Organizaciones piden frenar loteos y rellenos sobre los humedales de la ciudad de Santa Fe

Una docena de organizaciones socioambientales presentó en el Concejo un proyecto para que la capital santafesina adhiera a la Ley provincial de Humedales y suspenda los permisos en zonas inundables hasta contar con un inventario.

En una ciudad donde cerca del 70% del territorio es agua, un grupo de organizaciones socioambientales de Santa Fe pidió al Concejo Municipal frenar los nuevos loteos, rellenos y construcciones sobre los humedales hasta que el municipio cumpla con la ley provincial que los protege. La propuesta fue presentada como un proyecto de ordenanza y busca que la capital santafesina adhiera a la Ley 13.932 de Humedales y a su decreto reglamentario.
La iniciativa reúne a un amplio arco de entidades, entre ellas la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, el Foro por la Recuperación del Paraná, la Cooperativa de Pescadores de Alto Verde, la Fundación Cauce, la Asociación Cultural de la Costa, la Mesa Humedales de la Red Argentina del Paisaje, el Foro Ciencia Santa Fe, la Asamblea por los Ríos Vivos, el Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino y el Movimiento Vecinal Defensas de la Costa.
“Estos espacios naturales se encuentran amenazados por las presiones del sector inmobiliario”, advirtieron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Qué propone el proyecto
El texto plantea declarar a los humedales de la ciudad como espacios de interés público permanente y crear un Inventario Local de Humedales, un registro técnico e hidrológico que debería completarse antes de cualquier modificación futura del Reglamento de Ordenamiento Urbano.
Mientras tanto, propone suspender de manera preventiva los nuevos permisos de construcción, loteos, rellenos, dragados y alteraciones del terreno para emprendimientos inmobiliarios, comerciales o industriales, públicos o privados, en cuatro distritos ubicados fuera de los anillos de defensa: Rural Anegadizo, Zona de Seguridad Hídrica, Reservorio Hídrico y Urbanización Futura. La suspensión regiría hasta que el municipio cumpla con los requisitos de la ley provincial. Quedarían exceptuadas las obras públicas de defensa contra inundaciones, la infraestructura hídrica de emergencia, el mantenimiento de desagües y la limpieza de canales.
Sandra Gallo, integrante de la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, explicó que la norma provincial y su reglamentación exigen contar con un inventario de humedales “antes de proponer cualquier tipo de intervención sobre los humedales y los reservorios”.

El origen del conflicto
El reclamo surge a partir de la Ordenanza 13.106, aprobada por el Concejo en diciembre de 2025, que modificó el Reglamento de Ordenamiento Urbano e incorporó sectores de “urbanización futura” sobre áreas que funcionan como reservorios naturales de los ríos Paraná y Salado. Para las organizaciones, esa norma no incorporó la ley provincial ni sus herramientas, como el inventario. Los grupos se reúnen desde junio y pidieron participar en la comisión especial que analiza los usos del suelo en los entornos urbanos ribereños, pero aseguran que no recibieron una respuesta formal del Ejecutivo municipal.

Una ciudad marcada por el agua
La advertencia tiene peso en Santa Fe, una ciudad rodeada de ríos, lagunas, bañados, planicies de inundación y valles de escurrimiento. Su historia está atravesada por las grandes inundaciones de 1983 y 1992, la crecida del río Salado de 2003 y las lluvias extraordinarias de 2007. En ese contexto, los humedales cumplen un papel clave como reservorios que absorben el agua durante las crecidas.
La Ley 13.932 fue reglamentada por el gobierno provincial en junio de 2025. Según el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, la norma prevé un Inventario Provincial de Humedales para identificar, clasificar y caracterizar estos ecosistemas, planes de ordenamiento ambiental del territorio coordinados con municipios y comunas, y la obligación de que los proyectos que puedan afectar el ambiente presenten un estudio ambiental y obtengan la factibilidad correspondiente. También contempla un plan de monitoreo continuo de la calidad del agua, el suelo, la flora y la fauna.
La reglamentación pide priorizar formas de ocupación y producción respetuosas del ecosistema. Las organizaciones sostienen que, sin ese inventario y sin la adhesión municipal, la ciudad sigue habilitando desarrollos sobre las mismas zonas que la protegen del agua.
Por ahora, no hubo una respuesta oficial del municipio al proyecto, que ahora queda en manos del Concejo.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Diario Aire de Santa Fe, Diario Uno Santa Fe, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe

Un proyecto turístico con capitales árabes frente al Perito Moreno llega a la Justicia

Santa Cruz exceptuó por decreto una restricción para vender a capitales de Emiratos Árabes 21 hectáreas en el área protegida Península de Magallanes, y diputados opositores presentaron un amparo y un proyecto para anular la medida.

Frente a uno de los paisajes más emblemáticos de la Argentina, un proyecto turístico con capitales de Emiratos Árabes Unidos abrió una disputa política y judicial en Santa Cruz. El gobierno provincial habilitó, mediante una excepción, la venta de unas 21 hectáreas dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, para la construcción de un complejo de cabañas. Diputados de la oposición recurrieron a la Justicia federal y presentaron un proyecto para anular la medida.
La operación quedó habilitada por el Decreto 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de ese mes. La norma exceptúa, por única vez, una restricción fijada por el Decreto 994/2017, dictado durante la gestión de Alicia Kirchner, que impide la compra de inmuebles por parte de extranjeros cuando los terrenos se ubican, total o parcialmente, dentro de áreas protegidas, reservas o parques provinciales. Esa limitación era precisamente la que bloqueaba la operación.

El Master Plan Ecocentro
El proyecto, denominado Master Plan Ecocentro, prevé 24 cabañas con capacidad para unas 60 personas, espacios comunes, senderos peatonales e infraestructura complementaria. La compraventa autorizada se realiza entre la firma Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos, como compradora. Abarca dos parcelas, de 11,7 y 9,3 hectáreas, de las cuales unas 4 hectáreas se destinarían a infraestructura.
El expediente se tramita desde 2023 en el Consejo Agrario Provincial, que defendió el procedimiento y aseguró que el proyecto fue evaluado durante varios años, con cambios respecto de su diseño original, de mayor escala. El estudio de impacto ambiental derivó en una declaración aprobada en 2024. Según el gobierno, la excepción no equivale a un permiso general para construir, y el emprendimiento sigue sujeto a los planes de manejo del área protegida y a las condiciones que fijen las autoridades.

La Justicia y la Legislatura
El 8 de octubre, legisladores provinciales y representantes del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad presentaron un amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos. Piden una medida cautelar para frenar la transferencia de las parcelas, la escrituración, la inscripción en el registro, la entrega de la posesión y cualquier obra. Entre sus argumentos figuran la ubicación de los terrenos dentro de un área protegida, su vínculo con el entorno del Parque Nacional Los Glaciares y del glaciar, y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Hasta el momento, no se conoce una resolución sobre la cautelar ni sobre el fondo.
Ese último punto se cruza con la discusión nacional sobre la Ley de Tierras Rurales. La norma, que limita la titularidad extranjera de tierras rurales y prohíbe la compra de inmuebles ribereños de cuerpos de agua permanentes, fue derogada por el decreto 70/2023 del gobierno nacional, pero la Corte Suprema suspendió provisoriamente esa derogación el 9 de octubre y restituyó su vigencia mientras se resuelve la cuestión de fondo.
En paralelo, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad, el 24 de septiembre, un pedido de informes sobre la operación, y ahora tomó estado parlamentario el Proyecto 717, firmado por los diputados Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic. La iniciativa busca derogar el Decreto 915, declarar nulos de nulidad absoluta todos los actos administrativos derivados y dar rango de ley a la restricción del Decreto 994/2017, para impedir nuevas excepciones. Sus autores sostienen que hace falta “una valla normativa clara” que proteja las áreas naturales de la provincia.

Un debate abierto en El Calafate
En El Calafate, la ciudad turística más cercana al glaciar, el intendente Javier Belloni pidió a empresarios y entidades turísticas que expresen su posición sobre el futuro de la zona.
Lo que se decida en los tribunales y en la Legislatura definirá si el entorno del Perito Moreno puede abrirse a nuevos desarrollos privados con capitales extranjeros o si la protección del área debe quedar blindada por ley.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
Provincia/Región: Santa Cruz 
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal Ahora Calafate, Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz

Islas bonaerenses: los productores no podrán comprar las tierras, pero sí pedir permisos con canon

El nuevo régimen de la Provincia cierra la puerta a la venta de las islas, que son bienes públicos, y ofrece a productores y ocupantes históricos permisos de uso de hasta 15 o 25 años, con canon anual, controles y actividades limitadas por criterios ambientales.

El Decreto 1.517/2026, promulgado por el gobernador Axel Kicillof el 9 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 16, reordena el uso de las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense, incluida la Martín García. Su lógica responde a un cambio jurídico: desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en 2015, esos territorios integran el dominio público estatal, no pueden venderse ni adquirirse por el paso del tiempo. La norma crea una herramienta para que una persona, una empresa, una organización o un organismo público use un inmueble isleño por un período y una finalidad determinados, pero la propiedad seguirá siempre en manos del Estado.

Sin compra, pero con permisos
El punto más sensible es la situación de productores que llevan años instalados en tierras públicas. Algunos productores forestales habían pedido a la Provincia poder comprar los predios que ocupan. El régimen cierra esa posibilidad: en cambio, quienes desarrollen allí una actividad admitida podrán tramitar un Permiso de Uso y Tenencia Precaria y, como regla general, pagar un canon. Estos permisos pueden ser onerosos o gratuitos, según quién los pida y para qué, y buscan regularizar situaciones existentes sin convertir a los ocupantes en dueños.

Qué se puede hacer y qué no
Los permisos podrán otorgarse a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, constituidas legalmente en la Provincia, y cada solicitud deberá fundamentar el uso pretendido con razones técnicas, económicas, sociales, culturales o de interés general. Entre las actividades consideradas compatibles figuran la ganadería extensiva controlada, la silvicultura sustentable, la producción agroecológica, el aprovechamiento forestal racional, la apicultura, el turismo sustentable, la pesca, las actividades deportivas, el transporte fluvial, la vivienda familiar y las tareas de preservación de recursos naturales. Según la información a la que accedió el medio consultado, el decreto excluye la agricultura intensiva de monocultivos, la ganadería intensiva tipo feedlot, las actividades industriales contaminantes y los desarrollos inmobiliarios de mediana o gran escala, incluidas las urbanizaciones cerradas. La minería queda prohibida salvo autorización específica de la autoridad minera bonaerense. Un permiso provincial, además, no reemplaza los estudios y habilitaciones ambientales que correspondan a cada actividad.

Plazos, canon y revocación
Como regla general, los permisos no podrán superar los 15 años, un plazo que dependerá de la actividad y deberá contemplar, por ejemplo, el ciclo productivo. El límite llega a 25 años para la producción forestal y para la vivienda familiar única y permanente, y la autoridad podrá prorrogar el permiso por un período igual si se mantiene el destino. La tenencia será precaria: la Provincia podrá revocarla por razones de oportunidad, mérito o conveniencia sin indemnización. El uso será, en principio, oneroso, con un canon anual pagadero por adelantado, que fijará y actualizará la agencia tributaria provincial según la valuación fiscal y el valor locativo del inmueble, con intervención de Fiscalía de Estado. Ante la falta de pago habrá una intimación de 30 días y luego cobro por apremio, aunque podrán autorizarse planes de cuotas. Lo recaudado se destinará a infraestructura en las islas, saneamiento y mejoramiento ambiental, conservación de recursos naturales y compra de bienes y servicios para esas tareas. Serán gratuitos los permisos para organismos públicos que desarrollen políticas públicas y para organizaciones sin fines de lucro o instituciones privadas que realicen actividades culturales o de interés público directo.

Controles y lo que falta
Los permisionarios deberán acreditar periódicamente que usan la tierra para lo autorizado y que mantienen el inmueble y su entorno en condiciones adecuadas. No podrán ceder el permiso ni alquilar el inmueble, salvo excepciones como la prevista para los municipios, ni construir o hacer mejoras sin autorización previa: las obras aprobadas pasarán al patrimonio provincial sin compensación. Si una intervención pudiera alterar los flujos de agua o generar impacto ambiental, deberán intervenir los organismos de control. Cuando un permiso termine y el ocupante no devuelva el inmueble, la Provincia podrá disponer la desocupación administrativa, incluso con fuerza pública y tras un inventario de bienes.
La implementación todavía está pendiente: el Ministerio de Gobierno debe aprobar por resolución el procedimiento para pedir permisos y desarrollar una Mesa de Entrada Digital, y la Provincia tendrá que revisar y clasificar unos 500 expedientes pendientes sobre inmuebles isleños.


Fecha de Publicación: 30/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Portal Infocielo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo exhortó a fortalecer el control de fumigaciones cerca de escuelas

Tras una investigación de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de establecimientos educativos en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a organismos provinciales, municipales y a ACUMAR a reforzar los controles, avanzar en estudios epidemiológicos y garantizar el monitoreo ambiental permanente.

Tras una investigación iniciada de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de escuelas en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer los resultados obtenidos en el barrio Santa Rosa, de Marcos Paz, y en la localidad de Carlos Keen, provincia de Buenos Aires, y solicitó informes a distintos organismos provinciales y municipales. En Marcos Paz, en abril de 2023, se registró un episodio de fumigación en un predio lindero a una escuela primaria y un jardín de infantes durante el horario escolar, que generó olores intensos y preocupación entre docentes y estudiantes. En Carlos Keen, vecinos, organizaciones sociales e instituciones educativas denunciaron en 2024 que un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una biblioteca popular debieron suspender sus actividades por fumigaciones cercanas, en lo que describieron como situaciones reiteradas.

Una infracción confirmada y un estudio sobre exposición
Durante la investigación, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense confirmó que, en el caso de Marcos Paz, la fumigación se había realizado dentro del perímetro de exclusión, sin receta agronómica ni la habilitación correspondiente, por lo que sancionó a la empresa responsable. La Universidad Nacional de Luján, por su parte, aportó un estudio propio que concluyó que la totalidad de las zonas urbanas del partido se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos fumigables, con Carlos Keen entre las localidades de mayor exposición potencial identificadas.

Organismos que no respondieron
El organismo señaló además que no obtuvo respuesta de los Ministerios de Ambiente y de Salud provinciales, ni de la Municipalidad de Luján, algo que evidenció debilidades en la articulación interinstitucional para abordar esta problemática.

Las exhortaciones a cada organismo
A partir de estos hallazgos, la Defensoría resolvió exhortar a distintos organismos a adoptar medidas concretas. Al Ministerio de Ambiente provincial le solicitó implementar programas de monitoreo ambiental de agroquímicos en agua, suelo y aire cerca de las escuelas, además de garantizar el acceso público a esa información. Al Ministerio de Salud provincial le requirió realizar estudios epidemiológicos sobre las poblaciones expuestas -especialmente niños, niñas y adolescentes, además de trabajadores rurales- y crear registros de intoxicaciones asociadas a agroquímicos. Al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial le pidió fortalecer la fiscalización de las aplicaciones, revisar las distancias mínimas de resguardo con criterios científicos actualizados y promover la producción agroecológica como alternativa. A la Municipalidad de Luján le solicitó reforzar el control local de fumigaciones y establecer protocolos de actuación inmediata ante episodios de deriva cerca de escuelas. Por último, a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo le pidió incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus monitoreos habituales de agua y sedimentos.

Un grupo especialmente vulnerable
La Defensoría remarcó que los niños, niñas y las comunidades educativas constituyen grupos especialmente vulnerables frente a la exposición a agroquímicos, y subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, monitoreo y protección sanitaria y ambiental en todo el territorio bonaerense, no solo en los casos puntuales investigados. La resolución del organismo vuelve a poner en agenda una tensión que se repite en distintas provincias del país: la convivencia entre las actividades agrícolas y los establecimientos educativos ubicados en zonas periurbanas y rurales, donde la distancia entre los cultivos fumigables y las aulas suele ser mínima.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Defensoría del Pueblo de la Nación, Universidad Nacional de Luján

Laguna de Rocha: la Provincia recortó 490 hectáreas y crecen las alertas por lo inmobiliario

La Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, en el sur del Gran Buenos Aires, perdió cerca del 30% de su superficie protegida por una modificación legislativa que organizaciones ambientales califican de "exprés" y que, advierten, favorece la valorización inmobiliaria de un humedal clave para prevenir inundaciones en el AMBA.

La Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha, ubicada en el distrito bonaerense de Esteban Echeverría, perdió unas 490 hectáreas de su superficie protegida, cerca de un tercio del total, a partir de una modificación incorporada a la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires. El cambio quedó plasmado en el artículo 112 de la Ley 15.557, que incorporó dos nuevos artículos a la norma original que había creado la reserva en 2012: uno autoriza al Poder Ejecutivo a precisar los límites del área mediante un "Mapa Oficial", y el otro establece que dentro de esos nuevos límites se definirán una zona intangible, una de amortiguación y una experimental. Según el Colectivo Ecológico Unid@s por la Laguna de Rocha, organización que lleva 18 años trabajando en defensa del humedal, ese "Mapa Oficial" toma como referencia únicamente los espejos de agua, dejando fuera de la protección sectores enteros de humedales, pastizales y bosques que antes formaban parte de la reserva.

Un trámite exprés y sin debate
El expediente que dio origen a la reforma fue impulsado por Pablo Domenichini, entonces diputado provincial por la UCR y hoy rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Según el colectivo, la iniciativa ingresó a la Legislatura bonaerense el 25 de noviembre de 2025 y fue aprobada apenas 24 horas después, en el marco del tratamiento general del presupuesto provincial, sin un debate específico sobre sus implicancias ambientales. Gabriel Videla, integrante del colectivo, dimensionó la magnitud del recorte: "equivale a recortar todo el bosque de Palermo más otras 120 hectáreas", en referencia a que el Parque Tres de Febrero porteño tiene 370 hectáreas. Para Videla, el artículo "ignora la función del humedal porque preserva únicamente el espejo de agua y recorta el régimen de preservación", lo que en los hechos "achica el espacio para proyectos inmobiliarios".

Un humedal con funciones concretas
Antes de la reforma, la superficie protegida de la reserva alcanzaba unas 1.400 hectáreas, con nueve ambientes distintos: pastizales pampeanos, la zona lagunar, pantanos, talares y bosque nativo y exótico. Juan Correa, también del colectivo ambiental, remarcó su valor para la biodiversidad: el Club de Observadores de Aves de Esteban Echeverría "registró alrededor de 230 especies, el 80% de las que hay en la provincia". Más allá de la fauna, la laguna cumple un rol hídrico concreto como valle de inundación que regula los excesos hídricos de toda la región, y climático, al mitigar las islas de calor urbanas: según Videla, "en el sudeste del AMBA la laguna mitiga la temperatura", mientras que en la Capital Federal la masa de cemento eleva la sensación térmica hasta cinco grados, un efecto que además reduce la demanda eléctrica sobre la red en los días de mayor calor.

Un conflicto con antecedentes y sin respuesta oficial
No es la primera vez que la reserva enfrenta un intento de reducción: en 2013, otra ley le había quitado 64 hectáreas para ceder terrenos a los clubes Racing y Boca, que planeaban construir polideportivos sobre el humedal, cesión que la Suprema Corte bonaerense invalidó en 2015 por violar el principio de no regresión ambiental. Walter Martello, exdiputado provincial autor de la ley que creó la reserva y actual Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia, cuestionó ahora la nueva reforma: "hace doce años fui autor del proyecto que dio origen a la Reserva", recordó, y afirmó que hoy rechaza este intento de modificar sus límites. Pese a los reclamos del colectivo y las consultas de la prensa, ni el Ministerio de Ambiente bonaerense ni el municipio de Esteban Echeverría respondieron sobre las medidas previstas frente a la situación. A la falta de respuesta institucional se suma la ausencia de un plan de manejo efectivo por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y de guardaparques permanentes en el área, según denunciaron desde el colectivo, mientras la reserva continúa afectada además por incendios de pastizales, caza de aves y una creciente presión habitacional en sus bordes.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Agencia Tierra Viva, Portal EconomíaSustentable, iProfesional

Organizaciones y vecinos se reúnen para exigir respuestas sobre la contaminación del Ludueña

Vecinos de Fisherton, organizaciones ambientales y el bloque de concejales de Ciudad Futura convocaron a un encuentro este miércoles para actualizar el estado de la denuncia penal que impulsan por la contaminación sostenida del arroyo Ludueña, en Rosario, un patrón que según denuncian se repite todos los días desde diciembre del año pasado.

Organizaciones sociales, barriales y ambientales, junto a vecinos de la zona norte de Rosario, se reunirán este miércoles a las 18 horas en la Biblioteca Gastón Gori para analizar la situación del arroyo Ludueña y las novedades del proceso judicial en curso. La convocatoria, impulsada por el bloque de concejales de Ciudad Futura, busca generar un espacio de encuentro para poner en común qué está pasando con el curso de agua y avanzar en la identificación de los responsables de la contaminación. "Desde diciembre del año pasado, todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora, vemos el mismo patrón de contaminación sobre las aguas del Ludueña", advirtió el concejal Julián Ferrero, presidente de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Deliberante.

Años de reclamos y un informe técnico
La problemática del Ludueña no es nueva: vecinos de Fisherton vienen denunciando la situación desde hace años, con relevamientos propios que incluyen fotografías, videos, imágenes aéreas con drones y análisis de laboratorio. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, patrocinada por la abogada Gabriela Durruty, que apunta a un sector del arroyo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba y la avenida Jorge Newbery. La presentación incorpora un informe técnico elaborado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, a partir de muestras tomadas en febrero de este año, que detectaron bajos niveles de oxígeno disuelto, una elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias asociadas a contaminación fecal y valores de conductividad eléctrica superiores a los habituales para un curso de agua dulce, indicadores compatibles con el vertido sistemático de efluentes sin tratar.

Espacios de participación ciudadana
Ferrero definió a este tipo de encuentros como "espacios claves de participación ciudadana", principalmente para los vecinos de la zona norte que están en contacto directo con el arroyo. "Son los primeros que nos reportan estas situaciones de contaminación. En una de esas reuniones, hace unos meses, surgió la necesidad de avanzar en una denuncia penal y fue exactamente lo que hicimos", explicó. El concejal remarcó además el trabajo de relevamiento que hicieron junto al grupo de vecinos organizados en torno al problema: identificaron distintos desagües que serían responsables de la contaminación a partir de análisis de agua, sumados a relevamientos aéreos, fotos, videos y testimonios recolectados a lo largo del tiempo. "La situación es crítica y de una gravedad ambiental que duele y preocupa. Se pone en riesgo la salud de un ecosistema y de todos los rosarinos alrededor del arroyo", sostuvo.

Qué se espera del encuentro
Toda la información sistematizada por vecinos y organizaciones ya fue presentada ante la Justicia para que avance con una investigación formal. El objetivo del encuentro de este miércoles es transmitir a la comunidad las novedades de la causa y definir los próximos pasos a seguir. "Tenemos un objetivo muy claro, que es poder dar con los responsables de la contaminación, identificarlos y caerles con todo el peso de la ley", planteó Ferrero, quien remarcó el efecto preventivo que buscan lograr con ese resultado.
Más allá de la urgencia por frenar los vertidos actuales, el concejal señaló que existe además un plan de recuperación del arroyo a mediano plazo, más complejo, orientado a integrar nuevamente al Ludueña con la ciudad. "Volver a poner al Ludueña de cara a la ciudad, integrarlo y que volvamos a tener un ecosistema abierto, natural, recuperado y sano, que le permita a los rosarinos recuperar un paisaje clave que atraviesa nuestra ciudad", describió, con el objetivo de convertirlo en un espacio para pasear y disfrutar en el futuro.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Página/12 (Rosario/12), Portal Economía Sustentable, Universidad Nacional de Rosario

Ambientalistas advierten sobre el impacto de las urbanizaciones sin control sobre las áreas protegidas del sistema de Tandilia


Informes sobre ordenamiento territorial y ecología de la conservación analizan el impacto de la fragmentación del hábitat en el sistema orográfico bonaerense.

Un análisis técnico enfocado en la gestión ambiental de la provincia de Buenos Aires expone las crecientes tensiones entre el crecimiento urbano y la preservación de los ecosistemas montañosos en la localidad de Tandil. Organizaciones vecinales y especialistas en biología de la conservación advierten que la expansión de emprendimientos urbanísticos sobre el cordón de Tandilia contraviene las normativas de protección de las sierras. Esta fragmentación de la cubierta vegetal y la alteración de la topografía natural no solo provocan la pérdida irreversible de la biodiversidad propia del pastizal pampeano, sino que modifican los patrones de escurrimiento superficial, incrementando los riesgos de erosión, desprendimientos y alteración de las zonas de recarga del acuífero local.

Degradación ecofisiológica y alteración de servicios ecosistémicos
El sistema de Tandilia constituye uno de los macizos rocosos más antiguos del planeta y actúa como un refugio biogeográfico para especies endémicas de flora y fauna. La conversión de la cubierta vegetal nativa en zonas urbanizadas implica el decapado del horizonte orgánico del suelo y la compactación edáfica por el uso de maquinaria pesada. Este proceso destruye la capacidad del suelo para actuar como esponja natural, reduciendo la tasa de infiltración hídrica y acelerando la escorrentía directa hacia la cuenca baja del arroyo del Fuerte. Asimismo, la introducción de flora exótica ornamental genera la invasión de especies leñosas que desplazan a la vegetación autóctona, alterando la dinámica de recarga de los mantos freáticos y reduciendo la resiliencia del ecosistema ante incendios de interfaz.
Para desglosar los factores ecológicos y geomorfológicos críticos que condicionan el equilibrio del cordón serrano, se destacan los siguientes puntos:
- Pérdida de conectividad biológica: La construcción de infraestructura vial y edilicia fragmenta los corredores de fauna nativa.
- Erosión hídrica y modificación de la cuenca: La impermeabilización del suelo serrano incrementa el volumen y la velocidad del drenaje pluvial.
- Degradación del patrimonio geológico: La alteración física de las laderas afecta reservorios de biodiversidad únicos del bioma pampeano.

Marco regulatorio e instrumentos de ordenamiento ambiental
Los informes de evaluación elaborados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y diversas universidades públicas de la provincia destacan la urgencia de aplicar efectivamente la Ley de Paisaje Protegido (Ley Provincial N.º 14.126) y la Planificación del Uso del Suelo. Los estudios de los organismos científicos ratifican que las sierras brindan servicios ecosistémicos fundamentales para la regulación climática y la provisión de agua dulce a escala regional. La omisión de las evaluaciones de impacto ambiental acumulativo en las autorizaciones municipales compromete la viabilidad de las áreas naturales protegidas y transgrede el principio de no regresión ambiental en el derecho normativo argentino.

Gobernanza del territorio y conservación del patrimonio natural
Superar la crisis de fragmentación ambiental en las sierras de Tandil requiere un plan integral de ordenamiento urbano que priorice la sostenibilidad del paisaje sobre los intereses especulativos. Resulta indispensable fortalecer la participación ciudadana en los comités de gestión ambiental, asegurando que las delimitaciones de las zonas de conservación sean estrictamente respetadas para resguardar la funcionalidad hidrológica y la biodiversidad del sistema serrano.


Fecha de Publicación: 15/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Agencia Télam, Infobae, La Nación, El Eco de Tandil, CONICET, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
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Denuncian nuevas usurpaciones, quemas e incendios ilegales en la reserva natural de la Isla Santiago


Vecinos y organizaciones ambientalistas de Ensenada alertan sobre el avance no controlado de ocupaciones irregulares, tala de especies nativas y fuegos intencionales en un ecosistema clave de la ribera platense.

Una grave situación socioambiental reaviva la alarma en la región capital de la provincia de Buenos Aires tras la denuncia formal por nuevas ocupaciones ilegales, talas no autorizadas y quemas intencionales dentro del territorio protegido de la Isla Santiago, en el municipio de Ensenada. Según reportes difundidos por medios regionales como Infocielo y agencias de noticias bonaerenses, agrupaciones ambientalistas, pobladores históricos de la isla y sectores comunitarios han documentado el avance de movimientos de suelo y el desmonte sistemático del sotobosque ribereño. Estas acciones buscan lotear de forma clandestina parcelas de tierras fiscales e intangibles del área de humedal para la construcción de edificaciones precarias, afectando directa e irreversiblemente la flora autóctona y el hábitat de fauna nativa del delta del Río de la Plata.

Pérdida de monte blanco y alteración del humedal ribereño
La Isla Santiago conforma, junto a la vecina Isla Paulino, un sector prioritario de conservación del monte ribereño o "monte blanco", un ecosistema neotropical de altísimo valor biológico que constituye el límite austral de distribución de múltiples especies de plantas y animales tropicales en América del Sur. La tala clandestina mediante motosierras y la aplicación deliberada de fuego para "limpiar" el terreno eliminan relictos leñosos de ceibos, sarandíes, sauce criollo y matorrales continentales que tardan décadas en regenerarse. Asimismo, el rellenado irregular de albardones y arroyos interiores rompe la dinámica natural de las mareas del Río de la Plata, anulando la función esencial del humedal como esponja amortiguadora frente a las sudestadas e inundaciones que frecuentemente afectan a las poblaciones de la zona.
Para desglosar los ejes centrales de la denuncia vecinal y los riesgos ambientales identificados en el territorio insular de Ensenada, se destacan los siguientes puntos:
- Tala ilegal de monte autóctono: Corte no autorizado de especies vegetales autóctonas protegidas por la Ley de Bosques Nativos de la Provincia de Buenos Aires.
- Producido intencional de incendios: Uso deliberado de quema de biomasa para facilitar el asentamiento irregular, aumentando el riesgo de incendios forestales incontrolados.
- Omisión de fiscalización e inacción municipal: Exigencia comunitaria a las autoridades de Ensenada y al gobierno provincial para que ejerzan el poder de policía y frenen el avance de construcciones clandestinas.

Exigencia de intervención judicial y delimitación de la reserva
Frente a la recurrencia de estos delitos ambientales, organizaciones de la sociedad civil han solicitado la intervención urgente del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y del fuero judicial para frenar las obras ilegales y disponer la restitución del estado natural del predio afectado. Entre los reclamos centrales se destaca la necesidad de concretar una demarcación física precisa de la zona de reserva, fortalecer las patrullas de control ambiental fluvial y poner en marcha un plan de remediación mediante la reforestación de especies nativas en los parches desforestados. Residentes rústicos de la isla remarcan que la inacción estatal promueve la especulación inmobiliaria informal sobre tierras públicas destinadas a la conservación del patrimonio natural.

Proteger el cordón biológico del Río de la Plata
El monte ribereño de la Isla Santiago cumple un rol indispensable en la regulación climática regional, la purificación del agua y el resguardo de la biodiversidad ante el crecimiento de la huella urbana del Gran La Plata. Detener las usurpaciones y el desmonte clandestino constituye una urgencia ética y legal para garantizar la integridad ecológica de los humedales del estuario. La preservación de estos espacios naturales resulta vital para asegurar la calidad de vida, el equilibrio hídrico y la adaptación al cambio climático de las comunidades costeras bonaerenses.


Fecha de Publicación: 09/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Infocielo, Agencia Télam, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires
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Organizaciones vecinales y científicos alertan sobre las consecuencias ecológicas de la obra civil en la ribera rioplatense


La emblemática obra de defensa costera en la ribera del Río de la Plata se encuentra bajo la lupa de especialistas y habitantes locales, quienes exigen estudios de impacto ambiental urgentes ante alteraciones en el ecosistema costero y la hidrodinámica de la región.

La construcción del nuevo murallón de defensa costera en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, ha dejado de ser interpretada exclusivamente como una obra de infraestructura clave para la conectividad y la seguridad vial, para transformarse en un foco de intensa preocupación político-ambiental. Diversas organizaciones de la sociedad civil, asambleas vecinales de la región del Gran La Plata y científicos de universidades públicas de la zona han unificado sus reclamos para exigir al gobierno de la provincia de Buenos Aires la realización de una evaluación de impacto ambiental integral, exhaustiva y participativa. Los denunciantes sostienen que la megadefensa de hormigón, concebida originalmente para frenar las recurrentes sudestadas y proteger el trazado de la estratégica avenida Almirante Brown, se construyó omitiendo lineamientos ecológicos básicos, lo que está provocando severas modificaciones en la dinámica natural del estuario del Río de la Plata y poniendo en riesgo áreas de humedales y pastizales costeros de altísimo valor biológico.

Alteraciones en la dinámica hidrológica y la erosión de la costa
El principal argumento técnico esgrimido por los geólogos y especialistas en manejo costero radica en que la instalación de una barrera rígida y lineal de hormigón altera por completo el comportamiento de las mareas y el flujo de los sedimentos fluviales. En lugar de amortiguar la energía de las olas de forma gradual —como lo hacían las playas de juncales y arenas naturales originarias—, el murallón provoca un efecto de rebote de la masa de agua. Esta redirección de la fuerza hidráulica acelera los procesos de erosión en las áreas adyacentes que no cuentan con protección artificial, destruyendo los pocos sectores de playa pública remanentes y modificando los patrones de drenaje de los canales locales, lo que podría, paradójicamente, agravar las inundaciones en los barrios periféricos durante episodios de lluvias intensas o sudestadas prolongadas al taponar las salidas naturales de escurrimiento.
Para comprender a fondo la matriz de riesgos ambientales que genera este desarrollo de infraestructura en la ribera bonaerense, se sugieren desglosar los impactos en los siguientes puntos críticos:
- Pérdida de biodiversidad rioplatense: La eliminación de la vegetación hidrófila marginal (como juncales y espinillos) destruye el hábitat de nidificación, alimentación y refugio de decenas de especies de aves migratorias, anfíbios y mamíferos nativos de la costa.
- Fragmentación del ecosistema de humedal: El muro de hormigón actúa como una barrera física infranqueable que interrumpe la transición natural entre el medio acuático y el terrestre, impidiendo el intercambio biológico y genético de las especies locales.
- Degradación de los servicios ecosistémicos de la ribera: Al eliminarse la flora costera, la región pierde su capacidad natural para filtrar y depurar los contaminantes del agua, regular el microclima local y mitigar el avance de especies exóticas invasoras.

El reclamo de la comunidad y la demanda de transparencia institucional
El descontento de la comunidad local y de los colectivos conservacionistas también hace eje en la falta de transparencia y en la debilidad de los procesos de participación ciudadana durante las etapas de planificación y ejecución de la obra. Las asambleas socioambientales denuncian que la construcción del murallón avanzó a paso firme sin la presentación pública de un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y sin la convocatoria a las audiencias públicas que exige la legislación ambiental vigente en la República Argentina. Los vecinos movilizados enfatizan que no se oponen al desarrollo urbano ni a la seguridad de la conectividad vial de Punta Lara, sino que exigen que las intervenciones estatales incorporen criterios de ingeniería ecológica moderna y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), en lugar de aplicar recetas rígidas de cemento que destruyen la identidad natural y el patrimonio paisajístico de la localidad.

El desafío de conciliar el desarrollo urbano con la conservación del estuario
Este conflicto en la costa de Ensenada expone una problemática recurrente en los municipios que limitan con el Río de la Plata: la dificultad de planificar el crecimiento de las infraestructuras urbanas y turísticas respetando la fragilidad de los ecosistemas fluviales. Investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) insisten en que los humedales costeros y las selvas en galería de la región de Punta Lara —que actúan como zonas de amortiguación ecológica inmediatas a la Reserva Natural Integral Punta Lara— son recursos estratégicos e insustituibles frente a los escenarios proyectados de cambio climático, que prevén un aumento en la frecuencia y la severidad de las tormentas sudestadas. Continuar encorsetando la costa con defensas artificiales sin evaluar los impactos acumulativos a largo plazo representa un error de planificación territorial que trasladará pasivos ambientales y económicos severos a las futuras generaciones de la región costera.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Diario El Día de La Plata, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Foro Ambiental de la Región Capital
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Humedal en peligro: polémica en Campana por emprendimiento junto a un parque nacional

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas denuncian desmonte y otros daños a la zona aledaña al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde se construye un emprendimiento de “chacras náuticas”. También advierten que se proyecta trazar un camino por dentro del propio parque. Silencio del municipio y la desarrolladora.
El avance de emprendimientos inmobiliarios de lujo sobre los humedales de la provincia de Buenos Aires no se detiene. Tal como ocurre en Berazategui con el megacountry Puerto Nizuc, en Campana los ambientalistas denuncian daños al ambiente por parte de la desarrolladora de un proyecto que, por añadidura, requerirá la construcción de un camino a través de una zona protegida dentro de un parque nacional.
Se trata de Brenna Desarrollistas, la empresa detrás del megaproyecto Bahías del Paraná, que ofrece “chacras náuticas” aún por construir en un predio de unas 287 hectáreas lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Para la compañía, todo parece ir viento en popa: la Municipalidad de Campana celebra el emprendimiento, por más que las organizaciones defensoras del ambiente insistan en que el desmonte y desecación del humedal viola la normativa al respecto, por no hablar del camino proyectado a través del parque.
Hace dos semanas, Arturo Remedi, integrante de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), realizó una intervención en el Concejo Deliberante de Campana a través del mecanismo de “banca abierta”, buscando que el cuerpo frenara el desarrollo del emprendimiento. La ASAC había presentado un pedido de información ambiental al Ejecutivo, para recabar datos sobre el impacto que puede tener la construcción de Bahías del Paraná, pero no fue respondido, dijo Remedi a La Tecla.
“Le pedimos al Concejo que se haga eco de nuestro pedido de frenar las obras. Todavía no están edificando, pero están haciendo movimientos de tierra a gran escala para secar el humedal, para abrir canales y elevar el nivel del terreno para que no se inunde. Llevaron maquinaria pesada en barcazas. Hicieron un gran desmonte ya”, explicó el ambientalista a este medio.
La ASAC y otras organizaciones, como la asociación civil Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (conocida como “Vecinos del Humedal”) y la Red del Río Luján, vienen denunciando el daño que ya se está haciendo y la inacción del municipio. Además, advierten que el propio parque nacional está en peligro.
“Estos terrenos están ubicados en una especie de ‘cuña’ junto al parque nacional. Los separa un alambrado. No estamos cuestionando la propiedad de esos terrenos. Estamos cuestionando que son humedales y deberían estar protegidos. En Campana hay una ordenanza de 2017 que prohíbe modificar humedales. Todo esto a nosotros nos da muy mala espina porque notamos una connivencia por parte de la Municipalidad. Incluso han hecho una audiencia pública secreta, de la que nosotros, como ambientalistas, ni nos enteramos”, dijo Remedi.
A pesar del ninguneo oficial, los ambientalistas siguen presionando para que se detenga la modificación del humedal. Remedi y Felisa Díaz, otra integrante de la ASAC, se reunieron el viernes con la diputada provincial Soledad Alonso (Fuerza Patria), a quien le transmitieron su preocupación. Alonso, oriunda del distrito que gobierna el proísta Sebastián Abella, manifestó: “Tenemos la responsabilidad de escuchar a quienes vienen defendiendo nuestro ambiente y de trabajar para que Campana se desarrolle de manera sustentable”.
Además, la empresa desarrollista afirma que se podrá acceder a las chacras a través de la ruta Panamericana. Esto implica la construcción del camino a través del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, afirman los ecologistas.
“A ese lugar, ahora, sólo se puede acceder por lancha. Ellos dicen que se va a poder llegar por Panamericana. La única manera de llegar por Panamericana es a través del parque”, señala Jorge Svaton, integrante de Vecinos del Humedal. “El parque nacional tiene tres áreas. Una de ellas es la de reserva estricta, donde no puede entrar absolutamente nadie. El camino debería cruzar precisamente por allí”.
Svaton es pesimista. “El municipio nunca contestó los pedidos de informes. La presentación judicial no avanzó porque el juez Adrián González Charvay no movió un dedo. Estamos teniendo reuniones con diputados, pero son muy cautelosos. Queremos reunirnos con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Pero no tengo mucha fe en las instituciones. Suelen ser rápidas para atender a los que vienen con una valija de dinero para invertir, pero no tanto para atender a los vecinos preocupados por el ecosistema”, dijo a La Tecla.
“Encima, en esta coyuntura, en la que a nivel nacional se están proponiendo leyes para entregar todo y no les importa el ambiente, los tipos se ven envalentonados, y están avanzando para quedarse con todos los territorios”, añadió.
Desde Brenna Desarrollistas declinaron la oferta de La Tecla para brindar su posición frente a los cuestionamientos. Tampoco en la Municipalidad de Campana fue posible obtener una respuesta por parte de los funcionarios.
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Denuncian avances ilegales y daños al patrimonio en las sierras de Tandil 

Fecha de Publicación: 24/08/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil volvió a denunciar intervenciones que, según sostiene, incumplen las normas que protegen el área serrana. El último caso fue registrado el 19 de agosto e incluye trabajos de desmonte, construcción y la destrucción de una pirca histórica.
El Plan de Desarrollo Territorial establece distintas restricciones según la altura. Desde los 200 metros sobre el nivel del mar, el sector rural está considerado Zona Natural Protegida, mientras que a partir de los 280 metros el territorio es catalogado como no urbanizable.
La organización sostiene que, pese a estas disposiciones, el avance de construcciones sobre las laderas se incrementó durante los últimos años. Según registros visuales, en 2010 la zona presentaba pocas edificaciones, mientras que para febrero de 2026 ya podían observarse alrededor de diez nuevas viviendas.
La situación más reciente fue detectada en un sector ubicado por encima de los 280 metros. Allí se realizaron tareas de desmonte y edificación que, de acuerdo con la Asamblea, afectaron una pirca, estructura de piedra considerada parte del patrimonio histórico y arqueológico local.
La protección de estas construcciones está contemplada tanto por una ordenanza municipal como por el propio Plan de Desarrollo Territorial.
Desde la organización cuestionaron la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos. “Los años van dejando cero respuestas y mucha impunidad”, señalaron los integrantes de la Asamblea.
Además, advirtieron que la expansión urbana sobre las sierras genera un impacto acumulativo sobre el paisaje y el ambiente.
Frente a este panorama, la Asamblea convocó a la comunidad a una presentación sobre la situación del área serrana. El encuentro será el jueves 27 de agosto, a las 18, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662, con entrada libre y gratuita.
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Prohibieron los loteos en las zonas incendiadas de Cafayate

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal QuePasaSalta
Provincia/Región: Salta


Luego del incendio forestal que puso en alerta a toda la provincia y arrasó importantes sectores de bosque nativo en Cafayate, la intendenta Rita Guevara firmó una resolución para impedir loteos, urbanizaciones y cambios en el uso del suelo de las zonas afectadas.
El incendio forestal registrado durante las últimas semanas en Cafayate no solo movilizó a brigadistas, bomberos y organismos de emergencia de toda la provincia, sino que también abrió un fuerte debate sobre el futuro de las tierras alcanzadas por el fuego.
En ese contexto, la intendenta Rita Guevara tomó una decisión que busca proteger los sectores afectados y evitar cualquier aprovechamiento económico de los terrenos incendiados.
A través de la Resolución Municipal Nº 179/26, el municipio prohibió autorizar loteos, urbanizaciones, emprendimientos inmobiliarios y modificaciones en el uso del suelo dentro de las áreas alcanzadas por el incendio.

Buscan evitar negocios sobre terrenos incendiados
La medida fue adoptada mientras la Justicia continúa investigando el origen del fuego y analiza si los incendios pudieron haber sido provocados de manera intencional.
El objetivo es impedir que un eventual delito ambiental termine beneficiando a quienes pretendan desarrollar proyectos inmobiliarios sobre superficies degradadas por las llamas.
La resolución también ordena a todas las áreas municipales vinculadas al planeamiento urbano, catastro, ambiente, obras públicas y habilitaciones abstenerse de otorgar permisos que contradigan las restricciones establecidas por la legislación nacional.

Crearán un registro especial
Otro de los puntos importantes de la normativa es la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales.
Este registro permitirá identificar, delimitar y proteger cada uno de los sectores dañados, además de solicitar a organismos provinciales y nacionales la georreferenciación técnica de las superficies alcanzadas por el fuego.

Proteger los bosques nativos
En los fundamentos de la resolución, la intendenta remarcó que la preservación de los bosques nativos constituye una política pública prioritaria por su importancia ambiental, turística, paisajística y económica para Cafayate.
También recordó que la Constitución Nacional establece el derecho de toda la población a vivir en un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural.

La investigación sigue abierta
Mientras avanza la causa judicial para determinar qué provocó el incendio, la decisión del municipio busca garantizar que las tierras afectadas sean recuperadas ambientalmente y no puedan destinarse a desarrollos inmobiliarios mientras continúen vigentes las restricciones previstas por la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
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La contaminación sonora afecta a miles de personas: las zonas más ruidosas de Buenos Aires 

Fecha de Publicación: 25/06/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: CABA


La contaminación sonora en Buenos Aires se convirtió en uno de los problemas ambientales más extendidos de la vida urbana. A diferencia de la contaminación del aire o la basura, el ruido no deja rastros visibles. Pero está presente todo el tiempo.
La Ciudad funciona las 24 horas. Tránsito permanente, actividad comercial, vida nocturna y obra pública generan un paisaje acústico intenso. Lo que durante años se consideró una consecuencia inevitable del crecimiento urbano hoy se revisa desde una perspectiva sanitaria más estricta, indica el periodista Andrés Sanguinetti en un articulo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
Especialistas, organismos internacionales y autoridades locales coinciden en un punto: la exposición prolongada a niveles elevados de sonido tiene efectos concretos sobre la salud y la calidad de vida, desde trastornos del sueño hasta problemas cardiovasculares.

Una ciudad que nunca frena: 3 millones de residentes y el doble en movimiento
Buenos Aires tiene alrededor de tres millones de habitantes. Pero su dinámica diaria involucra casi el doble de personas si se cuenta el flujo desde el Área Metropolitana.
Tal como informó EconomiaSustentable.com, trabajadores, estudiantes, turistas y visitantes se desplazan todos los días hacia oficinas, universidades, centros comerciales y espacios culturales. Este movimiento masivo genera una presión constante sobre calles, avenidas, autopistas y transporte público.
El sistema opera al límite de su capacidad en determinados horarios. La circulación de vehículos se intensifica y, con ella, el nivel de ruido general. La convivencia entre zonas residenciales y áreas de actividad económica amplifica la exposición acústica.
El resultado es una ciudad altamente productiva, pero sometida a una tensión ambiental constante. El ruido aparece como una de las expresiones más claras de esa intensidad, añade la nota de EconomiaSustentable.com.

El tránsito vehicular: la principal fuente de ruido urbano
Diversos estudios coinciden: el tránsito vehicular es la principal fuente de contaminación sonora en la Ciudad. Automóviles particulares, colectivos, motos, camiones de reparto y servicios de transporte configuran una red de circulación que se extiende durante todo el día y parte de la noche.
El Mapa Estratégico de Ruido elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA) muestra que los niveles más altos se concentran en avenidas principales, corredores de alto flujo y autopistas urbanas. Estas zonas coinciden con los puntos de mayor densidad vehicular.
A esto se suma un parque automotor significativo. Las estimaciones indican que entre 1,5 y 1,8 millones de vehículos transitan diariamente por la ciudad, incluyendo los que ingresan desde el conurbano bonaerense. Esa cifra explica la magnitud del fenómeno acústico.
Una investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo reveló que el 93% de los encuestados identifica al tránsito como la principal fuente de ruido urbano. El mismo estudio señala que obras en construcción, actividades nocturnas y espacios de entretenimiento aparecen como factores secundarios, aunque cada vez más relevantes.

Qué barrios están más expuestos al ruido constante
La contaminación sonora no afecta de manera uniforme a toda la ciudad. Existen zonas donde la combinación de tránsito intenso, actividad comercial y alta densidad poblacional genera niveles de ruido superiores al promedio, destaca la nota publicada en EconomiaSustentable.com.
Entre los sectores más afectados se destacan:
- Microcentro y área financiera: convergen oficinas, transporte y actividad económica concentrada
- Palermo: fuerte desarrollo gastronómico y vida nocturna intensa
- Recoleta y Barrio Norte: atravesados por avenidas de alto tránsito
- Belgrano: especialmente el corredor de avenida Cabildo, con circulación constante de vehículos y transporte público
- Almagro y Balvanera: atravesados por arterias de gran flujo como Rivadavia o Corrientes
- Villa Crespo y Chacarita: incremento del ruido asociado al crecimiento gastronómico
- Caballito, Núñez y Villa Urquiza: desarrollo inmobiliario y expansión de construcciones
Las avenidas Corrientes, Santa Fe, Rivadavia, Cabildo, Juan B. Justo y la 9 de Julio se consolidan como algunos de los corredores con mayor presión sonora de toda la ciudad.

Qué dice la OMS sobre el impacto del ruido en la salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la contaminación sonora dentro de los factores ambientales que afectan la salud pública. Según sus estudios, la exposición prolongada a ruidos elevados puede generar trastornos del sueño, estrés, dificultades de concentración y problemas cardiovasculares.
Uno de los aspectos centrales es que el daño no depende únicamente del volumen del sonido. También influyen su duración, frecuencia y momento de ocurrencia. En este sentido, el ruido nocturno resulta especialmente perjudicial, ya que interfiere con los ciclos de descanso y recuperación del organismo.
Además, la OMS advierte que la contaminación acústica tiene una dimensión social. No todas las personas están expuestas en las mismas condiciones. Quienes viven cerca de avenidas, zonas de entretenimiento, corredores logísticos o áreas con obras permanentes suelen estar más expuestos que el resto de la población.
En una ciudad donde la convivencia entre actividades residenciales, comerciales e industriales ocurre en distancias muy reducidas, el problema se vuelve estructural.

Más allá del tránsito: obras, gastronomía y logística que suman ruido
El ruido urbano en Buenos Aires proviene de múltiples fuentes que se combinan entre sí. Las obras en construcción son una de las principales, especialmente en barrios donde el crecimiento inmobiliario fue acelerado en los últimos años.
Demoliciones, excavaciones y uso de maquinaria pesada generan niveles de sonido elevados y prolongados. En algunos casos, esas obras se extienden durante meses o años, afectando la rutina de vecinos cercanos.
El sector gastronómico y de entretenimiento también contribuye de manera significativa. Bares, restaurantes, locales nocturnos y eventos masivos generan actividad intensa en determinados barrios, especialmente en Palermo, Villa Crespo, Chacarita y San Telmo.
Si bien estas actividades impulsan el empleo y la economía local, también generan conflictos vecinales vinculados al ruido, los horarios y la circulación de personas.
Otro factor en crecimiento es la logística urbana. El aumento del comercio electrónico incrementó la circulación de vehículos de reparto y distribución dentro de la ciudad, lo que suma nuevas fuentes de ruido en horarios extendidos.

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Islas de calor urbano: la ciencia mapea cómo el AMBA hierve por dentro

Fecha de Publicación: 18/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires


Un estudio en Nature con participación del CONICET y la UBA analizó 41 megaciudades del mundo. El AMBA está entre ellas. En verano, sus zonas más densas pueden superar en 3 °C a las áreas rurales.
Que en las ciudades hace más calor que en el campo es un hecho conocido. Lo que no se sabía con precisión es cuánto más calor, dónde exactamente, cómo varía según la morfología urbana y qué pasará a medida que el cambio climático siga acelerando. Esas preguntas son las que aborda un trabajo publicado en la revista npj Urban Sustainability, de la editorial Nature, con participación de investigadores del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, UBA-CONICET) y el Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos (IFAECI).
El resultado es el primer análisis global que logra representar explícitamente megaciudades, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires, en simulaciones climáticas regionales.
Por primera vez, modelos climáticos globales logran representar megaciudades como Buenos Aires y muestran cómo el diseño urbano, la densidad y la desigualdad territorial amplifican el calor extremo barrio por barrio.
El contexto demográfico hace urgente el ejercicio. Según datos de Naciones Unidas, más del 50 por ciento de la población mundial vive en ciudades, y se estima que esa cifra trepará al 70 por ciento para el año 2050. En Argentina, el caso es aún más extremo: el 91 por ciento de las personas ya habita en ciudades hoy. En ese escenario, entender cómo el calor extremo impacta en los entornos urbanos no es un ejercicio académico. Es una cuestión de salud pública y planificación territorial.
Tal como expresa en Nex Ciencia Luis Muñoz, becario doctoral en el CIMA-IFAECI, "los impactos más fuertes del cambio climático relacionados con la temperatura se van a sentir principalmente en las ciudades". Y sin embargo, los modelos climáticos globales históricamente las ignoraron: las ciudades, siendo geográficamente pequeñas a escala planetaria, no aparecían representadas en las simulaciones de gran escala. El nuevo trabajo cierra esa brecha.

41 megaciudades bajo la lupa: el AMBA entre las elegidas
El estudio utilizó dos modelos climáticos regionales del proyecto CORDEX, una iniciativa del World Climate Research Programme, con una resolución aproximada de 25 kilómetros, suficiente para detectar la huella urbana de las ciudades más grandes del mundo.
En simulaciones climáticas regionales, se logró detectar 41 áreas urbanas a nivel mundial, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Es la primera vez que el AMBA queda representada explícitamente en un análisis climático global de estas características.
El fenómeno central que se estudió es la isla urbana de calor: el efecto por el cual los materiales de la ciudad, asfalto, cemento, hormigón, absorben y retienen calor de manera diferente al suelo natural, elevando las temperaturas urbanas por encima de las rurales.
Sobre Buenos Aires, el estudio observa que, en los meses de verano, la isla urbana de calor puede alcanzar los dos o tres grados centígrados por encima del área rural. En el contexto de una ola de calor, esa diferencia no es un dato menor: puede ser la diferencia entre lo tolerable y lo letal para poblaciones vulnerables.
Tal como señala el investigador Lluís Fita, del CIMA y el IFAECI, los modelos climáticos han avanzado desde cuadrículas que agrupaban de 50 a 100 kilómetros hasta lograr el alcance de un kilómetro, lo que "permite ver fenómenos que ocurren a una escala más pequeña, como la sombra que producen los edificios o el impacto de un parque". Una resolución que transforma al modelo en una herramienta de política urbana concreta.

Dentro del AMBA: no todos los barrios sienten el mismo calor
El aporte local del equipo argentino va más allá de estar en el mapa. A partir del trabajo internacional, el grupo del CIMA-IFAECI publicó un segundo artículo con hallazgos específicos sobre la diversidad climática interna del Área Metropolitana de Buenos Aires. La conclusión es directa y con implicancias de justicia ambiental: el calor no se distribuye de forma homogénea dentro de la misma ciudad.
"Una ola de calor no se percibe del mismo modo en la zona de Ciudad Universitaria, al lado de la reserva natural, que en la Villa 31, que presenta una alta densidad poblacional y edilicia con pequeños pasadizos que no permiten mucha circulación de aire", plantea Muñoz. El equipo incorporó al modelo tipologías urbanas que incluyen villas y asentamientos, para cuantificar si una ola de calor podría ser más severa en determinadas zonas que en otras, y comprender los procesos físicos que lo explican.
Tal como detalla la investigadora Andrea Carril, codirectora de la tesis doctoral de Muñoz: "Si antes contábamos con una proyección de cambio climático donde un mismo píxel cubría toda la ciudad, esa proyección se aplicaba por igual a todo el píxel. Estos trabajos permiten ir bajando la escala y sumar complejidades". Traducido: las políticas de adaptación climática diseñadas a partir de promedios urbanos pueden ser ineficaces, o incluso inequitativas, si ignoran la heterogeneidad interna de las megaciudades.
El análisis de sensibilidad del modelo reveló que los parámetros morfológicos, la altura de los edificios y el ancho de las calles, son los que causan mayor impacto en la temperatura urbana simulada. Un dato que tiene consecuencias directas para el diseño urbano: las decisiones sobre densificación, altura máxima de construcción y trazado de avenidas no son solo estéticas o económicas. Son decisiones climáticas.
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Los animales y la naturaleza comienzan a incidir en la construcción de rutas y autopistas en la Argentina

Fecha de Publicación: 14/05/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Dos provincias suman pasos especiales a las licitaciones para diversas trazas para contribuir a disminuir los casos de atropellamiento de animales y a una mayor seguridad para conductores
La iniciativa de dos provincias para incorporar pasafaunas a las licitaciones públicas para obras en rutas y autopistas reveló cómo los ecosistemas del país comienzan a ser considerados para integrarlos a grandes obras de infraestructura.
A los reconocidos pasafaunas aéreos implementados en la ruta nacional 101 en Misiones, conocidos como “ecoductos”, ahora se suman medidas similares en Santa Fe y en Buenos Aires. Cada territorio diseña e implementa este tipo de estructuras adaptadas a las especies y territorios que hay en cada región.
Desde el año pasado, Santa Fe incorporó a las licitaciones públicas de distintas rutas y autopistas provinciales la obligatoriedad de construir pasafaunas. A esa provincia se suma Buenos Aires, que a través de una nueva repartición interna en Aubasa se implementaron lineamientos para incorporar estas opciones a los trabajos que se ejecuten en las rutas 2, 6 y 11.

Atropellamiento de fauna
El común denominador de estas acciones tiene al usuario como eje, pero se implementa desde una problemática que afecta, principalmente, a la fauna: los atropellamientos de animales que además de representar un peligro para ejemplares autóctonos, deriva en un potencial riesgo de vida para los automovilistas.
En 2025, Santa Fe conformó un equipo de trabajo para intentar disminuir el atropellamiento de fauna en rutas y autopistas provinciales. Según el registro que lleva adelante la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) y que cuenta con datos actualizados a noviembre de 2025, la provincia se ubica como la segunda jurisdicción con más casos en el país. Buenos Aires no escapa a esa realidad: se ubica apenas un puesto por debajo de Santa Fe en el listado nacional elaborado por la Ramfa.
Actualmente, el Ministerio de Ambiente santafesino lleva adelante un programa denominado Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (Amaf) para identificar zonas sensibles a la problemática y actuar en consecuencia. Cinco de los once corredores contemplados en las Amaf involucran a los tres departamentos con más casos registrados.
Los registros en la provincia se incrementaron desde que personal del Ministerio de Ambiente empezó a colaborar con la Ramfa en el aporte de información y datos para el mapa y las modificaciones propuestas por la mesa de trabajo llegan hasta los planos que se destinan a diagramar las obras, explicó a TN el director de la Delegación Centro del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, Mauro Pergazere: “Hicimos un relevamiento de puentes y alcantarillas para constatar que esos espacios son seguros para la fauna. La idea es generar una adaptación para que los animales tengan un paso seco, incluso en épocas de crecidas”.
De ahora en más, dijo Pergazere, “toda nueva obra vial en rutas en las que se pongan alcantarillas se va a hacer con un nuevo modelo constructivo, que contempla pasos secos con una pasarela para que los animales puedan pasar igual”.
El norte de la provincia es parte del hábitat de monos como el carayá o el coatí, por lo que también se sumaron pasafaunas aéreos, como ya existen en Misiones, en puentes cercanos a la localidad de Villa Ocampo.

Seguridad para los usuarios
La provincia de Buenos Aires, tercera en el listado nacional de la Ramfa con mayor cantidad de animales atropellados, implementó una Gerencia de Sustentabilidad dentro de Aubasa para dotar criterios ambientales al sistema de autopistas bonaerenses, explicó a TN el titular del área, Sergio Federovisky.
“Se debe diseñar cada paso de fauna para poner en práctica en cada traza. No es lo mismo plantear esto en la autopista Buenos Aires-La Plata que sobre la ruta 2”, explicó.
El funcionario detalló que las rutas elegidas para implementar este tipo de infraestructura son las 2, 6 y 11, porque tienen “bastante tránsito de especies de fauna autóctona: comadrejas, zorros, liebres y pequeños reptiles”.
Y agregó: “Esto permite que la fauna evite la autopista como un obstáculo para su desplazamiento. Pero tenemos que contemplar al usuario de la traza, por lo tanto en lo primero que pensamos es en evitar el atropellamiento tanto por riesgos para el usuario como para los animales”.
Federovisky señaló que incorporar este tipo de facilidades sólo requiere de planificación y que no implica mayores obstáculos: “No es una gran infraestructura, sólo hay que considerar el tema y tenerlo incluido en planificación de una ruta o autopista. Es sencillo ponerlo en práctica”.

Soluciones basadas en naturaleza
La naturaleza, a través de estas iniciativas, empieza a mostrar su faceta como pieza clave en el diseño de grandes obras de infraestructura y pasa a ser considerada con los mismos criterios técnicos y económicos que una obra civil, indicó a TN Cynthia Goytia, directora de la Maestria en Economia Urbana y del Centro de Investigación de Políticas Urbanas y de Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella.
“En las últimas dos décadas, la planificación urbana incorporó de manera creciente un enfoque que reconoce a los ecosistemas (humedales, corredores fluviales, arbolado, biodiversidad urbana), no como elementos decorativos o residuales del territorio sino como infraestructura funcional del desarrollo”, explicó. Este tipo de intervenciones se denominan “Soluciones basadas en naturaleza” (SBN) y están pensadas para “reorientar la planificación del territorio”.
La especialista marca que la propia Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una de las principales referencias a nivel mundial en el monitoreo de la biodiversidad, indica que las SBN buscan proteger ecosistemas para que se generen beneficios tanto para los humanos como para el ambiente.
“Argentina presenta una situación heterogénea, con experiencias acumuladas en distintos contextos ecológicos y escalas de gobierno. El antecedente más temprano y consistente es el de Misiones, provincia pionera en la integración de criterios ecológicos en infraestructura vial”, expresó Goytia.
La manera en la que se están pensando las ciudades atraviesa un período de transformación, consideró la investigadora, pero de una manera desigual. Este tipo de proyectos para licitar rutas y autopistas con nuevos componentes, junto a otras iniciativas como la gestión de áreas naturales alrededor de los centros urbanos, son “oportunidades concretas” para avanzar en ese cambio de paradigma.
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