Demanda ambiental y soberana contra petroleras por la explotación ilícita en las Islas Malvinas


Organizaciones sociales y referentes soberanos interpusieron una demanda judicial contra empresas petroleras internacionales, denunciando la exploración y explotación ilegítima de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y el inminente riesgo de pasivos ambientales en el Atlántico Sur.

Una nueva ofensiva judicial y política ha reavivado el debate sobre la soberanía territorial y la protección del ecosistema marino en el Atlántico Sur. Diversas organizaciones socioambientales, junto a actores políticos y jurídicos del país, presentaron una demanda ambiental y soberana ante la Justicia Federal argentina contra corporaciones petroleras internacionales que avanzan en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. La acción legal denuncia que estas compañías operan sin los permisos ni las autorizaciones de evaluación de impacto ambiental que exige la legislación de la República Argentina, violando abiertamente la Ley Nacional de Hidrocarburos y los tratados internacionales de protección oceánica. El reclamo no solo persigue frenar las operaciones ilegítimas amparadas por la administración de ocupación británica, sino alertar sobre el peligro inminente de un derrame petrolero a gran escala en uno de los ecosistemas marinos más frágiles y de mayor valor biológico del planeta.

Riesgo de marea negra y degradación del ecosistema austral
El sustento técnico de la demanda ambiental hace hincapié en la extrema vulnerabilidad de la Cuenca de Malvinas y el Océano Austral ante la eventualidad de un incidente industrial offshore. Las operaciones petroleras a gran profundidad en mares de aguas gélidas y condiciones meteorológicas extremas presentan un índice de riesgo operativo significativamente elevado. Un vertido o fuga de crudo en estas latitudes se desplazaría rápidamente impulsado por las intensas corrientes marinas de la región, afectando de manera irreversible las rutas migratorias de mamíferos marinos, las colonias de anidación de aves costeras y las áreas de desove de especies pesqueras estratégicas para la economía regional.
Para comprender los ejes estructurantes de esta acción judicial y la matriz de riesgos ambientales señalados por los demandantes, se destacan los siguientes factores clave:
- Falta de controles estatales directos: Las operaciones petroleras se realizan al margen de los organismos de fiscalización de la Argentina, impidiendo auditorías ambientales independientes sobre la seguridad de las plataformas.
- Amenaza a la biodiversidad del Atlántico Sur: Un derrame de petróleo afectaría gravemente las poblaciones de pingüinos, ballenas francas australes, lobos marinos y aves migratorias que dependen del equilibrio biológico del mar epicontinental.
- Ausencia de planes de contingencia transfronterizos: La inaccesibilidad logística y las temperaturas extremas de la zona dificultaría la contención rápida de una marea negra, prolongando la presencia de hidrocarburos pesados en el agua durante décadas.

Ilegalidad normativa y la defensa de los recursos naturales soberanos
Desde el punto de vista del derecho internacional y la legislación nacional, la demanda sostiene que la concesión unilateral de licencias de exploración por parte del gobierno colonial británico en las Islas Malvinas constituye una usurpación de los recursos naturales pertenecientes a la plataforma continental argentina. La normativa vigente en el país prevé severas sanciones administrativas, inhabilitaciones comerciales y acciones penales contra cualquier compañía multinacional o firma proveedora de servicios que participe de forma directa o indirecta en la cuenca sin la correspondiente concesión otorgada por la Autoridad de Aplicación nacional. Los demandantes enfatizan que la tutela efectiva del ambiente y la defensa de la soberanía son dos caras de una misma moneda: proteger el Atlántico Sur de la explotación extractiva ilegal es resguardar el patrimonio natural e histórico de las futuras generaciones de argentinos.
La protección del Atlántico Sur en la agenda global de conservación
Esta controversia judicial proyecta el conflicto socioambiental del Atlántico Sur hacia la escena internacional, en un contexto global signado por las metas de descarbonización y la ratificación del Tratado Global de los Océanos de la ONU. Especialistas en derecho ambiental y ciencia política sostienen que permitir el avance descontrolado de la frontera petrolera offshore en zonas marítimas disputadas invalida los esfuerzos multilaterales por proteger la biodiversidad marina y mitigar el cambio climático. La judicialización de las actividades petroleras ilegítimas en las Islas Malvinas busca consolidar un precedente internacional contundente: la exploración de combustibles fósiles no puede realizarse bajo esquemas de opacidad ambiental ni al margen del consentimiento soberano de los Estados territoriales.


Fecha de Publicación: 03/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario Aire de Santa Fe, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur
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Comarsa: a juicio el histórico caso de contaminación en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio concedido en primera instancia y revocado posteriormente por un tribunal de impugnación. 
Luego de tres intensas audiencias en las que las partes debatieron las acusaciones y el material probatorio, el juez de garantías de la ciudad de Neuquén, Juan Manuel Kees, resolvió elevar a juicio oral y público al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Al cierre de la etapa de control de acusación, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y las dos querellas. Asimismo, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos presentados, pero no hizo lugar al pedido de que el juicio se realice mediante un jurado popular. Con anterioridad, había sobreseído a los acusados por el delito de administración fraudulenta, argumentando distintos motivos en cada caso.

La acusación
El fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, realizó una extensa apertura de la acusación en la que describió su teoría sobre el caso y las pruebas con las que cuenta. Posteriormente, su presentación fue acompañada por las dos querellas.
Breide Obeid informó que, con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta, se multiplicó la generación de residuos petroleros. En ese período, Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. Según la acusación, la empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria contable les permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar, para lo que se conseguía certificaciones parciales de la oficina ambiental de Neuquén.
“Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal. 
Por otro lado, explicó que los 210 mil metros cúbicos de residuos que Comarsa está trasladando a la planta de disposición final de Indarsa no constituyen la totalidad de lo acumulado en la planta, son sólo los que están en la superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, reiteró el fiscal, quien en audiencias previas informó que en los allanamientos habían encontrado residuos ocultos bajo la tierra.
Además, el fiscal señaló que se desconoce la calidad de las napas, ya que el estudio que la Subsecretaría de Ambiente provincial encomendó a Comarsa nunca se realizó.
Por todo eso, solicitó que el juez elevara la causa a juicio con los tres imputados por contaminación con riesgo para la salud y fraude. Debido a la importancia del caso, también pidió que el juicio se realizara con un jurado popular. El fiscal convocó a 91 testigos para el juicio, entre los que se encuentran vecinos y vecinas de la planta, técnicas, policías, empleados de YPF y funcionarios de la oficina de Ambiente provincial.
Tanto la querella de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cuya representación estuvo a cargo de Emanuel Roa Moreno y Santiago Britos, como la de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), cuyos abogados fueron Bruno Vadalá y Pedro Perlata, acompañaron los planteos y testigos de la Fiscalía.

Las defensas
Durante la audiencia, las defensas solicitaron sobreseimientos y cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones. Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades individuales dentro de Comarsa.
La defensa de HB, director de la compañía, sostuvo que, por su función como director suplente, no tenía capacidad para tomar decisiones de manera autónoma ni integraba formalmente la mesa directiva de la empresa. En ese sentido, cuestionó que pudiera atribuírsele responsabilidad por la defraudación y la contaminación producida en el predio y puso en duda que la documentación contable presentada fuera suficiente para demostrar su participación en las maniobras investigadas.
Por su parte, la defensa de JML, dueño de Comarsa, se enfocó en la acusación por administración fraudulenta. Señaló que no se había determinado con precisión quién habría sido perjudicado, ni cuál sería el monto económico del fraude y cuestionó que las empresas generadoras que contrataron a Comarsa para gestionar sus residuos no hubieran realizado denuncias por haber sido estafadas o por el incumplimiento del tratamiento contratado.
Finalmente, la defensa de FP, gerente general de Comarsa, cuestionó la falta de precisión sobre la conducta concreta atribuida a su defendido. Sostuvo que la acusación no permitía identificar qué acción específica habría realizado y, por ello, solicitó su sobreseimiento.
Los abogados de los imputados objetaron parte de la prueba testimonial ofrecida para un eventual juicio. Solicitaron excluir a dos de los autores del informe “La basura del fracking” y se opusieron a la participación de diez vecinos de las inmediaciones de Comarsa. Al respecto, la Fiscalía defendió su incorporación argumentando que podían dar cuenta de aspectos como los olores, el humo negro, los malestares físicos y otras situaciones de las que padecieron durante años en los alrededores de la planta.
Por último, las defensas se opusieron a que el eventual juicio se realizara mediante jurado popular y cuestionaron la aplicación del Acuerdo de Escazú como fundamento para esa modalidad.

La probation
En la semana, además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó una audiencia para analizar el recurso que presentaron las defensas, que insisten en la aplicación de una probation para suspender el proceso penal, que había sido concedida en primera instancia y fue revocada posteriormente por el Tribunal de Impugnación. Y al cierre de la jornada, se anunció que la decisión podría demorarse hasta el 5 de noviembre.
En la audiencia del TSJ, además de las partes, intervinieron los amicus curiae del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, estuvieron presentes distintas organizaciones y referentes que acompañaron el proceso como legisladores de distintas fuerzas y organizaciones mapuches, ambientales, sindicales y políticas.

Comarsa hoy: trasladar no es remediar
El avance de la causa judicial no puede separarse de lo que continúa ocurriendo en el predio. Después de años de planes incumplidos, las montañas de barros tóxicos permanecen en el Parque Industrial de Neuquén. Actualmente, y desde pocos meses después de concretarse la imputación, parte de ese material está siendo trasladado fuera de Comarsa al predio de disposición final de Indarsa en Añelo.
Los materiales acumulados durante años están siendo transportados más de 100 kilómetros sin haber sido previamente tratados en Comarsa. Toneladas de residuos peligrosos atraviesan distintas localidades antes de llegar a un nuevo destino. Este proceso, aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves, comenzó en diciembre de 2024 y debe finalizar en diciembre de 2026. Sin embargo, hasta la fecha, con más del 80 por ciento del tiempo previsto transcurrido, Comarsa sólo trasladó el 50 por ciento del material. A este material superficial hay que sumarle, además, lo que la causa demostró que fue enterrado.
Pero, como si esto fuera poco, la desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño, una interpretación sostenida públicamente incluso por funcionarios de ambiente.
El proceso de remediación implica tareas que no fueron incluidas en el plan que Ambiente aprobó. A la fecha, no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio de 17 hectáreas de Comarsa y sus alrededores. Esto en un contexto en el que las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones que rodean la planta.
De este modo, el publicitado traslado de los barros tóxicos que siguen contaminando y la supuesta remediación que dicen estar realizando parece ser una lavada de cara para la empresa que dejó uno de los peores pasivos ambientales de la ciudad. 

Más de 10 años de historia 
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia, investigación y acompañamiento para evitar que los residuos no tratados en Comarsa se naturalicen y queden en el olvido.
La intensidad de explotación inherente al fracking genera altos volúmenes de desechos que se enmarcan dentro de lo que la ley argentina comprende como “residuos peligrosos”. La explotación de hidrocarburos no convencionales a partir del acuerdo Chevron-YPF en 2013 generó un crecimiento exponencial de esos desechos.
En octubre de 2014 reventó una “pileta clandestina” del basurero Indarsa del Parque Industrial de Neuquén y derramó 100 metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Posteriormente, la empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, la multa ambiental más cara hasta ese momento. Ese mismo mes, se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros que agrupaba a familias vecinas a la planta de Comarsa y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. Esa organización en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, denunció los impactos de Comarsa.
A fines de 2015, ante la movilización del espacio Fuera Basureros Petroleros y la presión en la Legislatura provincial, el Ejecutivo firmó el Decreto N° 2263 que establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas, dando cuenta de la peligrosidad de los residuos. Esta normativa fijó dos años de plazo para que las compañías se adecuaran, período que venció en noviembre de 2017. Sin embargo, Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. Por entonces, la empresa había comenzado a construir una nueva planta en Añelo y había retirado los hornos de la de Neuquén.
Con el tiempo, ese proceso de movilización y denuncia continuó en el ámbito judicial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas realizó una denuncia contra Comarsa, las operadoras petroleras y los funcionarios públicos que permitieron que el desmanejo de Comarsa se sostuviera sin mayores controversias. Posteriormente, se sumó la APDH, motorizada por la idea de que el derecho a un ambiente sano es parte de la lucha de los derechos humanos de hoy.
En ese contexto publicamos “La basura del fracking en Vaca Muerta” junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista, un trabajo en el que sistematizamos la información sobre Comarsa que obtuvimos a partir de un pedido de informes a la oficina de Ambiente. Durante todo este tiempo, distintas organizaciones y referentes sostuvieron el seguimiento de este extenso y complejo proceso.
La persistencia de quienes denunciaron, investigaron, acompañaron las audiencias y mantuvieron públicamente el reclamo permitió que, más de una década después, la discusión sobre las responsabilidades por la contaminación de Comarsa siga abierta. El juicio será una nueva instancia en este recorrido y una oportunidad para insistir en una demanda que atravesó todo el proceso, y es que los responsables por contaminación no queden impunes.

Los temas pendientes
La elevación a juicio es un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que el fracking implica una profunda degradación del ambiente. Este proceso permite advertir que aún queda mucho por investigar en relación a los residuos que genera la explotación petrolera:
- Las responsabilidades de las grandes petroleras que firmaron contratos con Comarsa, como YPF y otras tantas, responsables últimas por los “residuos peligrosos” que producen, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente.
- La situación de la planta de Comarsa de Añelo, que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- La inevitable connivencia de funcionarios estatales que hasta la actualidad habilitan el trabajo de este tipo de instalaciones.
- Las otras tres compañías de basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
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Presentan una demanda judicial para anular el acuerdo entre Chubut e YPF

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional


Es un amparo colectivo contra la ley que libera a la petrolera de responsabilidad ambiental. Lo presentaron un vecino y una Asociación Argentina de Abogados, con duros cuestionamientos a la ley que ratificó el convenio. Al recurso lo analizará la Justicia Federal. 
Jorge Spíndola, vecino de Comodoro Rivadavia, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, representada por su presidente Enrique Viale, promovieron una acción de amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional, YPF SA y la Provincia del Chubut, para que se declare la nulidad del Acta Acuerdo firmada el 26 de junio entre la Provincia e YPF, ratificada por la Ley XVII N° 166. También se solicitó la citación como tercero de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Según recordó el parte de prensa, la ley aprueba la transferencia de las concesiones de explotación de las áreas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, y libera a YPF de toda responsabilidad pasada, presente y futura por los pasivos ambientales generados en más de cien años de explotación petrolera en esas áreas.
A cambio, la petrolera se comprometió a una compensación de USD 25.000.000 y a la donación de vehículos y terrenos, mientras que la Provincia asumió a su cargo cualquier contingencia futura derivada de esos pasivos.
El texto incorpora, además, sin fundamentación específica ni contraprestación asignada, la liberación de responsabilidad sobre el área marina Restinga Alí, donde según el padrón oficial de la Secretaría de Energía de la Nación se contabilizan 560 pozos, más de un tercio de los cuales no registra estado de abandono.
Como principio, se sienta en la demanda que el acuerdo entre Chubut e YPF violenta de modo flagrante el orden público ambiental consagrado y garantizado constitucional y convencionalmente.
Entre otros puntos se cuestiona la falta de una auditoría ambiental independiente, ya que el estudio en que se basó el acuerdo fue encargado y pagado por la propia YPF sin control técnico del Estado provincial.
Se suman la contradicción con las propias disposiciones administrativas de la Secretaría de Ambiente del Chubut, que reconocen que aún restan relevarse pasivos ambientales "no individualizados" en las áreas involucradas.
La presentación agrega la falta de participación ciudadana previa a la firma del acuerdo, en violación de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
También el riesgo sanitario de los miles de pozos inactivos o mal sellados dentro del ejido urbano, algunos ubicados bajo viviendas, asociados a la exposición a sustancias como benceno, tolueno y xilenos.
El recurso advierte sobre la inclusión del área marina Restinga Alí, sobre la que —según los demandantes— no existe auditoría específica ni acto administrativo que respalde la liberación de responsabilidad, pese a tratarse de un bien de dominio público inalienable.
Los demandantes consideran que se pactó una compensación arbitraria e insuficiente frente al costo real de remediación: solo el sellado definitivo de los pozos abandonados en el ejido urbano de Comodoro —donde hay 6.000 pozos, de los cuales cerca de 3.700 fueron catalogados como abandonados y 1.700 como inactivos— podría demandar entre USD 240 y 740 millones, según las estimaciones incluidas en el escrito.
Se cita como parámetro de comparación, el acuerdo alcanzado entre YPF y Santa Cruz, que contempló un resarcimiento de USD 335 millones junto con un plan de remediación obligatorio.
También se cuestiona la absoluta ausencia en el Acta Acuerdo del Estado Nacional responsable de importante proporción del pasivo ambiental.
Además de la nulidad del Acta Acuerdo y, como consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley provincial que la aprueba, la demanda solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional por los pasivos ambientales anteriores al 31 de diciembre de 1990 y de YPF por los posteriores a esa fecha.
Como medida cautelar urgente, se pidió la suspensión de los efectos del acuerdo y de la ley que lo ratifica, la prohibición de ceder las concesiones a terceras empresas mientras dure el proceso, y la prohibición de realizar operaciones de sellado o abandono de pozos sin notificación previa a la parte actora, a fin de preservar la prueba sobre el estado real de contaminación.
A Spíndola lo patrocinan José Raúl Heredia, Alfredo Pérez Galimberti, Estrella Gerez, Alejandro Fernández Vecino, Eduardo Acevedo, Verónica Heredia, Eduardo Hualpa y Marco Castro.
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Comodoro Rivadavia demandará a YPF por los pasivos ambientales que dejó la actividad petrolera

Fecha de Publicación: 07/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut 


La Municipalidad presentará una acción judicial para que una prueba científica independiente establezca si la petrolera cumplió con la obligación constitucional de recomponer los daños ambientales. La carta.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que en los próximos días promoverá una acción judicial contra YPF para que la Justicia determine, mediante pruebas científicas independientes, si la empresa cumplió con la obligación constitucional de recomponer los pasivos ambientales generados durante décadas de actividad hidrocarburífera dentro del ejido urbano.
A través de un comunicado, el municipio sostuvo que, si bien reconoce el papel histórico de la petrolera en el desarrollo de la ciudad y del país, “esa misma historia tiene otra cara que ya no puede seguir siendo postergada”.
Según el documento, la explotación petrolera dejó “pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados, restricciones al uso del territorio y numerosos pasivos ambientales cuya recomposición integral aún constituye una cuestión abierta”.

La demanda buscará determinar si hubo recomposición ambiental
Desde la Municipalidad afirmaron que la decisión se basa en información documentada durante años mediante expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono y programas de remediación.
“No se trata de afirmaciones retóricas. Se trata de hechos documentados durante años por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono, programas de remediación y actuaciones de organismos públicos”, señalaron.
Asimismo, sostuvieron que la propia documentación elaborada por YPF demuestra que “numerosos sitios continúan siendo objeto de monitoreo, evaluación, saneamiento o programas de intervención”, lo que, a su criterio, confirma que la problemática requiere una respuesta integral.
Por ese motivo, el municipio explicó que acudirá al Poder Judicial para que determine si la obligación constitucional de recomposición ambiental fue efectivamente cumplida.

También presentarán el caso ante la CNV
Además de la demanda judicial, la Municipalidad informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según argumentó, considera que la controversia resulta “objetivamente relevante” para una empresa que participa del mercado de capitales argentino e internacional y que asumió compromisos públicos en materia de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
El comunicado aclara que la decisión “no constituye un acto de confrontación”, sino “el ejercicio responsable de las competencias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica Municipal confieren al Municipio”.

El municipio cuestionó el acuerdo entre YPF y Chubut
La Municipalidad también sostuvo que el acuerdo firmado entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve la controversia ambiental.
Según indicó, ese convenio “no puede producir efectos respecto de derechos colectivos cuya tutela corresponde también al Municipio ni extinguir una obligación constitucional de orden público como es la recomposición del daño ambiental”.
En ese sentido, agregó que “la Constitución Nacional no autoriza reemplazar la recomposición efectiva del ambiente por una compensación económica cuando subsisten dudas razonables acerca de la restauración integral de los sitios afectados”.

Convocatoria al diálogo con la petrolera
Pese al anuncio de las acciones judiciales, el municipio aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución institucional con la empresa.
“Todavía es posible abrir una instancia de diálogo institucional serio, transparente y técnicamente fundado que coloque en el centro la recomposición efectiva del ambiente y no la discusión acerca de quién debe asumir esa obligación”, expresó.
El comunicado concluye señalando que “YPF tiene hoy la oportunidad de demostrar que su compromiso con la sostenibilidad no se limita a declaraciones, reportes o instrumentos financieros” y que la Municipalidad ejercerá “todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales que resulten necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
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Vecinos de Salta denuncian que un pozo petrolero mal cerrado arrasó todo un ecosistema y los dejó sin su modo de subsistencia

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Salta


Señalan que sale gas permanentemente y que se formó una pequeña laguna de una sustancia aceitosa en medio de un bosque. Algunos tuvieron que irse y perdieron desde cabezas de ganado hasta sus hogares
Un pueblo de Salta en medio del bosque previo a las yungas cambió por completo desde hace tres años a partir de un pozo petrolero en la zona que dejó de ser explotado y que, aseguran, se cerró de manera incorrecta. Esto derivó en una contaminación constante del aire producto de una fuga de gas que brota desde el suelo y la formación de una laguna con una sustancia aceitosa, que provocaron la contaminación del suelo y la muerte de cientos de cabezas de ganado, principal actividad con la que subsistían los habitantes de la zona, quienes tuvieron que mudarse.
Los pobladores de Lomas de Olmedo, ubicado a unos 260 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta, comenzaron a reclamar hace más de dos años por gas que sale sin parar desde el suelo y por la formación de una suerte de laguna con una sustancia aceitosa en una zona boscosa. Esta situación afectó a unas 20 hectáreas de un ecosistema particular, por tratarse de una zona de transición entre dos ecorregiones diferentes.
Desde 1983 hasta la actualidad, pasaron seis empresas que explotaron ese pozo petrolero. La última lo hizo hace tres años, pero tanto las personas que vivieron hasta hace un tiempo en el área como Greenpeace denuncian que, tras cesar la explotación, el yacimiento se cerró incorrectamente y eso derivó en la situación actual.

Vida interrumpida
La población de Lomas de Olmedo subsistía, sobre todo, en base a la ganadería. Pero todo cambió desde que comenzaron las fugas: se contabilizaron más de 350 animales muertos en tres años, sin contemplar la fauna silvestre, y la contaminación del entorno fue tal que muchos tuvieron que abandonar el lugar.
Al no contar con otros ingresos, algunos tuvieron que mudarse a otros lugares, como Pichanal (a unos 80 kilómetros), y volver diariamente a Lomas de Olmedo a mantener las pocas cabezas de ganado que quedaron en pie. Esto no es un simple trayecto porque demanda recorrer caminos rurales que son difíciles de transitar, que se complican todavía más si llueve.
El problema es por partida doble: pobladores que deben mudarse y cambiar su modelo de subsistencia, además de un retroceso del bosque nativo.
Vecinos que dialogaron con TN pero pidieron no ser identificados afirman que se sienten abandonados porque, en algunos casos, se está perdiendo diariamente el esfuerzo de tres generaciones de lugareños de la zona, que viven de la ganadería y no tienen otra manera de subsistir.
Desde el comienzo de las fugas, hace tres años, los animales fueron los principales perjudicados. Al principio, la mayoría pensaba que se trataba de alguna enfermedad, pero conforme iban aumentando las fugas del pozo se dieron cuenta que el problema era mucho más grave.

El “Chernobyl argentino”
El biólogo Matías Arrigazzi forma parte de Greenpeace y fue uno de los testigos directos de la situación en Lomas de Olmedo. El relevamiento de la zona se hizo difícil, recordó, porque el aire está totalmente viciado: “Tenés que ir saliendo y entrando porque no se puede respirar”.
El entorno es tierra arrasada: tierra anaranjada y una laguna aceitosa que va cambiando de color, con predominio de tonos amarillos, hacen que la zona sea irreconocible. Estas anomalías le valieron a la zona ganarse el mote de “Chernobyl argentino”, una de las primeras cosas que sintió el equipo de la ONG que se dirigió al lugar.
Arrigazzi relató que el ruido que provoca la salida del gas desde el suelo es casi ensordecedor y que esto varía según las condiciones atmosféricas: “Cuando baja la presión atmosférica, aumenta el chorro de salida, el gas sube con más fuerza y en ese momento no se puede respirar. El ruido es ensordecedor”.
De todos modos, describió que lo más impactante es una “lluvia aceitosa” que cae luego de que el gas inunda el ambiente, formando un círculo nocivo para el ecosistema: “Eso se deposita en el suelo y en las plantas, que se cubren también de tierra y hacen que los árboles pierdan su color. Y, por estar cubiertos, no pueden fotosintetizar y terminan muriendo de pie”.

Ecosistema único
Las 20 hectáreas de bosque nativo forman parte de una región de transición. Según explicó Arrigazzi, se trata de un pase natural del Chaco seco a la selva pedemontana previa a las yungas. Por eso el objetivo, además de buscar responsables y cerrar correcta y definitivamente el pozo petrolero, es intentar que el bosque pueda resurgir.
“En ese sector se da la fusión de dos ecosistemas que generan una particularidad única, que cuenta con especies endémicas (que no están en otra parte del mundo), y que es prioritario para la conservación a nivel provincial y un área importante para la conservación de aves a nivel internacional”, detalló el biólogo. Y sumó que en esa región “hay especies amenazadas como el ocelote, la corzuela o el pecarí”.
Los registros sobre la flora hechos por el equipo arrojaron que los bosques siguen siendo resilientes, pero cada día que pasa sin remediarse el ambiente es crucial porque le va sacando posiblidades al ecosistema para que se recupere correctamente: “Encontramos brotes, pero salían y morían jóvenes, y nunca llegaban a ser plantas maduras. Cada día que pasa, aumenta la probabilidad de que el daño sea irreversible”.

Volver a la normalidad
“Animal que cruza por ahí, animal que se muere. Es triste, muy triste”, afirmó uno de los pobladores, para sumar que ya vio morir vacas, quirquinchos y corzuelas: “Ni siquiera se puede pasar”.
“Nos pidieron que nos vayamos a dormir a otro lado porque la concentración de gas es mayor a la noche, así que nos tenemos que ir todos los días. Es un sacrificio más del que ya tenemos”, detalló otro lugareño. Por eso, el pedido a esta altura es unánime: que cierren correctamente el pozo para retomar sus vidas cotidianas. “No estamos pidiendo nada de otro mundo, queremos que se cierre el pozo para volver a vivir tranquilos y que se dejen de morir los animales y las plantas”, afirmó.
En octubre del 2025, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Pichanal en la que, a su vez, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, realizaron una inspección ocular en la zona la titular de esa Fiscalía, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y el juez Gustavo Ramiro Morizzio, del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán.
Dos meses después, a principios de diciembre del año pasado, el gobierno salteño declaró, a través del decreto 826/25 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, la caducidad de la explotación a President Petroleum S.A., la última firma que trabajó sobre el área. En la normativa, también se dispone que el área de explotación no convencional de hidrocarburos, denominada “CNO-8 ‘Puesto Guardián’”, pase a manos del Estado provincial, “con todas las instalaciones, pozos, mejoras y demás elementos afectados a la actividad”.
En tanto, el mismo decreto faculta al entonces Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (hoy, la cartera es de Producción y Minería) a “suscribir los acuerdos necesarios para establecer una operación de mantenimiento y resguardo de emergencia, a los fines de asegurar la continuidad operativa, ambiental y de seguridad” respecto del área en cuestión. TN realizó consultas con el Ministerio de Producción y Minería provincial para conocer cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevaron adelante los acuerdos para los que está facultado, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
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El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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Cuándo se hace el juicio a Comarsa por el basurero petrolero de Neuquén

Fecha de Publicación: 27/05/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La defensa de los empresarios acusados de contaminación y administración fraudulenta tiene hasta el 19 de junio para presentar sus pruebas. Pidió la anulación de las actuaciones. Hay fecha para la audiencia del control de acusación. 
El juicio por contaminación y fraude por los residuos peligrosos que fueron depositados sin control a la vera de la autovía norte de Neuquén se prevé para el segundo semestre del año, luego de que se fijara la fecha para la audiencia del control de acusación ni bien finalice la feria judicial de julio.
Se establecieron varios días para el control de la acusación contra el dueño y los dos gerentes que están imputados por contaminación y fraude. Las querellas y la fiscalía de delitos ambientales presentaron las pruebas y solicitaron el inicio del juicio.
Hasta el 19 de junio los defensores tienen tiempo de presentar las pruebas de parte.
Mientras se cumple el plazo, las defensas hicieron dos presentaciones en busca de evitar el juicio: un planteo de probation (suspensión del juicio a cambio de aportes económicos y de normas de buena conducta) que tuvo un primer fallo a favor en marzo y luego fue revertido en abril por el tribunal de impugnación tras la apelación de la fiscalía y los querellantes.
Y en este mes, los defensores presentaron un pedido de nulidad de todo lo actuado, que fue rechazado en los primeros días de mayo.
La audiencia del control de acusación se fijó para el 27, 28, 29 y 30 de julio.
El fiscal Maximiliano Breide Obeid adelantó en la requisitoria, que quiere la intervención de jurados populares en el juicio por la contaminación y fraude. El planteo fue respaldado tanto por la APDH Neuquén como la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, que son los querellantes de la causa.
Los abogados Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz representan al dueño de Comarsa y a uno de los gerentes operativos de la tratadora de residuos de petróleo.
El abogado Javier Pino Muñoz lleva la defensa del tercer imputado, que estuvo hasta el 2021 en la gerencia de Comarsa, pero que según la fiscalía, fue el tiempo de mayor ingreso de material contaminante y quien justificó ante las empresas y los organismos de control, que el material se estaba saneando cuando solo se acopiaba para cobrar.
Los nombres de los acusados no se mencionan por determinación de uno de los jueces que intervino en el proceso de investigación de la causa.
Ni la provincia ni la municipalidad, que resultó perjudicada por a ocupación ilegal de los terrenos previstos para desarrollar el Distrito 6, son parte de la causa. Medio Ambiente de provincia reanudó el control del traslado del material peligroso a Añelo, que se lleva a cabo con incumplimientos y multas por parte de la firma.
El traslado de los residuos no es lo que busca la causa penal, aunque sí es parte de la prueba de y de los delitos imputados. Los querellantes lograron obtener más y mejor información desde que un juez requiriera a la firma acusada y a Medio Ambiente de la provincia una mayor información sobre las condiciones de la montaña de residuos de petróleo originados los pozos de Vaca Muerta

Ocupar y contaminar para cobrar
La calle Soldi o su proyección en los terrenos del Distrito 6 por donde se iban a tender los nexos de servicios para más de 1.000 lotes proyectados en el lugar, quedó adentro del cerramiento que hizo la empresa cuando desde la justicia se la obligó a cercar la montaña que avanzaba con contaminantes hacia la meseta.
La fiscalía sostuvo que, para cobrar, Comarsa siguió recibiendo tierra y barros con petróleo traídos de los pozos petroleros de Vaca Muerta a sabiendas de que no les iba a dar tratamiento.
Dijo que esa maniobra le permitió lucrar a costa de ir avanzando ilegalmente sobre los terrenos municipales que no habían sido cedidos. La fiscalía los acusó de contaminar suelos para almacenar más residuo, porque el acopio se hizo sin impermeabilización ni el tratamiento previsto a la vera de la autovía norte.
La acusación sostuvo que los que se beneficiaron económicamente con la maniobra, avanzaron con los contaminantes hasta llegar a ocupar más de 17 hectáreas.
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Otro derrame pone nuevamente en el foco a pozos petroleros sin abandono

Fecha de Publicación: 20/05/2026
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Nicolas Arce, diputado de San Martín, hizo tomar muestras que analiza un laboratorio especializado de Tartagal. Afirmó que detrás de los pozos sin debido cierre hay una gran oportunidad de trabajo genuino.  
Fugas contaminantes de un yacimiento inactivo del área Aguaragüe, ubicado en la zona de yungas de Campamento Vespucio (General Mosconi), volvieron a poner en el centro de atención a los pozos petroleros que permanecen sin abandono definitivo en el norte provincial. Muestras de suelo que Nicolás Arce, diputado del departamento San Martín, hizo tomar en el sitio afectado son analizadas por Yaculab, un laboratorio especializado con sede en Tartagal, para determinar la composición de las surgencias y su impacto en el ambiente.
El derrame, producido en las cercanías de los yacimientos de Lomitas y Tranquitas, fue advertido en momentos en que otro un pozo petrolero que estaba inactivo desde los años ochenta y empezó con fugas a mediados de 2023, el LO-X10, lleva casi tres años fuera de control en Lomas de Olmedo. Ese desastre tiene acciones en trámite por estragos sobre suelos, acuíferos, la flora, fauna silvestre y animales de cría de fincas vecinas, a 9 kilómetros de La Estrella (Pichanal).
En el área de Puesto Guardián otro pozo, el MDT-14, entró en violentas erupciones de hidrocarburos mezclados con agua en 2006 y causó daños semejantes. Ese pozo demandó seis años de complejas intervenciones con las que recién se lo pudo sellar en 2012, con un costo de 30 millones de dólares, afrontado por YPF.
En agosto de 1991, tras la privatización de la petrolera que perforó la mayoría de los pozos que esperan su abandono definitivo en Salta, el gobierno nacional adjudicó el área de Puesto Guardián a tres empresas privadas: EPP, Tripetrol Petroleum Ecuador y Netherfield.
Ya con el dominio originario del área reasumido por la Provincia, mediante decretos y resoluciones se autorizó la cesión de los derechos de EPP a Tripetrol y Netherfield. En 2010, por decreto 3461, se perfeccionaron aquellos traspasos accionarios. En 2011, por decreto 4517, se autorizó a Netherfield a ceder su participación a Petrolera San José. Ese mismo año, por decreto 4982, la concesión de Petrolera San José y Tripetrol fue extendida.
En noviembre de 2012, por decreto 3533, el gobierno provincial autorizó a Tripetrol a ceder su 50% a President Petroleum, firma que en 2014 adquirió los derechos que seguían en manos de empresarios ecuatorianos y quedó como titular única de la concesión. President se presentó en concurso a fines de 2024 y fue declarada en quiebra en agosto de 2015.
Las afectaciones causadas por los derrames movieron acciones y demandas en las que los cuestionamientos no se circunscriben solo a la cadena de operadoras privadas que se desentendió de las responsabilidades técnicas y legales inherentes al pasivo ambiental, sino que se extienden también organismos competentes en materia de hidrocarburos, ambiente y justicia.
En abril último, el ministro de Producción, Ignacio Lupión, informó que se inició un relevamiento de los pozos que permanecen sin los sellados que la normativa define como abandono definitivo. El funcionario señaló que en distintas áreas hay cerca de 1.400 pozos petroleros de los que solo un medio centenar produce actualmente algo de crudo.
Detrás de esos números hay -como quedó reflejado con los pozos que se descontrolaron en Puesto Guardián y el que hoy presenta fugas en el área de Aguaragüe- verdaderas bombas de tiempo ambientales.
Arce, diputado tartagalense de la Libertad Avanza que presentó dos proyectos legislativos focalizados en esta crítica asignatura, señaló a El Tribuno que los derrames petroleros no son solamente un problema ambiental, sino también "un reflejo de años de falta de control, inversión y planificación. En el norte tenemos recursos, profesionales capacitados y mano de obra calificada, pero muchas veces falta decisión política para intervenir a tiempo", remarcó.
"Entendemos que estos pasivos ambientales no desaparecen solos. Necesitan monitoreo constante, abandono técnico adecuado de pozos y controles reales para evitar que los impactos sigan avanzando sobre el suelo, el agua y las comunidades", insistió.

"Una oportunidad grande de generar trabajo genuino"
El diputado Nicolas Arce subrayó que los pozos petroleros sin cierre definitivo, además de ser una gran preocupación, "también pueden transformarse en una oportunidad de trabajo genuino. Su abandono y saneamiento requiere apertura de caminos, instalación de obradores, toma de muestras, mediciones y tareas técnicas que podrían generar decenas de puestos de trabajo directos e indirectos" en el norte provincial.
"El problema no es solamente el derrame. El problema es la falta de gestión para prevenirlo y para actuar después. Mientras no exista una política seria de control y remediación, vamos a seguir reaccionando tarde ante situaciones que deberían haberse evitado", advirtió, tras hacer notar que "la Provincia cobró en todo momento las regalías y no se ocupó de controlar y relevar a las empresas. Además, a los puestos de decisión en energía nunca los cubrió gente de la zona e idónea en el tema", planteó.
El diputado del departamento San Martín insistió que los cientos de pozos que esperan por su abandono definitivo no solo son una gran preocupación, sino también "una oportunidad grande de generar trabajo y con personal de la zona. En el departamento tenemos empresas como Producer, Servimax, Geocor, Tecmec, M&P, Geominera, Yaculab, Suministros y Talleres Norte, entre muchas otras, aptas y con sobrada expreriencia en el rubro", acotó Arce.
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Shell Raizen enfrenta causas por contaminar el Río de la Plata y el Estado admite nuevas causales

Fecha de Publicación: 14/05/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


La refinería Shell Raizen de Dock Sud enfrenta cinco expedientes vigentes por contaminación ambiental. Todos están vinculados al vertido de efluentes líquidos que llegan al Río de la Plata.
Así lo confirmó el propio Estado nacional en el último informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. El documento reconoció que recientemente se detectaron "nuevas causales de contaminación", indicó un artículo del periodista Sebastián Premici publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
La planta, propiedad en partes iguales del grupo brasileño Cosan y la anglo holandesa Shell, está bajo la lupa de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Los expedientes abarcan desde 2018 hasta 2025.
Las denuncias no vienen solo de organismos oficiales. Gabriel Michel, ex brigadista especializado en incendios industriales, trabajó 17 años dentro de la refinería. Fue despedido en 2025 luego de alertar sobre prácticas contaminantes y riesgos para trabajadores y vecinos de la zona.

Qué causales de contaminación confirmó el Estado
El informe de Adorni respondió preguntas formuladas por legisladores del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS). Las respuestas quedaron por escrito en la página 147 del documento, pregunta 182.
Acumar detectó que la refinería utilizaba agua de enfriamiento para diluir efluentes industriales, una práctica expresamente prohibida por la Resolución 12/2019, remarca el sitio EconomiaSustentable.com.
También encontró deficiencias graves en la planta de tratamiento de efluentes líquidos (PTEL). Los controles operativos resultaron inadecuados.
El rendimiento de los procesos de tratamiento mostró niveles bajos. Los análisis de vertidos revelaron presencia de contaminantes por encima de los límites permitidos.
Además, se registraron eventos de contaminación directa. Entre ellos, derrames de hidrocarburos que afectaron al Río de la Plata. Los resultados analíticos superaron significativamente los valores admisibles.
Estos hallazgos evidencian fallas operativas y riesgos ambientales concretos, según el propio documento oficial.

Los expedientes abiertos contra la refinería
La refinería acumula al menos cinco expedientes sancionatorios vigentes. Todos están relacionados con incumplimientos a la Resolución 12/2019 de Acumar, indicó el sitio EconomiaSustentable.com.
Uno de los más recientes es el EX-2025-70725387-APN-SG#ACUMAR, iniciado el 7 de julio de 2025. Acumar comprobó que Shell Raizen usaba agua para dilución, reduciendo artificialmente la concentración de contaminantes en los vertidos.
Otro expediente clave arrancó el 20 de marzo de 2023 (EX-2023-30287108-APN-SG#ACUMAR). La causal: superar los límites admisibles de vertido establecidos por la normativa vigente.
Los tres expedientes restantes también están vinculados al vertido de líquidos contaminantes. Todos permanecen abiertos y en proceso.
La respuesta del Estado hasta ahora se limitó a multas económicas. No se implementaron medidas de remediación ambiental. Para un grupo transnacional, las sanciones económicas resultan fácilmente cancelables.
La refinería actualmente está en proceso de venta hacia la suiza Mercuria Energy e Integra Capital, del Grupo Manzano.

La denuncia de un trabajador que estuvo 17 años adentro
Gabriel Michel conoce la refinería desde adentro. Trabajó como operario y brigadista (bombero) especializado en incendios industriales durante 17 años.
"La industria petrolera es contaminante en sí misma. Y la refinería aún más", explicó Michel en diálogo con Economía Sustentable. Estudios médicos encargados por la propia empresa hace varios años arrojaron que varios compañeros estaban contaminados con agentes cancerígenos.
Esas denuncias dentro de la planta le costaron el despido. Primero fue echado una vez. Luego lo volvieron a contratar. En 2025 lo despidieron nuevamente.
"A los dos meses de que me despiden, muere un compañero luego de un feroz incendio", agregó Michel.
El trabajador también denunció que la planta de Cocker venía de Holanda por no cumplir normas ambientales en ese país. Esta unidad procesa carbón de petróleo y distintos tipos de destilados.
Los vecinos de Villa Inflamable sufren la contaminación de manera cotidiana. "Cuando cuelgan la ropa en sus patios luego de lavarla, a las pocas horas aparece toda manchada de polución", describió Michel.
La situación se agrava por la presión sobre ritmos de trabajo. La flexibilización laboral obliga a los operarios a acelerar tareas de mantenimiento.
"Nos obligan a acelerar los trabajos dentro de la refinería. Por esos apuros, nos ha pasado de no poder controlar contaminantes que caen al suelo y que luego salen por los desagües", explicó Michel. Así se contamina el agua del Río de la Plata.

Cómo entró el Acuerdo de Escazú en un fallo laboral argentino
Gabriel Michel y Pablo Placeriani lograron su reincorporación mediante fallos judiciales emitidos entre julio y octubre del año pasado. Recientemente, la jueza Stella Maris Vulcano intimó penalmente al CEO de Shell-Raizen, Andrés Cavallari, para que cumpla el mandato.
Pero el proceso arrojó un precedente inédito para la jurisprudencia local. La sentencia de la cautelar del 17 de octubre de 2025, firmada por María Cecilia Hockl y Enrique Catani, menciona explícitamente el Acuerdo de Escazú.
El fallo utiliza el tratado internacional para fundamentar que los trabajadores despedidos califican como "defensores ambientales" protegidos por normativa internacional.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Garantiza el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. El país lo rubricó en 2018.
"Esta es la primera vez que la Justicia Laboral determina que los despidos fueron discriminatorios por su rol sindical político y ambiental", explicó la abogada Melina Acevedo, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
El artículo 9 del Acuerdo lleva por título "Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales". Obliga a cada país a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra estos defensores.
"Que el Acuerdo de Escazú haya sido incluido como fundamento de una sentencia judicial también es relevante para los vecinos de Villa Inflamable", agregó Acevedo. "El Estado tiene la obligación de protegerlos".
Michel es parte de la lista naranja del Sindicato de Petróleo y Gas de Avellaneda. Desde esa organización venía denunciando lo que ahora el informe oficial de Jefatura de Gabinete confirmó: una práctica sistemática de contaminación e incumplimiento de normas ambientales en la refinería Shell Raizen de Dock Sud.
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Santa Fe: la contaminación de Petroquímica Bermúdez llegó a la Corte Suprema y vuelve a poner en foco uno de los mayores pasivos ambientales de la provincia

Fecha de Publicación: 23/04/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Santa Fe


La causa por la contaminación de la ex Petroquímica Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, volvió a tomar fuerza y ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un caso que lleva más de una década, pero que recién ahora empieza a ser conocido a nivel nacional por la magnitud del daño ambiental denunciado y por las sospechas de encubrimiento judicial y político.
La planta estaba ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, dentro del cordón industrial que une varias localidades al norte de Rosario. Durante años, la empresa funcionó elaborando productos químicos, pero cuando cerró definitivamente en 2014 dejó detrás un predio abandonado, con instalaciones deterioradas, residuos peligrosos y una fuerte contaminación en el suelo y en el agua subterránea.

Qué encontraron en el predio abandonado
Las pericias y estudios realizados en la zona detectaron sustancias altamente tóxicas que permanecían en el terreno incluso años después del cierre de la fábrica. Entre los contaminantes hallados aparecieron cloroformo, benceno, mercurio, tetracloruro de carbono y lindano, un pesticida prohibido en muchos países por su nivel de toxicidad.
También se denunciaron pérdidas de cloro, restos de materiales químicos abandonados y cientos de tubos con sustancias peligrosas que permanecieron durante años dentro del predio sin controles adecuados.
La preocupación no era solo ambiental. Muy cerca de la planta viven familias y funcionan escuelas. Vecinos de la zona denunciaron durante años olores fuertes, irritación en los ojos, problemas respiratorios y episodios vinculados a posibles escapes de gases.

El cierre de la causa y las sospechas de protección política
Cuando la investigación judicial empezaba a apuntar contra los responsables de la empresa, la causa tomó un giro inesperado. En 2018, la firma llegó a un acuerdo con autoridades provinciales para realizar tareas de remediación ambiental y, poco después, se avanzó en el cierre de la causa penal.
Ese acuerdo generó una fuerte polémica porque muchos sostienen que las tareas de limpieza nunca se completaron y que la contaminación sigue presente en el lugar. Además, se cuestionó que se utilizara una figura legal pensada para delitos menores en un caso de contaminación grave.
Con el paso de los años aparecieron sospechas de que existió una maniobra para beneficiar a los dueños de la empresa y evitar que afrontaran consecuencias penales. Parte de esas sospechas apuntan a ex funcionarios judiciales y provinciales que intervinieron en el expediente.

La pelea ahora llega a la Corte Suprema
Frente a las decisiones que cerraron o limitaron la investigación, la Fiscalía General decidió insistir y llevar el caso a la Corte Suprema nacional. El objetivo es que se revise todo el proceso y se determine si hubo irregularidades en la forma en que se archivó una de las causas ambientales más graves de Santa Fe.
Para quienes siguen el caso desde hace años, no se trata solamente de una discusión sobre una empresa quebrada. Lo que está en juego es si una fábrica puede contaminar durante décadas, cerrar, dejar residuos peligrosos y evitar sanciones mientras la comunidad sigue conviviendo con las consecuencias.
La historia de Petroquímica Bermúdez expone un problema que se repite en distintas partes del país: empresas que dejan pasivos ambientales enormes, controles estatales insuficientes y procesos judiciales que avanzan mucho más lento que la contaminación.
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Presupuesto ambiental en Argentina: resultados del 2025 y proyecciones para el 2026

Fecha de Publicación: 18/04/2026
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional


El presupuesto nacional 2025 sufrió un ajuste real del 28,8% en comparación con 2023. Al igual que durante 2024, el presupuesto nacional se ejecutó sin la aprobación de una nueva ley presupuestaria, otorgando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) amplias facultades para modificar la asignación de recursos mediante Decretos de Necesidad y Urgencia y Decisiones Administrativas.
El resultado fue la consolidación de un proceso de ajuste, con impactos particularmente severos en el financiamiento de políticas ambientales, que en algunos casos registraron caídas reales cercanas al 95%, como sucedió con el Fondo Nacional para la Conservación y Enriquecimiento de los Bosques Nativos.
A su vez, durante el 2025 se profundizó el debilitamiento institucional y financiero en materia ambiental que se había iniciado el año anterior. La reducción sostenida del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente, junto con los recortes en programas estratégicos vinculados a la evaluación y control ambiental, la conservación de bosques nativos, la prevención y manejo del fuego, la protección de áreas marinas y la promoción de energías renovables, evidencia un proceso de retracción de las capacidades estatales para planificar, regular y monitorear políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente.

La consolidación del ajuste de las políticas ambientales
- En 2025, la Subsecretaría de Ambiente ejecutó el presupuesto más bajo de los últimos 9 años. Para 2026 se espera una caída real del 79,6% con respecto al 2023.
- La Administración de Parques Nacionales (APN) subejecutó su presupuesto en 2025, dejando $13.720 millones sin utilizar. De esta manera, la APN presentó una caída real del 39,3% de sus fondos en comparación con 2023.
- El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) ejecutó $2.383 millones, 155 veces menos que los $368.633 millones que debería haber ejecutado para cumplir con la Ley 26.331. Para el 2026 el FNECBN cuenta con apenas $17.468 millones.
- En 2025, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 75,7% de sus fondos, dejando sin utilizar $19.300 millones. El 38% de sus fondos se ejecutaron en el mes de diciembre, lo que permite inferir una falta de planificación preventiva para la gestión integral del fuego. En el presupuesto de 2026, el SNMF vuelve a presentar una fuerte caída real: 69,2% en comparación con 2023.
- En 2025, las partidas destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo ejecutaron $66.988 millones. Esto equivale a una caída real del 87,7% en comparación con 2023. Para el 2026, este presupuesto se reduce aún más: un 92,2% menos que hace tres años.
- Las partidas destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética ejecutaron $9.190 millones, lo que representó una caída real del 64% en comparación con lo ejecutado en 2023.

Subsidios a empresas de hidrocarburos y beneficios fiscales a la minería
- Los subsidios destinados a empresas hidrocarburíferas ($377.824 millones) representaron 41,5 veces más que lo destinado al fomento de energías renovables y eficiencia energética. Estos subsidios serán de $651.600 millones en 2026.
- En 2025, el presupuesto destinado a subsidiar empresas hidrocarburíferas representó más de 6 veces el importe ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 158 veces el monto destinado al Fondo de Bosques.
- Según estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, durante 2025 el Estado habría dejado de recaudar $508.954 millones como gasto tributario por el régimen de exenciones de la Ley de Inversiones Mineras. Este monto equivale a 8,5 veces el presupuesto ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y a 213 veces el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

El análisis del presupuesto nacional evidencia que las partidas destinadas a la política ambiental continúan ocupando un lugar marginal dentro de las prioridades del gasto público. La persistencia de recortes y subejecuciones presupuestarias reflejan no sólo una reducción del financiamiento ambiental, sino también la materialización del desguace estatal y la ausencia de un diseño integral de políticas públicas que permita abordar de manera estratégica los desafíos socioambientales que enfrenta el país.
El deterioro del financiamiento ambiental tampoco puede analizarse de manera aislada del funcionamiento estructural de la economía argentina. La persistente dependencia del endeudamiento externo genera presiones para obtener divisas destinadas al pago de los servicios de la deuda pública, incentivando el desarrollo de sectores exportadores altamente extractivos. Este esquema no sólo profundiza impactos socioambientales, sino que también tensiona la asignación del gasto público, obligando al Estado a destinar recursos crecientes al cumplimiento de compromisos financieros por sobre la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Ver Informe Completo
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Pozo de Pichanal: sin avances con YPF, la Provincia releva más de 1.400 pozos petroleros

Fecha de Publicación: 13/03/2026
Fuente: Portal AiresOnline
Provincia/Región: Salta


El ministro de Producción y Minería de Salta informó que el Gobierno provincial mantiene gestiones con YPF para avanzar en una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el norte de la provincia.
El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, informó que el Gobierno provincial continúa trabajando para encontrar una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el departamento Orán.
En diálogo con Aries, el funcionario explicó que se mantienen conversaciones con YPF para que la empresa se haga cargo de la situación.
“Estamos en conversaciones con YPF para que se termine de hacer cargo de ese pozo”, afirmó.
El ministro recordó que el caso se complejizó luego de que la empresa President Petroleum, que operaba en la zona, se declarara en quiebra.
Lupión señaló que el problema representa un antecedente negativo para el desarrollo hidrocarburífero en la provincia, aunque aseguró que se continúa trabajando en gestiones para resolverlo.
Además, indicó que el Gobierno provincial inició un relevamiento de los pozos existentes en Salta. Según precisó, se estima que hay alrededor de 1.400 pozos, de los cuales actualmente solo 54 se encuentran en producción.
“Es un tema ambiental importante y hay que abordarlo con gestión”, concluyó
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La Justicia rechazó el acuerdo por el derrame en Magdalena y Shell debería pagar USD 90 millones

Fecha de Publicación: 05/02/2026
Fuente: Portal LPO
Provincia/Región: Buenos Aires


El entonces intendente Carballo había llegado a un acuerdo con la petrolera para bajar de USD 90 millones a USD 9,5 millones la indemnización.
La Justicia rechazó la homologación de un acuerdo firmado en 2009 entre el entonces intendente de Magdalena y la petrolera Shell para cerrar la causa por el derrame de petróleo ocurrido 1999. El año de la firma del acuerdo el CEO de Shell Argentina era Juan José Aranguren, que luego fue ministro de Energía de Macri.
La resolución del tribunal -dictada el 30 de diciembre, pero notificada tras la feria judicial de enero- dejó sin efecto el acuerdo por el cual se redujo de USD 90 millones a USD 9,5 millones los costos que debía afrontar Shell por la reparación ambiental sobre las costas de Magdalena.
El 15 de enero de 1999, el buque Sea Paraná, de bandera alemana, impactó contra el petrolero Estrella Pampeana de la empresa Shell (con bandera liberiana). El impacto causó el derrame de más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas bonaerenses provocando un daño ambiental sin precedentes en Argentina.
Diez años después, el entonces intendente peronista, Fernando Carballo, impulsó un plebiscito no vinculante para aceptar una oferta de Shell por la cual el municipio retiraba las demandas sobre la petrolera a cambio de 9,5 millones de dólares. Carballo consiguió un acuerdo con el radicalismo, que también impulsó el acuerdo, y triunfó el SI con el 77% de los votos.
Ahora, el fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal 3 planteó que los derechos ambientales son de orden público y no pueden ser objeto de una negociación privada que prescinda de los principios constitucionales.
El juzgado sostuvo que la voluntad de las partes (Shell y el municipio de Magdalena) no puede colocarse por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente. Ni siquiera si ese acuerdo entre partes contó con el respaldo de un plebiscito y luego de ordenanzas del Concejo Deliberante de Magdalena.
El juez Juan Rafael Stinco consideró que el monto acordado en 2009 resulta arbitrario y carece de sustento técnico. "El acuerdo se limita a establecer una suma de dinero de carácter global, desvinculada de toda evaluación objetiva, técnica o económica que permita verificar su razonabilidad y suficiencia en relación con la entidad, extensión y complejidad del daño ambiental comprometido", dice el fallo al que LPO pudo tener acceso.
Además, agregó que no se identifican en el acuerdo parámetros técnicos, estudios ambientales, estimaciones de costos de recomposición ni criterios objetivos que permitan correlacionar el monto pactado (USD 9,5 millones) con las obligaciones de recomposición que derivan del régimen jurídico ambiental vigente.
El magistrado entendió en consecuencia que el acuerdo de 2009 no puede ser homologado sin incurrir en una vulneración del orden público ambiental.
También validó las presentaciones de Leonardo Fediuk, admitido como tercero interesado tras una resolución de la Cámara de Apelaciones, quien destacó la ausencia total de un Estudio de Impacto Ambiental, la falta de determinación específica de los rubros indemnizatorios y la inexistencia de peritajes actualizados que permitan cuantificar de manera seria y objetiva la magnitud del daño ambiental, el cual -según los estudios incorporados hasta el año 2009- persistía y continuaba produciendo efectos negativos sobre el ecosistema, la población y la economía local.
El juez también consideró "objetivamente desactualizado" el acuerdo, tanto por el tiempo transcurrido como por las obligaciones accesorias asumidas por Shell, que incluían asesoramiento no vinculante en proyectos turísticos, industriales y de gestión de residuos. Para el tribunal, esas cláusulas no se adecuan al contexto ambiental y normativo actual.
Tras el derrame de 1999, la municipalidad de Magdalena demandó a Shell en el juzgado federal número 1 de La Plata, para que reparara el medio ambiente y realizara un manejo adecuado de los residuos peligrosos.
El juez también consideró "objetivamente desactualizado" el acuerdo, tanto por el tiempo transcurrido como por las obligaciones accesorias asumidas por Shell, que incluían asesoramiento no vinculante en proyectos turísticos, industriales y de gestión de residuos. Para el tribunal, esas cláusulas no se adecuan al contexto ambiental y normativo actual.
Tras el derrame de 1999, la municipalidad de Magdalena demandó a Shell en el juzgado federal número 1 de La Plata, para que reparara el medio ambiente y realizara un manejo adecuado de los residuos peligrosos.
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La inspectora de cauce que denunció contaminación y fue echada por el Gobierno será candidata en Maipú

Fecha de Publicación: 06/01/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


María Emilia Scatolón denunció la contaminación del agua con petróleo. Irrigación la echó por problemas en la rendición de cuentas. 
Este sábado se cumplió el plazo que tenían los frentes electorales para presentar su lista de candidatos de cara a las elecciones municipales del 22 de febrero, aquellas que se celebran en los seis municipios que desdoblaron: Maipú, La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Luján y Rivadavia. Los partidos tradicionales llevan sus nombres y en algunas comunas surgen opciones propias.
Es el caso del frente "Proyecto Maipú Nuevo Rumbo" que competirá en esa comuna con una lista plagada de empresarios y productores locales autoconvocados bajo el lema "ni radicales, ni peronistas". Buscan desplazar a la "política tradicional" sin responder a los "mandatos de Casa de Gobierno o del PJ central". Se definen como independientes y "hartos de las recetas de siempre".
 El líder de la lista es el empresario Pablo Rey y llama la atención el nombre de la segunda integrante: María Emilia Scatolón, una productora de Lunlunta que trabajó como inspectora de cauce y denunció contaminación con petróleo en el agua. Al año siguiente fue echada por el Gobierno, quien aseguró que la funcionaria elegida por los regantes presentó mal y tarde la rendición de cuentas. En el medio, con denuncias de amenazas. 
El tercero en la lista es el reconocido empresario pastelero Cristina Di Betta, dueño de la pastelería Cristian, famosa por sus alfajores personalizados y la factura "más grande del país" que llegó a medios nacionales. Reconocido además por sus apariciones públicas en las redes sociales junto con figuras reconocidas.

Quién es María Emilia Scatolón: su denuncia
Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando un grupo de vecinos productores de Lunlunta denunciaron la presencia de una sustancia "negra, viscosa y con olor a combustible", mientras intentaban realizar una "sangría" -técnica para derivar el agua hacia el curso del río-. Se trata de una zona con plantaciones de vid y olivo, rutas turísticas y pozos petroleros, cuya actividad había dejado pasivos ambientales que habían sido declarados como saneados.
María Emilia Scatolón fue inspectora de canal matriz Lunlunta-Río Mendoza desde el 2011. De hecho, la primera mujer que logró este cargo en el Gran Mendoza. En una entrevista en octubre del año pasado a MDZ Radio advirtió que viene denunciando desde 2014 contaminación, pero que todo se "arreglaba" entre Irrigación, YPF y la Dirección de Protección Ambiental. Sin embargo, en aquella oportunidad (septiembre de 2024) decidió no solo denunciar acudir a Irrigación sino también a la Justicia.
Un grupo de oficiales de la Justicia llegaron al lugar y tomaron muestras de agua y sedimentos. El material fue enviado a los laboratorios de la Universidad Nacional de Cuyo para determinar si había contaminación y la hipótesis se confirmó en diciembre de ese año. En enero, YPF fue intimada por la Dirección de Protección Ambiental a presentar el plan de remediación.
Mientras tanto, en octubre del 2024 (a un mes de la denuncia), el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación resolvió suspender a la inspectora de cauce bajo el argumento de que no había presentado la rendición de cuentas en tiempo y forma, correspondiente al Ejercicio 2022, el cual debía haber presentado como fecha límite el 10 de junio de 2023. "Lo hizo, aunque en forma incompleta e insuficiente, en septiembre de 2024, previo a la Resolución”, señaló en aquella oportunidad al mismo medio el titular de Irrigación, Sergio Marinelli. Aseguró que ya había sido presentado el reclamo en la Asamblea Ordinaria del 31 de mayo de 2024.
Sin embargo, ella calificó tal suspensión como una "cama" para echarla. De hecho, denunció que le pidieron la renuncia y que al negarse llegó la suspensión y hasta denunció amenazas. "Hace un tiempo atrás se perdió un balance mío del 2022. No se cargó. Yo tengo los recibos de un contador que me cargaba los papeles. Ni 2023 ni 2024 se habían cargado e Irrigación nunca se dio cuenta. Me dijeron que me limpiaban la causa si yo renunciaba y le dije que no. Es una cama armada y está en la Justicia. Yo voy a pagar las consecuencias de esto, pero yo no voy a renunciar porque si yo renuncio esto queda en la nada porque Irrigación toma la inspección y ellos ya tienen varias inspecciones tomadas", señaló en la misma entrevista a MDZ Radio.
"Me hicieron llamados anónimos, mensajes de texto. Me dijeron que me iban a encontrar muerta en un canal. Mi trabajo no es de oficina, yo ando caminando entre los canales. Entonces realmente que te digan que te van a encontrar ahogada… Ya saben, no me voy a ahogar, no me quiero matar y menos en un canal”, denunció en aquella oportunidad. Una denuncia que también radicó en la Fiscalía 10° de Maipú.

El año pasado fue cesada en sus funciones
Con estos antecedentes y mientras avanzaba el plan de remediación en el lugar, el 20 de agosto pasado el mismo Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación finalizó la investigación y concluyó en que hubo "serias irregularidades" en la presentación del balance. Las que incluyen pagos y aportes no correspondientes a períodos trabajados y la presentación de documentos con firmas falsificadas.
Estas irregularidades fueron corroboradas como prueba y la inspectora fue sancionada por ellas. Entre otras cosas, se le impuso la inhabilitación a todo el cuadro de autoridades (Inspector y Delegados) prohibiéndoles ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por cinco años, además de la destitución del cargo en vigencia de la propia Scatolón. Asimismo, le requirieron la devolución de fondos a la Inspección de Cauce por un monto de $3.608.523,62, correspondiente al valor de los sueldos brutos y contribuciones no abonadas a los denunciantes, más intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a la cuenta personal de la inspectora.
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Derrame en Lomas de Olmedo: el daño ambiental era previsible y sigue sin solución

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: Portal AgendaSalta
Provincia/Región: Salta


Especialistas alertan que el impacto del pozo petrolero abandonado en Pichanal no es un hecho aislado.
El reciente derrame registrado en el pozo petrolero de Lomas de Olmedo, en Pichanal, volvió a encender la alarma sobre los riesgos ambientales que arrastra la actividad hidrocarburífera en Salta. Según especialistas en ecología, se trata de un problema conocido desde hace décadas, que no sorprende por su magnitud ni por su recurrencia, y que refleja la falta de control y de acciones efectivas por parte de las autoridades provinciales.
El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati, docente e investigador en conservación ecológica, cuestionó duramente el abordaje oficial del incidente. Aseguró que el derrame no fue un hecho imprevisto, sino la consecuencia directa de un abandono negligente de pozos petroleros antiguos. Además, advirtió que Lomas de Olmedo no sería un caso aislado: existen otros pozos en condiciones similares que estarían generando un impacto ambiental intenso en distintas áreas de Pichanal y alrededores.
“La situación se podía prever. El daño que se observa ahora en la vegetación y la fauna local no apareció de un día para el otro. Son años de descuido y falta de fiscalización”, señaló Derlindati. Según el investigador, las imágenes satelitales y aéreas muestran la muerte de amplias superficies de vegetación y bosques cercanos, mientras que se reporta la mortandad de ganado en la zona, aunque todavía no hay estudios públicos que confirmen la relación exacta con el pozo.
El especialista recordó que estos pozos se remontan a la década del 80, cuando YPF llevó adelante tareas de prospección en la región. Con el tiempo, varios fueron concesionados a empresas privadas y, en algunos casos, abandonados por falta de rentabilidad. En Lomas de Olmedo, el pozo actualmente emite principalmente gases como metano y dióxido de carbono, además de agua salada con trazas de hidrocarburos, lo que agrava la contaminación del suelo y los cursos de agua cercanos.
Derlindati subrayó que, aunque cerrar un pozo petrolero es un proceso técnico complejo, la mayor preocupación sigue siendo el impacto ambiental acumulado. “No hay información clara sobre el estado real del área afectada ni se han asumido responsabilidades concretas. Mientras el pozo continúe abierto, la degradación del ecosistema seguirá aumentando”, advirtió.
La falta de acción estatal frente a esta problemática fue otro punto crítico de la denuncia del especialista. Según explicó, la situación ya había sido señalada por ciudadanos y ONG locales hace al menos dos años, sin que se registraran intervenciones efectivas. Si bien existen equipos técnicos vinculados a recursos hídricos e hidrocarburos trabajando en la zona, Derlindati cuestiona la ausencia de medidas de control ambiental concretas, como mediciones del impacto o estrategias de mitigación. “Perimetrar la zona y restringir el acceso no resuelve el problema”, puntualizó.
El caso de Lomas de Olmedo adquirió relevancia pública tras una denuncia internacional de una ONG, pero el investigador advirtió que esta no es una excepción en Salta. Contaminación de ríos, vertidos industriales sin control y falta de supervisión en actividades extractivas son problemas recurrentes que se repiten en distintos puntos de la provincia. “Estos problemas están diagnosticados desde hace décadas, pero siguen postergándose. Las consecuencias las pagarán las próximas generaciones”, concluyó.
Además del impacto ecológico, la situación genera preocupación en comunidades rurales y productores locales, quienes ven afectada la salud de sus animales y la calidad de los suelos donde desarrollan sus actividades. Según Derlindati, la remediación de estas áreas demandará años de trabajo y una inversión significativa, por lo que resulta urgente establecer un plan de intervención integral que contemple la restauración ambiental, la vigilancia constante y la rendición de cuentas de los responsables.
El caso de Lomas de Olmedo también pone en evidencia un vacío en la legislación provincial y nacional respecto al seguimiento de pozos hidrocarburíferos antiguos. Sin controles claros, muchos de estos sitios corren riesgo de convertirse en focos de contaminación silenciosa, con repercusiones directas sobre el agua, el suelo y la biodiversidad local.
En el contexto de Salta, la situación de Pichanal no es aislada. Regiones como Tartagal y General Mosconi también presentan vestigios de explotaciones petroleras abandonadas que siguen generando problemas ambientales similares. La ausencia de datos públicos y de estudios oficiales dificulta dimensionar la magnitud real del daño, aunque las imágenes satelitales y testimonios locales reflejan un patrón preocupante.
Expertos en ecología advierten que, sin un plan de control efectivo, el riesgo de que la contaminación se extienda a otras cuencas hídricas y áreas rurales de la provincia es alto. La combinación de gases tóxicos, agua salada con hidrocarburos y deforestación progresiva representa un desafío ambiental que requiere atención inmediata y políticas de conservación sostenibles.
En resumen, el derrame en Lomas de Olmedo no debería considerarse un accidente aislado. Es, según especialistas, el resultado de décadas de abandono y falta de regulación, un problema que refleja la necesidad urgente de una estrategia ambiental integral en Salta, capaz de prevenir daños futuros y proteger los recursos naturales de la provincia para las generaciones venideras.
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