Neuquén exige a las petroleras sanear el pasivo ambiental de 441 pozos del petróleo convencional

Mientras Vaca Muerta atrae inversiones, la provincia fija obligaciones de abandono y remediación a YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA por pozos, ductos e instalaciones que quedaron de décadas de explotación.

Mientras Vaca Muerta concentra inversiones y nuevos desarrollos de petróleo y gas no convencional, Neuquén enfrenta la herencia de décadas de explotación convencional: pozos inactivos, ductos, instalaciones en desuso y suelos contaminados. Un relevamiento de los compromisos asumidos en 2025 y 2026 reúne 441 registros de pozos alcanzados por programas de abandono, reclasificaciones para cierre o evaluaciones técnicas, en los que están involucradas YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA.
La cuenta surge de los decretos provinciales que autorizaron transferencias de áreas maduras. Incluye 208 pozos del programa de abandono asumido por Fluxus, 111 clasificados para abandono en concesiones que YPF transfirió a Bentia Energy y otros 100 que la petrolera estatal debía reclasificar. Se suman 8 pozos en áreas adquiridas por Bentia e Ingeniería SIMA, 7 en Aguada Villanueva, 4 en Meseta Buena Esperanza y 3 en Las Tacanas.

Quién paga el pasivo
El crecimiento de Vaca Muerta modificó el negocio petrolero neuquino. Las grandes compañías comenzaron a desprenderse de yacimientos convencionales maduros, como hizo YPF a través del Proyecto Andes, y la provincia incorporó a esas transferencias una exigencia clave: definir qué empresa debe cerrar los pozos, retirar las instalaciones y sanear los pasivos generados durante décadas.
Un ejemplo es la cesión de las áreas Octógono y Al Norte de la Dorsal a Bentia Energy, autorizada por el Decreto 380/2025. El inventario identificó 1.015 pozos, de los cuales 195 estaban activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 ya abandonados y 20 sin conexión, además de 40 instalaciones de producción y más de 939 kilómetros de ductos. Bentia debió constituir una garantía ambiental de 1,17 millones de dólares por cuatro años.
En otra operación, el Decreto 372/2025 autorizó la transferencia de cuatro áreas de YPF a Bentia Energy e Ingeniería SIMA, con una garantía de 450.000 dólares. Allí, la autoridad ambiental provincial fijó un criterio central: los acuerdos privados entre empresas no pueden limitar la facultad de Neuquén de exigir el saneamiento. Es decir, la compañía que generó un pasivo puede seguir obligada a remediarlo aun después de vender la concesión.
Abandonar un pozo y remediar un terreno son tareas distintas: el cierre técnico aísla las formaciones para impedir la migración de fluidos, mientras que la recuperación ambiental exige además retirar instalaciones, tratar suelos y gestionar residuos.

Pozos junto a casas y escuelas
El problema es especialmente sensible donde las ciudades crecieron sobre antiguos yacimientos. En Octógono, en Plaza Huincul, la documentación provincial identificó unas 82 hectáreas destinadas a un posible desarrollo urbano, donde pozos, ductos e instalaciones pueden interferir con el proyecto. Entre Neuquén capital y Plottier, viejas instalaciones quedaron cerca de viviendas, escuelas, chacras y barrios. Una falla en el aislamiento de un pozo puede permitir fugas de gases o fluidos, con riesgos para el suelo, el agua subterránea y las personas.
Allí se concentra el mayor programa individual de abandono. Fluxus, vinculada al conglomerado brasileño J&F, adquirió de Pluspetrol las concesiones Centenario. El Decreto 982/2025 fijó originalmente el abandono de 76 pozos y la reactivación de 54, con una inversión de 21,3 millones de dólares, pero luego el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, informó que la empresa se comprometió a abandonar 208 pozos en cinco años. Los trabajos comenzaron en Bajada de Maida, priorizando los pozos cercanos a viviendas y escuelas. El decreto exige además sanear antiguas piletas, suelos contaminados y derrames, y cerrar caminos para favorecer la revegetación.

Nuevos plazos y reclamos
Este año, los decretos 475, 476 y 496 de 2026 fijaron cronogramas de abandono para pozos en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, transferidas de Pluspetrol a YPF.
Los conflictos también alcanzan a dueños de tierras. En Chihuido de la Sierra Negra, propietarios reclamaron por 580 pozos, baterías, centrales eléctricas y cientos de kilómetros de ductos en sus campos, que buscan recuperar para la actividad agropecuaria, aunque la provincia rechazó el reclamo.

El metano, un riesgo invisible
Neuquén también empezó a medir emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que puede escapar de pozos mal sellados. Entre marzo y abril, técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Universidad McGill, de Canadá, bajo la dirección de la investigadora Mary Kang, relevaron 124 pozos inactivos y abandonados en 64 áreas, en el marco de una iniciativa vinculada al Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de la ONU. Los resultados se publicarán en una revista científica.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal iProfesional, Gobierno de la Provincia de Neuquén

Mujeres originarias de Pichanal exigen respuestas por la contaminación del pozo de Lomas de Olmedo

La Organización de Mujeres Kuape Äi pidió información oficial sobre el pozo petrolero abandonado que libera gases y líquidos en el norte de Salta, conocido como el “Chernobyl salteño”, y denunció años de silencio.

Mujeres de comunidades originarias de Pichanal, en el norte de Salta, exigieron respuestas oficiales sobre la contaminación que provoca un antiguo pozo petrolero abandonado en la zona de Lomas de Olmedo, que desde hace años libera gases y líquidos con hidrocarburos sin control. La Organización de Mujeres Kuape Äi presentó un pedido de acceso a la información pública ante el municipio, la provincia y el resto de las autoridades con responsabilidad sobre el caso, y denunció que reina el silencio.
“Hasta acá yo sé que han pasado unos años y no hay nada, hay un silencio, hay un desconocimiento”, afirmó Leticia Quispe, integrante de la organización. Las mujeres quieren saber qué estudios se realizaron, qué sustancias se detectaron, cuáles fueron los resultados de las pericias, quién es hoy responsable del pozo y si existe un programa de saneamiento. También expresaron su preocupación por la salud de los habitantes de La Estrella y Pichanal, y advirtieron que no tienen certeza sobre si las emanaciones ya están afectando el aire que respiran.

Un pozo de más de 40 años
El pozo, conocido como Lomas de Olmedo X-10 o Puesto Guardián, fue perforado en 1983 por YPF, en el departamento Orán, y luego quedó inactivo. Su última concesionaria fue la empresa President Petroleum S.A., cuya quiebra se declaró en 2025. En 2023 ya se habían registrado problemas ambientales, y la Secretaría de Minería y Energía provincial intimó a la empresa a realizar el cierre definitivo del pozo, algo que no se concretó por presentaciones legales.
En marzo de 2025 se denunció una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter formado en la estructura. A fines de ese año, la provincia declaró la caducidad de la concesión y transfirió el manejo del área a la empresa con participación estatal REMSa. Salta también inició una demanda contra la última concesionaria.

Un bosque convertido en zona muerta
El impacto es visible. Según Greenpeace, que inspeccionó el lugar, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo quedaron completamente secas en el perímetro del pozo, y la afectación podría extenderse según el viento, la presión y la temperatura. Se trata de un área de quebrachales, cebiles y palo de papel, en la transición entre el Chaco Seco y el piedemonte de las Yungas, considerada un ecosistema prioritario para la conservación.
“Los líquidos y gases se esparcían sobre el suelo y la vegetación”, describió Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina, tras recorrer la zona. Los productores locales atribuyen a la fuga la muerte de unas 350 cabezas de ganado desde 2023, además de caballos, zorros, aves y otros animales silvestres. La situación valió al caso el apodo de “Chernobyl salteño”.

La causa judicial
La Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, intervino tras la denuncia de 2025, restringió el acceso al área y exigió la contención de los fluidos y la realización de análisis ambientales. En mayo de ese año, el Senado salteño aprobó una declaración de preocupación y respaldó la exigencia de un plan de contingencia y de estudios de impacto ambiental.
En octubre de 2025, el juez de Garantías Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular en el lugar. Los informes técnicos incorporados al expediente dan cuenta de un daño grave al ecosistema en superficie, aunque la investigación todavía busca determinar su magnitud y las responsabilidades. En julio de este año, tres resoluciones judiciales rechazaron planteos de la defensa de uno de los imputados, y la fiscal continúa al frente de la causa.

Sin respuestas
Pese a la causa judicial y a los reclamos, hasta mediados de este año no se había realizado ninguna acción efectiva para contener la fuga, según Greenpeace, que reclama a la provincia la publicación de los estudios realizados y un plan integral de remediación. El municipio, la provincia y la empresa tampoco respondieron públicamente al nuevo pedido de las mujeres de Pichanal.
El caso muestra una de las caras menos visibles de la actividad petrolera: los pozos que quedan abandonados cuando las empresas se retiran, y cuyos costos ambientales terminan recayendo sobre los territorios y las comunidades que habitan cerca de ellos.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Nuevo Diario de Salta, Ministerio Público Fiscal de Salta

Derrame de Shell en Magdalena: 27 años después, el exintendente dice que el acuerdo fue un engaño

Fernando Carballo, que en 2009 firmó el convenio de reparación con Shell, dice que el municipio fue engañado, mientras la Cámara Federal revisa el fallo que rechazó ese acuerdo.

Más de 27 años después del mayor desastre petrolero en la historia de Magdalena, la causa sigue sin cerrarse y suma un nuevo capítulo. El exintendente Fernando Carballo, que en 2009 firmó con Shell el acuerdo de reparación que hoy está en discusión en la Justicia, admitió que aquel convenio fue un error y que el municipio fue engañado.
El derrame ocurrió el 15 de enero de 1999, cuando el buque petrolero Estrella Pampeana, operado por Shell, chocó con el portacontenedores Sea Paraná en el Río de la Plata, frente a la costa de Magdalena. Se volcaron unos 5,4 millones de litros de crudo, que afectaron más de 30 kilómetros de playas, humedales y arroyos. Es considerado el mayor derrame de petróleo en agua dulce registrado.

Un largo recorrido judicial
El municipio demandó a la empresa poco después del accidente. En 2002, durante la gestión del intendente Oscar Sibetti, el Juzgado Federal N° 4 de La Plata ordenó a la petrolera medidas de recomposición ambiental por unos 35 millones de dólares. Pero en diciembre de 2007 la Corte Suprema resolvió que la causa debía tramitarse ante la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dejó sin efecto aquella decisión.
En 2009, ya con Carballo al frente del municipio, Magdalena y Shell firmaron un acuerdo por 9,5 millones de dólares, más asistencia para proyectos de desarrollo local. A cambio, el municipio desistía de sus acciones judiciales, mientras la empresa no reconocía responsabilidad. El pago quedaba sujeto a la homologación de un juez. Para respaldar el convenio, la comuna convocó a un plebiscito no vinculante en mayo de ese año: la propuesta obtuvo alrededor del 77% de los votos, aunque esa aprobación equivalió a cerca de una cuarta parte del padrón.

“Nos mintió”
Hoy, Carballo revisa aquella decisión con dureza. En una entrevista con un medio local, sostuvo que la información oficial difundida antes del plebiscito fue tendenciosa: detallaba el dinero y los proyectos que llegarían, pero no explicaba que aceptar el acuerdo implicaba abandonar las demandas. “Nos mintió, nos operó por atrás en la Justicia con mucho poder de Shell”, afirmó, en alusión a la petrolera y a su conducción de entonces, encabezada por Juan José Aranguren, quien años más tarde fue ministro de Energía y Minería de la Nación.
El exintendente aseguró que no volvería a impulsar una consulta de ese tipo y que el municipio debió haber seguido reclamando la totalidad de la reparación. Desde la organización ambientalista Ala Plástica, que sigue la causa desde hace años, señalaron que con el acuerdo se perdió la posibilidad de profundizar la investigación y el reclamo con proyección nacional e internacional.

El fallo que reabrió la causa
El convenio nunca llegó a cerrar el conflicto. El 30 de diciembre de 2025, el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, rechazó homologarlo. En su resolución sostuvo que los derechos ambientales son de orden público y no pueden negociarse en forma privada, y que ni el aval del Concejo Deliberante ni el plebiscito pueden estar por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional ni de la Ley General del Ambiente.
El magistrado también consideró que el monto carecía de sustento técnico, porque no había estudios ambientales ni estimaciones de costos de recomposición que justificaran los 9,5 millones, y calificó el acuerdo como “objetivamente desactualizado”. Admitió que las pericias recientes no detectan un daño ambiental activo, pero sostuvo que el análisis debía situarse en el momento en que se firmó el convenio. El fallo no fijó, sin embargo, una nueva indemnización.
Shell y su aseguradora apelaron ante la Cámara Federal. La empresa sostiene que el ambiente ya fue recompuesto, que no hay daños pendientes de reparación y que pericias e informes oficiales realizados entre 2020 y 2024 no detectan contaminación por hidrocarburos. La Municipalidad de Magdalena también recurrió el fallo, aunque con otro objetivo: reclama una indemnización acorde con el daño sufrido.
Ahora será la Cámara la que deberá decidir si confirma el rechazo del acuerdo. Mientras tanto, a casi tres décadas del derrame, la costa de Magdalena sigue esperando una respuesta definitiva sobre quién y cuánto debe pagar por el daño.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Tras 27 años, la causa de tres vecinos de Ensenada contra YPF espera la definición de la Corte

La demanda por la contaminación del Canal Lateral Oeste, iniciada en 1999 por vecinos de El Dique, ya tiene condenas en dos instancias y la petrolera admitió en su balance que podría derivar en indemnizaciones.

En 1999, tres vecinos de El Dique, en Ensenada, decidieron enfrentar a algunas de las empresas más poderosas del país. Pedro Salagre, Jorge Mario Pezado y Miguel Ángel Casadas denunciaron la contaminación del Canal Lateral Oeste, el curso de agua que corre junto a la Refinería La Plata de YPF y se conecta con el Canal Lateral Este y el Río Santiago. Veintisiete años después, su reclamo acumula dos sentencias favorables y espera la última palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda no busca solo una compensación económica. Los vecinos pidieron que cese la contaminación y que se recomponga el ambiente dañado, un objetivo que los tribunales ya les reconocieron en dos instancias.

Dos fallos a favor de los vecinos
El 7 de febrero de 2022, YPF fue notificada de la sentencia de primera instancia de la Justicia Federal. El fallo tuvo por acreditado el daño ambiental en los canales vinculados a la refinería, ordenó su cese y recomposición y repartió las responsabilidades. El 90% recayó sobre YPF y el Estado Nacional, en una proporción de 80% y 20% entre ambos. El 10% restante quedó a cargo de Petroquímica Cuyo, ex Petroken, y de Garovaglio y Zorraquín.
El 29 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la obligación de cesar y recomponer el daño. Los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo ordenaron presentar un plan de recomposición del pasivo ambiental del canal. El plan debe contemplar el efecto sobre la salud y la seguridad públicas, la prevención de daños futuros y el plazo necesario para la reparación. Lo evaluarán el Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Universidad Nacional de La Plata y las autoridades ambientales de la Nación, la provincia y el municipio de Ensenada. En su fallo, el tribunal sostuvo que “la protección del ambiente es prevalente” frente al desarrollo económico.
Los codemandados llevaron el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que todavía no fue resuelto y que, desde mayo de 2025, circula por una de las vocalías del máximo tribunal.

Lo que admite YPF
La causa volvió a tomar estado público porque la propia petrolera la incluyó en un documento presentado a sus accionistas en febrero de este año. Allí reconoció reclamos por “supuestos daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental” y admitió que podrían implicar nuevas obligaciones económicas. Para cubrirlas previsionó fondos en su balance, sin precisar montos. Por su parte, Garovaglio y Zorraquín informó que “el monto económico de la condena aún no estaba determinado”.
En su defensa, YPF se apoyó en un estudio concluido en 2021 según el cual entre el 88% y el 91% de los hidrocarburos presentes en los sedimentos del canal se habría depositado antes de 1991. Con ese dato, la empresa planteó la responsabilidad del Estado Nacional por las condiciones de la privatización de la compañía. Las resoluciones judiciales, además, no atribuyen a la refinería todas las enfermedades denunciadas por los vecinos.

Un polo bajo la lupa científica
La Refinería La Plata, con capacidad para procesar unos 210.000 barriles diarios, forma parte del Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada, uno de los complejos industriales más grandes del país. Distintas investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET analizaron su impacto durante años.
Un relevamiento del Área de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas identificó el agua y la atmósfera como las principales vías de impacto. Entre 2014 y 2016, un proyecto conjunto de la UNLP y el CONICET monitoreó aire, agua y sedimentos en El Dique, Villa Argüello, Villa Nueva, Berisso, Ensenada y el barrio Mosconi. Otros trabajos analizaron compuestos como el benceno, el tolueno y los xilenos, además de material particulado e hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos por sus propiedades cancerígenas.
A esos estudios se suman episodios que los vecinos recuerdan bien. En abril de 2013, durante la inundación de La Plata, un incendio dejó hidrocarburos en la vegetación del Canal Oeste. En 2022 y 2024 hubo nuevos incendios dentro del complejo.
Mientras la Corte analiza el expediente, la historia de los vecinos de El Dique ya dejó una marca. Demostró que un reclamo iniciado por tres personas puede obligar a una de las mayores empresas del país a reconocer, ante sus propios accionistas, el costo de la contaminación.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal La Plata 1, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, CONICET

Exigen que YPF intervenga para frenar la fuga tóxica en Lomas de Olmedo

La situación del pozo petrolero LO X-10, abandonado por su operadora privada en el norte salteño, se agrava con una fuga constante de gases tóxicos que ya requeriría una inversión de al menos 12 millones de dólares, mientras la Fiscalía de Estado intensifica gestiones para que YPF intervenga en la remediación.

La situación del pozo petrolero LO X-10, ubicado en la zona de Lomas de Olmedo, en jurisdicción de Pichanal, en el norte de la provincia de Salta, continúa agravándose ante la fuga constante de gases tóxicos y fluidos, y un pasivo ambiental que ningún sector institucional logró resolver hasta ahora. El pozo emana de forma continua gases compuestos en un 95% por dióxido de carbono y un 5% por metano, un daño estructural que se originó tras una explosión y el posterior colapso del pozo, y que dejó sin efecto los intentos de control directo sobre la boca original del yacimiento.

Una empresa en quiebra y un vacío operativo
El pozo fue operado desde 2023 por la empresa privada President Petroleum S.A., que finalmente se declaró en quiebra y abandonó el lugar sin completar las tareas de remediación exigidas. En diciembre de 2025, el Gobierno de Salta dictó el Decreto 826/25, que declaró la caducidad de la concesión y recuperó para la provincia el manejo del área, traspasando las competencias operativas a REMSa, una empresa energética local con participación estatal, mientras se define un nuevo llamado a licitación. Pese a esa intervención formal, la contaminación continuó expandiéndose: Greenpeace documentó en la zona un bosque nativo severamente afectado, con unas 20 hectáreas secas y sin vida en el perímetro del pozo, además de riesgos de explosión e incendio por la acumulación de hidrocarburos.

El costo de la solución técnica
Según advirtió el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, los informes más recientes confirman que la solución definitiva ya no admite intervenciones superficiales y demandará una inversión estimada en al menos 12 millones de dólares. Los especialistas consultados determinaron que la única vía técnica viable es una perforación lateral, conocida como side track, una maniobra compleja que requiere maquinaria de última generación, personal altamente especializado en control de reventones y una logística de magnitud internacional de la que la provincia no dispone por sus propios medios. La contaminación afecta también a pobladores y puesteros rurales de parajes cercanos, como La Estrella, que debieron abandonar sus tierras ante la dificultad para respirar en la zona.

Una discusión sobre responsabilidades
Frente a la imposibilidad financiera de la provincia para afrontar una erogación de esa magnitud, algo que el propio Ejecutivo salteño reconoció en su momento, la Fiscalía de Estado intensificó las gestiones para lograr que YPF intervenga de manera directa en los trabajos de remediación. El planteo se sustenta en que el pozo forma parte del tendido histórico originalmente perforado por la petrolera de bandera durante su operación en la cuenca hidrocarburífera norte del país, lo que abre una discusión legal sobre responsabilidades compartidas. Según el principio de responsabilidad solidaria previsto en la Ley General del Ambiente, cuando se produce un daño de estas características, todas las empresas que participaron en la cadena de explotación del yacimiento -serían al menos seis, según especialistas que siguen el caso- pasan a ser corresponsables, junto con los gobiernos provincial y nacional. Mientras continúan las discusiones sobre jurisdicciones y expedientes entre los distintos organismos involucrados, la situación ambiental en Lomas de Olmedo permanece sin una solución definitiva, en un caso que organizaciones ambientales ya describieron como uno de los pasivos petroleros más graves y prolongados del norte argentino.


Fecha de Publicación: 28/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: El Tintero de Salta, iProfesional, Cadena 3

Una cautelar ordena detener perforaciones y transacciones financieras por falta de Evaluación de Impacto Ambiental nacional


Informes sobre derecho internacional ambiental y oceanografía operacional analizan el alcance de la medida dictada en la jurisdicción austral.

El Juzgado Federal de Río Grande, bajo la titularidad de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata del inicio o continuidad de las obras hidrocarburíferas del proyecto "Sea Lion", emplazado en la cuenca al norte de las Islas Malvinas. La resolución judicial alcanza de forma directa a las compañías británicas e israelíes Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, prohibiéndoles ejecutar perforaciones, instalar infraestructura submarina o celebrar nuevos contratos de financiamiento y transferencias operativas. La paralización regirá de forma estricta hasta tanto las firmas tramiten el procedimiento formal de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conforme a los artículos 11 a 13 de la Ley General del Ambiente N.° 25.675 ante la autoridad ambiental nacional competente.   

Dinámica oceanográfica y vulnerabilidad por derrames de crudo en aguas subantárticas
El proyecto Sea Lion contempla la extracción de crudo no refinado en un ecosistema marino signado por corrientes subantárticas intensas y complejas ventanas operativas. La ausencia de un estudio de impacto ambiental homologado por la autoridad de aplicación impone un riesgo severo sobre la fauna bentónica y pelágica del Mar Argentino. En caso de producirse un escape de hidrocarburos o la fuga no controlada de un pozo (blowout), la acción combinada de la Corriente de Malvinas y los vientos del oeste desplazaría las plumas de contaminación hacia los caladeros de pesca de calamar illex y merluza negra, degradando la cadena trófica marina de forma prolongada debido a las bajas temperaturas del agua, que enlentecen la biodegradación bacteriana natural de los alcanos y aromáticos.
Variables hidrogeológicas y técnico-jurídicas objeto de fiscalización cautelar:
- Ausencia de certificado de aptitud ambiental: Inexistencia de un trámite iniciado ante la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental nacional.
- Bloqueo de transacciones financieras: Prohibición de constituir garantías, recibir desembolsos o realizar préstamos entre sociedades vinculadas al emprendimiento.
- Plan de contingencia ambiental: Exigencia de detallar las medidas de contención física frente a eventuales siniestros en la cuenca marina.

Dictámenes institucionales y principios del derecho ambiental
La medida se fundamentó explícitamente en la aplicación de los principios precautorio y preventivo que rigen la legislación ambiental de la Argentina, así como en los requerimientos presentados por excombatientes e instituciones de la sociedad civil. Asimismo, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fueron notificados formalmente para remitir antecedentes sobre autorizaciones y certificar la falta de permisos vigentes en la Plataforma Continental Argentina. Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) han remarcado en diversos análisis la alta sensibilidad ecotoxicológica de la plataforma patagónica ante la actividad minero-petrolera sin supervisión científica.

Soberanía y tutela del ecosistema marino austral
La decisión del Juzgado Federal de Río Grande sienta un precedente crítico sobre la jurisdicción ambiental en la Plataforma Continental. La exigencia de estudios de impacto rigurosos y la suspensión de flujos financieros buscan resguardar la biodiversidad marina y garantizar el principio de sostenibilidad en una de las regiones biogeográficas más valiosas del Atlántico Sur.


Fecha de Publicación: 18/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Tiempo Sur, IProfesional, El Destape, La Voz del Interior,
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Reportes nacionales confirman la grave contaminación por la emanación ininterrumpida de fluidos y gases en Salta


Informes de la red de emisoras patagónicas amplifican la denuncia sobre el pasivo hidrocarburífero en el departamento General San Martín, exigiendo la intervención del Estado Nacional.

La grave crisis socioambiental desatada en la provincia de Salta por la emanación incontrolada de fluidos tóxicos y gases combustibles desde un pozo petrolero abandonado ha tomado dimensión nacional tras ser ratificada y difundida por la red federal de medios Radio 3 Cadena Patagonia. La cobertura confirma las denuncias presentadas por pobladores rurales y comunidades originarias del departamento General San Martín, quienes constatan la presencia ininterrumpida de líquidos salobres impregnados de hidrocarburos pesados que discurren a cielo abierto sobre terrenos agrícolas y cauces de agua Somera. La difusión del caso por cadenas informativas de otras regiones productoras de hidrocarburos —como la cuenca golfo San Jorge y Neuquén— refleja una preocupación generalizada por la proliferación de pozos "huérfanos" que quedan sin sellado definitivo tras la finalización de los contratos de concesión o la retirada de las empresas operadoras.

Infiltración profunda, corrosión y riesgo sanitario latente
El diagnóstico técnico del incidente en el norte salteño evidencia el colapso estructural del encamisado metálico de la perforación debido a décadas de corrosión galvánica y falta de mantenimiento preventivo. Al fallar el sistema de aislamiento, la alta presión de los yacimientos profundos empuja hacia la superficie una mezcla peligrosa de agua de formación cargada de metales pesados (como plomo, cadmio y arsénico), fenoles y gas metano mezclado con sulfuro de hidrógeno. Este efluente no solo inutiliza la capa arable del suelo para cualquier uso agropecuario, sino que representa un riesgo inminente de contaminación irreversible sobre los acuíferos subterráneos de donde se abastecen las poblaciones locales, además del peligro constante de explosión o incendios en la vegetación nativa por la acumulación de gases volátiles.
Para desglosar los vectores de riesgo ecológico y los vacíos de control institucional identificados en esta emergencia hidrocarburífera, se destacan los siguientes puntos:
- Infiltración de metales pesados en acuíferos de consumo: Riesgo de bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica y en las fuentes de agua potable rural.
- Falta de fondos de garantía para pasivos ambientales: Inexistencia o insuficiencia de avales financieros exigidos a las petroleras para cubrir los costos de remediación tras el cese de operaciones.
- Exposición continuada a gases tóxicos: Afecciones respiratorias y dermatológicas reportadas por pobladores expuestos a las emanaciones de sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

Exigencia de un plan federal de sellado de pozos inactivos
La reiteración de estas denuncias a través de medios nacionales ha motivado que legisladores y organizaciones del tercer sector soliciten a la Secretaría de Energía de la Nación y a las autoridades ambientales provinciales la elaboración urgente de un Inventario Nacional de Pozos Abandonados e Inactivos. La iniciativa busca identificar las perforaciones en estado crítico dentro del territorio argentino para ejecutar de forma prioritaria las obras de ingeniería de taponamiento hermético (plugging and abandonment), financiadas mediante la ejecución de seguros ambientales o fondos de reparación creados a partir de cánones de la propia industria hidrocarburífera.

Remediar el pasado para proteger el futuro del agua
El caso del pozo emisor en Salta ratifica la urgencia de establecer políticas de estado inflexibles en materia de pasivos ambientales en la Argentina. La explotación de los recursos recursos energéticos del subsuelo no puede realizarse a expensas de la salud humana, la pureza de las fuentes hídricas y la integridad de los territorios rurales.


Fecha de Publicación: 11/09/2026
Provincia/Región: Salta 
Fuentes originales consultadas: Radio 3 Cadena Patagonia, TN (Todo Noticias), Secretaría de Energía de la Nación, Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta
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Demanda ambiental y soberana contra petroleras por la explotación ilícita en las Islas Malvinas


Organizaciones sociales y referentes soberanos interpusieron una demanda judicial contra empresas petroleras internacionales, denunciando la exploración y explotación ilegítima de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y el inminente riesgo de pasivos ambientales en el Atlántico Sur.

Una nueva ofensiva judicial y política ha reavivado el debate sobre la soberanía territorial y la protección del ecosistema marino en el Atlántico Sur. Diversas organizaciones socioambientales, junto a actores políticos y jurídicos del país, presentaron una demanda ambiental y soberana ante la Justicia Federal argentina contra corporaciones petroleras internacionales que avanzan en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. La acción legal denuncia que estas compañías operan sin los permisos ni las autorizaciones de evaluación de impacto ambiental que exige la legislación de la República Argentina, violando abiertamente la Ley Nacional de Hidrocarburos y los tratados internacionales de protección oceánica. El reclamo no solo persigue frenar las operaciones ilegítimas amparadas por la administración de ocupación británica, sino alertar sobre el peligro inminente de un derrame petrolero a gran escala en uno de los ecosistemas marinos más frágiles y de mayor valor biológico del planeta.

Riesgo de marea negra y degradación del ecosistema austral
El sustento técnico de la demanda ambiental hace hincapié en la extrema vulnerabilidad de la Cuenca de Malvinas y el Océano Austral ante la eventualidad de un incidente industrial offshore. Las operaciones petroleras a gran profundidad en mares de aguas gélidas y condiciones meteorológicas extremas presentan un índice de riesgo operativo significativamente elevado. Un vertido o fuga de crudo en estas latitudes se desplazaría rápidamente impulsado por las intensas corrientes marinas de la región, afectando de manera irreversible las rutas migratorias de mamíferos marinos, las colonias de anidación de aves costeras y las áreas de desove de especies pesqueras estratégicas para la economía regional.
Para comprender los ejes estructurantes de esta acción judicial y la matriz de riesgos ambientales señalados por los demandantes, se destacan los siguientes factores clave:
- Falta de controles estatales directos: Las operaciones petroleras se realizan al margen de los organismos de fiscalización de la Argentina, impidiendo auditorías ambientales independientes sobre la seguridad de las plataformas.
- Amenaza a la biodiversidad del Atlántico Sur: Un derrame de petróleo afectaría gravemente las poblaciones de pingüinos, ballenas francas australes, lobos marinos y aves migratorias que dependen del equilibrio biológico del mar epicontinental.
- Ausencia de planes de contingencia transfronterizos: La inaccesibilidad logística y las temperaturas extremas de la zona dificultaría la contención rápida de una marea negra, prolongando la presencia de hidrocarburos pesados en el agua durante décadas.

Ilegalidad normativa y la defensa de los recursos naturales soberanos
Desde el punto de vista del derecho internacional y la legislación nacional, la demanda sostiene que la concesión unilateral de licencias de exploración por parte del gobierno colonial británico en las Islas Malvinas constituye una usurpación de los recursos naturales pertenecientes a la plataforma continental argentina. La normativa vigente en el país prevé severas sanciones administrativas, inhabilitaciones comerciales y acciones penales contra cualquier compañía multinacional o firma proveedora de servicios que participe de forma directa o indirecta en la cuenca sin la correspondiente concesión otorgada por la Autoridad de Aplicación nacional. Los demandantes enfatizan que la tutela efectiva del ambiente y la defensa de la soberanía son dos caras de una misma moneda: proteger el Atlántico Sur de la explotación extractiva ilegal es resguardar el patrimonio natural e histórico de las futuras generaciones de argentinos.
La protección del Atlántico Sur en la agenda global de conservación
Esta controversia judicial proyecta el conflicto socioambiental del Atlántico Sur hacia la escena internacional, en un contexto global signado por las metas de descarbonización y la ratificación del Tratado Global de los Océanos de la ONU. Especialistas en derecho ambiental y ciencia política sostienen que permitir el avance descontrolado de la frontera petrolera offshore en zonas marítimas disputadas invalida los esfuerzos multilaterales por proteger la biodiversidad marina y mitigar el cambio climático. La judicialización de las actividades petroleras ilegítimas en las Islas Malvinas busca consolidar un precedente internacional contundente: la exploración de combustibles fósiles no puede realizarse bajo esquemas de opacidad ambiental ni al margen del consentimiento soberano de los Estados territoriales.


Fecha de Publicación: 03/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario Aire de Santa Fe, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur
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Comarsa: a juicio el histórico caso de contaminación en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio concedido en primera instancia y revocado posteriormente por un tribunal de impugnación. 
Luego de tres intensas audiencias en las que las partes debatieron las acusaciones y el material probatorio, el juez de garantías de la ciudad de Neuquén, Juan Manuel Kees, resolvió elevar a juicio oral y público al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Al cierre de la etapa de control de acusación, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y las dos querellas. Asimismo, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos presentados, pero no hizo lugar al pedido de que el juicio se realice mediante un jurado popular. Con anterioridad, había sobreseído a los acusados por el delito de administración fraudulenta, argumentando distintos motivos en cada caso.

La acusación
El fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, realizó una extensa apertura de la acusación en la que describió su teoría sobre el caso y las pruebas con las que cuenta. Posteriormente, su presentación fue acompañada por las dos querellas.
Breide Obeid informó que, con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta, se multiplicó la generación de residuos petroleros. En ese período, Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. Según la acusación, la empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria contable les permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar, para lo que se conseguía certificaciones parciales de la oficina ambiental de Neuquén.
“Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal. 
Por otro lado, explicó que los 210 mil metros cúbicos de residuos que Comarsa está trasladando a la planta de disposición final de Indarsa no constituyen la totalidad de lo acumulado en la planta, son sólo los que están en la superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, reiteró el fiscal, quien en audiencias previas informó que en los allanamientos habían encontrado residuos ocultos bajo la tierra.
Además, el fiscal señaló que se desconoce la calidad de las napas, ya que el estudio que la Subsecretaría de Ambiente provincial encomendó a Comarsa nunca se realizó.
Por todo eso, solicitó que el juez elevara la causa a juicio con los tres imputados por contaminación con riesgo para la salud y fraude. Debido a la importancia del caso, también pidió que el juicio se realizara con un jurado popular. El fiscal convocó a 91 testigos para el juicio, entre los que se encuentran vecinos y vecinas de la planta, técnicas, policías, empleados de YPF y funcionarios de la oficina de Ambiente provincial.
Tanto la querella de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cuya representación estuvo a cargo de Emanuel Roa Moreno y Santiago Britos, como la de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), cuyos abogados fueron Bruno Vadalá y Pedro Perlata, acompañaron los planteos y testigos de la Fiscalía.

Las defensas
Durante la audiencia, las defensas solicitaron sobreseimientos y cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones. Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades individuales dentro de Comarsa.
La defensa de HB, director de la compañía, sostuvo que, por su función como director suplente, no tenía capacidad para tomar decisiones de manera autónoma ni integraba formalmente la mesa directiva de la empresa. En ese sentido, cuestionó que pudiera atribuírsele responsabilidad por la defraudación y la contaminación producida en el predio y puso en duda que la documentación contable presentada fuera suficiente para demostrar su participación en las maniobras investigadas.
Por su parte, la defensa de JML, dueño de Comarsa, se enfocó en la acusación por administración fraudulenta. Señaló que no se había determinado con precisión quién habría sido perjudicado, ni cuál sería el monto económico del fraude y cuestionó que las empresas generadoras que contrataron a Comarsa para gestionar sus residuos no hubieran realizado denuncias por haber sido estafadas o por el incumplimiento del tratamiento contratado.
Finalmente, la defensa de FP, gerente general de Comarsa, cuestionó la falta de precisión sobre la conducta concreta atribuida a su defendido. Sostuvo que la acusación no permitía identificar qué acción específica habría realizado y, por ello, solicitó su sobreseimiento.
Los abogados de los imputados objetaron parte de la prueba testimonial ofrecida para un eventual juicio. Solicitaron excluir a dos de los autores del informe “La basura del fracking” y se opusieron a la participación de diez vecinos de las inmediaciones de Comarsa. Al respecto, la Fiscalía defendió su incorporación argumentando que podían dar cuenta de aspectos como los olores, el humo negro, los malestares físicos y otras situaciones de las que padecieron durante años en los alrededores de la planta.
Por último, las defensas se opusieron a que el eventual juicio se realizara mediante jurado popular y cuestionaron la aplicación del Acuerdo de Escazú como fundamento para esa modalidad.

La probation
En la semana, además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó una audiencia para analizar el recurso que presentaron las defensas, que insisten en la aplicación de una probation para suspender el proceso penal, que había sido concedida en primera instancia y fue revocada posteriormente por el Tribunal de Impugnación. Y al cierre de la jornada, se anunció que la decisión podría demorarse hasta el 5 de noviembre.
En la audiencia del TSJ, además de las partes, intervinieron los amicus curiae del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, estuvieron presentes distintas organizaciones y referentes que acompañaron el proceso como legisladores de distintas fuerzas y organizaciones mapuches, ambientales, sindicales y políticas.

Comarsa hoy: trasladar no es remediar
El avance de la causa judicial no puede separarse de lo que continúa ocurriendo en el predio. Después de años de planes incumplidos, las montañas de barros tóxicos permanecen en el Parque Industrial de Neuquén. Actualmente, y desde pocos meses después de concretarse la imputación, parte de ese material está siendo trasladado fuera de Comarsa al predio de disposición final de Indarsa en Añelo.
Los materiales acumulados durante años están siendo transportados más de 100 kilómetros sin haber sido previamente tratados en Comarsa. Toneladas de residuos peligrosos atraviesan distintas localidades antes de llegar a un nuevo destino. Este proceso, aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves, comenzó en diciembre de 2024 y debe finalizar en diciembre de 2026. Sin embargo, hasta la fecha, con más del 80 por ciento del tiempo previsto transcurrido, Comarsa sólo trasladó el 50 por ciento del material. A este material superficial hay que sumarle, además, lo que la causa demostró que fue enterrado.
Pero, como si esto fuera poco, la desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño, una interpretación sostenida públicamente incluso por funcionarios de ambiente.
El proceso de remediación implica tareas que no fueron incluidas en el plan que Ambiente aprobó. A la fecha, no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio de 17 hectáreas de Comarsa y sus alrededores. Esto en un contexto en el que las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones que rodean la planta.
De este modo, el publicitado traslado de los barros tóxicos que siguen contaminando y la supuesta remediación que dicen estar realizando parece ser una lavada de cara para la empresa que dejó uno de los peores pasivos ambientales de la ciudad. 

Más de 10 años de historia 
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia, investigación y acompañamiento para evitar que los residuos no tratados en Comarsa se naturalicen y queden en el olvido.
La intensidad de explotación inherente al fracking genera altos volúmenes de desechos que se enmarcan dentro de lo que la ley argentina comprende como “residuos peligrosos”. La explotación de hidrocarburos no convencionales a partir del acuerdo Chevron-YPF en 2013 generó un crecimiento exponencial de esos desechos.
En octubre de 2014 reventó una “pileta clandestina” del basurero Indarsa del Parque Industrial de Neuquén y derramó 100 metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Posteriormente, la empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, la multa ambiental más cara hasta ese momento. Ese mismo mes, se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros que agrupaba a familias vecinas a la planta de Comarsa y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. Esa organización en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, denunció los impactos de Comarsa.
A fines de 2015, ante la movilización del espacio Fuera Basureros Petroleros y la presión en la Legislatura provincial, el Ejecutivo firmó el Decreto N° 2263 que establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas, dando cuenta de la peligrosidad de los residuos. Esta normativa fijó dos años de plazo para que las compañías se adecuaran, período que venció en noviembre de 2017. Sin embargo, Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. Por entonces, la empresa había comenzado a construir una nueva planta en Añelo y había retirado los hornos de la de Neuquén.
Con el tiempo, ese proceso de movilización y denuncia continuó en el ámbito judicial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas realizó una denuncia contra Comarsa, las operadoras petroleras y los funcionarios públicos que permitieron que el desmanejo de Comarsa se sostuviera sin mayores controversias. Posteriormente, se sumó la APDH, motorizada por la idea de que el derecho a un ambiente sano es parte de la lucha de los derechos humanos de hoy.
En ese contexto publicamos “La basura del fracking en Vaca Muerta” junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista, un trabajo en el que sistematizamos la información sobre Comarsa que obtuvimos a partir de un pedido de informes a la oficina de Ambiente. Durante todo este tiempo, distintas organizaciones y referentes sostuvieron el seguimiento de este extenso y complejo proceso.
La persistencia de quienes denunciaron, investigaron, acompañaron las audiencias y mantuvieron públicamente el reclamo permitió que, más de una década después, la discusión sobre las responsabilidades por la contaminación de Comarsa siga abierta. El juicio será una nueva instancia en este recorrido y una oportunidad para insistir en una demanda que atravesó todo el proceso, y es que los responsables por contaminación no queden impunes.

Los temas pendientes
La elevación a juicio es un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que el fracking implica una profunda degradación del ambiente. Este proceso permite advertir que aún queda mucho por investigar en relación a los residuos que genera la explotación petrolera:
- Las responsabilidades de las grandes petroleras que firmaron contratos con Comarsa, como YPF y otras tantas, responsables últimas por los “residuos peligrosos” que producen, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente.
- La situación de la planta de Comarsa de Añelo, que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- La inevitable connivencia de funcionarios estatales que hasta la actualidad habilitan el trabajo de este tipo de instalaciones.
- Las otras tres compañías de basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
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Presentan una demanda judicial para anular el acuerdo entre Chubut e YPF

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional


Es un amparo colectivo contra la ley que libera a la petrolera de responsabilidad ambiental. Lo presentaron un vecino y una Asociación Argentina de Abogados, con duros cuestionamientos a la ley que ratificó el convenio. Al recurso lo analizará la Justicia Federal. 
Jorge Spíndola, vecino de Comodoro Rivadavia, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, representada por su presidente Enrique Viale, promovieron una acción de amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional, YPF SA y la Provincia del Chubut, para que se declare la nulidad del Acta Acuerdo firmada el 26 de junio entre la Provincia e YPF, ratificada por la Ley XVII N° 166. También se solicitó la citación como tercero de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Según recordó el parte de prensa, la ley aprueba la transferencia de las concesiones de explotación de las áreas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, y libera a YPF de toda responsabilidad pasada, presente y futura por los pasivos ambientales generados en más de cien años de explotación petrolera en esas áreas.
A cambio, la petrolera se comprometió a una compensación de USD 25.000.000 y a la donación de vehículos y terrenos, mientras que la Provincia asumió a su cargo cualquier contingencia futura derivada de esos pasivos.
El texto incorpora, además, sin fundamentación específica ni contraprestación asignada, la liberación de responsabilidad sobre el área marina Restinga Alí, donde según el padrón oficial de la Secretaría de Energía de la Nación se contabilizan 560 pozos, más de un tercio de los cuales no registra estado de abandono.
Como principio, se sienta en la demanda que el acuerdo entre Chubut e YPF violenta de modo flagrante el orden público ambiental consagrado y garantizado constitucional y convencionalmente.
Entre otros puntos se cuestiona la falta de una auditoría ambiental independiente, ya que el estudio en que se basó el acuerdo fue encargado y pagado por la propia YPF sin control técnico del Estado provincial.
Se suman la contradicción con las propias disposiciones administrativas de la Secretaría de Ambiente del Chubut, que reconocen que aún restan relevarse pasivos ambientales "no individualizados" en las áreas involucradas.
La presentación agrega la falta de participación ciudadana previa a la firma del acuerdo, en violación de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
También el riesgo sanitario de los miles de pozos inactivos o mal sellados dentro del ejido urbano, algunos ubicados bajo viviendas, asociados a la exposición a sustancias como benceno, tolueno y xilenos.
El recurso advierte sobre la inclusión del área marina Restinga Alí, sobre la que —según los demandantes— no existe auditoría específica ni acto administrativo que respalde la liberación de responsabilidad, pese a tratarse de un bien de dominio público inalienable.
Los demandantes consideran que se pactó una compensación arbitraria e insuficiente frente al costo real de remediación: solo el sellado definitivo de los pozos abandonados en el ejido urbano de Comodoro —donde hay 6.000 pozos, de los cuales cerca de 3.700 fueron catalogados como abandonados y 1.700 como inactivos— podría demandar entre USD 240 y 740 millones, según las estimaciones incluidas en el escrito.
Se cita como parámetro de comparación, el acuerdo alcanzado entre YPF y Santa Cruz, que contempló un resarcimiento de USD 335 millones junto con un plan de remediación obligatorio.
También se cuestiona la absoluta ausencia en el Acta Acuerdo del Estado Nacional responsable de importante proporción del pasivo ambiental.
Además de la nulidad del Acta Acuerdo y, como consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley provincial que la aprueba, la demanda solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional por los pasivos ambientales anteriores al 31 de diciembre de 1990 y de YPF por los posteriores a esa fecha.
Como medida cautelar urgente, se pidió la suspensión de los efectos del acuerdo y de la ley que lo ratifica, la prohibición de ceder las concesiones a terceras empresas mientras dure el proceso, y la prohibición de realizar operaciones de sellado o abandono de pozos sin notificación previa a la parte actora, a fin de preservar la prueba sobre el estado real de contaminación.
A Spíndola lo patrocinan José Raúl Heredia, Alfredo Pérez Galimberti, Estrella Gerez, Alejandro Fernández Vecino, Eduardo Acevedo, Verónica Heredia, Eduardo Hualpa y Marco Castro.
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Comodoro Rivadavia demandará a YPF por los pasivos ambientales que dejó la actividad petrolera

Fecha de Publicación: 07/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut 


La Municipalidad presentará una acción judicial para que una prueba científica independiente establezca si la petrolera cumplió con la obligación constitucional de recomponer los daños ambientales. La carta.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que en los próximos días promoverá una acción judicial contra YPF para que la Justicia determine, mediante pruebas científicas independientes, si la empresa cumplió con la obligación constitucional de recomponer los pasivos ambientales generados durante décadas de actividad hidrocarburífera dentro del ejido urbano.
A través de un comunicado, el municipio sostuvo que, si bien reconoce el papel histórico de la petrolera en el desarrollo de la ciudad y del país, “esa misma historia tiene otra cara que ya no puede seguir siendo postergada”.
Según el documento, la explotación petrolera dejó “pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados, restricciones al uso del territorio y numerosos pasivos ambientales cuya recomposición integral aún constituye una cuestión abierta”.

La demanda buscará determinar si hubo recomposición ambiental
Desde la Municipalidad afirmaron que la decisión se basa en información documentada durante años mediante expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono y programas de remediación.
“No se trata de afirmaciones retóricas. Se trata de hechos documentados durante años por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono, programas de remediación y actuaciones de organismos públicos”, señalaron.
Asimismo, sostuvieron que la propia documentación elaborada por YPF demuestra que “numerosos sitios continúan siendo objeto de monitoreo, evaluación, saneamiento o programas de intervención”, lo que, a su criterio, confirma que la problemática requiere una respuesta integral.
Por ese motivo, el municipio explicó que acudirá al Poder Judicial para que determine si la obligación constitucional de recomposición ambiental fue efectivamente cumplida.

También presentarán el caso ante la CNV
Además de la demanda judicial, la Municipalidad informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según argumentó, considera que la controversia resulta “objetivamente relevante” para una empresa que participa del mercado de capitales argentino e internacional y que asumió compromisos públicos en materia de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
El comunicado aclara que la decisión “no constituye un acto de confrontación”, sino “el ejercicio responsable de las competencias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica Municipal confieren al Municipio”.

El municipio cuestionó el acuerdo entre YPF y Chubut
La Municipalidad también sostuvo que el acuerdo firmado entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve la controversia ambiental.
Según indicó, ese convenio “no puede producir efectos respecto de derechos colectivos cuya tutela corresponde también al Municipio ni extinguir una obligación constitucional de orden público como es la recomposición del daño ambiental”.
En ese sentido, agregó que “la Constitución Nacional no autoriza reemplazar la recomposición efectiva del ambiente por una compensación económica cuando subsisten dudas razonables acerca de la restauración integral de los sitios afectados”.

Convocatoria al diálogo con la petrolera
Pese al anuncio de las acciones judiciales, el municipio aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución institucional con la empresa.
“Todavía es posible abrir una instancia de diálogo institucional serio, transparente y técnicamente fundado que coloque en el centro la recomposición efectiva del ambiente y no la discusión acerca de quién debe asumir esa obligación”, expresó.
El comunicado concluye señalando que “YPF tiene hoy la oportunidad de demostrar que su compromiso con la sostenibilidad no se limita a declaraciones, reportes o instrumentos financieros” y que la Municipalidad ejercerá “todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales que resulten necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
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Vecinos de Salta denuncian que un pozo petrolero mal cerrado arrasó todo un ecosistema y los dejó sin su modo de subsistencia

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Salta


Señalan que sale gas permanentemente y que se formó una pequeña laguna de una sustancia aceitosa en medio de un bosque. Algunos tuvieron que irse y perdieron desde cabezas de ganado hasta sus hogares
Un pueblo de Salta en medio del bosque previo a las yungas cambió por completo desde hace tres años a partir de un pozo petrolero en la zona que dejó de ser explotado y que, aseguran, se cerró de manera incorrecta. Esto derivó en una contaminación constante del aire producto de una fuga de gas que brota desde el suelo y la formación de una laguna con una sustancia aceitosa, que provocaron la contaminación del suelo y la muerte de cientos de cabezas de ganado, principal actividad con la que subsistían los habitantes de la zona, quienes tuvieron que mudarse.
Los pobladores de Lomas de Olmedo, ubicado a unos 260 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta, comenzaron a reclamar hace más de dos años por gas que sale sin parar desde el suelo y por la formación de una suerte de laguna con una sustancia aceitosa en una zona boscosa. Esta situación afectó a unas 20 hectáreas de un ecosistema particular, por tratarse de una zona de transición entre dos ecorregiones diferentes.
Desde 1983 hasta la actualidad, pasaron seis empresas que explotaron ese pozo petrolero. La última lo hizo hace tres años, pero tanto las personas que vivieron hasta hace un tiempo en el área como Greenpeace denuncian que, tras cesar la explotación, el yacimiento se cerró incorrectamente y eso derivó en la situación actual.

Vida interrumpida
La población de Lomas de Olmedo subsistía, sobre todo, en base a la ganadería. Pero todo cambió desde que comenzaron las fugas: se contabilizaron más de 350 animales muertos en tres años, sin contemplar la fauna silvestre, y la contaminación del entorno fue tal que muchos tuvieron que abandonar el lugar.
Al no contar con otros ingresos, algunos tuvieron que mudarse a otros lugares, como Pichanal (a unos 80 kilómetros), y volver diariamente a Lomas de Olmedo a mantener las pocas cabezas de ganado que quedaron en pie. Esto no es un simple trayecto porque demanda recorrer caminos rurales que son difíciles de transitar, que se complican todavía más si llueve.
El problema es por partida doble: pobladores que deben mudarse y cambiar su modelo de subsistencia, además de un retroceso del bosque nativo.
Vecinos que dialogaron con TN pero pidieron no ser identificados afirman que se sienten abandonados porque, en algunos casos, se está perdiendo diariamente el esfuerzo de tres generaciones de lugareños de la zona, que viven de la ganadería y no tienen otra manera de subsistir.
Desde el comienzo de las fugas, hace tres años, los animales fueron los principales perjudicados. Al principio, la mayoría pensaba que se trataba de alguna enfermedad, pero conforme iban aumentando las fugas del pozo se dieron cuenta que el problema era mucho más grave.

El “Chernobyl argentino”
El biólogo Matías Arrigazzi forma parte de Greenpeace y fue uno de los testigos directos de la situación en Lomas de Olmedo. El relevamiento de la zona se hizo difícil, recordó, porque el aire está totalmente viciado: “Tenés que ir saliendo y entrando porque no se puede respirar”.
El entorno es tierra arrasada: tierra anaranjada y una laguna aceitosa que va cambiando de color, con predominio de tonos amarillos, hacen que la zona sea irreconocible. Estas anomalías le valieron a la zona ganarse el mote de “Chernobyl argentino”, una de las primeras cosas que sintió el equipo de la ONG que se dirigió al lugar.
Arrigazzi relató que el ruido que provoca la salida del gas desde el suelo es casi ensordecedor y que esto varía según las condiciones atmosféricas: “Cuando baja la presión atmosférica, aumenta el chorro de salida, el gas sube con más fuerza y en ese momento no se puede respirar. El ruido es ensordecedor”.
De todos modos, describió que lo más impactante es una “lluvia aceitosa” que cae luego de que el gas inunda el ambiente, formando un círculo nocivo para el ecosistema: “Eso se deposita en el suelo y en las plantas, que se cubren también de tierra y hacen que los árboles pierdan su color. Y, por estar cubiertos, no pueden fotosintetizar y terminan muriendo de pie”.

Ecosistema único
Las 20 hectáreas de bosque nativo forman parte de una región de transición. Según explicó Arrigazzi, se trata de un pase natural del Chaco seco a la selva pedemontana previa a las yungas. Por eso el objetivo, además de buscar responsables y cerrar correcta y definitivamente el pozo petrolero, es intentar que el bosque pueda resurgir.
“En ese sector se da la fusión de dos ecosistemas que generan una particularidad única, que cuenta con especies endémicas (que no están en otra parte del mundo), y que es prioritario para la conservación a nivel provincial y un área importante para la conservación de aves a nivel internacional”, detalló el biólogo. Y sumó que en esa región “hay especies amenazadas como el ocelote, la corzuela o el pecarí”.
Los registros sobre la flora hechos por el equipo arrojaron que los bosques siguen siendo resilientes, pero cada día que pasa sin remediarse el ambiente es crucial porque le va sacando posiblidades al ecosistema para que se recupere correctamente: “Encontramos brotes, pero salían y morían jóvenes, y nunca llegaban a ser plantas maduras. Cada día que pasa, aumenta la probabilidad de que el daño sea irreversible”.

Volver a la normalidad
“Animal que cruza por ahí, animal que se muere. Es triste, muy triste”, afirmó uno de los pobladores, para sumar que ya vio morir vacas, quirquinchos y corzuelas: “Ni siquiera se puede pasar”.
“Nos pidieron que nos vayamos a dormir a otro lado porque la concentración de gas es mayor a la noche, así que nos tenemos que ir todos los días. Es un sacrificio más del que ya tenemos”, detalló otro lugareño. Por eso, el pedido a esta altura es unánime: que cierren correctamente el pozo para retomar sus vidas cotidianas. “No estamos pidiendo nada de otro mundo, queremos que se cierre el pozo para volver a vivir tranquilos y que se dejen de morir los animales y las plantas”, afirmó.
En octubre del 2025, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Pichanal en la que, a su vez, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, realizaron una inspección ocular en la zona la titular de esa Fiscalía, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y el juez Gustavo Ramiro Morizzio, del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán.
Dos meses después, a principios de diciembre del año pasado, el gobierno salteño declaró, a través del decreto 826/25 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, la caducidad de la explotación a President Petroleum S.A., la última firma que trabajó sobre el área. En la normativa, también se dispone que el área de explotación no convencional de hidrocarburos, denominada “CNO-8 ‘Puesto Guardián’”, pase a manos del Estado provincial, “con todas las instalaciones, pozos, mejoras y demás elementos afectados a la actividad”.
En tanto, el mismo decreto faculta al entonces Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (hoy, la cartera es de Producción y Minería) a “suscribir los acuerdos necesarios para establecer una operación de mantenimiento y resguardo de emergencia, a los fines de asegurar la continuidad operativa, ambiental y de seguridad” respecto del área en cuestión. TN realizó consultas con el Ministerio de Producción y Minería provincial para conocer cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevaron adelante los acuerdos para los que está facultado, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
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El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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Cuándo se hace el juicio a Comarsa por el basurero petrolero de Neuquén

Fecha de Publicación: 27/05/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La defensa de los empresarios acusados de contaminación y administración fraudulenta tiene hasta el 19 de junio para presentar sus pruebas. Pidió la anulación de las actuaciones. Hay fecha para la audiencia del control de acusación. 
El juicio por contaminación y fraude por los residuos peligrosos que fueron depositados sin control a la vera de la autovía norte de Neuquén se prevé para el segundo semestre del año, luego de que se fijara la fecha para la audiencia del control de acusación ni bien finalice la feria judicial de julio.
Se establecieron varios días para el control de la acusación contra el dueño y los dos gerentes que están imputados por contaminación y fraude. Las querellas y la fiscalía de delitos ambientales presentaron las pruebas y solicitaron el inicio del juicio.
Hasta el 19 de junio los defensores tienen tiempo de presentar las pruebas de parte.
Mientras se cumple el plazo, las defensas hicieron dos presentaciones en busca de evitar el juicio: un planteo de probation (suspensión del juicio a cambio de aportes económicos y de normas de buena conducta) que tuvo un primer fallo a favor en marzo y luego fue revertido en abril por el tribunal de impugnación tras la apelación de la fiscalía y los querellantes.
Y en este mes, los defensores presentaron un pedido de nulidad de todo lo actuado, que fue rechazado en los primeros días de mayo.
La audiencia del control de acusación se fijó para el 27, 28, 29 y 30 de julio.
El fiscal Maximiliano Breide Obeid adelantó en la requisitoria, que quiere la intervención de jurados populares en el juicio por la contaminación y fraude. El planteo fue respaldado tanto por la APDH Neuquén como la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, que son los querellantes de la causa.
Los abogados Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz representan al dueño de Comarsa y a uno de los gerentes operativos de la tratadora de residuos de petróleo.
El abogado Javier Pino Muñoz lleva la defensa del tercer imputado, que estuvo hasta el 2021 en la gerencia de Comarsa, pero que según la fiscalía, fue el tiempo de mayor ingreso de material contaminante y quien justificó ante las empresas y los organismos de control, que el material se estaba saneando cuando solo se acopiaba para cobrar.
Los nombres de los acusados no se mencionan por determinación de uno de los jueces que intervino en el proceso de investigación de la causa.
Ni la provincia ni la municipalidad, que resultó perjudicada por a ocupación ilegal de los terrenos previstos para desarrollar el Distrito 6, son parte de la causa. Medio Ambiente de provincia reanudó el control del traslado del material peligroso a Añelo, que se lleva a cabo con incumplimientos y multas por parte de la firma.
El traslado de los residuos no es lo que busca la causa penal, aunque sí es parte de la prueba de y de los delitos imputados. Los querellantes lograron obtener más y mejor información desde que un juez requiriera a la firma acusada y a Medio Ambiente de la provincia una mayor información sobre las condiciones de la montaña de residuos de petróleo originados los pozos de Vaca Muerta

Ocupar y contaminar para cobrar
La calle Soldi o su proyección en los terrenos del Distrito 6 por donde se iban a tender los nexos de servicios para más de 1.000 lotes proyectados en el lugar, quedó adentro del cerramiento que hizo la empresa cuando desde la justicia se la obligó a cercar la montaña que avanzaba con contaminantes hacia la meseta.
La fiscalía sostuvo que, para cobrar, Comarsa siguió recibiendo tierra y barros con petróleo traídos de los pozos petroleros de Vaca Muerta a sabiendas de que no les iba a dar tratamiento.
Dijo que esa maniobra le permitió lucrar a costa de ir avanzando ilegalmente sobre los terrenos municipales que no habían sido cedidos. La fiscalía los acusó de contaminar suelos para almacenar más residuo, porque el acopio se hizo sin impermeabilización ni el tratamiento previsto a la vera de la autovía norte.
La acusación sostuvo que los que se beneficiaron económicamente con la maniobra, avanzaron con los contaminantes hasta llegar a ocupar más de 17 hectáreas.
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