Prohibieron los loteos en las zonas incendiadas de Cafayate

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal QuePasaSalta
Provincia/Región: Salta


Luego del incendio forestal que puso en alerta a toda la provincia y arrasó importantes sectores de bosque nativo en Cafayate, la intendenta Rita Guevara firmó una resolución para impedir loteos, urbanizaciones y cambios en el uso del suelo de las zonas afectadas.
El incendio forestal registrado durante las últimas semanas en Cafayate no solo movilizó a brigadistas, bomberos y organismos de emergencia de toda la provincia, sino que también abrió un fuerte debate sobre el futuro de las tierras alcanzadas por el fuego.
En ese contexto, la intendenta Rita Guevara tomó una decisión que busca proteger los sectores afectados y evitar cualquier aprovechamiento económico de los terrenos incendiados.
A través de la Resolución Municipal Nº 179/26, el municipio prohibió autorizar loteos, urbanizaciones, emprendimientos inmobiliarios y modificaciones en el uso del suelo dentro de las áreas alcanzadas por el incendio.

Buscan evitar negocios sobre terrenos incendiados
La medida fue adoptada mientras la Justicia continúa investigando el origen del fuego y analiza si los incendios pudieron haber sido provocados de manera intencional.
El objetivo es impedir que un eventual delito ambiental termine beneficiando a quienes pretendan desarrollar proyectos inmobiliarios sobre superficies degradadas por las llamas.
La resolución también ordena a todas las áreas municipales vinculadas al planeamiento urbano, catastro, ambiente, obras públicas y habilitaciones abstenerse de otorgar permisos que contradigan las restricciones establecidas por la legislación nacional.

Crearán un registro especial
Otro de los puntos importantes de la normativa es la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales.
Este registro permitirá identificar, delimitar y proteger cada uno de los sectores dañados, además de solicitar a organismos provinciales y nacionales la georreferenciación técnica de las superficies alcanzadas por el fuego.

Proteger los bosques nativos
En los fundamentos de la resolución, la intendenta remarcó que la preservación de los bosques nativos constituye una política pública prioritaria por su importancia ambiental, turística, paisajística y económica para Cafayate.
También recordó que la Constitución Nacional establece el derecho de toda la población a vivir en un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural.

La investigación sigue abierta
Mientras avanza la causa judicial para determinar qué provocó el incendio, la decisión del municipio busca garantizar que las tierras afectadas sean recuperadas ambientalmente y no puedan destinarse a desarrollos inmobiliarios mientras continúen vigentes las restricciones previstas por la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
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La contaminación sonora afecta a miles de personas: las zonas más ruidosas de Buenos Aires 

Fecha de Publicación: 25/06/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: CABA


La contaminación sonora en Buenos Aires se convirtió en uno de los problemas ambientales más extendidos de la vida urbana. A diferencia de la contaminación del aire o la basura, el ruido no deja rastros visibles. Pero está presente todo el tiempo.
La Ciudad funciona las 24 horas. Tránsito permanente, actividad comercial, vida nocturna y obra pública generan un paisaje acústico intenso. Lo que durante años se consideró una consecuencia inevitable del crecimiento urbano hoy se revisa desde una perspectiva sanitaria más estricta, indica el periodista Andrés Sanguinetti en un articulo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
Especialistas, organismos internacionales y autoridades locales coinciden en un punto: la exposición prolongada a niveles elevados de sonido tiene efectos concretos sobre la salud y la calidad de vida, desde trastornos del sueño hasta problemas cardiovasculares.

Una ciudad que nunca frena: 3 millones de residentes y el doble en movimiento
Buenos Aires tiene alrededor de tres millones de habitantes. Pero su dinámica diaria involucra casi el doble de personas si se cuenta el flujo desde el Área Metropolitana.
Tal como informó EconomiaSustentable.com, trabajadores, estudiantes, turistas y visitantes se desplazan todos los días hacia oficinas, universidades, centros comerciales y espacios culturales. Este movimiento masivo genera una presión constante sobre calles, avenidas, autopistas y transporte público.
El sistema opera al límite de su capacidad en determinados horarios. La circulación de vehículos se intensifica y, con ella, el nivel de ruido general. La convivencia entre zonas residenciales y áreas de actividad económica amplifica la exposición acústica.
El resultado es una ciudad altamente productiva, pero sometida a una tensión ambiental constante. El ruido aparece como una de las expresiones más claras de esa intensidad, añade la nota de EconomiaSustentable.com.

El tránsito vehicular: la principal fuente de ruido urbano
Diversos estudios coinciden: el tránsito vehicular es la principal fuente de contaminación sonora en la Ciudad. Automóviles particulares, colectivos, motos, camiones de reparto y servicios de transporte configuran una red de circulación que se extiende durante todo el día y parte de la noche.
El Mapa Estratégico de Ruido elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA) muestra que los niveles más altos se concentran en avenidas principales, corredores de alto flujo y autopistas urbanas. Estas zonas coinciden con los puntos de mayor densidad vehicular.
A esto se suma un parque automotor significativo. Las estimaciones indican que entre 1,5 y 1,8 millones de vehículos transitan diariamente por la ciudad, incluyendo los que ingresan desde el conurbano bonaerense. Esa cifra explica la magnitud del fenómeno acústico.
Una investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo reveló que el 93% de los encuestados identifica al tránsito como la principal fuente de ruido urbano. El mismo estudio señala que obras en construcción, actividades nocturnas y espacios de entretenimiento aparecen como factores secundarios, aunque cada vez más relevantes.

Qué barrios están más expuestos al ruido constante
La contaminación sonora no afecta de manera uniforme a toda la ciudad. Existen zonas donde la combinación de tránsito intenso, actividad comercial y alta densidad poblacional genera niveles de ruido superiores al promedio, destaca la nota publicada en EconomiaSustentable.com.
Entre los sectores más afectados se destacan:
- Microcentro y área financiera: convergen oficinas, transporte y actividad económica concentrada
- Palermo: fuerte desarrollo gastronómico y vida nocturna intensa
- Recoleta y Barrio Norte: atravesados por avenidas de alto tránsito
- Belgrano: especialmente el corredor de avenida Cabildo, con circulación constante de vehículos y transporte público
- Almagro y Balvanera: atravesados por arterias de gran flujo como Rivadavia o Corrientes
- Villa Crespo y Chacarita: incremento del ruido asociado al crecimiento gastronómico
- Caballito, Núñez y Villa Urquiza: desarrollo inmobiliario y expansión de construcciones
Las avenidas Corrientes, Santa Fe, Rivadavia, Cabildo, Juan B. Justo y la 9 de Julio se consolidan como algunos de los corredores con mayor presión sonora de toda la ciudad.

Qué dice la OMS sobre el impacto del ruido en la salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la contaminación sonora dentro de los factores ambientales que afectan la salud pública. Según sus estudios, la exposición prolongada a ruidos elevados puede generar trastornos del sueño, estrés, dificultades de concentración y problemas cardiovasculares.
Uno de los aspectos centrales es que el daño no depende únicamente del volumen del sonido. También influyen su duración, frecuencia y momento de ocurrencia. En este sentido, el ruido nocturno resulta especialmente perjudicial, ya que interfiere con los ciclos de descanso y recuperación del organismo.
Además, la OMS advierte que la contaminación acústica tiene una dimensión social. No todas las personas están expuestas en las mismas condiciones. Quienes viven cerca de avenidas, zonas de entretenimiento, corredores logísticos o áreas con obras permanentes suelen estar más expuestos que el resto de la población.
En una ciudad donde la convivencia entre actividades residenciales, comerciales e industriales ocurre en distancias muy reducidas, el problema se vuelve estructural.

Más allá del tránsito: obras, gastronomía y logística que suman ruido
El ruido urbano en Buenos Aires proviene de múltiples fuentes que se combinan entre sí. Las obras en construcción son una de las principales, especialmente en barrios donde el crecimiento inmobiliario fue acelerado en los últimos años.
Demoliciones, excavaciones y uso de maquinaria pesada generan niveles de sonido elevados y prolongados. En algunos casos, esas obras se extienden durante meses o años, afectando la rutina de vecinos cercanos.
El sector gastronómico y de entretenimiento también contribuye de manera significativa. Bares, restaurantes, locales nocturnos y eventos masivos generan actividad intensa en determinados barrios, especialmente en Palermo, Villa Crespo, Chacarita y San Telmo.
Si bien estas actividades impulsan el empleo y la economía local, también generan conflictos vecinales vinculados al ruido, los horarios y la circulación de personas.
Otro factor en crecimiento es la logística urbana. El aumento del comercio electrónico incrementó la circulación de vehículos de reparto y distribución dentro de la ciudad, lo que suma nuevas fuentes de ruido en horarios extendidos.

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Islas de calor urbano: la ciencia mapea cómo el AMBA hierve por dentro

Fecha de Publicación: 18/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires


Un estudio en Nature con participación del CONICET y la UBA analizó 41 megaciudades del mundo. El AMBA está entre ellas. En verano, sus zonas más densas pueden superar en 3 °C a las áreas rurales.
Que en las ciudades hace más calor que en el campo es un hecho conocido. Lo que no se sabía con precisión es cuánto más calor, dónde exactamente, cómo varía según la morfología urbana y qué pasará a medida que el cambio climático siga acelerando. Esas preguntas son las que aborda un trabajo publicado en la revista npj Urban Sustainability, de la editorial Nature, con participación de investigadores del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, UBA-CONICET) y el Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos (IFAECI).
El resultado es el primer análisis global que logra representar explícitamente megaciudades, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires, en simulaciones climáticas regionales.
Por primera vez, modelos climáticos globales logran representar megaciudades como Buenos Aires y muestran cómo el diseño urbano, la densidad y la desigualdad territorial amplifican el calor extremo barrio por barrio.
El contexto demográfico hace urgente el ejercicio. Según datos de Naciones Unidas, más del 50 por ciento de la población mundial vive en ciudades, y se estima que esa cifra trepará al 70 por ciento para el año 2050. En Argentina, el caso es aún más extremo: el 91 por ciento de las personas ya habita en ciudades hoy. En ese escenario, entender cómo el calor extremo impacta en los entornos urbanos no es un ejercicio académico. Es una cuestión de salud pública y planificación territorial.
Tal como expresa en Nex Ciencia Luis Muñoz, becario doctoral en el CIMA-IFAECI, "los impactos más fuertes del cambio climático relacionados con la temperatura se van a sentir principalmente en las ciudades". Y sin embargo, los modelos climáticos globales históricamente las ignoraron: las ciudades, siendo geográficamente pequeñas a escala planetaria, no aparecían representadas en las simulaciones de gran escala. El nuevo trabajo cierra esa brecha.

41 megaciudades bajo la lupa: el AMBA entre las elegidas
El estudio utilizó dos modelos climáticos regionales del proyecto CORDEX, una iniciativa del World Climate Research Programme, con una resolución aproximada de 25 kilómetros, suficiente para detectar la huella urbana de las ciudades más grandes del mundo.
En simulaciones climáticas regionales, se logró detectar 41 áreas urbanas a nivel mundial, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Es la primera vez que el AMBA queda representada explícitamente en un análisis climático global de estas características.
El fenómeno central que se estudió es la isla urbana de calor: el efecto por el cual los materiales de la ciudad, asfalto, cemento, hormigón, absorben y retienen calor de manera diferente al suelo natural, elevando las temperaturas urbanas por encima de las rurales.
Sobre Buenos Aires, el estudio observa que, en los meses de verano, la isla urbana de calor puede alcanzar los dos o tres grados centígrados por encima del área rural. En el contexto de una ola de calor, esa diferencia no es un dato menor: puede ser la diferencia entre lo tolerable y lo letal para poblaciones vulnerables.
Tal como señala el investigador Lluís Fita, del CIMA y el IFAECI, los modelos climáticos han avanzado desde cuadrículas que agrupaban de 50 a 100 kilómetros hasta lograr el alcance de un kilómetro, lo que "permite ver fenómenos que ocurren a una escala más pequeña, como la sombra que producen los edificios o el impacto de un parque". Una resolución que transforma al modelo en una herramienta de política urbana concreta.

Dentro del AMBA: no todos los barrios sienten el mismo calor
El aporte local del equipo argentino va más allá de estar en el mapa. A partir del trabajo internacional, el grupo del CIMA-IFAECI publicó un segundo artículo con hallazgos específicos sobre la diversidad climática interna del Área Metropolitana de Buenos Aires. La conclusión es directa y con implicancias de justicia ambiental: el calor no se distribuye de forma homogénea dentro de la misma ciudad.
"Una ola de calor no se percibe del mismo modo en la zona de Ciudad Universitaria, al lado de la reserva natural, que en la Villa 31, que presenta una alta densidad poblacional y edilicia con pequeños pasadizos que no permiten mucha circulación de aire", plantea Muñoz. El equipo incorporó al modelo tipologías urbanas que incluyen villas y asentamientos, para cuantificar si una ola de calor podría ser más severa en determinadas zonas que en otras, y comprender los procesos físicos que lo explican.
Tal como detalla la investigadora Andrea Carril, codirectora de la tesis doctoral de Muñoz: "Si antes contábamos con una proyección de cambio climático donde un mismo píxel cubría toda la ciudad, esa proyección se aplicaba por igual a todo el píxel. Estos trabajos permiten ir bajando la escala y sumar complejidades". Traducido: las políticas de adaptación climática diseñadas a partir de promedios urbanos pueden ser ineficaces, o incluso inequitativas, si ignoran la heterogeneidad interna de las megaciudades.
El análisis de sensibilidad del modelo reveló que los parámetros morfológicos, la altura de los edificios y el ancho de las calles, son los que causan mayor impacto en la temperatura urbana simulada. Un dato que tiene consecuencias directas para el diseño urbano: las decisiones sobre densificación, altura máxima de construcción y trazado de avenidas no son solo estéticas o económicas. Son decisiones climáticas.
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Los animales y la naturaleza comienzan a incidir en la construcción de rutas y autopistas en la Argentina

Fecha de Publicación: 14/05/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Dos provincias suman pasos especiales a las licitaciones para diversas trazas para contribuir a disminuir los casos de atropellamiento de animales y a una mayor seguridad para conductores
La iniciativa de dos provincias para incorporar pasafaunas a las licitaciones públicas para obras en rutas y autopistas reveló cómo los ecosistemas del país comienzan a ser considerados para integrarlos a grandes obras de infraestructura.
A los reconocidos pasafaunas aéreos implementados en la ruta nacional 101 en Misiones, conocidos como “ecoductos”, ahora se suman medidas similares en Santa Fe y en Buenos Aires. Cada territorio diseña e implementa este tipo de estructuras adaptadas a las especies y territorios que hay en cada región.
Desde el año pasado, Santa Fe incorporó a las licitaciones públicas de distintas rutas y autopistas provinciales la obligatoriedad de construir pasafaunas. A esa provincia se suma Buenos Aires, que a través de una nueva repartición interna en Aubasa se implementaron lineamientos para incorporar estas opciones a los trabajos que se ejecuten en las rutas 2, 6 y 11.

Atropellamiento de fauna
El común denominador de estas acciones tiene al usuario como eje, pero se implementa desde una problemática que afecta, principalmente, a la fauna: los atropellamientos de animales que además de representar un peligro para ejemplares autóctonos, deriva en un potencial riesgo de vida para los automovilistas.
En 2025, Santa Fe conformó un equipo de trabajo para intentar disminuir el atropellamiento de fauna en rutas y autopistas provinciales. Según el registro que lleva adelante la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) y que cuenta con datos actualizados a noviembre de 2025, la provincia se ubica como la segunda jurisdicción con más casos en el país. Buenos Aires no escapa a esa realidad: se ubica apenas un puesto por debajo de Santa Fe en el listado nacional elaborado por la Ramfa.
Actualmente, el Ministerio de Ambiente santafesino lleva adelante un programa denominado Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (Amaf) para identificar zonas sensibles a la problemática y actuar en consecuencia. Cinco de los once corredores contemplados en las Amaf involucran a los tres departamentos con más casos registrados.
Los registros en la provincia se incrementaron desde que personal del Ministerio de Ambiente empezó a colaborar con la Ramfa en el aporte de información y datos para el mapa y las modificaciones propuestas por la mesa de trabajo llegan hasta los planos que se destinan a diagramar las obras, explicó a TN el director de la Delegación Centro del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, Mauro Pergazere: “Hicimos un relevamiento de puentes y alcantarillas para constatar que esos espacios son seguros para la fauna. La idea es generar una adaptación para que los animales tengan un paso seco, incluso en épocas de crecidas”.
De ahora en más, dijo Pergazere, “toda nueva obra vial en rutas en las que se pongan alcantarillas se va a hacer con un nuevo modelo constructivo, que contempla pasos secos con una pasarela para que los animales puedan pasar igual”.
El norte de la provincia es parte del hábitat de monos como el carayá o el coatí, por lo que también se sumaron pasafaunas aéreos, como ya existen en Misiones, en puentes cercanos a la localidad de Villa Ocampo.

Seguridad para los usuarios
La provincia de Buenos Aires, tercera en el listado nacional de la Ramfa con mayor cantidad de animales atropellados, implementó una Gerencia de Sustentabilidad dentro de Aubasa para dotar criterios ambientales al sistema de autopistas bonaerenses, explicó a TN el titular del área, Sergio Federovisky.
“Se debe diseñar cada paso de fauna para poner en práctica en cada traza. No es lo mismo plantear esto en la autopista Buenos Aires-La Plata que sobre la ruta 2”, explicó.
El funcionario detalló que las rutas elegidas para implementar este tipo de infraestructura son las 2, 6 y 11, porque tienen “bastante tránsito de especies de fauna autóctona: comadrejas, zorros, liebres y pequeños reptiles”.
Y agregó: “Esto permite que la fauna evite la autopista como un obstáculo para su desplazamiento. Pero tenemos que contemplar al usuario de la traza, por lo tanto en lo primero que pensamos es en evitar el atropellamiento tanto por riesgos para el usuario como para los animales”.
Federovisky señaló que incorporar este tipo de facilidades sólo requiere de planificación y que no implica mayores obstáculos: “No es una gran infraestructura, sólo hay que considerar el tema y tenerlo incluido en planificación de una ruta o autopista. Es sencillo ponerlo en práctica”.

Soluciones basadas en naturaleza
La naturaleza, a través de estas iniciativas, empieza a mostrar su faceta como pieza clave en el diseño de grandes obras de infraestructura y pasa a ser considerada con los mismos criterios técnicos y económicos que una obra civil, indicó a TN Cynthia Goytia, directora de la Maestria en Economia Urbana y del Centro de Investigación de Políticas Urbanas y de Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella.
“En las últimas dos décadas, la planificación urbana incorporó de manera creciente un enfoque que reconoce a los ecosistemas (humedales, corredores fluviales, arbolado, biodiversidad urbana), no como elementos decorativos o residuales del territorio sino como infraestructura funcional del desarrollo”, explicó. Este tipo de intervenciones se denominan “Soluciones basadas en naturaleza” (SBN) y están pensadas para “reorientar la planificación del territorio”.
La especialista marca que la propia Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una de las principales referencias a nivel mundial en el monitoreo de la biodiversidad, indica que las SBN buscan proteger ecosistemas para que se generen beneficios tanto para los humanos como para el ambiente.
“Argentina presenta una situación heterogénea, con experiencias acumuladas en distintos contextos ecológicos y escalas de gobierno. El antecedente más temprano y consistente es el de Misiones, provincia pionera en la integración de criterios ecológicos en infraestructura vial”, expresó Goytia.
La manera en la que se están pensando las ciudades atraviesa un período de transformación, consideró la investigadora, pero de una manera desigual. Este tipo de proyectos para licitar rutas y autopistas con nuevos componentes, junto a otras iniciativas como la gestión de áreas naturales alrededor de los centros urbanos, son “oportunidades concretas” para avanzar en ese cambio de paradigma.
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Por la urbanización y el desmonte de las zonas altas de Yerba Buena el agua cada vez baja más rápido y colapsa canales y calles en el Gran Tucumán

Fecha de Publicación: 11/04/2026
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán


Especialistas advierten que el avance de countries, loteos y barrios sobre el pedemonte y otras áreas de absorción cambió el comportamiento del agua. Lo que antes infiltraba, hoy baja con más velocidad y termina colapsando canales y calles aguas abajo.
En Tucumán, cada vez que una tormenta fuerte deja calles anegadas, canales desbordados y barrios bajo agua, la discusión pública suele enfocarse en lo que se ve: una avenida colapsada, una alcantarilla tapada o un canal que no dio abasto. Pero el problema, en muchos casos, empieza mucho antes de que el agua llegue a esos lugares. El problema no siempre está donde se ve, sino donde se genera.
La clave está en las zonas altas del oeste metropolitano, especialmente en el corredor que va desde Tafí Viejo hasta Yerba Buena, Villa Carmela, San José y sectores próximos a San Pablo. Allí, en las últimas décadas, el crecimiento urbano transformó de manera profunda superficies que antes absorbían, demoraban o distribuían naturalmente el agua de lluvia. Ese cambio silencioso es el que hoy explica gran parte de las inundaciones.
El urbanista Gerardo Isas lo sintetizó con una frase que resume el fenómeno: “La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”.
La definición no es retórica. Es casi una descripción física de lo que ocurrió en el territorio.
El especialista pone el acento en la transformación de las zonas altas, donde en los últimos años avanzaron desarrollos urbanos sobre terrenos que antes cumplían una función ambiental esencial. “Cada desarrollo implica desmonte y superficies impermeables. Antes había suelo absorbente; hoy el agua escurre directamente. Eso aumenta el volumen que llega a los canales”, explica.

El agua ya no encuentra el mismo suelo
En las zonas altas y de pedemonte, el cambio de uso del suelo alteró el funcionamiento natural del escurrimiento. Donde antes había vegetación, suelo permeable, monte, cultivos o superficies abiertas, hoy hay cada vez más calles pavimentadas, plateas, cocheras, veredas duras, techos y urbanizaciones cerradas.
Cada una de esas intervenciones reduce la capacidad del terreno para infiltrar agua. Y cuando eso ocurre a escala masiva, el impacto deja de ser local: el agua empieza a bajar con más rapidez, en mayor volumen y con menos posibilidad de amortiguación.
Eso significa que una lluvia intensa ya no se reparte igual que antes. Se concentra más rápido y golpea con más fuerza sobre los desagües, canales y zonas bajas de la ciudad. Más agua, más rápido y en menos tiempo.
Los estudios sobre expansión urbana en el área metropolitana tucumana ya habían advertido este proceso. En el caso de Yerba Buena, una investigación académica identificó 49 urbanizaciones cerradas, entre barrios privados, countries y condominios, que ocupaban unas 727 hectáreas, equivalentes a casi el 19% de la superficie del municipio. No es un crecimiento menor: es un cambio estructural del territorio.
Ese dato es clave porque muestra que no se trata de un crecimiento menor o aislado. Se trata de una transformación territorial muy fuerte, concentrada precisamente en una de las zonas que históricamente funcionaban como área de transición y absorción entre la sierra y la ciudad.
Tucumán tiene, además, una condición geográfica muy particular. Buena parte de la expansión residencial más intensa de las últimas décadas se produjo sobre el pedemonte de San Javier, una franja que conecta la sierra con la llanura y que históricamente cumplió una función ambiental decisiva. Era una zona que funcionaba como regulador natural del agua.
Ese territorio no es neutro. Es una zona donde el agua de lluvia baja, se dispersa, infiltra o encuentra sus caminos naturales antes de alcanzar la ciudad más consolidada.
Cuando ese espacio se ocupa sin una mirada integral de cuenca, la lógica cambia por completo. Lo que antes se absorbía o demoraba, ahora se canaliza y se acelera. Se pierde la capacidad natural de amortiguar las lluvias.
En términos concretos, eso se traduce en una consecuencia conocida por miles de tucumanos cada vez que llueve fuerte: calles convertidas en cauces, barrios que se anegan en minutos y desagües que no alcanzan. La ciudad se transforma en un sistema de escurrimiento forzado.
Si hay un lugar donde este proceso se ve con claridad es Yerba Buena. No solo por su crecimiento urbano, sino porque allí se consolidó una de las transformaciones territoriales más fuertes del área metropolitana. La expansión de urbanizaciones cerradas, especialmente desde los años 90 y 2000, ocupó superficies que antes tenían mayor capacidad de absorción, modificando el comportamiento del agua a escala regional.
El problema no es únicamente cuántos barrios se construyeron, sino dónde se construyeron, con qué infraestructura y bajo qué lógica hidráulica regional. Ahí está el núcleo del problema.

No alcanza con limpiar canales
Uno de los puntos más sensibles del debate es la explicación simplificada que suele aparecer después de cada temporal: que el problema es la basura o la falta de limpieza.
Eso puede agravar situaciones puntuales, pero no explica por qué colapsan simultáneamente distintos puntos del sistema. No alcanza para explicar inundaciones generalizadas.
El fondo del problema es otro: muchos canales y obras pluviales fueron pensados para una ciudad mucho más chica, con menos impermeabilización y con otra ocupación del suelo. Hoy reciben más agua de la que pueden soportar.
Es decir, la infraestructura muchas veces sigue respondiendo a un mapa urbano viejo, mientras la realidad del territorio cambió de forma drástica. La ciudad cambió, pero el sistema no se adaptó.
Por eso, cuando Isas advierte que “se apunta al canal, pero no al origen del problema”, en realidad está señalando algo más profundo: el sistema está recibiendo un volumen y una velocidad de agua para los que no fue concebido.
“No se puede atribuir el problema a la basura, por ejemplo. El volumen de agua no tiene relación con eso. Hay causas estructurales que no se están analizando”, advierte. 
Para Isas, el eje del problema no está en lo visible o inmediato, sino en decisiones de fondo vinculadas al uso del suelo. Y esa lógica también alcanza a la discusión sobre infraestructura. “Muchos canales responden a diseños de los años 60 y hoy deben manejar un volumen de agua mucho mayor, en un contexto completamente distinto”, señala.

Hay además una dimensión social que no se puede soslayar.
Buena parte de las nuevas urbanizaciones se desarrollaron en sectores altos, valorizados y con fuerte atractivo inmobiliario. Pero el agua que ya no infiltra allí no se queda en esos lugares: baja. Siempre baja.
Y muchas veces termina impactando sobre sectores más bajos, más densos y con menor capacidad de respuesta. Es decir, el costo de ciertas decisiones urbanas no siempre lo paga quien las toma ni quien las aprovecha. Lo terminan pagando otros barrios.
No se trata solo de cuánto llueve, sino de qué se autorizó, dónde se permitió construir, qué exigencias hidráulicas se impusieron —o no— y quién controló que el crecimiento urbano no agravara el riesgo para el resto de la ciudad. Esa es la discusión de fondo.
En Tucumán, la expansión urbana del oeste no fue un fenómeno espontáneo. Fue el resultado de decisiones acumuladas durante años. Decisiones que hoy muestran sus consecuencias.
Por eso la discusión de fondo ya no puede quedar reducida a la obra puntual que falta o al canal que debe ensancharse. La pregunta central es otra: si se sigue urbanizando suelo que debería absorber agua, ¿cuánto más puede resistir la ciudad baja?
Esa es la discusión que empieza a aparecer cada vez que una tormenta deja calles colapsadas y barrios afectados.
La diferencia es que ahora el problema empieza a verse con más claridad: muchas de las inundaciones que hoy golpean a Tucumán no nacen donde se ven, sino donde durante años se decidió crecer sin mirar el agua. Ahí está el verdadero origen del problema.
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La Corte Bonaerense frenó las obras privadas en la Costa de Berazategui por daño ambiental grave e irreversible

Fecha de Publicación: 24/03/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó la paralización de los trabajos que la firma Global Urbanization Group ejecuta en el litoral de Berazategui. 
El tribunal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Foro del Río de la Plata, Biodiversidad Hudson y Preservando Hudson, anulando así un fallo previo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quilmes, bajo la tutela de Hugo Jorge Guarnieri.
La máxima instancia judicial advirtió la presencia de pruebas que sugieren un posible «daño ambiental grave e irreversible».
En mayo de 2025, las entidades civiles mencionadas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de PBA para demandar la inconstitucionalidad de la Ordenanza N°6552/24.
Dicha norma municipal autorizaba una modificación en la zonificación para permitir la construcción del Distrito Eco Urbano Norte.

Daño ambiental grave
La meta del proyecto era transformar terrenos costeros —adyacentes a Quilmes— de Reserva Ambiental Ribereña a una categoría carente de protección ambiental apta para la urbanización.
No obstante, el Ministerio de Ambiente de la Provincia rechazó la convalidación de la norma por representar una regresión en la tutela del ecosistema, impidiendo que entrara en vigencia.
Por otro lado, la compañía Global Urbanization Group, liderada por los empresarios Gabriel Andrés Sussman y Jorge Hernán Yacoub, apeló al juez Hugo Jorge Guarnieri ante la negativa de las autoridades.
Solicitaron permiso para iniciar las obras de acondicionamiento del inmueble con base en la mencionada Ordenanza 6552/24.
A través de un fallo poco convencional y mediante un expediente reservado (sin acceso público), el juez Guarnieri dio luz verde a los trabajos, los cuales arrancaron en enero de este año sin poseer permisos ambientales ni contar con la fiscalización de los organismos competentes.
Al tomar conocimiento, la Suprema Corte provincial impuso un límite a la empresa, al magistrado y al Municipio de Berazategui.
El tribunal ordenó la suspensión inmediata de las obras, invalidó la sentencia de Guarnieri, le retiró la competencia sobre el expediente reservado y aceptó la cautelar de las organizaciones ambientalistas.
De esta forma, la Ordenanza 6552/24 queda sin validez hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Representantes del sector ambiental denunciaron que en los tres meses de actividad ilegal de la empresa, se destruyó una parte significativa de un ecosistema costero crítico, compuesto por humedales y bosque nativo protegido.
Subrayaron además que el juez de Quilmes parece ser el único en ignorar las irregularidades cometidas por el sector privado y el municipio, lo cual pone en peligro un entorno que actúa como barrera contra inundaciones y funciona como filtro natural para las napas que abastecen de agua a la población de Berazategui.
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Bariloche: se renueva la polémica por el proyecto inmobiliario para urbanizar casi 80 hectáreas del Cerro Catedral

Fecha de Publicación: 16/03/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Río Negro


La empresa concesionaria del centro de esquí presentó el proyecto en 2018 para urbanizar la base del cerro con un hotel y residencias de uso permanente y temporario
Impulsado por Catedral Alta Patagonia (Capsa), empresa concesionaria del centro de esquí, el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral volvió recientemente a la agenda local, con renovadas polémicas.
Se trata de un proyecto que Capsa presentó a la municipalidad de Bariloche y que se enmarca en el contrato de prórroga de la concesión que se firmó en 2018 y que tiene vigencia hasta fines de octubre de 2056. Luego de las obras que la empresa hizo para modernizar la infraestructura de servicios del centro de esquí (fabricación de nieve, diseño de pistas y medios de elevación), el plan de desarrollo busca urbanizar 79 hectáreas en el cerro Catedral.
La iniciativa de la concesionaria del cerro –delimitado en seis Áreas de Ocupación Concertada (AOC)– prevé la construcción de un hotel a los 1200 m.s.n.m., así como diversas áreas residenciales, de uso permanente y temporario. 
A mediados de 2024, el actual intendente Walter Cortés (Unión y Libertad) buscó acelerar el tratamiento del proyecto que busca otorgar “parámetros urbanísticos” a esas 79 hectáreas (representan el 4% del total del área concesionada). Según el jefe comunal, el avance del proyecto abriría la puerta a una de las mayores inversiones inmobiliarias en Bariloche. Sin embargo, por las críticas sociales, la iniciativa entró en pausa durante más de un año.
Días atrás, el Plan Director fue tratado en el Consejo de Planificación Municipal (CPM), tras una convocatoria del Ejecutivo. “Hay que darle parámetros al cerro y después tratar cada proyecto que se presente”, afirmó Cortés, además de mostrarse interesado en la modernización del centro invernal y la necesidad de sumar servicios turísticos. 

El debate está abierto
El debate forma parte del recorrido administrativo que debe cumplir el proyecto: incluye mecanismos de participación ciudadana, el análisis de instituciones y organizaciones civiles, además de equipos técnicos de empresas de servicios y de diferentes áreas municipales. Durante esa reunión en el CPM, la comisión directiva del Colegio de Arquitectos de Río Negro (CARN) elevó una serie de advertencias. Señalaron que el proyecto “nace con un vicio de nulidad constitucional insalvable”, dado que, según la Carta Orgánica Municipal, el Catedral forma parte del patrimonio inalienable de la ciudad. “Las autoridades actúan solo como administradores transitorios, careciendo de facultades para enajenar, lotear o transferir el dominio a privados”, argumenta.
Alicia Albandoz, vicepresidenta del CARN, sostuvo que “el intento de disfrazar una venta de tierras públicas bajo un canon de transferencia del 8% vulnera el espíritu de protección de los recursos naturales del municipio, dejando a los funcionarios que lo avalen expuestos a responsabilidad por mal desempeño”. En diálogo con LA NACION, la arquitecta dijo que el Ejecutivo municipal ignoró y rechazó todos los documentos presentados por el Colegio y que están “evaluando las acciones judiciales a seguir”.
En la misma línea, el concejal Leandro Costa Brutten (presidente del bloque Incluyendo Bariloche) le presentó a la secretaria de Planeamiento Territorial, María Sofía Maggi, un dictamen de rechazo al Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral en el que asegura que “intentar canalizar un ´pueblo nuevo´ de 13.000 personas como una simple reforma de planeamiento es un fraude a la ley”.
Además de subrayar que la magnitud de la urbanización (79 hectáreas, 13.389 nuevos habitantes, en un área de alto riesgo geológico) exige por ley Audiencia Pública Obligatoria y Doble Lectura en el Concejo Municipal, Costa Brutten advirtió que “el Cerro Catedral no es un negocio inmobiliario de Capsa, es el patrimonio inalienable de Bariloche”. En ese sentido, el concejal sostuvo que el esquema de urbanización propuesto “implica una división parcelaria y enajenación encubierta a favor de Capsa, vulnerando el derecho excluyente de los barilochenses”.
También se refirió a impedimentos ambientales y geológicos: “El uso de reservorios de agua para nieve artificial para abastecer a 13.000 habitantes es técnicamente inviable y ambientalmente peligroso”. Recalcó además que “el tratamiento del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral no contó hasta el momento con la participación y los informes de factibilidad de servicios públicos correspondientes”.
Ya el ingeniero civil Ricardo Martin había advertido que el punto más crítico del Plan Director está vinculado a la factibilidad de provisión de servicios básicos en el área: “En particular, con relación al servicio de agua potable y energía eléctrica, que plantean enormes restricciones en la provisión a escala urbana. Habilitar un desarrollo inmobiliario con esta demanda potencial de energía eléctrica (en torno a los 20 MVA) equivale a condenar a la ciudad a un colapso de su infraestructura”.

El plan de Capsa
Desde Capsa afirmaron que el proyecto incluye todas las obras de infraestructura necesarias que el Estado no puede encarar, no solo en el desarrollo nuevo, sino también en la actual Villa Catedral. Fuentes de la compañía indicaron que el desarrollo inmobiliario estaba previsto desde la concesión original de 1992. Si bien la idea del desarrollo hablaba de 105 hectáreas, a partir de la ordenanza Nº2929 de 2018 (que extendió el contrato de concesión de Capsa) se redujo la superficie a casi 80 hectáreas. Suman que, en lugar de destinarse una única zona del cerro al desarrollo inmobiliario, se plantea dividir esa superficie en seis sectores de menor sensibilidad ambiental.
Desde la concesionaria del centro de esquí añadieron que “existe un déficit de servicios públicos en toda la Villa Catedral actual, que hoy tiene alrededor de 5000 camas hoteleras: hay una sola línea eléctrica aérea que alimenta al centro de esquí y la villa, hay dificultades con el agua potable y problemas de cloacas”.
Consideraron que, para seguir desarrollándose y continuar siendo un polo de atracción turística, el centro de esquí tiene que aggiornarse y ofrecer mejores servicios. Un desarrollo inmobiliario de estas características permitiría, según creen, hacer frente a la falta de recursos de inversión pública en infraestructura.
Desde Capsa agregaron que, de la venta y la urbanización de esos espacios en la montaña, saldrían también los recursos para mejorar la infraestructura de toda la Villa Catedral tal como existe hoy.
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Los costos del fin del Estado en los barrios populares: «Volvió el olor al Riachuelo»

Fecha de Publicación: 03/03/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Denuncian que con el cierre de la SISU están en riesgo unas 5 millones de personas. El gobierno nacional incumple la Ley 27.453 y abandona 648 obras de integración sociourbana en el país.
El ajuste en las políticas de integración sociourbana por parte del gobierno de Milei golpea a los barrios populares, que son miles en el país. Las consecuencias son palpables: no hay obras de vivienda ni de infraestructura, tampoco de acceso al agua potable, a la electricidad y a la red de cloacas. No hay asfalto, ni espacios recreativos. En los barrios aumenta la contaminación, el desempleo y la conflictividad social. Sitios paradigmáticos como el Riachuelo vuelven a ser ejemplos de abandono.
Desde que asumió, la gestión de Milei tomó la decisión de vaciar la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), área encargada de llevar adelante las políticas habitacionales. De hecho, en febrero los casi 300 trabajadores que aún sobrevivían de este programa quedaron en la calle porque el gobierno no renovó sus contratos. El retiro del Estado tiene efectos concretos. Álvaro Llambi, militante del MTE y ex director de Fortalecimiento de Organizaciones Productivas de la Comunidad, detalló que en los barrios que componen Campo Unamuno, al sur del Conurbano, tienen paralizada la obra de cloacas: “Tuvimos que ir a una demanda judicial para que refuercen los camiones que sacan; básicamente, la mierda de todas las cloacas que están en el barrio. Estamos hablando de 2000 familias que están sacando los residuos cloacales con camiones cisternas durante la semana porque la planta de tratamiento fue suspendida por parte del Gobierno Nacional”. 
Los fondos que la administración ‘libertaria’ invierte para mejorar las condiciones de vida de los 6467 barrios populares en los que habitan cerca de 5 millones de personas, son ínfimos. Sólo hasta noviembre de 2025, había desembolsado el 0,2% del monto anual para la integración habitacional.
El escenario para quienes habitan los barrios populares en la Cuenca Matanza Riachuelo -como Villa Fiorito- se agrava más aún luego de que la Corte decidiera cerrar la causa “Mendoza”, la más importante y emblemática en materia ambiental de la historia del país. Hoy, Llambi denuncia que no hay tareas de saneamiento y que “volvió el olor al Riachuelo”. Acota: “Volvemos a ver residuos flotando en el Riachuelo, olores nauseabundos y ni hablar de la falta de control de las fábricas que están alrededor de la Cuenca, como es el caso del Barrio El Paredón en Fiorito por parte de SADESA, la empresa de cuero más grande de Latinoamérica, propiedad de la familia Galperín”.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Nacionales, el gobierno nacional lleva adelante un “plan de miseria planificada”: abandonó 648 obras, dejó a 11.265 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y dio vía libre para que se activen 150 juicios de desalojo. Además, dejó sin empleo a 35 mil trabajadores de la economía popular que llevaban adelante las obras.
“En mi barrio, algunos pibes que laburaban con nosotros en las obras, hoy laburan para el transa”, graficó a este medio Gastón Reyes, integrante de la Mesa y vecino del barrio El Bajo de Aldo Bonzi, en La Matanza.
“La situación es triste. Vemos a las madres tratando de contener a sus pibes que venden, pero también a los que consumen. Vemos compañeros que quedaron tirados con las obras, cloacas sin terminar, pozos abiertos, caños que se están echando a perder”. La vida cotidiana de los barrios se vuelve así una “pelea entre pobres. Vos tenés una parte del barrio que pudo acceder a una casita y a un tanque de agua. Y después tenés a quienes no accedieron a eso que vuelven a enganchar la manguera, le sacan presión al otro. Se está retrocediendo con todo lo que habíamos logrado”.

El riesgo es la vida
La geografía cambia pero no las problemáticas. “Cuando llueve, el agua se mete en las casas porque se frenaron las obras de cordones cuneta”, afirma Lila Calderón, vecina del Barrio Obrero, al norte de Cipolletti, Río Negro. Se dejaron de hacer los cordones, las veredas quedaron inconclusas, se frenaron las conexiones intradomiciliarias de luz. “El riesgo de esto es que un cortocircuito te queme todo, corre riesgo la vida. Perdimos un montón de vidas por los incendios a causa de malas conexiones”.
El 30% de las obras que se realizaron en el Barrio Obrero estuvieron en manos de cooperativas integradas por los mismos vecinos del lugar. “Hoy eso ya no existe”, dice Calderón. Y describe la crudeza del abandono: “Hay vecinos que trabajaban en las obras que hoy son los arbolitos de los narcos. Esto es lo que está sucediendo. Cuando el derecho retrocede gana el narcotráfico. Ni hablar de la cantidad de pibes que trabajaban bien y terminaron suicidándose”.
Los barrios populares esperan que el gobierno nacional cumpla la Ley de Integración Sociourbana. “Nacimos de asentamientos porque políticamente a nadie le importó –concluye Calderón–, pero tenemos el derecho de vivir dignamente”.

Afecta a más de 5 millones de personas
Organizaciones sociales, populares, la Iglesia y referentes territoriales que conforman la Mesa Nacional de Barrios Populares se movilizaron el martes pasado hacia la sede de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU). Bajo la consigna “El Estado se retira, los barrios pagan”, denunciaron que el desmantelamiento de las políticas de integración habitacional por parte del gobierno de Milei afecta a más de 5 millones de personas. El viernes también marchó la UTEP. La SISU fue creada en el 2018 a partir de la Ley de Integración Sociourbana 27.453. Hoy el 92% de los barrios populares carece de conexión formal de agua, el 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas informales.
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Nordelta: frenan los traslados de los carpinchos y piden nuevos informes de impacto ambiental

Fecha de Publicación: 20/01/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires


La disputa por la convivencia entre los vecinos de Nordelta y la fauna autóctona ha dado un giro legal determinante. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín dictó una medida cautelar que prohíbe de forma inmediata cualquier reubicación de carpinchos, dejando sin efecto el plan de extracción que se venía ejecutando en el complejo. Las críticas que se generaron por el operativo nocturno donde se sedaron ejemplares machos, hembras y crías. 
El conflicto por la presencia de los carpinchos en Nordelta sumó un capítulo judicial clave que cambia el destino de la fauna en el complejo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín decidió hacer lugar a una apelación presentada por la asociación proteccionista Callejero Casa Quiere, frenando de manera inmediata cualquier intento de reubicación de los animales.
En un fallo contundente, los magistrados Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici calificaron la decisión previa de trasladar a los ejemplares como un “acto prematuro e irracional”. Con esta medida, queda prohibida cualquier extracción de carpinchos hasta tanto no se presente un estudio de impacto ambiental acumulativo que avale tales procedimientos.
La sentencia llega tras la indignación generada por un operativo realizado la madrugada del pasado 13 de enero. En aquella ocasión, seis ejemplares (tres machos y tres hembras) fueron retirados del barrio tras ser presuntamente sedados y enjaulados.
En ese caso, desde la agrupación ambientalista La Voz de los Carpinchos denunciaron que el procedimiento se realizó sin la presencia de los veedores acordados, situación que impidió certificar el estado de salud de los animales y su destino final. Para la Justicia, este movimiento fue un “error gravísimo”, recordando que el carpincho es una especie protegida en la provincia de Buenos Aires.
El conflicto entre los vecinos de la exclusiva “ciudad-pueblo” desarrollada por Eduardo Costantini y los proteccionistas de la fauna autóctona se centró en las manadas que circulaban por zonas de tránsito vehicular donde la velocidad máxima es de 60 km/h, lo que representaba un riesgo de accidentes. Sin embargo, la resolución judicial marca un precedente: la seguridad vial no puede pasar por encima de la protección de la fauna silvestre sin los pasos legales y científicos correspondientes.
Por ahora, los carpinchos se quedan en su hábitat natural, mientras las asociaciones ambientales celebran lo que consideran un triunfo de la biodiversidad sobre la gestión improvisada del territorio.

Las claves del fallo judicial.
Freno total: No se podrán realizar nuevos traslados sin un análisis técnico profundo del ecosistema.
Excepcionalidad: La Justicia recordó que remover fauna de su área natural debe ser una medida “excepcional y fundada”, algo que no se cumplió en los operativos recientes.
Pedido de informes: Se pidió a las autoridades y especialistas el informe de la “prueba piloto” realizada para evaluar los resultados obtenidos hasta ahora. 
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¿Quién invade a quién? Carpinchos, Nordelta y el avance sobre los humedales

Fecha de Publicación: 15/01/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


El operativo para retirar carpinchos volvió a poner en agenda un debate incómodo: qué ocurre cuando la urbanización avanza sobre el delta y obliga a la fauna nativa a convivir con un entorno que ya no reconoce.
Las imágenes del operativo para retirar carpinchos en Nordelta recorrieron redes sociales y portales de noticias en cuestión de horas. Animales capturados, trasladados y contenidos en un entorno que, hasta hace poco, era parte del delta, generaron reacciones encontradas y un debate que rápidamente superó la anécdota.
Para algunos, se trató de una medida necesaria para ordenar la convivencia; para otros, de una señal alarmante sobre el modo en que se interviene la naturaleza.
Detrás de la polémica inmediata, el episodio dejó al descubierto un conflicto más profundo y estructural. La presencia de carpinchos en barrios cerrados no es un fenómeno nuevo ni excepcional, sino la consecuencia directa de una transformación acelerada del delta del Paraná, uno de los ecosistemas más dinámicos y sensibles del país.

Cómo fue el operativo y qué hizo el gobierno provincial
El procedimiento fue llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, en coordinación con organismos técnicos y autoridades locales. Según la información oficial, el operativo incluyó la captura controlada de carpinchos mediante métodos no letales, evaluaciones sanitarias y el traslado de algunos ejemplares a sectores considerados más aptos dentro del delta.
Desde el Ministerio explicaron que la intervención respondió a la creciente interacción entre carpinchos y personas en zonas densamente urbanizadas. Accidentes viales, daños materiales y situaciones de estrés para los animales fueron algunos de los argumentos esgrimidos para justificar la medida.
Sin embargo, más allá de los protocolos aplicados, el operativo reavivó un interrogante de fondo. ¿Es posible resolver un problema ambiental actuando solo sobre sus consecuencias visibles, sin revisar el modo en que se ocupa y transforma el territorio?

El carpincho y el delta: una relación natural
El carpincho no es un visitante ocasional del delta: es una especie nativa, adaptada a vivir en ambientes de agua permanente, vegetación ribereña y planicies inundables. Su biología depende de esos ciclos naturales: se desplaza siguiendo cursos de agua, vive en grupos estables y necesita amplios espacios continuos para alimentarse y reproducirse.
Cuando el paisaje se fragmenta, el animal no “elige” mudarse a un barrio, sino que permanece en su territorio histórico aun cuando ese espacio haya sido transformado por rellenos, canales, lagunas artificiales y calles. En ese proceso, la urbanización altera refugios, disponibilidad de alimento y patrones de movimiento, empujando a la fauna a interactuar con ámbitos diseñados exclusivamente para el uso humano.
Desde esta mirada, la pregunta que plantea el título cobra sentido. No se trata de animales que invaden un barrio, sino de barrios que se expanden sobre un hábitat que ya estaba allí.

El delta como ecosistema vivo, no como paisaje
Uno de los errores más frecuentes en este tipo de debates es pensar al delta como un paisaje estático, un escenario natural que puede adaptarse sin consecuencias al avance urbano. En realidad, se trata de un sistema vivo que cumple funciones clave: regula el escurrimiento del agua, amortigua crecidas, filtra contaminantes y sostiene una biodiversidad fundamental para el equilibrio ambiental de una amplia región.
Cada intervención —rellenos, terraplenes, endicamientos— modifica esa dinámica de manera acumulativa. El impacto no siempre es inmediato, pero se manifiesta con el tiempo en forma de inundaciones más frecuentes, pérdida de biodiversidad y conflictos recurrentes entre personas y fauna.
La remoción o el traslado de animales no recompone el ecosistema alterado y, en muchos casos, genera estrés fisiológico, desorganización social dentro de las poblaciones y una falsa sensación de solución. Mientras persistan las condiciones que originan el conflicto, el problema tiende a reaparecer.

Un debate que excede a Nordelta
El episodio volvió a instalar una discusión incómoda pero necesaria sobre los límites del desarrollo urbano. Hasta dónde puede avanzar la urbanización sobre humedales activos sin asumir costos ambientales crecientes y quién debe adaptarse a quién cuando el crecimiento se instala sobre ecosistemas frágiles son algunas de las preguntas que quedaron expuestas.
El rol del Estado aparece, muchas veces, cuando el conflicto ya está planteado y las tensiones resultan visibles. El operativo del Ministerio de Desarrollo Agrario buscó dar una respuesta a una situación concreta, pero dejó en evidencia un desafío más amplio: la ausencia de una planificación territorial que integre el funcionamiento del delta como sistema y no como un obstáculo a sortear.
Más allá de la polémica coyuntural, los carpinchos volvieron a cumplir un rol inesperado al hacer visible un desequilibrio que no comenzó con ellos. Por eso vale preguntarse no solo quién invade a quién, sino qué modelo de desarrollo está dispuesto a asumir las consecuencias de sus propias decisiones a medida que el cemento avanza sobre el agua.
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Nuevo rechazo para el loteo en área inundable

Fecha de Publicación:09/01/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


El decreto que pone fin al expediente administrativo considera que el proyecto inmobiliario lesiona una zona de reserva ambiental y tendría un impacto negativo.
El gobierno de Santa Fe dio un paso definitivo en el conflicto por el barrio cerrado Damfield, ubicado en la ciudad de Funes, al rechazar formalmente la revocatoria administrativa presentada por la desarrolladora Davik SA contra la clausura de las obras. La decisión, adoptada mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, ratifica la postura provincial y consolida el cierre del expediente administrativo, con el respaldo explícito de la Justicia rosarina.
El decreto, fechado el 30 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial, “rechaza por improcedente” el planteo de los empresarios, que había sido interpuesto en 2024 luego de que el Ejecutivo provincial ordenara la paralización total del emprendimiento. Para el gobierno santafesino, el proyecto inmobiliario es “inviable” por emplazarse en una zona considerada inundable, de reserva ambiental y con potencial impacto negativo sobre áreas urbanas de Funes y Rosario ante eventos de lluvias de gran magnitud.
La resolución administrativa se apoya, además, en la reciente sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Rosario, a cargo de la jueza Susana Gueiler, que rechazó el amparo presentado por la desarrolladora y concluyó que la clausura “no fue arbitraria, sino debidamente fundada”. 
En ese fallo, la magistrada sostuvo que Davik SA “no puede pretender desconocer que no tenía autorización suficiente para el emprendimiento inmobiliario y que el mismo se encontraba supeditado a otras autorizaciones administrativas, fundamentalmente el certificado de aptitud ambiental”.

Los argumentos
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión se enmarca en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente, tanto a nivel provincial como nacional, y en la aplicación de criterios preventivos.
El decreto subraya que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se entenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”, y enfatiza que la Provincia no puede “eludir sus deberes constitucionales en pos de los bienes colectivos”, que hoy cuentan con estatus constitucional y forman parte de políticas públicas.
El conflicto se agravó en los últimos meses por la comercialización de lotes que realizó la desarrolladora sin contar con la autorización definitiva para avanzar con el barrio cerrado.
Esa situación generó tensiones con inversores y compradores, ante el incumplimiento de los plazos de entrega originalmente anunciados. En ese contexto, el futbolista Denis Rodríguez presentó una denuncia penal por presunta estafa, causa que se encuentra bajo análisis del fiscal provincial Ramiro González Raggio.
Con el rechazo de la revocatoria, el expediente administrativo quedó cerrado, lo que deja a Davik SA sin una vía de resolución inmediata.
La empresa aún podría recurrir al fuero Contencioso Administrativo si decide insistir con el proyecto original, aunque desde la Provincia advierten que no existe una salida de corto plazo. 
En paralelo, la sentencia judicial es de primera instancia y puede ser apelada, aunque hasta fines de 2025 no se había presentado ningún recurso, pese a que los plazos continuaban vigentes.
Desde el Ministerio de Obras Públicas provincial fueron categóricos respecto del futuro del emprendimiento. “El proyecto original no tiene factibilidad”, señalaron fuentes oficiales, aunque admitieron que, en su carácter de propietarios de las tierras, los titulares podrían readecuar el uso del suelo.
Según estimaciones que circulan en la Casa Gris, la superficie habilitable para viviendas permanentes no superaría entre el 3 y el 5 por ciento del total del predio. También descartaron de plano la posibilidad de una modificación legislativa que beneficie a Damfield para concretar el barrio cerrado tal como fue concebido.

Otra posición
La posición provincial contrastó con las declaraciones del intendente de Funes, Roly Santacroce, quien cuestionó con dureza la clausura y defendió la continuidad del emprendimiento. “Los ingenieros ya lo dijeron y presentaron certificados que confirman que el lugar no se inunda”, afirmó el jefe comunal, y apuntó directamente contra el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich. “Para mí es un irresponsable”, dijo, al responsabilizarlo por frenar “más de 60 emprendimientos en toda Santa Fe”.
Santacroce sostuvo que, de existir riesgos en otras zonas, “será el Estado provincial o nacional el que deba encarar las obras de infraestructura necesarias”, y planteó interrogantes sobre la previsibilidad para la inversión privada. “¿Qué seguridad jurídica tiene la Argentina si mañana cambia el gobierno y te cambian todas las reglas del juego?”, se preguntó.
Las declaraciones del intendente generaron respuestas en el ámbito político local. El concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Ignacio Rímini, expresó su preocupación por “la liviandad con la que el Ejecutivo municipal aborda la seguridad hídrica de la región”.
“Hay una ambición por avanzar en negocios de toda índole que poco tiene que ver con las necesidades de los vecinos”, afirmó.
El edil recordó que la potestad de aprobación hídrica y ambiental corresponde a la Provincia y que esas normativas “son garantías de seguridad, no simples obstáculos”, y pidió priorizar la calidad de vida y la protección de residentes e inversores.
Con el decreto firmado y el aval judicial, el gobierno provincial cerró filas en torno al rechazo de la revocatoria y dejó firme la clausura de Damfield, consolidando una decisión que coloca el eje en la prevención ambiental y en la autoridad provincial sobre el ordenamiento territorial y la seguridad hídrica..
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Alerta en el Río de la Plata: una de cada dos playas podría desaparecer por el ascenso del mar y la urbanización

Fecha de Publicación: 06/12/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La combinación de cambio climático y expansión urbana amenaza gravemente la biodiversidad, la actividad económica y la seguridad de comunidades costeras en Uruguay, Brasil y Argentina, advierten diversos estudios
Científicos reunidos en Montevideo alertaron que hasta el 50% de las playas de Uruguay, Brasil y Argentina podría desaparecer a finales de este siglo debido al aumento del nivel del mar y la intensificación de la urbanización en las zonas costeras. Esta estimación, presentada durante el simposio FAPESP Day Uruguay, señala riesgos directos sobre la biodiversidad, la pesca y la actividad turística, según informó Agência FAPESP.
El fenómeno conocido como compresión costera quedo en el centro de las discusiones, ya que se refiere a la reducción del espacio entre el mar y las infraestructuras urbanas, profundizada por el aumento del nivel del mar a raíz del cambio climático.
Omar Defeo, profesor de la Universidad de la República (UdelaR) de Uruguay, explicó que este proceso afecta de manera severa la biodiversidad en las playas e incrementa la vulnerabilidad de las ciudades costeras ante posibles embates del mar. 
Defeo fue claro: “Casi la mitad de las playas desaparecerán para fin de siglo. Uruguay, Brasil y Argentina compartimos estos recursos. Por eso, debemos trabajar en conjunto con los científicos brasileños para gestionar y conservar los ecosistemas costeros”.

Urbanización, turismo y pérdida de especies costeras
Las investigaciones presentadas durante el simposio subrayaron los efectos negativos tanto de la urbanización como del turismo sobre la biodiversidad y la biomasa, en especial en las áreas sumergidas. Un estudio liderado por Guilherme Corte, en colaboración con Defeo, financiado por FAPESP, analizó 90 puntos en 30 playas en el norte de São Paulo, Brasil. 
Los resultados, publicados en la revista Marine Pollution Bulletin, revelaron que la cantidad de visitantes es la variable urbana con mayor impacto negativo sobre la riqueza de especies y la biomasa, especialmente en zonas subacuáticas. Por otra parte, la presencia de edificaciones sobre la arena y las tareas de limpieza mecánica disminuyeron biomasa y diversidad.
El estudio también observó que la abundancia total de individuos era superior en áreas próximas a centros urbanos debido a la proliferación de especies oportunistas, como los poliquetos, que prosperan gracias al aporte de materia orgánica generado por la actividad humana.
Defeo remarcó que los impactos humanos no se restringen a la arena seca o superficial: tanto la construcción como la llegada masiva de visitantes afectan la biodiversidad de las zonas sumergidas y zonas inferiores, lo que agrava la pérdida de especies.

Desafío mundial y cooperación científica urgente
A escala global, otro estudio liderado por Defeo en conjunto con científicos brasileños, publicado en Frontiers in Marine Science, analizó 315 playas y concluyó que una de cada cinco padece tasas de erosión intensas, extremas o severas.
Los especialistas examinaron factores como el ascenso del nivel del mar y el impacto del viento y las olas, confirmando que las actividades humanas son clave, principalmente en playas reflectivas o intermedias.
Defeo detalló que el ecosistema costero cuenta con tres zonas interconectadas: duna (post-playa), playa (expuesta y sumergida) y la zona de rompiente. El equilibrio de estas áreas depende del constante intercambio de sedimentos.
Cuando se urbaniza y elimina la duna, se pierde la barrera natural ante tormentas: “Si la urbanización elimina la duna, el resultado puede ser la destrucción de viviendas costeras”, alertó Defeo, agregando que la alteración de cualquiera de estas zonas termina afectando el conjunto del ecosistema.
Frente a este panorama, Defeo impulsó una mayor cooperación regional entre Uruguay, Brasil y Argentina para gestionar y conservar los entornos costeros.
Subrayó la necesidad de alianzas científicas regionales para enfrentar los desafíos actuales y proteger los recursos naturales de los que depende la biodiversidad.
En el simposio participaron expertos y autoridades de los tres países, incluyendo Marcelo Dottori, Cristiana Seixas, Natália Venturini, Alvaro Brunini, Marcio de Castro, Raul Machado y Marcos Leal Raposo Lopes.
La cooperación científica y la aplicación urgente de medidas de conservación son fundamentales para mitigar la amenaza de la compresión costera y resguardar los ecosistemas litorales del Cono Sur.
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Los carpinchos ganaron en Nordelta: la Justicia ordenó que el barrio se adecue al humedal

Fecha de Publicación: 29/11/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


El tribunal de San Martín priorizó la fauna autóctona y obligó a revisar rellenos, cercos y “controles” sobre la especie.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín dejó sin efecto el levantamiento de la cautelar que había liberado el avance urbanístico en Nordelta. Los jueces Jorge Saúlquin y Luciano Enrici advirtieron que, sin límites, el ecosistema y las especies quedaban “indefensos ante daños irreversibles”. La resolución vuelve a cuestionar el modelo de expansión sobre humedales.
La abogada Nora Nouche, una de las titulares del pedido y representante de la Asociación Vecinal Ecodefensa Nuevo Delta, celebró la decisión judicial. La describió como un freno real al maltrato, después de años de cercos electrificados, golpes, atropellos, ahogamientos y envenenamientos encubiertos. También adelantó que van por más.
En la causa apuntan contra una red completa de actores: la Asociación Vecinal Nordelta S.A., desarrolladoras inmobiliarias, el Municipio, Parques Nacionales y la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Para los demandantes, el problema no es un barrio sino una matriz urbanística que convirtió al humedal en un negocio.

Control y maltrato: qué hacía Nordelta con los carpinchos
La Cámara señaló que el barrio privado aplicó “métodos de control” sin sustento científico. Ordenó frenar la castración química con productos no autorizados y cualquier intervención experimental.
Solo se permitirán medidas sanitarias avaladas por la autoridad ambiental provincial, como vasectomías controladas, esterilizaciones bajo protocolo veterinario o vacunas reconocidas en expedientes oficiales. Nada de pruebas sobre fauna viva.
El fallo también prohíbe fumigaciones con agroquímicos que dañen la flora o la fauna del humedal. La única excepción es el uso sanitario por motivos de salud pública y bajo estándares estrictos. El carpincho es una especie protegida en la provincia, por lo que cualquier manejo debe priorizar su bienestar y el equilibrio ecológico.

Urbanismo versus humedal: el límite judicial
La resolución suspende toda obra que altere lagos, costas o vegetación nativa en áreas no consolidadas. Incluye rellenos de tierra, drenajes, muros de tablestacado y cualquier infraestructura diseñada para encerrar o desplazar animales.
Además, prohíbe nuevas etapas del desarrollo inmobiliario sin un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo y sin participación ciudadana. La expansión no puede continuar como si el humedal fuera un terreno vacío.
La Cámara solo habilita intervenciones menores en lotes ya consolidados y corredores biológicos previstos en los planes provinciales, siempre con supervisión técnica. Lo demás queda prohibido.
La convivencia con la fauna no puede resolverse con vallas y cercos electrificados. Los carpinchos estaban antes. Nordelta deberá ajustarse a la ley y a la naturaleza del humedal que eligió ocupar.
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"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Fecha de Publicación: 26/11/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe - Entre Ríos


Las columnas de humo que se ven todos los años provenientes de las islas producto de los incendios son un registro visible de la destrucción que causa el fuego en los humedales. Pero hay otro factor que se viene extendiendo hace años, producto del avance la agricultura, la ganadería intensiva y los emprendimientos inmobiliarios, que no se divisa desde este lado y que también es muy perjudicial: la construcción de terraplenes y endicamientos que alteran las funciones de estos ecosistemas al punto de anular su capacidad de reguladores hídricos.
En el informe "Áreas endicadas, terraplenes y urbanizaciones cerradas en el Delta del Paraná - Actualización 2025", la Fundación Humedales/Wetlands International remarcó que sobre el delta inferior del Paraná, que se extiende desde Diamante (Entre Ríos) hasta San Fernando (Buenos Aires), crecieron los terraplenes y endicamientos. Se contabilizan 8.938 kilómetros de terraplenes y 2.582,2 kilómetros cuadrados de endicamientos en una región que comparten las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Según estimaron desde la organización, el 14,04% de la superficie de la región del delta se encuentra fragmentada por estas construcciones. El relevamiento se hace con imágenes satelitales y busca actualizarse cada cinco años, detalló a La Capital la coordinadora nacional para Argentina del Programa Corredor Azul de la fundación, Nadia Boscarol.
Un terraplén es una estructura lineal, una elevación de tierra que puede ser de varios metros. Si esa estructura se cierra formando un polígono, se denomina endicamiento y deja un área de la isla dentro que suele ser drenada. Para construir terraplenes se usan dragas y siempre hay canales a ambos lados, de donde se saca la tierra.
Estas estructuras se construyen, generalmente, para destinar zonas de humedales a la explotación agropecuaria, ya sea para agricultura o para ganadería intensiva, o para rellenar el territorio y llevar adelante allí mismo desarrollos inmobiliarios.
En un contexto de fenómenos meteorológicos más intensos producto de la crisis climática y el calentamiento global, la existencia de estas estructuras, que en muchos casos se desarrollan sin planificaciones, cobra otra relevancia.
Para el abogado ambientalista Fabián Maggi, "la verdadera destrucción del delta del Paraná” son los terraplenes: “Muchísimo más que los incendios, que impactan por el humo y es lo que más percibe la gente".
Secar un humedal no es tarea difícil en caso de contar con un terraplén o un endicamiento. Estos muros de tierra impiden el paso del agua, en un entorno en el que la vida entera depende de los pulsos de las crecidas.

Pérdida de identidad
Los humedales son ecosistemas en los que el agua marca tanto la dinámica de su estructura como el funcionamiento del mismo, explicó a La Capital la directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Graciela Klekailo. Y sumó: “Para que siga funcionando como tal, necesitamos que el agua puede estar presente. Con un terraplén, se interrumpe el flujo natural del agua y pierde sus características propias”.
“De ahí, hay que pensar para qué se hacen endicamientos y, generalmente, siempre tiene que ver con que los humedales pierdan sus características propias. Si el agua no está presente, el humedal pierde su valor identitario propio”, remarcó.
La pérdida de identidad de un humedal, como graficó la especialista, marca además un déficit de sus capacidades ecosistémicas. Entre ellas, las más importantes son regular inundaciones, amortiguar crecidas y tener agua disponible para captar y procesar en los centros de tratamiento que la potabilizan. Este último punto es un problema recurrente, por ejemplo, en Victoria. “Tienen muchos problemas (de captación) por los endicamientos aguas arriba, en la zona del delta”, detalló Klekailo.

Asimetrías de poder
“En muchos casos, los terraplenes se hacen sin regulación ni planificación para los humedales. En particular, generan la pérdida de biodiversidad y la degradación de los humedales”, indicó a La Capital la investigadora del Conicet Natalia Morandeira, que trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
La investigadora realizó su trabajo de campo para su Doctorado en Ciencias Biológicas a principios de la década pasada, precisamente en la zona del delta que se extiende desde Rosario/Victoria hasta Ramallo, en la zona de las Islas de las Lechiguanas. Recuerda que no había tantos terraplenes y que, ocasionalmente, se podía encontrar alguno “que se usaba para tránsito de ganado”.
Pero el panorama cambió. Actualmente, el 14,04% del delta del Paraná está endicado y se registró un aumento del 5% de la cantidad de terraplenes y endicamientos, “sobre todo para ganadería”: “Siempre que hay períodos muy secos, se intensifican los usos pampeanos del delta. Y en épocas de inundación, los endicamientos están drenados, lo que hace que se pierda la función de amortiguación de las inundaciones y que las áreas habitadas (por isleños) se inunden”.
Esta alteración en el desempeño de los humedales deriva en la pérdida de la variedad en el ecosistema y en su transformación, que da paso a un territorio homogéneo y uniforme con muy poca de la biodiversidad original.
La biodiversidad no es la única afectada por la existencia de desvíos no planificados. También sufren las actividades y los pobladores locales por las “asimetrías de poder”, como las denominó la investigadora: “Un terrateniente realiza un terraplén o endicamiento sin planificación del entorno para que su área no se inunde, pero está afectando a los pobladores. En los últimos años, muchos de los endicamientos se hicieron para ganadería intensiva y otros para agricultura con uso de agroquímicos, que suma otra amenaza porque su filtración afecta los cuerpos de agua”.
Otros terraplenes se desarrollaron para albergar a emprendimientos inmobiliarios, modificando por completo los humedales. El suelo se impermeabiliza y la naturaleza del ecosistema se pierde: pasa de absorber y contener agua a rechazarla por su alto grado de compactación.

Desarrollo frenado, daño hecho
El daño, en esos casos, es casi irreversible. A modo de ejemplo, Morandeira citó el caso del desarrollo inmobiliario Colony Park, un barrio en el delta del Paraná, a la altura de San Fernando, en el que se tenía previsto construir una pequeña nueva ciudad con calles, avenidas, casas, condominios y hasta un túnel subacuático para conectar la provincia de Buenos Aires con las islas.
El emprendimiento llegó a trazar varias calles y, previamente, se niveló el suelo para evitar inundaciones. Las obras arrancaron en 2006 y continuaron hasta 2010, cuando un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, ordenó la clausura preventiva del desarrollo tras una denuncia por daños ambientales.
A pesar de que el proyecto no avanzó nunca más, el daño se consumó: el relleno del territorio para levantar encima la nueva ciudad ya estaba hecho, así como el daño al ambiente.

Judicialización por terraplenes
En el plano judicial, Maggi remarcó que existen dos causas, una en el fuero civil y otra en el penal, contra un empresario que construyó endicamientos en el delta, a la altura de Ramallo.
“El empresario agropecuario Fabio Di Fonzo hizo endicamientos en 5.000 hectáreas en campos que compró a quien es dueño de Cardón, Gabriel Nazar. La causa civil ambiental la inició Upva (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) en Entre Ríos y motivó que se dicte una medida cautelar para prohibir la fumigación sobre las Islas de las Lechiguanas”, detalló el abogado, que es parte del proceso judicial.
Y agregó: “Di Fonzo no sólo sembró sino que, además, cosechó en esa zona. Esa cosecha estaba embargada e inmovilizada porque no podía entrar maquinaria pesada a donde se encuentran los campos y el juez (federal de Victoria, Federico) Martín las liberó y permitió que se comercialice un producto originado en un delito. Esto lo advirtió al propio juez la UIF (Unidad de Información Financiera), que interviene como querellante en la causa”.
Respecto al avance de los procesos judiciales, el abogado marcó que en la causa penal no se llamó a indagatoria a los implicados, pero que la causa civil “está para dictar sentencia”: “En la causa penal, hubo medidas del fiscal (Leandro) Ardoy, que indicó a Entre Ríos que haga descripciones complementarias de los terraplenes que están construidos en las islas. Incluso, hay indicios de que se extralimitaron con los terraplenes y se pasaron a espacio público”.

Causa local: el litigio por el Legado Deliot
Actualmente hay otro litigio en curso, con los terraplenes como protagonistas, que concierne a Rosario: la remediación ambiental del Legado Deliot luego de que en mayo del año pasado, el empresario Enzo Mariani se quedara sin instancias para reclamar 807 hectáreas que fueron donadas por el filántropo Carlos Deliot a la Municipalidad la década de 1940.
A finales de octubre, el titular del Juzgado Civil y Comercial de Victoria, Luis Márquez Chada, se pronunció contra el reclamo de Mariani para conservar el territorio. También lo consideró responsable de daño ambiental por la construcción de terraplenes y otras obras que alteraron las condiciones naturales del lugar.
El juez hizo lugar a la demanda del municipio y dispuso una doble indemnización: Mariani debe abonar 486 mil dólares por la privación del uso del inmueble, un monto a actualizarse con la suma de los intereses moratorios anuales calculados en base a la tasa activa del Banco Nación hasta que los terrenos sean restituidos; y 66.840.000 pesos por remoción y recomposición ambiental. En este caso, también se incrementará el monto por el tiempo transcurrido hasta que cumpla la resolución.
Márquez Chada también hizo lugar a una demanda por perjuicio ambiental impulsada por los abogados Pablo Bonato y Gastón Rosenberg Jantzon. En este sentido, señaló que las obras ilegales alteraron la topografía natural y el régimen hidrológico, en un fallo que reconoce la pérdida de la biodiversidad y la eliminación de los seres vivos.

¿Se puede desarmar un terraplén?
El daño que provocan los terraplenes es casi irreversible, aunque todo depende del tiempo que pase desde que se levantó la estructura.
Si bien cualquier terraplén se puede destruir, lo importante es determinar si el agua vuelve a correr por la zona endicada y si ese territorio puede llegar a recuperar su condición de humedal.
A modo de ejemplo, Klekailo dijo: “Si se construye un terraplén en 2015 para desviar un arroyo, ese lugar se seca con el tiempo y ahí crece vegetación. Si hoy se destruye ese terraplén, es difícil que el agua vuelva a abrirse paso y que el humedal vuelva a serlo porque cambia por completo la fisonomía del paisaje”.
En consonancia, Boscarol señaló que remover un terraplén es posible aunque resaltó: "Eso implica movimiento, pero también genera un nuevo disturbio al ecosistema". A su vez, consideró que por los tiempos que necesita para recomponerse, "es imposible saber si volverá a su verdadero estado original".
Morandeira, por su parte, contrastó ciertas estructuras existentes en el delta. Si bien explicó que los endicamientos ilegales son perjudiciales, también existen otros “históricos” que se desarrollaron en el sector del bajo delta y que funcionan como defensas en una zona que se destinó a la forestación de distintas especies, como sauce o álamo, y que cuenta con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
“En la visión de «pampeanizar» el delta, se expandió la agricultura intensiva de soja en las tierras altas, lo que conllevó a que la ganadería, que antes se hacía en tierras altas, se traslade a zonas más bajas no tan productivas para la agricultura. Es el efecto dominó que se da por el aumento de las producciones de commodities en la zona”, dijo, y finalizó mencionando que todo forma parte de una “falta de regulación, de planificación y de presencia del Estado en ver qué se hace con el uso del suelo”.
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