El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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Cuándo se hace el juicio a Comarsa por el basurero petrolero de Neuquén

Fecha de Publicación: 27/05/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La defensa de los empresarios acusados de contaminación y administración fraudulenta tiene hasta el 19 de junio para presentar sus pruebas. Pidió la anulación de las actuaciones. Hay fecha para la audiencia del control de acusación. 
El juicio por contaminación y fraude por los residuos peligrosos que fueron depositados sin control a la vera de la autovía norte de Neuquén se prevé para el segundo semestre del año, luego de que se fijara la fecha para la audiencia del control de acusación ni bien finalice la feria judicial de julio.
Se establecieron varios días para el control de la acusación contra el dueño y los dos gerentes que están imputados por contaminación y fraude. Las querellas y la fiscalía de delitos ambientales presentaron las pruebas y solicitaron el inicio del juicio.
Hasta el 19 de junio los defensores tienen tiempo de presentar las pruebas de parte.
Mientras se cumple el plazo, las defensas hicieron dos presentaciones en busca de evitar el juicio: un planteo de probation (suspensión del juicio a cambio de aportes económicos y de normas de buena conducta) que tuvo un primer fallo a favor en marzo y luego fue revertido en abril por el tribunal de impugnación tras la apelación de la fiscalía y los querellantes.
Y en este mes, los defensores presentaron un pedido de nulidad de todo lo actuado, que fue rechazado en los primeros días de mayo.
La audiencia del control de acusación se fijó para el 27, 28, 29 y 30 de julio.
El fiscal Maximiliano Breide Obeid adelantó en la requisitoria, que quiere la intervención de jurados populares en el juicio por la contaminación y fraude. El planteo fue respaldado tanto por la APDH Neuquén como la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, que son los querellantes de la causa.
Los abogados Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz representan al dueño de Comarsa y a uno de los gerentes operativos de la tratadora de residuos de petróleo.
El abogado Javier Pino Muñoz lleva la defensa del tercer imputado, que estuvo hasta el 2021 en la gerencia de Comarsa, pero que según la fiscalía, fue el tiempo de mayor ingreso de material contaminante y quien justificó ante las empresas y los organismos de control, que el material se estaba saneando cuando solo se acopiaba para cobrar.
Los nombres de los acusados no se mencionan por determinación de uno de los jueces que intervino en el proceso de investigación de la causa.
Ni la provincia ni la municipalidad, que resultó perjudicada por a ocupación ilegal de los terrenos previstos para desarrollar el Distrito 6, son parte de la causa. Medio Ambiente de provincia reanudó el control del traslado del material peligroso a Añelo, que se lleva a cabo con incumplimientos y multas por parte de la firma.
El traslado de los residuos no es lo que busca la causa penal, aunque sí es parte de la prueba de y de los delitos imputados. Los querellantes lograron obtener más y mejor información desde que un juez requiriera a la firma acusada y a Medio Ambiente de la provincia una mayor información sobre las condiciones de la montaña de residuos de petróleo originados los pozos de Vaca Muerta

Ocupar y contaminar para cobrar
La calle Soldi o su proyección en los terrenos del Distrito 6 por donde se iban a tender los nexos de servicios para más de 1.000 lotes proyectados en el lugar, quedó adentro del cerramiento que hizo la empresa cuando desde la justicia se la obligó a cercar la montaña que avanzaba con contaminantes hacia la meseta.
La fiscalía sostuvo que, para cobrar, Comarsa siguió recibiendo tierra y barros con petróleo traídos de los pozos petroleros de Vaca Muerta a sabiendas de que no les iba a dar tratamiento.
Dijo que esa maniobra le permitió lucrar a costa de ir avanzando ilegalmente sobre los terrenos municipales que no habían sido cedidos. La fiscalía los acusó de contaminar suelos para almacenar más residuo, porque el acopio se hizo sin impermeabilización ni el tratamiento previsto a la vera de la autovía norte.
La acusación sostuvo que los que se beneficiaron económicamente con la maniobra, avanzaron con los contaminantes hasta llegar a ocupar más de 17 hectáreas.
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Otro derrame pone nuevamente en el foco a pozos petroleros sin abandono

Fecha de Publicación: 20/05/2026
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Nicolas Arce, diputado de San Martín, hizo tomar muestras que analiza un laboratorio especializado de Tartagal. Afirmó que detrás de los pozos sin debido cierre hay una gran oportunidad de trabajo genuino.  
Fugas contaminantes de un yacimiento inactivo del área Aguaragüe, ubicado en la zona de yungas de Campamento Vespucio (General Mosconi), volvieron a poner en el centro de atención a los pozos petroleros que permanecen sin abandono definitivo en el norte provincial. Muestras de suelo que Nicolás Arce, diputado del departamento San Martín, hizo tomar en el sitio afectado son analizadas por Yaculab, un laboratorio especializado con sede en Tartagal, para determinar la composición de las surgencias y su impacto en el ambiente.
El derrame, producido en las cercanías de los yacimientos de Lomitas y Tranquitas, fue advertido en momentos en que otro un pozo petrolero que estaba inactivo desde los años ochenta y empezó con fugas a mediados de 2023, el LO-X10, lleva casi tres años fuera de control en Lomas de Olmedo. Ese desastre tiene acciones en trámite por estragos sobre suelos, acuíferos, la flora, fauna silvestre y animales de cría de fincas vecinas, a 9 kilómetros de La Estrella (Pichanal).
En el área de Puesto Guardián otro pozo, el MDT-14, entró en violentas erupciones de hidrocarburos mezclados con agua en 2006 y causó daños semejantes. Ese pozo demandó seis años de complejas intervenciones con las que recién se lo pudo sellar en 2012, con un costo de 30 millones de dólares, afrontado por YPF.
En agosto de 1991, tras la privatización de la petrolera que perforó la mayoría de los pozos que esperan su abandono definitivo en Salta, el gobierno nacional adjudicó el área de Puesto Guardián a tres empresas privadas: EPP, Tripetrol Petroleum Ecuador y Netherfield.
Ya con el dominio originario del área reasumido por la Provincia, mediante decretos y resoluciones se autorizó la cesión de los derechos de EPP a Tripetrol y Netherfield. En 2010, por decreto 3461, se perfeccionaron aquellos traspasos accionarios. En 2011, por decreto 4517, se autorizó a Netherfield a ceder su participación a Petrolera San José. Ese mismo año, por decreto 4982, la concesión de Petrolera San José y Tripetrol fue extendida.
En noviembre de 2012, por decreto 3533, el gobierno provincial autorizó a Tripetrol a ceder su 50% a President Petroleum, firma que en 2014 adquirió los derechos que seguían en manos de empresarios ecuatorianos y quedó como titular única de la concesión. President se presentó en concurso a fines de 2024 y fue declarada en quiebra en agosto de 2015.
Las afectaciones causadas por los derrames movieron acciones y demandas en las que los cuestionamientos no se circunscriben solo a la cadena de operadoras privadas que se desentendió de las responsabilidades técnicas y legales inherentes al pasivo ambiental, sino que se extienden también organismos competentes en materia de hidrocarburos, ambiente y justicia.
En abril último, el ministro de Producción, Ignacio Lupión, informó que se inició un relevamiento de los pozos que permanecen sin los sellados que la normativa define como abandono definitivo. El funcionario señaló que en distintas áreas hay cerca de 1.400 pozos petroleros de los que solo un medio centenar produce actualmente algo de crudo.
Detrás de esos números hay -como quedó reflejado con los pozos que se descontrolaron en Puesto Guardián y el que hoy presenta fugas en el área de Aguaragüe- verdaderas bombas de tiempo ambientales.
Arce, diputado tartagalense de la Libertad Avanza que presentó dos proyectos legislativos focalizados en esta crítica asignatura, señaló a El Tribuno que los derrames petroleros no son solamente un problema ambiental, sino también "un reflejo de años de falta de control, inversión y planificación. En el norte tenemos recursos, profesionales capacitados y mano de obra calificada, pero muchas veces falta decisión política para intervenir a tiempo", remarcó.
"Entendemos que estos pasivos ambientales no desaparecen solos. Necesitan monitoreo constante, abandono técnico adecuado de pozos y controles reales para evitar que los impactos sigan avanzando sobre el suelo, el agua y las comunidades", insistió.

"Una oportunidad grande de generar trabajo genuino"
El diputado Nicolas Arce subrayó que los pozos petroleros sin cierre definitivo, además de ser una gran preocupación, "también pueden transformarse en una oportunidad de trabajo genuino. Su abandono y saneamiento requiere apertura de caminos, instalación de obradores, toma de muestras, mediciones y tareas técnicas que podrían generar decenas de puestos de trabajo directos e indirectos" en el norte provincial.
"El problema no es solamente el derrame. El problema es la falta de gestión para prevenirlo y para actuar después. Mientras no exista una política seria de control y remediación, vamos a seguir reaccionando tarde ante situaciones que deberían haberse evitado", advirtió, tras hacer notar que "la Provincia cobró en todo momento las regalías y no se ocupó de controlar y relevar a las empresas. Además, a los puestos de decisión en energía nunca los cubrió gente de la zona e idónea en el tema", planteó.
El diputado del departamento San Martín insistió que los cientos de pozos que esperan por su abandono definitivo no solo son una gran preocupación, sino también "una oportunidad grande de generar trabajo y con personal de la zona. En el departamento tenemos empresas como Producer, Servimax, Geocor, Tecmec, M&P, Geominera, Yaculab, Suministros y Talleres Norte, entre muchas otras, aptas y con sobrada expreriencia en el rubro", acotó Arce.
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Shell Raizen enfrenta causas por contaminar el Río de la Plata y el Estado admite nuevas causales

Fecha de Publicación: 14/05/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


La refinería Shell Raizen de Dock Sud enfrenta cinco expedientes vigentes por contaminación ambiental. Todos están vinculados al vertido de efluentes líquidos que llegan al Río de la Plata.
Así lo confirmó el propio Estado nacional en el último informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. El documento reconoció que recientemente se detectaron "nuevas causales de contaminación", indicó un artículo del periodista Sebastián Premici publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
La planta, propiedad en partes iguales del grupo brasileño Cosan y la anglo holandesa Shell, está bajo la lupa de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Los expedientes abarcan desde 2018 hasta 2025.
Las denuncias no vienen solo de organismos oficiales. Gabriel Michel, ex brigadista especializado en incendios industriales, trabajó 17 años dentro de la refinería. Fue despedido en 2025 luego de alertar sobre prácticas contaminantes y riesgos para trabajadores y vecinos de la zona.

Qué causales de contaminación confirmó el Estado
El informe de Adorni respondió preguntas formuladas por legisladores del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS). Las respuestas quedaron por escrito en la página 147 del documento, pregunta 182.
Acumar detectó que la refinería utilizaba agua de enfriamiento para diluir efluentes industriales, una práctica expresamente prohibida por la Resolución 12/2019, remarca el sitio EconomiaSustentable.com.
También encontró deficiencias graves en la planta de tratamiento de efluentes líquidos (PTEL). Los controles operativos resultaron inadecuados.
El rendimiento de los procesos de tratamiento mostró niveles bajos. Los análisis de vertidos revelaron presencia de contaminantes por encima de los límites permitidos.
Además, se registraron eventos de contaminación directa. Entre ellos, derrames de hidrocarburos que afectaron al Río de la Plata. Los resultados analíticos superaron significativamente los valores admisibles.
Estos hallazgos evidencian fallas operativas y riesgos ambientales concretos, según el propio documento oficial.

Los expedientes abiertos contra la refinería
La refinería acumula al menos cinco expedientes sancionatorios vigentes. Todos están relacionados con incumplimientos a la Resolución 12/2019 de Acumar, indicó el sitio EconomiaSustentable.com.
Uno de los más recientes es el EX-2025-70725387-APN-SG#ACUMAR, iniciado el 7 de julio de 2025. Acumar comprobó que Shell Raizen usaba agua para dilución, reduciendo artificialmente la concentración de contaminantes en los vertidos.
Otro expediente clave arrancó el 20 de marzo de 2023 (EX-2023-30287108-APN-SG#ACUMAR). La causal: superar los límites admisibles de vertido establecidos por la normativa vigente.
Los tres expedientes restantes también están vinculados al vertido de líquidos contaminantes. Todos permanecen abiertos y en proceso.
La respuesta del Estado hasta ahora se limitó a multas económicas. No se implementaron medidas de remediación ambiental. Para un grupo transnacional, las sanciones económicas resultan fácilmente cancelables.
La refinería actualmente está en proceso de venta hacia la suiza Mercuria Energy e Integra Capital, del Grupo Manzano.

La denuncia de un trabajador que estuvo 17 años adentro
Gabriel Michel conoce la refinería desde adentro. Trabajó como operario y brigadista (bombero) especializado en incendios industriales durante 17 años.
"La industria petrolera es contaminante en sí misma. Y la refinería aún más", explicó Michel en diálogo con Economía Sustentable. Estudios médicos encargados por la propia empresa hace varios años arrojaron que varios compañeros estaban contaminados con agentes cancerígenos.
Esas denuncias dentro de la planta le costaron el despido. Primero fue echado una vez. Luego lo volvieron a contratar. En 2025 lo despidieron nuevamente.
"A los dos meses de que me despiden, muere un compañero luego de un feroz incendio", agregó Michel.
El trabajador también denunció que la planta de Cocker venía de Holanda por no cumplir normas ambientales en ese país. Esta unidad procesa carbón de petróleo y distintos tipos de destilados.
Los vecinos de Villa Inflamable sufren la contaminación de manera cotidiana. "Cuando cuelgan la ropa en sus patios luego de lavarla, a las pocas horas aparece toda manchada de polución", describió Michel.
La situación se agrava por la presión sobre ritmos de trabajo. La flexibilización laboral obliga a los operarios a acelerar tareas de mantenimiento.
"Nos obligan a acelerar los trabajos dentro de la refinería. Por esos apuros, nos ha pasado de no poder controlar contaminantes que caen al suelo y que luego salen por los desagües", explicó Michel. Así se contamina el agua del Río de la Plata.

Cómo entró el Acuerdo de Escazú en un fallo laboral argentino
Gabriel Michel y Pablo Placeriani lograron su reincorporación mediante fallos judiciales emitidos entre julio y octubre del año pasado. Recientemente, la jueza Stella Maris Vulcano intimó penalmente al CEO de Shell-Raizen, Andrés Cavallari, para que cumpla el mandato.
Pero el proceso arrojó un precedente inédito para la jurisprudencia local. La sentencia de la cautelar del 17 de octubre de 2025, firmada por María Cecilia Hockl y Enrique Catani, menciona explícitamente el Acuerdo de Escazú.
El fallo utiliza el tratado internacional para fundamentar que los trabajadores despedidos califican como "defensores ambientales" protegidos por normativa internacional.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Garantiza el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. El país lo rubricó en 2018.
"Esta es la primera vez que la Justicia Laboral determina que los despidos fueron discriminatorios por su rol sindical político y ambiental", explicó la abogada Melina Acevedo, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
El artículo 9 del Acuerdo lleva por título "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales". Obliga a cada país a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra estos defensores.
"Que el Acuerdo de Escazú haya sido incluido como fundamento de una sentencia judicial también es relevante para los vecinos de Villa Inflamable", agregó Acevedo. "El Estado tiene la obligación de protegerlos".
Michel es parte de la lista naranja del Sindicato de Petróleo y Gas de Avellaneda. Desde esa organización venía denunciando lo que ahora el informe oficial de Jefatura de Gabinete confirmó: una práctica sistemática de contaminación e incumplimiento de normas ambientales en la refinería Shell Raizen de Dock Sud.
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Santa Fe: la contaminación de Petroquímica Bermúdez llegó a la Corte Suprema y vuelve a poner en foco uno de los mayores pasivos ambientales de la provincia

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Santa Fe


La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar fuerza y ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un caso que lleva más de una década, pero que recién ahora empieza a ser conocido a nivel nacional por la magnitud del daño ambiental denunciado y por las sospechas de encubrimiento judicial y político.
La planta estaba ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, dentro del cordón industrial que une varias localidades al norte de Rosario. Durante años, la empresa funcionó elaborando productos químicos, pero cuando cerró definitivamente en 2014 dejó detrás un predio abandonado, con instalaciones deterioradas, residuos peligrosos y una fuerte contaminación en el suelo y en el agua subterránea.

Qué encontraron en el predio abandonado
Las pericias y estudios realizados en la zona detectaron sustancias altamente tóxicas que permanecían en el terreno incluso años después del cierre de la fábrica. Entre los contaminantes hallados aparecieron cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida prohibido en muchos países por su nivel de toxicidad.
También se denunciaron pérdidas de cloro, restos de materiales químicos abandonados y cientos de tubos con sustancias peligrosas que permanecieron durante años dentro del predio sin controles adecuados.
La preocupación no era solo ambiental. Muy cerca de la planta viven familias y funcionan escuelas. Vecinos de la zona denunciaron durante años olores fuertes, irritación en los ojos, problemas respiratorios y episodios vinculados a posibles escapes de gases.

El cierre de la causa y las sospechas de protección política
Cuando la investigación judicial empezaba a apuntar contra los responsables de la empresa, la causa tomó un giro inesperado. En 2018, la firma llegó a un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación ambiental y, poco después, se avanzó en el cierre de la causa penal.
Ese acuerdo generó una fuerte polémica porque muchos sostienen que las tareas de limpieza nunca se completaron y que la contaminación sigue presente en el lugar. Además, se cuestionó que se utilizara una figura legal pensada para delitos menores en un caso de contaminación grave.
Con el paso de los años aparecieron sospechas de que existió una maniobra para beneficiar a los dueños de la empresa y evitar que afrontaran consecuencias penales. Parte de esas sospechas apuntan a ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.

La pelea ahora llega a la Corte Suprema
Frente a las decisiones que cerraron o limitaron la investigación, la Fiscalía General decidió insistir y llevar el caso a la Corte Suprema nacional. El objetivo es que se revise todo el proceso y se determine si hubo irregularidades en la forma en que se archivó una de las causas ambientales más graves de Santa Fe.
Para quienes siguen el caso desde hace años, no se trata solamente de una discusión sobre una empresa quebrada. Lo que está en juego es si una fábrica puede contaminar durante décadas, cerrar, dejar residuos peligrosos y evitar sanciones mientras la comunidad sigue conviviendo con las consecuencias.
La historia de Petroquímica Bermúdez expone un problema que se repite en distintas partes del país: empresas que dejan pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y procesos judiciales que avanzan mucho más lento que la contaminación.
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Presupuesto ambiental en Argentina: resultados del 2025 y proyecciones para el 2026

Fecha de Publicación: 18/04/2026
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional


El presupuesto nacional 2025 sufrió un ajuste real del 28,8% en comparación con 2023. Al igual que durante 2024, el presupuesto nacional se ejecutó sin la aprobación de una nueva ley presupuestaria, otorgando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) amplias facultades para modificar la asignación de recursos mediante Decretos de Necesidad y Urgencia y Decisiones Administrativas.
El resultado fue la consolidación de un proceso de ajuste, con impactos particularmente severos en el financiamiento de políticas ambientales, que en algunos casos registraron caídas reales cercanas al 95%, como sucedió con el Fondo Nacional para la Conservación y Enriquecimiento de los Bosques Nativos.
A su vez, durante el 2025 se profundizó el debilitamiento institucional y financiero en materia ambiental que se había iniciado el año anterior. La reducción sostenida del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente, junto con los recortes en programas estratégicos vinculados a la evaluación y control ambiental, la conservación de bosques nativos, la prevención y manejo del fuego, la protección de áreas marinas y la promoción de energías renovables, evidencia un proceso de retracción de las capacidades estatales para planificar, regular y monitorear políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente.

La consolidación del ajuste de las políticas ambientales
- En 2025, la Subsecretaría de Ambiente ejecutó el presupuesto más bajo de los últimos 9 años. Para 2026 se espera una caída real del 79,6% con respecto al 2023.
- La Administración de Parques Nacionales (APN) subejecutó su presupuesto en 2025, dejando $13.720 millones sin utilizar. De esta manera, la APN presentó una caída real del 39,3% de sus fondos en comparación con 2023.
- El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) ejecutó $2.383 millones, 155 veces menos que los $368.633 millones que debería haber ejecutado para cumplir con la Ley 26.331. Para el 2026 el FNECBN cuenta con apenas $17.468 millones.
- En 2025, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 75,7% de sus fondos, dejando sin utilizar $19.300 millones. El 38% de sus fondos se ejecutaron en el mes de diciembre, lo que permite inferir una falta de planificación preventiva para la gestión integral del fuego. En el presupuesto de 2026, el SNMF vuelve a presentar una fuerte caída real: 69,2% en comparación con 2023.
- En 2025, las partidas destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo ejecutaron $66.988 millones. Esto equivale a una caída real del 87,7% en comparación con 2023. Para el 2026, este presupuesto se reduce aún más: un 92,2% menos que hace tres años.
- Las partidas destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética ejecutaron $9.190 millones, lo que representó una caída real del 64% en comparación con lo ejecutado en 2023.

Subsidios a empresas de hidrocarburos y beneficios fiscales a la minería
- Los subsidios destinados a empresas hidrocarburíferas ($377.824 millones) representaron 41,5 veces más que lo destinado al fomento de energías renovables y eficiencia energética. Estos subsidios serán de $651.600 millones en 2026.
- En 2025, el presupuesto destinado a subsidiar empresas hidrocarburíferas representó más de 6 veces el importe ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 158 veces el monto destinado al Fondo de Bosques.
- Según estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, durante 2025 el Estado habría dejado de recaudar $508.954 millones como gasto tributario por el régimen de exenciones de la Ley de Inversiones Mineras. Este monto equivale a 8,5 veces el presupuesto ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y a 213 veces el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

El análisis del presupuesto nacional evidencia que las partidas destinadas a la política ambiental continúan ocupando un lugar marginal dentro de las prioridades del gasto público. La persistencia de recortes y subejecuciones presupuestarias reflejan no sólo una reducción del financiamiento ambiental, sino también la materialización del desguace estatal y la ausencia de un diseño integral de políticas públicas que permita abordar de manera estratégica los desafíos socioambientales que enfrenta el país.
El deterioro del financiamiento ambiental tampoco puede analizarse de manera aislada del funcionamiento estructural de la economía argentina. La persistente dependencia del endeudamiento externo genera presiones para obtener divisas destinadas al pago de los servicios de la deuda pública, incentivando el desarrollo de sectores exportadores altamente extractivos. Este esquema no sólo profundiza impactos socioambientales, sino que también tensiona la asignación del gasto público, obligando al Estado a destinar recursos crecientes al cumplimiento de compromisos financieros por sobre la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Ver Informe Completo
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Pozo de Pichanal: sin avances con YPF, la Provincia releva más de 1.400 pozos petroleros

Fecha de Publicación: 13/03/2026
Fuente: Portal AiresOnline
Provincia/Región: Salta


El ministro de Producción y Minería de Salta informó que el Gobierno provincial mantiene gestiones con YPF para avanzar en una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el norte de la provincia.
El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, informó que el Gobierno provincial continúa trabajando para encontrar una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el departamento Orán.
En diálogo con Aries, el funcionario explicó que se mantienen conversaciones con YPF para que la empresa se haga cargo de la situación.
“Estamos en conversaciones con YPF para que se termine de hacer cargo de ese pozo”, afirmó.
El ministro recordó que el caso se complejizó luego de que la empresa President Petroleum, que operaba en la zona, se declarara en quiebra.
Lupión señaló que el problema representa un antecedente negativo para el desarrollo hidrocarburífero en la provincia, aunque aseguró que se continúa trabajando en gestiones para resolverlo.
Además, indicó que el Gobierno provincial inició un relevamiento de los pozos existentes en Salta. Según precisó, se estima que hay alrededor de 1.400 pozos, de los cuales actualmente solo 54 se encuentran en producción.
“Es un tema ambiental importante y hay que abordarlo con gestión”, concluyó
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La Justicia rechazó el acuerdo por el derrame en Magdalena y Shell debería pagar USD 90 millones

Fecha de Publicación: 05/02/2026
Fuente: Portal LPO
Provincia/Región: Buenos Aires


El entonces intendente Carballo había llegado a un acuerdo con la petrolera para bajar de USD 90 millones a USD 9,5 millones la indemnización.
La Justicia rechazó la homologación de un acuerdo firmado en 2009 entre el entonces intendente de Magdalena y la petrolera Shell para cerrar la causa por el derrame de petróleo ocurrido 1999. El año de la firma del acuerdo el CEO de Shell Argentina era Juan José Aranguren, que luego fue ministro de Energía de Macri.
La resolución del tribunal -dictada el 30 de diciembre, pero notificada tras la feria judicial de enero- dejó sin efecto el acuerdo por el cual se redujo de USD 90 millones a USD 9,5 millones los costos que debía afrontar Shell por la reparación ambiental sobre las costas de Magdalena.
El 15 de enero de 1999, el buque Sea Paraná, de bandera alemana, impactó contra el petrolero Estrella Pampeana de la empresa Shell (con bandera liberiana). El impacto causó el derrame de más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas bonaerenses provocando un daño ambiental sin precedentes en Argentina.
Diez años después, el entonces intendente peronista, Fernando Carballo, impulsó un plebiscito no vinculante para aceptar una oferta de Shell por la cual el municipio retiraba las demandas sobre la petrolera a cambio de 9,5 millones de dólares. Carballo consiguió un acuerdo con el radicalismo, que también impulsó el acuerdo, y triunfó el SI con el 77% de los votos.
Ahora, el fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal 3 planteó que los derechos ambientales son de orden público y no pueden ser objeto de una negociación privada que prescinda de los principios constitucionales.
El juzgado sostuvo que la voluntad de las partes (Shell y el municipio de Magdalena) no puede colocarse por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente. Ni siquiera si ese acuerdo entre partes contó con el respaldo de un plebiscito y luego de ordenanzas del Concejo Deliberante de Magdalena.
El juez Juan Rafael Stinco consideró que el monto acordado en 2009 resulta arbitrario y carece de sustento técnico. "El acuerdo se limita a establecer una suma de dinero de carácter global, desvinculada de toda evaluación objetiva, técnica o económica que permita verificar su razonabilidad y suficiencia en relación con la entidad, extensión y complejidad del daño ambiental comprometido", dice el fallo al que LPO pudo tener acceso.
Además, agregó que no se identifican en el acuerdo parámetros técnicos, estudios ambientales, estimaciones de costos de recomposición ni criterios objetivos que permitan correlacionar el monto pactado (USD 9,5 millones) con las obligaciones de recomposición que derivan del régimen jurídico ambiental vigente.
El magistrado entendió en consecuencia que el acuerdo de 2009 no puede ser homologado sin incurrir en una vulneración del orden público ambiental.
También validó las presentaciones de Leonardo Fediuk, admitido como tercero interesado tras una resolución de la Cámara de Apelaciones, quien destacó la ausencia total de un Estudio de Impacto Ambiental, la falta de determinación específica de los rubros indemnizatorios y la inexistencia de peritajes actualizados que permitan cuantificar de manera seria y objetiva la magnitud del daño ambiental, el cual -según los estudios incorporados hasta el año 2009- persistía y continuaba produciendo efectos negativos sobre el ecosistema, la población y la economía local.
El juez también consideró "objetivamente desactualizado" el acuerdo, tanto por el tiempo transcurrido como por las obligaciones accesorias asumidas por Shell, que incluían asesoramiento no vinculante en proyectos turísticos, industriales y de gestión de residuos. Para el tribunal, esas cláusulas no se adecuan al contexto ambiental y normativo actual.
Tras el derrame de 1999, la municipalidad de Magdalena demandó a Shell en el juzgado federal número 1 de La Plata, para que reparara el medio ambiente y realizara un manejo adecuado de los residuos peligrosos.
El juez también consideró "objetivamente desactualizado" el acuerdo, tanto por el tiempo transcurrido como por las obligaciones accesorias asumidas por Shell, que incluían asesoramiento no vinculante en proyectos turísticos, industriales y de gestión de residuos. Para el tribunal, esas cláusulas no se adecuan al contexto ambiental y normativo actual.
Tras el derrame de 1999, la municipalidad de Magdalena demandó a Shell en el juzgado federal número 1 de La Plata, para que reparara el medio ambiente y realizara un manejo adecuado de los residuos peligrosos.
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La inspectora de cauce que denunció contaminación y fue echada por el Gobierno será candidata en Maipú

Fecha de Publicación: 06/01/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


María Emilia Scatolón denunció la contaminación del agua con petróleo. Irrigación la echó por problemas en la rendición de cuentas. 
Este sábado se cumplió el plazo que tenían los frentes electorales para presentar su lista de candidatos de cara a las elecciones municipales del 22 de febrero, aquellas que se celebran en los seis municipios que desdoblaron: Maipú, La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Luján y Rivadavia. Los partidos tradicionales llevan sus nombres y en algunas comunas surgen opciones propias.
Es el caso del frente "Proyecto Maipú Nuevo Rumbo" que competirá en esa comuna con una lista plagada de empresarios y productores locales autoconvocados bajo el lema "ni radicales, ni peronistas". Buscan desplazar a la "política tradicional" sin responder a los "mandatos de Casa de Gobierno o del PJ central". Se definen como independientes y "hartos de las recetas de siempre".
 El líder de la lista es el empresario Pablo Rey y llama la atención el nombre de la segunda integrante: María Emilia Scatolón, una productora de Lunlunta que trabajó como inspectora de cauce y denunció contaminación con petróleo en el agua. Al año siguiente fue echada por el Gobierno, quien aseguró que la funcionaria elegida por los regantes presentó mal y tarde la rendición de cuentas. En el medio, con denuncias de amenazas. 
El tercero en la lista es el reconocido empresario pastelero Cristina Di Betta, dueño de la pastelería Cristian, famosa por sus alfajores personalizados y la factura "más grande del país" que llegó a medios nacionales. Reconocido además por sus apariciones públicas en las redes sociales junto con figuras reconocidas.

Quién es María Emilia Scatolón: su denuncia
Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando un grupo de vecinos productores de Lunlunta denunciaron la presencia de una sustancia "negra, viscosa y con olor a combustible", mientras intentaban realizar una "sangría" -técnica para derivar el agua hacia el curso del río-. Se trata de una zona con plantaciones de vid y olivo, rutas turísticas y pozos petroleros, cuya actividad había dejado pasivos ambientales que habían sido declarados como saneados.
María Emilia Scatolón fue inspectora de canal matriz Lunlunta-Río Mendoza desde el 2011. De hecho, la primera mujer que logró este cargo en el Gran Mendoza. En una entrevista en octubre del año pasado a MDZ Radio advirtió que viene denunciando desde 2014 contaminación, pero que todo se "arreglaba" entre Irrigación, YPF y la Dirección de Protección Ambiental. Sin embargo, en aquella oportunidad (septiembre de 2024) decidió no solo denunciar acudir a Irrigación sino también a la Justicia.
Un grupo de oficiales de la Justicia llegaron al lugar y tomaron muestras de agua y sedimentos. El material fue enviado a los laboratorios de la Universidad Nacional de Cuyo para determinar si había contaminación y la hipótesis se confirmó en diciembre de ese año. En enero, YPF fue intimada por la Dirección de Protección Ambiental a presentar el plan de remediación.
Mientras tanto, en octubre del 2024 (a un mes de la denuncia), el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación resolvió suspender a la inspectora de cauce bajo el argumento de que no había presentado la rendición de cuentas en tiempo y forma, correspondiente al Ejercicio 2022, el cual debía haber presentado como fecha límite el 10 de junio de 2023. "Lo hizo, aunque en forma incompleta e insuficiente, en septiembre de 2024, previo a la Resolución”, señaló en aquella oportunidad al mismo medio el titular de Irrigación, Sergio Marinelli. Aseguró que ya había sido presentado el reclamo en la Asamblea Ordinaria del 31 de mayo de 2024.
Sin embargo, ella calificó tal suspensión como una "cama" para echarla. De hecho, denunció que le pidieron la renuncia y que al negarse llegó la suspensión y hasta denunció amenazas. "Hace un tiempo atrás se perdió un balance mío del 2022. No se cargó. Yo tengo los recibos de un contador que me cargaba los papeles. Ni 2023 ni 2024 se habían cargado e Irrigación nunca se dio cuenta. Me dijeron que me limpiaban la causa si yo renunciaba y le dije que no. Es una cama armada y está en la Justicia. Yo voy a pagar las consecuencias de esto, pero yo no voy a renunciar porque si yo renuncio esto queda en la nada porque Irrigación toma la inspección y ellos ya tienen varias inspecciones tomadas", señaló en la misma entrevista a MDZ Radio.
"Me hicieron llamados anónimos, mensajes de texto. Me dijeron que me iban a encontrar muerta en un canal. Mi trabajo no es de oficina, yo ando caminando entre los canales. Entonces realmente que te digan que te van a encontrar ahogada… Ya saben, no me voy a ahogar, no me quiero matar y menos en un canal”, denunció en aquella oportunidad. Una denuncia que también radicó en la Fiscalía 10° de Maipú.

El año pasado fue cesada en sus funciones
Con estos antecedentes y mientras avanzaba el plan de remediación en el lugar, el 20 de agosto pasado el mismo Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación finalizó la investigación y concluyó en que hubo "serias irregularidades" en la presentación del balance. Las que incluyen pagos y aportes no correspondientes a períodos trabajados y la presentación de documentos con firmas falsificadas.
Estas irregularidades fueron corroboradas como prueba y la inspectora fue sancionada por ellas. Entre otras cosas, se le impuso la inhabilitación a todo el cuadro de autoridades (Inspector y Delegados) prohibiéndoles ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por cinco años, además de la destitución del cargo en vigencia de la propia Scatolón. Asimismo, le requirieron la devolución de fondos a la Inspección de Cauce por un monto de $3.608.523,62, correspondiente al valor de los sueldos brutos y contribuciones no abonadas a los denunciantes, más intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a la cuenta personal de la inspectora.
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Derrame en Lomas de Olmedo: el daño ambiental era previsible y sigue sin solución

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: Portal AgendaSalta
Provincia/Región: Salta


Especialistas alertan que el impacto del pozo petrolero abandonado en Pichanal no es un hecho aislado.
El reciente derrame registrado en el pozo petrolero de Lomas de Olmedo, en Pichanal, volvió a encender la alarma sobre los riesgos ambientales que arrastra la actividad hidrocarburífera en Salta. Según especialistas en ecología, se trata de un problema conocido desde hace décadas, que no sorprende por su magnitud ni por su recurrencia, y que refleja la falta de control y de acciones efectivas por parte de las autoridades provinciales.
El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati, docente e investigador en conservación ecológica, cuestionó duramente el abordaje oficial del incidente. Aseguró que el derrame no fue un hecho imprevisto, sino la consecuencia directa de un abandono negligente de pozos petroleros antiguos. Además, advirtió que Lomas de Olmedo no sería un caso aislado: existen otros pozos en condiciones similares que estarían generando un impacto ambiental intenso en distintas áreas de Pichanal y alrededores.
“La situación se podía prever. El daño que se observa ahora en la vegetación y la fauna local no apareció de un día para el otro. Son años de descuido y falta de fiscalización”, señaló Derlindati. Según el investigador, las imágenes satelitales y aéreas muestran la muerte de amplias superficies de vegetación y bosques cercanos, mientras que se reporta la mortandad de ganado en la zona, aunque todavía no hay estudios públicos que confirmen la relación exacta con el pozo.
El especialista recordó que estos pozos se remontan a la década del 80, cuando YPF llevó adelante tareas de prospección en la región. Con el tiempo, varios fueron concesionados a empresas privadas y, en algunos casos, abandonados por falta de rentabilidad. En Lomas de Olmedo, el pozo actualmente emite principalmente gases como metano y dióxido de carbono, además de agua salada con trazas de hidrocarburos, lo que agrava la contaminación del suelo y los cursos de agua cercanos.
Derlindati subrayó que, aunque cerrar un pozo petrolero es un proceso técnico complejo, la mayor preocupación sigue siendo el impacto ambiental acumulado. “No hay información clara sobre el estado real del área afectada ni se han asumido responsabilidades concretas. Mientras el pozo continúe abierto, la degradación del ecosistema seguirá aumentando”, advirtió.
La falta de acción estatal frente a esta problemática fue otro punto crítico de la denuncia del especialista. Según explicó, la situación ya había sido señalada por ciudadanos y ONG locales hace al menos dos años, sin que se registraran intervenciones efectivas. Si bien existen equipos técnicos vinculados a recursos hídricos e hidrocarburos trabajando en la zona, Derlindati cuestiona la ausencia de medidas de control ambiental concretas, como mediciones del impacto o estrategias de mitigación. “Perimetrar la zona y restringir el acceso no resuelve el problema”, puntualizó.
El caso de Lomas de Olmedo adquirió relevancia pública tras una denuncia internacional de una ONG, pero el investigador advirtió que esta no es una excepción en Salta. Contaminación de ríos, vertidos industriales sin control y falta de supervisión en actividades extractivas son problemas recurrentes que se repiten en distintos puntos de la provincia. “Estos problemas están diagnosticados desde hace décadas, pero siguen postergándose. Las consecuencias las pagarán las próximas generaciones”, concluyó.
Además del impacto ecológico, la situación genera preocupación en comunidades rurales y productores locales, quienes ven afectada la salud de sus animales y la calidad de los suelos donde desarrollan sus actividades. Según Derlindati, la remediación de estas áreas demandará años de trabajo y una inversión significativa, por lo que resulta urgente establecer un plan de intervención integral que contemple la restauración ambiental, la vigilancia constante y la rendición de cuentas de los responsables.
El caso de Lomas de Olmedo también pone en evidencia un vacío en la legislación provincial y nacional respecto al seguimiento de pozos hidrocarburíferos antiguos. Sin controles claros, muchos de estos sitios corren riesgo de convertirse en focos de contaminación silenciosa, con repercusiones directas sobre el agua, el suelo y la biodiversidad local.
En el contexto de Salta, la situación de Pichanal no es aislada. Regiones como Tartagal y General Mosconi también presentan vestigios de explotaciones petroleras abandonadas que siguen generando problemas ambientales similares. La ausencia de datos públicos y de estudios oficiales dificulta dimensionar la magnitud real del daño, aunque las imágenes satelitales y testimonios locales reflejan un patrón preocupante.
Expertos en ecología advierten que, sin un plan de control efectivo, el riesgo de que la contaminación se extienda a otras cuencas hídricas y áreas rurales de la provincia es alto. La combinación de gases tóxicos, agua salada con hidrocarburos y deforestación progresiva representa un desafío ambiental que requiere atención inmediata y políticas de conservación sostenibles.
En resumen, el derrame en Lomas de Olmedo no debería considerarse un accidente aislado. Es, según especialistas, el resultado de décadas de abandono y falta de regulación, un problema que refleja la necesidad urgente de una estrategia ambiental integral en Salta, capaz de prevenir daños futuros y proteger los recursos naturales de la provincia para las generaciones venideras.
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Derrame de petróleo a metros del lago Mari Menuco: «lo que decíamos que iba a suceder, sucedió»

Fecha de Publicación: 25/10/2025
Fuente: Agencia ANRed
Provincia/Región: Neuquén


Ayer, miércoles 22 de octubre, se registró un grave incidente en la zona petrolera que integra la parte de Vaca Muerta en donde opera Pan American Energy (PAE) e YPF. La zona está ubicada a poca distancia del embalse del Lago Mari Menuco, uno de los principales abastecimientos de agua potable de la provincia de Neuquén. Las imágenes son graves. Allí, la rotura de un ducto interno provocó una fuga masiva de hidrocarburos y gases que generó un inmenso “spray” visible de unos ocho metros de altura, la formación de charcos de petróleo sobre la vegetación y, finalmente, la contaminación directa en la orilla del lago. Comunidades mapuche desde hace meses vienen realizando acciones semanales alertando sobre lo que finalmente sucedió. Por ANRed.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén se informó que la nube tóxica pudo observarse desde las comunidades mapuches aledañas, y advirtieron que este tipo de incidentes , lejos de ser “simples fallas operativas”, representan daños irreparables al territorio, al agua y a la salud de quienes dependen de ella. “Lo que ellos llaman incidentes, son daños irreparables a la salud y al territorio. No hay dinero ni compensación que sanee la contaminación de nuestra fuente de agua”, declararon .
Las comunidades venían alertando sobre lo que finalmente ocurrió. En los últimos 15 días llegaron a realizar acciones de corte de ruta selectivos para impedir que ingrese maquinaria de YPF destinada a perforar y hacer fracking en zonas linderas al Lago Mari Menuco, fuente principal de agua en Neuquén. «Salvemos al Mari Menuco» es el slogan. La maquinaria transportada en camiones atravesaba territorio de las comunidades.
El lago Mari Menuco, junto al embalse Los Barreales, es clave para el abastecimiento en la cuenca del Río Neuquén y del Río Negro, lo que implica que cualquier contaminación puede tener impactos en múltiples localidades, desde San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Cinco Saltos, hasta Neuquén, Cipolletti, Ingeniero Huergo, Villa Regina, Choele Choel y más allá, incluso hasta la desembocadura del río. Además, Los Barreales ya abastece zonas tan sensibles como Cutral Co-Plaza Huincul, y se prevé que Mari Menuco sea utilizado próximamente por localidades como Plottier.
El contexto no es aislado: la zona del incidente forma parte del yacimiento convencional de Vaca Muerta, donde se realizan tareas de fractura hidráulica (“fracking”), en particular las áreas denominadas La Angostura Sur I y II y Lindero Atravesado, que han sido habilitadas mediante decretos que la comunidad mapuche y organizaciones ambientalistas señalan como emitidos sin estudios de impacto ambiental previos ni consulta libre, previa e informada. Este modelo extractivo, sostienen los denunciantes, se desarrolla peligrosamente cerca de cuerpos de agua vulnerables y multiplica la posibilidad de incidentes que comprometen la calidad del agua, la salud humana y los ecosistemas.
La gravedad del episodio radica no solo en la magnitud visible del derrame sino en la proximidad al embalse: un ducto roto en un área de explotación petrolera ubicada a metros del agua potable. Las empresas involucradas operan en un territorio que las comunidades han señalado como estratégicamente vital en términos de agua, vida, y cultura. Y el hecho de que el evento haya sido constatado desde las comunidades originarias añade una dimensión de vulnerabilidad territorial , las poblaciones mapuches están en primera línea de observación y movilización.
Según informan los medios, la fuga implicó un charco de hidrocarburos que se extendió sobre el suelo y un spray de producto que se elevó varios metros, indicativo de la presión del ducto, la magnitud del volumen derramado y la velocidad del escape. Las autoridades comunitarias alertaron que incluso filtraciones o fugas subterráneas, que no necesariamente alcanzan superficie visible, también son peligrosas cuando se desarrollan bajo cuerpos de agua y no son contabilizadas como incidentes formales.
Frente a esto, la comunidad mapuche, junto a campañas como Salvemos el Mari Menuco, anunciaron medidas de resguardo territorial y llamamientos a la población y organizaciones a pronunciarse con urgencia para detener las perforaciones “a orilla de los lagos de los que tomamos agua”.
Desde la Radio CALF de la Universidad Nacional del Comahue entrevistaron al Werken de la mencionada Zonal, Rolando Cherqui, que informó que bloquean el paso a la empresa en forma preventiva, permitiendo únicamente el ingreso de personal de seguridad de la planta. Agregó que sostendrán la medida «hasta que el gobierno de una respuesta y ponga un control» sobre la actividad y las empresas.
» ¿Qué pasó? Mira, sinceramente, qué pasó técnicamente y en detalle, no lo sabemos. Lo único que sabemos de esta situación, porque está fuera del territorio de la comunidad, que lo que veníamos advirtiendo que podía llegar a suceder, sucedió. Siempre esto pasa por una cuestión de falta de control, falta de compromiso, de inversión, porque se ceban tanto estos tipos, que levantan tanta la presión, o sea, es tanta la producción que hoy tienen, que siempre, por quererse llevar más de la cuenta, obviamente pasan, recargan de presión a los caños y todo lo demás, y eso hace que se revienten los caños y suceda lo que pasó ayer. Eso es lo preocupante, porque al final de todo lo que se decía y lo que decíamos, teníamos razón, lo que preveíamos que iba a pasar, ya pasó, y es muy pero muy peligroso que esto esté sucediendo ahí, solamente a 300 metros del lago, porque si viniera una lluvia hoy, seguramente eso terminaría todo dentro del lago«, advierte el Werken.
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Contaminación ambiental por abandono de pozos petroleros

Fecha de Publicación: 07/10/2025
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz


La comisión de fomento de Cañadón Seco denunció la inexistente actividad de remediación en pozos abandonados por YPF y otras operadoras, difundiendo imágenes de un derrame de petróleo.
A través de una carta abierta redactada por la Dirección de Recursos Naturales y Salubridad y la Sub dirección de Ambiente, la comuna manifiesta “con profunda preocupación y firmeza la grave situación generada por la inexistente actividad de remediación limitada al abandono de pozos hidrocarburíferos sin los correspondientes tratamientos y la consecuente contaminación ambiental en nuestra localidad”.
Deja también constancia que “las imágenes y registros audiovisuales recientes dan cuenta de un derrame de hidrocarburos que avanza sobre caminos, suelos y vegetación autóctona, afectando también el agua subterránea”.
“Este petróleo contiene un alto porcentaje de agua, lo que incrementa el riesgo de infiltración hacia las napas freáticas, comprometiendo un recurso vital para nuestra comunidad y los ecosistemas de la región” añade.
“Desde el retiro de YPF de la zona, no se realizaron las tareas de remediación necesarias ni se atendieron los pasivos ambientales dejados por décadas de explotación. Hoy, ante la falta de definición sobre las empresas que se harán cargo de las áreas y sus recursos técnicos, la situación se agrava frente a incidentes recurrentes, por lo cual –reitera- denunciamos con firmeza la inexistente actividad de remediación y la desidia de las autoridades de control ambiental, que no han actuado con determinación para exigir medidas preventivas ni de reparación”.
Consecuentemente, la comuna reclama el complimiento de los siguientes puntos: 1) Que YPF y las empresas operadoras asuman responsabilidad plena y a largo plazo en la remediación ambiental. 2) Que se implemente un plan inmediato de saneamiento de suelos, aguas y vegetación afectada. 3) Que se garantice la transparencia en los informes ambientales y la participación de la comunidad en su seguimiento.
Finamente destaca que “la comunidad de Cañadón Seco no permanecerá indiferente. Exigimos respeto por nuestra tierra, por el agua, por los animales y por la vida”.
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La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a Jujuy y a dos petroleras por la contaminación del Parque Nacional Calilegua

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Jujuy


El máximo tribunal ordenó implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo. “Nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras”, destacaron desde Greenpeace.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos empresas a ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental generado por la actividad petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua. La causa había sido impulsada por vecinos del área protegida.
El máximo tribunal sentenció “a la Provincia de Jujuy, a las sociedades Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal (J.H. S.A.U.) a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento Caimancito y del pozo Ca.e3 ubicado en el área CNO-4 Río Colorado, que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030.”
El fallo además condenó “al Estado Nacional a responder solidariamente en la efectiva implementación y ejecución del plan” y determinó que “la Administración de Parques Nacionales deberá supervisar la implementación y ejecución”.

“Graves pasivos ambientales”
En diciembre de 2015, la legislatura jujeña anuló las concesiones hidrocarburíferas otorgadas dentro del área protegida, en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por su parte, Greenpeace comenzó una campaña que realizó varias protestas y logró el apoyo de más de 270 mil personas.
En 2018, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales, en acuerdo con el gobierno de Jujuy, suspendió la afección del área del Yacimiento Caimancito, hasta tanto se realice su remediación ambiental, lo que favoreció a las petroleras. En 2019, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo ante la Corte Suprema para que se declare su inconstitucionalidad y nulidad. La acción buscó así impedir la desafectación arbitraria de 1.000 hectáreas del área protegida.
“El Parque Nacional Calilegua protege uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina, como lo es la Selva de Yungas, concentra la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Este fallo de la Corte Suprema nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras y remediados los daños ocasionados”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Con respecto a la decisión de la Corte consideró que “se trata de un fallo histórico que por fin resolverá algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo junto a guardaparques, vecinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales”.
“Es absurdo, ilegal y peligroso que haya petroleras operando dentro de un Parque Nacional, esperamos que se remedien los graves pasivos ambientales”, concluyó.
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Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés. 
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta. 
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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Día mundial de los océanos: cuál es la triple amenaza sobre el mar argentino y por qué debemos preservarlo

Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Canal26
Provincia/Región: Nacional


El 8 de junio se celebra, por disposición de la ONU, el Día Mundial de los Océanos, para concientizar sobre su importancia para la vida. Argentina tiene un enorme litoral marítimo sobre el Atlántico que hoy está en riesgo por la sobrepesca, la basura plástica y la exploración offshore.
Más del 70% de la superficie del planeta Tierra está, en realidad, cubierta por agua. Los océanos juegan un rol central en la actual crisis ambiental como reguladores de la temperatura, repositorios de biodiversidad y captadores de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Además, son fuente de alimentación y empleo para millones de personas en todo el mundo.
Pero hoy los océanos están en peligro por el aumento de las temperaturas globales, la sobreexplotación pesquera, el vertido de basura plástica y prácticas como la exploración sísmica de hidrocarburos.
Para concientizar sobre la importancia de su preservación, las Naciones Unidas dispusieron que cada 8 de junio se celebre el Día Mundial de los Océanos. Y este año, el foco está puesto en volver a la pesca sostenible.

1. Sobrepesca
La pesca de arrastre y el descarte de millones de ejemplares está poniendo en riesgo la biodiversidad marina. Y en este aspecto, el Mar Argentino no es una excepción. Con más de 5.000 kilómetros de costa, nuestro país tiene una plataforma marítima sobre el Atlántico equivalente a casi el 50% de su territorio continental, que además encierra una gran biodiversidad y riqueza de recursos.
Sin embargo, esa riqueza está siendo sobre-explotada por flotas -generalmente extranjeras- que extraen los recursos en el límite de nuestra plataforma continental, sin dejar divisas para el Estado.
La pesca ilegal y depredadora desarrollada durante años por flotas industriales en la plataforma continental y la zona económica exclusiva, amenaza el desarrollo sostenible y la existencia de varias especies marinas, principalmente el calamar.
Según cálculos de la ONG “Sin Azul no hay Verde” entre 350 y 500 barcos chinos operan en la región, causando pérdidas económicas que se estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales para la Argentina.

2. Exploración de hidrocarburos
Pero la sobrepesca no es la única actividad humana que está devastando los océanos. “Los fondos marinos están siendo explorados y explotados en busca de hidrocarburos, y eso afecta enormemente a la vida subacuática”, advierte Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Programa de Conservación Costero Marino de WCS Argentina.
Para esto, los buques de prospección sísmica realizan intensos “bombardeos acústicos” para detectar distintas formaciones geológicas.
El problema es que estos sonidos se solapan con los rangos de audición y vocalización de los mamíferos marinos, tortugas, peces e invertebrados. Esto puede provocarles desde un deterioro de la audición, la orientación y cambios de comportamiento, hasta lesiones graves e incluso la muerte.
A esto se suma, durante una eventual explotación de hidrocarburos, el riesgo de derrames petroleros.

3. Un mar de plásticos
Hoy, el problema más urgente y visible en los océanos es la creciente acumulación de residuos plásticos. A tal punto que el lema propuesto por Naciones Unidas para el Día Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio, fue “eliminar los plásticos del océano”.
Cada año, se vuelcan a los mares unas 13 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a descargar un camión de basura por minuto. Siete “islas de plástico” ya fueron descubiertas en los mares del mundo, y para el 2050, habrá más plástico que peces, según proyecciones de la WWF (World Wildlife Fund).
Las bolsas y botellas plásticas son, junto con las colillas de cigarrillos, el elemento más presente entre la basura en las playas, según el último Censo Provincial de Basura Costera Marina que se lleva a cabo anualmente en enero en 21 balnearios de la provincia de Buenos Aires.
Este es un creciente factor de mortalidad de peces y mamíferos acuáticos, que al ingerirlas mueren asfixiados. Pero el problema va más allá, porque los plásticos al degradarse por la erosión marina, se fragmentan en porciones microscópicas que son ingeridas por animales, plantas, y personas que se alimentan de ellos.
Los efectos de los microplásticos en la salud están siendo estudiados. De acuerdo al informe “Plásticos, Salud y Perturbadores Endocrinos”, muchos aditivos plásticos de uso cotidiano interfieren en el funcionamiento hormonal. Estos compuestos “contribuyen a generar diferentes tipos de cáncer, diabetes, daños en los riñones, el hígado y la tiroides, desórdenes metabólicos, impactos neurológicos y alteraciones en la fertilidad”, advierte el trabajo elaborado por la Sociedad Mundial de Endocrinología e IPEN, una red internacional de organizaciones que promueve la eliminación de plásticos y contaminantes químicos.

Por un tratado mundial para salvar a los océanos.
Esta semana, en el marco del Día Mundial de los Océanos, del 9 al 13 de junio se celebrará en Niza, Francia, la 3era Conferencia de Naciones Unidas para la protección oceánica. Esta cumbre reunirá a más de 10.000 participantes, entre jefes de Estado, diplomáticos, científicos y activistas ambientales, para lograr nuevos compromisos en materia de eliminación de plásticos (especialmente los de un solo uso), protección de las zonas ultramarinas (que está fuera de las jurisdicciones de cada país), y la preservación de la biodiversidad marina.
De acuerdo al tratado de Biodiversidad 30x30, firmado por 150 países en 2022, para el año 2030, se deberá proteger al menos el 30% de los ambientes terrestres y marinos. Argentina, con un 8% de sus áreas marinas protegidas (y cerca del 16% de áreas terrestres), aún está lejos de ese objetivo.
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