A Tribunales por la contaminación

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Junto a vecinos y organizaciones sociales, el concejal pidió que se investigue el vertido de efluentes en el arroyo Ludueña.
Junto a organizaciones sociales, ambientales, vecinas y vecinos de Fisherton, el concejal Julián Ferrero presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por contaminación en el Arroyo Ludueña. La misma llega luego de “reiterados episodios de contaminación documentados en la zona noroeste”, y -según se indicó- apunta a que se investigue el origen de posibles descargas contaminantes detectadas en un sector crítico de la cuenca.
La presentación del edil que preside la comisión de Ecología del Concejo llega luego de varios reclamos de vecinos que vienen advirtiendo cambios en el color del agua, espuma y olores nauseabundos. El planteo se apoya además en un “exhaustivo relevamiento” del concejal junto a la ciudadanía, en relación a “imágenes aéreas y un informe técnico que detectó indicadores compatibles con vertidos de efluentes, además de los antecedentes que dan cuenta de un deterioro sostenido de la calidad del agua”.
Ferrero indicó que “la información disponible muestra que no estamos frente a un episodio aislado. Estamos frente a un patrón de contaminación que se repite: todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora. Hay antecedentes, denuncias vecinales, monitoreos previos y ahora evidencia técnica que justifica una investigación para saber qué está pasando y quiénes son los responsables”, señaló Ferrero.
El edil agregó que la presentación judicial se da luego de reclamos ante organismos provinciales y municipales. Según indicó, “en marzo le exigimos a la Municipalidad, a través del Decreto N° 69.043, que inspeccione el sector en cuestión y controle el vertido de efluentes de esos barrios para identificar a los responsables. Aún no recibimos ninguna respuesta”.
Según el informe, la situación no muestra señales de mejora sostenida, en relación a contaminación orgánica, presencia de bacterias y otros indicadores de deterioro ambiental.
En ese sentido, el edil sostuvo que se va a la Justicia “para investigar los hechos, para que sea la justicia la que pueda impulsar un proceso de investigación que dé con los responsables”.
La presentación, apunta a que se investiguen “actos de contaminación ambiental con residuos peligrosos en el Arroyo Ludueña, más precisamente en el tramo de la cuenca comprendido entre Autopista Ruta Nacional 9 Rosario-Córdoba y avenida Jorge Newbery”.
El escrito sostiene que “por la naturaleza de la materia ambiental en juego y, en virtud de los principios precautorios y de prevención, deben ordenarse pruebas que en forma inmediata hagan cesar el daño que venimos a poner en conocimiento”.
Al describir los hechos, la denuncia presentada con patrocinio de las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, plantea: “Hace años recibimos denuncias de vecinos y vecinas de la zona noroeste, respecto a olores nauseabundos, líquidos espumosos, aguas turbias, blanquecinas y verdosas. En 2024 éstas se originaron a partir de episodios que ocurrían en el sector del arroyo lindante con las calles Schweitzer y Bello, aparentemente contaminantes del Arroyo Ludueña. Los mismos dan cuenta de la presencia de efluentes cloacales en un conducto pluvial a cielo abierto que representa a simple vista un riesgo sanitario para la población”.
En la misma línea, indica que desde diciembre de 2025, en las intersecciones del arroyo con calle Ingeniero León Miglierini y calle República los vecinos advierten aguas residuales vertidas “sin su respectivo tratamiento”. Este episodio, según el testimonio de los denunciantes, “se presenta cotidianamente, en el mismo sector y franja horaria. Estaría vinculado a un aparente conducto pluvial que descarga en el cuerpo de agua, específicamente en las inmediaciones del barrio privado Los Pasos de Jockey, a 350 metros aproximadamente de la estación elevadora de Aguas Santafesinas”.
Al respecto, el escrito sostiene que “estas circunstancias, que resultan evidentes para el ojo humano, llevaron a vecinos y vecinas a pensar que era probable que existiera un daño ambiental mayor aún al que resulta visible”. Así, “en defensa de la salud pública, vecinos y vecinas se organizaron para investigar en la medida de lo posible las causas del daño ambiental que observaban”. Por ello, reunieron material fotográfico y archivos de video para probar la situación”. Ese material fue adjuntado en la presentación.
Además, expresa que el 14 de febrero pasado se realizó un relevamiento aéreo del sector, donde “se identifica el daño ambiental y el posible desagüe que descarga en el arroyo”.
Ante ese estado de situación, solicitaron al Centro de Ingeniería Sanitaria de la UNR, “la toma de muestras y elaboración de un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua superficial”, que también sumaron a la presentación judicial. “De acuerdo a la interpretación técnica de los parámetros arrojados por el análisis del agua, en la muestra se identificó: alta carga orgánica, reducida cantidad de oxígeno disuelto, elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, y un alto nivel de conductividad eléctrica, propia de la concentración de sales”.
Edgardo Orellano, uno de los vecinos y referente de la Organización Civil Bocacha Orellano, dijo en LT8 que “hace dos, tres años que le venimos diciendo a la provincia y al municipio, llevándole fotos, videos y pruebas, no nos llevan el apunte, por lo tanto se decidió hacer una denuncia penal”.
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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados
El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionales— los abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.
Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Pruebas científicas
Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

Fumigaciones y consecuencias sanitarias
El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.
 “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.
En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

Cinco años de prisión
En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.
Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.
En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados. 

“Distancia de rescate”
Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.
El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.
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Mataron más de 300 animales en el norte santafesino: investigan una masacre de fauna autóctona

Fecha de Publicación: 19/05/2026
Fuente: Diario Uno Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe


Imágenes viralizadas en redes sociales exponen una caza ilegal de patos, yacarés y otras aves protegidas en la Cuña Boscosa del departamento Vera. La provincia formalizó una denuncia penal y la Guardia Rural Los Pumas realiza inspecciones en la zona.
Desde principios de mayo, imágenes que circularon en redes sociales generaron indignación y encendieron las alarmas sobre una presunta masacre de fauna autóctona en la zona de Intiyaco y Fortín Olmos, en la Cuña Boscosa del departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Las fotografías mostraban a contingentes de turistas extranjeros posando junto a cientos de ejemplares muertos de patos, yacarés y otras aves protegidas, cuyos restos habrían sido abandonados en los esteros de la zona.
Según las denuncias, los hechos habrían ocurrido a principios de mes e involucrarían la caza ilegal de más de 300 animales. Los responsables serían cazadores provenientes del exterior que abonarían importantes sumas en dólares a "supuestas" personas de las localidades para que los guíen hacia las zonas de caza.

Denuncia penal y actuaciones judiciales
La provincia de Santa Fe formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue de forma urgente la matanza ilegal de fauna silvestre. En diálogo con LT9, el secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani, precisó que la presentación judicial ya se encuentra bajo la órbita de los tribunales santafesinos.
"Nos anoticiamos por las redes sociales, iniciamos de inmediato una investigación propia y elevamos las denuncias correspondientes al MPA, a la extrapenal de la Procuraduría provincial y a la Fiscalía Federal", detalló el funcionario. Además, indicó que las fuerzas territoriales de la Guardia Rural Los Pumas lideran las inspecciones de oficio en el área de Tostado.

Una red de irregularidades
Luciani advirtió que la pesquisa expone una red de irregularidades absolutas. "Se incurrió en un delito grave violando la ley de fauna nacional", apuntó. El secretario reveló que el organizador del contingente es un operador cinegético de la provincia de Córdoba que no está inscripto en la Secretaría de Turismo santafesina, que el guía carecía de credenciales habilitantes y que el campo donde se llevó a cabo el exterminio no figura en ningún registro oficial de zonas de caza permitidas.
Incluso si el trámite administrativo hubiese estado en regla, el volumen de animales muertos califica el hecho como una masacre ecológica. La última resolución gubernamental del 30 de abril restringe los cupos a un máximo de 12 patos por persona por día. "Aquí mataron más de 300 ejemplares y otras especies prohibidas, por lo que se expusieron de manera personal a sanciones muy duras", fundamentó el funcionario.

El sector cinegético repudia el hecho
Por su parte, abogado Marcos Oalechea, apoderado de la Cámara de Turismo Cinegético de Santa Fe, expresó el malestar del sector tras la difusión de las imágenes. Sostuvo que el hecho "ensucia a toda la actividad" y perjudica a las empresas habilitadas que trabajan bajo estrictos controles provinciales. Actualmente son nueve las empresas que integran la cámara y desarrollan actividades de turismo cinegético de manera regulada en la provincia.
"El problema es que pagan justos por pecadores. Cuando aparecen imágenes de este tipo, se instala la idea de que toda la actividad funciona de manera ilegal, y no es así", afirmó Oalechea en diálogo con LT9. El representante explicó que el turismo cinegético no se limita a la caza deportiva, sino que incluye experiencias vinculadas al turismo rural, gastronomía, pesca y actividades recreativas en el interior santafesino, con un impacto económico directo en localidades de la región. "De esto viven muchas familias. Hay movimiento en alojamientos, gastronomía, transporte y servicios rurales", detalló.
Por último, Oalechea reclamó que se investigue a los responsables y consideró que la Provincia debería profundizar los mecanismos de control para detectar operadores clandestinos y cazadores furtivos.
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Santa Fe: la contaminación de Petroquímica Bermúdez llegó a la Corte Suprema y vuelve a poner en foco uno de los mayores pasivos ambientales de la provincia

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Santa Fe


La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar fuerza y ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un caso que lleva más de una década, pero que recién ahora empieza a ser conocido a nivel nacional por la magnitud del daño ambiental denunciado y por las sospechas de encubrimiento judicial y político.
La planta estaba ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, dentro del cordón industrial que une varias localidades al norte de Rosario. Durante años, la empresa funcionó elaborando productos químicos, pero cuando cerró definitivamente en 2014 dejó detrás un predio abandonado, con instalaciones deterioradas, residuos peligrosos y una fuerte contaminación en el suelo y en el agua subterránea.

Qué encontraron en el predio abandonado
Las pericias y estudios realizados en la zona detectaron sustancias altamente tóxicas que permanecían en el terreno incluso años después del cierre de la fábrica. Entre los contaminantes hallados aparecieron cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida prohibido en muchos países por su nivel de toxicidad.
También se denunciaron pérdidas de cloro, restos de materiales químicos abandonados y cientos de tubos con sustancias peligrosas que permanecieron durante años dentro del predio sin controles adecuados.
La preocupación no era solo ambiental. Muy cerca de la planta viven familias y funcionan escuelas. Vecinos de la zona denunciaron durante años olores fuertes, irritación en los ojos, problemas respiratorios y episodios vinculados a posibles escapes de gases.

El cierre de la causa y las sospechas de protección política
Cuando la investigación judicial empezaba a apuntar contra los responsables de la empresa, la causa tomó un giro inesperado. En 2018, la firma llegó a un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación ambiental y, poco después, se avanzó en el cierre de la causa penal.
Ese acuerdo generó una fuerte polémica porque muchos sostienen que las tareas de limpieza nunca se completaron y que la contaminación sigue presente en el lugar. Además, se cuestionó que se utilizara una figura legal pensada para delitos menores en un caso de contaminación grave.
Con el paso de los años aparecieron sospechas de que existió una maniobra para beneficiar a los dueños de la empresa y evitar que afrontaran consecuencias penales. Parte de esas sospechas apuntan a ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.

La pelea ahora llega a la Corte Suprema
Frente a las decisiones que cerraron o limitaron la investigación, la Fiscalía General decidió insistir y llevar el caso a la Corte Suprema nacional. El objetivo es que se revise todo el proceso y se determine si hubo irregularidades en la forma en que se archivó una de las causas ambientales más graves de Santa Fe.
Para quienes siguen el caso desde hace años, no se trata solamente de una discusión sobre una empresa quebrada. Lo que está en juego es si una fábrica puede contaminar durante décadas, cerrar, dejar residuos peligrosos y evitar sanciones mientras la comunidad sigue conviviendo con las consecuencias.
La historia de Petroquímica Bermúdez expone un problema que se repite en distintas partes del país: empresas que dejan pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y procesos judiciales que avanzan mucho más lento que la contaminación.
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Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Fecha de Publicación: 31/03/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe


La Provincia actualizó los valores de las sanciones por caza furtiva, tráfico y tenencia ilegal de animales silvestres. Buscan reforzar el efecto disuasivo y fortalecer la protección de la biodiversidad
 La provincia de Santa Fe actualizó los montos de las multas por infracciones vinculadas a la fauna silvestre, en el marco de una nueva normativa que apunta a reforzar la protección de la biodiversidad y combatir delitos ambientales.
A través de la resolución 36/2026 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, los valores pasaron de un mínimo de $32.948,30 y un máximo de $2.745.177,80, a un nuevo rango que va desde $41.485,00 hasta $3.456.434,80. La medida busca que las sanciones tengan un impacto real frente a prácticas como la caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna y la tenencia indebida de animales silvestres.
 Desde el gobierno provincial remarcaron que, al inicio de la gestión en diciembre de 2023, las multas estaban completamente desactualizadas: no se modificaban desde 2013 y oscilaban entre apenas $188,90 y $15.738,70, cifras consideradas irrisorias frente al daño ambiental generado.
“El cuidado de la biodiversidad no puede sostenerse con sanciones simbólicas. Actualizar las multas es darle al Estado herramientas reales para proteger nuestra fauna y dejar en claro que los delitos ambientales tienen consecuencias”, sostuvo el ministro de Ambiente, Enrique Estévez.

Más controles y políticas de conservación
La actualización de las multas se enmarca en una política integral que combina sanción, prevención y trabajo territorial. Entre las principales acciones, se destacan:
- Elaboración de mapas de atropellamiento de fauna para identificar zonas críticas en rutas.
- Instalación de señalización estratégica para reducir siniestros.
- Campañas de concientización ciudadana sobre el cuidado de la fauna.
- Operativos conjuntos con fuerzas de seguridad para combatir el comercio ilegal y rescatar animales.

Rescate de fauna: cifras en alza
El fortalecimiento de los controles también se refleja en los resultados: durante 2025, la Provincia registró el rescate de 677 ejemplares de fauna silvestre en 91 operativos realizados en conjunto con distintas fuerzas.
Estos procedimientos incluyen casos de urbanización de animales, mascotismo y situaciones de tráfico ilegal, donde las especies son recuperadas para su posterior rehabilitación.

Rehabilitación y reinserción de especies
En paralelo, Santa Fe impulsa programas de rehabilitación y liberación de fauna, además de iniciativas de ranching, un sistema que permite recuperar poblaciones silvestres mediante la cría controlada y su posterior reinserción en el hábitat natural.
También se desarrollan planes de manejo de fauna, orientados a equilibrar la conservación de las especies con las actividades productivas.

La Esmeralda, eje de la política ambiental
Otro de los pilares es la transformación del Centro de Recuperación, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, cuya primera etapa de obras ya fue finalizada.
El proyecto contempla nuevas instalaciones y mejoras estructurales para optimizar el tratamiento y rehabilitación de animales silvestres, incorporando estándares modernos de bienestar animal. El objetivo es consolidar este espacio como un centro de referencia en conservación de la biodiversidad en la provincia.
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Juicio por fumigaciones: La fiscalía avanza con pruebas sobre daño ambiental y salud

Fecha de Publicación: 25/03/2026
Fuente: RTS Medios
Provincia/Región: Santa Fe


El proceso tiene a siete productores y dos funcionarios imputados por contaminación. El fiscal señaló: “Era una actividad peligrosa y eran conscientes de lo que pasaba”.
En el marco de un juicio por fumigaciones que se desarrolla en la justicia federal, el fiscal Federico Reynares Solari detalló el avance de la etapa probatoria, que busca determinar los daños provocados en el ambiente y en la salud de la población, en una causa que tiene a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos imputados.
El representante de la Oficina de Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario explicó que actualmente se analizan pruebas científicas y testimonios técnicos. “Estamos transitando la etapa de prueba, en la que vamos a escuchar los testimonios científicos y determinar el punto de vista objetivo qué daños se produjeron al medio ambiente”, indicó. En ese sentido, precisó que se realizan estudios de suelo, agua y evaluaciones sobre personas afectadas.
Según se expuso en el alegato de apertura, los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone fueron acusados como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que sanciona la contaminación que resulte peligrosa para la salud o el ambiente.
Al referirse a la construcción de la acusación, Reynares Solari sostuvo: “Para nosotros es indiscutible que este modo de producir, que podría haberse producido de otro modo, prácticamente en la cara de la gente, produjo lo que produjo”. En ese marco, planteó que los hechos investigados exceden los límites de una actividad permitida.
El fiscal también anticipó que la defensa podría argumentar desconocimiento del riesgo, pero lo descartó: “Ellos eran perfectamente conscientes desde el año 2011 de lo que estaba pasando”. Además, remarcó que se trata de personas con formación en la actividad, por lo que no pueden desconocer los estándares que determinan cuándo una práctica deja de ser segura.
En ese sentido, concluyó: “No pueden desconocer cuáles eran los estándares a partir de los cuales la actividad deja de ser inocua para transformarse en una actividad peligrosa”. El juicio continuará con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios en las próximas audiencias.
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Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un convenio para proteger el Delta del Paraná de los incendios

Fecha de Publicación: 04/03/2026
Fuente: Portal Conclusión
Provincia/Región: Litoral Argentino


Las tres provincias, junto a la Agencia Federal de Emergencias, consolidaron un esquema de trabajo conjunto iniciado en 2024 y establecieron una coordinación operativa permanente para prevenir y responder al fuego en la región.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a los incendios. El convenio, rubricado en Alvear, da continuidad al trabajo articulado iniciado en enero de 2024 y establece un protocolo común de actuación ante emergencias.
Las autoridades destacaron que el Delta del Paraná es un territorio compartido cuya dinámica ambiental exige respuestas coordinadas, ya que el fuego no reconoce límites geográficos. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, subrayó la importancia de que las provincias y la Nación trabajen de manera articulada para abordar desafíos ambientales que trascienden fronteras.
En ese sentido, el ministro Enrique Estévez destacó que “es muy importante este paso que estamos dando. Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”.
Asimismo, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, remarcó el valor institucional del acuerdo y recordó que en 2022 la zona evidenció problemas de coordinación en el combate del fuego.
Por lo tanto, consideró que la firma del acta compromiso representa un paso clave para consolidar una política de Estado orientada a la prevención.
Por otra parte, en los últimos dos años Santa Fe destinó más de 2.500 millones de pesos a infraestructura y equipamiento para el combate del fuego, incluyendo herramientas, camionetas y capacitación específica para 632 brigadistas forestales. Además, el nuevo acuerdo establece que todos los recursos disponibles de las tres provincias estarán coordinados bajo un mismo protocolo operativo en articulación con la AFE.
En consecuencia, se busca optimizar los tiempos de respuesta, compartir información estratégica y garantizar intervenciones conjuntas ante eventuales focos ígneos. De hecho, el despliegue comenzó de inmediato con la instalación de un campamento base que funcionará con tres grupos de trabajo específicos en el territorio.
Además, en la segunda quincena de marzo se realizará una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la intervención de una provincia en territorio de otra, superando posibles trabas operativas y asegurando mayor agilidad en la respuesta.
Las autoridades explicaron que la decisión de anticipar las acciones responde a un factor climático concreto, las lluvias recientes generaron un importante crecimiento de vegetación que, al secarse durante el invierno, podría convertirse en biomasa altamente inflamable.
Por ello, actuar ahora de manera preventiva y coordinada resulta fundamental para reducir el riesgo de incendios en una región estratégica tanto en términos ambientales como productivos.
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Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Fecha de Publicación: 19/02/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe


Entre los ejemplares rescatados hay loros habladores, tortugas y aves autóctonas. El cargamento provenía de Santiago del Estero y tenía como destino Buenos Aires.
El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe, recibió más de 500 animales silvestres decomisados durante un operativo de control vial realizado esta semana sobre la Ruta Nacional 34. El procedimiento fue calificado como inédito por la cantidad de ejemplares incautados y se enmarca en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna.
El control permitió interceptar un camión que provenía de Santiago del Estero y tenía como destino la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección, las fuerzas nacionales constataron el traslado de aves y reptiles en condiciones precarias e incompatibles con su bienestar, lo que motivó el inmediato decomiso.

Más de 500 ejemplares rescatados
Entre los animales incautados se contabilizaron:
- 219 loros habladores
- 146 tortugas terrestres
- 33 pepiteros de collar
- 28 jilgueros
- 105 reina mora
- 16 corbatitas
Tras el operativo, los ejemplares fueron derivados al Criif “La Esmeralda”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, donde cumplen con la cuarentena sanitaria obligatoria. Allí reciben evaluación clínica, asistencia veterinaria y monitoreo conductual.
Una vez otorgadas las altas sanitarias correspondientes, se analizará técnicamente la posible reinserción en su hábitat natural, bajo estrictos criterios sanitarios, ecológicos y de conservación.
Un dispositivo clave para la conservación en Santa Fe
El centro “La Esmeralda” funciona de manera permanente como un dispositivo estratégico para la conservación de la biodiversidad en la provincia. Recibe animales provenientes de decomisos, rescates y entregas voluntarias, y desarrolla tareas de rehabilitación, enriquecimiento ambiental e investigación aplicada.
En paralelo, el Gobierno provincial impulsa un proyecto integral de puesta en valor del predio, que incluye la modernización de infraestructura, ampliación de áreas de cuarentena y rehabilitación, incorporación de equipamiento especializado y fortalecimiento de capacidades técnicas. La iniciativa busca consolidar al centro como referencia regional en rescate y bienestar animal.

Tráfico ilegal de fauna: una amenaza para la biodiversidad
El tráfico ilegal de animales silvestres es una de las principales amenazas para la biodiversidad. La captura y el transporte clandestino generan altos niveles de estrés, lesiones y elevada mortalidad, además de impactos irreversibles sobre los ecosistemas.
En este caso, durante el procedimiento también se incautó el teléfono celular del conductor, cuyo análisis podría aportar información clave para avanzar en la investigación y eventualmente desarticular redes de comercialización ilegal.
Desde el Ministerio recordaron que la captura, tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre sin autorización está prohibida y sancionada por la Ley Provincial de Fauna N° 4.830, la Ley Nacional N° 22.421 y la Ley N° 14.346.
Además, se instó a la ciudadanía a colaborar denunciando al 911 cualquier situación vinculada a la caza, venta o traslado ilegal de animales silvestres. No comprar fauna silvestre es una acción concreta para proteger la biodiversidad santafesina.
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Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Fecha de Publicación: 16/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Dos vecinas marcaron la segunda audiencia y el debate dejó de ser técnico para instalarse en el terreno de los derechos humanos
La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.
El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.
Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras. 

En Pergamino "el daño ya está hecho"
Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.
Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema. 

Conmocionados durante el juicio
El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.
Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa. 

Los agrotóxicos y la contaminación de cada día
Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.
Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.
Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.
El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.

Las objeciones
La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.
En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.

Un debate histórico
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.
La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.
La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940. 
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Vecinos de Fisherton denuncian contaminación en el Ludueña: “Agua blanca, olor a pudrición y nadie hace nada”

Fecha de Publicación: 06/02/2026
Fuente: Portal VersiónRosario
Provincia/Región: Santa Fe


Para los vecinos, la preocupación excede el impacto visual o el mal olor: señalan que se trata de un riesgo ambiental y sanitario, especialmente para quienes viven pegados al curso de agua.
Vecinos de barrio Fisherton volvieron a encender la alarma por el estado del arroyo Ludueña, donde aseguran que desde hace semanas se repite un fenómeno de agua blanquecina, fuerte olor y posibles vuelcos cloacales. Denuncian además falta de controles y sospechan que parte de la contaminación podría estar vinculada a descargas ilegales de camiones atmosféricos durante la madrugada.
“El olor del agua blanca y el olor que tiene… desde el 23 de diciembre, hace un mes y pico que aparece así”, describió Marcelo, vecino del barrio, en diálogo con VersiónRosario. Según su relato, el cuadro se vuelve más evidente en determinados horarios: “A la tarde se lava, porque supuestamente están tirando a la madrugada. La madrugada empieza, y a las 2 de la tarde ya se lava. Pero es todo pudrición”, sostuvo.
El denunciante aseguró que no se trata de un episodio aislado, sino de un problema que se repite año tras año. “Hace más de 6 años que estoy con esto: todos los veranos lo mismo”, afirmó. Y admitió que, aunque no puede confirmar el origen exacto, los indicios apuntan a descargas fuera de regla. “Puede ser pluviales, puede ser camiones atmosféricos, no sé, porque esto aparece a la madrugada”, explicó. Incluso contó que intentó seguir el rastro: “Me levanté un día a las 5 de la mañana, fui a buscarlo, llegué hasta un punto que no pude pasar más, pero no lo pude localizar”.
Para los vecinos, la preocupación excede el impacto visual o el mal olor: señalan que se trata de un riesgo ambiental y sanitario, especialmente para quienes viven pegados al curso de agua. Marcelo apuntó que el problema se siente con fuerza en sectores donde hay viviendas a metros del arroyo. “Más que todo en Villa Estela Mar, que viven todos ahí al lado… eso es contaminación pura. Ellos viven alrededor del arroyo”, remarcó.
Además, mencionó otro punto crítico que —según dijo— ya fue denunciado: “Hay problemas en el Puente Negro, que es un pluvial que hace años que tira cloaca. Ya está denunciado, ya las autoridades lo saben, pero sigue pasando”, afirmó.
Mientras los reclamos se acumulan, los vecinos cuestionan la lentitud de las respuestas y la falta de acciones concretas para frenar los vuelcos y sancionar a los responsables. “Hace un mes que lo vengo denunciando… que análisis, que esto, que lo otro, pero tenemos este problema”, resumió Marcelo. En Fisherton, la queja se repite con una sensación de desgaste: el Ludueña vuelve a aparecer contaminado en verano y, denuncian, el control no llega.
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Mientras arde la Patagonia, el Delta del Paraná también se consume en silencio

Fecha de Publicación: 05/02/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


En el Día Internacional de los Humedales una columna de humo recorta el horizonte del río Paraná. Mientras el país mira con preocupación los incendios en la Patagonia, frente a Rosario el Delta vuelve a arder. Y con cada foco que avanza, no solo se quema pasto seco: se pierde biodiversidad, se altera el humedal y se profundiza una crisis ambiental que lleva años sin respuestas de fondo.
“Hoy en el Día de los Humedales tenemos a la vista columnas de humo”, cuenta Jorge Bártoli, integrante de la ONG El Paraná No Se Toca, en diálogo con El Litoral. Desde hace más de una semana un foco de fuego lleva quemadas 900 hectáreas en el kilómetro 20 del camino que une Rosario con Victoria, Entre Ríos.
Se ve desde la costa rosarina. Según explicaron desde el grupo ambientalista, nadie ha ido a combatirlo porque está lejos de las ciudades costeras o las rutas. Mientras tanto, la biodiversidad del humedal sigue siendo castigada.

Narices que no huelen, corazón que no siente
El fuego en las islas frente a Rosario, que puede seguirse periódicamente por un satélite de calor de la agencia espacial NASA, sigue el destino de los focos que se ven, pero no llegan a “molestar” a la vida en las ciudades. “Generalmente el Estado toma acción cuando las columnas afectan a las ciudades costeras o los caminos.
Cuando el incendio deja de ser «un tema de islas» y se convierte en una amenaza directa para quienes viven en la ribera o circulan por la ruta”, dice y advierte: “Pero el daño ambiental no espera. Aunque el fuego esté lejos de la vista cotidiana, el impacto sobre el humedal se acumula. Es una situación crítica”.
Para Bártoli, el avance del fuego no puede leerse sin mirar el estado del río Paraná. En las últimas semanas, señala que hubo una leve suba del nivel del agua y eso “da una mano”, pero no alcanza.
“La última creciente importante que tuvo el Paraná fue en agosto de 2019. Estamos a seis años y medio”, afirma el ambientalista. En ese período, siempre según explicaron desde El Paraná no se toca, el río no volvió a recuperar los niveles que, históricamente, garantizaban el funcionamiento normal del sistema.
“Hay una hidrología alterada por factores diversos”, explica Bártoli y en el mapa de causas menciona el peso de las transformaciones vinculadas a la actividad humana. “Se está haciendo una tremenda afectación por la hidrovía que conspira y el humedal da señales claras de un cambio estructural: menos agua, menos ciclos de crecientes y bajantes, más vulnerabilidad ante el fuego”, agrega.
El resultado, en palabras del referente ambiental, es una especie de “pampeanización” del Delta: un proceso en el que el humedal empieza a parecerse a una llanura seca y domesticada, con cambios visibles en flora y fauna. “Vemos invasión de especies vegetales que no son propias del humedal. El cardo pampeano no es propio de la zona y esto habla de un cambio”, señala como ejemplo.
Bártoli pone nombres concretos a lo que suele aparecer en los informes como “pérdida de biodiversidad”. Habla de especies que se vuelven menos frecuentes, de poblaciones que se reducen, de ambientes que dejan de ofrecer refugio.
“El carpincho en nuestra zona es una población diezmada por la caza furtiva. Ahora vemos una población reducida a la mínima expresión de coipo, mal llamada nutria, el animal más conocido”, señala.
Según explica el integrante de la ONG, en los últimos dos o tres años el coipo cayó a niveles mínimos por una combinación de factores: pérdida de hábitat natural, falta de agua sostenida y presión de la caza.
En el agua, la situación también se vuelve cada vez más frágil. “Hay muy pocos datos. Empiezan a verse algunos datos con cuentagotas sobre el estado de los peces: sábalo, boga, dorado”, dice.
En el caso del sábalo —especie clave por su rol ecológico y también por la cadena económica que se monta alrededor de su captura—, advierte un problema extra: La captura se hace cuando son muy jóvenes, cuando no han tenido más que un desove.
Todo ocurre en un escenario donde el fuego funciona como una aceleración del deterioro. No solo destruye vegetación: rompe ciclos, desplaza fauna, arrasa refugios, altera el suelo. Y deja un humedal más débil frente al próximo evento extremo.

Tecnología para mirar lo que nadie mira
En medio de esa falta de control y seguimiento, la ONG sostiene parte de su monitoreo con herramientas abiertas. “La herramienta que brinda la página de la NASA ha sido invalorable”, dice Bártoli.
Es que les permite seguir focos activos y también calcular superficies afectadas. A eso se suma el trabajo de instituciones que sistematizan datos desde hace años como el Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás.
Consultado por cómo califica la respuesta de los gobiernos frente a los incendios, Bártoli recordó que el 2021 fue un punto de quiebre, justamente porque el humo se instaló como rutina en Rosario y la región.
"Hoy tenemos algunos organismos coordinados por el Estado que tienen más estructura, más formalidad, se trabaja más, pero los recursos siguen siendo pocos. Hace muy poco el gobierno provincial mandó 30 brigadistas a la Patagonia cuando también son necesarios acá”, opina.
En el cierre, Bártoli vuelve a un reclamo que atraviesa a las organizaciones socioambientales desde hace años: la falta de una norma nacional que ordene el uso del territorio y proteja ecosistemas clave. “Los problemas de base siguen y seguimos sin contar con una ley de humedales nacional que tenga una protección”, afirma.
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Comienza el juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 04/02/2026
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Siete productores y dos exfuncionarios están acusados. La causa se inició en 2018 tras la denuncia de una vecina que sufrió graves consecuencias en su salud. El proceso abre un debate sobre el modelo agroindustrial y la protección ambiental
 Este lunes, a las 11, se abrió en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario una audiencia preliminar de cara al juicio oral que comenzará este miércoles contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios públicos de Pergamino, acusados de haber permitido y ejecutado fumigaciones con agrotóxicos en campos lindantes a zonas urbanas, en violación de la normativa vigente.

La investigación se inició en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, tras la denuncia de Sabrina Ortiz, vecina y abogada de Pergamino, quien relató graves consecuencias en su salud y la de su familia. Ortiz había comenzado a denunciar las fumigaciones ya en 2011, cuando se aplicaban agroquímicos a apenas diez metros de su vivienda en el barrio Villa Alicia. Según su testimonio, esas prácticas derivaron en un aborto espontáneo, dos accidentes cerebrovasculares y múltiples afecciones neurológicas.

El agua de Pergamino, contaminada
La acusación sostiene que las fumigaciones provocaron contaminación de aguas subterráneas, intoxicaciones y daños a la salud de vecinos, además de un incumplimiento sistemático de las distancias de resguardo establecidas por la normativa. Se investiga también la complicidad de funcionarios públicos, que habrían permitido las prácticas pese a las advertencias de especialistas y las denuncias de la comunidad.

Un juicio histórico
El proceso judicial es considerado histórico porque por primera vez se juzga en el país a productores agroindustriales por el uso de agrotóxicos en zonas urbanas. El caso pone en debate el modelo agroindustrial dominante, cuestionado por vecinos expuestos, organizaciones ambientalistas y científicos independientes que advierten sobre los riesgos de los agroquímicos para la salud y el ambiente.
El juicio pasó de San Nicolás a Rosario porque, tras la etapa de instrucción en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, la causa fue elevada a juicio oral y quedó bajo competencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que es el tribunal designado para llevar adelante los debates orales en esta jurisdicción.
Desde temprano, organizaciones sociales y ambientales se concentrarán el miércoles frente a los Tribunales Federales de Rosario para acompañar a la querella. Se espera que el juicio se extienda varias jornadas, con la presentación de pruebas, testimonios de vecinos y peritajes científicos que podrían marcar un precedente en materia de protección ambiental y salud pública.

El antecedente cordobés
El proceso que se abrirá este miércoles hoy en Rosario tiene un antecedente clave: el juicio realizado en 2012 en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, donde un productor agropecuario y un piloto aeroaplicador fueron condenados a tres años de prisión condicional por fumigar con glifosato y endosulfán a escasos metros de viviendas.
Aquella sentencia fue pionera al reconocer judicialmente que las fumigaciones en zonas urbanas constituyen delito. Sin embargo, el caso de Pergamino amplía el alcance: por primera vez se juzga en el fuero federal a siete productores agroindustriales y dos ex funcionarios públicos, en un proceso que podría sentar un precedente más fuerte en materia de responsabilidad penal por contaminación ambiental.
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Nuevo rechazo para el loteo en área inundable

Fecha de Publicación:09/01/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


El decreto que pone fin al expediente administrativo considera que el proyecto inmobiliario lesiona una zona de reserva ambiental y tendría un impacto negativo.
El gobierno de Santa Fe dio un paso definitivo en el conflicto por el barrio cerrado Damfield, ubicado en la ciudad de Funes, al rechazar formalmente la revocatoria administrativa presentada por la desarrolladora Davik SA contra la clausura de las obras. La decisión, adoptada mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, ratifica la postura provincial y consolida el cierre del expediente administrativo, con el respaldo explícito de la Justicia rosarina.
El decreto, fechado el 30 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial, “rechaza por improcedente” el planteo de los empresarios, que había sido interpuesto en 2024 luego de que el Ejecutivo provincial ordenara la paralización total del emprendimiento. Para el gobierno santafesino, el proyecto inmobiliario es “inviable” por emplazarse en una zona considerada inundable, de reserva ambiental y con potencial impacto negativo sobre áreas urbanas de Funes y Rosario ante eventos de lluvias de gran magnitud.
La resolución administrativa se apoya, además, en la reciente sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Rosario, a cargo de la jueza Susana Gueiler, que rechazó el amparo presentado por la desarrolladora y concluyó que la clausura “no fue arbitraria, sino debidamente fundada”. 
En ese fallo, la magistrada sostuvo que Davik SA “no puede pretender desconocer que no tenía autorización suficiente para el emprendimiento inmobiliario y que el mismo se encontraba supeditado a otras autorizaciones administrativas, fundamentalmente el certificado de aptitud ambiental”.

Los argumentos
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión se enmarca en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente, tanto a nivel provincial como nacional, y en la aplicación de criterios preventivos.
El decreto subraya que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se entenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”, y enfatiza que la Provincia no puede “eludir sus deberes constitucionales en pos de los bienes colectivos”, que hoy cuentan con estatus constitucional y forman parte de políticas públicas.
El conflicto se agravó en los últimos meses por la comercialización de lotes que realizó la desarrolladora sin contar con la autorización definitiva para avanzar con el barrio cerrado.
Esa situación generó tensiones con inversores y compradores, ante el incumplimiento de los plazos de entrega originalmente anunciados. En ese contexto, el futbolista Denis Rodríguez presentó una denuncia penal por presunta estafa, causa que se encuentra bajo análisis del fiscal provincial Ramiro González Raggio.
Con el rechazo de la revocatoria, el expediente administrativo quedó cerrado, lo que deja a Davik SA sin una vía de resolución inmediata.
La empresa aún podría recurrir al fuero Contencioso Administrativo si decide insistir con el proyecto original, aunque desde la Provincia advierten que no existe una salida de corto plazo. 
En paralelo, la sentencia judicial es de primera instancia y puede ser apelada, aunque hasta fines de 2025 no se había presentado ningún recurso, pese a que los plazos continuaban vigentes.
Desde el Ministerio de Obras Públicas provincial fueron categóricos respecto del futuro del emprendimiento. “El proyecto original no tiene factibilidad”, señalaron fuentes oficiales, aunque admitieron que, en su carácter de propietarios de las tierras, los titulares podrían readecuar el uso del suelo.
Según estimaciones que circulan en la Casa Gris, la superficie habilitable para viviendas permanentes no superaría entre el 3 y el 5 por ciento del total del predio. También descartaron de plano la posibilidad de una modificación legislativa que beneficie a Damfield para concretar el barrio cerrado tal como fue concebido.

Otra posición
La posición provincial contrastó con las declaraciones del intendente de Funes, Roly Santacroce, quien cuestionó con dureza la clausura y defendió la continuidad del emprendimiento. “Los ingenieros ya lo dijeron y presentaron certificados que confirman que el lugar no se inunda”, afirmó el jefe comunal, y apuntó directamente contra el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich. “Para mí es un irresponsable”, dijo, al responsabilizarlo por frenar “más de 60 emprendimientos en toda Santa Fe”.
Santacroce sostuvo que, de existir riesgos en otras zonas, “será el Estado provincial o nacional el que deba encarar las obras de infraestructura necesarias”, y planteó interrogantes sobre la previsibilidad para la inversión privada. “¿Qué seguridad jurídica tiene la Argentina si mañana cambia el gobierno y te cambian todas las reglas del juego?”, se preguntó.
Las declaraciones del intendente generaron respuestas en el ámbito político local. El concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Ignacio Rímini, expresó su preocupación por “la liviandad con la que el Ejecutivo municipal aborda la seguridad hídrica de la región”.
“Hay una ambición por avanzar en negocios de toda índole que poco tiene que ver con las necesidades de los vecinos”, afirmó.
El edil recordó que la potestad de aprobación hídrica y ambiental corresponde a la Provincia y que esas normativas “son garantías de seguridad, no simples obstáculos”, y pidió priorizar la calidad de vida y la protección de residentes e inversores.
Con el decreto firmado y el aval judicial, el gobierno provincial cerró filas en torno al rechazo de la revocatoria y dejó firme la clausura de Damfield, consolidando una decisión que coloca el eje en la prevención ambiental y en la autoridad provincial sobre el ordenamiento territorial y la seguridad hídrica..
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Liberaron en Santa Fe a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de 10 años fuera de su hábitat

Fecha de Publicación: 31/12/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe


El ejemplar había sido rescatado de una casa particular y terminó en cautiverio en CABA. Tuvo que ser rehabilitado antes de regresar a la naturaleza.
Después de más de diez años viviendo lejos de su entorno natural, el yacaré overo Ricardito fue liberado en una reserva natural de la provincia de Santa Fe.
Este ejemplar fue rescatado de una casa particular y terminó en el Instituto Malbrán, donde vivió en una pequeña pileta, sin las condiciones necesarias para desarrollar los comportamientos propios de su especie.
En octubre pasado, gracias a una intervención coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, el Ministerio Público Fiscal de CABA, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque porteño, el animal fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
Al llegar al centro especializado, Ricardito presentaba signos claros de haber pasado mucho tiempo en cautiverio. Allí, un equipo técnico interdisciplinario evaluó durante semanas su estado sanitario, nutricional y conductual.
Si bien no detectaron enfermedades de base, los especialistas advirtieron que el yacaré no tenía la cantidad de comportamientos necesarios para sobrevivir en la naturaleza. Además, debió alcanzar un peso adecuado y reducir el contacto con personas, ya que la habituación humana es incompatible con la vida silvestre.
La liberación de Ricardito se concretó recién cuando el animal demostró que podía alimentarse solo, desplazarse sin asistencia y mostrar conductas propias de su especie.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático confirmó que el área elegida para la reinserción reunía condiciones ecológicas óptimas y no presentaba riesgos sanitarios ni genéticos para otras poblaciones.
La historia de Ricardito dejó en evidencia la necesidad de respuestas estatales coordinadas frente a la tenencia ilegal de animales silvestres. Desde el Ministerio de Ambiente provincial remarcaron que las reintroducciones de fauna requieren criterios técnicos estrictos: una liberación sin planificación puede derivar en alta mortalidad, conflictos sociales o impactos negativos sobre otras especies.
En el caso de reptiles como los yacarés, los especialistas advirtieron que muchas veces se subestima la complejidad del proceso. La evaluación del hábitat, la alimentación, el comportamiento y la genética fue clave para definir el momento y el lugar de la reinserción.
La provincia de Santa Fe no solo trabaja con yacarés: también rehabilitará monos, urracas y tortugas de agua rescatados en Mendoza, consolidando su rol como referente en la conservación y el rescate de fauna silvestre.
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Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3.000 ejemplares en el mundo

Fecha de Publicación: 27/12/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe


Es monumento natural provincial, pero víctima del tráfico ilegal y del desmonte. Afirman que hay una “gran oportunidad” en la provincia para su conservación.
En el norte de Santa Fe, precisamente los territorios donde se presentan sabanas de pastos cortos y árboles aislados, hay un tesoro que está declarado en peligro de extinción en los cuatro países donde, originalmente, se distribuía: el cardenal amarillo.
Esta ave es monumento natural de Santa Fe desde 2022 y tiene una población mundial que no supera los 3.000 individuos. Dentro de esta situación crítica, Santa Fe se presenta como una oportunidad para su conservación a partir de la realización del primer censo de la especie en la provincia, que contempló desde la búsqueda de ejemplares hasta la elaboración de su perfil genético.
 En la provincia, está prohíbida, de forma total y permanente, la caza, captura, acoso, persecución, tenencia, tránsito o comercialización de ejemplares del cardenal amarillo, ya sean vivos o muertos. Las únicas acciones que se pueden desarrollar sobre ejemplares de la especie son para actividades científicas, sólo con autorización previa y participación obligatoria del Ministerio de Ambiente provincial.
El cardenal amarillo se distribuye entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay en distintas proporciones, pero es en Argentina donde registra más individuos. Este último dato es apenas un consuelo: se encuentra en peligro de extinción en los cuatro países y la situación de la especie “es preocupante”, afirmó a La Capital la coordinadora del Proyecto Cardenal Amarillo de Aves Argentinas, Rocío Lapido.
Diversas estimaciones marcan unos 50 individuos de cardenal amarillo en una zona muy particular de Brasil y alrededor de 300 en Uruguay, mientras que Paraguay no tiene registros. Argentina, el territorio donde se concentra casi la totalidad del resto de la especie (estimada entre 1.500 y 3.000 ejemplares a nivel mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) presenta una oportunidad única por la distribución que tiene la especie en el país.
Las principales amenazas del cardenal amarillo son el tráfico ilegal (son muy requeridos por su plumaje colorido y por su canto) y la pérdida de hábitat relacionada a los desmontes y los incendios. Si bien son aves forrajeras (comen en el suelo y no en los árboles), la transformación de los espacios abiertos que necesitan para conseguir comida y el avance sobre diversas porciones del monte hacen que no puedan nidificar.

Monumento Natural de Santa Fe
La declaración de una especie como monumento natural en la provincia no es un simple trámite. Requiere que, además, se elabore un plan de manejo para detallar cómo se gestionarán tanto las amenazas que la llevaron a estar en un estado vulnerable (en caso de estarlo) como los individuos que están en libertad. También se estipula cómo se manejarán, por ejemplo, las incautaciones de ejemplares que provengan del tráfico o la tenencia ilegal.
El censo es parte de esas acciones para “conocer en qué situación está la especie en la provincia”, indicó a La Capital la directora de Bosques Nativos y Áreas Protegidas de Santa Fe, Luciana Manelli. Y agregó: “Sabemos que está en peligro a nivel mundial, pero se necesitan los datos finos en cada lugar”. La finalidad principal de este procedimiento es identificar ambientes y necesidades de la especie, más allá de las cifras poblacionales.
Se trata del primer censo que se hace en la provincia sobre la población del cardenal amarillo, en el que colaboraron instituciones como Aves Argentinas, la Fundación Temaikén y el Ecoparque de Buenos Aires.
El censo consistió en visitar lugares específicos en la provincia donde, por sus características, todavía se puede desarrollar la población de cardenal amarillo. Una vez allí, se usan sonidos especiales que reproducen el canto de posibles “competidores” para que los ejemplares se acerquen (la especie es muy territorial). La metodología fue sumamente cuidadosa: no más de tres repeticiones a intervalos de 30 segundos para conseguir información sin estresar a las aves.
La novedad del relevamiento no fue sólo el registro de ejemplares sino la búsqueda de un dato que se transforma en una nueva herramienta de conservación: la toma de muestras de sangre y plumas para elaborar el perfil genético específico del cardenal amarillo santafesino, que no se trata de una subespecie sino de una de las tres variantes genéticas existentes en Argentina.

Plumas y sangre: el perfil genético del cardenal amarillo santafesino
Además de la variante de cardenal amarillo en el Litoral, existen también en Argentina otras en Cuyo y en un sector comprendido por el norte de Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.
Definir el perfil genético del cardenal amarillo del Litoral, explicó Lapido, servirá para tener una nueva herramienta a la hora de incautar ejemplares que provengan del tráfico. Una vez que las aves son decomisadas, las que están aptas podrán ser devueltas a la naturaleza pero antes será necesario repasar su genética para liberarlas en el lugar correcto. Con los datos genéticos recolectados en el censo, habrá una nueva capa de información disponible.
La elaboración de ese perfil ya está en marcha, reveló a este medio Patricia Amavet, investigadora independiente del Conicet y profesora adjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quien está a cargo de la elaboración del perfil genético del cardenal amarillo en Santa Fe.
Amavet ya cuenta con experiencia en el campo genético animal: contribuyó a definir el mismo perfil pero de la tortuga de tierra, luego de lo que recordó como “un decomiso muy grande que llegó a La Esmeralda (el centro de rescate animal de la provincia)”. Esto ayudó a determinar que el 90% de esos ejemplares eran de Santiago del Estero, por lo que fueron liberados en el sector santafesino lindante con esa provincia.
Recolectar muestras para definir este perfil fue un desafío, teniendo en cuenta una población tan disminuida: “Tomamos seis o siete en tres campos, de parejas y de algunos pichones”.
De cada ejemplar se toman dos muestras de plumas y de sangre, todo bajo un protocolo especial. Una se usa para examinar y otra, al tratarse de una especie encuadrada dentro del patrimonio natural santafesino, se envía al Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”.
Si bien son pocas muestras, la idea es volver al campo el año que viene para robustecer el perfil genético del cardenal amarillo santafesino.
Amavet explicó que sobre el perfil genético del cardenal amarillo hay un solo trabajo en Argentina, que tiene datos de ejemplares de Corrientes, Río Negro y La Pampa. “Es una porción de la distribución bastante parcial, pero la idea es ir llenando vacíos de información con nuestros datos. No sabemos cuál tienen los (cardenales) de Santa Fe porque es la primera vez que se hace”, detalló la investigadora.
El perfil genético del cardenal amarillo litoraleño permitirá tener más opciones a la hora de planificar liberaciones de ejemplares decomisados. “Con un estudio genético sencillo, se va a saber de qué región es un ejemplar incautado para no alterar las poblaciones”, resaltó la investigadora.

Una recuperación posible
Ante un panorama tan frágil, todavía hay esperanzas. “Se puede pensar en una recuperación de la especie”, admitió Lapido, para remarcar que en Santa Fe “hay una gran oportunidad para trabajar a través del plan de conservación”.
Por su parte, Manelli explicó que la posibilidad de preservar los ejemplares que ya existen va de la mano con el trabajo de concientización que va desde las escuelas rurales a las charlas con productores que tengan, dentro de sus campos, ambientes propicios para que el cardenal amarillo pueda desarrollarse.
La funcionaria destacó la predisposición de los titulares de esas áreas para colaborar con el censo: “La gente tiene sensibilidad ambiental, hace falta que los hagamos parte de una política pública. Todos nos dieron permiso y había familias que se acordaban de los cardenales o los habían visto y nos ayudaron a identificar dónde podían estar”.
Esa identificación es algo que también resaltó Lapido, quien destacó que la pérdida de la especie tiene sus consecuencias a nivel ecosistémico pero, además, en el plano cultural de las poblaciones: “Donde hoy quedan cardenales amarillos, la gente sabe que es una especie de valor y no la quieren perder. Las especies, por sí mismas, tienen un valor intrínseco”.
La posible desaparición del cardenal amarillo en Santa Fe se daría, exclusivamente, por intervenciones humanas. Por eso Lapido reafirmó que “la responsabilidad por su situación actual es nuestra, de los humanos. Y que siga estando en la naturaleza, también. Tenemos la oportunidad y responsabilidad de trabajar en la conservación de la especie”.
“Si le damos libertades, lo dejamos de cazar y de desmontar sus ambientes naturales, la especie se puede recuperar. Sólo le tenemos que dar la oportunidad”, concluyó.
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Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: en qué áreas se registran más casos

Fecha de Publicación: 10/12/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


El dato se desprende del monitoreo de una red especializada que, desde hace unos meses, sumó a equipos del gobierno provincial para tener un detalle pormenorizado de la situación. Cuáles son las zonas más comprometidas en la provincia y qué acciones se están tomando
El aguará guazú es uno de los monumentos naturales de Santa Fe, estatus que le otorga el máximo nivel de protección que puede tener una especie en la provincia. A pesar de ello, el 90 % de los ejemplares que mueren en la provincia son por atropellamientos en rutas, una de las grandes amenazas tanto para la especie como para el resto de los animales. Un mapa detalla que Santa Fe es la segunda provincia que más casos registra de fauna atropellada, aunque cuenta con varios programas que apuntan a mitigar este fenómeno.
Diego Varela es biólogo del Conicet, se desempeña en el Instituto de Biología Subtropical en Puerto Iguazú, Misiones, y coordina la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa). Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana que reúne, en diversos mapas interactivos, todos los casos posibles de atropellamientos de animales a lo largo del país a partir de la colaboración de las personas que se cruzan con uno de estos episodios.
La iniciativa es abierta a la comunidad aunque, principalmente, participan personas que tienen un especial interés en el tema y personal especializado, como guardaparques, naturalistas y miembros de organismos públicos y ONG. El proyecto nace como una forma de graficar un fenómeno creciente a nivel mundial y que tiene a América Latina como referencia de las complicaciones derivadas del cruce entre la biodiversidad y la expansión de la red vial. Desde la red, resaltan que hay una "marcada carencia de estudios sobre el impacto de la infraestructura vial sobre la biodiversidad, en particular a nivel de poblaciones y con especies amenazadas de extinción".

Los mapas de la fauna atropellada en Argentina
“El problema del atropellamiento de fauna es grande, tanto en Argentina como en el mundo. Y nosotros podemos registrar una pequeña porción de los incidentes que ocurren”, explicó Varela a La Capital. A nivel nacional, el mapa registra 11.559 animales vertebrados atropellados en las rutas argentinas.
Dentro de los 1.008 casos reportados en Santa Fe, provincia que se ubica segunda en el ránking superada por Misiones (5.166), los departamentos que más casos registran de atropellamientos son Las Colonias (160), La Capital (148) y 9 de Julio (102).
Actualmente, Santa Fe tiene una problemática especial en torno al aguará guazú. Datos del Ministerio de Ambiente provincial indican que 9 de cada 10 muertes registradas de este animal en suelo santafesino se dan por atropellamientos.
El aguará guazú fue declarado monumento natural provincial por la ley Nº 12.182, sancionada en 2003, el máximo nivel de protección para una especie en la provincia. A pesar de ello, está catalogado como “amenazado” (y dentro de ese grupo, enmarcado como “vulnerable”) según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem).
Es de hábitos crepusculares, por lo que suele tener mayor actividad cuando cae el sol. Por eso, se debe tener más precaución al circular de noche por las rutas santafesinas.
Otras especies que también sufren la pérdida de ejemplares por el mismo problema son serpientes, zorros, zorrinos, peludos, pumas, gatos monteses, hurones y aguará popes.

Áreas de mitigación de atropellamientos
Actualmente, el Ministerio de Ambiente provincial lleva adelante un programa denominado Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (Amaf) para identificar zonas sensibles a la problemática y actuar en consecuencia. Además, se incorporaron pasafaunas en licitaciones de rutas provinciales y puentes que atraviesan estas trazas.
Cinco de los once corredores contemplados en las Amaf involucran a los tres departamentos con más casos registrados. La distribución es mayoritaria para La Capital, que está dentro de tres corredores (Estación Matilde-San Agustín, en un periplo conformado por un camino comunal y las rutas provinciales 50-S y 36-S; autopista Rosario-Santa Fe y ruta provincial Nº 1, en el segmento San José del Rincón-San Javier), mientras que Las Colonias y 9 de Julio tienen uno cada una (ruta provincial Nº4 en el segmento La Pelada-San Cristóbal y ruta provincial Nº 2 en el tramo Logroño-Tostado, respectivamente).
Los registros en la provincia se incrementaron desde que personal del Ministerio de Ambiente empezó a colaborar con la Ramfa en el aporte de información y datos para el mapa, explicó a La Capital la directora de Bosques Nativos y Áreas Protegidas de Santa Fe, Luciana Manelli: “Les aportamos todos nuestros datos, que nos dan fuentes como la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Vialidad Nacional, para robustecer el mapa”.
Además de las Amaf, desde el gobierno intensifican su campaña sobre la colocación de cartelería y un punto aún más importante: sumar a todas las nuevas licitaciones de rutas provinciales la necesidad de incorporar pasafaunas en las obras que se realicen y en los lugares que sean necesarios.
Estas dos acciones conforman la primera etapa de una estrategia para intentar bajar los atropellamientos de animales y surgen tras varias reuniones de agentes del ministerio con diversos especialistas en la materia del país. Una de esas jornadas de consulta fue, justamente, con la Ramfa, con la que Santa Fe colabora desde entonces.
Las medidas estructurales de mitigación ya están en camino. Los pasafaunas fueron incorporados en las licitaciones de puentes en la ruta provincial 32, que unirá Villa Ocampo con Puerto Ocampo, y en el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. A eso, van a sumar cámaras trampa para observar cómo es el comportamiento de los animales.

Registro exhaustivo
Los registros del mapa son revisados, procesados y estandarizados por el equipo de la Ramfa, que cuenta con tres mapas interactivos: uno con cada atropellamiento, que indica dónde y cuándo ocurrió, además de qué especie se trata; otro que lleva un conteo por provincias; y un tercero que muestra los totales provinciales divididos en cada departamento. El chequeo de los aportes es exhaustivo para que no haya errores de identificación de especies ni de ubicaciones, contó Varela. “Todo es a pulmón. La idea es actualizar la base de datos en diciembre”, anticipó.
“Mapeamos los atropellamientos en una página para visualizar el problema a nivel nacional y para poder identificar cuáles son las áreas más sensibles y las especies más afectadas. Los patrones que se observan dependen de la cantidad de datos y, con más datos, podemos definir políticas y recomendaciones para mitigar el impacto", explicó.
Varela indicó que los atropellamientos de animales se dan en casi todas las rutas del país. Donde más se registran casos es sobre las trazas que atraviesan áreas naturales o protegidas y las situaciones que se dan en zonas donde hay animales en peligro de extinción son más críticas que el resto: la muerte de un sólo ejemplar puede significar una pérdida enorme en términos poblacionales.
De todos modos, el biólogo explicó: “Hay zonas registradas con una mayor cantidad de atropellamientos no sólo porque hay más riesgo para la fauna sino porque allí se concentran más voluntarios y colaboradores”. El caso de ejemplo es Misiones, la provincia donde nació la iniciativa: está primera en el ranking con más de 5.000 casos, seguida por Santa Fe.
A poco de que lleguen las vacaciones y los viajes por las rutas, Manelli remarcó el llamado a una conducción responsable para preservar tanto a otras personas como a la fauna.
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