Amparo ambiental por la tala del último monte de chañar del departamento Colón

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Portal EraVerde
Provincia/Región: Entre Ríos


El pasado 23 de diciembre de 2023, ERA Verde dio cuenta de la denuncia por un desmonte ilegal de un campo ubicado sobre la ruta nacional Nº 14, a la altura del puente sobre el arroyo Perucho Verna. El accionar desaprensivo se produjo por el nuevo dueño del lote con el fin de instalar una cantera de piedras, según trascendió. Pero el lugar donde arrasó con la vegetación y se realizó un importante movimiento de suelo se encuentra dentro de un área natural protegida provincial. Esto derivó en una presentación en la Justicia por la Asociación Arroyo Perucho Salvaje, de San José. A raíz de este pedido, el juez de Paz Facundo Ramat, dictó una “medida precautelar” para evitar que se altere el territorio intervenido, ordenando cesar la “destrucción de la flora y la fauna en dicho terreno”.
Este 23 de septiembre, el juez de Paz interino de San José, Facundo Manuel Ramat, resolvió disponer que el Francisco Rossier, propietario del campo donde se denunció la tala y nivelación de un terreno ubicado dentro del área natural provincial Arroyo Perucho Verna “deberá retirar o disponer el retiro de la totalidad de implementos, maquinarias y herramientas existentes en el lugar”. Esta directiva forma parte de la precautelar dictada en el marco de la solicitud de amparo ambiental interpuesto por la Asociación Civil Arroyo Peruho Salvaje, que preside Gustavo Velzi.
El magistrado también mandó que “se abstenga de adoptar cualquier decisión, acto y/o comportamiento que implique alterar la situación fáctico jurídica del territorio”, así como quedó “prohibido ejercer actos de turbación o ocupación del mismo”, se lee en la resolución a la que accedió ERA Verde. Además del cese de movimientos de sueldo y “destrucción de la flor y fauna”, se requirió a la autoridad policial pueda asegurar la medida, por lo que se le dio intervención a la comisaría de San José, hasta tanto se resuelva el fondo.
De acuerdo a lo relevado por la organización ambiental, en ese terreno a la altura del Puente del Barrio Perucho Verna se han destruido parte del bosque y especies nativas entre las cuales se encuentran “los últimos árboles de chañar que fueron arrancados en diciembre del año 2023, al igual que quebrachos blancos, coronillos, existente en la parte más alta y en la parte baja”. Se trata de “un ecosistema alimentado por el humedal, de juncos y totoras, pajonal, sauces, entre otras. Este daño lo provocó este vecino de la ciudad de Villa Elisa”, comentó el letrado y titular de la entidad ecologista, Gustavo Velzi.
Se precisó a ERA Verde que el comprador de lugar, empresario dedicado a la extracción y comercialización de áridos, recientemente reingresó al sector y “arrasó con todo”, sin contemplar los cuidados que amerita siendo que se encuentra dentro de una reserva provincial por ley N ° 11.011, que crea el “Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de Usos Múltiples”. Asimismo, realizó los trabajos sin ningún tipo de autorización municipal, ni provincial, se precisó.
El lugar donde se pretende poner una cantera de lavado de piedras se ubica en el lado oeste de la Autovía Gervasio Artigas, antes del puente que cruza el arroyo Perucho Salvaje, jurisdicción de la ciudad de San José, departamento Colón.
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Publican imágenes “desoladoras” de la contaminación en arroyos entrerrianos. Crean Comité para sanearlos

Fecha de Publicación: 25/09/2025
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Un demorado organismo multisectorial buscará revertir desde este miércoles la contaminación grave y creciente de arroyos históricos del Gran Paraná, empezando por Las Tunas, que limita con los municipios de Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito. Días previos a la integración del Comité de Cuenca de Las Tunas caminamos el arroyo para certificar y mostrar la situación de colapso que padece. Lo que salta a la vista es impactante, por los fluidos industriales, agropecuarios, cloacales, domiciliarios, y lo más grave está en sus aguas y sus barros que impiden la vida y producen malformaciones.
La famosa Batalla del Saucesito, en la que Francisco Ramírez derrotó en 1818 una invasión porteña al mando de Marcos Balcarce mandada para destruir el sistema confederal artiguista; y la famosa Batalla de Las Tunas, que marcó en 1820 el fin del federalismo original, con el mismo Ramírez enfrentando a José Artigas hasta el destierro; ambas contiendas en el principio y el final se desarrollaron en la línea que divide los ejidos de Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda.
Los dos arroyos, Saucesito y Las Tunas, pasarán al centro de la escena ecologista esta semana por la constitución formal, con sus autoridades, del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas.
Las Tunas desemboca en el arroyo Las Conchas, cerca del río Paraná, es decir: es uno de sus afluentes, como El Espinillo. Allí se libró en 1814 la también famosa batalla del Espinillo, en la que Eusebio Hereñú derrotó en 1814 la primera gran invasión porteña al mando del barón de Holmberg, enviada para matar a Artigas.
Junto a Hereñú en El Espinillo, también los orientales conducidos por Fernando Otorgués; y junto a Ramírez en el Saucesito, los orientales conducidos por Gorgonio Aguiar. Se trata, entonces, de símbolos de la milenaria unidad entrerriano oriental, contra el despotismo invasor colonial. 
Hoy Las Tunas luce destruido, literalmente, con desechos industriales, cloacales, agropecuarios, domiciliarios, desbordante de plásticos y bacterias. Y Las Conchas ha dado índices récord de herbicidas en sus aguas. Salta a la vista que en sólo treinta años el sistema económico atacó de manera violenta lo que la biodiversidad construyó a lo largo de decenas de miles de años. Ni siquiera los hitos históricos y la simbología detuvieron la mano devastadora.

Desde abajo
La confluencia de grupos orilleros y equipos científicos ha generado conciencias sobre la gravedad de la situación, y tanto la provincia como los municipios involucrados intentan en estas horas una demorada respuesta. En esa línea, entidades sociales de distintas ciudades del departamento Paraná celebraron la convocatoria realizada por el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua -Co.R.U.F.A.- para constituir el Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas esta semana, y adelantaron que propondrán al científico del Conicet Rafael Lajmanovich como representante de las organizaciones no gubernamentales en el Comité Ejecutivo. Esta sugerencia, que llevarán al pleno de la Asamblea constitutiva, intentará poner una vara alta en la seriedad y responsabilidad del nuevo Comité.
Las organizaciones recibieron una invitación firmada por el Secretario de Agricultura de la provincia, Raúl Boc Ho, y la Secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, para participar del Comité de Cuenca, junto a sectores gubernamentales, productivos, industriales.
Durante un encuentro realizado en Colonia Avellaneda el jueves 11 de setiembre, con vecinos de allí y de Paraná y San Benito, se mostraron videos y fotografías del estado actual del arroyo Las Tunas y sus afluentes, con imágenes impactantes, y se escucharon inquietudes diversas por las demoras de los gobiernos de la nación, la provincia y los tres municipios en controlar las distintas fuentes de contaminación que actúan en sinergia en esta cuenca. Así es que se mostraron expectativas ciertas con la invitación, y a la vez cierta prevención por las promesas incumplidas de sucesivos gobiernos.
El paranaense Lajmanovich es conocido en el país y el mundo por sus aportes a la ciencia desde hace décadas, especialmente en el estudio de la contaminación de las aguas y sus efectos sobre la vida animal. El científico ha desarrollado diversos estudios en equipo, con participación del Conicet y de distintas universidades, empezando por la Universidad Nacional del Litoral, en ambas márgenes del río Paraná.
En 2018 fue distinguido con el premio “Conciencia Abya yala”, junto al médico Damián Verzeñassi y la dirigente de Madre de Plaza de Mayo Nora Morales de Cortiñas, como expresiones de “las agrupaciones que estudian y estimulan el vivir bien y buen convivir, es decir, la vida comunitaria en armonía con la naturaleza, y que colaboran desde ámbitos comunes en la resistencia al actual sistema que perturba la biodiversidad, saquea las riquezas y patenta la vida”.
En el encuentro de esta semana Lajmanovich brindó detalles sobre la detección de sustancias tóxicas en Las Tunas, en estudios científicos realizados a lo largo de los recientes 15 años, incluso uno publicado en revistas de prestigio internacional hace pocos meses, en el que se observa un alto grado de genotoxicidad, es decir: los animales que no mueren allí pueden padecer malformaciones.
Dijo que la confluencia de fluidos industriales, agropecuarios y cloacales ha convertido a Las Tunas en uno de los arroyos más dañados del país.
Los vecinos que recorrieron los arroyitos de la zona presentaron interrogantes sobre las piletas de tratamientos de efluentes en el Parque Industrial de Paraná, y las derivas de las sustancias usadas en la agricultura y los feed lots. Se mostraron perplejos por los caños de gran diámetro con desechos cloacales crudos de las municipalidades vecinas, cuando todos esos fluidos desembocan en el Paraná, aguas arriba de la Toma de Agua de la capital entrerriana y de sus balnearios. También mostraron imágenes de montañas de residuos acumulados en algunos segmentos de Las Tunas.
La vecindad del arroyo las Tunas formó una Comisión Pro Comité de Cuenca en 2023, en el barrio Los Zorzales de Colonia Avellaneda, con participación de diversas instituciones, incluso las comunas, bajo el lema “Somos arroyo”. Y la provincia firmó el acta constitutiva del Comité en diciembre de 2024. Esta semana se designarán a sus responsables. Estos plazos largos fueron debatidos en la reunión.
En una carta firmada por distintas organizaciones para presentar ante el Comité, se lee: “Hemos pedido al Dr. Lajmanovich que nos represente como miembro de este Comité, dada su formación académica, su experiencia y su compromiso con la biodiversidad y con la verdad; todo ello nos da garantías a todos, sin excepción, de seriedad en la participación y amor a la biodiversidad, principios básicos para superar este estado de decadencia ecológica, y para asegurar la participación comunitaria y la conciencia por el vivir bien y buen convivir, en armonía con la naturaleza”.
La postulación de Lajmanovich será realizada por el Foro Ecologista de Paraná, con una trayectoria de décadas en defensa de la biodiversidad en la región, y otras entidades ofrecieron su apoyo para que el científico participe en el Comité Ejecutivo, y llevarán otros nombres para la asamblea general. Además, las distintas organizaciones propondrán para la integración del Comité a Clelia Zapata y Sergio Strack, ambos de larga trayectoria en asambleas vecinales de Paraná y Colonia Avellaneda.

Una luz de esperanza
Algunos vecinos apuntaron que a pesar de los olores nauseabundos del arroyo y las toneladas de desperdicios que acumula en su lecho y sus costas, todavía pueden apreciarse “hermosas barrancas de arena” como testimonio de un paisaje bucólico, que ha sido dañado durante las décadas recientes. Afirmaron que sólo se ven tortugas, y que en las orillas se notan excavaciones realizadas por familias humildes en busca de lombrices, para vender al turismo, con alto riesgo para su salud.
La Ley 9757 promulgada en 2007, y archivada por 17 años, establece que el Comité de Cuenca tendrá como finalidad “conformar un ámbito participativo, amplio y democrático propicio para la discusión, coordinación, concertación y cogestión de los recursos hídricos de manera racional y sustentable”; aunque sus decisiones, aclara el texto, no serán vinculantes.
Los primeros dos Comités se están concretando, pues, en los arroyos Las Tunas, que da al Paraná, y Perucho Verna, afluente del Uruguay.
Los vecinos apuntaron que la condición deplorable de Las Tunas contradice el artículo 22 de la Constitución de Entre Ríos que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común”.
También contradice el artículo 83. Allí se lee que el estado garantizará “la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia concurrente entre la Provincia, municipios y comunas. Asegura la preservación, recuperación, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica... Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje... Establece medidas preventivas y precautorias del daño ambiental”.
Explicaron que todo eso es burlado en el arroyo Las Tunas. Dada la complejidad de la situación, los vecinos recordaron las dificultades que enfrentan para encarar los problemas porque los distintos estados (nación, provincia, municipios) se acusan mutuamente por el caos, y por el incumplimiento de obras multimillonarias que no están en funcionamiento, como las piletas de decantación. Pese a todo, coincidieron en buscar el diálogo y el consenso para garantizar la duración de todas las acciones que reviertan el proceso de destrucción del arroyo, y en dar “un voto de confianza” al nuevo emprendimiento multisectorial. 
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La corzuela parda regresa a una reserva y Entre Ríos celebra un hito en la conservación de fauna nativa

Fecha de Publicación: 18/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Entre Ríos 


La Reserva El Potrero, en Entre Ríos, celebra por estos días un hito en la conservación de la fauna nativa. Es que, tras años de trabajo, se concretó la liberación de la corzuela parda (Mazama guazubira), un cérvido nativo que fue declarado Monumento Natural provincial en 2018.
Esta iniciativa busca revertir la desaparición de la especie, a la que no habían visto en la zona por más de una década.

Conservación de fauna nativa y un largo camino hacia la libertad
El programa de repoblación de la corzuela parda fue un esfuerzo integral, enfocado en la rehabilitación de fauna que sufrió las consecuencias del mascotismo, la tenencia ilegal y accidentes.
Los animales rescatados pasan por un proceso de cuarentena y atención veterinaria antes de su etapa de adaptación en un predio de 13 hectáreas de monte nativo, donde recuperan las habilidades esenciales para sobrevivir en su entorno natural.
El proyecto de conservación cobró fuerza en 2017 con la llegada de los primeros ejemplares reproductores: Memé y Chiví.
Los nacimientos que siguieron fueron cruciales para la recuperación de la población. Con el tiempo, se sumaron más corzuelas provenientes de rescates, entregas voluntarias y colaboraciones con instituciones como el Ecoparque de Buenos Aires, fortaleciendo la diversidad genética de la especie.

Liberación «blanda» y compromiso institucional
La liberación de los animales se realizó bajo el método de «suelta blanda«, donde la puerta del corral se abrió para que las corzuelas salieran por sí mismas, sin estrés.
El evento contó con la presencia de autoridades provinciales, lo que subraya el compromiso de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y otras entidades con la preservación de la biodiversidad.
Este logro en la conservación de especies nativas no solo simboliza el regreso de la corzuela parda a su hábitat histórico, sino que también refuerza la identidad natural de la provincia.
Además, el proyecto tiene un fuerte componente de educación ambiental, organizando talleres y actividades para concientizar a la comunidad y a escuelas sobre la importancia de proteger la fauna y sus ecosistemas.

Cómo es la corzuela parda
La corzuela parda (Mazama gouazoubira o Subulo gouazoubira) es un cérvido de mediano tamaño nativo de América. Habita en Paraguay, Uruguay, noreste de Argentina, y por el sur y norte costero de Brasil. También está en el oriente boliviano.
Hoy se encuentra algo reducido en su hábitat por la presión cinegética y la destrucción de su ambiente natural, pero todavía no se lo considera en peligro de extinción.
Tanto machos como hembras alcanzan entre los 55 y los 65 cm de altura a la cruz, y hasta 110 cm de longitud. Su peso llega a los 30 kg. La coloración varía según la zona, pero suele ser de pardogrisácea a pardorojiza, con un matiz gris que lo distingue de otras especies, género del cual es la especie de mayor tamaño.
Se alimenta de brotes tiernos, hojas, hongos y frutos; además, descorteza el tronco de los árboles para señalar su territorio. Suele habitar en solitario o en parejas. Es marcadamente territorial, determina el perímetro de su zona con heces, orina y una secreción fuerte que proviene de las glándulas anterorbitales, interdigitales y frontales.
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Polémica por los beneficios fiscales a cotos de caza por un periodo de hasta 20 años en la provincia de Entre Ríos

Fecha de Publicación: 09/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Entre Ríos


La reciente inclusión de los servicios de pesca y caza deportiva en el Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones generó fuertes cuestionamientos ambientales. La normativa permite que estas actividades accedan a exenciones impositivas y beneficios energéticos por un período de 15 años, prorrogables hasta 20.
Según lo dispuesto, los emprendimientos de este rubro podrán recibir reintegros, quedar exceptuados de regímenes de retención y no pagar tributos como Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario. Con estas facilidades, el sector de la caza deportiva queda equiparado con otras inversiones consideradas estratégicas para el desarrollo provincial.
La medida, sin embargo, despierta preocupación en organizaciones ambientalistas que ven en esta decisión un incentivo directo a la expansión de los cotos de caza. Estos espacios, que ya fueron cuestionados por el impacto que generan sobre especies autóctonas y ecosistemas, ahora cuentan con un marco legal que refuerza su presencia.
El trasfondo de la polémica radica en que, mientras crecen las demandas por mayor protección de la fauna silvestre, la gestión provincial elige promover actividades que la ponen en riesgo. De hecho, existen antecedentes recientes de autorizaciones de caza de aves autóctonas que provocaron críticas y acciones judiciales.

Una decisión que generó polémica
El otorgamiento de beneficios fiscales a estas actividades genera, entonces, un escenario contradictorio. Mientras crecen las urgencias por restaurar ecosistemas degradados y proteger la fauna en peligro, se destinan recursos y exenciones a prácticas que agravan el problema.
Los especialistas sostienen que existen alternativas más sostenibles para impulsar el turismo y la inversión local. El ecoturismo, la observación de aves y el senderismo son actividades de bajo impacto ambiental que pueden generar ingresos, empleo y al mismo tiempo fortalecer la conciencia ecológica.
En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, la decisión provincial resulta un retroceso en materia de política ambiental. Promover la caza con beneficios fiscales no solo impacta en la fauna, sino que también envía un mensaje contrario a los compromisos globales de conservación y sostenibilidad.

Las desventajas de los cotos de caza
Los cotos de caza suelen ser presentados como espacios de recreación y generadores de ingresos turísticos, pero desde una mirada ecológica muestran graves desventajas. Una de las más relevantes es la presión directa sobre especies silvestres, muchas de ellas fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. La eliminación de aves y mamíferos altera cadenas tróficas y afecta la regeneración natural de los ambientes.
Otro aspecto crítico es la introducción de especies exóticas con fines de caza. Muchos cotos recurren a la cría o suelta de animales no nativos que terminan compitiendo con la fauna local, transmitiendo enfermedades o generando plagas difíciles de controlar. Esto incrementa la pérdida de biodiversidad y amenaza la resiliencia de los ecosistemas.
A ello se suma el impacto social y ético. La caza deportiva plantea interrogantes sobre el valor otorgado a la vida silvestre, reducida a un recurso recreativo. Esta lógica contrasta con los esfuerzos globales por fomentar el turismo de naturaleza responsable, que busca disfrutar de la biodiversidad sin dañarla.
Además, los cotos suelen limitar el acceso a territorios naturales, convirtiéndolos en espacios privados donde la flora y fauna quedan sujetas a un uso comercial. Esto reduce las posibilidades de conservación comunitaria y desincentiva proyectos de manejo sustentable que podrían beneficiar a un público más amplio.
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Se registraron nuevos incendios en las islas del Paraná e investigan si fueron intencionales

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Litoral Argentino


Los bomberos trabajaron por sofocar una decena de focos ígneos. También se identificaron llamas en algunos puntos de los ingresos a Rosario 
Los incendios volvieron a afectar este martes a las islas del Delta del Paraná ubicadas frente a la ciudad de Rosario. Las autoridades investigan si se trató de una maniobra intencional, al igual que los distintos focos ígneos detectados dentro de la ciudad, sobre todo en los accesos y cercanías a la avenida Circunvalación. 
De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el secretario de Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno, indicó que se detectaron decenas de focos ígneos en las islas entrerrianas, en especial en áreas próximas a la ruta 174 que une la ciudad con Victoria. El funcionario relató que el monitoreo realizado señaló la aparición de puntos críticos desde el pasado domingo hasta este martes, frente a localidades como San Lorenzo, Granadero Baigorria y Rosario, incluso muy próximos al puente Rosario-Victoria y en el área de Pueblo Esther.
De Bueno remarcó que la recurrencia, ubicación y características de los focos demuestra que no fueron incendios accidentales. “Es imposible que sean espontáneos, hay un responsable”, aseguró y describió que todas las evidencias apuntan a maniobras provocadas con el objetivo de quemar pastizales y residuos en zonas de difícil acceso para el control y monitoreo.
En las inmediaciones de la propia ciudad, la problemática se reiteró a lo largo de la Circunvalación, con al menos cinco focos registrados entre el acceso sur y la intersección de la traza con calle Conscripto Bernardi, poco después del arroyo Saladillo. En esos puntos, los automovilistas que circulaban por la avenida advirtieron sobre la presencia de un humo denso que obstruía la visibilidad y presentaba riesgos para el tránsito vehicular.
El bombero Juan José Roger precisó a la prensa local que uno de los focos más grandes se produjo en la Avenida del Rosario y Belgrano, en otro de los accesos principales a la ciudad y próximo a la Circunvalación. Roger advirtió que la combinación de temperaturas elevadas y el uso recurrente de predios abiertos como vertederos no oficiales incrementa la frecuencia e intensidad de los incendios. Por esta razón, pidió a la población abstenerse de arrojar residuos y colaborar con las tareas preventivas para frenar este tipo de episodios.
Por su parte, el coordinador de Protección Civil de Santa Fe, Aníbal Gómez, aportó: “Estamos en monitoreo constante junto a Entre Ríos, Buenos Aires y la Agencia Federal de Emergencias. Si los focos avanzan y el humo afecta más a la ciudad, se iniciarán de inmediato los trabajos de extinción”.
El último registro de este tipo de siniestros se generó el pasado 10 de julio. Desde la costa local de Rosario y Granadero Baigorria, se observaron con nitidez enormes columnas de humo gris elevándose desde el humedal entrerriano. De acuerdo con la información suministrada por Pablo Aceñolaza, director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, en esa oportunidad, se identificaron cinco focos activos en distintos sectores del Delta frente a Rosario. Tres de estos ocurrieron en la zona sur de la traza, a una distancia de 7 y 8 kilómetros del margen del río Paraná, mientras que los otros dos afectaron áreas más septentrionales, uno a 5 kilómetros y el restante a unos 19 kilómetros, adentrado en el territorio de las islas.
Las imágenes satelitales confirmaron la magnitud del incidente y permitieron precisar la localización exacta de los puntos con mayor actividad ígnea. Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, explicó que al menos tres focos importantes fueron detectados gracias a la tecnología satelital y que trabajaron en conjunto con la coordinación con organismos de Defensa Civil y Medio Ambiente de Entre Ríos. 
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Proponen proteger por ley la fauna silvestre autóctona entrerriana y aumentar su biodiversidad

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


A través de un proyecto de ley el bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos propuso establecer el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos. Entre otros objetivos persigue el control de la fauna exótica invasora, crear un dispositivo de rescate y atención de los animales heridos o decomisados, promover corredores biológicos que vinculen los ecosistemas entre sí y los accesos a fuentes de agua y una regulación más estricta de la caza deportiva menor.
El bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos (JxER) presentó este martes un proyecto de ley que propone establecer “el régimen jurídico de conservación de la fauna silvestre en la Provincia de Entre Ríos, con el propósito fundamental de asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales, de acuerdo con los principios definidos en la presente normativa”.
El proyecto, del diputado Juan Manuel Rossi, sostiene que “el régimen de conservación de la presente ley comprende la protección de las especies de fauna silvestre, tanto residentes como migratorias, que habitan en la Provincia de Entre Ríos. Incluye, asimismo, la protección de sus hábitats esenciales para la supervivencia y el pleno desarrollo de las mismas. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley la fauna acuática.

Resultado de un proceso participativo multisectorial
En los fundamentos, Rossi destacó que “en coherencia con lo recién mencionado, este proyecto de ley es el resultado de un proceso participativo multisectorial. Fue enriquecido con el aporte de organizaciones ambientales como Ceydas, instituciones científicas como el INTA-Oro Verde, Conicet-Diamante, especialistas en fauna de la Universidad Nacional de La Pampa, prestadores de turismo aventura nucleados en la organización Acetra y funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos”. En el mismo sentido mencionó que “a través de reuniones de trabajo se logró construir una propuesta, que esperamos, aborde la complejidad de la temática de manera satisfactoria, con una perspectiva realista y científica”.
En el proyecto de alertó que “la diversidad biológica (o la biodiversidad) se encuentra gravemente amenazada por la depredación humana. Este peligro es la razón principal que nos alentó a trabajar en la idea de la conservación de la fauna silvestre autóctona entrerriana en hábitats naturales, para así aumentar la diversidad biológica, ya que la capacidad de la naturaleza de producir naturaleza disminuye incesantemente”.
También se señaló que “los beneficios de la biodiversidad al bienestar humano son tan numerosos y fundamentales que sólo un sistema económico y cultural ciego puede ignorarlos. Entre sus aportes, se destacan la seguridad alimentaria, la salud humana basado en medicamentos que provienen de compuestos naturales, la estabilidad ecológica y la regulación del clima y del agua a través de ecosistemas saludables y resilientes, los servicios culturales, recreativos, espirituales y educativos y, el sustento económico de comunidades locales que dependen de la caza, la pesca y el turismo ecológico”.
Rossi precisó que “la presente iniciativa propone un conjunto de instrumentos enfocados en la conservación de la fauna silvestre nativa. Entre ellos, merecen destacarse las estrategias de conservación, tales como la repoblación, la reintroducción y la translocación de animales en hábitats protegidos de productos tóxicos. También es muy importante el control de la fauna exótica invasora, muy dañina para los animales nativos”.
Además destacó que “se crea, además, un dispositivo de rescate y atención de los animales heridos o decomisados y, para favorecer el movimiento seguro de la fauna silvestre autóctona, se promueven corredores biológicos que vinculen los ecosistemas entre sí y los accesos a fuentes de agua”.

Cinegética basada en estudios científicos
Entre otros objetivos de similar trascendencia para la protección de la biodiversidad entrerriana, el legislador mencionó “una regulación más estricta de la caza deportiva menor es otro de los instrumentos. Este tipo de cinegética, que debe estar basada en estudios científicos sobre la abundancia de especies, ayuda a mantener poblaciones saludables y equilibradas dentro de los ecosistemas, evitando su agotamiento. Por último, con la creación del departamento de fauna se avanza en un sistema de control integral que incluye tanto el monitoreo ambiental de la fauna silvestre como la fiscalización e inspección de las actividades humanas que puedan afectarla”.
En resumen, Rossi destacó que “este proyecto de ley concentra un conjunto de instrumentos que apuntan a un mismo fin: la protección de la fauna silvestre autóctona en sí. Así las cosas, escapa del alcance de esta iniciativa, y de las posibilidades de cualquier provincia argentina por sí misma, resolver el fondo de la cuestión: el desarrollo de ecosistemas completos y funcionales como la forma más segura de incrementar la biodiversidad. Hoy en día los ecosistemas se degradan velozmente debido a la deforestación, la expansión urbana descontrolada, la agricultura intensiva, los monocultivos forestales, las malas prácticas de manejo ganadero, la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático como incendios y sequías, entre otras”.  

“Nos estamos devorando el planeta”
Rossi mencionó la “contundente” afirmación de la “destacada bióloga y ecóloga argentina Sandra Díaz, quien asevera también, que estamos ante la posibilidad de una extinción masiva de especies dado que cerca de un millón de especies están en riesgo (Rocha, 2019). Publicado en el año 2019, la experta argentina fue una de las autoras del informe de evaluación mundial de la biodiversidad más completo y abarcador hasta la fecha” y compartió “algunas de sus contundentes conclusiones”. 
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Entre Ríos: organizaciones socioambientales denuncian el cierre de escuelas rurales y el avance del agronegocio

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Portal Noticias Ambientales
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno de Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio (PRO), anunció su intención de cerrar cerca de 300 escuelas rurales por baja matrícula.
La Coordinadora Basta es Basta expresó su rechazo mediante un comunicado, calificando la medida como “un nuevo golpe a las comunidades rurales, ya afectadas por el abandono estatal y el avance del modelo agroexportador que expulsa a las familias del campo”.
“Un solo alumno tiene derecho a educarse”: voces desde el territorio
Desde el Consejo General de Educación (CGE), el funcionario Sebastián Benedetti justificó el cierre por razones de “eficiencia pedagógica”, señalando que hay escuelas con uno a tres alumnos. Sin embargo, Elio Kohan, docente y referente de Basta es Basta, plantea que “la baja matrícula no invalida el derecho a la educación”, y que las escuelas rurales deben sostenerse como espacios de encuentro y resistencia comunitaria.
En la zona de Basavilbaso, la docente Mariela Leiva advierte que doce escuelas están en riesgo de cierre, y denuncia el impacto de las fumigaciones cercanas, autorizadas por la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas, que permite aplicar agrotóxicos a solo 15 metros de las aulas. “Estamos frente a una vulneración directa del derecho a educarse en un ambiente sano”, sostiene.

Fumigaciones, monocultivo y despoblamiento rural
La Coordinadora Basta es Basta señala que el despoblamiento rural responde a múltiples factores: fumigaciones masivas, concentración de tierras, desplazamiento de la agricultura familiar y contaminación de agua y suelos.
En zonas como Concordia, el referente Facundo Scattone Moulins describe un proceso de “expulsión en base a venenos”, donde el uso intensivo de soja y arroz desplaza a los trabajadores rurales, invisibilizados por la tecnificación del modelo productivo.
escuelas rurales

Riesgos sanitarios y judicialización de las fumigaciones
Los campamentos sanitarios del Instituto de Salud Socioambiental (Universidad de Rosario) demostraron que vivir cerca de zonas fumigadas aumenta el riesgo de cáncer. Kohan, desde Colonia Avigdor, denuncia que “no son estadísticas, son vecinos y amigos que han enfermado o fallecido”.
En 2018, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos estableció distancias mínimas de 1.000 a 3.000 metros para fumigaciones cerca de escuelas, declarando inconstitucional una resolución que permitía aplicar químicos a solo 50 metros.

Una ley cuestionada por desconocer la evidencia científica
Pese al fallo judicial, en 2024 se sancionó la Ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, que habilita fumigaciones entre 15 y 500 metros de las escuelas, según el tipo de aplicación.
La ley exige que se realicen en contraturno escolar y bajo supervisión de un asesor fitosanitario, pero desconoce los estudios sobre derivas tóxicas, según denuncian las organizaciones. “La única buena práctica agrícola es la agroecología”, resume Kohan.

Educación rural: bastión de arraigo y denuncia
“Las escuelas rurales son mucho más que aulas: son espacios de encuentro, denuncia y construcción comunitaria”, afirma Kohan. Scattone agrega que son “el lugar donde madres, docentes y trabajadores se animan a visibilizar lo que ocurre”.
Sin embargo, el vaciamiento no es nuevo: en 2007, el gobierno provincial vendió 70 hectáreas de la Escuela Agrotécnica N.º 151 a la familia Etchevehere, ligada al agronegocio. En 2017, se entregaron otras 29 hectáreas para obras que nunca se concretaron.
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El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo en Villaguay

Fecha de Publicación: 21/08/2025
Fuente: Portal DespertarEntrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos


 El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de un área forestal ubicada en el departamento Villaguay.
El máximo órgano judicial de Entre Ríos rechazó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.
El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universdi9dad Nacional de Entre Ríos.
La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.
La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.
También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.
La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
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Aplican multa millonaria y clausuran un centro de acopio de bidones vacíos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno cerró un centro de acopio de envases vacíos de agroquímicos ubicado cerca de Aranguren. Aplicó una multa de más de $46 millones a su dueño.
Luego de un exhaustivo proceso, que se inició el año pasado, el gobierno provincial cerró un centro clandestino de acopio de bidones vacíos de fitosanitarios, también conocidos como agroquímicos, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, en las cercanías de Aranguren, departamento Nogoyá. La multa a su titular supera los 46,274 millones de pesos. 
 La intervención, realizada entre el 22 y el 24 de mayo de 2024, conto con la participación clave de expertos de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico (incluyendo su Brigada Ambiental), la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo y la Asociación Civil Campo Limpio.
En esa oportunidad se encontraron una gran cantidad de envases almacenados ilegalmente en instalaciones sin la habilitación correspondiente, pero que funcionó normalmente durante décadas. Luego de tres días de intenso trabajo, se retiraron y enviaron a disposición final toneladas de plástico contaminado, evitando que fueran derivados al chipeo y reciclado, una práctica peligrosa que había tenido lugar durante un largo tiempo en otro sitio cercano, propiedad de los mismos responsables.

Con los envases contaminados hacían objetos de uso cotidiano
Con dicho plástico reciclado, pese a su alta peligrosidad, elaboraban nuevos objetos de uso cotidiano. Los envases relevados y clasificados fueron trasladados a un Centro de Acopio Transitorio (CAT), con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y una disposición final segura, a instancias de Campo Limpio, que tiene asignada por ley la responsabilidad de la gestión de los envases.
Ya en 2024 se impuso una suspensión provisoria de toda actividad en el establecimiento, lo que derivó en un sumario administrativo que concluyó recientemente. Como resultado, mediante resolución número 1220, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, dispuso la clausura definitiva del predio, la imposición de una multa superior a los 46 millones de pesos al titular del establecimiento, y la obligación de presentar un plan de remediación y recomposición ambiental.
Las sanciones impuestas fueron por infracciones a normativas clave como la Ley de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279). Además, el plan de remediación ambiental del predio exigido resulta crucial para evaluar y revertir el impacto de la contaminación, buscando restablecer el ambiente a su estado original. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades judiciales toda la información correspondiente a esta grave infracción ambiental.
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Entre Ríos regula el uso de agroquímicos cerca de escuelas rurales

Fecha de Publicación: 25/06/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La provincia aprobó un protocolo que establece zonas de aplicación, requisitos técnicos y condiciones de notificación para proteger la salud de estudiantes y docentes. El sector agropecuario cuestionó algunos puntos por considerarlos “excesivos”.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó, mediante la Resolución N.º 1109/25, el “Protocolo de actuación ante casos de aplicaciones con productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales”. El documento establece zonas de exclusión, amortiguamiento y libre aplicación según la distancia a los establecimientos educativos y el tipo de equipo utilizado.
“Este protocolo pone en el centro la salud de niñas, niños y adolescentes del ámbito rural, sin desatender la producción”, declaró la secretaria del área, María Inés Farías. 

Zonas de aplicación y condiciones técnicas
El protocolo define tres zonas:
    Zona de Exclusión: se prohíbe toda aplicación en un radio de 15 a 500 metros, dependiendo del equipo utilizado.
    Zona de Amortiguamiento: permite el uso solo de productos de baja toxicidad (bandas azul y verde), con requisitos estrictos de aviso, supervisión técnica y condiciones climáticas.
    Zona de Libre Aplicación: habilita el uso de todos los tipos de fitosanitarios sin necesidad de notificación previa.
Además, en la zona intermedia se deberá notificar con al menos 48 horas de anticipación, ajustar las aplicaciones a contraturno escolar, y garantizar la presencia de un asesor fitosanitario habilitado. 


Reacciones dispares: el campo pide revisión
Desde el sector rural, surgieron críticas. Carlos Luján, referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, sostuvo que “si bien coincidimos en la necesidad de regulación, los límites establecidos son desmedidos para la escala de muchos pequeños productores. Pedimos diálogo para evitar parálisis productiva”.
El protocolo también establece cómo actuar en caso de denuncias de aplicaciones indebidas, señalando como vía principal la exposición policial con documentación detallada y pruebas complementarias. 

Una herramienta para la convivencia rural
Con esta resolución, Entre Ríos busca marcar una hoja de ruta que equilibre la actividad agropecuaria con el derecho a un ambiente sano para los entornos escolares. Ahora resta ver cómo se instrumentará en el territorio y si se abrirá la mesa de diálogo con el sector productivo para lograr consensos.
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Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema. 

Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados. 
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública. 

Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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Atraparon a cazadores en un Parque Nacional: mataron jabalíes, ciervos y carpinchos

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Entre Ríos


Durante un patrullaje, los guardaparques descubrieron un campamento equipado como si fuera una base militar.
Por días enteros, los cazadores se ocultan armados - en distintas zonas de Argentina - con fusiles de largo alcance, visores térmicos y lanchas listas para huir por los arroyos. No cazan por necesidad, sino por deporte o por encargo. Esta vez, sin embargo, el sigilo no fue suficiente.
Tres hombres fueron sorprendidos por guardaparques en el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, y quedaron implicados en un operativo que permitió descubrir un campamento perfectamente montado, con armas, víveres y restos de fauna silvestre.
Los delitos contra la fauna en áreas protegidas no son nuevos, pero se han vuelto cada vez más sofisticados. Los cazadores ilegales conocen el terreno, se mueven en grupo y emplean tecnología de punta para burlar a quienes cuidan estas reservas.
En El Palmar, uno de los pocos refugios naturales del sur de Entre Ríos, el trabajo de los guardaparques es permanente y cada incursión puede cambiar de un momento a otro: del silencio absoluto a los disparos en la oscuridad.

Patrullaje, rastros y disparos: un día en el monte
Dos semanas atrás, una patrulla conjunta entre el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y la Brigada de Abigeato de Colón realizó un patrullaje de más de 16 horas por el Parque Nacional El Palmar, que abarca unas 8.200 hectáreas de monte, pastizales y arroyos. Ya entrada la noche, tres disparos quebraron el silencio y los cazadores estaban cerca.
Los rastros los llevaron hasta un campamento improvisado, pero equipado con mesa, sillas, colchones y linternas. Aunque no hallaron a nadie en el lugar, el mensaje era claro: los intrusos se habían instalado con tiempo y recursos, preparados para pasar varios días cazando sin ser descubiertos.
El hallazgo activó una vigilancia más estricta y se redoblaron los patrullajes en las zonas donde más circulan los cazadores: los márgenes del arroyo Palmar y algunas picadas internas que conectan distintos puntos del parque.

Un operativo al amanecer y una lancha escondida
La oportunidad llegó esta semana, cuando una nueva recorrida comenzó de madrugada. Cerca de las 10 de la mañana, los patrulleros divisaron una lancha oculta entre la vegetación a orillas del arroyo Palmar. Dentro, un hombre intentaba deshacerse rápidamente de varios animales, arrojándolos al agua. Eran jabalíes, ciervos y carpinchos que habían sido cazados dentro del Parque.
En el bote quedó solo un jabalí. También había sangre en la ropa del cazador y en el interior de la embarcación. Además, se halló un estuche con un arma larga y otros elementos usados en faenas de caza. El hombre confesó que no estaba solo: dos personas más habían participado con él de la cacería.
En el lugar del operativo se secuestraron dos fusiles, miras telescópicas, visores térmicos, equipos de comunicación, cuchillos, chairas y medicación. Según indicaron desde el Parque, los infractores no ofrecieron resistencia. De todos modos, los antecedentes marcan que este tipo de operativos no siempre termina sin conflictos.

Memoria de un guardaparque asesinado
En abril de 1969, un guardaparque de 32 años llamado Bernabé Méndez fue asesinado después de descubrir un campamento de cazadores ilegales en el Alto Iguazú. Su caso marcó un antes y un después para los trabajadores de parques nacionales, que desde entonces reciben entrenamiento específico en prevención, defensa y manejo de situaciones de riesgo. Cada 14 de abril se recuerda su nacimiento, y tanto en el Parque Nacional Iguazú como en la ciudad homónima hay lugares que llevan su nombre.
La lucha contra la caza furtiva es diaria y se libra en silencio, muchas veces sin reconocimiento público. En zonas como El Palmar, donde conviven carpinchos, ciervos y jabalíes en estado silvestre, el trabajo de los guardaparques sostiene el equilibrio de un ecosistema cada vez más amenazado por quienes eligen las armas antes que el respeto por la vida natural.
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Fallo judicial ordenó frenar desmontes ilegales en el Espinal entrerriano

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


En una sentencia que sienta precedente, una jueza de Paraná hizo lugar a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en zonas protegidas del bosque nativo. Se reconoció la responsabilidad ambiental de los actores involucrados.
La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, María Virginia Giachello, resolvió hacer lugar parcialmente al amparo ambiental presentado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, y ordenó el cese inmediato de desmontes ilegales en áreas del Espinal entrerriano protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El fallo, considerado como ejemplar en lo fáctico y jurídico, también reconoció la responsabilidad ambiental de personas y empresas implicadas, y exhortó al Estado provincial a actuar con urgencia en la resolución administrativa del conflicto.
La acción fue promovida el 18 de marzo de 2025 por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno de Entre Ríos, Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representada por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, por desmontes ilegales en tres lotes identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278.
Las parcelas están categorizadas como zonas rojas (I) y amarillas (II) dentro del OTBN, lo cual prohíbe expresamente cualquier tipo de desmonte, salvo en casos excepcionales con aprobación previa, la cual no existía en este caso.
En su resolución, la magistrada se basó en evidencias técnicas contundentes, entre ellas:
-Mediciones de un agrimensor, que detectó franjas de 50 a 60 metros abiertas en el monte, presentadas falsamente como cortafuegos.
-Un informe técnico de la UADER, que confirmó que los desmontes comenzaron en junio de 2024, mientras Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso por comodato.
-La desestimación del peritaje de Cian, por su falta de rigor técnico, señalada por la Fundación.
-Se destacó además la aplicación del principio preventivo, para evitar mayores daños, al constatarse el desmonte ilegal de al menos 125 hectáreas.
-La jueza también exhortó al Estado provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo N° 3.010.683 iniciado por los responsables del desmonte, y a informar sobre los avances judiciales.
Desde Fundación CAUCE celebraron la sentencia como un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y la Constitución Provincial, destacando que sienta un precedente valioso en la protección del patrimonio natural entrerriano.
“Continuaremos trabajando para garantizar la recomposición ambiental integral del bosque nativo afectado y que se respeten los principios constitucionales de prevención, responsabilidad y no regresión”, expresaron desde la organización ecologista. 
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Fiscal federal solicitó a Prefectura muestras periódicas del río Uruguay

Fecha de Publicación: 28/05/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio una investigación sobre el proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón.
Muestras del río Uruguay. La fiscal federal Josefina Minatta, con jurisdicción en Concepción del Uruguay, inició de oficio una investigación vinculada al proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la ribera oriental del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana de Colón. La iniciativa empresarial generó preocupación en ambas márgenes del río ante el hermetismo de las autoridades y la posible afectación al ambiente.
“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, explicó Minatta al medio El Entre Ríos, sobre los fundamentos de su actuación preliminar.
En este sentido, la Fiscalía solicitó información a organismos ambientales nacionales y provinciales. “Hicimos un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”, remarcó la fiscal, en referencia a la falta de documentación formal sobre el emprendimiento del lado uruguayo.

Muestras independientes y testimonios de vecinos: primeras medidas en marcha
Con el objetivo de obtener datos independientes que permitan monitorear la situación ambiental antes de que se avance con el emprendimiento, Minatta ordenó una serie de medidas. “Le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, subrayó.
Al mismo tiempo, el equipo de la fiscalía comenzó a tomar declaraciones testimoniales de los vecinos de Colón, una de las localidades argentinas potencialmente más expuestas a los efectos de una eventual contaminación del río. Las medidas forman parte de una estrategia preventiva que busca sentar antecedentes y evitar que se repita lo ocurrido durante el conflicto por la pastera Botnia.
No obstante, la mayor dificultad hasta el momento es la falta de información oficial sobre el proyecto. “La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente, por lo que no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio. Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que cancillería pueda solicitarlos”, indicó Minatta.

Posibles delitos y consecuencias legales: la fiscal no descarta imputaciones
La fiscal federal explicó que, una vez que se disponga de información técnica concreta, se podrá avanzar en la evaluación de responsabilidades. Asesorada por especialistas en derecho ambiental y ecología, Minatta identificó riesgos que podrían derivarse del funcionamiento de la planta. “Se va a tomar una cierta cantidad que podría ser perjudicial para el río y a la vez habrá una devolución de material tratado que podría ser contaminante”, advirtió.
En ese contexto, anticipó que podrían configurarse delitos ambientales en caso de comprobarse perjuicios al ecosistema del río Uruguay. Los delitos que se evalúan en forma preliminar incluyen “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño sobre el río”, figuras previstas en el Código Penal y en legislación ambiental argentina.
Asimismo, Minatta no descartó que haya funcionarios argentinos que “podrían ser imputados” en el caso de que se determine “algún incumplimiento de sus funciones”, por omitir acciones de control o gestión en defensa del medioambiente.
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Piden que el gobierno informe qué hizo ante el derrame químico ocurrido el 16 de mayo en el río Uruguay

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


El pedido ingresó este martes a la Cámara de Diputados. Insta al Poder Ejecutivo que informe en un plazo perentorio de 40 días hábiles administrativos, sobre el incidente ambiental del 16 de mayo en la planta de UPM (ex Botnia), en Fray Bentos, Uruguay. Se pidió precisiones sobre los pasos que se siguieron y se sostuvo que “la salud de nuestra población y la integridad de nuestros ecosistemas no pueden quedar supeditadas a la incertidumbre ni a la falta de información transparente y accesible”.
Este martes ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia para que el Poder Ejecutivo informe “a través de los organismos que correspondan…, en un plazo perentorio de 40 días hábiles administrativos, sobre los siguientes puntos en relación con el incidente ambiental ocurrido el 16 de mayo de 2025 en la planta de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay”.
Así, se requirió que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos precise: “a. Qué acciones específicas, protocolos de actuación y tareas de monitoreo se activaron y ejecutaron inmediatamente después de tomar conocimiento del incidente. b. Qué tipo de muestras (aire, agua, suelo, etc.) fueron tomadas en las zonas afectadas de la provincia, indicando puntos de muestreo, fechas y horarios”.
La diputada justicialista Lorena Arrozogaraya, autora del pedido de informes, también solicitó que se precise en el punto “c. Qué informes técnicos y resultados analíticos ha producido el Área de Laboratorio de Concepción del Uruguay, o cualquier otro organismo técnico dependiente de la Secretaría, en relación con las muestras recolectadas y la calidad del aire y agua en las áreas impactadas por el olor y los posibles contaminantes. Detallar los parámetros medidos y los niveles detectados. d. Si se ha establecido comunicación oficial con autoridades de la República Oriental del Uruguay o con la empresa UPM para solicitar información sobre la naturaleza, magnitud y composición del derrame, y en caso afirmativo, cuál ha sido la respuesta obtenida. e. Qué medidas de prevención, mitigación o alerta a la población se implementaron o se prevén implementar”.
Respecto de la participación de la Provincia en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que se informe “a. Qué acciones, informes o actuaciones ha impulsado o producido la delegación argentina ante la CARU a raíz del incidente. b. Si la CARU ha realizado monitoreos específicos en el cuerpo de agua del Río Uruguay en la zona de influencia de la planta UPM con posterioridad al 16 de mayo de 2025, y cuáles han sido los resultados preliminares o finales de dichos estudios. c. Qué medidas se han solicitado o se solicitarán a la CARU para asegurar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y prevenir futuros incidentes de contaminación”.
Asimismo, respecto de la Guardia Ambiental de Gualeguaychú, se requirió: “a. Detalle de las acciones, intervenciones y constataciones realizadas por la Guardia Ambiental de Gualeguaychú desde el momento en que se detectaron los olores y se tomó conocimiento del incidente ambiental del 16 de mayo de 2025. b. Si se labraron actas, se tomaron muestras o se emitieron informes como resultado de su intervención, y en caso afirmativo, proveer copia de los mismos. c. Qué tipo de comunicación y coordinación se mantuvo con otros organismos provinciales o nacionales”.

Fundamentos
En los fundamentos, Arrozogaray contextualizó que “el incidente ambiental ocurrido el día 16 de mayo de 2025, originado por un presunto derrame químico en la planta de UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, cuyos efectos se extendieron a localidades de nuestra provincia interpela el compromiso ambiental irrenunciable e impostergable de este cuerpo y del estado provincial y municipal para con los entrerrianos y entrerrianas”.
Ante aquella situación, sostuvo que “este tipo acontecimientos nos impulsa a accionar desde todos los ámbitos, gubernamentales y no gubernamentales, ante incidentes donde la sociedad no cuenta con información certera y oportuna acerca de la calidad del aire y del agua, tanto durante como después de eventos tan nocivos para el ambiente como el acaecido”.
Destacó que “como consecuencia del mencionado derrame, un olor putrefacto alcanzó las ciudades de Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano y áreas aledañas, generando una notoria preocupación y afectando la salud y el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de nuestros ciudadanos”. Así, entendió que “es imperativo y urgente contar con información adecuada y fehaciente, proveniente de los organismos institucionales con competencia específica, para determinar la naturaleza y composición de las emanaciones y vertidos, y en particular, para establecer si estos pudieron contener Sulfuro de Hidrógeno, Metilmercaptano y Sulfuro de Metilo, compuestos químicos sulfurosos que, según es de público conocimiento, son utilizados por la empresa UPM en su proceso de fabricación de pasta celulosa”.
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Secar el humedal

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174). El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria y una para la Comunidad Islera Asociación Civil a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas. Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que, producto de los efectos del cambio climático, han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
El Delta del Paraná es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios indican que en 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario - Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva. Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios. Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná, puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores. El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Tronca), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?
Es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.

Por Pablo Payró  - Arquitecto, docente de Diseño del Paisaje y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná
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