataforma de certificación?
El proceso de certificación se realiza de manera totalmente digital a través del módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS). El productor, utilizando su identidad digital, ingresa el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias de su establecimiento. La plataforma valida automáticamente esta información con los registros del Catastro provincial y la cruza con los datos oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, que queda vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas. Mántaras hizo hincapié en la sencillez del procedimiento y el amplio interés que despertó la herramienta durante su presentación en Palermo, tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales. «Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones», señaló.

La provincia se prepara para un posible escenario de «El Niño»
Durante la entrevista, el secretario Ignacio Mántaras también abordó el escenario climático esperado para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño. Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo y coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos en el territorio santafesino.
«Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación», indicó Mántaras. Entre las medidas implementadas, se mencionaron jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para diferentes sectores como la agricultura (incluyendo estrategias de siembra y manejo de perfiles de humedad), ganadería (con foco en la invernada y el feedlot), lechería, apicultura y horticultura. Además, se desarrollan nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
Se destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), una plataforma que permitirá vincular rápidamente a los productores afectados por contingencias climáticas con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar la situación.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana, diseñado para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y los propios productores. «No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario», concluyó, enfatizando la importancia de una respuesta articulada frente a los desafíos del clima.
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Epidemia de abortos espontáneos e hipotiroidismo en ciudades por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/07/2026
Fuente: Portal SudOeste BA
Provincia/Región: Santa Fe


Nueve pueblos dedicados al agro transgénico y el aumento alarmante de  embarazos que no llegan a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los  agrotóxicos en las mujeres de regiones fumigadas. A tres décadas de agronegocio en Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario. 
Un nuevo estudio científico confirma el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe. En base al análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirman que las mujeres que viven en lugares dedicado al agro transgénico padecieron más del doble (2,4) de casos de abortos espontáneos en una década. "Es irrebatible lo que producen los  plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente", destacó Facundo Fernández, coautor del paper y parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.
Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge. Las ocho primeras cuentan con menos de 6.000 habitantes (San Jorge con 19.000) y todas tienen en común la actividad agropecuaria industrial, en base a semillas transgénicas y uso masivo de agrotóxicos.
Políticos y empresarios señalan el "modelo exitoso" del campo y publicitan las "ganancias" vía exportaciones. Y no consideran el impacto en la salud de la población.

Un modelo que enferma
El estudio "Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas", publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas ha tenido un impacto negativo en la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven es esos lugares padecieron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo (2,4 y 2,5 veces respectivamente) en solo una década.
La investigación, realizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas para el estudio por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de la superficie son destinadas a la producción de cultivos pulverizados con químicos.
"La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo", es una de las conclusiones de la investigación.
En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que han demostrado que el ambiente intrauterino es el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que ciertas sustancias pueden llegar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta. En las nueve localidades registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.
Del total, 2.501 (87 por ciento) culminaron en nacimientos y 369 (13 por ciento) en pérdidas gestacionales, de las cuales 285 ocurrieron en el primer trimestre. El estudio evidenció que la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en pueblos fumigados entre 2008 y 2018.
"Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas", resume Fernández.
En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en estas localidades aumentó 2,5 veces en el mismo período de tiempo. El hipotiroidismo se caracterizado por una reducción de la función de la glándula tiroides y la producción de hormonas vitales para la  salud. Como elemento de incidencia directa, destacan un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) donde se alerta que sobre 128 ingredientes de plaguicidas agrícolas, 71 de ellos tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.
El estudio del Instituto de  Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos en mujeres con hipotiroidismo en comparación con aquellas sin esa condición.
La investigación alerta: "Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas".
Como medida de mitigación, llaman a cumplir con el legalmente reconocido "principio precautorio" (de proteger a la población y el ambiente) y se alejen las fumigaciones terrestres a por lo menos 1.000 metros de las viviendas y que se prohíban las pulverizaciones aéreas.
La investigación concluye: "Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de  plaguicidas".
Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en Argentina sobresalen Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
El trabajo, de 18 páginas, está firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi (UNR), Facundo Fernández (UNR), Daniela Madanes (UBA), María Agustina Etchegoyen (UNMDP), Alejandro Vallini (UNR) y Guillermo E. Hough (CIC- Provincia de Buenos Aires).

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad
La llamada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem a la fecha, tanto nacionales como provinciales. Ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.
La investigación alerta que Argentina no cuenta con datos oficiales de cantidades de químicos utilizados. Pero retoma informaciones de la FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que establece para Argentina un promedio de 6,3 kilos/litros de plaguicidas por hectárea cultivada, muy por encima de Estados Unidos (2,8 kg) y Francia (3,7 kg), con el herbicida glifosato como el más utilizado.
Los investigadores detallan que en Argentina están autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea. Lo que explicita un doble estándar: se protege la salud de la población europea pero no la de países como Argentina.
"Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición", remarca el trabajo.
Así como los gobiernos no registran datos de uso de venenos en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población. Se refuerza la lógica cómplice de: "Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables".
La investigación destaca tampoco hay datos oficiales de abortos espontáneos ni de hipotiroidismo en la región estudiada (y en muchas otras del país): "A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática".
Fernández remarca que "los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de  salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen".
Tanto él como el equipo de investigación no tiene dudas de qué debe hacerse: aplicar el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente), dejar de fumigar a las poblaciones y no utilizar más sustancias que no pueden demostrar su inocuidad para la salud humana.
"Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades", instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario contaba con una experiencia única: los "campamentos sanitarios", de la materia Práctica Final del último año de la carrera (impulsada por el Instituto de  Salud Socioambiental). Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo (siempre en acuerdo con las autoridades locales) y, con una detallada encuesta, trazaban un perfil socio-sanitario del lugar. Se realizaron 40 campamentos en el periodo 2008-2019 (entre ellos los nuevas de la publicación científica) y reunieron evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario.
En una muy llamativa y cuestionada decisión, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esa experiencia de estudio e investigación vinculada a los territorios afectados por el modelo económico.
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