Denuncian “groseros errores” en el estudio que habilitó la caza de patos autóctonos en Entre Ríos

Profesionales de Gualeguay piden anular el informe financiado por el sector cinegético que sirvió de base a la Resolución 100/2026, y reclaman nuevos estudios a cargo de instituciones independientes.

La temporada de caza de patos en Entre Ríos terminó el 23 de agosto, pero la discusión sobre su legitimidad sigue abierta. Un grupo de profesionales de Gualeguay denunció que el estudio poblacional usado para habilitar la caza de aves autóctonas contiene “groseros errores técnicos y estadísticos” y pidió que se declare su nulidad.
La presentación administrativa fue realizada ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia, el organismo que autorizó la temporada mediante la Resolución 100/2026, y tramita bajo el expediente 3453784. Los denunciantes, entre ellos un médico y un biólogo, solicitan además una revisión de oficio de la resolución y nuevas evaluaciones científicas sobre las especies involucradas. La organización ambientalista Ceydas fue la encargada de exponer públicamente el caso.

Un estudio pagado por el sector
El documento cuestionado es un informe de campaña elaborado por un equipo privado de monitoreo de fauna silvestre, por encargo de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético, una entidad vinculada al sector que se beneficia con la actividad. Ese trabajo evaluó las poblaciones de cuatro especies de patos autóctonos, entre ellas el pato picazo y el pato brasilero.
Según el informe técnico que acompaña la denuncia, el estudio presenta “al menos diez vicios graves”. Entre los señalamientos figura que se contaron ejemplares que no se veían, bajo el supuesto de que estaban ocultos en la vegetación, que la probabilidad de detección de las aves fue mal estimada y que la cantidad de muestreos no alcanza para que los modelos estadísticos sean confiables. Los denunciantes también objetan la selección de escalas espaciales, un período de muestreo demasiado acotado y el uso de datos que no cumplirían los requisitos del método aplicado. En uno de los casos, dos especies con abundancias estimadas diferentes aparecen con el mismo rango superior de cálculo.

Sin control sanitario ni independencia
La denuncia advierte además que el estudio no incluyó una evaluación sanitaria, a pesar de los riesgos asociados a patógenos zoonóticos como la influenza aviar y a la exposición al plomo de las municiones. Y apunta a un problema de fondo: la falta de independencia. El relevamiento fue realizado por organizaciones vinculadas a la promoción de la caza y no intervino ningún organismo técnico oficial de la provincia.
Ese punto quedó expuesto dentro del propio expediente. Según la documentación difundida, el asesor legal de la Dirección, Luciano Emanuel Campos, señaló que no se puede avanzar sin un estudio propio del área de Fauna y Flora, mientras que el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Francisco Zárate, derivó la cuestión a la cámara de turismo cinegético, ya que el área técnica indicó no haber participado del trabajo.
El pedido de medida cautelar quedó en abstracto con el cierre de la temporada, y el expediente llegó a octubre sin resolución. Los denunciantes reclaman que un nuevo estudio poblacional y sanitario quede a cargo de instituciones independientes como la Universidad Nacional de Entre Ríos, el INTA o el Conicet, con al menos cuatro réplicas temporales por sitio y una escala espacial definida. Invocan el principio precautorio de la Ley General del Ambiente y el derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Una disputa que vuelve cada año
La caza de patos autóctonos en Entre Ríos acumula años de conflicto. En julio de 2022, la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial provincial frenó la caza del pato picazo, el sirirí pampa, el sirirí colorado y el pato capuchino, al considerar que el gobierno carecía de estudios que justificaran la medida. El amparo había sido presentado por Ceydas, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres.
En abril de este año, Ceydas, Conciencia Animal, Ecoguay y Arroyo Perucho Salvaje reclamaron poder exponer en igualdad de condiciones que el sector cinegético en la audiencia pública convocada en Victoria para decidir la apertura de la temporada 2026. Además, organizaciones ambientalistas y de protección animal mantienen una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización provincial de la caza de aves autóctonas.
Hasta el momento, ni el gobierno entrerriano ni los autores del estudio respondieron públicamente a los cuestionamientos.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Agencia AIM Digital, Diario Junio, Portal Era Verde

Los arroyos Crespo y El Espinillo vuelven a teñirse de rojo y vecinos señalan al parque industrial

La Red Cuenca Las Conchas constató una nueva coloración rojiza en dos arroyos de Entre Ríos, junto a la descarga de las piletas de tratamiento de Crespo. Denuncia que ocurre cada octubre desde hace tres años y que solo dos de las ocho industrias del parque industrial tienen certificado ambiental. Hay una denuncia presentada ante la Secretaría de Ambiente, sin respuesta oficial por ahora.

Los arroyos Crespo y El Espinillo volvieron a verse teñidos de rojo, según alertó la Red Cuenca Las Conchas tras una constatación a campo el 1 de octubre, con fotos y videos. Integrantes de la organización siguieron el rastro hasta la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la ciudad de Crespo. Los dos cursos desembocan en el arroyo Las Conchas, en el departamento Paraná. La Red sostiene que el episodio se repite cada octubre desde hace tres años.

Qué denuncia la Red
La organización presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y espera respuesta. Según Era Verde, la Secretaría estaba al tanto y habría hecho un recorrido y un muestreo, algo que no pude confirmar por otra vía. La sospecha apunta al Parque Industrial de Crespo y a un posible desborde de las piletas de tratamiento de efluentes, aunque la Red no presenta una conclusión definitiva, sino una repetición y un punto de descarga. Un informe municipal de diciembre de 2025 indica que ocho industrias del parque vuelcan efluentes tratados al sistema cloacal municipal, y solo dos cuentan con certificado ambiental. La Red pide regularizar la situación y poner fin a los vertidos en unos arroyos que describe como fuente de vida, trabajo y esparcimiento. También reconoce que las autoridades municipales respondieron siempre a sus consultas, pero dice que la persistencia del problema le genera preocupación e impotencia.

Por qué los controles no lo detectan
La Red cita un informe científico publicado en julio, "Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas". Según su lectura, los monitoreos convencionales y escasos no captan los pulsos de contaminación breves pero intensos, que se producen cuando los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales desbordan con las lluvias y arrastran lo acumulado de una sola vez. Por eso va a pedir reuniones con las industrias del sector y el diseño participativo de un monitoreo adecuado para la cuenca.

Qué se sabe y qué no
Ninguna de las fuentes informa qué sustancia produce el color rojo, ni hay resultados de laboratorio del agua. Tampoco aparecen datos sobre posibles efectos en la salud de quienes usan los arroyos para trabajar o recrearse. Esos resultados, de los muestreos que habría hecho la Secretaría de Ambiente, son el dato clave que falta. No encontré declaraciones del municipio de Crespo ni de las industrias del parque.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Diario Uno Entre Ríos, Portal Elonce

Protestaron contra el fallo que redujo los límites para fumigar cerca de viviendas

Familias de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera se manifestaron frente a los Tribunales de Paraná contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia que anuló la distancia de resguardo de 1.095 metros para fumigar cerca de sus viviendas, mientras un investigador del Conicet remarcó que la evidencia científica que sustentó esa distancia sigue vigente.

Vecinos de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera protestaron frente a Tribunales de Paraná contra el fallo que redujo los límites para fumigar cerca de viviendas y dejó sin efecto medidas de protección que, según explicaron, habían sido reconocidas en cuatro resoluciones anteriores. Entre los manifestantes estuvieron Ariel Gareis y Gimena Rosso, quienes habían participado de los amparos presentados para impedir las pulverizaciones con agroquímicos en las inmediaciones de sus domicilios. Las familias reclamaron que se restablezca la distancia de 1.095 metros y anticiparon que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que el caso sea revisado. "Queremos manifestarnos por las medidas de seguridad que nos sacaron. Teníamos un amparo de 1.095 metros que nos resguardaba de las pulverizaciones", explicó Gareis.

Una niña con daño genético
Gareis relató que su hija, de 10 años, tiene un daño genético acreditado mediante estudios médicos: "notaba que cada vez que pulverizaban, cuando había mucho olor, la nena se descomponía. Empecé a averiguar y terminamos viajando a Córdoba para hacerle un estudio de daño genético". El análisis confirmó alteraciones genéticas, y estudios posteriores realizados en Paraná no permitieron descartar la exposición a agroquímicos como posible factor. Los amparistas expresaron además que la decisión judicial los dejó expuestos a nuevas aplicaciones: uno de los productores ya notificó que realizaría una pulverización con un producto de banda azul, con un plazo de apenas 48 horas de aviso previo. "Para nosotros significa que en breve nos van a estar fumigando nuevamente. Nos quitaron las medidas de protección que habíamos ganado en cuatro sentencias anteriores", sostuvo Rosso.

"Un cambio jurídico, no científico"
En paralelo a las protestas, el investigador del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral Rafael Lajmanovich remarcó que el fallo no invalida la evidencia científica detrás de la distancia de resguardo. "Una sentencia puede cambiar el marco jurídico, pero no puede cambiar los resultados científicos", sostuvo el especialista, quien lideró un estudio publicado en la revista internacional Water Environment Research sobre la cuenca del arroyo Salto. Ese trabajo, con muestreos realizados en marzo de 2022 cerca de Aldea Brasilera, halló 26 agrotóxicos junto con concentraciones de cobre, zinc y plomo que superaron los límites legales fijados por la Ley de Residuos Peligrosos para la protección de la vida acuática. Las pruebas de exposición mostraron letalidad en larvas expuestas al agua y los sedimentos, y alteraciones en biomarcadores de neurotoxicidad. "Los 1.095 metros no salieron de la nada: fueron la distancia de resguardo que el STJ estableció en 2024 sobre evidencia científica", explicó Lajmanovich, y remarcó que "no se conoce estudio alguno con evidencias demostrables que avale como seguro el fumigar a distancias menores".

De la sentencia de 2024 al nuevo fallo
En 2024, la Comuna de Colonia Ensayo había promovido una acción de amparo ambiental que derivó en resoluciones respaldadas en evidencia científica -incluido el informe de Lajmanovich- y en el dictamen de una médica forense que advirtió sobre riesgos de disrupción endocrina, malformaciones, déficit neurológico y cáncer asociados a la exposición a pesticidas. En esa oportunidad, la Justicia había aplicado el principio precautorio, el principio de prevención, el criterio in dubio pro natura y la Convención sobre los Derechos del Niño. El nuevo fallo del STJ, en cambio, rechazó los amparos del barrio Tierra Alta y de la familia de Aldea Brasilera, con el argumento de que no correspondía establecer judicialmente un régimen distinto al de la Ley provincial 11.178 sin una declaración previa de inconstitucionalidad.

Costas y próximos pasos
Los manifestantes también rechazaron que la sentencia les hubiera impuesto las costas del proceso, algo que interpretaron como una forma de desalentar nuevos reclamos: "esta sentencia es una medida de castigo porque, además, impusieron las costas a las partes. Quieren que hagamos silencio, pero no lo vamos a aceptar", sostuvo Rosso. Las familias solicitaron al juzgado que revise la resolución y mantenga las medidas de protección mientras avanza el trámite, y adelantaron que apelarán ante tribunales nacionales e internacionales. "No puede ser que en cuatro sentencias anteriores se haya considerado perjudicial fumigar a menos de 1.095 metros y ahora se sostenga que hacerlo a 10 metros es inofensivo", planteó Rosso, mientras el reclamo judicial continúa abierto en los tribunales entrerrianos.


Fecha de Publicación: 28/09/2026
Provincia/Región: Entre Ríos 
Fuentes Consultadas: Elonce, APFDigital

Focos ígneos en las islas frente a San Pedro y Baradero generan densas columnas de humo que afectan la visibilidad y la salud pulmonar


Informes de ecología de humedales y física de la combustión analizan los focos detectados por el sistema de monitoreo satelital en las islas del curso medio e inferior.

Nuevos focos de incendio en el Delta del Paraná arrasaron unas 1.200 hectáreas en las islas jurisdiccionales de Entre Ríos, localizadas frente a las costas bonaerenses de San Pedro y Baradero. Las ráfagas de viento desplazaron una densa nube de humo y material particulado sobre la ruta nacional 9 y los cascos urbanos vecinos, deteriorando de forma aguda la calidad del aire respirable. Las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, junto con bomberos voluntarios y el apoyo de aviones hidrantes, despliegan operativos en terreno para sofocar las llamas en una zona donde la escasez de lluvias y el bajo nivel hidrométrico del río Paraná convierten a la vegetación en un combustible altamente inflamable.

Ecología del fuego, biomasa disponible y emisión de material particulado
La propagación de incendios en los humedales responde a la acumulación extrema de biomasa vegetal seca y combustible. La mortandad de pajonales de junco y cortadera por efecto de la sequía cíclica crea una capa continua de materia orgánica de combustión rápida. Al arder, este material genera humo denso cargado de partículas finas (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles que penetran profundamente en el sistema respiratorio humano, agravando cuadros de asma y bronquitis. Asimismo, la combustión profunda o fuego de turba destruye la capa orgánica del suelo, consumiendo el banco de semillas nativas y matando la microfauna edáfica, lo que altera de manera irreversible la capacidad del humedal para almacenar carbono y filtrar contaminantes.
Variables ecológicas e hidrológicas que aceleran el riesgo de fuego:
- Estrés hídrico de la biomasa: Reducción drástica del porcentaje de humedad foliar en vegetación palustre.
- Emisión de material particulado fino (PM2.5): Dispersión de partículas respirables suspendidas por corrientes térmicas.
- Degradación del perfil del suelo: Destrucción de la materia orgánica profunda por fuegos subterráneos o de baja velocidad.

Evaluación institucional y fiscalización de los humedales
Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hacen un seguimiento satelital mediante los sensores VIIRS y MODIS para cuantificar la densidad de anomalías térmicas en la cuenca. Los reportes técnicos emitidos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes señalan la necesidad de mantener el patrullaje continuo de guardafaros y brigadistas para prevenir la reactivación de focos intencionados vinculados al manejo de pasturas.

Protección efectiva del ecosistema de humedales
Extinguir los fuegos en el Delta y mitigar el impacto del humo en las poblaciones costeras exige coordinar el trabajo interjurisdiccional entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana e implementar programas de manejo sustentable del fuego en humedales resulta indispensable para proteger la biodiversidad y garantizar la seguridad pública en el corredor del Paraná.


Fecha de Publicación: 19/09/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes originales consultadas: La Nación, Clarín, Infobae, Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)
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Ratifican que localidades agrícolas de Santa Fe y Entre Ríos sufren un incremento del 32 % en la mortalidad pediátrica por cáncer


Estudios epidemiológicos y de salud comunitaria advierten sobre la correlación entre la exposición crónica a plaguicidas y la incidencia de patologías oncológicas en la población pediátrica rural.

Un preocupante hallazgo científico enfocado en la salud ambiental del corazón productivo argentino ha sido difundido por el portal especializado Noticias Ambientales: investigaciones epidemiológicas realizadas en localidades agrícolas del sur de la provincia de Santa Fe y del suroeste de Entre Ríos revelaron un incremento del 32 % en el riesgo de mortalidad por cáncer en niños y jóvenes respecto de la media nacional. Las evaluaciones —desarrolladas por equipos de investigación universitaria y de salud comunitaria mediante el análisis de campamentos sanitarios y registros de defunción locales— vinculan esta anomalía estadística con la exposición ambiental directa e indirecta a mezclas de agroquímicos. La proximidad de las viviendas y escuelas rurales a los lotes de producción extensiva donde se aplican herbicidas, insecticidas y fungicidas configura un escenario de alta exposición para las poblaciones vulnerables.

Exposición sistémica, vulnerabilidad pediátrica y deriva ambiental
El informe epidemiológico resalta que los niños y adolescentes presentan una vulnerabilidad fisiológica significativamente mayor frente a los xenobióticos debido a sus tasas de absorción metabólica, la inmadurez de sus sistemas de detoxificación hepática y renal, y un patrón de desarrollo celular activo. En estas regiones de la "zona núcleo" pampeana, la exposición no ocurre de forma aislada a una única sustancia química, sino mediante una combinación continuada de múltiples formulados a través de la deriva primaria y secundaria de la pulverización, la inhalación de polvo atmosférico impregnado y el consumo de agua subterránea contaminada con metabolitos de plaguicidas. La presencia recurrente de moléculas clasificadas como posibles o probables carcinógenos humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en muestras ambientales de estas comunidades reaviva la urgencia de discutir los límites de la producción con base en insumos sintéticos.
Para desglosar las variables epidemiológicas y los factores de riesgo identicados en la investigación, se destacan los siguientes puntos clave:
- Asociación espacial y temporal: Elevada incidencia de tumores del sistema nervioso central, leucemias y linfomas en localidades rodeadas por cultivos transgénicos intensivos.
- Deriva de largo alcance y contaminación hídrica: Presencia de residuos de glifosato, AMPA, atrazina y clorpirifós en napas freáticas y agua de lluvia en entornos escolares.
- Insuficiencia de las franjas de amortiguamiento: Las normativas locales que permiten fumigaciones a menos de 500 metros de las plantas urbanas resultan ineficaces para proteger la salud infantil.

Demandas de intervención judicial y aplicación del principio de precaución
La repercusión mediática de estos datos durante los últimos días ha reavivado los reclamos de colectivos médicos, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas ante las Cortes Supremas provinciales y el Poder Judicial de la Nación. Se exige la inmediata aplicación del Principio de Precaución consagrado en la legislación ambiental argentina, lo que implicaría ordenar distancias mínimas de exclusión de 1.000 a 1.500 metros para las aplicaciones de fitosanitarios alrededor de cascos urbanos y escuelas rurales, así como la implementación obligatoria de un registro epidemiológico unificado y transparente en tiempo real.

Una prioridad sanitaria ineludible para el modelo productivo
La ratificación periodística sobre el aumento del riesgo de cáncer infantil en Santa Fe y Entre Ríos demuestra que la producción agrícola no puede desligarse del resguardo de la salud humana. Garantizar la vida y la integridad de las poblaciones rurales exige decisiones regulatorias firmes que prioricen los derechos fundamentales por sobre las presiones del sector agroquímico.


Fecha de Publicación: 14/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos 
Fuentes originales consultadas: Agencia Télam, Noticias Ambientales, Instituto de Salud Socioambiental (FCM / UNR), Red de Salud de Pueblos Fumigados

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Detectan nuevos focos de incendio en las islas del Delta del Paraná frente a las costas de San Nicolás y Ramallo


Brigadistas y guardaparques monitorean el avance del fuego sobre el ecosistema insular, mientras el humo afectó la visibilidad en las rutas de la zona y encendió las alarmas ambientales.

Una nueva alerta por emergencia ambiental se ha encendido en la región del Bajo Paraná tras la detección de múltiples focos de incendio activos sobre la zona de islas del Delta, puntualmente frente a las jurisdicciones bonaerenses de San Nicolás y Ramallo. Según reportes difundidos por el medio regional La Provincia En Vivo y la red de monitoreo de la zona norte bonaerense, las columnas de humo originadas por la quema descontrolada de pastizales han vuelto a extenderse sobre el corredor fluvial, comprometiendo la calidad del aire de las poblaciones costeras y generando severos riesgos para la seguridad vial en la Ruta Nacional 9 debido a la escasa visibilidad. Las altas temperaturas, la acumulación de biomasa seca y la persistente bajante del río Paraná conforman un escenario propicio para que los incendios intencionales se propaguen rápidamente sobre la vegetación nativa.

Degradación del humedal, humo tóxico y pérdida de biodiversidad
La reaparición del fuego en el Delta del Paraná reaviva el histórico conflicto socioambiental por la quema no autorizada de pastizales orientada a la renovación del suelo para actividades de ganadería extensiva o emprendimientos inmobiliarios. La acción repetida del fuego en estos humedales destruye la vegetación de pajonales y albardones que actúa como hábitat de anfibios, aves y mamíferos silvestres (como el carpincho y el ciervo de los pantanos, especie declarada Monumento Natural). Asimismo, la combustión de materia orgánica en los suelos de turba genera emisiones masivas de humo cargado de cenizas y monóxido de carbono, afectando de manera directa la salud respiratoria de los habitantes de las ciudades ribereñas de Buenos Aires y Santa Fe.
Para desglosar los ejes centrales de la contingencia y los desafíos en la gestión de incendios en el Delta, se destacan los siguientes puntos:
- Impacto en el ecosistema e ídem biológico: Pérdida de biodiversidad nativa y alteración irreversible de las funciones filtradoras del humedal.
- Afectación a la salud urbana y la transitabilidad: Riesgo vial elevado por visibilidad nula en rutas nacionales y afecciones respiratorias agudas en poblaciones linderas.
- Dificultad de combate por accesibilidad: La presencia de riachos secos y terraplenes dificulta el despliegue del personal de bomberos y brigadistas terrestres, requiriendo apoyo de aviones hidrantes.

Operativos de contención y demanda de sanciones penales
Frente a la reactivación de las llamas, efectivos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), junto con defensas civiles provinciales y brigadistas de la Prefectura Naval Argentina, han iniciado operativos de combate aéreo y terrestre para circunscribir las áreas afectadas. Por su parte, intendentes de la región costera e intendencias de parques nacionales exigieron a la Justicia Federal que identifique mediante monitoreo satelital las parcelas catastrales donde se inician los focos ígneos para aplicar sanciones penales y financieras rigurosas a los propietarios que recurren al uso ilegal del fuego en zonas declaradas de reserva o protección hídrica.

Urgencia de una tutela efectiva sobre el Delta del Paraná
La persistencia de los incendios en las islas del Delta pone de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con controles permanentes y presencia efectiva de los organismos de conservación en el territorio insular. Proteger la integridad del humedal no solo es clave para preservar la rica biodiversidad del ecosistema del Paraná, sino para garantizar la salud y el bienestar de los millones de ciudadanos que habitan sus costas.


Fecha de Publicación: 12/09/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes originales consultadas: La Provincia En Vivo (Flipr), Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil San Nicolás
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Detectan 36 focos de incendio en el Delta del Paraná con más de 1.700 hectáreas afectadas por el fuego


Brigadistas y medios aéreos combaten los incendios en la ecorregión de humedales, donde la sequía estacional y los vientos dificultan las tareas de contención del fuego.

Una grave emergencia socioambiental afecta a la ecorregión del Delta del Río Paraná tras la detección de al menos 36 focos de incendio activos que ya han consumido más de 1.700 hectáreas de vegetación nativa, pastizales y juncales. Según reportes difundidos por agencias de noticias y medios nacionales como Infobae, las quemas se concentran en jurisdicciones pertenecientes a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, generando densas columnas de humo que se desplazan hacia los centros urbanos ribereños de la Franja Central argentina. Las intensas ráfagas de viento, sumadas a una prolongada bajante de los riachos interiores y al bajo nivel de humedad en la biomasa vegetal, aceleraron la propagación del fuego, complicando las maniobras de control desplegadas por brigadistas y personal de las fuerzas de seguridad.

Factores climáticos, intencionalidad y el impacto en la biodiversidad
El origen de la mayoría de los focos ígneos en el área del humedal responde a la combinación de prácticas no autorizadas de quema de pastizales para renovación de pasturas ganaderas con las condiciones meteorológicas adversas del periodo estacional. La acumulación de colchones de vegetación seca funciona como un combustible altamente inflamable ante cualquier chispa, provocando incendios de rápida cobertura que arrasan con el hábitat de especies de fauna autóctona en peligro o vulnerables, como el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el carpincho y diversas especies de aves migratorias y anfibios. Asimismo, la quema de la cubierta vegetal destruye la capa orgánica del suelo, alterando la capacidad natural del humedal para filtrar el agua y retener carbono.
Para desglosar los ejes críticos de la logística de respuesta y los riesgos ecológicos de este evento ígneo en la región del Delta, se destacan los siguientes factores:
- Despliegue de combate aéreo y terrestre: Intervención combinada de aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y cuadrillas de brigadistas forestales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
- Afección a la salud pública urbana: Llegada de humo y cenizas a localidades densamente pobladas del Gran Buenos Aires, Rosario y San Nicolás, incrementando las consultas por afecciones respiratorias y oculares.
- Destrucción de albardones y bosques de monte blanco: Pérdida de relictos de vegetación leñosa autóctona que tardan décadas en regenerarse tras el paso del fuego intenso.

Exigencia de sanciones penales y monitoreo satelital
Frente a la recurrencia de los incendios en la cuenca del Paraná, organizaciones ambientalistas, autoridades locales de las ciudades ribereñas y organismos de control han vuelto a reclamar la intervención coordinada del Poder Judicial de la Nación para identificar y sancionar a los propietarios de los terrenos donde se inician las quemas intencionales. Mediante el uso de imágenes satelitales en tiempo real provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el sistema de FAROS de Conservación, las autoridades buscan georreferenciar el origen de los 36 focos para elevar las pruebas a los juzgados federales competentes e imputar penalmente a los responsables por estrago doloso y daño ambiental.

Hacia una gestión sustentable de los humedales del Paraná
La emergencia recurrente en el Delta del Paraná pone de manifiesto la urgencia de fortalecer la gobernanza ambiental sobre estos ecosistemas estratégicos. Avanzar hacia la regulación estricta del uso del suelo en las islas, prohibir las quemas en periodos de baja humedad e implementar planes comunitarios de alerta temprana resultan medidas indispensables para salvaguardar la biodiversidad de los humedales. Proteger el patrimonio natural del Paraná es una prioridad para garantizar la resiliencia climática y la salud de millones de habitantes en la región más urbanizada de la Argentina.


Fecha de Publicación: 08/09/2026
Provincia/Región: Litoral
Fuentes originales consultadas: Infobae, Agencia Télam, Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
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El impacto de la minería de sílice transforma el frágil ecosistema del Delta entrerriano


La creciente demanda de arena de sílice utilizada para la técnica de hidrofractura en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta está provocando severas alteraciones ambientales en las islas y humedales de Ibicuy, movilizando a asambleas vecinales y científicos ante la degradación del suelo y el agua.

La expansión productiva del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, situado en la Patagonia, ha consolidado de manera indirecta un fenómeno de extractivismo minero en el litoral argentino, con consecuencias ambientales sumamente alarmantes para la provincia de Entre Ríos. Las operaciones de fracking en el sur del país requieren volúmenes monumentales de arenas silíceas de alta calidad para actuar como agentes de sostén en los pozos de perforación. El departamento de Islas del Ibicuy, caracterizado por su delicado sistema de humedales pertenecientes al macrosistema del Delta del Paraná, se ha convertido en el principal epicentro de extracción de este insumo. Este proceso ha desatado una profunda preocupación en la comunidad local, la comunidad científica y los colectivos socioambientales, quienes denuncian que la velocidad y la escala de la minería a cielo abierto en la región están destruyendo la biodiversidad, alterando los cursos de agua dulce y transformando de forma irreversible un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático y la recarga de los acuíferos subterráneos.

Alteración hidrológica y el impacto en las napas freáticas
El principal foco de conflicto técnico y ambiental radica en el proceso de lavado y clasificación de las arenas dentro de las plantas mineras instaladas en el corazón del humedal. Para remover las impurezas y seleccionar el grano de sílice adecuado, las empresas extraen diariamente millones de litros de agua dulce provenientes de las napas superficiales y de los cursos superficiales del Delta. Los geólogos y técnicos locales advierten que este consumo desmedido e intensivo está provocando una depresión evidente en los niveles de agua subterránea, lo que afecta directamente el suministro de agua potable para las poblaciones rurales y compromete la supervivencia de la vegetación nativa que depende de la humedad constante del suelo. Además, existen denuncias reiteradas sobre el vuelco de aguas residuales cargadas de sedimentos finos y posibles floculantes químicos sin el debido tratamiento, lo que altera la turbidez de los ríos y daña los hábitats de reproducción de las especies ícticas autóctonas.

Para comprender la magnitud de la problemática en el territorio entrerriano, los especialistas sugieren desglosar los impactos socioambientales en los siguientes puntos críticos:
- Destrucción de la capa vegetal y del suelo orgánico: Las tareas de desmonte previas a la excavación eliminan los pastizales y bosques nativos, dejando el suelo expuesto a procesos de erosión eólica e hídrica acelerados.
- Contaminación acústica y atmosférica: El tránsito incesante de camiones de gran porte para el transporte de la arena genera densas nubes de polvo en suspensión que afectan la salud respiratoria de los vecinos y alteran la fauna local.
- Pérdida de servicios ecosistémicos: La degradación del humedal disminuye su capacidad natural para amortiguar inundaciones, regular las temperaturas locales y actuar como sumidero de carbono.

Conflictos regulatorios y la demanda de controles estatales rigurosos
La situación en Ibicuy ha expuesto las debilidades institucionales en materia de control ambiental y la compleja tensión existente entre el desarrollo energético nacional y la preservación ecológica provincial. Si bien la actividad minera genera puestos de empleo locales y dinamiza ciertos sectores económicos de la región, las asambleas vecinales y las organizaciones no gubernamentales sostienen que las evaluaciones de impacto ambiental presentadas por las empresas subestiman el daño acumulativo a largo plazo. Los habitantes exigen que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos implemente auditorías independientes, limite la entrega de nuevas concesiones mineras y aplique de forma estricta la normativa vigente sobre la protección de los humedales. La falta de un marco regulatorio nacional unificado para estos ecosistemas agrava el escenario, permitiendo que las fronteras extractivas avancen sobre territorios hidrológicamente vulnerables sin una planificación territorial adecuada que resguarde los recursos naturales de las futuras generaciones.

El costo ambiental oculto de la transición energética
Este conflicto pone de manifiesto una contradicción estructural dentro de las políticas de desarrollo económico y energético del país. Mientras que a nivel nacional se celebra el incremento en los niveles de producción de gas y petróleo en Vaca Muerta como un paso hacia la autosuficiencia energética, los costos ambientales de esa explotación se trasladan de forma invisible a miles de kilómetros de distancia, afectando los sistemas hídricos del litoral. Científicos y docentes especializados en ecología política insisten en que no se puede analizar el impacto de los combustibles fósiles únicamente en el punto de perforación, sino que es indispensable evaluar toda la cadena de suministros asociada. La pérdida de los humedales de Ibicuy, esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático de la región pampeana y mesopotámica, representa un pasivo ambiental de magnitudes incalculables que obliga a repensar con urgencia la sustentabilidad real del modelo extractivo argentino.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes originales consultadas: Diario El Argentino de Gualeguaychú, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Foro Ecologista de Paraná
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Multa por incendiar un humedal: sancionan a propietarios rurales por una quema ilegal en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal EconomíaSustentable
Provincia/Región: Entre Ríos


La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aplicó una multa de $496.140 a los propietarios de un campo del departamento Victoria por realizar una quema no autorizada sobre tres hectáreas de humedales. La infracción volvió a poner el foco en el impacto ambiental del uso ilegal del fuego sobre uno de los ecosistemas más frágiles del país. 
La utilización ilegal del fuego en los humedales volvió a quedar bajo la lupa. La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos sancionó a los propietarios de un establecimiento rural del departamento Victoria con una multa de $496.140 por haber realizado una quema no autorizada sobre tres hectáreas de vegetación seca en un ambiente de humedal.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 339/2026, luego de un procedimiento iniciado a partir de una inspección realizada por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego el 4 de diciembre de 2022.
Durante el patrullaje, los inspectores constataron que el incendio se desarrollaba sin autorización de la autoridad competente y sin personas encargadas de controlar el avance de las llamas o realizar tareas de extinción.
Las actuaciones incluyeron un relevamiento fotográfico y un informe técnico que confirmó que, si bien el fuego no provocó daños a viviendas ni puso en riesgo a personas, sí ocasionó un impacto ambiental significativo al afectar un ecosistema de humedales.

Quema ilegal en humedales: cómo se determinó la multa
Para establecer el monto de la sanción, la Secretaría de Ambiente aplicó los criterios previstos por la legislación vigente en materia de manejo del fuego.
Entre los factores considerados se incluyeron la ausencia de control sobre el incendio, el riesgo potencial generado por la quema, la inexistencia de daños a personas y bienes, el elevado impacto ambiental por tratarse de un humedal y la falta de antecedentes de los propietarios.
Con esos parámetros, el organismo fijó una multa de $496.140 contra los titulares del establecimiento rural donde se detectó la infracción.

Humedales en riesgo: la ley prohíbe quemas sin autorización
La resolución recuerda que tanto la Ley Provincial Nº 9.868 como las Leyes Nacionales Nº 26.562 y Nº 26.815 prohíben realizar quemas en áreas rurales y forestales sin autorización expresa de la autoridad ambiental.
Además, el expediente señala que los propietarios fueron debidamente notificados para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, una vez vencidos los plazos legales, no presentaron ningún descargo, por lo que el procedimiento administrativo continuó hasta el dictado de la sanción.
La normativa establece que los infractores deberán abonar la multa dentro de los diez días posteriores a la notificación. No obstante, también podrán solicitar un plan de facilidades de pago, siempre que lo hagan dentro de los cinco días hábiles siguientes.
El caso vuelve a poner en evidencia el impacto que las quemas ilegales tienen sobre los humedales, ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático, cuya protección continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales del país.
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Un empresario brasileño pagó US$40.000 por cazar un ciervo y ahora se investiga una causa por presunto tráfico de fauna

Fecha de Publicación: 23/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


La Justicia Federal indaga si existió un presunto esquema de tráfico y explotación de fauna silvestre en Entre Ríos. Hubo dos allanamientos y secuestraron armas y trofeos de caza.
Un empresario brasileño que desarrolla actividades comerciales en Paraguay pagó 40.000 dólares para cazar un ciervo colorado de alto valor en un exclusivo coto de caza ubicado en el departamento entrerriano de Gualeguaychú.
El caso derivó en una investigación federal por presunto esquema de tráfico y explotación de fauna silvestre. Hubo dos allanamientos y secuestraron armas, trofeos de caza y bienes valuados en más de $1.300 millones.
La causa está en manos del juez federal Hernán Viri y del fiscal Pedro Rebollo, y contó con intervención de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y de la Prefectura Naval Argentina.
Según la investigación, el animal era un ejemplar de altísimo valor genético y comercial. Los investigadores sospechan que fue trasladado de manera irregular desde un criadero ubicado en Roque Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires, hasta el establecimiento “Médano Salvaje”, un coto de caza situado en Costa Uruguay Sur y administrado por la firma De Bernardis Hunting.
El episodio habría ocurrido el 16 de marzo pasado, pero se dio a conocer en los últimos días. Las imágenes del cazador junto al animal muerto fueron difundidas en redes sociales por el propio establecimiento y terminaron convirtiéndose en una de las principales pruebas del expediente.
La publicación llamó la atención de la organización ambientalista Freeland, que presentó una denuncia ante la Brigada de Control Ambiental. A partir de esa presentación se inició una investigación que desembocó en el primer operativo judicial.

Allanamientos y hallazgos millonarios
El 10 de junio, efectivos de la Prefectura Naval realizaron un procedimiento en el predio rural donde se desarrollaban las actividades de caza.
Durante la inspección, secuestraron la cornamenta del ciervo de 72 puntas y localizaron otro ejemplar vivo. Además, encontraron distintas especies exóticas dentro de un área cercada de aproximadamente 130 hectáreas.
Entre los animales hallados figuraban antílopes y búfalos de la India, ciervos axis, jabalíes y carneros de cuatro cuernos. También encontraron alrededor de 50 trofeos de caza correspondientes a diferentes especies.
Según informaron fuentes de la investigación, el responsable del establecimiento no pudo presentar la documentación exigida por la legislación vigente, entre ella la habilitación provincial y el libro foliado donde deben registrarse las actividades cinegéticas.
Por ese motivo, además del expediente penal, se inició un proceso administrativo que podría derivar en sanciones económicas.
La investigación avanzó durante las últimas semanas y el viernes pasado la Justicia Federal ordenó un nuevo allanamiento en un galpón ubicado sobre la avenida Urquiza al Oeste al 2900, en la ciudad de Gualeguaychú.
Los prefectos secuestraron 29 escopetas de distintos calibres, un revólver y más de 15.000 cartuchos. 
También hallaron decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, cuchillos con mangos confeccionados con astas y muebles elaborados con pieles de animales.
A eso se sumaron computadoras, teléfonos, documentación y abundante material fotográfico que ahora será analizado por los investigadores para determinar el alcance de las actividades.
De acuerdo con las estimaciones incorporadas al expediente, el valor total de los bienes secuestrados supera los 1.326 millones de pesos.
Los efectivos usaron un camión para trasladar todo el material decomisado hasta la sede de la Prefectura Naval ubicada en la Costanera de Gualeguaychú.
La principal hipótesis apunta a posibles infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Sin embargo, los investigadores también analizan eventuales maniobras vinculadas al tráfico de trofeos de caza, la tenencia y utilización de especies exóticas y posibles delitos relacionados con la Ley Nacional de Armas.
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Caza de nutrias: ONG rechazó la autorización para matar 100 mil ejemplares

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La caza de nutrias volvió a generar polémica en Entre Ríos luego de que organizaciones ambientalistas cuestionaran la autorización provincial para la extracción de hasta 100 mil ejemplares de coipo. Gabriel Bonomi, integrante de una ONG dedicada al estudio de las aves y el ambiente, manifestó su rechazo a la medida durante una entrevista en el programa “GPS”, que se emite por Elonce.
El referente explicó que existe una confusión habitual sobre la especie involucrada. “Lo que se autoriza es la matanza de coipos. En Entre Ríos se conoce casi indistintamente dos especies diferentes de nutrias, que en realidad no es una nutria, sino algo similar. Son familias totalmente diferentes. Los coipos son animales acuáticos muy importante para los ecosistemas acuáticos de la provincia”.
Según indicó, la preocupación principal radica en la ausencia de estudios científicos que permitan determinar el impacto que podría tener una extracción de semejante magnitud sobre las poblaciones silvestres de la especie. 

Falta de estudios y controles
Bonomi cuestionó los fundamentos utilizados para habilitar la actividad y sostuvo que los argumentos expuestos tienen un fin económico: “El gobierno provincial autorizó la matanza de 100 mil ejemplares de esta especie. Los argumentos son comerciales, pero lo que entendemos es que no hay estudios realizados por la provincia para determinar si las poblaciones de esta especie están en condiciones de hacer semejante extracción porque estamos hablando de un número sideral”.
Asimismo, remarcó que la falta de controles constituye otro de los aspectos que genera preocupación entre las organizaciones ambientalistas. “Además, considerando la absoluta falta de control que hay en cuanto a la matanza. El Estado provincial no tiene ningún tipo de capacidad para controlar la matanza”.
Las declaraciones se suman al debate que desde hace tiempo mantienen distintos sectores respecto de la conservación de la fauna silvestre en la provincia y el equilibrio entre las actividades económicas y la protección ambiental.

El papel del coipo en los humedales
El integrante de la ONG también hizo referencia a la función ecológica que cumplen estos animales dentro de los ecosistemas acuáticos entrerrianos. En ese sentido, destacó que su importancia excede ampliamente el valor comercial que pueda atribuirse a la especie.
“Estas especies además de formar parte de la cadena trófica –son presas de yacarés, de gatos montés, de lobitos de río-, son grandes dispersores de huevos y semillas de plantas acuáticas que se pegan en su pelaje y lo van trasladando a lo largo de los humedales de la provincia de Entre Ríos. Esto no se está teniendo en cuenta por parte del gobierno provincial”, sostuvo.
Para los ambientalistas, cualquier decisión vinculada con la extracción de fauna silvestre debería contemplar estudios técnicos actualizados y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar las consecuencias sobre los ecosistemas. 

Pedido de información y posibles acciones
En relación con los pasos a seguir, Bonomi adelantó que solicitarán documentación oficial para conocer los fundamentos de la medida y los estudios que respaldan la autorización.
“Vamos a pedir información pública al gobierno provincial, algo que debió haberse hecho sin necesidad de que se la solicite. Esto debió ser una decisión participativa para honrar acuerdos internacionales que hablan de la protección del ambiente”, afirmó.
Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtienen respuestas satisfactorias. “Consideramos la posibilidad de accionar nuevamente contra el gobierno provincial por esta cuestión, más allá de la demanda que existe por la caza de aves”, resaltó.
De esta manera, la autorización para la extracción de coipos volvió a instalar el debate sobre la gestión de la fauna silvestre en Entre Ríos, mientras organizaciones ambientalistas reclaman mayor información, estudios científicos y participación ciudadana en las decisiones vinculadas a los recursos naturales. 
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La Justicia amplió las restricciones a las fumigaciones con agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 30/05/2026
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Entre Ríos


Una nueva resolución judicial volvió a sacudir el debate ambiental y sanitario en Entre Ríos. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná resolvió hacer lugar a dos amparos ambientales vinculados a fumigaciones con agroquímicos cerca de viviendas y barrios rurales, y dispuso restricciones más amplias para las aplicaciones terrestres y aéreas de fitosanitarios.
La decisión fue tomada por la jueza María Fernanda Miotti y alcanza a zonas de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, ambas ubicadas en el departamento Diamante.

Las medidas dispuestas por el fallo
La magistrada ordenó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de agroquímicos o fitosanitarios cerca de las zonas protegidas por los amparos.
Además, estableció nuevas distancias mínimas de resguardo:
    1.095 metros para aplicaciones terrestres.
    3.000 metros para fumigaciones aéreas.

El fundamento de la resolución
La resolución se basó en estudios científicos desarrollados por Rafael Lajmanovich, utilizados como sustento técnico para evaluar posibles efectos ambientales y sanitarios derivados de la exposición a agroquímicos.
En su fundamentación, Miotti sostuvo que debe priorizarse la protección de la salud humana y del ambiente, aplicando los principios preventivo y precautorio establecidos en el derecho ambiental.
El fallo ya fue apelado por abogados de la Federación Agraria Argentina y también será cuestionado por el Gobierno provincial ante el Superior Tribunal de Justicia.
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Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Fecha de Publicación: 18/03/2026
Fuente: Diario Río Uruguay
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


El gobernador advirtió que la provincia no descarta acudir a tribunales internacionales para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre el río Uruguay.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reafirmó que la provincia está dispuesta a recurrir a la Justicia internacional si no logra frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos proyectada frente a la ciudad de Colón, sobre el río Uruguay.
Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una reunión de trabajo encabezada por el mandatario provincial en Colón, junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales, y representantes de distintos sectores. El objetivo fue actualizar información y analizar las gestiones en torno al proyecto, que genera preocupación en la comunidad entrerriana. 
En ese marco, Frigerio detalló las gestiones realizadas ante autoridades del vecino país. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición”, explicó. 

Un conflicto que escala a nivel internacional
El gobernador subrayó que el conflicto excede el ámbito provincial. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó.
Asimismo, recordó que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial ya había planteado la necesidad de relocalizar la planta. “Dejé claramente expuesta nuestra posición frente a la necesidad de relocalizar esta planta de combustibles sintéticos”, indicó.
Además, junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra en elaboración y que, a pedido de la provincia y de la Nación, ahora incluye a Colón dentro del área de análisis. Según explicó, los resultados de ese informe serán clave para definir los próximos pasos.

El reclamo local y el antecedente de Botnia
Por su parte, el intendente Walser agradeció el acompañamiento del gobernador y destacó la importancia del trabajo conjunto. “Esta es una lucha que necesita del compromiso de todos para defender nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”, sostuvo.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que se concrete la Mesa de Cancilleres entre ambos países y reclamó una postura más firme del gobierno nacional argentino. También cuestionó que Uruguay avance con el proyecto sin consultas previas.
“Ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia”, recordó, en alusión al conflicto por la planta de UPM (ex Botnia), que años atrás generó una fuerte disputa entre Argentina y Uruguay por su impacto ambiental en el río compartido.
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Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un convenio para proteger el Delta del Paraná de los incendios

Fecha de Publicación: 04/03/2026
Fuente: Portal Conclusión
Provincia/Región: Litoral Argentino


Las tres provincias, junto a la Agencia Federal de Emergencias, consolidaron un esquema de trabajo conjunto iniciado en 2024 y establecieron una coordinación operativa permanente para prevenir y responder al fuego en la región.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a los incendios. El convenio, rubricado en Alvear, da continuidad al trabajo articulado iniciado en enero de 2024 y establece un protocolo común de actuación ante emergencias.
Las autoridades destacaron que el Delta del Paraná es un territorio compartido cuya dinámica ambiental exige respuestas coordinadas, ya que el fuego no reconoce límites geográficos. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, subrayó la importancia de que las provincias y la Nación trabajen de manera articulada para abordar desafíos ambientales que trascienden fronteras.
En ese sentido, el ministro Enrique Estévez destacó que “es muy importante este paso que estamos dando. Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”.
Asimismo, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, remarcó el valor institucional del acuerdo y recordó que en 2022 la zona evidenció problemas de coordinación en el combate del fuego.
Por lo tanto, consideró que la firma del acta compromiso representa un paso clave para consolidar una política de Estado orientada a la prevención.
Por otra parte, en los últimos dos años Santa Fe destinó más de 2.500 millones de pesos a infraestructura y equipamiento para el combate del fuego, incluyendo herramientas, camionetas y capacitación específica para 632 brigadistas forestales. Además, el nuevo acuerdo establece que todos los recursos disponibles de las tres provincias estarán coordinados bajo un mismo protocolo operativo en articulación con la AFE.
En consecuencia, se busca optimizar los tiempos de respuesta, compartir información estratégica y garantizar intervenciones conjuntas ante eventuales focos ígneos. De hecho, el despliegue comenzó de inmediato con la instalación de un campamento base que funcionará con tres grupos de trabajo específicos en el territorio.
Además, en la segunda quincena de marzo se realizará una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la intervención de una provincia en territorio de otra, superando posibles trabas operativas y asegurando mayor agilidad en la respuesta.
Las autoridades explicaron que la decisión de anticipar las acciones responde a un factor climático concreto, las lluvias recientes generaron un importante crecimiento de vegetación que, al secarse durante el invierno, podría convertirse en biomasa altamente inflamable.
Por ello, actuar ahora de manera preventiva y coordinada resulta fundamental para reducir el riesgo de incendios en una región estratégica tanto en términos ambientales como productivos.
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La instalación de una refinería en Uruguay abre un conflicto por su impacto ambiental en la Argentina

Fecha de Publicación: 20/02/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


Una empresa se encamina a construir una planta de hidrógeno verde en la ribera de Paysandú, frente a Entre Ríos; una fiscal federal argentina formalizó una investigación por “daño ambiental”
La instalación de una refinería en la ribera de Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón, reaviva tensiones entre ambos países por su impacto ambiental. “Va a intentar transformarse en un revival de Botnia y su historia con Gualeguaychú”, dijo a LA NACION una fuente cercana a la cancillería uruguaya. Se refiere así a HIF Global, una empresa multinacional de electrocombustibles que avanza con un proyecto de hidrógeno verde del lado oriental del Río de la Plata.
En diciembre, el gobierno uruguayo firmó con la compañía un “Memorando de Entendimiento”. Se trata de una hoja de ruta que confirma la voluntad de invertir 5300 millones de dólares. Entre los puntos, hay otra planta de captura de dióxido de carbono, una tercera de “eMetanol”, una cuarta de “eGasolina”, un parque fotovoltaico, un parque eólico y la “revitalización de las vías ferroviarias” para llevar el combustible renovable al puerto de Montevideo.
“Esa historia terminó en que el desarrollo quedó de este lado y la protesta del lado de ustedes”, recordó la fuente charrúa al conflicto por la papelera Botnia (hoy UPM), que devino en un conflicto bilateral, protestas y corte de los puentes internacionales. “Va a entrar en un clima de reclamos ambientales y HIF Global va a avanzar y se va a instalar”, afirmó la misma fuente.
HIF Global es una empresa chileno-peruana con sede en Estados Unidos, parte de un holding encabezado por la fabricante alemana de automóviles Porsche. En la región, tuvo su primer proyecto en Punta Arenas (Chile) y marcha otro en Río de Janeiro (Brasil). El de Uruguay “lleva dos años de trabajo y, hasta ser aprobado, le queda uno o dos más” calculan los que conocen el tema. 
En Uruguay esperan que el hidrógeno verde corra el mismo redituable destino que la industria papelera. Afirman que el producto cumplirá con estándares para ser exportado a Europa, en el marco de sus pretensiones de neutralidad de carbono para el año 2050. “El proceso de la planta tiene que ser renovable”, aseveró la fuente uruguaya al otro lado del río.

Cuestionamientos
“Estos proyectos de transición energética son sumamente extractivos, toman grandes volúmenes de agua del río y toneladas de biomasa de residuo forestal para generar dióxido de carbono”, apuntó Adriana Viollaz, integrante de la agrupación de científicos Colón en Riesgo. “Es mucho peor que la papelera Botnia. HIF fabrica metanol, hidrógeno y combustible: los riesgos de contaminación son severos y múltiples”, alertó Viollaz en diálogo con LA NACION.
“No es una planta, es un monstruo a 3000 metros de Colón”, sentenció la licenciada sobre el predio que estará 7,5 kilómetros al norte de Paysandú y tendrá 440 hectáreas de extensión. “En el mundo no existe una planta del tamaño de la que quieren hacer”, apuntó y anticipó: “Colón va a quedar arruinada, es una ciudad turística y una planta en frente va a ahuyentar el turismo, además de afectar la salud de la población y a la biodiversidad”. Viollaz es parte de un equipo que investiga de los alcances del proyecto de HIF a partir de los datos disponibles.
En paralelo, los vecinos de Colón formaron una multisectorial que se reúne los miércoles para organizarse contra la instalación de la planta y pedir por su relocalización. Entre sus actividades, hay una marcha todos los sábados en el centro de la ciudad. La municipalidad, encabezada por el intendente vecinalista José Luis Walser, forma parte de la coordinación con otras partes y lleva adelante buena parte de los reclamos ante las autoridades nacionales. 
Según pudo saber LA NACION, la municipalidad hizo presentaciones ante legisladores provinciales y nacionales por Entre Ríos, al gobernador Rogelio Frigerio, al canciller Pablo Quirno, al presidente Javier Milei, a la propia HIF Global, a la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a su presidente, Luis Montero.
El resultado de las acciones fue la conformación de una “mesa amplia” con el gobernador, legisladores, el intendente y referentes vecinales. En marzo de 2025, Frigerio y Walser se habían reunido con el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, para manifestarle su preocupación por la instalación de la planta. “Estamos convencidos de que no se va a repetir una situación como la que nos enfrentó en el pasado”, dijo el gobernador en una comunicación oficial. 
“La ubicación prevista para la planta frente a Colón genera una preocupación legítima en nuestra comunidad y merece ser revisada. Desde el primer momento planteamos con claridad la necesidad de relocalizar el proyecto”. De cualquier modo, sopesó: “No estamos en contra de la inversión ni del desarrollo, pero sí creemos que debe respetar el equilibrio ambiental, el paisaje ribereño y la principal actividad económica de la región”, amplió Frigerio al ser consultado por LA NACION.
Por otra parte, Walser elevó informes a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, sobre el impacto que tendría la planta en cuanto a lo económico y sanitario para Colón. Fue así que la fiscal presentó un escrito al juez e inició de oficio una investigación. La abogada atendió los planteos de los ambientalistas, afirmó que el proyecto podría afectar el territorio argentino y sostuvo que HIF Global podría incurrir en el delito de “daño ambiental”.
Otro punto de la presentación de Minatta es la presunta violación por parte del gobierno oriental al Estatuto del Río Uruguay. Para ello, le pidió al canciller Quirno que solicite a las autoridades vecinas toda información disponible del proyecto y le reclamó a la CARU y a la secretaría de Ambiente nacional que evalúen la calidad del aire y del agua en la zona.
Por su parte, Frigerio reiteró a LA NACION: “Vamos a seguir insistiendo por los canales diplomáticos correspondientes. Este es un reclamo firme, responsable y respaldado por intendentes, vecinos y sectores productivos de la costa del Uruguay".

Tratativas
En la multisectorial de Colón aseguraron que las autoridades locales no están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, el titular de la delegación argentina ante la CARU, Luis Montero, elevó una nota en julio pasado ante su contraparte uruguaya. En el texto, al que accedió LA NACION, “se reitera la importancia de observar el procedimiento de consulta previa establecido en el Estatuto”, para que la Comisión evalúe el proyecto y determine sus eventuales perjuicios. 
Ante la consulta de este medio, en la delegación uruguaya señalaron que el proyecto de HIF Global fue comunicado a la CARU, aunque no bajo los artículos 7 al 13 del Estatuto. Son normativas que se refieren a que cualquier construcción que afecte al curso de agua debe ser avalada por las jurisdicciones de ambas orillas. También desencadenan una serie de procesos y negociaciones que las autoridades uruguayas por ahora prefieren no activar.
En Uruguay intentaron minimizar los reclamos y dijeron que solo se trata de “comunicación visual”. Las fuentes uruguayas consultadas adelantaron que se recurrirá a la CARU y se iniciarán negociaciones con la Argentina solo cuando el proyecto de HIF sea aprobado, probablemente con algunas modificaciones y sumando proyectos complementarios. “Veremos si hay que correrla. Todavía está todo por ver de qué se habilitaría y qué no”, dejaron abierta la puerta a una relocalización. 
Un conocedor de la cancillería charrúa se mostró confiado con que el proyecto llegue a buen puerto. En noviembre, Quirno viajó a Uruguay junto a Frigerio, quien tuvo su segundo viaje por este tema. Si bien el canciller pidió recaudos para “evitar efectos perjudiciales” ante su par uruguayo, Mario Lubetkin, luego señaló que la Argentina “en este momento no se va a oponer nunca” a la inversión de HIF Global. En la Cancillería no respondieron a las consultas de LA NACION. 
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