Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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ACUMAR en debate: recortes presupuestarios y el futuro del saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 04/06/2026
Fuente: Portal El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


Mientras ex funcionarios critican los ajustes en el organismo encargado de sanear la cuenca Matanza Riachuelo y exponen los riesgos que eso conlleva, los actuales funcionarios destacan que lograron reducir la carga orgánica contaminante, entre otros logros mencionados.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el ente público interjurisdiccional creado en 2006 por la Ley 26.168 para sanear, recomponer y mejorar el medio ambiente de la cuenca en Buenos Aires. En ese sentido, coordina acciones entre Nación, Provincia y Ciudad para beneficiar a millones de habitantes.
ARTE.tv publicó un documental sobre los recortes presupuestarios que se realizaron en materia de protección ambiental y advierte que pone en peligro el plan de restauración del Riachuelo. El proyecto puesto en marcha desde 2008 para limpiar el agua y las riberas del río había logrado avances, según las fuentes consultadas. El Auditor.Info entrevistó a funcionarios de las gestiones actual y pasada para conocer sus consideraciones respecto de los avances y retrocesos en las políticas públicas de dicho organismo y en la situación del Riachuelo.
Para Fabio Márquez, ex director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR desde 2020 hasta 2023, la situación actual del Riachuelo empieza a evidenciar el abandono de políticas sostenidas en el tiempo: “Se detuvo el proceso de saneamiento, se retrocedió en muchas acciones cotidianas que tienen que ver con limpieza, control y procesos participativos con los actores sociales para ir regulando cuestiones de salud y de reurbanización o relocalización de población de riesgo”, plantea.
Y agrega: "También han abandonado políticas con respecto a las reservas naturales, a la creación de parques, a ir agregando valor positivo y sostenido en el tiempo para que pueda ir alcanzando nuevos umbrales de calidad que, hoy, o están detenidos o están en regresión”.
Según Márquez, “los recortes presupuestarios no solo han sido en los salarios de tantos trabajadores, sino también en las acciones proactivas por las cuales había que seguir intentando recuperar el río como cuerpo de agua. También se han recortado las reurbanizaciones del área, la parquización de sus márgenes, el mejoramiento de los residuos sólidos urbanos y la articulación con otras áreas de Nación para ir conectando el sistema de agua potable y cloacal con las redes nuevas que se terminaron de construir en el gobierno anterior, a través de AYSA”.
Para el ex funcionario, el hecho de que la Corte Suprema se desligara de la causa Mendoza "de un modo arbitrario, caprichoso y claramente discrecional", le quita el paraguas jurídico que obligaba a las jurisdicciones a actuar sobre el saneamiento ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo.
Sin embargo, las autoridades actuales de ACUMAR plantean que “se viene trabajando en una racionalización y optimización de los recursos, lo que permitió sostener las tareas fundamentales de la Autoridad de Cuenca y avanzar en resultados concretos. En ese sentido, no corresponde hablar de recortes, sino de una asignación responsable y eficiente del gasto”, afirman.
“Los monitoreos y el trabajo en territorio muestran una mejora sostenida en las condiciones del río y su entorno. Los resultados alcanzados son medibles y consistentes en el tiempo. Se continúa con la reducción significativa de la carga orgánica contaminante, pasando de valores históricos cercanos a 6.500 kilogramos por día (2010) a aproximadamente 1.400 kilogramos por día (2026), con proyección a niveles cercanos a 1.200 kilogramos diarios, lo que implicaría una reducción superior al 80%”, explican desde ACUMAR.
“Este mes comenzó la cuarta edición del Curso para Operadores de Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales, un espacio de capacitación brindado por el organismo para alcanzar, junto a la sinergia y el compromiso de las empresas y los gobiernos locales, una producción industrial que se adecue a los estándares ambientales exigidos por ACUMAR, que a lo largo de sus diferentes ediciones (2022, 2024, 2025 y 2026) ha ido adaptando sus contenidos y niveles de complejidad acorde con las necesidades específicas de los distintos perfiles vinculados a la gestión de residuos líquidos”, indican desde el organismo.
Y señalan que “en 2022 las capacitaciones fueron financiadas por ACUMAR, en tanto que en los años subsiguientes los costos fueron absorbidos por el sector privado industrial, que fue asumiendo un proceso de maduración entendiendo la necesidad de contar con personal altamente capacitado para una correcta gestión de las plantas de tratamiento, lo que permitió reducir costos presupuestarios y fortalecer una alianza de cooperación entre el sector público y privado”.
Sobre esto, Antolín Magallanes, ex director General de Gestión Política y Social de ACUMAR, hace una analogía: “Un río contaminado es como un adicto en recuperación. Todos los días hay que trabajar para recuperarlo porque el nivel de contaminación que ha sufrido es muy grande. Es muy difícil que el río vuelva a ser prístino, pero se puede lograr recuperarlo en su máximo grado para que la gente pueda volver a nadar en él”.
“Me parece preocupante que el Gobierno baje un discurso antiambiental. No reconoce el problema ambiental como un tema prioritario de la agenda mundial. Trabajando en la Cuenca hemos aprendido que las condiciones políticas y económicas inciden en la situación de los ríos, por eso considero que esta mirada del Gobierno afecta a las condiciones del Riachuelo hoy”, expresa Magallanes.
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La televisión alemana mostró que volvió el mal olor al Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/05/2026
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo


La cadena alemana Deutsche Welle (DW) emitió un video bajo el título "El mal olor vuelve al Riachuelo de Buenos Aires".
En 2025 fueron despedidos 300 trabajadores del organismo integrado por Nación, provincia de Buenos Aires y Caba.
Una concejala de La Libertad Avanza inició una presentación formal para reclamar por el estado del curso de agua y su ribera.

El olor a azufre o huevos podridos era una constante que acompañó la vida de todos los vecinos a un lado y otro de la ribera del Riachuelo durante décadas. En las últimas épocas, sin embargo, algo había comenzado a cambiar y el espejo de agua ya no se veía tan sucio y el olor había desaparecido. Sin embargo, en estos meses todo ese proceso de saneamiento parece haber comenzado a revertirse.
Así lo consigna un informe producido por la cadena alemana Deutsche Welle (DW) bajo el título "El mal olor vuelve al Riachuelo de Buenos Aires". En el video, señalan que esto es consecuencia directa de un recorte del 45% que el Gobierno Nacional impuso al presupuesto para sanear la cuenca. Además, advierten que su capacidad operativa se redujo notablemente tras el despido de un 58% del plantel de especialistas que trabajaban en controles y prevención de eventuales vuelcos contaminantes sobre el cauce.
La denuncia generó un efecto inmediato, en especial entre los vecinos que habitan en las cercanías al Riachuelo. Del lado de Provincia, Avellaneda, Lanús, Quilmes y Lomas se ven directamente afectadas.
Desde el Gobierno Nacional, dirigentes como el diputado Guillermo Montenegro, plantearon que "(Acumar) es un organismo sobredimensionado. Que ha demostrado en el transcurso de los años ser bastante incapaz de resolver ciertos problemas. Lo que hace el Gobierno es destinar los fondos donde la Argentina los necesita hoy en día".
Por su parte, Elizabeth Barboza, concejala por La Libertad Avanza en Lomas de Zamora deploró en sus redes sociales el estado de las márgenes del Riachuelo a la altura de Ingeniero Budge. En su cuenta de Instagram reclamó: "Esto no me lo cuenta nadie, nací y vivo en Ingeniero Budge hago caminatas diarias y lo padezco en primera persona. Hace un mes me comuniqué con las autoridades de ACUMAR para mostrarle el problema que tenemos los vecinos hace aproximadamente dos años".
En el mismo posteo describió la situación al señalar a "los vecinos que no son responsables con su basura, feriantes que tiran restos de sus talleres, el humo que viene de la Matanza, la basura, las ratas, el olor y el abandono que tenemos en el camino de la ribera. No nos merecemos tener ese lugar así, cuando hay organismos a quienes les corresponde cuidarlo y darnos una mejor calidad de vida". La concejala envió una nota formal a Acumar con este reclamo.
Vale recordar que Acumar es un organismo público autónomo, creado en 2006 (Ley 26.168), responsable de sanear la Cuenca Matanza Riachuelo. Aquel Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) se implementa en 14 municipios de Buenos Aires y 9 comunas de CABA.
A comienzos de marzo de 2025, 300 trabajadores de Acumar fueron despedidos en el marco de las políticas de ajuste en el Estado. “Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, advirtió en su momento Florencia Fierro, una de las despedidas, a radio AM 750.
En ese contexto también se planteó que el organismo contaba con un presupuesto congelado, es el mismo de 2023, situación que lo había empujado a una virtual paralización.
Ante la consulta de Clarín, desde Acumar decidieron no responder sobre el estado actual del organismo y lo mencionado en el informe. Por otro lado, desde el Gobierno Nacional, ya en junio de 2025 en una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que esa gestión "concluyó las obras del Sistema Riachuelo, una de las más importantes de la historia argentina en materia de saneamiento, que fueron impulsadas a partir de un fallo de la Justicia y comprometidas por la gestión anterior".
El funcionario detalló que esta iniciativa “mejorará el servicio de cloacas de 4,5 millones de argentinos que viven en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires”, además de evitar el desborde de líquidos cloacales que contaminan el río Matanza Riachuelo, y también habilita el inicio de una serie de obras que van a llevar cloacas a 1,5 millón de habitantes de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.
Sin embargo, a casi un año de esos anuncios, los vecinos que viven a metros del Riachuelo confirman que la contaminación creciente se ve a simple vista. Durante más de una década, la cuenca fue considerada uno de los sitios más contaminados del mundo, según la Cruz Verde Suiza.
Además de vecinos, a la vera del Riachuelo hay decenas de empresas que por años fueron acusadas de contaminantes y en muchos casos multadas y hasta clausuradas por volcar productos químicos nocivos al agua. A partir de distintos informes elaborados por Acumar, se inició un proceso de reconversión en más de 400 de esas industrias, que consiste en la obligatoriedad de presentar un plan de actividades para adecuarse a la normativa ambiental. El informe de DW señala que el dispositivo de vigilancia que se realizaba en la cuenca para evitar vuelcos contaminantes está prácticamente abandonado.
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Los costos del fin del Estado en los barrios populares: «Volvió el olor al Riachuelo»

Fecha de Publicación: 03/03/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Denuncian que con el cierre de la SISU están en riesgo unas 5 millones de personas. El gobierno nacional incumple la Ley 27.453 y abandona 648 obras de integración sociourbana en el país.
El ajuste en las políticas de integración sociourbana por parte del gobierno de Milei golpea a los barrios populares, que son miles en el país. Las consecuencias son palpables: no hay obras de vivienda ni de infraestructura, tampoco de acceso al agua potable, a la electricidad y a la red de cloacas. No hay asfalto, ni espacios recreativos. En los barrios aumenta la contaminación, el desempleo y la conflictividad social. Sitios paradigmáticos como el Riachuelo vuelven a ser ejemplos de abandono.
Desde que asumió, la gestión de Milei tomó la decisión de vaciar la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), área encargada de llevar adelante las políticas habitacionales. De hecho, en febrero los casi 300 trabajadores que aún sobrevivían de este programa quedaron en la calle porque el gobierno no renovó sus contratos. El retiro del Estado tiene efectos concretos. Álvaro Llambi, militante del MTE y ex director de Fortalecimiento de Organizaciones Productivas de la Comunidad, detalló que en los barrios que componen Campo Unamuno, al sur del Conurbano, tienen paralizada la obra de cloacas: “Tuvimos que ir a una demanda judicial para que refuercen los camiones que sacan; básicamente, la mierda de todas las cloacas que están en el barrio. Estamos hablando de 2000 familias que están sacando los residuos cloacales con camiones cisternas durante la semana porque la planta de tratamiento fue suspendida por parte del Gobierno Nacional”. 
Los fondos que la administración ‘libertaria’ invierte para mejorar las condiciones de vida de los 6467 barrios populares en los que habitan cerca de 5 millones de personas, son ínfimos. Sólo hasta noviembre de 2025, había desembolsado el 0,2% del monto anual para la integración habitacional.
El escenario para quienes habitan los barrios populares en la Cuenca Matanza Riachuelo -como Villa Fiorito- se agrava más aún luego de que la Corte decidiera cerrar la causa “Mendoza”, la más importante y emblemática en materia ambiental de la historia del país. Hoy, Llambi denuncia que no hay tareas de saneamiento y que “volvió el olor al Riachuelo”. Acota: “Volvemos a ver residuos flotando en el Riachuelo, olores nauseabundos y ni hablar de la falta de control de las fábricas que están alrededor de la Cuenca, como es el caso del Barrio El Paredón en Fiorito por parte de SADESA, la empresa de cuero más grande de Latinoamérica, propiedad de la familia Galperín”.
Desde la Mesa Nacional de Barrios Nacionales, el gobierno nacional lleva adelante un “plan de miseria planificada”: abandonó 648 obras, dejó a 11.265 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y dio vía libre para que se activen 150 juicios de desalojo. Además, dejó sin empleo a 35 mil trabajadores de la economía popular que llevaban adelante las obras.
“En mi barrio, algunos pibes que laburaban con nosotros en las obras, hoy laburan para el transa”, graficó a este medio Gastón Reyes, integrante de la Mesa y vecino del barrio El Bajo de Aldo Bonzi, en La Matanza.
“La situación es triste. Vemos a las madres tratando de contener a sus pibes que venden, pero también a los que consumen. Vemos compañeros que quedaron tirados con las obras, cloacas sin terminar, pozos abiertos, caños que se están echando a perder”. La vida cotidiana de los barrios se vuelve así una “pelea entre pobres. Vos tenés una parte del barrio que pudo acceder a una casita y a un tanque de agua. Y después tenés a quienes no accedieron a eso que vuelven a enganchar la manguera, le sacan presión al otro. Se está retrocediendo con todo lo que habíamos logrado”.

El riesgo es la vida
La geografía cambia pero no las problemáticas. “Cuando llueve, el agua se mete en las casas porque se frenaron las obras de cordones cuneta”, afirma Lila Calderón, vecina del Barrio Obrero, al norte de Cipolletti, Río Negro. Se dejaron de hacer los cordones, las veredas quedaron inconclusas, se frenaron las conexiones intradomiciliarias de luz. “El riesgo de esto es que un cortocircuito te queme todo, corre riesgo la vida. Perdimos un montón de vidas por los incendios a causa de malas conexiones”.
El 30% de las obras que se realizaron en el Barrio Obrero estuvieron en manos de cooperativas integradas por los mismos vecinos del lugar. “Hoy eso ya no existe”, dice Calderón. Y describe la crudeza del abandono: “Hay vecinos que trabajaban en las obras que hoy son los arbolitos de los narcos. Esto es lo que está sucediendo. Cuando el derecho retrocede gana el narcotráfico. Ni hablar de la cantidad de pibes que trabajaban bien y terminaron suicidándose”.
Los barrios populares esperan que el gobierno nacional cumpla la Ley de Integración Sociourbana. “Nacimos de asentamientos porque políticamente a nadie le importó –concluye Calderón–, pero tenemos el derecho de vivir dignamente”.

Afecta a más de 5 millones de personas
Organizaciones sociales, populares, la Iglesia y referentes territoriales que conforman la Mesa Nacional de Barrios Populares se movilizaron el martes pasado hacia la sede de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU). Bajo la consigna “El Estado se retira, los barrios pagan”, denunciaron que el desmantelamiento de las políticas de integración habitacional por parte del gobierno de Milei afecta a más de 5 millones de personas. El viernes también marchó la UTEP. La SISU fue creada en el 2018 a partir de la Ley de Integración Sociourbana 27.453. Hoy el 92% de los barrios populares carece de conexión formal de agua, el 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas informales.
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ACUMAR endurece sanciones por infracciones ambientales en la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dispuso modificaciones al régimen de fiscalización y sanciones, con multas más severas para incumplimientos en la presentación de información, falsificación de documentos y construcción de sistemas de control de vertidos.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) modificó el régimen de fiscalización, control y sanciones aplicables en el área de la Cuenca, mediante la Resolución 203/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. El organismo dispuso un endurecimiento de las multas y la simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de reforzar la eficacia del control ambiental en la zona.
Entre las principales modificaciones se incorporan como infracciones la falsedad de los datos o documentación presentada y la falta de empadronamiento, que podrán ser imputadas directamente por los inspectores en las actas de fiscalización. Además, se establece un plazo de intimación en los casos de información falsa, con sanciones agravadas en caso de incumplimiento.
La norma también eleva las sanciones para los establecimientos que no construyan o adecúen la Cámara de Toma de Muestra y Medición de Caudales, considerada esencial para identificar un único punto de vertido. ACUMAR señaló que la ausencia de este sistema representa una omisión grave que obstaculiza el control ambiental en la cuenca desde hace 17 años.
Asimismo, se modifican los montos de las multas vinculadas a la falta de presentación de información, informes de avance, planes de adecuación y documentación técnica ambiental, y se reincorporan sanciones específicas para el incumplimiento parcial o total de esos planes. También se introducen cambios en los plazos y modalidades de pago de las multas, con beneficios por cancelación temprana y la posibilidad de pago en cuotas.
La resolución simplifica las etapas intermedias en los procedimientos sancionatorios, sin alterar el derecho de defensa, y regula cuestiones que antes no estaban especificadas, como la reincidencia, la prescripción y el cálculo de intereses en los certificados de deuda.
La medida, firmada por el presidente de ACUMAR, Lucas Figueras, entrará en vigencia a partir de mañana.
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Cambió la fuente de contaminación del Riachuelo y la nueva estrategia para limpiarlo más rápido

Fecha de Publicación: 18/08/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo


"En mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, prometía María Julia Alsogaray en 1993 al frente de la Secretaría de Recursos Naturales. Más de tres décadas después, esa meta parece tan lejana como entonces, pero se hicieron y avanzan acciones concretas para continuar recuperando el río y devolverlo a los vecinos. Sin embargo, el problema más profundo no flota en la superficie: hoy el 80 % de la contaminación del Riachuelo proviene de los efluentes cloacales.
Durante años, la imagen del Riachuelo estuvo ligada casi exclusivamente a los desechos industriales, aunque ese tipo de contaminación representa apenas el 20 % del total. El foco principal está en otra parte: la falta histórica de infraestructura cloacal, los pozos ciegos mal gestionados y los sistemas colapsados que siguen arrojando residuos directamente al río, sobre todo en municipios del Gran Buenos Aires.
Para revertir esto, el Gobierno nacional anunció la finalización del Sistema Riachuelo, una obra monumental que no se hacía desde hace más de 70 años y que incluye un gran colector paralelo al cauce y una planta de tratamiento sobre el Río de la Plata, que permite mejorar el servicio a 4,5 millones de personas y sumar a 1,5 millones más a la red.
El anuncio generó cruces políticos: mientras desde Nación se adjudican haberla terminado, referentes de la gestión anterior aseguraron que la obra ya estaba finalizada y solo restaban detalles para ponerla en marcha.
Más allá de las disputas, lo cierto es que esta infraestructura busca atacar el principal foco actual de contaminación del Riachuelo; los efluentes cloacales.
Desde que en 2010 la Ciudad puso en marcha el plan de saneamiento del Riachuelo como parte de la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), se retiraron 5.000 mil toneladas de basura.
A 16 años del fallo histórico que ordenó (al Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires) a restablecer el daño ambiental producido en la Cuenca Matanza-Riachuelo, como también su saneamiento, hace unos meses la Corte Suprema de la Nación puso fin a la supervisión del cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo. Aunque la limpieza debe continuar.
"El espejo de agua volvió a tener flora y fauna. La idea fue que el vecino pueda acercarse al Riachuelo, a Caminito, a La Boca, y revalorizar toda esa zona. Hoy se puede estar: no hay más ese olor nauseabundo”, explicó a Clarín Ignacio Baistrocchi, Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.
El Riachuelo atraviesa nueve comunas porteñas y, en su tramo dentro de la Ciudad, bordea espacios icónicos como la Vuelta de Rocha, a metros de Caminito, donde miles de vecinos y turistas circulan cada semana.
Mientras tanto, el desafío no es solo limpiar, sino evitar que se siga ensuciando. “Lamentablemente va a seguir… El problema no es lo que sacamos, sino que la gente siga tirando”, dijo Baistrocchi.
Pese a eso, el avance es visible: hace un año se recuperó una parte de la navegabilidad. “No podías entrar, hoy podés. De hecho, hay una empresa que llega hasta Caminito, viene de Puerto Madero y conecta los dos puntos. Si no hubiéramos hecho ese saneamiento, eso no podría haber ocurrido”, explicó el funcionario.

"Lamentablemente, compartimos este cauce con la provincia de Buenos Aires"
La limpieza del Riachuelo es una deuda histórica. En La Boca, el gobierno asegura que las reuniones con los vecinos son frecuentes y que el reclamo por mejorar la zona de Caminito y su entorno fluvial lleva años. “El pedido del Riachuelo, más allá del fallo que nos obligó a ponerlo en agenda, era un reclamo que nos sostenía como gobierno”, explicó.
Sin embargo, el trabajo diario convive con una dificultad: la tensa relación con la Provincia de Buenos Aires, con quien la Ciudad comparte el cauce del río. “Lamentablemente, compartimos con la Provincia de Buenos Aires este cauce, donde no se realiza este trabajo tan ferviente”, dijo Baistrocchi.
La Ciudad insiste en que realiza campañas de educación ambiental, refuerza la infraestructura con contenedores diferenciados y se enfoca en el manejo de los residuos. Pero, admiten, que no pueden controlar lo que pasa del otro lado.

Para limpiar más rápido
Hasta hace poco, la limpieza del Riachuelo en Vuelta de Rocha se hacía con dos catamaranes chicos, que podían cargar hasta 500 kilos de residuos por vez y tenían que frenar para descargarlos. Pero ahora, la Ciudad sumó una nueva embarcación mucho más potente, fabricada enteramente en Argentina, que puede cargar hasta 2.000 kilos sin parar y acelera el ritmo de limpieza en una de las zonas más visibles del sur porteño.
Este nuevo catamarán ya reemplazó a uno de los viejos, y hay planes para sumar otro más en un futuro. “En realidad, ya tenemos una, estamos agregando una segunda y la chica estamos pensando en reflotarla", detallo Baistrocchi.
"La primer ventaja es la eficiencia porque usa menos combustible para ir y venir y nos permite clasificar más rápido la basura que va al CEAMSE y la basura que se recicla", explicó el funcionario.
El dato no es menor: cada mes se retiran del Riachuelo entre 60 y 120 toneladas de basura. Y todo esto, según explicaron desde el Gobierno porteño, se hizo dentro de la licitación ya vigente. “No le costó a la Ciudad más plata, porque lo que se hizo fue optimizar dentro de la licitación”, aseguraron.
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Auditoría sobre el Riachuelo: “No se puede monitorear lo que no se mide”

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Portal NoticiasUrbanas
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
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“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”: denuncian abandono y retrocesos

Fecha de Publicación: 16/05/2025
Fuente: Portal FaroNoticias
Provincia/Región: Riachuelo


A pesar del cierre de la supervisión judicial por parte de la Corte Suprema, organizaciones sociales y vecinos afectados advierten que las condiciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo siguen siendo críticas. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de ser una historia cerrada, la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo una herida abierta para miles de personas. Un reciente artículo publicado por la Agencia de Noticias Científicas (ANC) retoma un reclamo urgente: el saneamiento del Riachuelo no está cumplido, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya decidido, en octubre pasado, dar por concluida su supervisión judicial del proceso.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), junto a otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones sistemáticas a los derechos de los vecinos que habitan la cuenca.
El artículo de ANC señala que el Sistema Riachuelo, obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la expansión de redes de agua y cloaca, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Esta demora profundiza los efectos de la contaminación y perpetúa la exclusión en los barrios más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor. Al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan pozos ciegos que, cuando llueve, se desbordan y van directo al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y descargan sus residuos en la Cuenca”, relata Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús
La denuncia se suma a años de promesas incumplidas y políticas que, aunque anunciadas con bombos y platillos, no han llegado a transformar la vida cotidiana de quienes conviven con el veneno ambiental todos los días. A pesar de los avances formales, el Riachuelo sigue siendo un símbolo de deuda social y ecológica. Y como tantas veces en la historia argentina, la sentencia del poder judicial parece escrita lejos del barro, del agua sucia y del dolor de los más postergados.
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Reclamo por el Riachuelo a la CIDH

Fecha de Publicación: 03/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


Tras el cierre de la causa, reclaman por el incumplimiento de relocalizaciones y obras en la cuenca por desfinanciamiento.
El conflicto por el cierre de la Causa Mendoza por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue escalando y ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las entidades y organizaciones que intervenían en la causa denunciaron formalmente al Estado argentino ante la Comisión, luego de que el año pasado la Corte Suprema decidiera cerrar de forma intempestiva su intervención en el proceso judicial que comenzó en 2008 con el histórico fallo que ordenó sanear la cuenca y relocalizar a las familias de los barrios populares de la zona. Las organizaciones advierten, entre otros puntos, que todavía no se completó ni el 50 por ciento del total de esas soluciones habitacionales, ni se terminó la construcción del Sistema Riachuelo, obra clave para los servicios de agua y cloacas de la zona. Todo, además, en el marco del desfinanciamiento de Acumar.
La denuncia fue presentada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, el CELS, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación Vecinos de la Boca y la Fundación T.E.M.A.S. Se trata de organizaciones que conformaban el Cuerpo Colegiado que se constituyó tras el fallo para dar seguimiento a los trabajos y que ahora acuden a la CIDH para denunciar al Estado argentino por la "violación de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo".
En la presentación ante la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) se piden medidas cautelares para que el Estado tome acciones con el fin de "proteger de inmediato la salud de los habitantes de la cuenca" y que "se continúen las medidas ordenadas en la sentencia de 2008 para mejorar la calidad de vida". Marcela Millán, defensora general de la Ciudad, aseguró a este diario que también se solicitó a la Comisión que "visite la Cuenca, que recomiende medidas urgentes y, de persistir el incumplimiento, eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
La defensora advirtió que el cierre del seguimiento de la causa "implica un grave retroceso en la protección de los derechos socio ambientales de las personas de la Cuenca y en la ejecución de la sentencia ambiental más importante en la historia judicial de Argentina, de esta manera el Estado argentino incumple sus obligaciones internacionales de protección de derechos humanos". Además, sostuvo que la decisión de la Corte se tomó "a pesar del grave incumplimiento de los compromisos de saneamiento y relocalización de las familias".
Las organizaciones presentaron también un diagnóstico sobre la situación actual de los trabajos en la cuenca que comenzaron tras el histórico fallo de la Corte que ordenó a los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, así como al Estado Nacional a través de Acumar, que reparen los daños ocasionados por la contaminación a las familias que viven a la vera del Riachuelo. El comunicado indica que hasta octubre del año pasado, cuando la Corte decidió de un día para el otro cerrar su intervención en la causa, la propia Acumar reconocía que la ejecución de las soluciones habitacionales alcanzaba sólo al 42 por ciento del total de familias afectadas.
"Hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito", advierten las organizaciones, que agregan que "al día de hoy no hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza".
En cuanto al Sistema Riachuelo, al que califican como una obra "imprescindible no solo para brindar adecuado servicio de agua y cloacas, sino para tratar los residuos orgánicos que hoy contaminan el Riachuelo", recuerdan que los trabajos no terminaron, por lo que "tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia Acumar y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56 por ciento". Esa obra está a cargo de Aysa, y aunque tiene un financiamiento millonario del Banco Mundial, está frenada en la gestión de Javier Milei.
En este sentido, en la presentación también se denunciaron "las últimas medidas que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias", entre las que se cuentan no sólo Aysa y Acumar sino también la Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Desde el MPD agregan que no existe un presupuesto asignado para obras en el Riachuelo durante 2025, "en tanto únicamente se ha prorrogado el presupuesto asignado desde 2023 sin modificar el monto por la inflación". "Además, desde la entrada de la nueva gestión de Nación en diciembre de 2023, ha habido un vaciamiento de recursos y de funcionarios en Acumar. En marzo de 2025 fueron despedidos más de 300 empleados", recuerdan.
Sostienen así que la decisión de la Corte "implica la finalización del proceso de supervisión institucional de control y de rendición de cuentas presupuestario al caso ambiental más importante en la historia de Argentina". "Ahora Acumar es el único ente encargado de continuar las tareas, sin tener un ente de control o supervisión. Esta decisión significa la pérdida de un recurso judicial que se había diseñado para dar una respuesta a las violaciones a los derechos de todas aquellas personas que viven en la Cuenca y, en definitiva, un retroceso que ya tiene y tendrá consecuencias para esa población", concluyen.
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Pese a los millones del Banco Mundial, las obras del Matanza Riachuelo en stand-by

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Tras una inversión de más de 1200 millones de dólares y con el 90% del proyecto terminado, la obra más importante para la recuperación del río está paralizada. Asombra la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción.
Ya se dijo: el Sistema Matanza Riachuelo, la obra más importante para la recuperación del río, está parada. Pero no está de más repetirlo. Es un dato asombroso por muchos motivos, como el volumen de su inversión: más de 1200 millones de dólares. Y por el avance alcanzado hasta el momento: más del 90% se halla actualmente terminada, después de diez años de trabajo.
La obra asombra por sus dimensiones. Se trata de la ampliación de la red de cloacas subterráneas del Área Metropolitana de Buenos Aires más importante desde la puesta en marcha de la red a principios del siglo XX.
También es notable por tener como principal socio estratégico al Banco Mundial, que la presenta como un proyecto de vanguardia a nivel internacional, por la escala y los desafíos técnicos resueltos para su construcción, y por ser la mayor inversión en su tipo realizada por el organismo en la región.
La obra es uno de los ejes centrales del plan de recuperación ambiental del río Matanza Riachuelo, impulsado por el Estado Nacional a través de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), y ejecutada por la empresa pública AySA (Agua y Saneamiento).

Millones de inodoros
Los líquidos cloacales son el principal objetivo del proyecto. Estos representan, en volumen, la mayor fuente de contaminación del río. Se trata de líquidos provenientes de los baños de viviendas habitadas por las más de dos millones de personas del área sin acceso a la red de cloacas. Su desagüe se produce a través de arroyos, canales clandestinos y filtraciones de napas subterráneas.
La materia orgánica de estos inodoros, volcada sin tratamiento, llega al río en cantidades imposibles de procesar por éste. Su saturación provoca uno de sus problemas ambientales más graves: la falta de oxígeno disuelto en el agua. En condiciones normales, la materia orgánica se descompondría sin generar daños ambientales. Pero en cantidades extremas, las bacterias encargadas de degradarla terminan por absorber el oxígeno del medio, hasta agotarlo.
El resultado es la paradoja de un curso de agua como el Matanza Riachuelo, donde debido a la ausencia de oxígeno no pueden vivir peces ni otros organismos acuáticos; por no mencionar otros riesgos generados por las cloacas sin tratar, como las enfermedades y los malos olores.

Una obra descomunal
¿Cómo se llegó a esta situación? Es el resultado de más de un siglo de expansión del área urbana de Buenos Aires. O mejor dicho, de su evidente desigualdad. Mientras la Ciudad de Buenos Aires contó desde principios del siglo XX con una red de cloacas moderna, motivo de orgullo en su época, no sucedió lo mismo en el llamado Conurbano, donde nunca se invirtió ni planificó de manera equivalente.
Este fue uno de los problemas encarados por ACUMAR desde 2009. Las dos millones de personas sin cloacas en la Cuenca Matanza Riachuelo no solo estaban desconectadas de la red. En realidad, no existía ninguna red con capacidad suficiente para recibir sus líquidos cloacales, transportarlos y tratarlos.
La solución del Sistema Riachuelo fue duplicar la capacidad de carga del sistema. La obra incluyó la excavación de un túnel de más de 40 kilómetros y tres metros de diámetro, que une la Matanza con el barrio de La Boca, recorriendo todo el borde del Riachuelo a lo largo del sur de la Ciudad, y aliviando los conductos existentes. Desde allí, pasa por debajo del Riachuelo, se interna en la Isla Maciel y Dock Sud, sigue por debajo del puerto y el Polo Petroquímico y termina en la orilla del Río de la Plata, en donde se construyó la mayor planta de tratamiento de líquidos cloacales del Área Metropolitana. Otro conducto subterráneo se interna 10 km bajo el río para realizar la dispersión final de los líquidos.
El resultado, cuando el sistema se ponga en marcha, será una mejora notable en la calidad del agua del río. El Sistema permitirá incorporar 1,5 millones de usuarios a la red de cloacas en la Cuenca, y mejorar el servicio de 4,3 millones de personas, en más de veinte Municipios, algunos fuera de esta.

Parálisis y perplejidad
Pero lo más asombroso del Sistema Riachuelo es que actualmente esté detenido. Entre trabajadores y funcionarios de ACUMAR reina la perplejidad. El último paso para su puesta en marcha requiere una transferencia de fondos del Estado Nacional. Las cañerías se hallan terminadas desde fines de 2023, pero su punto débil es la planta de tratamiento de Dock Sud, imprescindible para poner en marcha la red. Esta tiene un avance del 94%, según el sitio web de ACUMAR, y su fecha de finalización era el 2024, sin nuevas actualizaciones.
Como sucede en muchas áreas del Estado en la actualidad, no hay indicios de los planes a futuro. El contraste es notable. Por un lado, en la web abundan los materiales gráficos y audiovisuales realizados en los últimos años para transmitir la importancia de la obra, de donde fueron tomados los datos para esta columna. Pueden observarse las palabras llenas de orgullo y emoción de la ingeniera a cargo de su dirección, considerándola un hito histórico por su escala y dificultad. Los funcionarios del Banco Mundial destacan la obra como un modelo para otros proyectos impulsados por el organismo en otros países, por el volumen de la inversión y la cantidad de población beneficiada. Sobre todo, por la complejidad de los actores involucrados y las negociaciones requeridas para sostener en marcha el proyecto a través de los sucesivos cambios de gobierno.
Hoy los mayores elogios y apoyos a la obra provienen, paradójicamente, de las publicaciones de un organismo internacional y una empresa pública, AySA, a la cual se propone privatizar. ACUMAR adoptó el Sistema Riachuelo como una de las principales acciones para el saneamiento del río Matanza Riachuelo, pero en las últimas semanas el organismo borró de su sitio web la mayor parte de los materiales de difusión, noticias y registros realizados a lo largo de los últimos años sobre este y otros proyectos vinculados al saneamiento de la Cuenca. Quedaron disponibles solo los informes técnicos, en su mayoría desactualizados.

Silencio que aturde
El retiro de ACUMAR como impulsora general del proyecto tiene consecuencias obvias. Es difícil imaginar un proceso de transformación como el propuesto a través de estas obras, sin una voz pública dedicada a transmitir el sentido de sus inversiones. Sin información e imágenes que ayuden a dimensionar los cambios esperados.
El río tiene una tradición de intentos de limpieza sin terminar. El silencio oficial inquieta porque amenaza con dejar en el olvido obras que constituyen uno de los mayores avances realizados hasta el momento para revertir su ya legendaria contaminación.
Pero el silencio es más complejo en obras como las de las cloacas cuya naturaleza las vuelve invisibles, casi por definición, y cuyo funcionamiento y recorridos siguen siendo un misterio para el público general.
Asombra, además, la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción. Una inversión aportada por un organismo internacional, convertida en deuda, que más allá del futuro de la infraestructura construida, y de su eventual puesta en funcionamiento, deberá ser devuelta por el Estado. Es difícil entender la pasividad de tantos actores involucrados, desde funcionarios hasta representantes del Banco Mundial. Y, en consecuencia, la falta de preguntas y debates públicos acerca del futuro del trabajo realizado y de los fondos prestados y utilizados.
Pero, por último, este retiro del Estado también llena de dudas el día después de las obras. Cuando el Sistema Riachuelo logre ponerse en marcha, todavía quedará pendiente el tramo final de las conexiones a construir, las tuberías necesarias para que los distintos barrios y viviendas de la Cuenca logren incorporar sus líquidos cloacales a la red y eviten, definitivamente, sus filtraciones hacia el río y sus arroyos. La pregunta es cómo se pondrá en marcha este proceso y de dónde saldrán los recursos y el impulso de gestión necesarios, que involucrarán a cientos de miles de viviendas, y requerirá de otros financiamientos e impulsos. En definitiva, de un proceso de diálogo público como el que en estos días el Estado parece decidido, casi obsesionado, a evitar.
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El fin del Riachuelo

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR. Lo que fue y será.
El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.
La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.
“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.
“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo
¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?
Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.
A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad
A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.
Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.
En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.
Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

Tiro de gracia
El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.
El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.
En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.
“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%
Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.
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El Gobierno despidió a más de 300 trabajadores de Acumar

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Página12
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El organismo ha quedado paralizado por la falta de personal y recursos económicos. Además, alertan que podrían peligrar las tareas de saneamiento del Riachuelo.
Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa en la previa del fin de semana largo, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
Las notificaciones de los despidos fueron enviadas el viernes a última hora por correo electrónico y según ha detallado Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar, que se desempañaba en el organismo desde hace once años como analista especializada en la gestión de riesgos de inundaciones y en la elaboración de acciones para la prevención.
“Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, dijo Fierro en una entrevista con la AM 750, donde anticipó que el miércoles a las 9 de la mañana harán una manifestación en la sede del organismo, en Esmeralda 255, para reclamar por la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos.
Fierro sostuvo que los despidos y la falta de recursos – Acumar contaba con un presupuesto congelado, el mismo de 2023, como el resto de la administración pública – han llevado a la “parálisis enorme desde el año pasado”. “Estamos diezmados, y a esta situación de suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado dio por cerrada la causa Mendoza”, el histórico expediente iniciado en 2004 por un grupo de vecinos de Villa Inflamable afectados por la contaminación, que ordenó el saneamiento y donde el máximo tribunal de Justicia controlaba las obras y a las empresas contaminantes ubicadas a la vera del río, en sus 64 kilómetros de extensión.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Fierro. Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
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El arroyo Sarandí se tiñó de rojo y los vecinos creen que es por desechos industriales

Fecha de Publicación: 08/02/2025
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
 En la localidad bonaerense de Avellaneda, el arroyo Sarandí apareció hoy teñido de rojo, lo que desató la preocupación y especulaciones de los vecinos. El intenso color rojo de las aguas se pudo apreciar a la altura del barrio Villa Inflamable, y algunos vecinos adjudicaron el tono a los desechos industriales.
Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.
“Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”, aseguró Silvia, una vecina de la zona en declaraciones a C5N.
Y agregó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”. 

Más Información:

Tiempo Argentino. Alarma por el arroyo Sarandí, que amaneció teñido de rojo y con olores nauseabundos
El arroyo Sarandí amaneció teñido de rojo y tanto el color como el olor nauseabundo llamó la atención de las y los vecinos de Avellaneda, que apuntan contra empresas de la zona por arrojar desechos industriales al agua. Un viejo problema de la zona que tuvo su pico de contaminación en el Riachuelo. El Gobierno provincial ordenó tomar muestras para analizarlas.

Clarín. La historia del arroyo que se tiñó de rojo: contaminación y sospechas de sabotaje por la mancha que alertó a los vecinos
La impactante imagen del arroyo Sarandí teñido de un rojo intenso que sorprendió a los vecinos de Avellaneda aún no tiene una explicación certera. Aunque la mancha que quedó registrada en videos y redes sociales se disipó, las autoridades que tienen jurisdicción sobre cauces hídricos y control ambiental no pudieron determinar el origen del fenómeno. Y la escena pone en agenda la contaminación de este y otras cuencas en el Gran Buenos Aires.
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Finalizó la segunda Audiencia Pública del año

Fecha de Publicación: 12/12/2024
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Con la participación de 38 expositores se llevó a cabo este viernes la Audiencia Pública convocada para presentar el Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor de Lanús.
Se llevó a cabo el viernes 6 de diciembre la segunda Audiencia Pública del año, en el que ACUMAR presentó el Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor (PIC) de Lanús, al que las curtiembres radicadas en la Cuenca deberán trasladarse para seguir operando.
La Audiencia, que tuvo lugar en el Cine Teatro “Tita” Merello, de la Universidad Nacional de Lanús, contó con la participación de 38  oradores y cerca de 100 participante que debatieron y expusieron sus posturas en torno a la implementación del Plan de Gestión Ambiental del Parque Industrial Curtidor (PIC) y la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (PTELI) construidos en Lanús, y al que las empresas que realicen operaciones vinculadas al curtido de cueros deberán trasladarse.
La presentación del encuentro estuvo a cargo del Director General Ambiental, Federico Gatti Lavisse, quien agradeció a los presentes haciendo especial hincapié a la comunidad de Valentín Alsina, donde se concentran la mayor cantidad de curtiembres de la Cuenca, que participaron hoy tanto en representación de empresas como en calidad de vecinos.
Gatti destacó también el compromiso de todos los actores que forman parte del proyecto del PIC y la PTELI, y se refirió a la importancia de la sinergia entre los sectores público y privado: “La inversión del estado ha sido muy grande, queremos que las empresas trabajen, exporten, generen empleo y nuevas producciones siempre respetando los manuales y los procedimientos ambientales propuestos en este parque”.
El PIC está destinado a la radicación de pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se trata de una iniciativa promovida por ACUMAR y financiada por el Banco Mundial, que contempla la construcción del parque y de una Planta de Tratamiento que promueve la producción ambientalmente sustentable, optimizando recursos y procesos con una propuesta de mejora continua.
El Parque comprende un predio de 160.000m², con capacidad para 23 lotes y 8 pabellones, en tanto que la Planta de Tratamiento, por su parte, tendrá una capacidad para tratar hasta 9.000m³ de efluentes diarios, lo que equivale a 12 mil cueros diarios.
De acuerdo a los últimos relevamientos en la Cuenca operan 60 curtiembres, de las cuales el 90% se encuentran en Lanús, y el resto distribuidas entre Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza.
ACUMAR publicó recientemente una nueva normativa, la Resolución 259/2024, que establece las condiciones mínimas de producción del curtido de cueros, y se indican los plazos para acoplarse a las normas ambientales vigentes. Con esta regulación, la empresas que se dediquen al curtido, pelado, salado y/o terminación de cueros, sean o no agentes contaminantes y generen efluentes líquidos industriales derivados de estos procesos deberán presentar una propuesta de adecuación que contemple el traslado de su actividad al Parque Industrial Curtidor (PIC) con el objetivo de derivar sus efluentes líquidos industriales a la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (PTELI).
Durante más de 4 horas, 38 exposiciones formaron parte de la Audiencia en la que se destacaron representantes de la industria del cuero, empresas y PyMEs del sector, pero también vecinos y vecinas de Villa Diamante, que dejaron plasmado sus posturas en torno al proyecto.
Los testimonios y consideraciones vertidos durante el encuentro formarán parte de un informe final, que estará disponible en la web del organismo en un plazo máximo de 30 días, tal cual lo establece la norma que rige estos procesos, Decreto N°1172/2003. La totalidad del evento se encuentra disponible en el canal oficial de ACUMAR en YouTube.
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Contra el fallo de la Corte: la última carta para evitar el cierre de la causa por el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El cuerpo colegiado que monitorea el cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza pidió al máximo tribunal que revea su decisión; luego, tiene previsto acudir a la Corte Interamericana
“Un final abrupto, carente de contexto y con una sentencia teñida de arbitrariedad”. En esos términos definieron al cierre de la megacausa del Riachuelo desde el cuerpo colegiado designado para monitorear el cumplimiento del histórico fallo en el caso Mendoza, en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2008 el saneamiento de la cuenca. La reciente decisión del máximo tribunal al respecto, del 22 de octubre, surgió en principio como último clavo en el ataúd de la supervisión judicial del saneamiento, aunque el órgano ambiental de control replicó finalmente con un recurso in extremis, amparado en un alegado “error de hecho”, para que los jueces revean su postura. En definitiva, que vuelvan a resolver.
La reposición presentada abrió el escenario para que, a futuro, la contienda se dirima en la Justicia internacional e intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta tanto la Corte Suprema no rechace o haga lugar a lo planteado, el proceso en el Poder Judicial argentino no tendrá punto final, si bien lo decidido ya tuvo sus primeros efectos. La sentencia no reconoció el daño colectivo de los vecinos y desencadenó dos consecuencias centrales: la más inmediata, el vaciamiento de los juzgados de ejecución, el Federal Criminal y Correccional Nº2, a cargo de Jorge Rodríguez, y el Nº12, en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal, donde se empezaron a archivar cientos de causas por daño al ecosistema. Las que subsistieron se desperdigaron en fueros locales y federales no especializados en derecho ambiental. La otra consecuencia, el fin de la supervisión judicial de la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que ahora rendirá cuentas solo ante el Congreso de la Nación.
”La revocatoria in extremis es un recurso excepcional y prácticamente imposible que nos lo conceda la Corte Suprema, pero sentimos como cuerpo colegiado que tenemos la obligación moral de dejar asentada una postura histórica y la visión crítica que tenemos del fallo. La sentencia es una contradicción a lo que fue la posición del tribunal desde 2008 hasta hoy. Esperemos que los jueces se tomen el trabajo de revisar su sentencia tan débil de fundamentos y la revoquen. Si nos rechazan el planteo, nos reservamos la posibilidad de ir a la Justicia internacional: primero, a la Comisión Interamericana, y luego, a la Corte Interamericana“, dice Cristian Fernández, abogado y representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que compone el cuerpo colegiado junto con la Asociación Vecinos de La Boca, Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

El recurso in extremis
En su presentación, denunciaron supuestas incongruencias en la postura de la Corte, que cesó su intervención cuando todavía quedan obras pendientes, como de red de agua potable y cloacas por parte de AySA, la finalización del Sistema Riachuelo –un megacolector de 30 kilómetros entre La Matanza y Dock Sud para la recolección de desechos, obra que financió el Banco Mundial– y 17.700 soluciones habitacionales inconclusas; entre ellas, 700 viviendas que deben construirse para relocalizar a los vecinos de la villa 21-24 en Barracas que aún no fueron licitadas y no cuentan con fondos para su construcción. Se suman otros compromisos asumidos en 2008 para la recuperación de la cuenca donde viven 4,5 millones de personas que representan el 10% de la población argentina. El tribunal tampoco se expidió sobre si se mantiene o se levanta la prohibición de la navegabilidad. Al cerrar la causa, los jueces fundamentaron que los objetivos del fallo Mendoza quedaron cumplidos satisfactoriamente con la creación de la Acumar, en 2007, y del Plan Integral de Saneamiento (PISA), en 2010.
”Es un fallo en contra de lo que necesita la cuenca. La Corte consideró que los grandes litigios estructurales tienen que llegar a un fin y que tenía que cesar el monitoreo del cumplimiento de lo ordenado en 2008, pero lo hizo en el peor momento”, agrega Fernández.
El contexto al que refiere el abogado es el ajuste en la estructura organizativa y funcional de la Acumar, que a principios de 2024 bajo el sello de la gestión libertaria redujo su personal en un 50%. A la vez, el organismo tiene el presupuesto congelado a los valores de octubre de 2022, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca cayeron este año un 28,2% en términos reales y se paralizaron las obras de saneamiento. También se eliminaron direcciones estratégicas dedicadas al monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, como la Dirección General Ambiental.

El fallo de la Corte y sus efectos
A partir del cese de la intervención de la Corte, la Acumar ya no tiene la obligación de presentar ante la Justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio, la calidad de aire y agua en napas subterráneas, cloacas, el control de las industrias y de los grandes agentes contaminantes, y la ejecución de las obras. El seguimiento de esos informes había resultado clave para otros organismos de control como la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, que detectaron mediante el seguimiento presupuestario la reducción y la subejecución de partidas destinadas al PISA entre 2018 y 2024.
Entre las obras más importantes restan la culminación del Sistema Riachuelo, que debía finalizar en noviembre de 2023, y el Parque Industrial Curtidor de Lanús, que tenía plazo de finalización en octubre 2021; según informó la Acumar en abril de este año, la obra está en un 75% de avance. También quedó pendiente la implementación del Plan Sanitario de Emergencia, que debía detallar la cantidad precisa y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas son menores de 6 años.
Consultados por LA NACION, desde la Acumar no habían dado declaraciones al cierre de la nota.
En su recurso, el cuerpo colegiado señaló: “La sentencia atacada implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos. Todo ello, tiñe a la sentencia con el color de la arbitrariedad y amerita una revisión y revocación de lo decidido“.
En esa sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron el fin de su intervención en el caso Mendoza por considerar que se alcanzaron los objetivos proyectados para la recuperación del Riachuelo. En el fallo, los jueces resolvieron: “La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la Acumar a cargo de su cumplimiento”.
Dictado el fallo, los juzgados de Lijo y Rodríguez comenzaron a archivar y desprenderse de las causas anexas al caso Mendoza; por ejemplo, el litigio por la reserva ecológica de Ciudad Evita, un predio de 700 hectáreas en La Matanza, que sucumbió ante las ocupaciones de asentamientos, desarrollos inmobiliarios ilegales, basurales, incendios de pastizales y la tala indiscriminada. La causa tramitaba en el juzgado de Rodríguez y fue remitida primero a la Cámara Federal de San Martín, que se declaró incompetente para intervenir y en consecuencia la envió al Juzgado Civil y Comercial Contencioso Administrativo Federal Nº 3 de la misma jurisdicción, todavía con un destino incierto.

Antecedente en la región
De escalar la contienda a la Justicia internacional, hay un antecedente con puntos de similitud al caso Riachuelo. Se trata de la causa de los habitantes del distrito de La Oroya contra Perú que fue resuelta por la Corte Interamericana en noviembre de 2023 a favor de los demandantes.
Los hechos ocurrieron en La Oroya, ubicado en la Sierra Central de Perú, donde la actividad minero-metalúrgica ininterrumpida por 100 años produjo la presencia de plomo en sangre en sus habitantes, ocasionando muertes, problemas de salud y demencia. En 2006, el Tribunal Constitucional de ese país dictó un fallo estructural para solucionarlo e inició un proceso de ejecución de sentencia que duró 17 años (el caso Mendoza duró 16). Al ver que la sentencia no se cumplía, los vecinos afectados llegaron hasta la Corte Interamericana. El organismo condenó al Estado de Perú como responsable por la violación a los derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida, al medio ambiente sano, a la salud, a la integridad personal y a la niñez.
La corte internacional concluyó que el Estado peruano violó, a la vez, el derecho a la protección judicial, toda vez que transcurridos más de 17 años desde la decisión del Tribunal Constitucional no se habían adoptado medidas efectivas y reales para cumplir con la sentencia y resolver la contaminación en La Oroya.
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