Multa por incendiar un humedal: sancionan a propietarios rurales por una quema ilegal en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal EconomíaSustentable
Provincia/Región: Entre Ríos


La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aplicó una multa de $496.140 a los propietarios de un campo del departamento Victoria por realizar una quema no autorizada sobre tres hectáreas de humedales. La infracción volvió a poner el foco en el impacto ambiental del uso ilegal del fuego sobre uno de los ecosistemas más frágiles del país. 
La utilización ilegal del fuego en los humedales volvió a quedar bajo la lupa. La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos sancionó a los propietarios de un establecimiento rural del departamento Victoria con una multa de $496.140 por haber realizado una quema no autorizada sobre tres hectáreas de vegetación seca en un ambiente de humedal.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 339/2026, luego de un procedimiento iniciado a partir de una inspección realizada por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego el 4 de diciembre de 2022.
Durante el patrullaje, los inspectores constataron que el incendio se desarrollaba sin autorización de la autoridad competente y sin personas encargadas de controlar el avance de las llamas o realizar tareas de extinción.
Las actuaciones incluyeron un relevamiento fotográfico y un informe técnico que confirmó que, si bien el fuego no provocó daños a viviendas ni puso en riesgo a personas, sí ocasionó un impacto ambiental significativo al afectar un ecosistema de humedales.

Quema ilegal en humedales: cómo se determinó la multa
Para establecer el monto de la sanción, la Secretaría de Ambiente aplicó los criterios previstos por la legislación vigente en materia de manejo del fuego.
Entre los factores considerados se incluyeron la ausencia de control sobre el incendio, el riesgo potencial generado por la quema, la inexistencia de daños a personas y bienes, el elevado impacto ambiental por tratarse de un humedal y la falta de antecedentes de los propietarios.
Con esos parámetros, el organismo fijó una multa de $496.140 contra los titulares del establecimiento rural donde se detectó la infracción.

Humedales en riesgo: la ley prohíbe quemas sin autorización
La resolución recuerda que tanto la Ley Provincial Nº 9.868 como las Leyes Nacionales Nº 26.562 y Nº 26.815 prohíben realizar quemas en áreas rurales y forestales sin autorización expresa de la autoridad ambiental.
Además, el expediente señala que los propietarios fueron debidamente notificados para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, una vez vencidos los plazos legales, no presentaron ningún descargo, por lo que el procedimiento administrativo continuó hasta el dictado de la sanción.
La normativa establece que los infractores deberán abonar la multa dentro de los diez días posteriores a la notificación. No obstante, también podrán solicitar un plan de facilidades de pago, siempre que lo hagan dentro de los cinco días hábiles siguientes.
El caso vuelve a poner en evidencia el impacto que las quemas ilegales tienen sobre los humedales, ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático, cuya protección continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales del país.
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Un empresario brasileño pagó US$40.000 por cazar un ciervo y ahora se investiga una causa por presunto tráfico de fauna

Fecha de Publicación: 23/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


La Justicia Federal indaga si existió un presunto esquema de tráfico y explotación de fauna silvestre en Entre Ríos. Hubo dos allanamientos y secuestraron armas y trofeos de caza.
Un empresario brasileño que desarrolla actividades comerciales en Paraguay pagó 40.000 dólares para cazar un ciervo colorado de alto valor en un exclusivo coto de caza ubicado en el departamento entrerriano de Gualeguaychú.
El caso derivó en una investigación federal por presunto esquema de tráfico y explotación de fauna silvestre. Hubo dos allanamientos y secuestraron armas, trofeos de caza y bienes valuados en más de $1.300 millones.
La causa está en manos del juez federal Hernán Viri y del fiscal Pedro Rebollo, y contó con intervención de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y de la Prefectura Naval Argentina.
Según la investigación, el animal era un ejemplar de altísimo valor genético y comercial. Los investigadores sospechan que fue trasladado de manera irregular desde un criadero ubicado en Roque Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires, hasta el establecimiento “Médano Salvaje”, un coto de caza situado en Costa Uruguay Sur y administrado por la firma De Bernardis Hunting.
El episodio habría ocurrido el 16 de marzo pasado, pero se dio a conocer en los últimos días. Las imágenes del cazador junto al animal muerto fueron difundidas en redes sociales por el propio establecimiento y terminaron convirtiéndose en una de las principales pruebas del expediente.
La publicación llamó la atención de la organización ambientalista Freeland, que presentó una denuncia ante la Brigada de Control Ambiental. A partir de esa presentación se inició una investigación que desembocó en el primer operativo judicial.

Allanamientos y hallazgos millonarios
El 10 de junio, efectivos de la Prefectura Naval realizaron un procedimiento en el predio rural donde se desarrollaban las actividades de caza.
Durante la inspección, secuestraron la cornamenta del ciervo de 72 puntas y localizaron otro ejemplar vivo. Además, encontraron distintas especies exóticas dentro de un área cercada de aproximadamente 130 hectáreas.
Entre los animales hallados figuraban antílopes y búfalos de la India, ciervos axis, jabalíes y carneros de cuatro cuernos. También encontraron alrededor de 50 trofeos de caza correspondientes a diferentes especies.
Según informaron fuentes de la investigación, el responsable del establecimiento no pudo presentar la documentación exigida por la legislación vigente, entre ella la habilitación provincial y el libro foliado donde deben registrarse las actividades cinegéticas.
Por ese motivo, además del expediente penal, se inició un proceso administrativo que podría derivar en sanciones económicas.
La investigación avanzó durante las últimas semanas y el viernes pasado la Justicia Federal ordenó un nuevo allanamiento en un galpón ubicado sobre la avenida Urquiza al Oeste al 2900, en la ciudad de Gualeguaychú.
Los prefectos secuestraron 29 escopetas de distintos calibres, un revólver y más de 15.000 cartuchos. 
También hallaron decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, cuchillos con mangos confeccionados con astas y muebles elaborados con pieles de animales.
A eso se sumaron computadoras, teléfonos, documentación y abundante material fotográfico que ahora será analizado por los investigadores para determinar el alcance de las actividades.
De acuerdo con las estimaciones incorporadas al expediente, el valor total de los bienes secuestrados supera los 1.326 millones de pesos.
Los efectivos usaron un camión para trasladar todo el material decomisado hasta la sede de la Prefectura Naval ubicada en la Costanera de Gualeguaychú.
La principal hipótesis apunta a posibles infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Sin embargo, los investigadores también analizan eventuales maniobras vinculadas al tráfico de trofeos de caza, la tenencia y utilización de especies exóticas y posibles delitos relacionados con la Ley Nacional de Armas.
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Caza de nutrias: ONG rechazó la autorización para matar 100 mil ejemplares

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La caza de nutrias volvió a generar polémica en Entre Ríos luego de que organizaciones ambientalistas cuestionaran la autorización provincial para la extracción de hasta 100 mil ejemplares de coipo. Gabriel Bonomi, integrante de una ONG dedicada al estudio de las aves y el ambiente, manifestó su rechazo a la medida durante una entrevista en el programa “GPS”, que se emite por Elonce.
El referente explicó que existe una confusión habitual sobre la especie involucrada. “Lo que se autoriza es la matanza de coipos. En Entre Ríos se conoce casi indistintamente dos especies diferentes de nutrias, que en realidad no es una nutria, sino algo similar. Son familias totalmente diferentes. Los coipos son animales acuáticos muy importante para los ecosistemas acuáticos de la provincia”.
Según indicó, la preocupación principal radica en la ausencia de estudios científicos que permitan determinar el impacto que podría tener una extracción de semejante magnitud sobre las poblaciones silvestres de la especie. 

Falta de estudios y controles
Bonomi cuestionó los fundamentos utilizados para habilitar la actividad y sostuvo que los argumentos expuestos tienen un fin económico: “El gobierno provincial autorizó la matanza de 100 mil ejemplares de esta especie. Los argumentos son comerciales, pero lo que entendemos es que no hay estudios realizados por la provincia para determinar si las poblaciones de esta especie están en condiciones de hacer semejante extracción porque estamos hablando de un número sideral”.
Asimismo, remarcó que la falta de controles constituye otro de los aspectos que genera preocupación entre las organizaciones ambientalistas. “Además, considerando la absoluta falta de control que hay en cuanto a la matanza. El Estado provincial no tiene ningún tipo de capacidad para controlar la matanza”.
Las declaraciones se suman al debate que desde hace tiempo mantienen distintos sectores respecto de la conservación de la fauna silvestre en la provincia y el equilibrio entre las actividades económicas y la protección ambiental.

El papel del coipo en los humedales
El integrante de la ONG también hizo referencia a la función ecológica que cumplen estos animales dentro de los ecosistemas acuáticos entrerrianos. En ese sentido, destacó que su importancia excede ampliamente el valor comercial que pueda atribuirse a la especie.
“Estas especies además de formar parte de la cadena trófica –son presas de yacarés, de gatos montés, de lobitos de río-, son grandes dispersores de huevos y semillas de plantas acuáticas que se pegan en su pelaje y lo van trasladando a lo largo de los humedales de la provincia de Entre Ríos. Esto no se está teniendo en cuenta por parte del gobierno provincial”, sostuvo.
Para los ambientalistas, cualquier decisión vinculada con la extracción de fauna silvestre debería contemplar estudios técnicos actualizados y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar las consecuencias sobre los ecosistemas. 

Pedido de información y posibles acciones
En relación con los pasos a seguir, Bonomi adelantó que solicitarán documentación oficial para conocer los fundamentos de la medida y los estudios que respaldan la autorización.
“Vamos a pedir información pública al gobierno provincial, algo que debió haberse hecho sin necesidad de que se la solicite. Esto debió ser una decisión participativa para honrar acuerdos internacionales que hablan de la protección del ambiente”, afirmó.
Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtienen respuestas satisfactorias. “Consideramos la posibilidad de accionar nuevamente contra el gobierno provincial por esta cuestión, más allá de la demanda que existe por la caza de aves”, resaltó.
De esta manera, la autorización para la extracción de coipos volvió a instalar el debate sobre la gestión de la fauna silvestre en Entre Ríos, mientras organizaciones ambientalistas reclaman mayor información, estudios científicos y participación ciudadana en las decisiones vinculadas a los recursos naturales. 
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La Justicia amplió las restricciones a las fumigaciones con agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 30/05/2026
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Entre Ríos


Una nueva resolución judicial volvió a sacudir el debate ambiental y sanitario en Entre Ríos. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná resolvió hacer lugar a dos amparos ambientales vinculados a fumigaciones con agroquímicos cerca de viviendas y barrios rurales, y dispuso restricciones más amplias para las aplicaciones terrestres y aéreas de fitosanitarios.
La decisión fue tomada por la jueza María Fernanda Miotti y alcanza a zonas de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, ambas ubicadas en el departamento Diamante.

Las medidas dispuestas por el fallo
La magistrada ordenó el cese inmediato de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de agroquímicos o fitosanitarios cerca de las zonas protegidas por los amparos.
Además, estableció nuevas distancias mínimas de resguardo:
    1.095 metros para aplicaciones terrestres.
    3.000 metros para fumigaciones aéreas.

El fundamento de la resolución
La resolución se basó en estudios científicos desarrollados por Rafael Lajmanovich, utilizados como sustento técnico para evaluar posibles efectos ambientales y sanitarios derivados de la exposición a agroquímicos.
En su fundamentación, Miotti sostuvo que debe priorizarse la protección de la salud humana y del ambiente, aplicando los principios preventivo y precautorio establecidos en el derecho ambiental.
El fallo ya fue apelado por abogados de la Federación Agraria Argentina y también será cuestionado por el Gobierno provincial ante el Superior Tribunal de Justicia.
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Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Fecha de Publicación: 18/03/2026
Fuente: Diario Río Uruguay
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


El gobernador advirtió que la provincia no descarta acudir a tribunales internacionales para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre el río Uruguay.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reafirmó que la provincia está dispuesta a recurrir a la Justicia internacional si no logra frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos proyectada frente a la ciudad de Colón, sobre el río Uruguay.
Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una reunión de trabajo encabezada por el mandatario provincial en Colón, junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales, y representantes de distintos sectores. El objetivo fue actualizar información y analizar las gestiones en torno al proyecto, que genera preocupación en la comunidad entrerriana. 
En ese marco, Frigerio detalló las gestiones realizadas ante autoridades del vecino país. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición”, explicó. 

Un conflicto que escala a nivel internacional
El gobernador subrayó que el conflicto excede el ámbito provincial. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó.
Asimismo, recordó que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial ya había planteado la necesidad de relocalizar la planta. “Dejé claramente expuesta nuestra posición frente a la necesidad de relocalizar esta planta de combustibles sintéticos”, indicó.
Además, junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra en elaboración y que, a pedido de la provincia y de la Nación, ahora incluye a Colón dentro del área de análisis. Según explicó, los resultados de ese informe serán clave para definir los próximos pasos.

El reclamo local y el antecedente de Botnia
Por su parte, el intendente Walser agradeció el acompañamiento del gobernador y destacó la importancia del trabajo conjunto. “Esta es una lucha que necesita del compromiso de todos para defender nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”, sostuvo.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que se concrete la Mesa de Cancilleres entre ambos países y reclamó una postura más firme del gobierno nacional argentino. También cuestionó que Uruguay avance con el proyecto sin consultas previas.
“Ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia”, recordó, en alusión al conflicto por la planta de UPM (ex Botnia), que años atrás generó una fuerte disputa entre Argentina y Uruguay por su impacto ambiental en el río compartido.
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Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un convenio para proteger el Delta del Paraná de los incendios

Fecha de Publicación: 04/03/2026
Fuente: Portal Conclusión
Provincia/Región: Litoral Argentino


Las tres provincias, junto a la Agencia Federal de Emergencias, consolidaron un esquema de trabajo conjunto iniciado en 2024 y establecieron una coordinación operativa permanente para prevenir y responder al fuego en la región.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para fortalecer la coordinación operativa en el Delta del Paraná frente a los incendios. El convenio, rubricado en Alvear, da continuidad al trabajo articulado iniciado en enero de 2024 y establece un protocolo común de actuación ante emergencias.
Las autoridades destacaron que el Delta del Paraná es un territorio compartido cuya dinámica ambiental exige respuestas coordinadas, ya que el fuego no reconoce límites geográficos. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, subrayó la importancia de que las provincias y la Nación trabajen de manera articulada para abordar desafíos ambientales que trascienden fronteras.
En ese sentido, el ministro Enrique Estévez destacó que “es muy importante este paso que estamos dando. Tres provincias y Nación trabajando conjuntamente sobre un territorio que nos es común. El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”.
Asimismo, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, remarcó el valor institucional del acuerdo y recordó que en 2022 la zona evidenció problemas de coordinación en el combate del fuego.
Por lo tanto, consideró que la firma del acta compromiso representa un paso clave para consolidar una política de Estado orientada a la prevención.
Por otra parte, en los últimos dos años Santa Fe destinó más de 2.500 millones de pesos a infraestructura y equipamiento para el combate del fuego, incluyendo herramientas, camionetas y capacitación específica para 632 brigadistas forestales. Además, el nuevo acuerdo establece que todos los recursos disponibles de las tres provincias estarán coordinados bajo un mismo protocolo operativo en articulación con la AFE.
En consecuencia, se busca optimizar los tiempos de respuesta, compartir información estratégica y garantizar intervenciones conjuntas ante eventuales focos ígneos. De hecho, el despliegue comenzó de inmediato con la instalación de un campamento base que funcionará con tres grupos de trabajo específicos en el territorio.
Además, en la segunda quincena de marzo se realizará una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la intervención de una provincia en territorio de otra, superando posibles trabas operativas y asegurando mayor agilidad en la respuesta.
Las autoridades explicaron que la decisión de anticipar las acciones responde a un factor climático concreto, las lluvias recientes generaron un importante crecimiento de vegetación que, al secarse durante el invierno, podría convertirse en biomasa altamente inflamable.
Por ello, actuar ahora de manera preventiva y coordinada resulta fundamental para reducir el riesgo de incendios en una región estratégica tanto en términos ambientales como productivos.
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La instalación de una refinería en Uruguay abre un conflicto por su impacto ambiental en la Argentina

Fecha de Publicación: 20/02/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


Una empresa se encamina a construir una planta de hidrógeno verde en la ribera de Paysandú, frente a Entre Ríos; una fiscal federal argentina formalizó una investigación por “daño ambiental”
La instalación de una refinería en la ribera de Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón, reaviva tensiones entre ambos países por su impacto ambiental. “Va a intentar transformarse en un revival de Botnia y su historia con Gualeguaychú”, dijo a LA NACION una fuente cercana a la cancillería uruguaya. Se refiere así a HIF Global, una empresa multinacional de electrocombustibles que avanza con un proyecto de hidrógeno verde del lado oriental del Río de la Plata.
En diciembre, el gobierno uruguayo firmó con la compañía un “Memorando de Entendimiento”. Se trata de una hoja de ruta que confirma la voluntad de invertir 5300 millones de dólares. Entre los puntos, hay otra planta de captura de dióxido de carbono, una tercera de “eMetanol”, una cuarta de “eGasolina”, un parque fotovoltaico, un parque eólico y la “revitalización de las vías ferroviarias” para llevar el combustible renovable al puerto de Montevideo.
“Esa historia terminó en que el desarrollo quedó de este lado y la protesta del lado de ustedes”, recordó la fuente charrúa al conflicto por la papelera Botnia (hoy UPM), que devino en un conflicto bilateral, protestas y corte de los puentes internacionales. “Va a entrar en un clima de reclamos ambientales y HIF Global va a avanzar y se va a instalar”, afirmó la misma fuente.
HIF Global es una empresa chileno-peruana con sede en Estados Unidos, parte de un holding encabezado por la fabricante alemana de automóviles Porsche. En la región, tuvo su primer proyecto en Punta Arenas (Chile) y marcha otro en Río de Janeiro (Brasil). El de Uruguay “lleva dos años de trabajo y, hasta ser aprobado, le queda uno o dos más” calculan los que conocen el tema. 
En Uruguay esperan que el hidrógeno verde corra el mismo redituable destino que la industria papelera. Afirman que el producto cumplirá con estándares para ser exportado a Europa, en el marco de sus pretensiones de neutralidad de carbono para el año 2050. “El proceso de la planta tiene que ser renovable”, aseveró la fuente uruguaya al otro lado del río.

Cuestionamientos
“Estos proyectos de transición energética son sumamente extractivos, toman grandes volúmenes de agua del río y toneladas de biomasa de residuo forestal para generar dióxido de carbono”, apuntó Adriana Viollaz, integrante de la agrupación de científicos Colón en Riesgo. “Es mucho peor que la papelera Botnia. HIF fabrica metanol, hidrógeno y combustible: los riesgos de contaminación son severos y múltiples”, alertó Viollaz en diálogo con LA NACION.
“No es una planta, es un monstruo a 3000 metros de Colón”, sentenció la licenciada sobre el predio que estará 7,5 kilómetros al norte de Paysandú y tendrá 440 hectáreas de extensión. “En el mundo no existe una planta del tamaño de la que quieren hacer”, apuntó y anticipó: “Colón va a quedar arruinada, es una ciudad turística y una planta en frente va a ahuyentar el turismo, además de afectar la salud de la población y a la biodiversidad”. Viollaz es parte de un equipo que investiga de los alcances del proyecto de HIF a partir de los datos disponibles.
En paralelo, los vecinos de Colón formaron una multisectorial que se reúne los miércoles para organizarse contra la instalación de la planta y pedir por su relocalización. Entre sus actividades, hay una marcha todos los sábados en el centro de la ciudad. La municipalidad, encabezada por el intendente vecinalista José Luis Walser, forma parte de la coordinación con otras partes y lleva adelante buena parte de los reclamos ante las autoridades nacionales. 
Según pudo saber LA NACION, la municipalidad hizo presentaciones ante legisladores provinciales y nacionales por Entre Ríos, al gobernador Rogelio Frigerio, al canciller Pablo Quirno, al presidente Javier Milei, a la propia HIF Global, a la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a su presidente, Luis Montero.
El resultado de las acciones fue la conformación de una “mesa amplia” con el gobernador, legisladores, el intendente y referentes vecinales. En marzo de 2025, Frigerio y Walser se habían reunido con el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, para manifestarle su preocupación por la instalación de la planta. “Estamos convencidos de que no se va a repetir una situación como la que nos enfrentó en el pasado”, dijo el gobernador en una comunicación oficial. 
“La ubicación prevista para la planta frente a Colón genera una preocupación legítima en nuestra comunidad y merece ser revisada. Desde el primer momento planteamos con claridad la necesidad de relocalizar el proyecto”. De cualquier modo, sopesó: “No estamos en contra de la inversión ni del desarrollo, pero sí creemos que debe respetar el equilibrio ambiental, el paisaje ribereño y la principal actividad económica de la región”, amplió Frigerio al ser consultado por LA NACION.
Por otra parte, Walser elevó informes a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, sobre el impacto que tendría la planta en cuanto a lo económico y sanitario para Colón. Fue así que la fiscal presentó un escrito al juez e inició de oficio una investigación. La abogada atendió los planteos de los ambientalistas, afirmó que el proyecto podría afectar el territorio argentino y sostuvo que HIF Global podría incurrir en el delito de “daño ambiental”.
Otro punto de la presentación de Minatta es la presunta violación por parte del gobierno oriental al Estatuto del Río Uruguay. Para ello, le pidió al canciller Quirno que solicite a las autoridades vecinas toda información disponible del proyecto y le reclamó a la CARU y a la secretaría de Ambiente nacional que evalúen la calidad del aire y del agua en la zona.
Por su parte, Frigerio reiteró a LA NACION: “Vamos a seguir insistiendo por los canales diplomáticos correspondientes. Este es un reclamo firme, responsable y respaldado por intendentes, vecinos y sectores productivos de la costa del Uruguay".

Tratativas
En la multisectorial de Colón aseguraron que las autoridades locales no están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, el titular de la delegación argentina ante la CARU, Luis Montero, elevó una nota en julio pasado ante su contraparte uruguaya. En el texto, al que accedió LA NACION, “se reitera la importancia de observar el procedimiento de consulta previa establecido en el Estatuto”, para que la Comisión evalúe el proyecto y determine sus eventuales perjuicios. 
Ante la consulta de este medio, en la delegación uruguaya señalaron que el proyecto de HIF Global fue comunicado a la CARU, aunque no bajo los artículos 7 al 13 del Estatuto. Son normativas que se refieren a que cualquier construcción que afecte al curso de agua debe ser avalada por las jurisdicciones de ambas orillas. También desencadenan una serie de procesos y negociaciones que las autoridades uruguayas por ahora prefieren no activar.
En Uruguay intentaron minimizar los reclamos y dijeron que solo se trata de “comunicación visual”. Las fuentes uruguayas consultadas adelantaron que se recurrirá a la CARU y se iniciarán negociaciones con la Argentina solo cuando el proyecto de HIF sea aprobado, probablemente con algunas modificaciones y sumando proyectos complementarios. “Veremos si hay que correrla. Todavía está todo por ver de qué se habilitaría y qué no”, dejaron abierta la puerta a una relocalización. 
Un conocedor de la cancillería charrúa se mostró confiado con que el proyecto llegue a buen puerto. En noviembre, Quirno viajó a Uruguay junto a Frigerio, quien tuvo su segundo viaje por este tema. Si bien el canciller pidió recaudos para “evitar efectos perjudiciales” ante su par uruguayo, Mario Lubetkin, luego señaló que la Argentina “en este momento no se va a oponer nunca” a la inversión de HIF Global. En la Cancillería no respondieron a las consultas de LA NACION. 
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Mientras arde la Patagonia, el Delta del Paraná también se consume en silencio

Fecha de Publicación: 05/02/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


En el Día Internacional de los Humedales una columna de humo recorta el horizonte del río Paraná. Mientras el país mira con preocupación los incendios en la Patagonia, frente a Rosario el Delta vuelve a arder. Y con cada foco que avanza, no solo se quema pasto seco: se pierde biodiversidad, se altera el humedal y se profundiza una crisis ambiental que lleva años sin respuestas de fondo.
“Hoy en el Día de los Humedales tenemos a la vista columnas de humo”, cuenta Jorge Bártoli, integrante de la ONG El Paraná No Se Toca, en diálogo con El Litoral. Desde hace más de una semana un foco de fuego lleva quemadas 900 hectáreas en el kilómetro 20 del camino que une Rosario con Victoria, Entre Ríos.
Se ve desde la costa rosarina. Según explicaron desde el grupo ambientalista, nadie ha ido a combatirlo porque está lejos de las ciudades costeras o las rutas. Mientras tanto, la biodiversidad del humedal sigue siendo castigada.

Narices que no huelen, corazón que no siente
El fuego en las islas frente a Rosario, que puede seguirse periódicamente por un satélite de calor de la agencia espacial NASA, sigue el destino de los focos que se ven, pero no llegan a “molestar” a la vida en las ciudades. “Generalmente el Estado toma acción cuando las columnas afectan a las ciudades costeras o los caminos.
Cuando el incendio deja de ser «un tema de islas» y se convierte en una amenaza directa para quienes viven en la ribera o circulan por la ruta”, dice y advierte: “Pero el daño ambiental no espera. Aunque el fuego esté lejos de la vista cotidiana, el impacto sobre el humedal se acumula. Es una situación crítica”.
Para Bártoli, el avance del fuego no puede leerse sin mirar el estado del río Paraná. En las últimas semanas, señala que hubo una leve suba del nivel del agua y eso “da una mano”, pero no alcanza.
“La última creciente importante que tuvo el Paraná fue en agosto de 2019. Estamos a seis años y medio”, afirma el ambientalista. En ese período, siempre según explicaron desde El Paraná no se toca, el río no volvió a recuperar los niveles que, históricamente, garantizaban el funcionamiento normal del sistema.
“Hay una hidrología alterada por factores diversos”, explica Bártoli y en el mapa de causas menciona el peso de las transformaciones vinculadas a la actividad humana. “Se está haciendo una tremenda afectación por la hidrovía que conspira y el humedal da señales claras de un cambio estructural: menos agua, menos ciclos de crecientes y bajantes, más vulnerabilidad ante el fuego”, agrega.
El resultado, en palabras del referente ambiental, es una especie de “pampeanización” del Delta: un proceso en el que el humedal empieza a parecerse a una llanura seca y domesticada, con cambios visibles en flora y fauna. “Vemos invasión de especies vegetales que no son propias del humedal. El cardo pampeano no es propio de la zona y esto habla de un cambio”, señala como ejemplo.
Bártoli pone nombres concretos a lo que suele aparecer en los informes como “pérdida de biodiversidad”. Habla de especies que se vuelven menos frecuentes, de poblaciones que se reducen, de ambientes que dejan de ofrecer refugio.
“El carpincho en nuestra zona es una población diezmada por la caza furtiva. Ahora vemos una población reducida a la mínima expresión de coipo, mal llamada nutria, el animal más conocido”, señala.
Según explica el integrante de la ONG, en los últimos dos o tres años el coipo cayó a niveles mínimos por una combinación de factores: pérdida de hábitat natural, falta de agua sostenida y presión de la caza.
En el agua, la situación también se vuelve cada vez más frágil. “Hay muy pocos datos. Empiezan a verse algunos datos con cuentagotas sobre el estado de los peces: sábalo, boga, dorado”, dice.
En el caso del sábalo —especie clave por su rol ecológico y también por la cadena económica que se monta alrededor de su captura—, advierte un problema extra: La captura se hace cuando son muy jóvenes, cuando no han tenido más que un desove.
Todo ocurre en un escenario donde el fuego funciona como una aceleración del deterioro. No solo destruye vegetación: rompe ciclos, desplaza fauna, arrasa refugios, altera el suelo. Y deja un humedal más débil frente al próximo evento extremo.

Tecnología para mirar lo que nadie mira
En medio de esa falta de control y seguimiento, la ONG sostiene parte de su monitoreo con herramientas abiertas. “La herramienta que brinda la página de la NASA ha sido invalorable”, dice Bártoli.
Es que les permite seguir focos activos y también calcular superficies afectadas. A eso se suma el trabajo de instituciones que sistematizan datos desde hace años como el Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás.
Consultado por cómo califica la respuesta de los gobiernos frente a los incendios, Bártoli recordó que el 2021 fue un punto de quiebre, justamente porque el humo se instaló como rutina en Rosario y la región.
"Hoy tenemos algunos organismos coordinados por el Estado que tienen más estructura, más formalidad, se trabaja más, pero los recursos siguen siendo pocos. Hace muy poco el gobierno provincial mandó 30 brigadistas a la Patagonia cuando también son necesarios acá”, opina.
En el cierre, Bártoli vuelve a un reclamo que atraviesa a las organizaciones socioambientales desde hace años: la falta de una norma nacional que ordene el uso del territorio y proteja ecosistemas clave. “Los problemas de base siguen y seguimos sin contar con una ley de humedales nacional que tenga una protección”, afirma.
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Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Fecha de Publicación: 22/01/2026
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El STJ confirmó la condena por desmonte ilegal en la reserva Arroyo Perucho Verna en Colón. Ordenó el cese de las actividades y la recuperación ambiental.
El Superior Tribunal de Justicia de Feria ratificó la condena establecida en primera instancia que dispuso el cese de las actividades de movimiento de suelo y desmonte y ordenó se cumpla con un plan de recuperación de la cobertura vegetal en el Arroyo Perucho Verna en Colón.
El fallo, firmado por la vocal Gisela Schumacher, el vocal Marcelo Marchesi y la Vocal Adriana Acevedo, confirmó la sentencia dictada en la causa ACAPS c/ Rossier Francisco y otros", promovida por la ONG "Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje" (ACAPS).
Además, se resolvió que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de San José, como autoridades de aplicación deben controlar, coordinar y supervisar las acciones de recomposición ambiental dispuestas. Al revisar la sentencia de primera instancia el Superior Tribunal de Justicia amplió la condena al Municipio que había sido eximido de responsabilidad.
La demanda ambiental colectiva fue promovida contra Francisco Rossier, ejecutor de las obras denunciadas, y Milagros Belén Rossier, propietaria del inmueble, tras constatarse movimientos de tierra con maquinaria pesada y la destrucción de flora en un área protegida por la Ley Provincial Nº 11.011. Contra la Municipalidad de San José y con citación de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.

Ubicación del Arroyo Perucho Verna
El predio afectado se encuentra dentro de la "Reserva de Usos Múltiples Arroyo Perucho Verna", clasificada como bosque nativo de Categoría II (amarilla), donde este tipo de intervenciones y cambios de uso de suelo están estrictamente prohibidos. A pesar de los argumentos de la defensa, que calificó las tareas como una simple "limpieza de terreno", la pericia ambiental confirmó una lesión manifiesta al derecho a un ambiente sano.

Sentencia confirmatoria
La sentencia ratificó la condena que dispuso el cese inmediato y paralización definitiva de cualquier actividad de desmonte o movimiento de suelo en el predio y la implementación de un plan de recuperación que incluye la plantación de al menos 100 ejemplares de especies arbóreas y arbustivas nativas.
Asimismo, la Secretaría de Ambiente de la Provincia y la Municipalidad de San José deberán supervisar estrictamente el cumplimiento del plan de recuperación y la estabilización del suelo afectado.
El fallo refuerza la vigencia de los principios de precaución y prevención establecidos en la Ley General del Ambiente (25.675) y la Constitución Provincial, recordando que el derecho de propiedad privada no es absoluto cuando entra en conflicto con la preservación de los recursos naturales colectivos.
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Entre Ríos: crisis hídrica y contaminación extrema del agua

Fecha de Publicación: 13/01/2026
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La provincia enfrenta una emergencia silenciosa: miles de entrerrianos consumen agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y desechos cloacales. La evidencia científica y los fallos judiciales contrastan con el silencio oficial.
Detrás de los discursos sobre desarrollo, se esconde una realidad que el gobierno de Rogelio Frigerio evita mencionar: comunidades enteras consumen agua contaminada. La paradoja golpea en una provincia que lleva por nombre Entre Ríos.
Un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires analizó más de 350 muestras y detectó concentraciones de arsénico en Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain y Victoria. En el Departamento Paraná, localidades como María Grande y Hasenkamp registraron valores que superan el límite provincial de 0,05 mg/L, muy por encima de la recomendación de la OMS (0,01 mg/L). 
“Preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plaguicidas”, advirtió Lucía Ibarra Bouzada, presidenta del Foro Ecologista de Paraná. Vecinos, ante el silencio oficial, comenzaron a costear análisis propios que confirmaron la emergencia. 
El arsénico, uno de los elementos más tóxicos, puede provocar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y cáncer. Estudios recientes demostraron que su combinación con glifosato potencia los efectos. “Nos preocupa el impacto en las personas”, alertó Ibarra Bouzada.
En Crespo, un fallo ordenó suspender el riego de calles con agua contaminada y realizar peritajes del sistema cloacal. El caso expuso prácticas insólitas: se utilizaba agua con efluentes sin tratamiento, que terminaba en el río Paraná.
En Pueblo General Belgrano, la contaminación lleva una década sin resolverse. La Cooperativa de Agua Potable acumula denuncias desde 2015 por volcar efluentes al río Gualeguaychú y al Uruguay. La UIF fue aceptada como querellante en la causa, que investiga responsabilidades penales de sus directivos.
El panorama se agrava con un estudio del Conicet que detectó en el arroyo Las Conchas una concentración récord de glifosato: 5.002 µg/kg, la más alta registrada en Sudamérica. Los científicos documentaron “cócteles” de agrotóxicos, aguas negras y mortandad de anfibios en 24 horas.
Diecisiete años de evidencia científica y denuncias vecinales no han logrado respuestas concretas. La crisis hídrica de Entre Ríos es la prueba de un modelo productivo que sacrifica el agua —primer alimento y recurso no renovable— en el altar de la rentabilidad inmediata. 

Entre Ríos: inundaciones, agrotóxicos y un Estado ausente
La catástrofe climática en La Paz destapó otra tragedia: la contaminación del agua potable con agroquímicos. Vecinos, científicos y organizaciones denuncian que miles de entrerrianos consumen agua envenenada mientras el gobierno provincial y nacional relegan la crisis hídrica.
En La Paz, el colapso del arroyo Curupí desparramó agroquímicos de una arrocera, contaminando el agua potable de la localidad. “El agua ingresó desde Corrientes, arrastró los tóxicos y entró a las viviendas”, denunció a ANÁLISIS Álvaro Escobar, vocal de AGMER. El episodio expuso la fragilidad del sistema: basta una inundación para que los químicos almacenados sin seguridad terminen en el agua que consume la población.
Mientras tanto, el Presupuesto Nacional 2026 destina apenas fondos para tres ciudades —Concordia, Villaguay y Diamante— dejando fuera a decenas de localidades. El presupuesto provincial, superior a 429.500 millones de pesos no especifica montos para agua potable o saneamiento. 
La lista de comunidades afectadas es extensa: Crespo, Pueblo General Belgrano, La Paz, María Grande, Hasenkamp, Colonia Avigdor, Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain, Cuatro Bocas. Todas comparten el mismo patrón: falta de infraestructura, contaminación sistemática y un Estado que solo reacciona cuando la Justicia lo obliga.
La pregunta incómoda persiste: ¿cuántos entrerrianos más deberán enfermarse para que el agua potable sea prioridad política? Por ahora, la respuesta es el silencio. El mismo silencio que acompaña diecisiete años de estudios científicos ignorados y que permite que el arroyo Las Conchas ostente el récord sudamericano de contaminación por glifosato. Un silencio que, literalmente, envenena. 
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Ordenaron frenar desmontes y recomponer un área natural protegida tras un amparo

Fecha de Publicación: 31/12/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La Justicia hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental y ordenó el cese inmediato de movimientos de suelo y desmonte en un sector protegido por ley provincial. Además, dispuso un plan de recuperación con especies nativas y fijó responsabilidades.
La resolución de amparo ambiental en Colón derivó en un fallo judicial que ordenó el cese inmediato de los movimientos de suelo y el desmonte en un área natural protegida, tras una acción presentada por una asociación civil en defensa del bosque nativo.
La jueza Civil y Comercial N°1 de Colón, María José Diz, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por la Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje (ACAPS), al considerar acreditado el daño ambiental ocasionado en un sector del Barrio Perucho Verne, territorio alcanzado por la Ley Provincial N° 11.011, que creó el Área Natural Protegida en la categoría de Reserva de Usos Múltiples. 
En su sentencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de toda actividad vinculada a movimientos de suelo y desmonte en el predio, y dispuso el cumplimiento de un Plan de Recuperación de la cobertura vegetal, que deberá ejecutarse con especies nativas propias del ecosistema afectado. 

Responsabilidades y alcances del fallo
La jueza declaró responsables del daño ambiental ocasionado al bosque nativo a Francisco Rossier, en carácter de ejecutor de las tareas, y a Milagros Belén Rossier, como propietaria del inmueble. Asimismo, atribuyó responsabilidad al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, en su rol de autoridad de control y fiscalización. 
En contrapartida, la magistrada rechazó la acción de amparo interpuesta contra la Municipalidad de San José, al considerar que no se configuraron los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad directa en los hechos denunciados. 

Plan de recuperación ambiental
El fallo exhortó a los responsables y al Estado provincial a implementar medidas concretas tendientes al reacomodamiento y estabilización del suelo, la recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas y la protección integral del humedal afectado.
La jueza estableció que el plazo estimado para la estabilización inicial del área deberá ubicarse entre los 12 y 24 meses, período durante el cual deberán ejecutarse las acciones necesarias para revertir el daño ocasionado. 
Además, dispuso que la recuperación estructural de los estratos arbóreo y arbustivo no podrá ser inferior a 100 plantines de especies forestales nativas, los cuales deberán ser distribuidos de acuerdo con los criterios técnicos y las especies detalladas en la resolución judicial.

Control y seguimiento
Por último, la magistrada determinó que el control y seguimiento del Plan de Recuperación de la cobertura vegetal quedará a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa ambiental vigente.
La resolución judicial se inscribió en el marco de la legislación provincial de protección del ambiente y reafirmó la obligación de recomponer los daños causados en áreas naturales protegidas, priorizando la preservación de los ecosistemas y el cumplimiento efectivo de las leyes ambientales.
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Realizaron la primera liberación de pacú para el refuerzo de especies nativas en el Paraná Medio

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: El Heraldo
Provincia/Región: Entre Ríos 


En una acción estratégica de conservación y repoblamiento, el gobierno provincial liberó ejemplares juveniles de pacú (Piaractus mesopotamicus) en la reserva de usos múltiples Paraná Medio, en el departamento La Paz. Esta iniciativa busca fortalecer las poblaciones nativas que se encuentran en estado crítico debido a diversos factores ambientales.
La liberación se llevó adelante en el marco de un proyecto de recomposición de fauna íctica del Ministerio de Desarrollo Económico, que articula esfuerzos de distintas áreas provinciales para la protección de la biodiversidad. El mismo surge atendiendo a la situación crítica de varias especies ícticas, impulsando una propuesta que no solo busca conservar la fauna típica, sino fundamentalmente fortalecer su repoblamiento y reforzamiento poblacional.
Cabe destacar que la suelta de los 300 ejemplares de pacú se realizó como medida de compensación ambiental requerida a una empresa responsable de un daño ecológico, garantizando así que la remediación se oriente a la recuperación de la fauna local, con un impacto territorial concreto. 
El pacú, especie nativa de la cuenca del Paraná, presenta actualmente un tamaño poblacional muy bajo en la provincia: por ello, este tipo de acciones constituye un aporte significativo a su recuperación progresiva en ambientes adecuados.
Un aspecto clave de esta acción es el monitoreo poblacional. Según explicaron, los peces fueron debidamente etiquetados: En caso de re-captura, la gente debe comunicarse con el número que figura en la marca para brindar información sobre su tamaño, talla y ubicación. Esto nos permitirá tener datos sobre migraciones y crecimiento, información inexistente al momento y fundamental para el seguimiento de la especie.
Este proyecto colaborativo incluye el trabajo articulado con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos (PER). 
Participaron de la actividad el director de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Pablo Aceñolaza, junto a su equipo técnico, Germán Rivero y Joaquín Sallevane; representantes de la Dirección de Recursos Naturales; Francisco Fernández y personal de la Policía de Abigeato, encabezados por el Comisario General César Primo, y el presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida.
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Dieron curso a un amparo ambiental colectivo contra fumigaciones cerca de zonas urbanas 

Fecha de Publicación: 15/12/2025
Fuente: Portal Despertar Entrerriano 
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala II, dio por iniciada una acción de amparo ambiental colectivo caratulada «Rosso Janet Ximena C/ Haberkon Mauro Ariel y otro s/ acción de amparo «, Expte nº: 13805.
La acción tiende a suspender toda fumigación en un radio de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros para aplicaciones aéreas, todo contados desde los limites de urbanización de Tierra Alta I, II, Y III; y que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2, 63 y 66 de la Ley 11.178, por violación a la cosa juzgada ambiental establecida en un fallo: «Rosso Ximena C/Haberkorn César Gabriel, Roskopf Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Rios S/Acción de Amparo Ambiental» Expte. 18691; porque reduce arbitrariamente la protección mínima ambiental, contradice el principio de objetivación; el principio de no regresión y desconocimiento del principio precautorio.
La demanda se dirige contra el gobierno de Entre Ríos; Mauro Ariel y César Gabriel Haberkorn; Sonia Roskopf y la Comuna de Colonia Ensayo.
El Tribunal, entre otras medidas, ordenó correr traslado de la acción a la Provincia mediante mandamiento electrónico dirigido a la Fiscalía de Estado, y librar mandamiento en soporte papel al codemandado Mauro Ariel Haberkorn, otorgando a cada uno un plazo de siete días corridos para informar sobre los hechos denunciados.
En relación con la medida cautelar solicitada, se ordenó correr traslado a las partes demandadas por el término de cinco días, conforme a la Ley 8369.
En cumplimiento de los requisitos de publicidad y registración, la Cámara dispuso la inscripción del caso en el Registro de Procesos Colectivos y en el Registro de Amigos del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia.
Además, se ordenó la notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, quienes contarán con siete días corridos para comparecer desde su primera publicación en el SIC, (desde el día de hoy)
La resolución también exige que la actora y las demandadas incluyan un banner informativo en sus sitios web y redes sociales, comunicando la existencia del proceso, su objeto y los integrantes del colectivo.
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La Corte intimó a Nación, provincias y municipios a ejecutar el plan contra las quemas en el Delta

Fecha de Publicación: 08/12/2025
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Litoral Argentino


El máximo tribunal ordenó avanzar sin demoras con el Piecas-DP ante la persistencia de incendios en jurisdicción de Victoria y su impacto sobre Rosario.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a ejecutar de manera efectiva el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP), tras verificar la continuidad de quemas de pastizales y la falta de avances en las políticas preventivas acordadas.
El fallo —firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— señala que los incendios se originan mayormente en jurisdicción de Victoria y que las acciones implementadas hasta ahora resultan insuficientes frente al daño ambiental y sanitario denunciado. La causa se inició en 2020, cuando la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente reclamó medidas urgentes debido al humo y el hollín que afectaban a Rosario durante los picos de incendios.
El Tribunal reiteró que el PIECAS-DP es el ámbito institucional adecuado para coordinar políticas entre Nación, provincias y municipios, y remarcó que el monitoreo de su cumplimiento corresponde a las autoridades políticas, no al Poder Judicial. No obstante, ordenó a los demandados instalar sistemas de alerta temprana, avanzar con la red de Faros de Conservación y aplicar planes de control y manejo del fuego en el Delta, con costas a su cargo. 
La sentencia vuelve a poner en el centro de la agenda la necesidad de una intervención articulada y sostenida frente a un problema ambiental que se repite año tras año y que sigue afectando a las comunidades del litoral.
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Santa Fe y Entre Ríos regulan la pesca: nuevo cupo máximo y suspensión temporal de la captura comercial de sábalo

Fecha de Publicación: 02/12/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos 


Las provincias acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de la actividad. La coordinación histórica establece reglas comunes y controles equilibrados en ambos márgenes del río.
Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos dieron un paso histórico: por primera vez, ambas provincias publicaron resoluciones complementarias para regular la actividad pesquera del río Paraná, estableciendo un marco común que prioriza la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la fauna ictícola y la fuente de trabajo de los pescadores artesanales.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola de Santa Fe y responde al trabajo de integración de la Región Litoral.

Medidas acordadas
El gobierno de Santa Fe, mediante los ministros Estévez y Puccini, emitirá una nueva resolución que reemplaza la 332/2025, estableciendo un cupo máximo de captura de 900 toneladas para el trimestre enero–marzo de 2026, en línea con lo dispuesto por Entre Ríos. Además, se suspende temporalmente la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero en ambos márgenes del río.
El cupo definitivo para el resto del año se definirá en la Audiencia Pública Anual, que se realizará el 16 de diciembre de 2025, un espacio donde pescadores, cooperativas, frigoríficos y equipos técnicos participan para garantizar reglas claras y participación informada.
Entre Ríos, por su parte, adaptó su régimen semanal de prohibiciones, equiparando los días de veda en ambos márgenes: sábados, domingos, lunes y feriados. Esta armonización evita asimetrías y fortalece la eficacia del control y la conservación.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó: “Contar con una resolución construida con los actores del sector y de manera conjunta con Entre Ríos es clave. Una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada y nos permite proteger la biodiversidad del Paraná con reglas comunes y sostenibles”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, señaló que “la coordinación con Entre Ríos nos permite ordenar la actividad y darle sostenibilidad en el tiempo; cuando ambas provincias actúan con criterios comunes, fortalecemos al sector y cuidamos un recurso vital para la economía regional y los mercados internacionales”.
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, agregó: “Desde ambas márgenes del río trabajamos juntos con un objetivo definido por los gobernadores: la defensa del recurso natural. Lo central es que estamos implementando un modelo sostenible en diálogo con todos los sectores”.

Un contexto ambiental crítico que exige coordinación
El deterioro del río Paraná dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un dato contundente. Desde la bajante histórica de 2020, los niveles no se han recuperado, y los indicadores confirman la persistencia del estrés ambiental. Según informes del proyecto EBIPES, solo 6 de cada 100 sábalos alcanzan la talla reproductiva, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias por debajo de lo normal, prolongando el escenario de vulnerabilidad.
Ante esta situación, Santa Fe convocó a todos los actores del sector y coincidieron en que la situación del recurso exige ordenamiento, control y criterios coordinados entre jurisdicciones. De esta forma, se consolidó el trabajo conjunto con Entre Ríos para revisar normativas, igualar esquemas y alinear medidas que, de manera aislada, pierden efectividad. Además, se conformó una mesa técnica provincial para evaluar medidas que fortalezcan el mercado interno.

Un punto de partida para una gestión conjunta y sostenida
Este acuerdo establece previsibilidad y cuidado del recurso, y representa un punto de partida para la gestión conjunta del río Paraná. A partir de ahora, las áreas provinciales evaluarán trimestralmente la evolución del recurso y coordinarán las medidas necesarias para garantizar un modelo sostenible, equilibrado y coherente con las realidades de las comunidades pesqueras del litoral.
La decisión inicial de Santa Fe abrió un proceso de revisión y articulación que hoy se traduce en una política compartida, fundamental para proteger la biodiversidad del Paraná y fortalecer la actividad pesquera en un contexto ambiental complejo.
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"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Fecha de Publicación: 26/11/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe - Entre Ríos


Las columnas de humo que se ven todos los años provenientes de las islas producto de los incendios son un registro visible de la destrucción que causa el fuego en los humedales. Pero hay otro factor que se viene extendiendo hace años, producto del avance la agricultura, la ganadería intensiva y los emprendimientos inmobiliarios, que no se divisa desde este lado y que también es muy perjudicial: la construcción de terraplenes y endicamientos que alteran las funciones de estos ecosistemas al punto de anular su capacidad de reguladores hídricos.
En el informe "Áreas endicadas, terraplenes y urbanizaciones cerradas en el Delta del Paraná - Actualización 2025", la Fundación Humedales/Wetlands International remarcó que sobre el delta inferior del Paraná, que se extiende desde Diamante (Entre Ríos) hasta San Fernando (Buenos Aires), crecieron los terraplenes y endicamientos. Se contabilizan 8.938 kilómetros de terraplenes y 2.582,2 kilómetros cuadrados de endicamientos en una región que comparten las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Según estimaron desde la organización, el 14,04% de la superficie de la región del delta se encuentra fragmentada por estas construcciones. El relevamiento se hace con imágenes satelitales y busca actualizarse cada cinco años, detalló a La Capital la coordinadora nacional para Argentina del Programa Corredor Azul de la fundación, Nadia Boscarol.
Un terraplén es una estructura lineal, una elevación de tierra que puede ser de varios metros. Si esa estructura se cierra formando un polígono, se denomina endicamiento y deja un área de la isla dentro que suele ser drenada. Para construir terraplenes se usan dragas y siempre hay canales a ambos lados, de donde se saca la tierra.
Estas estructuras se construyen, generalmente, para destinar zonas de humedales a la explotación agropecuaria, ya sea para agricultura o para ganadería intensiva, o para rellenar el territorio y llevar adelante allí mismo desarrollos inmobiliarios.
En un contexto de fenómenos meteorológicos más intensos producto de la crisis climática y el calentamiento global, la existencia de estas estructuras, que en muchos casos se desarrollan sin planificaciones, cobra otra relevancia.
Para el abogado ambientalista Fabián Maggi, "la verdadera destrucción del delta del Paraná” son los terraplenes: “Muchísimo más que los incendios, que impactan por el humo y es lo que más percibe la gente".
Secar un humedal no es tarea difícil en caso de contar con un terraplén o un endicamiento. Estos muros de tierra impiden el paso del agua, en un entorno en el que la vida entera depende de los pulsos de las crecidas.

Pérdida de identidad
Los humedales son ecosistemas en los que el agua marca tanto la dinámica de su estructura como el funcionamiento del mismo, explicó a La Capital la directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Graciela Klekailo. Y sumó: “Para que siga funcionando como tal, necesitamos que el agua puede estar presente. Con un terraplén, se interrumpe el flujo natural del agua y pierde sus características propias”.
“De ahí, hay que pensar para qué se hacen endicamientos y, generalmente, siempre tiene que ver con que los humedales pierdan sus características propias. Si el agua no está presente, el humedal pierde su valor identitario propio”, remarcó.
La pérdida de identidad de un humedal, como graficó la especialista, marca además un déficit de sus capacidades ecosistémicas. Entre ellas, las más importantes son regular inundaciones, amortiguar crecidas y tener agua disponible para captar y procesar en los centros de tratamiento que la potabilizan. Este último punto es un problema recurrente, por ejemplo, en Victoria. “Tienen muchos problemas (de captación) por los endicamientos aguas arriba, en la zona del delta”, detalló Klekailo.

Asimetrías de poder
“En muchos casos, los terraplenes se hacen sin regulación ni planificación para los humedales. En particular, generan la pérdida de biodiversidad y la degradación de los humedales”, indicó a La Capital la investigadora del Conicet Natalia Morandeira, que trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
La investigadora realizó su trabajo de campo para su Doctorado en Ciencias Biológicas a principios de la década pasada, precisamente en la zona del delta que se extiende desde Rosario/Victoria hasta Ramallo, en la zona de las Islas de las Lechiguanas. Recuerda que no había tantos terraplenes y que, ocasionalmente, se podía encontrar alguno “que se usaba para tránsito de ganado”.
Pero el panorama cambió. Actualmente, el 14,04% del delta del Paraná está endicado y se registró un aumento del 5% de la cantidad de terraplenes y endicamientos, “sobre todo para ganadería”: “Siempre que hay períodos muy secos, se intensifican los usos pampeanos del delta. Y en épocas de inundación, los endicamientos están drenados, lo que hace que se pierda la función de amortiguación de las inundaciones y que las áreas habitadas (por isleños) se inunden”.
Esta alteración en el desempeño de los humedales deriva en la pérdida de la variedad en el ecosistema y en su transformación, que da paso a un territorio homogéneo y uniforme con muy poca de la biodiversidad original.
La biodiversidad no es la única afectada por la existencia de desvíos no planificados. También sufren las actividades y los pobladores locales por las “asimetrías de poder”, como las denominó la investigadora: “Un terrateniente realiza un terraplén o endicamiento sin planificación del entorno para que su área no se inunde, pero está afectando a los pobladores. En los últimos años, muchos de los endicamientos se hicieron para ganadería intensiva y otros para agricultura con uso de agroquímicos, que suma otra amenaza porque su filtración afecta los cuerpos de agua”.
Otros terraplenes se desarrollaron para albergar a emprendimientos inmobiliarios, modificando por completo los humedales. El suelo se impermeabiliza y la naturaleza del ecosistema se pierde: pasa de absorber y contener agua a rechazarla por su alto grado de compactación.

Desarrollo frenado, daño hecho
El daño, en esos casos, es casi irreversible. A modo de ejemplo, Morandeira citó el caso del desarrollo inmobiliario Colony Park, un barrio en el delta del Paraná, a la altura de San Fernando, en el que se tenía previsto construir una pequeña nueva ciudad con calles, avenidas, casas, condominios y hasta un túnel subacuático para conectar la provincia de Buenos Aires con las islas.
El emprendimiento llegó a trazar varias calles y, previamente, se niveló el suelo para evitar inundaciones. Las obras arrancaron en 2006 y continuaron hasta 2010, cuando un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, ordenó la clausura preventiva del desarrollo tras una denuncia por daños ambientales.
A pesar de que el proyecto no avanzó nunca más, el daño se consumó: el relleno del territorio para levantar encima la nueva ciudad ya estaba hecho, así como el daño al ambiente.

Judicialización por terraplenes
En el plano judicial, Maggi remarcó que existen dos causas, una en el fuero civil y otra en el penal, contra un empresario que construyó endicamientos en el delta, a la altura de Ramallo.
“El empresario agropecuario Fabio Di Fonzo hizo endicamientos en 5.000 hectáreas en campos que compró a quien es dueño de Cardón, Gabriel Nazar. La causa civil ambiental la inició Upva (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) en Entre Ríos y motivó que se dicte una medida cautelar para prohibir la fumigación sobre las Islas de las Lechiguanas”, detalló el abogado, que es parte del proceso judicial.
Y agregó: “Di Fonzo no sólo sembró sino que, además, cosechó en esa zona. Esa cosecha estaba embargada e inmovilizada porque no podía entrar maquinaria pesada a donde se encuentran los campos y el juez (federal de Victoria, Federico) Martín las liberó y permitió que se comercialice un producto originado en un delito. Esto lo advirtió al propio juez la UIF (Unidad de Información Financiera), que interviene como querellante en la causa”.
Respecto al avance de los procesos judiciales, el abogado marcó que en la causa penal no se llamó a indagatoria a los implicados, pero que la causa civil “está para dictar sentencia”: “En la causa penal, hubo medidas del fiscal (Leandro) Ardoy, que indicó a Entre Ríos que haga descripciones complementarias de los terraplenes que están construidos en las islas. Incluso, hay indicios de que se extralimitaron con los terraplenes y se pasaron a espacio público”.

Causa local: el litigio por el Legado Deliot
Actualmente hay otro litigio en curso, con los terraplenes como protagonistas, que concierne a Rosario: la remediación ambiental del Legado Deliot luego de que en mayo del año pasado, el empresario Enzo Mariani se quedara sin instancias para reclamar 807 hectáreas que fueron donadas por el filántropo Carlos Deliot a la Municipalidad la década de 1940.
A finales de octubre, el titular del Juzgado Civil y Comercial de Victoria, Luis Márquez Chada, se pronunció contra el reclamo de Mariani para conservar el territorio. También lo consideró responsable de daño ambiental por la construcción de terraplenes y otras obras que alteraron las condiciones naturales del lugar.
El juez hizo lugar a la demanda del municipio y dispuso una doble indemnización: Mariani debe abonar 486 mil dólares por la privación del uso del inmueble, un monto a actualizarse con la suma de los intereses moratorios anuales calculados en base a la tasa activa del Banco Nación hasta que los terrenos sean restituidos; y 66.840.000 pesos por remoción y recomposición ambiental. En este caso, también se incrementará el monto por el tiempo transcurrido hasta que cumpla la resolución.
Márquez Chada también hizo lugar a una demanda por perjuicio ambiental impulsada por los abogados Pablo Bonato y Gastón Rosenberg Jantzon. En este sentido, señaló que las obras ilegales alteraron la topografía natural y el régimen hidrológico, en un fallo que reconoce la pérdida de la biodiversidad y la eliminación de los seres vivos.

¿Se puede desarmar un terraplén?
El daño que provocan los terraplenes es casi irreversible, aunque todo depende del tiempo que pase desde que se levantó la estructura.
Si bien cualquier terraplén se puede destruir, lo importante es determinar si el agua vuelve a correr por la zona endicada y si ese territorio puede llegar a recuperar su condición de humedal.
A modo de ejemplo, Klekailo dijo: “Si se construye un terraplén en 2015 para desviar un arroyo, ese lugar se seca con el tiempo y ahí crece vegetación. Si hoy se destruye ese terraplén, es difícil que el agua vuelva a abrirse paso y que el humedal vuelva a serlo porque cambia por completo la fisonomía del paisaje”.
En consonancia, Boscarol señaló que remover un terraplén es posible aunque resaltó: "Eso implica movimiento, pero también genera un nuevo disturbio al ecosistema". A su vez, consideró que por los tiempos que necesita para recomponerse, "es imposible saber si volverá a su verdadero estado original".
Morandeira, por su parte, contrastó ciertas estructuras existentes en el delta. Si bien explicó que los endicamientos ilegales son perjudiciales, también existen otros “históricos” que se desarrollaron en el sector del bajo delta y que funcionan como defensas en una zona que se destinó a la forestación de distintas especies, como sauce o álamo, y que cuenta con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
“En la visión de «pampeanizar» el delta, se expandió la agricultura intensiva de soja en las tierras altas, lo que conllevó a que la ganadería, que antes se hacía en tierras altas, se traslade a zonas más bajas no tan productivas para la agricultura. Es el efecto dominó que se da por el aumento de las producciones de commodities en la zona”, dijo, y finalizó mencionando que todo forma parte de una “falta de regulación, de planificación y de presencia del Estado en ver qué se hace con el uso del suelo”.
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