Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago

Fecha de Publicación: 02/08/2025
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


La ONG Nuevo Ambiente denuncia desmontes y obras en una zona protegida del humedal, pese a un fallo judicial que lo prohíbe. Acusan a los municipios de Berisso y Ensenada de impulsar negocios inmobiliarios y de incumplir el plan de manejo ambiental
La ONG Nuevo Ambiente denunció un nuevo atropello ambiental en el Delta del Río Santiago que abarca la Isla Santiago y la Islar Paulino, en los distritos bonaerenses de Berisso y Ensenada. Desmontes, rellenos y alteración de humedales en una zona que está protegida por ley, como también el avance de desarrollos inmobiliarios en esa zona.
Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago
A pesar de que existe una medida cautelar en vigencia —dictada por la justicia en marzo pasado— que impide cualquier tipo de obra o intervención hasta que se apruebe un Plan de Manejo Ambiental, los trabajos continúan sin control, con la complicidad o desidia de las autoridades locales y provinciales.
La zona afectada forma parte del paisaje protegido establecido por la Ley Provincial 12.756, que exige una estricta regulación para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las islas Santiago y Paulino. Sin embargo, la realidad en el territorio dista de cualquier política seria de conservación.
“El fallo fue claro: no se pueden hacer obras, ni movimientos de suelo, ni desmontes, ni mucho menos loteos hasta tanto se apruebe el plan de manejo ambiental. Nada de eso se está respetando”, denunció Marcelo Martínez, representante de Nuevo Ambiente, en diálogo con Desconfiados en Cadena Río. Según indicó, los relevamientos realizados por la organización constataron la tala de especies vegetales, el avance de rellenos con hormigón y trabajos sobre la ribera, particularmente en las inmediaciones del canal Génova y del parador Marina del Sur, en jurisdicción de Berisso.
Cabe recordar que, el fallo judicial —emitido por la jueza María Ventura Martínez del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata— establecía un plazo de 60 días para que los municipios de Berisso, Ensenada y el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Ambiente, instrumentaran un Plan de Manejo Ambiental conjunto. Ese plazo venció hace meses. Ninguno de los tres niveles del Estado ha cumplido.
Marcelo Martínez, representante de la ONG Nuevo Ambiente, dialogó con el programa Desconfiados, que se emite por Cadena Río, y expuso una serie de denuncias sobre el deterioro ambiental en las islas Santiago y Paulino, en la región de Berisso y Ensenada. Alertó sobre la falta de planificación y la existencia de posibles negocios inmobiliarios ilegales, pese a que ambas islas están amparadas por una figura de “paisaje protegido” según la legislación provincial.
“Venimos haciendo relevamientos en la isla de Santiago, ante la denuncia de vecinos, que también nos llegaron en los últimos días”, explicó Martínez. Y detalló: “Hicimos un relevamiento en lo que es el sector del canal de Génova, que desemboca al río Santiago, que está frente a Marinas del Sur y también al Club Náutico de Berisso, en donde se encontraron una serie de irregularidades que tienen que ver con desmontes, en este caso en Berisso, y en Ensenada”.
Estas acciones, indicó, se dan en el marco de una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, tras un recurso de amparo impulsado por la organización ambientalista. “Se le exige tanto al municipio de La Plata como al municipio de Ensenada y de Berisso a confeccionar un plan de manejo ambiental de las dos islas”, señaló.
Martínez subrayó que “una planificación ambiental no solamente tiene que ver con la construcción, tiene también que ver con la ocupación de suelo, zonas intangibles, zonas donde se pueda hacer recreación. Un plan de manejo tiene que ver cómo gestionás todo un sector protegido, como es este caso las dos islas, que va desde el tratamiento de aguas hasta el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y también distintas cuestiones que tienen que ver con la protección del ambiente”.
A pesar del fallo judicial, desde la ONG aseguran que aún no se presentó el plan de manejo correspondiente. “Nos hemos enterado que Ensenada hizo dos reuniones, pero por lo que vi esas reuniones no tenían nada que ver con el plan de manejo. Un plan de manejo es una cuestión seria, interdisciplinaria, que tienen que trabajar varios actores, y Berisso tampoco hizo nada”, denunció.
En ese sentido, remarcó: “Acá hay una irregularidad, que ya lo hemos denunciado en la justicia, que tiene que ver que tanto el municipio de Berisso como Ensenada se tienen que poner de acuerdo e ir en forma conjunta a hacer el plan de manejo. No es que tiene que hacerlo disociadamente, porque es todo un mosaico de lo que es el monte ribereño y las dos islas. Uno te contesta una cosa, otro otra, pero nosotros seguimos elevando los informes correspondientes ante la justicia”.
Consultado sobre posibles negocios inmobiliarios detrás del conflicto, Martínez fue tajante: “En Isla Santiago sí. Ya hemos denunciado hace dos años la intención de la construcción de un barrio privado con unos 40 lotes, que lo estaban vendiendo a 15 mil dólares cada uno, una inmobiliaria de La Plata, que la hemos denunciado ante el Colegio de Martilleros de La Plata y también lo hemos denunciado públicamente ante una investigación que habíamos llevado adelante y que adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada”.
“Hay intereses, están desesperados por vender lotes y ahí están también metidos, pero no hay que mirar para el costado. Acá, hasta el hijo del Intendente de Ensenada usurpó y está viviendo la isla en un gran predio”, acusó.
Sobre el avance del desmonte y la pérdida del valor natural, apuntó: “La Isla Santiago pierde mucho territorio por la característica que tiene un puente y que entran vías terrestres, que ahí perdió bastante su esencia”. En cambio, dijo que “la Isla Paulino, hasta ahora, están siendo ocupados algunos sectores, pero no tanto como la Isla Santiago”.
Martínez advirtió también sobre un posible engaño a los ocupantes: “Ahí lo único que se puede hacer es entregar un papel de tenencia y nada más. No pueden escriturar porque no son propietarios de las tierras. Hay un descontrol, una falta de fiscalización por parte del municipio de Ensenada, intereses económicos”.
El ambientalista insistió en la gravedad del impacto ecológico: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la degradación de todo el sector y aparte la degradación de los humedales, que es tan importante para nuestra región. Pero ahí también demuestra una vez más el poco interés que tienen, no solamente con la apatía que tienen con las gestiones ambientales, sino también que no hay una política de gestión ambiental seria en ninguno de los distritos, teniendo en cuenta que tenemos uno de los polos petroquímicos más importantes del país”.
Desde el programa se le informó a Martínez que el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, respondió a las consultas periodísticas y afirmó: “Si es la denuncia que se hizo hace cuatro meses atrás, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el Ministerio de Ambiente”. 
Ante esta declaración, Martínez replicó: “Hay que ver qué llama el plan de manejo, porque primero que el fallo judicial fue hace más de cuatro meses. Hay que ver qué entiende por plan de manejo. El plan de manejo, primero, estamos notificados por el juzgado que haya presentación de un plan de manejo. O sea, sospechamos que no hubo ninguna presentación”.
“Porque el plan de manejo no es una cosa que se escribe un poco y listo, es una cosa seria, interdisciplinaria, que trabajan varias disciplinas y profesionales, y bueno, si es así, veremos qué presentaron. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna presentación al respecto”, concluyó el referente ambiental.

La respuesta de los involucrados 
Lejos de asumir responsabilidades, los intendentes eluden definiciones. El jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, consultado por Desconfiados, respondió: “Yo no estoy enterado de ninguna denuncia. Hay una denuncia de ambientalistas de la isla Santiago de la Paulino y de la ribera de hace como cuatro meses. Si es eso, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el ministerio de ambiente”. Sin embargo, al solicitarle una copia del supuesto plan, nunca respondió. Asimismo, el Ministerio de Ambiente bonaerense también prefirió mantener el silencio y eludir las respuestas. 
Desde la Municipalidad de Esenada respondieron que: “en primer término la denuncia de Nuevo Ambiente no hace más que remarcar la ignorancia total que tienen de la Ciudad y del ambiente, y reafirma el único propósito que tiene esta ONG que es la persecución política sobre quienes ellos toman como sus adversarios. Otro claro ejemplo es que cuando uno de sus referentes, Marcelo Martinez, fue funcionario de María Eugenia Vidal, dejó de lado todas las investigaciones ambientalistas”.
En esta misma línea agregaron que “sobre la errónea acusación que hacen, el Municipio no incumple nunca ninguna norma, porque está en el espíritu de la gestión el cuidado del ambiente, arrancando por lo más preciado que tiene que es la vida humana. Por otra parte, se está trabajando en la realización de una escollera cercana al puente de ingreso a la Isla Santiago. Este trabajo es fundamental para el cuidado del Canal Río Santiago, ya que evita que la salida del canal se llene de sedimento y por lo tanto no pueda recircular el agua. Hace poco tiempo se hizo un dragado del lugar, y si no se hace la escollera, la salida del canal se tapará más rápido y no permitirá la circulación del agua, afectando al ambiente, a los clubes de la zona y a la actividad deportiva”.
Sobre el Plan de manejo ambiental aclararon que “si lo hay y se está trabajando en el plan de manejo de suelo de la isla”. Sin embargo ante el pedido de este medio para conocerlo, no hubo respuesta. 
Respecto a las declaraciones del entrevistado aclararon que “no nos vamos a meter en acusaciones totalmente faltas, carentes de cualquier prueba y que solo buscan que Marcelo Martínez se haga conocido en el mapa electoral de la ciudad en el que siempre fue un fracaso y un total desconocido”.

La gravedad del caso no es menor: la ONG había advertido desde hace más de dos años sobre intentos de loteo en Isla Santiago para construir un barrio privado, con 40 lotes ofrecidos por una inmobiliaria de La Plata a 15 mil dólares cada uno. Según Martínez, “adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada. Hasta el hijo del Intendente usurpó un predio y vive en la isla”.
Mientras se especula con negocios inmobiliarios en terrenos fiscales y protegidos, el ecosistema de humedales se degrada sin control y a la vista de todos. “Hay una falta total de fiscalización, desinterés por la gestión ambiental, desidia institucional. No hay una política ambiental seria en ninguno de los distritos involucrados”, sentenció Martínez.
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¿Puede Argentina adaptar sus edificios a la crisis climática?

Fecha de Publicación: 04/07/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


«Ir a lo elemental”, dice el arquitecto Gustavo San Juan, mientras recorre la obra que él coordinó, un edificio diseñado para adaptarse a las condiciones climáticas locales y funcionar con energías renovables.
La estructura, construida con técnicas y materiales respetuosos con el medioambiente, como ladrillos de plástico reciclado, pronto se convertirá en el Centro de Energías Renovables de la provincia de Buenos Aires.
Ubicada en la localidad de Gonnet, en el municipio de la Plata, la obra será la sede del Programa de Energías Renovables (Proinged), una instancia de gestión pública-privada que financia proyectos y desarrolla investigación sobre energías renovables y eficiencia energética en la provincia de Buenos Aires.
El nuevo edificio servirá para realizar actividades de investigación vinculadas con el trabajo de Proinged. Fue construido bajo lógicas de bioconstrucción, un tipo de arquitectura que usa técnicas y materiales respetuosos con el ambiente.
Se trata de un proyecto que tendrá un carácter demostrativo de tecnologías innovadoras, sostiene San Juan, investigador del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido de la ciudad de La Plata.
La estructura está construida con ladrillos fabricados a partir de tereftalato de polietileno reciclado, más conocido como PET, el plástico utilizado para botellas de bebidas y envases de alimentos; o micelio, una estructura similar a las raíces de los hongos.
Otros materiales utilizados fueron tableros fabricados con cáscaras de maní y residuos agroindustriales; proteína de soja; adhesivos y aislantes de poliestireno expandido reciclado y lana de oveja.
Estas tecnologías fueron desarrolladas por institutos de investigaciones y emprendimientos productivos de distintas ciudades del país, y en su mayoría apuntan al reciclaje y la puesta en circulación de materiales en desuso.
Un ejemplo es la lana de oveja, utilizada en el edificio para aislación termo-acústica en muros, techos y entrepisos. La lana fue provista por el emprendimiento Proyecto Abriga, una empresa de triple impacto.
«En Buenos Aires la lana de oveja no tiene un valor significativo para la industria textil y la queman, la entierran o la dan en parte de pago por la esquila. Nosotros utilizamos este recurso para paneles aislantes», comenta Alejandra Núñez Berté, directora de Proyecto Abriga.
San Juan acota que “toda la vida las personas se calentaron con el sol y fue recién con el petróleo y el aire acondicionado que lo olvidamos. Ahora, conscientes del daño, tenemos que recuperar estos saberes con visión en el siglo XXI. No podemos seguir construyendo como hace 40 años”.

Construcción alta en carbono en Argentina
El sector mundial de la construcción contribuye de manera significativa al cambio climático.
En 2022, fue responsable de 37 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de 34 % de la demanda energética, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Gran parte de esta demanda energética se destinó a necesidades operativas, como la calefacción y la refrigeración. En Argentina, la cifra de emisiones se repite, pero el consumo de energía llega a 40 %.
El acero, el cemento, el hormigón y el aluminio, materiales requeridos en la construcción moderna, son responsables de 15 % de las emisiones a nivel mundial. La etapa de producción de estos materiales es el momento donde más emisiones se generan.
En la industria de la construcción argentina predomina el uso de estos métodos tradicionales.
“Se sigue utilizando mucho la construcción con cemento, ladrillo, hormigón y no se utilizan tanto otros materiales como hormigón prefabricado o madera reciclada, que apuntan a una mayor eficiencia en el consumo de energía y en el gasto de energía para construir”, comenta Miguel Ippolito, integrante de la Cámara Argentina de la Construcción.
Sin embargo, señala que hay un incremento de la construcción en seco, es decir de materiales prefabricados que no requieren uso de agua y que hacen más eficiente y rápida la construcción. El uso de construcción en seco reduce el consumo de combustible en un 60% y la producción de dióxido de carbono en 22,5 %.
Para Carolina Ganem, investigadora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la provincia de Mendoza, hay un circuito “vicioso” entre los efectos del cambio climático y el modo en que estos afectan a las viviendas.
“Las temperaturas suben debido al incremento de emisiones antropogénicas y por lo tanto aumenta el uso de equipamiento para acondicionamiento térmico de las viviendas. Este uso, a su vez, genera un mayor número de emisiones y un incremento en el calor antropogénico residual que deriva de los mismos, que a su vez incrementa el calor en las ciudades”, comenta.

Alternativas en la construcción
Cuando en 2020 Ana Basso y su compañero comenzaron a imaginar su casa en la localidad de La Serranita, en la provincia de Córdoba, tenían algo claro: el proyecto sería una experiencia de autoconstrucción.
“Queríamos que fuese así no solo por la necesidad económica, sino también porque buscábamos ser parte del proceso. Desde el principio sabíamos que era un proyecto que nos llevaría tiempo”, comenta.
En diciembre de 2004 la familia se mudo a la casa, cuando terminaron de instalar las aberturas. “Incluso sin tener puertas ni ventanas colocadas, ya se notaba una diferencia térmica entre el interior y el exterior. Ahora, con todo instalado, la casa es muy fresca en verano y se siente abrigada en invierno”, relata.
El proyecto de La Serranita se basó en bastidores de madera como estructura portante, rellenos con paja alivianada humedecida con barbotina -una mezcla de arcilla y agua- para crear paredes, que posteriormente se revistieron con tierra.
“Los bastidores están divididos cada 60 centímetros, tienen una pequeña columna que va repartiendo todo el peso del techo de la estructura y hace que la fuerza de la casa esté más repartida”, comenta.
Hasta 2018, la estructura de bastidores de madera era considerada un método constructivo no tradicional y requería de un Certificado de Aptitud Técnica (CAT), una autorización que Argentina otorga a los sistemas constructivos innovadores después de ser sometidos a diferentes pruebas de seguridad. A partir de ese año, se lo reconoce como sistema tradicional y ya no necesita esta autorización técnica.
Para Leonardo Nucci, bioconstructor en la Patagonia argentina, hay confusión entre los sistemas tradicionales y no tradicionales. “Se suele llamar tradicional a la construcción en cemento o industrializada, cuando lo tradicional son las construcciones en tierra. El cemento no tiene más de un siglo de uso en Argentina, solo la industria se ha encargado de cambiar en nuestra conciencia colectiva las formas de construcción tradicionales”, señala.
Nucci forma parte de la Red Bioca, integrada por habitantes de El Bolsón en la provincia de Río Negro y los municipios de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén en la provincia de Chubut, que promueven la bioconstrucción para adaptar sistemas constructivos al clima frío y ventoso de la Patagonia.
Aunque la bioconstrucción es una técnica sostenible y culturalmente arraigada, en el país no existe reglamentación a nivel nacional que habilite jurídicamente la posibilidad de construir de esa manera.
“Ante la falta de una reglamentación común para construir con tierra a nivel nacional los municipios deciden según la información que tienen, eso explica por qué muchos proyectos de no consiguen la habilitación municipal para avanzar”, señala la arquitecta María Rosa Mandrini, de la Red Protierra Argentina, una entidad que promueve la construcción con tierra en todo el país.
En 2021 esta red publicó un proyecto de ordenanza para que los gobiernos locales puedan reglamentar la construcción con tierra. Este documento propone pautas locales para estandarizar técnicas y promover prácticas constructivas adecuadas.
Mandrini explica que los municipios de 15 provincias han aprobado desde entonces ordenanzas locales sobre bioconstrucción, mientras que tres provincias han promulgado leyes relacionadas con estos métodos. La amplitud de estas iniciativas, afirma, “demuestra la versatilidad que tiene este tipo de construcción para adaptarse a diferentes climas y zonas sísmicas”.

Eficiencia energética para combatir la pobreza
Argentina tiene un déficit habitacional que afecta a cuatro millones de familias: cerca de 1,6 millones no tienen casa y más de dos millones carecen de infraestructuras seguras, lo que muestra una urgencia en materia de vivienda social.
Las familias de sectores populares suelen autoconstruir sus viviendas sin diseño técnico ni enfoque de eficiencia energética, explica Salvador Gil, investigador de la Universidad Nacional de San Martín y especialista en sostenibilidad. “Esa es su casa y hay que entender esto como punto de partida para planificar cualquier mejora”, advierte.
La falta de aislamiento térmico en estos hogares incrementa la demanda energética y las familias recurren a fuentes caras y poco eficientes como la leña o el gas en garrafa, que puede costar hasta cinco veces más que el gas por red, e implica esfuerzo físico y costos de transporte.
“En estos casos, atender la eficiencia energética ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y también combate la pobreza. En países como el nuestro, esa es la clave”, afirma Gil y destaca la urgencia de implementar tecnologías eficientes y accesibles como lámparas LED, bombas de calor y ollas térmicas, que permitirían ahorrar en el pago de servicios.
Gil sugiere que la eficiencia energética debe ir acompañada de políticas públicas y de una organización social adecuada para garantizar que las tecnologías eficientes puedan ser apropiadas. “El rol del Estado es importante, pero el rol de la sociedad y su involucramiento me parece fundamental para esta transformación”, concluye.

El rol estatal
A nivel nacional existen regulaciones que promueven la eficiencia energética y la construcción sustentable, como la serie de normas Iram 11600, que da pautas de referencia para acondicionamiento y aislamiento térmico, así como el ahorro de energía en calefacción. Sin embargo, especialistas coinciden que el carácter voluntario en la aplicación de estas normativas limita el avance hacia una construcción sostenible.
Ganem sostiene que sería clave establecer normas obligatorias según región climática, que exijan condiciones térmicas, energéticas y lumínicas mínimas en los edificios. Aplicar normas vigentes podría tener un impacto positivo.
Una regulación reciente es la creación en 2023 del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (Pronev), impulsado por la Secretaría de  Energía, que evalúa el grado de requerimiento de energía que necesita una vivienda durante un año para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, calentamiento de agua sanitaria e iluminación.
Aunque es de carácter voluntario en gran parte del país, algunas provincias como Santa Fe cuentan con regulación propia y exigen el etiquetado a la hora de escriturar una vivienda.
El etiquetado considera factores como clima, sistemas constructivos, materiales, aberturas y ventilación, y permite estimar gastos de servicios y el impacto ambiental. Hasta el momento se han emitido 1357 etiquetas y analizado 3738 viviendas.
Carolina Sfeir, titular de la Dirección de Política Energética y Tarifaria de la provincia de Buenos Aires, enfatiza que para avanzar en la implementación de este programa hay que propiciar la regularización en  los gobiernos  locales y provinciales.
“Hay personas capacitadas (para evaluar energéticamente una vivienda) en todo el país y convenios [de cooperación para adherir al programa] en distintas provincias, pero no es que todas las viviendas nuevas tengan que tener este etiquetado. Todavía son los usuarios finales quienes tienen la decisión de incorporar o no criterios de sustentabilidad en la construcción”, señala.
Según la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental), la clasificación mundial más utilizada para medir la sostenibilidad de los edificios, Brasil y México lideran el ranking latinoamericano en la construcción de edificios sustentables.
Argentina, si bien ocupa el quinto lugar entre los 10 países latinoamericanos que califican en la certificación LEED, mantiene un crecimiento sostenido y un aumento de la demanda de este tipo de viviendas.
Además, la disponibilidad de normativas vigentes y la disposición de recursos naturales generan un panorama para fortalecer una industria constructiva más amigable con el ambiente.
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Polémica ambientalista en Hudson por la construcción de un barrio privado

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas mostraron su preocupación por el desarrollo del emprendimiento inmobiliario Ayres de Hudson, un barrio privado que avanza en una zona de Hudson, en el partido de Berazategui, a pocos metros de la Reserva de Biósfera Pereyra Iraola.
El proyecto, impulsado por la empresa Fiducia Urbana S.A. —parte del Grupo Klover—, contempla la construcción de 134 viviendas sobre un terreno de 13 hectáreas ubicadas al oeste de las vías del tren. Según explican los ambientalistas de la zona, para habilitar el loteo, el municipio “vendió 182 metros de la calle Lisandro de la Torre a precio fiscal”, eso decir, por debajo del valor comercial.
“Esto benefició directamente al desarrollador y representó una pérdida para el patrimonio público”, denunció Ernesto Salgado, referente del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. “El municipio, además, se negó a entregar información sobre el proyecto, lo que nos obligó a judicializar el caso. La Cámara de Apelaciones nos dio la razón y ordenó que se garantice el acceso a la documentación”, agregó.
Desde el Foro y otras organizaciones sociales y ambientales sostienen que el área intervenida debería ser considerada parte de la zona de amortiguación de la Reserva, tal como recomendó la UNESCO. “Los árboles que están siendo talados son idénticos a los que se preservan dentro del perímetro formal de la Reserva. Son parte del mismo ecosistema”, advirtió Salgado.
Entre los puntos del proyecto que más preocupan a las organizaciones se encuentra la falta de conexión a la red de agua potable. La empresa planea extraer agua del acuífero Puelche mediante un pozo central, lo que podría afectar la sostenibilidad del recurso. En cuanto a los efluentes cloacales, el informe presentado por la empresa indica que se canalizarán hacia una planta interna que los derivará a la red pública. Sin embargo, según Salgado, esta red ya presenta graves deficiencias y podría colapsar ante la sobrecarga.
Otra preocupación clave es el destino de las aguas pluviales. El proyecto prevé su descarga en el arroyo Baldovinos, que atraviesa sectores de la Reserva. “No se trata solo de agua de lluvia: arrastran contaminantes domésticos como detergentes, aceites y otros residuos”, explicaron desde la Asamblea de la Reserva.
El Foro cuestiona el emprendimiento por su proximidad a un área natural de valor estratégico para toda la región. Y explican “Ademas los pluviales terminarían en el arroyo Baldovinos, que corre por detrás del barrio en una parte y en otra por el borde. Los pluviales como se saben son contaminantes porque la gente arroja jabón, aceite, entre otros elementos”.
Por ahora, llaman a actuar con urgencia para evitar una degradación ambiental irreversible, pero no descartan tomar otras medidas.
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El desafío de adaptar la infraestructura de Rosario para enfrentar el cambio climático

Fecha de Publicación: 04/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


La especialista Macarena Vázquez advierte sobre la responsabilidad de los gobiernos locales de desarrollar acciones de adaptación y mitigación a la crisis climática
El cambio climático es un proceso de escala global, pero sus efectos ya se están verificando en distintas regiones en forma singular. La ocurrencia de eventos extremos, como olas de calor o las grandes tormentas, son dos de las consecuencias, que se verifican en ciudades como Rosario y otras del país. "Los problemas que nos plantea el cambio climático ya los estamos viviendo hoy", advierte Macarena Vázquez, referente de STS Rosario, y considera que las acciones de adaptación y mitigación de la infraestructura de la ciudad no pueden esperar. " Rosario no está preparada para hacer frente a los riesgos climáticos", señala.
Vázquez es licenciada en recursos naturales y fue docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Además, integra STS (Soluciones Tecnológicas Sustentables) Rosario, una agrupación formada en 2009 con el propósito de impulsar proyectos que generen conciencia socioambiental, como Carpoolear, la primera plataforma argentina para compartir viajes en automóvil, Rosario en Bici, que fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades, o De la Huerta a la Olla, que conecta productores agroecológicos con comedores de Rosario.
 "Los efectos del cambio climático se están viendo actualmente", afirma y enumera, entre otros, el aumento de temperaturas medias, mínimas y máximas registrados en todas las provincias; el retroceso de los glaciares y de los suelos congelados o los cambios en los patrones de las distribuciones de lluvias que en la región se traducen en situaciones de lluvias muy concentradas.

_¿Es decir que estamos conviviendo con la crisis climática y sus efectos?
_Pensemos en Vera, en el norte de nuestra provincia, en un par de horas llovió 400 milímetros. Pero la inundación de una ciudad, que es una consecuencia relevante, no es la única producida por el cambio climático. También implica un montón de riesgos que son procesos de desarrollo lento, como la degradación de suelos, de pérdida de productividad agropecuaria, que eso nos lleva a exacerbar las situaciones de inseguridad alimentaria que ya tenemos o a tener inestabilidades económicas. Podemos tener también procesos de pérdida de biodiversidad, afectaciones a la posibilidad de tener energía eléctrica en el verano o a la posibilidad de tomar agua de los ríos. El cambio climático no se acota a tener consecuencias negativas que se expresan en forma de desastres, sino que hay un espectro muy amplio de efectos en la salud, en el transporte, en todos aspectos que hacen a nuestras vidas cotidianas.

-¿Qué podemos esperar en los próximos años respecto a la presencia de este tipo de lluvias torrenciales?
-El aumento de las tormentas fuertes de hecho es una de las consecuencias esperables en términos generales atribuibles al cambio climático. Si miramos los registros de eventos extremos que hemos tenido lo que se nota en todo el mundo, y también en nuestra región, es que en las últimas décadas el clima viene cambiando, entonces las tormentas fuertes son cada vez más frecuentes. Y lo que se espera es que a futuro es que este tipo de situaciones sean cada vez sean más comunes. Y de hecho esta mayor frecuencia de eventos extremos que está proyectada, que continúa incrementándose, va a ser mucho mayor si no corregimos las emisiones de gases de efecto invernadero o si no dejamos de emitir con la misma tendencia que venimos hasta ahora. No obstante, las consecuencias de esos efectos también van a cambiar mucho en función de cómo estemos preparados nosotros. Porque una cosa es que llueva un montón en un solo día y otra cosa es que eso genere una inundación. Porque las inundaciones, sobre todo las inundaciones que tenemos en ciudades como Rosario, o las caídas de árboles, no son solamente el resultado de que llueve mucho, sino que son el resultado de una forma en particular en la que estamos ocupando el suelo, por ejemplo.

-¿Está preparada la infraestructura de la ciudad para enfrentar estos problemas?
_A la hora de pensar si la infraestructura de ciudades como Rosario está preparada para hacer frente a los riesgos climáticos, en función de los cambios proyectados en las variables climáticas, la respuesta va a depender mucho de qué tipo de infraestructura estemos considerando. Pero en términos generales creo que podemos decir que no. Y esto lo digo porque hoy muchos de estos riesgos sin influencia del cambio climático, ya no están pudiendo ser resueltos.

_¿Por ejemplo?
_Si pensamos en el acceso al agua, el cambio climático viene a complejizar aún más la garantía del derecho al agua y que todas las personas que vivimos en la ciudad podamos tener acceso al agua. Pero también hay que reconocer que hoy la infraestructura que tenemos no está garantizando ese derecho al agua porque tenemos barrios que no tienen acceso al agua en nuestra ciudad. Entonces, lo que va a ser el cambio climático es exacerbar esas vulnerabilidades preexistentes, más que quizás generar riesgos nuevos. No es que no existan nuevos riesgos que vayan a emerger, sino que lo que vamos a ver, si no nos preparamos y si no cambiamos la forma en la que estamos haciendo algunas cosas, es un recrudecimiento de ciertas situaciones de vulnerabilidad de derechos, de insatisfacción de necesidades que tenemos las distintas personas que vivimos en esta ciudad. Con la posibilidad de ener energía pasa lo mismo. Entonces, lo que tenemos que pensar en el futuro no es que vamos a tener un nuevo problema, sino que vamos a tener un problema más grande que el que estamos viviendo actualmente.

_¿Qué pueden hacer los gobiernos locales en materia de adaptación al cambio climático?
_ Hay un montón de acciones que tienen que ver con reducir las vulnerabilidades que tenemos, que son acciones de adaptación en tanto disminuyen esos riesgos frente al cambio en las variables climáticas que tenemos proyectado. Y muchas de esas acciones tienen consecuencias positivas hoy en la calidad de vida de las personas. La lista es interminable, pero una de las posibilidades que tienen las ciudades es decidir sobre cómo ocupan el suelo, sobre todo si estamos pensando en tormentas fuertes. Entonces, es necesario dejar suelo permeable, por ejemplo en la cuenca del Ludeña que es una cuenca que viene ya con una larga trayectoria de impermeabilización del suelo. De esta forma garantizamos que cuando el agua caiga tenga un suelo permeable que la pueda recibir. Otra acción que creo que es muy importante que tomen los gobiernos locales es el cuidado del árbol urbano porque ese arbolado, además de ser biodiversidad para nuestras ciudades y de ser fuente de disfrute para un montón de personas, es lo que nos permite aguantarnos las olas de calor y que no se nos corte la luz, por ejemplo.

_¿Qué urgencia tienen esas acciones?
-Retomo lo que dije antes, los problemas que nos plantea el cambio climático ya los estamos viviendo hoy. Hay un montón de personas que en nuestra ciudad hoy no tienen acceso a cuestiones de las más básicas, entonces responder a esas necesidades sin comprometer la posibilidad de seguir respondiendo a esas necesidades en el futuro creo que también debería ser un tema de agenda, porque hoy tenemos personas en nuestra ciudad que no tienen acceso al agua segura, hoy tenemos personas en nuestra ciudad que no tienen habitaciones confortables en invierno ni en verano, y el cambio climático lo que va a hacer es exacerbar esas problemáticas, exacerbar esas desigualdades, entonces tenemos que empezar a trabajar hoy, que tenemos un escenario mucho más favorable para trabajar que el que probablemente podamos tener en términos de clima, digo, al menos dentro de 5 años o 10 años, así que no deberíamos postergarlo.
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Ambiente de Nación acreditó el ordenamiento territorial de bosques nativos del Chaco

Fecha de Publicación: 03/05/2025
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En una reunión encabezada por el ministro Oscar Dudik, junto a los subsecretarios Orlando Morán (Coordinación), Oscar Navarro (Desarrollo Forestal), Julio Fantin (Agricultura) y Mariela Casco (Ganadería), se analizó la acreditación del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) que lleva la firma del Subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Jorge Brown.
Desde la cartera productiva destacaron que el OTBN es una herramienta de planificación del territorio y de la economía provincial, que sirve como instrumento de planificación estratégica provincial, y favorece un proceso inclusivo donde diversos actores sociales, económicos y ambientales definen el destino del uso del bosque, de manera sustentable.
Al finalizar la reunión, el ministro Dudik se mostró satisfecho con la medida y aclaró que “somos cuidadosos, sabemos que existe una cuestión judicial, somos respetuosos respecto de esto, por lo cual los próximos pasos a dar es poder normalizar la situación que vive el sector forestal que hace las cosas bien”.
El titular de la cartera productiva destacó el trabajo que desde la gestión del gobernador Zdero se viene impulsando: “Hemos dado muestras desde lo legislativo, aumentando multas y con el registro de topadoras; con el OTBN aprobado por ley y homologado en Nación, son demostrativos de nuestro correcto accionar”.

Alcances del OTBN
Contar con el OTBN actualizado y acreditado permite al estado provincial planificar y controlar las actividades realizadas en los bosques nativos:
- Control del avance de la frontera agropecuaria y la deforestación: Establece límites normativos al desmonte y al cambio de uso del suelo (CUS), evitando la degradación ambiental y el deterioro de los recursos naturales. A diferencia de lo que sucede cuando no se cuenta con un OTBN vigente y los CUS se encuentran suspendidos: “el desmonte avanza de forma ilegal sin respetar el ordenamiento de los bosques, sobre zonas de bosques con altos y medios niveles de conservación (categoría amarilla y roja)”.
- Condición para la sostenibilidad en las cadenas de valor forestal: Asegura trazabilidad legal y ambiental del origen de productos forestales, lo que favorece la competitividad en mercados nacionales e internacionales (por ejemplo, frente a exigencias como la EUDR europea). Es una herramienta para los productores agropecuarios para realizar sus actividades de manera legal. Permitiendo el aprovechamiento integral de los recursos forestales y la legalidad en toda la cadena productiva forestal en las actividades de transformación de la madera y en la comercialización de los productos forestales.
- Acceso al Fondo Nacional de Bosques Nativos: Permite a la provincia recibir recursos económicos nacionales para compensar a quienes conservan o manejan sosteniblemente los bosques nativos, incluyendo comunidades indígenas y criollas.
- Promoción de actividades sustentables: Habilita la implementación de planes de manejo, conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los bosques nativos, generando empleo y desarrollo local con enfoque ambiental.
- Conservación de servicios ecosistémicos clave: Ayuda a mantener funciones vitales como la regulación del ciclo hídrico, la prevención de inundaciones y erosión, la captura de carbono, y la calidad del aire y del agua. Además, contribuye a proteger especies nativas de flora y fauna, así como ecosistemas estratégicos para la conservación a largo plazo.
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Contaminación sonora: por qué es una amenaza para la salud y la convivencia urbana

Fecha de Publicación: 21/04/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA


El columnista de Infobae en Vivo Emmanuel Ferrario detalló cómo el ruido constante en las ciudades pone en riesgo la salud mental y física de los habitantes y destacó que Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas de América Latina
Emmanuel Ferrario, docente universitario de economía del comportamiento y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a uno de los problemas más comunes en las grandes ciudades: la contaminación sonora. En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, detalló los efectos que tiene el ruido en la salud, la productividad y la calidad de vida de los habitantes urbanos.
Durante la conversación, Ferrario resaltó cómo el ruido, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en una de las formas más insidiosas de contaminación. “Vivimos en una ciudad y en la ciudad hay muchos ruidos todo el tiempo”, comenzó. La naturaleza de los ruidos urbanos, como el sonido de los colectivos, las motos, las obras y, sobre todo, las bocinas, se ha convertido en un elemento permanente del paisaje sonoro en la capital argentina y otras grandes urbes.
“El uso indiscriminado de la bocina es uno de los problemas más comunes”, explicó Ferrario. La contaminación sonora afecta la convivencia, la salud y hasta el bienestar general de los ciudadanos, destacó.
Ferrario profundizó sobre cómo los ruidos constantes afectan la salud mental, ya que provoca estrés, ansiedad y una constante irritabilidad. “Esto es lo que se llama contaminación sonora, un fenómeno que no solo afecta el oído, sino también la calidad del sueño, la concentración y el bienestar general”, subrayó.
El columnista recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los niveles de ruido superan los 55 decibeles durante el día, y 40 decibeles por la noche, las personas empiezan a experimentar molestias. En casos de exposición constante a niveles superiores a 75 decibeles, el riesgo de daños auditivos se incrementa considerablemente.
En este contexto, Ferrario señaló que la contaminación acústica en Buenos Aires es un problema alarmante. De acuerdo con la OMS, Buenos Aires es la ciudad más ruidosa de América Latina, y avenidas como Corrientes, Callao y Triunvirato superan regularmente los 80 decibeles, lo que representa niveles de ruido más altos de lo que se considera seguro y saludable. “El 70% del ruido urbano proviene de motores, especialmente el transporte público, los colectivos y las motos”, explicó, a la vez que destacó que el ruido de estos vehículos es el principal causante de la contaminación sonora en la ciudad.
Ferrario también advirtió que los efectos de la contaminación acústica no son solo una molestia. “El ruido no solo molesta, también enferma”, afirmó. La OMS y la Agencia Europea del Medio Ambiente han documentado que la contaminación acústica es responsable de 12 mil muertes prematuras al año en Europa debido a los efectos del estrés y los trastornos cardíacos causados por el exceso de ruido. “El ruido aumenta el riesgo de infartos, trastornos del sueño y genera fatiga mental”, detalló Ferrario, quien también destacó que, según las proyecciones de la OMS, mil millones de personas sufrirán pérdida auditiva para 2050 debido a la exposición continua a ruidos elevados.
“Los niños también son especialmente vulnerables al ruido”, agregó Ferrario, tras lo cual recordó que la contaminación acústica afecta su capacidad de concentración y aprendizaje. Estudios han demostrado que los ruidos intensos y persistentes en el entorno dificultan la comprensión lectora y reducen el rendimiento académico. “Esto genera una fatiga mental constante, lo que impacta no solo en el rendimiento escolar, sino también en el bienestar emocional de los más jóvenes”, explicó.
Además, destacó que las mascotas, al igual que los humanos, son muy sensibles al ruido. “Las mascotas tienen una capacidad auditiva mucho más aguda que la nuestra, por lo que los ruidos fuertes pueden generarles gran ansiedad”, explicó. Según estudios, el 45% de las mascotas sufren algún tipo de fobia a los ruidos, lo que afecta su comportamiento y su salud. Esto pone de relieve cómo la contaminación sonora también afecta a los animales que viven en nuestras ciudades, provocándoles estrés y alteraciones en su comportamiento.
Finalmente, Ferrario enfatizó que la contaminación acústica no solo es un problema ambiental, sino también social. Las ciudades deben implementar políticas públicas efectivas para reducir el ruido y promover el bienestar de sus habitantes. Entre las propuestas, mencionó la utilización de radares y cámaras de sonido para controlar el nivel de ruidos en las zonas más conflictivas, y la implementación de medidas como el uso de vidrios dobles y otras infraestructuras que ayuden a mitigar los efectos del ruido.
En conclusión, la contaminación acústica es un problema creciente en las grandes ciudades, y las declaraciones de Emmanuel Ferrario resaltan la urgencia de tomar medidas efectivas para mitigar su impacto. Con un enfoque en la salud, la productividad y la convivencia.
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Cambio climático: las ciudades argentinas que podrían desaparecer bajo el agua para 2100

Fecha de Publicación: 11/04/2025
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional


En un futuro no tan lejano, muchas regiones del país latinoamericano podrían verse completamente inundadas por el aumento del nivel del mar.
Un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur indicó un futuro catastrófico en algunas regiones del mundo producto del cambio climático. Algunas zonas muy comprometidas forman parte de la República Argentina.
El país sudamericano podría perder parte de su territorio debido al avance del agua provocado por el aumento del nivel del mar. La investigación proyectó una elevación del mar de hasta 2.1 metros, lo que produciría cambios importantes sobre la topografía argentina y los terrenos a los que tiene acceso la nación hoy en día.
La organización meteorológica Climate Central de Estados Unidos también puso en alerta al país, principalmente a Buenos Aires y Entre Ríos. Según los científicos norteamericanos, algunas regiones de ambas provincias podrían quedar sumergidas bajo el agua por un aumento de temperatura de 3°, produciendo un derretimiento de los grandes cuerpos de agua congelada en los polos del planeta.

Una por una, las ciudades argentinas que quedarían bajo el agua para 2100
En Buenos Aires, las zonas amenazadas son Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell por estar frente al Atlántico. También las zonas de ríos -como el Delta del río de la Plata, el río Uruguay o el río Paraná- serían afectadas. Entre ellas están Lanús, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Diamante, Victoria, Quilmes, Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y Tigre.
Los científicos de Singapur, por su parte, agregan algunas zonas como Río Grande en Tierra del Fuego; las Islas Cormorán y Justicia, los lugares linderos al río Coig, Deseado, Minerales, Santa Cruz y Gallegos en Santa Cruz; Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Rawson en Chubut; Viedma en Río Negro; Rosario y zonas cercanas al río Paraná en Santa Fe.
Dado que ya se advirtió sobre esta situación, estas localidades deberían empezar a tomar medidas para que las empresas y las comunidades tomen consciencia del daño que se le está ocasionando al medio ambiente.

A qué se debe el incremento en los niveles del mar
De acuerdo con el estudio de Climate Central, publicado en en la revista Nature Communications, el aumento del nivel del mar sería aproximadamente entre 0,6 y 2,1 metros durante el siglo XXI.
Este aumento es causado por el calentamiento global. El cual, según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, no solo contribuye al derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, sino que además hace que “el volumen del océano se expande a medida que el agua se calienta”.
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Somos Monte en Diputados por controvertido proyecto de diputado imputado: "Los desmontes deberían ser delito penal"

Fecha de Publicación: 10/04/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


El pasado viernes 4, ante un pedido formal, Somos Monte fue invitado a la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Poder Legislativo,  junto a  los diputados provinciales de dicha comisión, “para hablar sobre proyectos de ley relacionados al aprovechamiento de nuestros bienes comunes y las penas asociadas a los desmontes”, informaron desde la agrupación.
Y señalaron que “entre dichos proyectos, el promovido por el diputado Juan José Bergia, proyecto de Ley 1861/2024, ´Incremento de multas por desmonte ilegal y Régimen de restauración de bosques nativos´,  propone que quien corta árboles ilegalmente obtenga beneficios comercializando los árboles que mató. Además, los proyectos proponen restauraciones sin definiciones o mecanismos claros para tal fin, abriendo la puerta a riesgosas interpretaciones”, explicó Somos Monte.
“Estuvimos presentes y expresamos nuestra posición sobre la necesidad de que los desmontes deberían ser delito penal, los desmontadores seriales avanzan con sus ilegalidades, pagando las multas y repitiendo sus crímenes. No aceptamos las multas a cambio de nuestro monte nativo”, afirma Somos Monte.
“Además, cuando se cortan ilegalmente los árboles, no se puede quemar pero tampoco se puede fomentar o alentar a que quien cometió ese crimen aproveche comercialmente esa madera, lo que sería un blanqueo encubierto del desmonte ilegal, cuestión ya planteada en el actual OTBN que busca legalizar grandes áreas en zona amarilla que han sido desmontadas en los últimos 10 años. Pensamos que esa madera, ya carente de sus funciones ecosistémicas, de todos modos debería quedar en el suelo contribuyendo a la restauración del sistema y como soporte para las especies pioneras que podrían, sin dudas con muchísima dificultad, recolonizar el monte destruido”, dice el colectivo ambientalista.
Por último, dejaron en claro que “la restauración no puede ser jamás realizada con especies exóticas, como pino o eucaliptus. Es necesario que la restauración y regeneración de nuestros bosques se haga idóneamente, abierta a la comunidad, involucrando profesionales calificados, grupos e instituciones que exceden la ingeniería forestal e incluyen ecólogos, mastozoólogos, entre otros, y tomando como referencia bosques nativos cercanos que aún no han sido desmontados. Hay suficiente evidencia en bosques del sur argentino de qué puede pasar cuando se implantan pinos indiscriminadamente, no solamente se promueven incendios sino pérdida de biodiversidad”.

Manifestación pública
Sobre la reunión en concreto, Somos Monte contó que “mientras se llevaba a cabo la audiencia en la Legislatura, nos manifestamos en la calle para compartir el gran problema del desmonte con el resto de la sociedad chaqueñ”a.
“Queremos dejar constancia también de que a los compañeros que habían notificado su participación presencial, los tuvieron esperando en el hall de acceso al recinto durante 40 minutos aproximadamente, y que la vicepresidenta se comprometió a pasar el vídeo en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se vuelva a tratar el tema referido a estos proyectos”, se agregó por último.

Megacausa "La mafia de los desmontes"
Es de recordar que el gobernador Leandro Zdero echó a su funcionario porque fue imputado por la Justicia Federal en una megacausa por los desmontes ilegales tras una denuncia de abogados ambientalistas. Se trata de Hernán Halavacs, quien era "el zorro en el gallinero" para los desmontes en el Chaco.
El 14 de agosto de 2024 se conoció la dura y contundente acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, es contra Hernán Javier Halavacs, gestor forestal, ex ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo.

Desmonte en Chaco
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que pretendía habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó nuestra denuncia penal. Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados. La sociedad chaqueña no puede permitir que su patrimonio natural sea sacrificado por el beneficio económico de unos pocos.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022, en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. La reciente aprobación de la Ley 4005-R en abril de 2024, que habilitaba el desmonte de un millón de hectáreas adicionales, motivó la presentación de la denuncia penal y la solicitud de medida cautelar.
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Cambio climático y zonas inundables: qué distritos del AMBA están en riesgo

Fecha de Publicación: 15/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires


Diversos informes nacionales y mundiales alertan sobre cómo la suba de la temperatura global puede incrementar el nivel del mar, provocar más precipitaciones y generar graves inundaciones, como sucedió en Bahía Blanca. Cómo debemos actuar, según una experta consultada por Infobae
Cada vez más son los informes, papers científicos y estudios privados y gubernamentales que advierten las severas consecuencias del aumento de la temperatura global y la repetición continua y cada vez más violenta de eventos climáticos severos que impactan en distintos países.
En esta línea, un estudio publicado recientemente en la revista Earth’s Future encontró que, además de los impactos relacionados con lluvias intensas, el aumento del nivel del mar podría provocar un ascenso de las aguas subterráneas, reduciendo la capacidad del suelo para absorber precipitaciones, generando “inundaciones desde abajo” y aumentando los riesgos antes de que ocurra una inundación costera directa, un fenómeno que añade complejidad a los desafíos ya existentes.
Así, el aumento del nivel del mar y la intensificación de tormentas generan un escenario preocupante para Buenos Aires y otras regiones de Argentina (y el mundo). Según estudios recientes de la organización científica Climate Central, la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano podrían enfrentar inundaciones parciales o permanentes en el futuro. Esta situación se debe a la combinación del cambio climático, el ascenso del nivel del mar y la mayor frecuencia de lluvias intensas.
El calentamiento global ha provocado un aumento progresivo de la temperatura media, lo que, a su vez, acelera el ascenso del nivel del mar. En ese tono, el trabajo publicado en Earth’s Future, realizado mediante una red de monitoreo de piezómetros (instrumentos para medir los niveles de agua subterránea) y modelos geoespaciales (que representan datos en mapas), advirtió cómó el fenómeno denominado “inundaciones desde abajo” (agua subterránea emergiendo por saturación del suelo) presenta riesgos que se extienden tierra adentro, sin depender estrictamente de la cercanía al mar.
El estudio destaca que las aguas subterráneas son un factor crítico, especialmente en zonas urbanas costeras, pues amplifican riesgos de salud pública (como enfermedades por humedad y moho), daños a estructuras (inestabilidad en cimientos y edificios) y desafíos a sistemas de drenaje (colapsos o sobrecargas en desagües urbanos). Además, señalaron que estos efectos serán persistentes y difíciles de mitigar si no se implementan redes de monitoreo y estrategias de adaptación tempranas.
Lo cierto es que, en la última medición de la NASA, se registraron 427 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que generó un incremento de 1,5°C respecto de la era preindustrial, un aspecto que impulsa estos fenómenos. Ya en 2018, miles de científicos y revisores gubernamentales del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), publicaron un informe en el que acordaron limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 °C desde la era preindustrial (1850 - 1900). Esta ayudaría a evitar los peores efectos del cambio climático que se puedan desatar en la Tierra y a mantener un clima habitable para las hoy 8000 millones de personas que lo habitamos.
Pero el incremento actual de las emisiones de dióxido de carbono que hoy tenemos, y su proyección en ascenso para fin de este siglo, podría generar un aumento de la temperatura global hasta en 4,4 °C en 2100, ya que los gases de efecto invernadero (GEI) actúan como un manto que envuelve la Tierra, atrapan el calor del Sol y hacen que se elevan las temperaturas.
Como un llamado de advertencia concreto, sabemos que el planeta experimentó en 2024 una temperatura media en la superficie de 1,55 ºC por encima de la media registrada en el periodo preindustrial, según los datos difundidos en enero por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que consolidan los resultados de las seis mayores bases de datos del mundo.
“El cambio climático es un calentamiento de todo el sistema, atmósfera – océano. Es decir, de todo el sistema Tierra. Ya aumentó la temperatura global, o sea de todo el mundo, de la atmósfera y de las aguas de los océanos. Eso hace concentrar más la energía en la atmósfera en general”, explicó a Infobae Matilde Rusticucci, doctora en ciencias de la Atmósfera, investigadora del Conicet y profesora emérita de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Al alterarse los sistemas de circulación, entonces se concentra la humedad en algunos lugares produciendo más precipitaciones y por otro lado, en algunos lugares hay más sequías. El aumento de temperatura lo que genera es que se produzcan más frecuentemente y más intensamente estos eventos. Es más, hay mayores posibilidades de que aumente la temperatura de golpe y en días sucesivos produciendo olas de calor intensa”, agregó la coautora de informes del IPCC y fuente de la Tercera Comunicacion Nacional Cambio Climatico.
Y completó: “En general, la principal característica del cambio climático es que aumentan los eventos climáticos extremos que no llamamos desastres naturales, porque el desastre se produce por la combinación de todo lo que sucede. El cambio climático es un fenómeno natural producido por el hombre. Eso significa hoy más frecuencia y más intensidad de eventos climáticos extremos”.

Barrios y localidades del AMBA en peligro
El Área Metropolitana de Buenos Aires está formada por la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (con 40 municipios) y está dentro del ranking de los 20 grandes centros urbanos del mundo con riesgo de sufrir inundaciones, si ocurriera un calentamiento de 3° en la temperatura promedio del planeta Tierra en el futuro, según un estudio de científicos de Climate Central de los Estados Unidos.
Además del AMBA de la Argentina, Nueva York y Tokio, otras 17 grandes áreas urbanas más afectadas (con poblaciones de más de 10 millones) se encuentran en el ranking por vulnerabilidad ante el riesgo de aumento del nivel del mar después de un calentamiento de 3°C.
Si la temperatura global subiera entre 3 y 4º C, el agua del Río de la Plata avanzaría sobre zonas costeras de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo partes de Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero y la Reserva Ecológica Costanera Sur. En el conurbano, los municipios más afectados serían Berazategui y Avellaneda, según proyecciones del estudio de Climate Central.
Según proyecciones de la ONG EARTH, se estima que el nivel medio del mar a nivel mundial aumente 2 metros a finales de este siglo. Sin embargo, para determinar el aumento del nivel del mar a nivel de Buenos Aires, hay que tener en cuenta los niveles de inundaciones costeras locales, que podrían ser 2,8 m superiores al nivel medio de las aguas más altas en pronósticos extremos.
Informes de expertos del clima en Argentina indican que la lluvia ha aumentado un 3,2% por década en la Ciudad de Buenos Aires y un 0,9% en Ezeiza, lo que evidencia que las áreas urbanas están recibiendo precipitaciones más intensas. En cuanto al nivel del mar, se estima que el Río de la Plata subió 17 centímetros en el último siglo y que para 2050 podría aumentar entre 50 centímetros y un metro.
Esto se debe no solo al calentamiento global, sino también a fenómenos como El Niño y las sudestadas, cuya frecuencia ha ido en aumento en los últimos años. Según un reporte para la elaboración del Plan de Acción Climática 2050 (PAC) del Gobierno de la Ciudad, entre 1943 y 1952 hubo menos sudestadas que entre 2004 y 2013, lo que evidencia un cambio en los patrones climáticos.
Los modelos climáticos indican que las tormentas seguirán intensificándose. En marzo de 2023, el Servicio Meteorológico Nacional registró entre 200 y 400 milímetros de lluvia en el AMBA en menos de dos semanas. En Bahía Blanca, el temporal del último viernes dejó 290 milímetros en solo 12 horas, generando inundaciones masivas y daños estructurales. Además, las intensas lluvias registradas ayer en la ciudad de Córdoba provocaron anegamientos en calles por inundaciones, cortes de luz y complicaciones en el tránsito. En menos de una hora, se registraron hasta 67 milímetros de agua, según informó el secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad, Claudio Vignetta.
“Frente al calentamiento no es lo mismo que aumente la temperatura un grado, un grado y medio o dos grados con respecto a la era preindustrial. Porque con cada décima de grado que aumenta, sube la frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Si la temperatura aumentara tres grados, la cantidad de eventos extremos que tenemos que esperar son muy superiores a los que tenemos hoy en día. Ahora estamos en un promedio de un grado y medio, que en realidad, ya superamos esa marca y un ejemplo de ello es que el año pasado fue el año más cálido observado, o sea, vamos batiendo récords y estamos en un grado y medio ya. Si aumentara tres grados estaríamos al doble y se esperarían muchos más desastres y más intensos”, precisó la doctora Rusticucci.
Y agregó: “Hay muchos estudios a nivel nacional y papers científicos sobre esta problemática. También el estudio de la Comunicación Nacional de Cambio Climático, que es el informe del Gobierno sobre el estado de situación del cambio climático en la Argentina y lo que puede suceder. Ya se menciona hace como 20 años datos mostrando a Bahía Blanca como una zona de riesgo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es planificar primero, no negar el cambio climático, porque si estamos negando el cambio climático, claramente estamos negando la realidad. Los ingenieros que planifican, o los planificadores urbanos, no pueden trabajar con lo que pasó en el pasado. Tienen que planificar con lo que va a suceder en el futuro que sabemos que va a suceder. La comunidad mundial de científicos que trabajan en temas de cambio climático puede dar respuestas como la construcción de diques, obras hidráulicas y otros items importantes. Por ejemplo, un hospital no puede estar en una zona inundable o a la que no se puede acceder si hay un evento climático extremo. Hay muchas cosas para planificar, pero eso no se puede hacer pensando con los números del pasado, de cada cuánto llueve o cuánto puede llover o cuánto calor puede hacer. Eso hay que hacerlo con los números del futuro”, concluyó la experta en cambio climático.

Obras y medidas de prevención
Frente a este panorama, el gobierno porteño ha implementado diversas obras hidráulicas para mitigar el impacto de las lluvias intensas. Desde los años 90, la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado con el Plan Hidráulico, que incluye infraestructura para canalizar el agua acumulada hacia el Río de la Plata. Entre los proyectos más destacados se encuentran las obras de alivio del arroyo Maldonado, que permitieron reducir las inundaciones en barrios como Palermo y Villa Crespo.
Si bien la Ciudad de Buenos Aires cuenta con obras que han reducido el impacto de las lluvias, la situación en el conurbano es diferente. Municipios como La Matanza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Tigre, Almirante Brown y Florencio Varela presentan mayor vulnerabilidad en algunas regiones.
En tanto, informes nacionales advierten que en algunas zonas más de la mitad de la población está en riesgo de sufrir inundaciones, debido a la falta de infraestructura y a la alta densidad urbana.
El último informe de la ONU Cambio Climático alertó que los planes de acción climática de los países siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y cumplir los objetivos del Acuerdo de París, un tratado internacional legalmente vinculante que incluye compromisos de todos las naciones para reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los impactos del cambio climático.
El acuerdo entró en vigor en 2016 y dio a los países desarrollados una ruta para que ayuden a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático.
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Condenan a Berisso y Ensenada por sus islas

Fecha de Publicación: 13/03/2025
Fuente: Diario El Dia de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia intimó a las municipalidades de Ensenada y Berisso a instrumentar en 60 días la confección de un plan de manejo de las islas Santiago y Paulino. La medida, que también alcanzó al gobierno provincial, fue adoptada por la justicia del fuero contencioso administrativo de La Plata, tras una denuncia realizada por una Ong de la Región.
Según se pudo saber, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 condenó a los dos municipios y a la Provincia a cumplimentar con un plan de manejo para proteger la zona aludida.
La Ong Nuevo Ambiente, que presentó la denuncia, expresó su satisfacción con el fallo que viene a hacer cumplir la ley 12.756, luego de 23 años y muchos reclamos, protegiendo en mejor forma a todo el Monte Ribereño.
Cabe señalar que las Islas Santiago (Ensenada) y Paulino (Berisso) son áreas que se encuentran declaradas “Paisaje Protegido de Interés Provincial para el desarrollo eco turístico“, mediante la Ley 12756.
“Sin embargo, a 23 años de sanción de la ley, y pese a los muchos reclamos realizados, el Plan de Manejo no existía, y por eso Nuevo Ambiente decidió pedir a la justicia que intervenga. La creación del área protegida tuvo como fundamento principal la preservación de la selva y monte ribereño poniendo un límite a la sustitución y desmonte producidos por la urbanización, y dada la importante biodiversidad que posee, estando en peligro por el desmanejo y avance de construcciones sin ningún tipo de criterio, ni respeto al ambiente natural y sin estudios serios sobre la capacidad de ocupación que puede soportar las Islas y sus posibles impactos negativos hacia el ambiente y la calidad de vida”, indicaron en la Ong, impulsora de la demanda.
¿Qué es un plan de manejo?: el Plan de manejo del área protegida implica la formalización de un documento técnico donde se establecen las acciones y normas para gestionar, mantener y proteger el lugar. En definitiva, de qué forma el accionar del hombre va a influir en la zona y cuales son los requisitos que deberían cumplirse en caso de una intervención. Por ejemplo, si se permite construir, en que zona, bajo que parámetros, explicaron en la Ong.
Marcelo Garófalo, titular de la Ong Nuevo Ambiente, dijo a este diario que “para el espacio el fallo es muy importante, pues no solo viene a exigir que se cumpla la ley, sino que se pone a la vanguardia de la conservación y preservación integral del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico de la zona”.
Añadieron que “fallo de la doctora María Ventura Martínez, hace lugar a nuestro reclamo, remediando la situación y obligando a los municipios de Berisso, Ensenada y la Provincia a que en el plazo de 60 (sesenta) días desde su firmeza, instrumenten los mecanismos adecuados a fin de confeccionar y aprobar un Plan de Manejo de dicha área, el cual deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en el art. 9 de decreto reglamentario n° 2314, a los fines de su protección y conservación y la armonización de las actividades desarrolladas por el hombre en el lugar para que, posteriormente, se proceda a verificar su cumplimiento, instancia que tiene un amplio abanico legal y administrativo (arts. 5, 9 y concs. de la ley 12.704; 5.3, 9 y concs. del DR 2.314/11; 28 y concs. de la Constitución Provincia de Buenos Aires, ley 11.723; ley 25.675; 41 y concs. de la Constitución Nacional).”
Garófalo afirmó que “sin lugar a dudas esta sentencia es un muy importante logro para la comunidad toda, pues alienta a defendiendo los derechos y la preservación de nuestro ambiente en general. También es un llamado a que los gobiernos municipales y la provincia tomen conciencia, del valor de respetar las legislaciones ambientales vigentes, y que deben no sólo arbitrar las medidas pertinentes para evitar la degradación, sino ser custodios de estos espacios de importancia biológica”.
Desde la Municipalidad de Berisso, su representante legal cuestionó a la Ong, pidió la intervención del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y sostuvo que la Comuna ejerce el poder de policía de manera regular en la Isla Paulino. “Si bien no existe un plan de urbanización alguno, ni aprobación de desarrollo alguno, no existe movimiento de suelos o desmontes en la Isla Paulino”. También recordó que la ley 12.704 no fija un plazo para la confección del Plan de Manejo ambiental.
En tanto, la Municipalidad de Ensenada remarcó ante la justicia que “la isla Santiago está habitada hace más de 150 años por una comunidad arraigada en el lugar, con instituciones barriales. Los pobladores pidieron en 1999 a la Municipalidad de Ensenada la posesión y propiedad de las tierras” y tras numerosas instancias “los pobladores detentan regularizada su posesión”. Repasa también se construyó un camino de acceso pavimentado e iluminado, se incorporó un ramal de una línea de micros y prolongó la obra de red eléctrica de media y baja tensión”. Además, niegan que haya una edificación descontrolada, movimiento de suelos y desmonte y recordó en un desarrolló inmobiliario fue denunciado penalmente por las autoridades municipales.
En tanto, desde la Provincia afirman que la administración del “paisaje protegido” es de gestión municipal, salvo cuestiones específicas, niega los hechos afirmados en la demanda y desconoció la documentación acompañada, con excepción de aquella que tiene carácter de instrumento público.
A su vez, afirma la Provincia que las autoridades provinciales incumbentes brindarán el asesoramiento técnico necesario para elaborar los planes de protección y conservación, así como los de monitoreo y control.
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Comienza el relevamiento sobre biodiversidad para promover el uso sostenible de plantas nativas

Fecha de Publicación: 18/02/2025
Fuente: Portal DiarioMendoza
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto "Repensando los espacios verdes" busca evaluar la biodiversidad del espacio público para transformar la plaza en un modelo de adaptación al cambio climático. Se priorizará el uso de plantas nativas para enfrentar la escasez de agua en la ciudad.
En la Plaza Malvinas Argentinas de la Ciudad de Mendoza, se dio inicio a una nueva fase del proyecto “Repensando los espacios verdes: uso inteligente de plantas nativas como paradigma de cambio frente a la escasez de agua”. Esta iniciativa forma parte de la segunda edición del Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental, un programa de la Municipalidad de la Ciudad financiado por Banco Galicia.
En esta ocasión, técnicos del INTA Junín aportaron sus conocimientos y tecnologías innovadoras para evaluar la biodiversidad y el estado general de la plaza Malvinas Argentinas, ubicada en la Sexta Sección de la Ciudad.
Este proyecto tiene como objetivo fundamental generar una línea de base del espacio verde para poder rediseñar, según las características locales de suelo e insolación, intervenciones en el mismo. Esta información será clave para seleccionar especies de plantas nativas que no solo prosperen en estas condiciones, sino que también contribuyan a la resiliencia urbana frente a la creciente escasez de agua. De este modo, se busca transformar algunos espacios de la plaza en un ejemplo de adaptación de las ciudades al cambio climático, en el que la sostenibilidad y la biodiversidad son pilares fundamentales.
Además, la iniciativa contempla espacios de participación activa con los usuarios de la plaza, brindando información sobre los beneficios estéticos y ecológicos de las plantas nativas. A través de estas instancias, se promoverá la importancia de reducir el consumo hídrico para mantener los jardines y la necesidad de conservar la biodiversidad local, en particular las interacciones entre plantas y animales. Al integrar estos elementos, el proyecto no solo fortalecerá la identidad de la ciudad, sino que también potenciará su capacidad de adaptación a futuros desafíos ambientales.
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Greenpeace denuncia la legalización de desmontes en Salta y Chaco

Fecha de Publicación: 13/02/2025
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Salta - Chaco


La deforestación en Argentina parece no tener frenos. Las recientes modificaciones en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Salta y Chaco han generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre la amenaza que representan para la biodiversidad y las comunidades locales.
“La deforestación parece no tener límites. Los nuevos Ordenamientos de Bosques de Salta y Chaco no sólo son regresivos, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que anteriormente estaban protegidas. La flexibilización de estas leyes es completamente ilegal, y pone en peligro la existencia de los bosques nativos, de su rica biodiversidad y de las comunidades que los habitan”, denunció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ecologista llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale. En su presentación, Greenpeace sostuvo que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola la Ley Nacional de Bosques, permitiendo desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie alarmante. Además, denunciaron que la normativa:
-Valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
-Autoriza desmontes en bosques previamente protegidos.
-Fragmenta el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté.
-No incluyó la consulta a comunidades indígenas en su elaboración.
Por otro lado, la situación en Chaco es igualmente preocupante. Greenpeace alertó que la nueva normativa permitirá el desmonte legal de cerca de 1.200.000 hectáreas, debilitando corredores de conservación de fauna y “legalizando” recategorizaciones prediales irregulares. En particular, se recortaron áreas clave en términos de conservación, como la zona lindante al Parque Nacional Copo y las Reservas provinciales Loro Hablador y La Pirámide.
La organización también señaló que las recientes actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de Salta y Chaco no se basan en criterios científicos y ponen en grave peligro la supervivencia del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Salta y Chaco figuran entre las provincias con mayor índice de deforestación en las últimas tres décadas, debido al avance de la frontera agropecuaria. Las modificaciones recientes en sus ordenamientos territoriales agravan esta problemática, generando un impacto ambiental devastador.
“Esperamos que la Corte Suprema atienda con urgencia nuestras denuncias, para poner freno a estos retrocesos inadmisibles por parte de las provincias. Mientras, los bosques siguen desapareciendo. Es un ecocidio que continúa impune”, concluyó Cruz.
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Vecinos de Saucelito, contra los desmontes del bosque nativo

Fecha de Publicación: 10/01/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Alrededor de 35 familias campesinas y originarias solicitaron al gobierno provincial que frene la deforestación que inició el propietario de la Finca El Cadillal. Piden llegar a un acuerdo para mantener el modo de vida que les permite subsistir en esa porción del departamento Orán donde predominan la Yunga y la selva de transición.
Campesinos criollos e indígenas que viven en el paraje Saucelito del departamento Orán denunciaron el reinicio de desmontes en la Finca El Cadillal. Se trata de un espacio de bosque próximo a la ruta nacional 34, y a esa altura vincula a las localidades de Urundel y Colonia Santa Rosa. El catastro donde comenzó el desmonte se encuentra cerca de las vías férreas y del curso del río San Francisco.
En ese espacio habitan alrededor de 35 familias que viven de los recursos de la naturaleza. "El domingo comenzaron a desmontar con topadoras", denunció ayer en un video que circuló por redes sociales Pedro Ortiz, vecino cercano al paraje salteño de Saucelito. "Nunca en mi vida viví la destrucción del bosque", lamentó, mientras su cámara de video celular documentaba un campamento destinado a proveer combustible a los maquinistas encargados de realizar la tarea de destrucción de una porción del ambiente.
"La gente de la muncipalidad vino (ayer) y nos dijeron que esta gente (por la empresa encargada del desmonte) no tiene autorización", explicó Ortiz a este diario. "Han volteado alrededor de 5 a 8 hectáreas de los últimos bosques. Esta comunidad no esta conforme con el desmonte", reflexionó. "Están desmontando con topadoras y cadenas, y van a volver apenas deje de llover, y dicen que tienen un permiso de 2014", señaló.
Sobre esa habilitación y el año en que fue otorgado, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo  Domínguez (Partido de la Victoria), explicó que "se trata de un permiso que, hasta donde entiendo, no tiene vencimiento" y fue otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
"Hace una semana se comunicaron vecinos de Saucelito para advertirnos que estaban bajado máquinas desde los camiones para desmontar", detalló el edil. Domínguez visitó ayer el lugar señalado por vecinos, campesinos y originarios del Pueblo Ava Guaraní, acompañado por el también concejal Martín Rangeón (Partido Conservador Popular). "Quedamos con los vecinos en presentar una nota ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable".
Según indicó Pedro Ortiz, esa nota lleva la firma de 34 de las 35 familias perjudicadas por el desmonte, y en ella solicitan la intervención del Estado salteño para mediar con los propietarios del catastro y alcanzar un acuerdo de convivencia. "Nosotros pedimos que las autoridades intervengan", insistió Ortiz. "Sabemos razonar, pero queremos que nos den una solución. Mi familia vive aquí desde 1920, yo nací aquí", repasó. "Queremos que nos dejen vivir con nuestro modo de vida", dijo.
En ese mismo sentido, la mburuvicha (cacica) de la comunidad Algarrobo Grande, Remigia Sixta Flores, publicó un video solicitando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que frenen los desmontes. "Esto es lo único que nos queda. Nosotros vivimos de la naturaleza, de la leña, de los animales, porque no hay trabajo", sostuvo.
Ortiz insistió en que "lo más importante para las familias es alcanzar un acuerdo de convivencia", porque tienen ganado que acostumbra seguir un camino por el monte y "una vez que comienzan los cultivos, si cruzan un alambre, los matan de un tiro", indicó. "Ya frenamos un desmonte antes", recordó sobre el final de la charla con este medio, "el secretario de Ambiente está al tanto", indicó en referencia a Alejandro Aldazábal.

El nuevo OTBN ya es ley
La noticia del inicio del desmonte en Saucelito trascendió dos días después de que el gobiernode Salta promulgara en el Boletín Oficial de la provincia el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). "La elaboración del nuevo mapa (cumplió) con los 10 criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331, más un onceavo vinculado a la protección de las comunidades nativas", destacó el Ejecutivo provincial. Y si bien repasó que la provincia cuenta "con más de 7 millones y medio de hectáreas" de bosques nativos, también remarcó  que "las áreas en el esquema aprobado incluyen el 70 por ciento en amarillo, el 20 por ciento en rojo y menos del 10 por ciento en un posible verde". La última cifra representa alrededor de 720 mil hectáreas sobre las que el gobierno puede habilitar nuevos permisos de desmontes.
Para el gobierno salteño "la actualización del OTBN (fue) el resultado de un proceso de todos y para todos". Destacó también que durante los talleres previos al nuevo ordenamiento se priorizó un balance en el que primó la protección de las cuencas y su biodiversidad, "bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo".
Sin embargo, la experiencia de campesinos y comunidades va por un camino opuesto. "Nosotros estamos en total desacuerdo con el desmonte", insistió Pedro Ortiz en un video que se viralizó ayer. "Vamos a presentarnos ante la Fiscalía de Orán", adelantó por su parte el cantaautor oranense y activista de derechos humanos Riqui Zarra. Presentarán la misma nota firmada por los vecinos, campesinos e indígenas, en la que solicitan que paren los desmontes para abrir una instancia de negociación con el propietario de la Finca El Cadillal.
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