El Gobierno acepta restituir la Ley de Tierras y los límites a la venta de campos a extranjeros

Para evitar una derrota en Diputados y retener a sus aliados, La Libertad Avanza incorporó al proyecto de Propiedad Privada dos artículos que derogan el artículo 154 del DNU 70/2023 y devuelven plena vigencia a la Ley 26.737.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con una de las medidas emblemáticas del inicio de la gestión de Javier Milei. La Libertad Avanza aceptó restituir la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que limita la compra de campos por parte de extranjeros y que había sido derogada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. El giro se concretó en Diputados, en medio de la negociación para evitar una derrota frente a la oposición y asegurar el respaldo de sus aliados al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La restitución quedó incorporada al dictamen de mayoría de esa iniciativa, que obtuvo media sanción del Senado a comienzos de agosto. A propuesta del diputado radical Diógenes González, en el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se sumaron dos artículos: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del decreto 70/2023, y el 39, que restablece la plena vigencia de la Ley de Tierras. Con el apoyo del PRO y la UCR, el oficialismo reunió 34 firmas para el dictamen.

Qué establece la Ley de Tierras
Sancionada en diciembre de 2011, la Ley 26.737 impide que las personas o empresas extranjeras sean titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, un límite que también se aplica a cada provincia y a cada departamento. Además, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de esa superficie habilitada. La norma también restringe la compra por extranjeros de inmuebles rurales que contengan o linden con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y fija limitaciones en las zonas de seguridad de frontera.
El cambio de posición del oficialismo es notorio. Al comienzo de la gestión, el decreto 70/2023 eliminó por completo esas restricciones. Luego, durante el tratamiento en el Senado, el Gobierno pasó a proponer que el tope para extranjeros subiera del 15% al 25%. Ahora acepta volver al esquema original.

Idas y vueltas judiciales
La decisión llega después de semanas de vaivenes judiciales. A fines de septiembre, la Corte Suprema había dejado firme la derogación al rechazar, por falta de legitimación, la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Pero el 9 de octubre, en otra causa iniciada por la organización Árbol de Pie, dispuso de manera provisoria la suspensión del artículo 154 del decreto y devolvió la vigencia a la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo, que quedó en manos de la Justicia federal de Bariloche.
Ese vacío de diez días mostró los riesgos de dejar el tema sin resolver. En ese lapso, por ejemplo, una inmobiliaria ofreció a compradores extranjeros un campo de casi 3.000 hectáreas con lago privado en Alto Río Pico, en Chubut, según detectó el Observatorio de Tierras de la UBA y el Conicet.

Negociación política
Según trascendió, el movimiento busca contener a los aliados del PRO y la UCR, que reclamaban restablecer los límites, y sumar a bloques provinciales del norte, como los de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca, además de diputados cordobeses de Provincias Unidas. La oposición había convocado para el jueves a una sesión especial con el objetivo de derogar el decreto 70/2023; sus impulsores calculaban reunir entre 120 y 123 legisladores, por debajo de los 129 necesarios para el quórum. Un referente del oficialismo admitió que eliminar por completo el decreto tendría un costo alto por la incertidumbre que generaría.
Desde la oposición, la diputada Paula Penacca criticó el giro y señaló que los libertarios firman un dictamen contrario a lo que piensa el propio Presidente, autor del decreto. “Qué manotazo de ahogado que pegaron”, ironizó.

El resto del proyecto
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo prevé debatir en el recinto el 21 de octubre, incluye además cambios en las expropiaciones, con mayores exigencias para declarar la utilidad pública e indemnizaciones a valor de mercado, un procedimiento de restitución de inmuebles ocupados en 72 horas y nuevas reglas ante la falta de pago de alquileres. Si Diputados lo aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado.
Hasta que el Congreso complete el trámite, la vigencia de la Ley de Tierras seguirá apoyada en la medida provisoria de la Corte Suprema.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Portal Economía Sustentable, Honorable Cámara de Diputados de la Nación (dictamen), Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sin Ley de Tierras por diez días, ofrecieron a extranjeros un campo con lago privado en Chubut

En la ventana abierta entre dos fallos de la Corte Suprema, una inmobiliaria promocionó en castellano e inglés un campo de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico con lago, laguna y costa sobre el río.

Durante diez días, Argentina se quedó sin límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. En ese lapso, una inmobiliaria patagónica ofreció a compradores del exterior un campo de casi 3.000 hectáreas en Chubut con un lago privado, una operación que la Ley de Tierras Rurales prohíbe expresamente. La maniobra fue detectada por el Observatorio de Tierras, un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.
La ventana se abrió el 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema revocó el fallo con el que la Cámara Federal de La Plata había declarado, en marzo de 2024, inconstitucional el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, con el que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había promovido la causa, no tenía legitimación para hacerlo. Así, la derogación quedó en vigor y desaparecieron las restricciones.
La ventana se cerró el 9 de octubre, cuando la misma Corte, en una causa iniciada por la organización Árbol de Pie, que preside la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, suspendió de manera provisoria el artículo 154 y restituyó la vigencia de la ley. La cuestión de fondo quedó pendiente y el expediente pasará al juez federal de Bariloche, Leandro Agustín Gómez Constenla.

Un lago privado en Alto Río Pico
La propiedad ofrecida se ubica en Alto Río Pico, en el oeste de Chubut. Tiene 2.943 hectáreas, un lago privado de 16 hectáreas y 15 metros de profundidad, una laguna, arroyos permanentes y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. El aviso, publicado en castellano y en inglés el 30 de septiembre, un día después del fallo, prometía a los interesados “acceso directo y exclusivo” a esos espejos de agua.
La oferta llegó de la mano de Loma Alta Propiedades, una cuenta de Instagram creada el 26 de septiembre que se presentaba como especialista en inversiones rurales en la Patagonia. Según el Observatorio, la firma no tenía CUIT ni inscripción formal, y los inmuebles aparecían vinculados a un corredor matriculado de Esquel. El 3 de octubre, la cuenta difundió placas dirigidas a compradores extranjeros bajo la pregunta “¿Por qué invertir en la Patagonia?”, en las que advertía que los topes de la Ley de Tierras no regían, pero que la situación podía cambiar, y ofrecía acompañamiento legal para concretar las operaciones.
Entre el 12 y el 13 de octubre, ya restituida la ley y tras la difusión del caso, se eliminaron las últimas publicaciones de Instagram y el aviso de la página web.

Lo que dice la ley
La Ley 26.737, sancionada en 2011, limita la titularidad extranjera de las tierras rurales y prohíbe que personas o empresas extranjeras adquieran inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. También fija restricciones en las zonas de seguridad de frontera. Además, el Código Civil y Comercial obliga a dejar libre el camino de sirga, una franja de 15 metros en las márgenes de ríos y lagos públicos.
“Armaron un negocio perfecto porque no tenían la obligación de declarar la venta”, resumió Matías Oberlin, investigador del Observatorio de Tierras.
El informe aclara que no se pudo acreditar que se haya concretado alguna venta de estas características durante esos diez días. Por eso, el Observatorio reclamó a los gobiernos provinciales que establezcan mecanismos para averiguar qué ocurrió en ese período y pidió que la protección quede firme con la caída definitiva del artículo 154 del decreto 70.

Una disputa abierta
El caso de Alto Río Pico se suma a una discusión que atraviesa a la Patagonia desde hace años. La Ley de Tierras fue pensada para proteger recursos estratégicos como el agua, los lagos y las zonas de frontera, y su derogación por decreto, a fines de 2023, abrió una batalla judicial que todavía no terminó.
La decisión del 9 de octubre devolvió las restricciones, pero solo de forma provisoria. Hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo, el régimen que regula quién puede comprar tierras rurales en el país depende de una medida provisoria, y la experiencia de esos diez días muestra con qué rapidez el mercado puede aprovechar cualquier vacío legal.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo, Diario La Nación, Observatorio de Tierras (UBA-Conicet), Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras y Lorenzetti defendió el fallo

Con el voto de dos conjueces, el máximo tribunal dictó una medida interina en la causa de una organización ambiental y comunidades mapuche que restituye en forma provisoria los topes a la compra de campos por extranjeros.

Diez días después de haber dejado operativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la Corte Suprema de Justicia dio un giro. El 9 de octubre, el tribunal suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, el que había eliminado la Ley 26.737, y restituyó en forma provisoria los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión se tomó en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con las comunidades mapuche Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El tribunal dictó una medida interina, es decir, provisoria. Regirá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y sobre el pedido de cautelar.

Un voto dividido
La resolución llevó las firmas de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con las de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los conjueces habían sido convocados días atrás porque los tres integrantes titulares del tribunal no lograron un acuerdo. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Reconoció que la legitimación de la asociación era distinta de la del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, cuyo planteo la Corte había rechazado a fines de septiembre. Aun así, sostuvo que el tribunal no tenía competencia para dictar una medida de ese tipo y propuso remitir el expediente a Bariloche.
Para la mayoría, el caso involucra cuestiones vinculadas a la tutela del daño ambiental, y el trámite en las instancias inferiores había dejado sin respuesta las peticiones de la demanda. Por eso, la medida busca asegurar la tutela judicial efectiva y “evitar la producción de daños irreparables”.
Con la suspensión, vuelven a regir las restricciones de la Ley 26.737:
- el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras;
- el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo;
l- as limitaciones sobre predios con cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera.
La cuestión de fondo, la constitucionalidad de la derogación, sigue pendiente.

La defensa de Lorenzetti
Tras la decisión, Lorenzetti salió a explicar el fallo en declaraciones televisivas. “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”, afirmó. Según explicó, la medida se apoyó en tres ejes: los hechos concretos del caso, la cuestión ambiental vinculada a los recursos naturales y el debilitamiento de la participación social.
El juez recordó que la ley ambiental, en su artículo 32, permite a los magistrados dictar medidas aun sin pedido de las partes. Sostuvo además que, como el proceso no había sido tratado en primera instancia, la organización quedó desprotegida durante todo ese tiempo. También consideró que nadie debería sorprenderse de que firmara una cautelar en materia ambiental, dada la línea que el tribunal sostiene desde hace años.
Ante las críticas que recibió la Corte en las últimas semanas, Lorenzetti negó que la decisión respondiera a la presión pública. “Hemos tenido presiones mucho más fuertes que ahora y siempre resolvimos conforme a derecho”, sostuvo. Señaló, además, que el debate es legítimo, pero que el camino para cuestionar las decisiones es judicial. También atribuyó parte de los conflictos a que el Congreso nunca legisló sobre el tema. Sobre la disidencia de Rosenkrantz, la calificó como una postura legítima, aunque más restrictiva.

El impacto en el Congreso
El fallo también reordenó la discusión política. La oposición había convocado a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. Pero los cálculos de los propios negociadores le daban, en el mejor escenario, unos 115 presentes, por debajo de los 129 necesarios para el quórum. La restitución de los límites quitó presión a sectores que defendían los topes pero no querían voltear el decreto completo, como los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora.
El Gobierno, por su parte, busca preservar el resto del DNU y separar el tema de las tierras. La Libertad Avanza impulsa incluir un capítulo con restricciones en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y convocó a su propia sesión para el 21 de octubre.
Mientras tanto, la Ley de Tierras vuelve a regir de manera provisoria. Su suerte definitiva dependerá del Juzgado Federal de Bariloche, de una eventual sentencia de fondo y de lo que finalmente resuelva el Congreso.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Perfil, Diario El Día, Diario Infobae, Diario El Liberal, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Doce empresas concentran más de 1,1 millones de hectáreas del Chaco salteño

Un relevamiento de la Universidad Nacional de Salta muestra que la mayoría de los grandes compradores de tierras son nacionales y advierte que el problema central es la concentración, el cambio de uso del suelo y la desprotección de comunidades indígenas y criollas.

En medio del debate nacional por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, un investigador salteño propone correr el foco. Al menos 1.190.000 hectáreas del Chaco salteño, una de las regiones más productivas de la provincia, están en manos de apenas 12 empresas. Y la mayoría de quienes compran grandes extensiones no son extranjeros.
Los datos surgen del análisis de las grandes transacciones de tierras que realizó Cristian Venencia, doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Venencia está adscripto a la cátedra de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) e integra el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO). También forma parte del equipo técnico regional de Land Matrix para América Latina y el Caribe, una iniciativa que registra las grandes operaciones de tierras en el mundo.

Una tierra cada vez más concentrada
El Chaco salteño abarca unos 7 millones de hectáreas, y alrededor del 80% es hoy propiedad privada. El resto se reparte entre comunidades indígenas, lotes fiscales, áreas protegidas y parques nacionales.
Desde el año 2000, Land Matrix registró en la región 122 grandes transacciones, de 200 hectáreas o más, ya sean compraventas, arrendamientos o concesiones a privados. En conjunto involucraron más de 1,7 millones de hectáreas: el 47% se destinó a la ganadería y el 38% a cultivos como soja, maíz y poroto. El resto corresponde sobre todo a la actividad petrolera.
La distribución es profundamente desigual. El 10% de los adquirentes concentra el 70% de la superficie transaccionada, mientras que el 10% con menos tierra apenas reúne el 0,3%. Un solo comprador acumula unas 300.000 hectáreas, parte de ellas concesionadas por la propia provincia para la explotación agrícola en Salta Forestal.

Más allá de los extranjeros
El 64% de los grandes adquirentes son nacionales, una proporción cercana a la del conjunto del país, donde llega al 67%. Le sigue China, con el 12% de las adquisiciones, sobre todo para explotaciones petroleras en los departamentos San Martín y Rivadavia. Además, la presencia extranjera se desdibuja porque muchas empresas cotizan en bolsa y operan a través de fondos de inversión integrados por personas de distintas nacionalidades.
"La extranjerización de tierra es un tema importante", reconoció Venencia. Aun así, planteó que el debate también debe incluir el acaparamiento, un concepto que abarca la concentración, los cambios en el uso del suelo y los conflictos que esos cambios generan en los territorios.

Comunidades sin títulos y sin protección
La dimensión que más preocupa al investigador es la de las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan y trabajan esas tierras desde hace generaciones, en muchos casos sin títulos de propiedad. Los registros de Land Matrix identifican niveles potencialmente altos de conflictividad donde las grandes transacciones se superponen con esos territorios. Para Venencia, la consecuencia principal es "la falta de una tenencia de la tierra segura".
Ese escenario se agravó con la caída de varias protecciones legales. El 31 de diciembre de 2025 venció la última prórroga de la suspensión de desalojos de comunidades campesinas prevista en la ley provincial 7.658, y la Legislatura no la renovó. A nivel nacional, el Gobierno derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que había permitido relevar los territorios comunitarios, aunque solo alrededor de la mitad de las comunidades de Salta llegó a ser relevada. A eso se sumó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que según el investigador abre la puerta a los desalojos sin importar la nacionalidad del inversor.

El monte y el desarrollo que no llegó
Una de las consecuencias más visibles es el desmonte en territorios ocupados por comunidades originarias. Sobre la ruta nacional 86, donde el derecho indígena fue reconocido, los desmontes continúan, en algunos casos con autorizaciones cuestionadas. Y hay situaciones en las que el acceso al agua se convierte en moneda de cambio para que las comunidades no se opongan a la tala.
Venencia vinculó ese proceso con la expansión agrícola y ganadera iniciada a comienzos de los 2000, impulsada por la soja transgénica, que prometía desarrollo para la región. "Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza", advirtió, y mencionó también los casos de desnutrición infantil en comunidades indígenas.
Para el investigador, la pregunta no es solo quién se queda con la tierra, sino para qué se usa y si quienes viven allí podrán quedarse.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Nuevo Diario de Salta, Diario Página|12, Portal Gente de Salta

Sin acuerdo, la Corte convoca a dos conjueces para un nuevo planteo sobre la Ley de Tierras

Una organización ambiental, dos comunidades mapuche y una legisladora rionegrina pidieron que el reciente fallo del tribunal no alcance a su amparo, mientras sindicatos y organizaciones sociales marcharon a Tribunales contra la derogación.

La Corte Suprema de Justicia no logró ponerse de acuerdo y tuvo que salir a buscar refuerzos. Sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron una posición común sobre un nuevo planteo vinculado a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Por eso, el tribunal convocó a dos conjueces para completar una integración de cinco miembros y poder reunir mayoría.
El pedido fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambiental de Bariloche, junto con la comunidad mapuche Lafkenche, la lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda. Todos ellos sostienen desde el 28 de diciembre de 2023 un amparo contra el artículo 154 del DNU 70/2023, el que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, los topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Un planteo con legitimación propia
La presentación es una aclaratoria. Los demandantes piden que la Corte precise si su fallo del 29 de septiembre, que dejó sin efecto la cautelar obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, también alcanza a su causa. Argumentan que invocan títulos de legitimación propios y diferentes, basados en derechos colectivos vinculados a la "protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas", en particular sobre sus territorios ancestrales.
El planteo se apoya en lo que el propio tribunal dijo tras aquella decisión. En un comunicado difundido el 1 de octubre, la Corte aclaró que su sentencia había sido estrictamente procesal. También precisó que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación y que no afectaba a otras medidas cautelares con el mismo objeto en trámite en distintos tribunales.
Los conjueces deberán definir ahora qué camino toma el expediente: devolverlo a las instancias inferiores, habilitar que la Corte se expida sobre una medida protectoria o rechazarlo con base en el fallo anterior.

Un sorteo y una interna
Como no existe actualmente una nómina vigente de conjueces para el máximo tribunal, la designación se hizo por sorteo entre presidentes de cámaras federales de todo el país. Resultaron elegidos Diego Barroetaveña, camarista de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Guillermo Farah y Jorge Morán.
Según trascendió, la falta de acuerdo responde a posiciones encontradas dentro del tribunal. Rosenkrantz se opondría a reconocer la legitimación de Árbol de Pie y a restablecer una cautelar que proteja la ley, mientras que Rosatti y Lorenzetti estarían dispuestos a hacerlo. Con solo tres miembros en funciones, cualquier disidencia impide formar mayoría.
La convocatoria llega en medio del fuerte rechazo social que generó el fallo de fines de septiembre, que dejó operativa la derogación y habilitó la venta sin límites de campos a compradores extranjeros, incluidos inmuebles en zonas de frontera y con cuerpos de agua. La norma derogada fijaba en el 15% el máximo de tierras rurales en manos extranjeras e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo.

La protesta llegó a Tribunales
Ese malestar se trasladó a la calle. El martes, las dos centrales de la CTA, sindicatos, organismos de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y organizaciones políticas y sociales se movilizaron a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia. La protesta tuvo dos escenarios. Uno, frente a Tribunales, lo encabezaron las centrales sindicales bajo la consigna de que la patria y la soberanía no se venden. El otro se armó sobre la calle Talcahuano, donde organizaciones de izquierda sumaron reclamos contra el Gobierno y pidieron un paro general.
Los convocantes apuntaron directamente contra los tres jueces del tribunal. "Rechazamos que tres cortesanos elegidos por componendas de palacio definan el destino del país", señalaron en su documento, en el que también exigieron la anulación completa del DNU 70/2023.
La próxima cita será el 15 de octubre frente al Congreso, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, para reclamar que la Cámara de Diputados rechace el megadecreto. Mientras tanto, la suerte judicial de la Ley de Tierras queda, al menos por ahora, en manos de una Corte ampliada con dos jueces que llegaron por sorteo.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal Huella del Sur, Portal Infocielo, Diario La Nación

Misiones judicializa la derogación de la Ley de Tierras y lleva su reclamo ambiental al Cofema

Tras el fallo de la Corte Suprema que reactivó la eliminación de los límites a la compra de campos por extranjeros, el gobierno misionero ordenó acciones judiciales y defendió ante el Consejo Federal de Medio Ambiente la vigencia de la Ley 26.737.

Misiones decidió dar pelea en dos frentes para frenar la venta sin restricciones de tierras rurales a compradores extranjeros. El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, a iniciar acciones judiciales contra los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. En paralelo, el ministro de Ecología, Martín Recamán, llevó la defensa de esa norma al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).
"No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", sostuvo el mandatario al anunciar la medida. La instrucción quedó formalizada en el decreto provincial 1935, firmado el 2 de octubre, que habilita a la Fiscalía a representar a la provincia y a promover las acciones y defensas que considere necesarias, por las vías y en los momentos que resulten técnicamente más oportunos.

El fallo que destrabó el decreto
La reacción misionera llegó días después de que la Corte Suprema dejara sin efecto, el 29 de septiembre, la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737. Con esa decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, volvieron a quedar sin efecto los topes a la extranjerización del suelo rural.
Ante las críticas, el máximo tribunal emitió un comunicado en el que aclaró que su resolución fue estrictamente procesal. Según explicó, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para obtener la cautelar. La Corte remarcó que no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen y que su sentencia no alcanza a otras cautelares en trámite con el mismo objeto. También recordó que el Congreso conserva la facultad de rechazar el decreto o sancionar una nueva ley.
Ese margen ya empezó a usarse. Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, pidieron una nueva cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 para evitar que se consoliden compras irreversibles mientras el Congreso trata el tema. Pichetto advirtió que en el escenario actual "pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles ribereños". Massot, por su parte, alertó que lo que se venda en las próximas semanas podría no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites, ya que esas operaciones quedarían protegidas por el derecho de propiedad.

Una provincia rodeada de fronteras
El planteo de Misiones se apoya en su geografía. Más del 90% de sus límites son internacionales, con Brasil y Paraguay. Por eso el gobierno provincial sostiene que regular la titularidad del suelo es una cuestión de soberanía, ordenamiento territorial y conservación. A esos argumentos Passalacqua sumó la protección de una biodiversidad única en el país y la defensa de los pequeños productores locales.
La Ley 26.737 fijaba en el 15% el máximo de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y departamental, e impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo. También restringía la compra en zonas de seguridad de frontera y en inmuebles con cuerpos de agua permanentes, dos situaciones que en el territorio misionero son la regla y no la excepción.
Según los datos presentados por la provincia, cinco de sus 17 departamentos ya superaban el límite del 15% aun con la ley vigente: Iguazú, Montecarlo, Eldorado, General San Martín y Concepción. El caso más extremo es Iguazú, donde 114.406 hectáreas pertenecen a titulares extranjeros, casi el 40% de su superficie rural. Esa concentración, advierte el gobierno, ya condiciona la expansión urbana, habitacional e industrial de municipios como Puerto Libertad.

La discusión en el Cofema
En ese contexto, Recamán expuso la posición misionera ante el Cofema, el organismo que reúne a las autoridades ambientales de las provincias y la Nación. El consejo acordó convocar a una asamblea extraordinaria para el martes 13 de octubre, con el objetivo de definir una postura institucional frente a la derogación de la ley.
La asamblea será la primera instancia en la que las autoridades ambientales de todo el país deberán fijar una posición común sobre el tema. Misiones ve en el control del suelo una herramienta para proteger sus ecosistemas, sus cursos de agua y sus fronteras. Para la provincia, el resultado de esa reunión y el de las causas judiciales en marcha definirán hasta dónde puede avanzar la extranjerización de su territorio.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Diario El Territorio, Misiones Online, Canal 12 Misiones

La Corte Suprema dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros

El máximo tribunal rechazó una demanda del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata y revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Gobierno a través de un decreto en 2023. La decisión reavivó el rechazo de la oposición y del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Con esa decisión, el máximo tribunal revocó la inconstitucionalidad que había declarado previamente la Cámara Federal de La Plata sobre ese artículo del decreto, y dejó firme, en los hechos, la eliminación de los límites que existían para que extranjeros compraran tierras rurales en el país.

El origen del conflicto judicial
El caso comenzó cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se declarara la inconstitucionalidad y la nulidad de la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que regulaba y limitaba la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. Según planteó la organización, eliminar ese marco de protección facilitaba la extranjerización del territorio y la formación de latifundios, con impacto directo sobre la soberanía nacional y la integridad territorial del país. En primera instancia, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata había rechazado la presentación, por considerar que la entidad de excombatientes no tenía legitimación suficiente para litigar. Pero en marzo de 2024 la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU y ordenó registrar la causa como proceso colectivo, con el argumento de que la soberanía nacional constituye un bien colectivo. El Estado apeló entonces ante la Corte Suprema.

Qué dijo la Corte
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró procedente el recurso del Estado y rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación activa: consideró que no se configuró un "caso" o "controversia" judicial concreta que habilitara la intervención de los tribunales. Según explicó el tribunal, la soberanía territorial es un elemento constitutivo del propio Estado y, por eso, no puede encuadrarse como un "bien colectivo" en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, lo que impide que una asociación civil como el CECIM reclame en su representación. La Corte remarcó, de todos modos, que su decisión se limitó exclusivamente a resolver la falta de legitimación de la parte actora, y aclaró expresamente que no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023 ni interfiere en las facultades del Congreso para tratar la norma.

La reacción de Kicillof y la oposición
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como "el fallo de la infamia" en un mensaje publicado en la red social X. "La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular", escribió, y agregó: "lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial". El gobernador recordó la movilización realizada el 6 de agosto frente al Congreso contra un proyecto impulsado por el Gobierno, denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que buscaba introducir modificaciones sobre la Ley de Tierras y que el Ejecutivo terminó retirando del Senado por no reunir los votos necesarios. "Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros", sostuvo Kicillof, quien cerró su descargo con la consigna "¡Argentina para los argentinos!". Otros referentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda también criticaron el fallo y reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, tal como ya había hecho el Senado. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que, a partir de esta resolución, "Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización", y remarcó que ahora la responsabilidad de revertir la situación queda en manos del Congreso.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Diario El Eco de Tandil, Diario La Nueva, Página 12

Extranjerización de la tierra: alerta sobre la falta de control y el avance en zonas estratégicas

Fecha de Publicación: 19/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La ausencia de información pública dificulta controlar el cumplimiento de la Ley de Tierras cuando se analiza el mapa de la propiedad extranjera en Argentina. 
En el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras que se impuso en la mesa de Ronda de Investigación, en el nuevo canal periodístico de Perfil, los periodistas Andrés Snitcofsky y Laura Rocha pusieron el foco en la falta de información oficial sobre la propiedad extranjera de tierras rurales y en los riesgos que implica flexibilizar una norma destinada a preservar la soberanía territorial.
El especialista en datos, Andrés Snitcofsky, presentó un mapa elaborado por investigadores independientes que permite visualizar el nivel de extranjerización por departamentos. "Este gran mapa es un trabajo espectacular que hicieron varios grupos de investigación", planteó. Asimismo, detalló cómo se interpreta la información: "Lo que está con color amarillo está cerca del límite de, digamos, del tope del 15% y lo que está en rojo supera el tope del 15%".

Las Islas Malvinas posee un 100% de ocupación extranjera
Además, contó que adaptó esos datos a otro formato para facilitar la lectura. "Yo agregué a la derecha un gráfico de pelotitas, que lo que hice fue mostrar lo mismo, pero en vez de en un mapa, simplemente cada una de las líneas que ven son las provincias", resaltó. Entre los ejemplos mencionó el caso extremo del departamento Islas del Atlántico Sur: "Si se fijan abajo de todo, hay una pelotita abajo, muy a la derecha, que es nuestro departamento con 100% de ocupación extranjera, las Malvinas, las Islas".
Snitcofsky también señaló otras zonas con fuerte presencia de propietarios extranjeros. "Hay varios, que son estas que habrán escuchado hablar de Lácar en el sur, Campana, Campana acá no más, Campana es uno de los departamentos con más extranjerización de la tierra", describió. A su vez, remarcó que la existencia de este mapa evidencia un problema mayor como es la ausencia de datos públicos oficiales: "Si no estaba este grupo, esta organización que armó este mapa, hoy no tenemos un mapa".
Ante esa situación, sostuvo que la ciudadanía no puede controlar adecuadamente el cumplimiento de la ley. "No me consta si lo controlan o no, lo que seguro no está es público como para que todos lo podamos ver, ese es el control final", remarcó.

Qué se puede observar en el trabajo realizado por el Observatorio Tierras
En este sentido, la periodista especializada en ambiente, Laura Rocha, coincidió en destacar el trabajo realizado por el Observatorio Tierras: "Es ObservatorioTierras.org, entre ellos hay muchos investigadores de la Universidad de Buenos Aires que armaron con mucho trabajo este mapa". Además, explicó que el relevamiento permite identificar rápidamente las zonas más sensibles: "Eso es un semáforo fíjense, están en la cordillera, están al borde de los ríos".
Rocha recordó un caso concreto ocurrido en Misiones, donde la concentración de tierras genera dificultades para la gestión local. "Puerto Libertad es un municipio de Misiones que quiere ampliar su ejido urbano y tiene que pedirle permiso a un extranjero para poder ampliar una manzana de barrio", expresó.
También mencionó la situación planteada por las autoridades municipales: "Las declaraciones del intendente diciéndole que la empresa extranjera no le quería ceder las tierras para avanzar con la estructura urbana de su municipio".
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Ley de Tierras: ante el riesgo de derrota en el Senado, el Gobierno eliminó el capítulo más polémico del proyecto

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Patricia Bullrich debió acordar con los bloques dialoguistas que se diera de baja la reforma a la Ley de Tierras Rurales, para poder sesionar este jueves. Fue después que gobernadores aliados se sumaran al rechazo, lo que anticipaba una posible votación adversa en el recinto. El resto del proyecto, con expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, sigue en pie, pero tiene menos resistencias. 
El capítulo más resistido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada no llegará al recinto del Senado. Tras una jornada de negociaciones que se aceleró este miércoles, Patricia Bullrich acordó con los bloques dialoguistas retirar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder destrabar la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión llega después de dieciséis versiones de texto, un techo de extranjerización que había llegado a fijarse en el 25% y cuatro postergaciones previas de la votación.
El quiebre definitivo se produjo esta mañana, cuando tres gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. Esa noticia, sumada a la posición negativa de tres de los 10 senadores del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista, y el cambio de opinión de la aliada salteña Flavia Royón, terminó de inclinar la cuenta de votos hacia el "no": según el poroteo que circulaba entre los senadores, el oficialismo llegó necesitaba cuatro votos más para evitar perder la votación en el capítulo más sensible.
La última versión del texto, previa al retiro, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero habilitaba a personas jurídicas con participación estatal extranjera (directa o indirecta) a adquirirlas si contaban con la autorización conjunta de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, según el texto al que accedió Infobae. Ese esquema tampoco alcanzó para cerrar el acuerdo.
La negociación no estuvo exenta de un nuevo cortocircuito con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se había manifestado en contra del proyecto desde el inicio. Según pudo saber PERFIL, en el bloque libertario hubo enojo con Villarruel por la forma en que la Secretaría Parlamentaria hizo circular la convocatoria a la sesión de este jueves, pensada formalmente para retomar el cuarto intermedio que se había votado el 16 de julio pasado. Mientras tanto, la sociedad civil y varios artistas convocaron a una movilización frente al Congreso para este mismo jueves en rechazo al proyecto.
Con el capítulo de tierras afuera, el resto de la iniciativa sigue en danza: el endurecimiento de las condiciones para expropiaciones (con el objetivo declarado de evitar que el Estado tarde hasta 18 años en pagar indemnizaciones), la agilización de los desalojos —un punto sensible para inquilinos—, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego sobre el uso posterior de tierras incendiadas, y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Son los mismos ejes que Bullrich había defendido extensamente el martes en su conferencia de prensa, cuando calificó a la ley vigente de tierras como "un despropósito" ideado para "volver terratenientes a los amigos" de Máximo Kirchner.
Con el capítulo de tierras fuera del temario, restará ver si el oficialismo consigue ahora los votos para el resto del proyecto, y si la vicepresidenta, tal como estaba previsto, deja en manos del propio recinto la definición sobre la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Por ahora, la señal que deja esta marcha atrás es clara: incluso con la promesa de un tope más alto que el vigente, el capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no logró sobrevivir a la resistencia combinada de gobernadores propios, aliados dialoguistas y la oposición.
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Argentina en venta: el Gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El 5 % de las tierras rurales del país, 13 millones de hectáreas, está en manos de extranjeros. El gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan quitar todo límite y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. Es un paso más en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes de la extranjerización.
Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.
Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.
“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera. 
Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.
El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:
- Elimina los límites de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que, con la ley vigente, son: 15 por ciento del total de tierras a nivel nacional, provincial y municipal; 30 por ciento para propietarios de un mismo país.
- Elimina la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zona de alto valor estratégico (como la zona núcleo de la producción agropecuaria).
- Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o zona de frontera.
- Modifica el concepto de “titularidad extranjera” y habilita a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y personería jurídica con participación de capitales internacionales (hasta 51 por ciento de control extranjero, tras la modificación del gobierno de Mauricio Macri).
- Deja la prohibición para Estados extranjeros y empresas controladas por esos Estados.
- Deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
- Al mismo tiempo, elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, donde Nación y provincia debían definir una política nacional.
“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.
El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.
En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).
El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.
“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind. 

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales
La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.
“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.
De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.
En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.
El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.
En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.
Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.
“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes. 

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?
El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.
En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.
A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.
Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.
Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.
Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.
En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.
La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.
“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”. 
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Inviolabilidad de la Propiedad Privada: La tierra prometida para los capitales extranjeros

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa, que habilita la compra de campos sin límites y los desalojos exprés, se trataría mañana en el Congreso. El escenario de votación es incierto. Según Ravier, la ley vigente “criminaliza” a los inversores del exterior.
El Gobierno aprovecha la semana de definición del Mundial para avanzar con la extranjerización de la tierra. El día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, en la que la administración de Javier Milei convalidó sin cuestionamientos la prohibición de ingresar con banderas de las Islas Malvinas, el oficialismo buscará aprobar el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Según el vocero presidencial, Adrián Ravier, “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros”. “Una barbaridad que se deriva de su malicia o su ignorancia”, dijeron desde el Observatorio de Tierras de la UBA, además de advertir que es una ley a medida del capital norteamericano. El peronismo en el Senado busca bloquear el capítulo de extranjerización de las tierras.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, el gobierno busca habilitar la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional. Se trata del proyecto de Federico Sturzenegger, que ya recibió más de una docena de modificaciones. La versión del dictamen que circula entre los senadores lleva el número 14 y da cuenta de las veces que el archivo fue modificado. “El texto lo siguen tocando por abajo de la mesa aun cuando ya salió de comisiones”, reveló una fuente del interbloque Popular a este diario, que adelantó que “probablemente se propongan los cambios negociados sobre la base del dictamen que ya estaba”.
La tarde del martes, el oficialismo y la oposición encabezaron negociaciones frenéticas. Según pudo saber este diario, en el oficialismo los números aún no cerraban y había rumores de levantar una vez más la sesión. El peronismo, en cambio, trabajaba para bloquear el capítulo de extranjerización de la tierra. “Tenemos 35, nos falta un voto”, contó un senador al tanto del poroteo a Página12. En efecto, si la sesión transcurre sin ausentes, la oposición necesita 36 votos para bloquear las iniciativas del oficialismo.

Falacias libertarias
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno “propone levantar las restricciones generales para la adquisición de tierras rurales por extranjeros”. A su vez, cuestionó la legislación vigente al afirmar que “la norma de 2011 criminalizó la compra de tierras por parte de extranjeros” e intentó diferenciar entre actores privados y estatales al sostener: “Una cosa es un inversor privado y otra un Estado extranjero”. “Es una barbaridad, que se deriva de la malicia o de la ignorancia”, respondió Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras. Lejos de “criminalizar” la compra de tierras, explicó, la ley vigente la habilita y únicamente regula la concentración excesiva en manos de capitales extranjeros.
Según Voldkin, actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó. En otras palabras, la norma todavía permite incorporar unos 26 millones de hectáreas más al dominio extranjero. El verdadero objetivo de la reforma, sostiene el investigador, es eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico.
“El problema no es que la ley inhiba la compra de tierras, sino que hay departamentos donde la extranjerización ya supera el 40% o el 50%, especialmente en zonas cordilleranas”, advirtió. Con la eliminación de esos topes, podrían quedar completamente en manos de capitales extranjeros áreas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos.
Voldkin también cuestionó la diferenciación planteada por Ravier entre Estados e inversores privados. “Los Estados extranjeros no son quienes más compran tierra en la Argentina; los principales compradores son las personas físicas y jurídicas”, señaló. Por eso, el verdadero objetivo del gobierno es remover los límites que hoy pesan sobre el capital privado extranjero. Se suma la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, una modificación que, según el investigador, “está hecha a medida del capital norteamericano”, principal poseedor de tierras rurales en el país. Un país a medida de los tecnorricos que Milei admira.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas. Sin territorio, dejamos de ser un país soberano”, sostuvo el senador Wado de Pedro ante Página/12. “La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras”, concluyó.

Contra las expropiaciones
El proyecto también endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados. La iniciativa restringe el alcance del concepto de “utilidad pública”, lo que eleva el umbral para justificar una expropiación y fortalece la posición de los propietarios frente a cualquier intento estatal de recuperar inmuebles por razones de interés general.
El Estado deberá indemnizar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido como consecuencia directa de la expropiación. A la vez, establece que la toma de posesión solo podrá concretarse una vez abonada la totalidad de la indemnización, actualizada por inflación y con intereses. Incluso las ocupaciones temporarias de inmuebles quedarán limitadas a un máximo de 90 días. En los hechos, la reforma dificulta que futuros gobiernos puedan recuperar activos estratégicos mediante la herramienta de la expropiación.

Desalojos exprés
Otro de los ejes de la reforma es la aceleración de los desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad. Si el juez considera que el planteo reúne elementos suficientes en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del inmueble sin esperar la sentencia definitiva del proceso.
La única atenuación prevista, luego de intensas negociaciones, alcanza a hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional. En esos casos, se otorgarán diez días para facilitar la búsqueda de otro lugar donde vivir.

Luz verde para los incendios intencionales
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego y elimina uno de los principales desincentivos a los incendios provocados. Desaparecen las restricciones que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por el fuego durante 60 años, una herramienta incorporada por el diputado Máximo Kirchner para evitar que los incendios fueran utilizados como mecanismo de valorización inmobiliaria o expansión de la frontera agropecuaria.
Con la reforma, se eliminan las prohibiciones que impedían desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados por 30 años. Deja sin efecto el principal resguardo que buscaba desalentar la especulación sobre tierras arrasadas por el fuego.
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Incendios: cuánta superficie pasa de natural a productiva o a urbana tras el paso del fuego

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Un informe a nivel nacional elaborado por el sitio Ruido releva los cambios registrados en el destino de tierras que resultaron afectadas por el fuego entre 2004 y 2014. Los detalles, las provincias con más impacto y lo que dejan los datos.
En los 10 años transcurridos entre 2004 y 2014, se quemaron en Argentina 21 millones de hectáreas por incendios forestales y rurales. De ese total, tres millones (el 13,9%) fueron áreas con cobertura natural (con bosques, arbustales, matorrales o pastizales) que se transformaron tras el paso del fuego en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial (relevadas en 2024).
Esa superficie de 3 millones de hectáreas equivalen a la de la provincia de Misiones, o a la de países como Bélgica, por ejemplo. Todo el mapa de la provincia de Córdoba suma, a los fines comparativos, 16 millones de hectáreas.
Las provincias con más cambios de uso de suelo en ese período fueron Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe, en ese orden.
El dato muestra, al mismo tiempo, que la mayoría de los incendios no tienen relación directa con la quema que busca sumar áreas de cultivo. Y no se registran transformaciones de áreas ganadas a la urbanización en suelos quemados antes, al menos en el período analizado.
Esas son algunas de las principales conclusiones de un informe que realizó el sitio periodístico el ruido.org, integrado por periodistas de diferentes provincias, y que entre sus principales fuentes toma datos de relevamiento de uso de suelo del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
En su trabajo, a cargo del periodista especializado en ciencia Lucas Viano, Ruido admite que “existe la creencia instalada de que la mayoría de los incendios en el país tienen la intención directa de destruir ecosistemas naturales para sembrar cultivos, hacer ganadería o expandir las manchas urbanas”.
Y expone: “Un análisis de datos satelitales muestra una realidad más matizada: la mayor parte del territorio afectado por los incendios no cambia de uso, pero el fuego aparece a la vez como un factor visible en la reconversión de millones de hectáreas de entornos naturales hacia la actividad productiva”.
La investigación, basada en el análisis de dos décadas de imágenes satelitales, revela que tres millones de hectáreas que eran áreas con cobertura natural, tras ser alcanzadas por el fuego, se transformaron en tierras para uso rural productivo. Si bien son millones de hectáreas, sólo representan el 13,9% del total del área quemada analizada.
No obstante, especialistas consultados en el informe aseguran que las quemas funcionan como una herramienta para el manejo de los predios, complementaria al paso de topadoras o rolados. A su vez, la evidencia satelital muestra que algunos ecosistemas resisten determinados regímenes de fuego.
A nivel nacional, el estudio tomó como punto de partida la vegetación en 2003, analizó las 21,7 millones de hectáreas quemadas durante la década siguiente (2004–2014) y utilizó los datos de 2024 (el último año disponible) para establecer la comparación con el mapa actual.

Puesto en cifras
Las conclusiones a las que arriba la investigación precisa varios números:
- El 53,6% (11,6 millones de hectáreas quemadas) se mantuvo en el mismo estado de ecosistema natural tras los incendios.
- El 13,9% (3 millones de hectáreas) eran áreas con cobertura natural (bosques, arbustales, matorrales y pastizales) que se transformaron en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial. El análisis no registró transformaciones hacia áreas urbanizadas.
- El 9,6% (2 millones de hectáreas) se transformó en otro tipo de ecosistema natural, lo que potencialmente implica un deterioro de la biodiversidad por degradación, afectación de flora y fauna, e impactos en el agua, el paisaje y la regulación climática.
- El 13,1% de la superficie afectada ya eran áreas productivas antes de quemarse.
- El 9,9% restante correspondió a cambios o permanencias que el análisis satelital no pudo clasificar.
“El desfase temporal de 10 años (entre 2014 y 2024) responde al interés de evaluar trayectorias post-fuego de mediano y largo plazo, priorizando cambios de cobertura relativamente consolidados por sobre respuestas inmediatas o transitorias”, señaló en el trabajo el especialista cordobés Nicolás Mari, técnico del Inta y autor del análisis.
“El fuego funciona como un acelerador de las transformaciones. Porque donde hubo fuego, el cambio de uso de suelo de áreas naturales a áreas productivas se multiplica por tres”, apunta Mari en el trabajo.

Por provincias
En el período analizado, Santiago del Estero fue la provincia con más superficie con vegetación natural quemada que luego se transformó en suelos productivos (1,1 millones de hectáreas incendiadas entre 2004 y 2014 pasaron a ser campos con cultivos o ganadería en 2024)
En cantidad de hectáreas, aunque lejos, le siguen Salta (649 mil), Chaco (386 mil) y Formosa (206 mil)
Especialistas consultados marcan que en 2007 se registró un cambio, cuando se sancionó la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Un estudio del Inta determinó un incremento de al menos dos veces el número de incendios previo a la reglamentación de esa ley (entre 2009 y 2011), durante la etapa de transición que finalizó con la instrumentación legal en cada provincia.
“Hubo un impacto negativo en esos años la conservación de las superficies cubiertas por bosque nativo que fue contrario al objetivo de conservación enunciado por la ley”, señala el trabajo.
Mari explica para Ruido que el fuego es la herramienta más barata para eliminar cobertura vegetal y una práctica que se sostiene desde hace décadas. “Pero si la intención es establecer una actividad productiva a una escala empresarial, siempre van a utilizar maquinaria para hacer la transformación y el fuego es más una herramienta para manejar esos cambios”, apunta.

Córdoba en el mapa
Córdoba está atravesada por incendios todos los años. Si bien en el registro de 2004 a 2014 no presenta un porcentaje alto de superficie con cambio de uso de suelo tras el paso de fuego, para Mari es un ejemplo de cómo las llamas pueden impactar en los ecosistemas.
En el período analizado se quemaron en Córdoba 874 mil hectáreas y el 3,5% era vegetación natural que se transformó en suelos productivos, la mitad de la superficie se mantuvo con el mismo tipo de vegetación y un 13,7% se transformó en otro paisaje natural.
“Que no haya cambio no significa que no haya daño. El fuego siempre va a dejar un impacto. Una de esas consecuencias puede ser a nivel estructural: un bosque que se transforme en un arbustal; o funcional, con un bosque que tras el incendio siga siendo bosque pero ya no pueda albergar ciertas especies”, ejemplifica.
Esa degradación también afecta los servicios ecosistémicos, esto es, los beneficios para las personas como la retención del dióxido de carbono (el principal responsable del cambio climático) o la regulación hídrica (por impactos en ríos y arroyos).
“Otro problema que sucede en Córdoba tras el fuego es que hay un reemplazo de especies nativas por especies invasoras”, cita Mari para ese trabajo.
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“Los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”

Fecha de Publicación: 07/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico.
“Como dijo el lonko, los lugares que agarran son estratégicos, son lugares de altas cumbres que no se deben vender, como las orillas de los ríos. O sea: no están respetando ni eso”. Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, explicó de esta manera lo que ocurre en su territorio con la llegada de capitales extranjeros. El caso es conocido. El fideicomiso Amaike, de capitales emiratíes, la llevó a juicio por usurpación de 14 mil hectáreas en la zona cordillerana de las altas cumbres rionegrinas que la comunidad utiliza en el verano. Durante el juicio, en abril de 2026, un empresario argentino, expolista y accionista de la compañía, confesó, obligado por el juramento de decir verdad, que las tierras a su nombre las compró con plata que le donó el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
–Lo compró a través de una donación: ¿de quién recibió esa donación? –le preguntaron.
–Del gobierno de los Emiratos Árabes –dijo el expolista Hugo Barabucci.
–¿Recuerda el monto de la operación?
–Algo de dos millones de dólares.
Ante la inminente discusión de la Ley de Extranjerización de la Tierra, el nombre que las organizaciones territoriales le dieron al proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Patagonia Árabe, en Río Negro tiene otro significado.
“Los que ahora están comprando las tierras ya no son particulares, ni empresas, ni grupos de inversión: los que compran son directamente los Estados extranjeros”, dice Magdalena Odarda, diputada provincial por el bloque Vamos con Todos, exsenadora por Río Negro y autora de un proyecto de ley que busca retrotraer las adquisiciones del Estado emiratí. Las compras se hacen a través de empresas pantalla, fideicomisos amañados o “firmas interpuestas”, un procedimiento con el que buscan burlar la Ley de Tierras con muchas empresas integradas por personas con DNI argentino, que en realidad representan a otros Estados.
La participación de Estados extranjeros está prohibida en la ley actual y la restricción se mantiene en el proyecto que está en discusión en el Congreso. Sin embargo, esos capitales se abren espacio a través de sociedades asentadas en el país. Odarda está preparando un pedido de informes a la IGJ para pedir información sobre esas composiciones. Mientras tanto, el paisaje en su provincia está cambiando con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

¿Qué está pasando en Río Negro?
A lo largo de los últimos diez años, la provincia profundizó el proceso de reconfiguración de la propiedad de la tierra con la incorporación de capitales árabes, de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, por un total de unas 60 a 70 mil hectáreas ubicadas en zonas de altísimo valor estratégico y ambiental, como altas cumbres de frontera, bosques nativos y ojos de agua dulce.
El Estado qatarí posee unas 10.000 hectáreas en una explotación para esquí de alta montaña ultraexclusivo, vista a la cordillera y autonomía energética debido a la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas por el gobierno provincial con una concesión para 30 años, según la periodista Susana Lara, con amplia cobertura del tema.
Los qataríes están en una zona con otros vecinos. Las extensiones de tierra son linderas a los territorios de Joe Lewis y de las inversiones del Estado de Emiratos Árabes Unidos. El extenista Gastón Gaudio, amigo de Macri, hizo de nexo para la compra. El emir de Qatar, amigo de Macri, y quien le puso la capa a Lionel Messi en el Mundial de 2022, Tamim bin Hamad Al Thani, es cuñado del principal inversor en la Meseta Baguales: el jeque qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.
Emiratos Árabes Unidos acumula, en cambio, más de 50.000 hectáreas en tres zonas estratégicas, entre la cordillera y la costa. Una parte está en el alto Chubut, con un coto de caza y el espacio de la comunidad mapuche Cayunao; otra parte está en la costa del río Foyel y 30.000 en la costa atlántica, en la Bahía Dorada, con una pista privada de las dimensiones del aeropuerto de Bariloche y otras parcelas rurales. ¿A qué se dedica? Turismo de lujo con coto de caza mayor y con alojamiento temporario.

Las personas atrás de los inversores
Alrededor de los emprendimientos existe un grupo de empresas y acciones de personas con DNI argentino que, de a poco, van siendo transferidas íntegramente a emiratíes. Odarda tiene un listado de esas compañías: Fideicomiso Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A., Diuna Inmobiliaria. De ellas, dice, Manzil S.A. es el caso paradigmático: la composición accionaria pasó totalmente de dos ciudadanos argentinos a los dos emiratíes detrás de esta inversión, con un documento refrendado en el Boletín Oficial en 2022.
“Manzil SA hoy tiene la mayoría accionaria en el Fideicomiso AMAIKE”, reseña el proyecto de ley de la diputada Odarda. “Las tierras en el Cerro Carreras pasaron de contar como accionistas a dos argentinos que fueron finalmente reemplazados por los ciudadanos emiratíes Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, con el 0,3 % y 99,7 %, respectivamente. Ambos vinculados directamente con el Estado de Emiratos Árabes Unidos”.
Los dos ciudadanos emiratíes no son ciudadanos cualquiera. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri es un empresario de formación militar, general retirado tras 25 años de servicio en las Fuerzas Armadas, que preside el Consejo Nacional Federal, donde participan representantes de los siete emires del país. Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, el inversor más importante, es el hombre de confianza del propio emir de EAU, presidente y heredero, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
En febrero de 2026, el emir de Abu Dhabi y presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, pisó suelo patagónico en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche con familia y una gran comitiva de más de 200 personas. La presencia causó revuelo en la agenda local y nacional. Fotos. Publicaciones, imágenes de dentro y fuera del avión. Misterio. El emir se instaló en Las Marías.
“Bueno, sí –confía Odarda–: a esta altura me permito pensar que hay algo más que la compra de tierras, porque la fecha en la que vino a la Argentina coincidió con el ataque que hizo Irán sobre las instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes”.
Y dice: “Emiratos Árabes Unidos es un aliado tanto de Israel como de Estados Unidos. Y el hecho de que este señor venga aquí, a la zona, con una comitiva de 200 personas, le hace pensar a uno que piensan en Argentina como refugio: están armando una suerte de refugio antibombardeos aéreos o antinuclear, tal vez como el que se construyó en el campo que está pegado”.

¿Por qué estas tierras?
El Observatorio de Tierras es una organización creada por científicos del Conicet y la UBA para mapear los datos de tierras transferidas a capitales extranjeros en el país. La primera versión del Mapa de Extranjerización de la Tierra salió publicada en diciembre de 2025. Según esos datos, 5 por ciento del territorio argentino está en manos de capital extranjero, un equivalente a 13,2 millones de hectáreas. El dato más relevante, sin embargo, no es ese. Según el Observatorio, lo más relevante son las zonas estratégicas transferidas.
Actualmente, la Ley N° 26.737 de 2011, en vigencia y conocida como de la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, permite vender hasta un 15 % a extranjeros. En algunos lugares, sin embargo, el límite está excedido. Esos lugares coinciden con lugares estratégicos de alto valor ambiental, como las cordilleras y las zonas de influencia de la principal ruta navegable del país en el río Paraná.
La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.
Pablo Volkind, del Observatorio de Tierras, sin embargo, se pregunta por qué quieren cambiar la Ley de Tierras si todavía gran parte del país no superó el límite del 15 por ciento que exige la ley actual. Además de las 13,3 millones de hectáreas transferidas, dice, podrían extranjerizar todavía 26 millones de hectáreas más: dos provincias de Santa Fe completas.
“Entonces, ¿por qué tienen que eliminar esta ley? Como la ley regula no solo a escala nacional, sino provincial y departamental, en las zonas estratégicas sí está frenado el límite porque superan el 15 por ciento o llegan al 50. Es decir, ya no se puede vender más tierra”.
Río Negro está subrepresentada en ese mapa. Hay una enorme participación de otros capitales en otros puntos del país; en primer lugar están los Estados Unidos, pero los capitales del Golfo no están contabilizados. Aun así, ya en el año 2017 Bariloche tenía 21,53 % de tierra extranjera, por lo que la provincia dictó un decreto, el 1154/17, que restringía a 100 hectáreas el límite para comprar nuevos terrenos.

¿Cómo se llegó hasta acá?
“En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales, muchos inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país y la provincia de Río Negro no fue ajena a ese proceso”, explicó la diputada en su proyecto de ley.
El proceso se inició en los ’90 con la transferencia de tierras fiscales vendidas a precio vil. En aquel momento, la Provincia autorizó, apañó y hasta promovió la venta de tierra estratégica, “trampeando normas y denostando salvajemente a antiguos pobladores. Es así como empresas, organizaciones, multimillonarios o particulares compraron a precios irrisorios tierras fiscales, concentrando la tenencia en las áreas de la meseta, la costa atlántica y la cordillera”, dice ella.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proceso se profundizó con el decreto 820/2016, clave para la zona y el desembarco de los capitales árabes porque flexibilizó el contenido, los límites y el alcance de la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, permitió elevar el porcentaje para que una sociedad sea considerada extranjera: pasó del 25 % al 51 % de las acciones.
Diez años después del decreto que le abrió las puertas a esos desembarcos, la provincia muestra cambios radicales en el paisaje, con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

Volver
Soledad Cayunao, en aquel juicio, iba describiendo lo que sucede en el lugar a medida que respondía preguntas de sus abogados.
“La laguna para nosotros no es una simple laguna, sino que son lugares de fuerza donde solemos hacer ceremonias, son lugares fundamentales para nuestra forma de vida. Pero las cosas cambiaron”, explicó. Y dijo: “Pescar ahora está prohibido –dijo–. La gente anda armada, tienen puestos de vigilancia, quieren arrasar con todos los lugares de la cordillera”.
Orlando Carriqueo es vocero (werken), referente mapuche, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, defensor de derechos humanos. “Por todo eso es muy importante la historia”, dice. Los mapas antes no tenían los nombres de las provincias patagónicas: debajo de cierto punto se definían como territorios indígenas. Ante la discusión que se viene en el Congreso y ante lo que ocurre en su provincia, Carriqueo vuelve a subrayar esa historia larga.
“Nosotros hoy tenemos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el despojo territorial, porque lo que está en juego es la discusión por la tierra. Justamente antes lo que no estaba era esa discusión: esa tierra era nuestra, de los pueblos indígenas. Entonces, nunca van a tener seguridad jurídica porque lo que posiblemente cambie es el derecho indígena de la tierra. Y no hay seguridad jurídica si no contemplan el derecho indígena”.
La nueva ley elimina ejes clave del control de la tierra rural para, dice el Observatorio de Tierras, profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero: “Lo que está en juego no son normas aisladas –dice–, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”. Un listado de los cambios centrales permite verlo de cerca.

¿Qué cambia con la nueva ley?
* Elimina el tope 15% a tierras extranjeras en las tres escalas: nacional, provincial y departamental;
* Elimina el cupo por nacionalidad, hoy de 30%;
* Elimina el límite máximo de superficie por región, hoy de 1.000 ha en la zona pampeana;
* Habilita adquirir nacientes y “ojos de agua” prohibida hoy para extranjeros o “personas interpuestas”;
* Deroga la protección en zonas de frontera, que viene de un decreto-ley histórico de 1944.
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