Endosulfán: agrotóxico con poco futuro
09:18 | 
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Un agrotóxico con poco futuro
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en el Congreso, diversos sectores pidieron la prohibición del endosulfán, el insecticida más usado en Argentina y prohibido ya en 74 países. El próximo mes se decide su suerte a nivel internacional.
El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.
El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.
Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.
Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.
La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.
La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.
El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.
Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en el Congreso, diversos sectores pidieron la prohibición del endosulfán, el insecticida más usado en Argentina y prohibido ya en 74 países. El próximo mes se decide su suerte a nivel internacional.
El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.
El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.
Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.
Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.
La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.
La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.
El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.
Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.
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En persona, los jueces revisarán el Riachuelo
En persona, los jueces de la Corte revisarán el Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Los jueces de la Corte Suprema avanzaron ayer en la idea de realizar una “inspección judicial” a diversos puntos de la cuenca Matanza–Riachuelo, en el marco del proceso de saneamiento que impulsa el tribunal.
En el plenario realizado ayer, si bien no firmaron una resolución al respecto, decidieron que los jueces van a ir personalmente a las zonas críticas para ver, en el propio terreno, la marcha del proceso de saneamiento.
Al mismo tiempo, según fuentes del tribunal, los jueces avanzaron ayer en la definición de un cuestionario específico a partir del cual van a pedir precisiones sobre lo realizado hasta el momento. El pasado 16 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia pública pero no quedó conforme con los informes obtenidos.
Voceros de la Corte sostuvieron ayer que el problema del saneamiento es “un tema complejo, donde hay cinco millones de personas afectadas, y se están produciendo algunos avances, aunque muy lentamente”.
“Hay que sacar el tema del contexto político electoral de este año, y ver por qué hay problemas de coordinación en la implementación del plan de saneamiento. La función de la Corte es impulsar y controlar este proceso”, señalaron en el tribunal.
Cuando en 2006 la Corte Suprema decidió hacerse cargo de una parte del reclamo judicial de los vecinos de la cuenca, el que planteaba la existencia de daño ambiental colectivo, puso en marcha una serie de medidas que formaron parte del plan integral de saneamiento. A mediados de 2008, en un fallo inédito, la Corte no sólo ordenó a los tres Estados que comparten el conflicto (Nación, Ciudad y Provincia) la puesta en marcha del plan sino que estableció una serie de sanciones que, en caso de incumplimiento, recaerían en forma de multa sobre la entonces titular de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo), Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente.
Dos años después, en agosto de 2010, la Corte volvió a firmar una extensa resolución en la que ordenó apurar las tareas de limpieza y multar a los funcionarios públicos responsables que no cumplieran con las obligaciones encomendadas.
En la última audiencia pública, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, reconoció que “todos los plazos están vencidos y hay muchas demoras en los programas o ítems que fijó la Corte Suprema”. En el tribunal estimaron ayer que esos plazos podrían ser prorrogados.
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Los jueces de la Corte Suprema avanzaron ayer en la idea de realizar una “inspección judicial” a diversos puntos de la cuenca Matanza–Riachuelo, en el marco del proceso de saneamiento que impulsa el tribunal.
En el plenario realizado ayer, si bien no firmaron una resolución al respecto, decidieron que los jueces van a ir personalmente a las zonas críticas para ver, en el propio terreno, la marcha del proceso de saneamiento.
Al mismo tiempo, según fuentes del tribunal, los jueces avanzaron ayer en la definición de un cuestionario específico a partir del cual van a pedir precisiones sobre lo realizado hasta el momento. El pasado 16 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia pública pero no quedó conforme con los informes obtenidos.
Voceros de la Corte sostuvieron ayer que el problema del saneamiento es “un tema complejo, donde hay cinco millones de personas afectadas, y se están produciendo algunos avances, aunque muy lentamente”.
“Hay que sacar el tema del contexto político electoral de este año, y ver por qué hay problemas de coordinación en la implementación del plan de saneamiento. La función de la Corte es impulsar y controlar este proceso”, señalaron en el tribunal.
Cuando en 2006 la Corte Suprema decidió hacerse cargo de una parte del reclamo judicial de los vecinos de la cuenca, el que planteaba la existencia de daño ambiental colectivo, puso en marcha una serie de medidas que formaron parte del plan integral de saneamiento. A mediados de 2008, en un fallo inédito, la Corte no sólo ordenó a los tres Estados que comparten el conflicto (Nación, Ciudad y Provincia) la puesta en marcha del plan sino que estableció una serie de sanciones que, en caso de incumplimiento, recaerían en forma de multa sobre la entonces titular de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo), Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente.
Dos años después, en agosto de 2010, la Corte volvió a firmar una extensa resolución en la que ordenó apurar las tareas de limpieza y multar a los funcionarios públicos responsables que no cumplieran con las obligaciones encomendadas.
En la última audiencia pública, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, reconoció que “todos los plazos están vencidos y hay muchas demoras en los programas o ítems que fijó la Corte Suprema”. En el tribunal estimaron ayer que esos plazos podrían ser prorrogados.
Riachuelo: prohíben su navegación
Riachuelo: prohíben su navegación
Fecha de Publicación: 29/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Justicia declaró ayer zona crítica de protección especial a la cuenca Matanza-Riachuelo y los arroyos que en ella confluyen, además de disponer el desalojo inmediato de todas las obstrucciones que invaden la traza costera, denominada "camino de sirga", donde se han establecido asentamientos precarios de viviendas.
La resolución del juez federal Luis Armella, de Quilmes, se conoció tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el organismo que agrupa a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, que tienen jurisdicción sobre el curso de agua.
En su dictamen, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), Armella dijo que la aplicación de la suspensión preventiva de la navegación comercial en el Riachuelo estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Armella, además, requirió a los ministerios de Seguridad nacional, porteño y bonaerense que en forma inmediata realizaran recorridas periódicas sobre toda la traza costera de la cuenca y retiraran "a todo aquel que, en infracción a lo aquí ordenado, se encuentre invadiendo el área de protección apuntada".
La Acumar, en tanto, deberá identificar todos los bienes como flora y fauna autóctonas, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, que deban preservarse.
Fecha de Publicación: 29/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Justicia declaró ayer zona crítica de protección especial a la cuenca Matanza-Riachuelo y los arroyos que en ella confluyen, además de disponer el desalojo inmediato de todas las obstrucciones que invaden la traza costera, denominada "camino de sirga", donde se han establecido asentamientos precarios de viviendas.
La resolución del juez federal Luis Armella, de Quilmes, se conoció tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el organismo que agrupa a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, que tienen jurisdicción sobre el curso de agua.
En su dictamen, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), Armella dijo que la aplicación de la suspensión preventiva de la navegación comercial en el Riachuelo estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Armella, además, requirió a los ministerios de Seguridad nacional, porteño y bonaerense que en forma inmediata realizaran recorridas periódicas sobre toda la traza costera de la cuenca y retiraran "a todo aquel que, en infracción a lo aquí ordenado, se encuentre invadiendo el área de protección apuntada".
La Acumar, en tanto, deberá identificar todos los bienes como flora y fauna autóctonas, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, que deban preservarse.
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Un acuerdo sobre la energía nuclear
Un acuerdo sobre la energía nuclear
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
Las tierras de los wichís
Las tierras de los wichís
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Bosque nativo: pilar del desarrollo sustentable
Preservar el bosque nativo, pilar del desarrollo sustentable
Fecha de Publicación: 26/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Silvia A. Révora
Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La celebración del Día Mundial de los Bosques Nativos, el 21 de marzo último, da lugar a reflexionar acerca de esta problemática. Los bosques están en retroceso a nivel mundial debido, fundamentalmente, al avance de la frontera agropecuaria y a las actividades extractivas e industriales. Nuestro país no es la excepción. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que su superficie asciende a 33.190.442 hectáreas, y que se perdieron más de dos tercios en casi un siglo, dado que en 1914 se calculaban 106 millones de hectáreas cubiertas por masas forestales nativas.
La ciudadanía en general tiene una visión romántica del bosque nativo. En el imaginario colectivo se asocia con la belleza de los bosques del sur patagónico o con la selva misionera o El Impenetrable chaqueño, habitado por una fauna que en general desconocemos.
Pero los bosques nativos cumplen en la biosfera funciones esenciales en la preservación de la vida: protegen las cuencas, retienen el agua, regulan el clima, fijan y conservan los suelos, son sistemas de alta diversidad biológica, brindan productos madereros y no madereros (como miel, frutos, flores, esencias, semillas), son fuente de materias primas de la industria farmacéutica y constituyen el hábitat de nuestros pueblos aborígenes y campesinos.
Su deforestación y degradación generan serios problemas ambientales con un fuerte impacto social. Recordemos el caso de Tartagal, Salta, donde la deforestación de la alta cuenca provocó un alud que generó muertes, arrasó con viviendas, caminos y puentes, con la consabida erosión y pérdida del suelo.
La Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, votada por el Congreso de la Nación, establece por primera vez en 200 años de nuestra historia una política nacional de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como autoridad de aplicación, ha iniciado a través de mecanismos de concertación con las provincias un proceso de fortalecimiento conjunto a fin de lograr la efectiva implementación de esta ley.
Es así que, hasta la fecha, se han desarrollado acciones impulsadas desde el gobierno nacional, que demuestran la voluntad política de profundizar y materializar el espíritu de la norma.
En 2009, la SAyDS asignó recursos para apoyar proyectos experimentales, financiando en todo el país ciento once planes trienales de manejo y conservación de bosques nativos por un monto de 101.139.619 pesos. De esta cifra, ya se han transferido a las provincias ejecutoras 42.925.138 pesos.
Asimismo, se ha asistido a las provincias con la suma de 3.403.013 pesos para la realización del Ordenamiento Territorial, pues aquellas que no lo han realizado por ley no pueden solicitar fondos para proyectos específicos de preservación y manejo. En síntesis, durante el período 2009/2010, el Estado nacional pagó o pagará a las provincias 143.895.877 pesos, debido a que los fondos transferidos deben ser rendidos para que se efectivicen nuevas transferencias.
El 30 de marzo nos reuniremos con las provincias para realizar la distribución de 300 millones de pesos del año 2011.
De esta suma, le corresponden a esta Subsecretaría 20 millones de pesos para su fortalecimiento institucional. No obstante, se ha decidido reasignar este monto a las 23 provincias para que parte de estos recursos sean destinados a proyectos dirigidos a los campesinos y aborígenes que habitan el bosque nativo.
Se ha decidido crear un Observatorio de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley a fin que universidades, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales colaboren con la Secretaría en la defensa y conservación del patrimonio forestal nativo.
Cabe señalar que esta política de Estado se inscribe en una estrategia nacional de desarrollo sustentable con equidad social.
Fecha de Publicación: 26/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Silvia A. Révora
Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La celebración del Día Mundial de los Bosques Nativos, el 21 de marzo último, da lugar a reflexionar acerca de esta problemática. Los bosques están en retroceso a nivel mundial debido, fundamentalmente, al avance de la frontera agropecuaria y a las actividades extractivas e industriales. Nuestro país no es la excepción. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que su superficie asciende a 33.190.442 hectáreas, y que se perdieron más de dos tercios en casi un siglo, dado que en 1914 se calculaban 106 millones de hectáreas cubiertas por masas forestales nativas.
La ciudadanía en general tiene una visión romántica del bosque nativo. En el imaginario colectivo se asocia con la belleza de los bosques del sur patagónico o con la selva misionera o El Impenetrable chaqueño, habitado por una fauna que en general desconocemos.
Pero los bosques nativos cumplen en la biosfera funciones esenciales en la preservación de la vida: protegen las cuencas, retienen el agua, regulan el clima, fijan y conservan los suelos, son sistemas de alta diversidad biológica, brindan productos madereros y no madereros (como miel, frutos, flores, esencias, semillas), son fuente de materias primas de la industria farmacéutica y constituyen el hábitat de nuestros pueblos aborígenes y campesinos.
Su deforestación y degradación generan serios problemas ambientales con un fuerte impacto social. Recordemos el caso de Tartagal, Salta, donde la deforestación de la alta cuenca provocó un alud que generó muertes, arrasó con viviendas, caminos y puentes, con la consabida erosión y pérdida del suelo.
La Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, votada por el Congreso de la Nación, establece por primera vez en 200 años de nuestra historia una política nacional de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como autoridad de aplicación, ha iniciado a través de mecanismos de concertación con las provincias un proceso de fortalecimiento conjunto a fin de lograr la efectiva implementación de esta ley.
Es así que, hasta la fecha, se han desarrollado acciones impulsadas desde el gobierno nacional, que demuestran la voluntad política de profundizar y materializar el espíritu de la norma.
En 2009, la SAyDS asignó recursos para apoyar proyectos experimentales, financiando en todo el país ciento once planes trienales de manejo y conservación de bosques nativos por un monto de 101.139.619 pesos. De esta cifra, ya se han transferido a las provincias ejecutoras 42.925.138 pesos.
Asimismo, se ha asistido a las provincias con la suma de 3.403.013 pesos para la realización del Ordenamiento Territorial, pues aquellas que no lo han realizado por ley no pueden solicitar fondos para proyectos específicos de preservación y manejo. En síntesis, durante el período 2009/2010, el Estado nacional pagó o pagará a las provincias 143.895.877 pesos, debido a que los fondos transferidos deben ser rendidos para que se efectivicen nuevas transferencias.
El 30 de marzo nos reuniremos con las provincias para realizar la distribución de 300 millones de pesos del año 2011.
De esta suma, le corresponden a esta Subsecretaría 20 millones de pesos para su fortalecimiento institucional. No obstante, se ha decidido reasignar este monto a las 23 provincias para que parte de estos recursos sean destinados a proyectos dirigidos a los campesinos y aborígenes que habitan el bosque nativo.
Se ha decidido crear un Observatorio de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley a fin que universidades, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales colaboren con la Secretaría en la defensa y conservación del patrimonio forestal nativo.
Cabe señalar que esta política de Estado se inscribe en una estrategia nacional de desarrollo sustentable con equidad social.
Riachuelo y la Corte contra la pasividad
Riachuelo y la Corte contra la pasividad
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La limpieza del Riachuelo se ha convertido en un caso testigo de la capacidad que tiene la Justicia para movilizar a los restantes poderes de la República a fin de concretar derechos constitucionales.
El papel activo asumido por la Corte Suprema en la causa promovida por vecinos afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo es la señal más evidente de un cambio judicial enriquecedor para las instituciones y la sociedad. Este compromiso de los magistrados con las directrices constitucionales ha permitido desplegar un espacio legítimo para incidir en cuestiones postergadas por los restantes poderes, a pesar de los imperativos legales y la existencia de padecimientos sociales. El caso emblemático de esta posición se ha dado en materia ambiental.
Pero este compromiso positivo ha chocado con la inercia, desidia e ineptitud de los cuerpos ejecutivos, obligados a realizar las tareas. Esto ha quedado en evidencia en la audiencia realizada días atrás, en la cual la Corte buscaba recibir información sobre los avances de las tareas de saneamiento del Riachuelo, pero las imprecisiones y vaguedades de los expositores obligaron a los jueces a convocar a una nueva audiencia, en la cual se deberán responder cuestiones concretas, como las razones del aumento de basurales a cielo abierto en la zona, los niveles actuales de contaminación en aire y agua, los plazos para la relocalización de las población de las villas de emergencia y, entre otros temas, la utilización de los créditos obtenidos.
Ya han pasado más de dos años, desde que en 2008 la Corte ordenó a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a concretar el saneamiento. En agosto de 2010, nuestro Máximo Tribunal intimó la realización de las tareas, responsabilizando a los funcionarios por los incumplimientos. Ahora, nuevamente los avances son mínimos, las demoras son enormes y, además, la Auditoría General de la Nación se ha visto impedida de auditar el plan de saneamiento. Es de esperar que la firmeza de la Corte logre que las obras se dinamicen.
La Corte asumió un rol activo en materia de derechos constitucionales, como se refleja en el caso del Riachuelo. Pero debe revertir la pasividad de los encargados de ejecutar las obras.
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La limpieza del Riachuelo se ha convertido en un caso testigo de la capacidad que tiene la Justicia para movilizar a los restantes poderes de la República a fin de concretar derechos constitucionales.
El papel activo asumido por la Corte Suprema en la causa promovida por vecinos afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo es la señal más evidente de un cambio judicial enriquecedor para las instituciones y la sociedad. Este compromiso de los magistrados con las directrices constitucionales ha permitido desplegar un espacio legítimo para incidir en cuestiones postergadas por los restantes poderes, a pesar de los imperativos legales y la existencia de padecimientos sociales. El caso emblemático de esta posición se ha dado en materia ambiental.
Pero este compromiso positivo ha chocado con la inercia, desidia e ineptitud de los cuerpos ejecutivos, obligados a realizar las tareas. Esto ha quedado en evidencia en la audiencia realizada días atrás, en la cual la Corte buscaba recibir información sobre los avances de las tareas de saneamiento del Riachuelo, pero las imprecisiones y vaguedades de los expositores obligaron a los jueces a convocar a una nueva audiencia, en la cual se deberán responder cuestiones concretas, como las razones del aumento de basurales a cielo abierto en la zona, los niveles actuales de contaminación en aire y agua, los plazos para la relocalización de las población de las villas de emergencia y, entre otros temas, la utilización de los créditos obtenidos.
Ya han pasado más de dos años, desde que en 2008 la Corte ordenó a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a concretar el saneamiento. En agosto de 2010, nuestro Máximo Tribunal intimó la realización de las tareas, responsabilizando a los funcionarios por los incumplimientos. Ahora, nuevamente los avances son mínimos, las demoras son enormes y, además, la Auditoría General de la Nación se ha visto impedida de auditar el plan de saneamiento. Es de esperar que la firmeza de la Corte logre que las obras se dinamicen.
La Corte asumió un rol activo en materia de derechos constitucionales, como se refleja en el caso del Riachuelo. Pero debe revertir la pasividad de los encargados de ejecutar las obras.
Aumentó en un 24% las áreas protegidas
Parques Nacionales aumentó en un 24% las áreas protegidas
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Desde 2003, la Administración de Parques Nacionales (APN), incorporó 900.000 hectáreas de superficie protegida, que se sumaron a las 3.100.000 hectáreas que había hasta entonces. El presupuesto se incrementó en un 700 por ciento.
“Teníamos un sistema de áreas protegidas que representaba el 1 por ciento de la superficie total del país. Hoy hemos incrementado eso en un 24 por ciento, es decir, a las 3.100.000 hectáreas que teníamos les incorporamos otras 900.000. Es un gran avance, aunque todavía no es suficiente”, dijo la titular de la Administración de Parques Nacionales (APN), Patricia Gandini.
Esto no podría haber sido posible sin un incremento en el presupuesto de la institución, que pasó de 30 millones de pesos a los 220 millones actuales.
“Cuando empezamos la gestión en 2003 teníamos un magro presupuesto de 30 millones de pesos, y el año pasado ya teníamos 220 millones, o sea, un incremento de casi el 700 por ciento, lo que demuestra una clara política de tratar de mejorar el sistema de áreas protegidas”, precisó la funcionaria.
Entre las áreas incorporadas en estos 8 años, destacan los Parques Marinos, una nueva iniciativa que llegó de la mano de la primera Presidenta mujer de la institución, una especialista en biología marina que dedicó gran parte de su vida a estudiar la vida en los océanos.
“Nos fuimos al agua. Fue un salto importante porque se cambia una tradición que era un parque siempre mirando a la tierra. Por primera vez se mira al mar en otra figura jurídica interesante, que es crear los parques de manera interjurisdiccional. Esto quiere decir que la provincia no pierde el manejo completo del recurso, pero si o si tiene que consultarlo con parques”, destacó.
En tal sentido, se empezó por Chubut, con la creación de Parque Marino Costero, y se siguió con otros dos y otro tercero, que todavía es un convenio que no está escrita la ley; el Parque Nacional Isla Pingüino, en Santa Cruz, “una zona muy interesante que muestra la voluntad de la provincia de manejar muy bien sus recursos naturales”, precisó Gandini.
Otras áreas incorporadas fueron el Parque Nacional Campos del Tuyú, el primero en territorio bonaerense, y que tiene la particularidad de haber sido la primera sesión de tierra que hace la provincia de Buenos Aires desde la creación de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el monumento natural Bosque Petrificado, ubicado en colonia Sarmiento de la provincia Chubut, dejó de ser monumento y tiene un área de parque natural alrededor, y asimismo, aumentó la superficie del Parque Lihue Calel, en la provincia de La Pampa, entre otros.
“Otro ejemplo de este incremento se dio con respecto a terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, que cuando era ministra Nilda Garré, se pudo firmar una serie de acuerdos para identificar las áreas que eran de interés para la conservación”, explicó la titular de la APN.
En tal sentido, se creó lo que se denominaron: las Reservas Naturales para la Defensa, y que según destacó la funcionaria, permitió crear, por ejemplo, el corredor biológico Puerto Península en Iguazú, que conecta dos “parches” que existían en el seno del Parque Nacional de Iguazú. También Mar Chiquita y La Calera, en Córdoba, se incorporaron por esa modalidad.
“Se creó una comisión de manejo conjunto con el Ministerio de Defensa, y las fuerzas realizan actividades que están consensuadas con parques que pone el personal para el monitoreo y la vigilancia, es decir, no hace falta ser el dueño para poder controlarlo, sino que nos aliamos con organismos del estado para poder custodiar esa tierra”, destacó Gandini.
A futuro, está prevista la creación del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco, que va a tener unas 200.000 hectáreas. “Una parte va a ser propia del Parque, con dominio y jurisdicción, y otra que también va a pertenecer al sistema nacional que va a ser una especie de mezcla con la provincia”, concluyó Gandini.
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Desde 2003, la Administración de Parques Nacionales (APN), incorporó 900.000 hectáreas de superficie protegida, que se sumaron a las 3.100.000 hectáreas que había hasta entonces. El presupuesto se incrementó en un 700 por ciento.
“Teníamos un sistema de áreas protegidas que representaba el 1 por ciento de la superficie total del país. Hoy hemos incrementado eso en un 24 por ciento, es decir, a las 3.100.000 hectáreas que teníamos les incorporamos otras 900.000. Es un gran avance, aunque todavía no es suficiente”, dijo la titular de la Administración de Parques Nacionales (APN), Patricia Gandini.
Esto no podría haber sido posible sin un incremento en el presupuesto de la institución, que pasó de 30 millones de pesos a los 220 millones actuales.
“Cuando empezamos la gestión en 2003 teníamos un magro presupuesto de 30 millones de pesos, y el año pasado ya teníamos 220 millones, o sea, un incremento de casi el 700 por ciento, lo que demuestra una clara política de tratar de mejorar el sistema de áreas protegidas”, precisó la funcionaria.
Entre las áreas incorporadas en estos 8 años, destacan los Parques Marinos, una nueva iniciativa que llegó de la mano de la primera Presidenta mujer de la institución, una especialista en biología marina que dedicó gran parte de su vida a estudiar la vida en los océanos.
“Nos fuimos al agua. Fue un salto importante porque se cambia una tradición que era un parque siempre mirando a la tierra. Por primera vez se mira al mar en otra figura jurídica interesante, que es crear los parques de manera interjurisdiccional. Esto quiere decir que la provincia no pierde el manejo completo del recurso, pero si o si tiene que consultarlo con parques”, destacó.
En tal sentido, se empezó por Chubut, con la creación de Parque Marino Costero, y se siguió con otros dos y otro tercero, que todavía es un convenio que no está escrita la ley; el Parque Nacional Isla Pingüino, en Santa Cruz, “una zona muy interesante que muestra la voluntad de la provincia de manejar muy bien sus recursos naturales”, precisó Gandini.
Otras áreas incorporadas fueron el Parque Nacional Campos del Tuyú, el primero en territorio bonaerense, y que tiene la particularidad de haber sido la primera sesión de tierra que hace la provincia de Buenos Aires desde la creación de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el monumento natural Bosque Petrificado, ubicado en colonia Sarmiento de la provincia Chubut, dejó de ser monumento y tiene un área de parque natural alrededor, y asimismo, aumentó la superficie del Parque Lihue Calel, en la provincia de La Pampa, entre otros.
“Otro ejemplo de este incremento se dio con respecto a terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa, que cuando era ministra Nilda Garré, se pudo firmar una serie de acuerdos para identificar las áreas que eran de interés para la conservación”, explicó la titular de la APN.
En tal sentido, se creó lo que se denominaron: las Reservas Naturales para la Defensa, y que según destacó la funcionaria, permitió crear, por ejemplo, el corredor biológico Puerto Península en Iguazú, que conecta dos “parches” que existían en el seno del Parque Nacional de Iguazú. También Mar Chiquita y La Calera, en Córdoba, se incorporaron por esa modalidad.
“Se creó una comisión de manejo conjunto con el Ministerio de Defensa, y las fuerzas realizan actividades que están consensuadas con parques que pone el personal para el monitoreo y la vigilancia, es decir, no hace falta ser el dueño para poder controlarlo, sino que nos aliamos con organismos del estado para poder custodiar esa tierra”, destacó Gandini.
A futuro, está prevista la creación del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco, que va a tener unas 200.000 hectáreas. “Una parte va a ser propia del Parque, con dominio y jurisdicción, y otra que también va a pertenecer al sistema nacional que va a ser una especie de mezcla con la provincia”, concluyó Gandini.
Eduardo Galeano y la minería contaminante
Eduardo Galeano en Mendoza y la minería contaminante
Fecha de Publicación: 24/03/2011
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza
El célebre escritor uruguayo visitó la provincia y dejó sus conceptos, su talento y también su postura respecto de la minería contaminante. Aquí, la foto habla por sí misma.
El famoso escritor uruguayo estuvo en Mendoza y recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.
También brindó notas, firmó libros y dio una charla. En todas las ocasiones, estuvo rodeado del amor de los mendocinos por él y su literatura.
Fiel a su compromiso de toda la vida, no dejó pasar la ocasión para dejar ver que se opone a los proyectos megamineros y que hacen peligrar el ambiente.
La fotografía así lo prueba.
Fecha de Publicación: 24/03/2011
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza
El célebre escritor uruguayo visitó la provincia y dejó sus conceptos, su talento y también su postura respecto de la minería contaminante. Aquí, la foto habla por sí misma.
El famoso escritor uruguayo estuvo en Mendoza y recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.
También brindó notas, firmó libros y dio una charla. En todas las ocasiones, estuvo rodeado del amor de los mendocinos por él y su literatura.
Fiel a su compromiso de toda la vida, no dejó pasar la ocasión para dejar ver que se opone a los proyectos megamineros y que hacen peligrar el ambiente.
La fotografía así lo prueba.
Se creó el Registro de Anomalías Congénitas
Por los agroquímicos, se creó un Registro de Anomalías Congénitas
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Funciona desde el año pasado, recabando datos sobre más de 100 mil nacimientos anuales en 31 hospitales públicos de todo el país. Procura trazar un mapa de esas patologías, asociadas, entre otras causas, a contaminantes ambientales.
En medio de crecientes denuncias por nacimientos con malformaciones vinculadas a la inhalación de agrotóxicos, el Ministerio de Salud de la Nación decidió responder a la problemática con la creación de un Registro Nacional Anomalías Congénitas (RENAC), para prevenir esas patologías y disminuir la morbimortalidad infantil. El RENAC forma parte del Programa Red Nacional de Genética Médica –creado en octubre de 2008– y cuenta en la actualidad con información de 31 hospitales públicos del Noroeste, Noreste, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, abarcando así 111.300 nacimientos anuales, es decir, el 27% de los 417 mil partos del sector público. El objetivo para este año es extenderse primero a los 100 hospitales públicos del país con más de 1000 nacimientos y posteriormente a las clínicas privadas, para tener un mapa completo de las anomalías a nivel nacional.
Si bien desde el RENAC argumentan que la visibilidad de los casos vinculados a inhalación de agrotóxicos no fue determinante para su creación, en los documentos del programa se menciona explícitamente “la preocupación por conocer la distribución geográfica y temporal de las frecuencias de anomalías congénitas, en función de presuntas alarmas vinculadas con contaminantes ambientales”.
“Hace tiempo que consideramos necesario tener un registro para conocer la prevalencia de estas anomalías y evaluar el impacto de cuestiones como la fortificación de alimentos con ácido fólico, las campañas de vacunación contra la rubeola y el impacto de ciertos medicamentos. También está el tema de los agrotóxicos. Para saber qué pasa, necesitamos datos. Nos preocupa el tema del glifosato, porque hay referencias y estudios experimentales, pero la realidad es que todavía se desconoce si existe una asociación”, explicó uno de los coordinadores del RENAC, el doctor Pablo Barbero.
Entre esos estudios experimentales sobre glifosato figura el del doctor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del CONICET. La revista estadounidense Chemical Research in Toxicology publicó el año pasado un informe suyo que confirma que el químico estrella del agronegocio tiene acción sobre el ácido retinoico, provocando malformaciones en embriones de vertebrados, una conclusión aplicable a la especie humana.
“Contar casos es un primer paso, lo importante es que no saquen conclusiones apresuradas o que se hagan estos estudios con el fin de corroborar una hipótesis previa. Puesto así, el registro parece más una salida a ciertos compromisos. Hay que hacer un verdadero estudio epidemiológico: tomar una población y ver cuántos casos había en un período y en otro”, advirtió Carrasco a Tiempo Argentino.
Uno de los pocos estudios epidemiológicos oficiales se realizó en Chaco y sus conclusiones no fueron reconocidas luego por las autoridades provinciales. Allí se determinaba que los casos de malformaciones congénitas habían crecido un 400% y, en algunas localidades como La Leonesa, las patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, lo habían hecho en un 300% entre los períodos 1990-1999 y 2000-2009.
Para despejar estas desconfianzas, la doctora Rosa Liascovich, también coordinadora del RENAC, explicó que el registro es sólo el primer paso y que permitirá tener información sobre frecuencias y áreas de influencia para que, en el futuro, se puedan realizar estudios específicos en algunas zonas. Prefirió no divulgar datos aún, pero adelantó que no se hallan hasta el momento demasiadas variaciones: “Son las cifras históricas y se corresponden con las referencias internacionales, entre el 1 y el 2% de casos de malformaciones graves, es decir, aquellas que comprometen la salud del paciente”, explicó Liascovich, quien estimó que el primer reporte estará disponible para octubre de este año.
“Es buena la medida. Pero deben dar participación a los equipos médicos en contacto con las poblaciones afectadas. En Córdoba, tenemos estudios que muestran cómo estas patologías pasaron de un 1,5% al 4,7% en 30 años”, explicó el neonatólogo Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados, quien caracterizó a las pulverizaciones con glifosato como “una verdadera guerra química”.
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: El Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Funciona desde el año pasado, recabando datos sobre más de 100 mil nacimientos anuales en 31 hospitales públicos de todo el país. Procura trazar un mapa de esas patologías, asociadas, entre otras causas, a contaminantes ambientales.
En medio de crecientes denuncias por nacimientos con malformaciones vinculadas a la inhalación de agrotóxicos, el Ministerio de Salud de la Nación decidió responder a la problemática con la creación de un Registro Nacional Anomalías Congénitas (RENAC), para prevenir esas patologías y disminuir la morbimortalidad infantil. El RENAC forma parte del Programa Red Nacional de Genética Médica –creado en octubre de 2008– y cuenta en la actualidad con información de 31 hospitales públicos del Noroeste, Noreste, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, abarcando así 111.300 nacimientos anuales, es decir, el 27% de los 417 mil partos del sector público. El objetivo para este año es extenderse primero a los 100 hospitales públicos del país con más de 1000 nacimientos y posteriormente a las clínicas privadas, para tener un mapa completo de las anomalías a nivel nacional.
Si bien desde el RENAC argumentan que la visibilidad de los casos vinculados a inhalación de agrotóxicos no fue determinante para su creación, en los documentos del programa se menciona explícitamente “la preocupación por conocer la distribución geográfica y temporal de las frecuencias de anomalías congénitas, en función de presuntas alarmas vinculadas con contaminantes ambientales”.
“Hace tiempo que consideramos necesario tener un registro para conocer la prevalencia de estas anomalías y evaluar el impacto de cuestiones como la fortificación de alimentos con ácido fólico, las campañas de vacunación contra la rubeola y el impacto de ciertos medicamentos. También está el tema de los agrotóxicos. Para saber qué pasa, necesitamos datos. Nos preocupa el tema del glifosato, porque hay referencias y estudios experimentales, pero la realidad es que todavía se desconoce si existe una asociación”, explicó uno de los coordinadores del RENAC, el doctor Pablo Barbero.
Entre esos estudios experimentales sobre glifosato figura el del doctor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del CONICET. La revista estadounidense Chemical Research in Toxicology publicó el año pasado un informe suyo que confirma que el químico estrella del agronegocio tiene acción sobre el ácido retinoico, provocando malformaciones en embriones de vertebrados, una conclusión aplicable a la especie humana.
“Contar casos es un primer paso, lo importante es que no saquen conclusiones apresuradas o que se hagan estos estudios con el fin de corroborar una hipótesis previa. Puesto así, el registro parece más una salida a ciertos compromisos. Hay que hacer un verdadero estudio epidemiológico: tomar una población y ver cuántos casos había en un período y en otro”, advirtió Carrasco a Tiempo Argentino.
Uno de los pocos estudios epidemiológicos oficiales se realizó en Chaco y sus conclusiones no fueron reconocidas luego por las autoridades provinciales. Allí se determinaba que los casos de malformaciones congénitas habían crecido un 400% y, en algunas localidades como La Leonesa, las patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, lo habían hecho en un 300% entre los períodos 1990-1999 y 2000-2009.
Para despejar estas desconfianzas, la doctora Rosa Liascovich, también coordinadora del RENAC, explicó que el registro es sólo el primer paso y que permitirá tener información sobre frecuencias y áreas de influencia para que, en el futuro, se puedan realizar estudios específicos en algunas zonas. Prefirió no divulgar datos aún, pero adelantó que no se hallan hasta el momento demasiadas variaciones: “Son las cifras históricas y se corresponden con las referencias internacionales, entre el 1 y el 2% de casos de malformaciones graves, es decir, aquellas que comprometen la salud del paciente”, explicó Liascovich, quien estimó que el primer reporte estará disponible para octubre de este año.
“Es buena la medida. Pero deben dar participación a los equipos médicos en contacto con las poblaciones afectadas. En Córdoba, tenemos estudios que muestran cómo estas patologías pasaron de un 1,5% al 4,7% en 30 años”, explicó el neonatólogo Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados, quien caracterizó a las pulverizaciones con glifosato como “una verdadera guerra química”.
Piden explicaciones a los Gioja por la Barrick
Piden explicaciones a los Gioja
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
La diputada Reyes exige que aclaren a la Justicia sus vínculos con la Barrick
La disputa entre el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y su hermano, el senador nacional César Gioja, podría trasladarse hoy a los Tribunales. La diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-ARI) prepara un pedido para que ambos sean citados ante la Justicia para que expliquen qué tipo de relación tienen con la multinacional Barrick Gold, que en San Juan opera la mina Veladero.
Reyes acusa a César Gioja y al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, de "tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", en el marco de la causa que investiga las motivaciones que llevaron en 2008 al veto de la ley de glaciares, que tramita el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
Según un comunicado difundido ayer, la diputada basó su acusación en dos entrevistas que La Nacion publicó el domingo, en las cuales los hermanos intercambiaron acusaciones con respecto a su relación con la compañía canadiense.
En el diálogo con La Nacion, el gobernador negó cualquier vínculo con Barrick Gold, pero sostuvo que su hermano aparecía "como proveedor de la Barrick". El senador también desmintió estar relacionado con la empresa, pero sugirió que, a diferencia del mandatario, él no le "convenía" a la Barrick por su intención de que las regalías que paga la empresa sean móviles, para garantizar "una distribución más justa" para el Estado.
"José Luis Gioja confirmó de esta manera lo que denuncié en 2008, cuando presenté en la Justicia pruebas de que Bentonitas Santa Gema SA, una empresa de César Gioja, era proveedora de la Barrick Gold", indicó Reyes. "Estas declaraciones también evidencian que el poder político de San Juan es garante de los intereses mineros de la Barrick Gold", agregó.
Desde que anunció su interés de modificar la Constitución local y habilitar un tercer mandato, José Luis Gioja recibió duras críticas del senador, que calificó la decisión de "antidemocrática" y comparó a su hermano con los gobernantes de Egipto y Libia, Hosni Mubarak (derrocado) y Muammar Khadafy. César Gioja era uno de los aspirantes a suceder al gobernador.
A pesar de la virulencia del enfrentamiento, en la oposición sanjuanina sobrevuelan dudas acerca de la existencia de un acuerdo secreto entre los hermanos para polarizar las elecciones a gobernador.
Fecha de Publicación: 23/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
La diputada Reyes exige que aclaren a la Justicia sus vínculos con la Barrick
La disputa entre el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y su hermano, el senador nacional César Gioja, podría trasladarse hoy a los Tribunales. La diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-ARI) prepara un pedido para que ambos sean citados ante la Justicia para que expliquen qué tipo de relación tienen con la multinacional Barrick Gold, que en San Juan opera la mina Veladero.
Reyes acusa a César Gioja y al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, de "tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", en el marco de la causa que investiga las motivaciones que llevaron en 2008 al veto de la ley de glaciares, que tramita el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
Según un comunicado difundido ayer, la diputada basó su acusación en dos entrevistas que La Nacion publicó el domingo, en las cuales los hermanos intercambiaron acusaciones con respecto a su relación con la compañía canadiense.
En el diálogo con La Nacion, el gobernador negó cualquier vínculo con Barrick Gold, pero sostuvo que su hermano aparecía "como proveedor de la Barrick". El senador también desmintió estar relacionado con la empresa, pero sugirió que, a diferencia del mandatario, él no le "convenía" a la Barrick por su intención de que las regalías que paga la empresa sean móviles, para garantizar "una distribución más justa" para el Estado.
"José Luis Gioja confirmó de esta manera lo que denuncié en 2008, cuando presenté en la Justicia pruebas de que Bentonitas Santa Gema SA, una empresa de César Gioja, era proveedora de la Barrick Gold", indicó Reyes. "Estas declaraciones también evidencian que el poder político de San Juan es garante de los intereses mineros de la Barrick Gold", agregó.
Desde que anunció su interés de modificar la Constitución local y habilitar un tercer mandato, José Luis Gioja recibió duras críticas del senador, que calificó la decisión de "antidemocrática" y comparó a su hermano con los gobernantes de Egipto y Libia, Hosni Mubarak (derrocado) y Muammar Khadafy. César Gioja era uno de los aspirantes a suceder al gobernador.
A pesar de la virulencia del enfrentamiento, en la oposición sanjuanina sobrevuelan dudas acerca de la existencia de un acuerdo secreto entre los hermanos para polarizar las elecciones a gobernador.
Reclaman suspender el programa nuclear
Reclaman suspender el programa nuclear y ponerle fecha a su cierre definitivo
Fecha de Publicación: 22/03/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace realizó este martes una protesta frente a las instalaciones de las centrales nucleares Atucha I y Atucha II para reclamarle al Gobierno Nacional que revea el plan nuclear que lleva adelante desde 2004.
Los activistas ingresaron a las plantas navegando en gomones por el río Paraná, accedieron al muelle de las centrales nucleares y desplegaron un cartel con la leyenda: “Cristina: basta de plantas nucleares”, sobre el frente del edificio que aloja el sistema de refrigeración.
“El gobierno nacional debe repensar su apuesta a la energía nuclear, un error descomunal, tanto por sus riegos, como por sus enormes costos económicos” dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
“La finalización de Atucha II, que ya lleva 30 años, es un enorme despropósito, una planta antigua y cara que no hace otra cosa que incrementar los riesgos nucleares en el país y aumentar el legado de basura altamente radiactiva que le dejaremos a las futuras generaciones”, agregó Villalonga.
Hoy, Argentina cuenta con dos plantas nucleares activas, Atucha I en Lima, Provincia de Buenos Aires y Embalse, en la Provincia de Córdoba. En 1981 comenzó a construirse la tercera planta, Atucha II, también en Lima (1).
“La inauguración de Atucha II, anunciada para este año, implicará continuar con los descomunales gastos que se están destinando a esta planta obsoleta, a la reactivación de sus laboratorios de enriquecimiento de uranio, al proyecto de construcción de un mini-reactor en Formosa, la extensión de la vida útil de Embalse y la licitación para construir una cuarta planta nuclear”, agregó el vocero de Greenpeace. (2)
La extensión de la vida útil de Embalse costará unos mil millones de dólares y un costo similar implicaría su desmantelamiento. En tanto, la construcción de Atucha II se estima en unos cuatro mil millones de dólares. “Estas cifras no incluyen, por ejemplo, el mantenimiento de la planta de agua pesada en Neuquén ni el desarrollo de la minería de uranio que entraña los mismos riesgos que la minería metalífera intensiva en utilización de químicos”, señaló Villalonga.
“Hay que ponerle fecha para el cierre definitivo de la actividad nucleoeléctrica en la Argentina, hay que parar con las obras que implicarán mayores costos en la generación de electricidad, mayores riesgos y una pesada carga radiactiva para las próximas generaciones”, concluyó Villalonga.
Fecha de Publicación: 22/03/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace realizó este martes una protesta frente a las instalaciones de las centrales nucleares Atucha I y Atucha II para reclamarle al Gobierno Nacional que revea el plan nuclear que lleva adelante desde 2004.
Los activistas ingresaron a las plantas navegando en gomones por el río Paraná, accedieron al muelle de las centrales nucleares y desplegaron un cartel con la leyenda: “Cristina: basta de plantas nucleares”, sobre el frente del edificio que aloja el sistema de refrigeración.
“El gobierno nacional debe repensar su apuesta a la energía nuclear, un error descomunal, tanto por sus riegos, como por sus enormes costos económicos” dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
“La finalización de Atucha II, que ya lleva 30 años, es un enorme despropósito, una planta antigua y cara que no hace otra cosa que incrementar los riesgos nucleares en el país y aumentar el legado de basura altamente radiactiva que le dejaremos a las futuras generaciones”, agregó Villalonga.
Hoy, Argentina cuenta con dos plantas nucleares activas, Atucha I en Lima, Provincia de Buenos Aires y Embalse, en la Provincia de Córdoba. En 1981 comenzó a construirse la tercera planta, Atucha II, también en Lima (1).
“La inauguración de Atucha II, anunciada para este año, implicará continuar con los descomunales gastos que se están destinando a esta planta obsoleta, a la reactivación de sus laboratorios de enriquecimiento de uranio, al proyecto de construcción de un mini-reactor en Formosa, la extensión de la vida útil de Embalse y la licitación para construir una cuarta planta nuclear”, agregó el vocero de Greenpeace. (2)
La extensión de la vida útil de Embalse costará unos mil millones de dólares y un costo similar implicaría su desmantelamiento. En tanto, la construcción de Atucha II se estima en unos cuatro mil millones de dólares. “Estas cifras no incluyen, por ejemplo, el mantenimiento de la planta de agua pesada en Neuquén ni el desarrollo de la minería de uranio que entraña los mismos riesgos que la minería metalífera intensiva en utilización de químicos”, señaló Villalonga.
“Hay que ponerle fecha para el cierre definitivo de la actividad nucleoeléctrica en la Argentina, hay que parar con las obras que implicarán mayores costos en la generación de electricidad, mayores riesgos y una pesada carga radiactiva para las próximas generaciones”, concluyó Villalonga.
Argentina es el cuarto productor de biodiesel
Argentina se convirtió en el cuarto productor mundial de biodiesel
Fecha de Publicación: 21/03/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Argentina juega cada vez más fuerte en el mercado internacional de biodiesel, donde con una producción de más de un millón de toneladas por año ya es el cuarto productor mundial. Así se desprende de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), que destaca que la industria nacional de biocombustibles elaborados en base al aceite de soja creció exponencialmente desde el año 2006.
A esto se le suma una previsión de más de tres millones de toneladas de capacidad instalada para finales de 2011, un volumen que permitirá cubrir el creciente mercado interno y reforzar las exportaciones a Europa, gran demandante de energías limpias.
Millonarios. Según las cifras suministradas por la Cader, Argentina ya forma parte del “club de los millonarios”, que son los países que elaboran más de un millón de toneladas de biocombustible por año, lo que le permitió pasar del quinto al cuarto lugar entre los exportadores. El top five de los grandes jugadores está encabezado por Alemania, que si bien sigue siendo de lejos el mayor productor mundial, redujo un 10% su producción en 2009, con un total de 2,5 millones de toneladas.
Francia, líder en energía no fósil, sigue siendo uno de los mercados más eficientes del mundo en términos de biodiesel, con un mercado sólido y uno de los índices de producción más altos del planeta. Su producción creció un 8% y roza los dos millones de toneladas, lo que lo ubica como segundo proveedor del mundo.
La gran perjudicada del año, sin duda, fue la industria de los Estados Unidos, que con 1,68 millones de toneladas producidas en 2009 quedó relegada a la tercera posición. Brasil, en pleno proceso de consolidación como gran potencia mundial, se mantuvo como cuarto productor con 1,4 millones de toneladas en 2009, para escalar al tercer lugar el año pasado, un dato que refleja el crecimiento sólido de su mercado nacional de biodiesel. Es que los vecinos aún no exportan.
Argentina, destaca el trabajo, mantuvo el quinto puesto mundial en 2009 y trepó a la cuarta posición el año pasado, con un aumento de la producción de un 31% para completar 1,2 millones de toneladas.
Dentro de las ventajas competitivas que tiene la industria nacional de biocombustibles, se destaca el tamaño de sus plantas, que en promedio figuran entre las más grandes del mundo: “Argentina tiene factorías con más del 108.000 toneladas en promedio, mucho más que las 89.000 toneladas promedio europeas, y las 70.000 toneladas de Brasil”.
Inversiones. La doble salida del biocombustible local, que alimenta tanto la creciente demanda mundial como la también ascendente demanda interna, llevaron a que apareciera una “segunda ola” de inversiones para ampliar capacidades. Según detalla el informe de la cámara, sólo en los últimos meses del año pasado se anunciaron obras para poder producir unas 460.000 toneladas adicionales de biodiesel.
Cargill, uno de los productores de etanol de maíz y de biodiesel más importantes de Estados Unidos, anunció la construcción de una planta en Santa Fe, que con una producción anual estimada de 240.000 toneladas estiman estará lista para el último trimestre de este año.
En el frente interno, la decisión del gobierno de Cristina Fernández de ampliar el corte obligatorio de biocombustibles en los gasoil tradicionales colaboró mucho para afianzar una red de industrias pequeñas y medianas. La proporción de combustibles de origen vegetal en los de origen fósil ya llega al 7% (B7), y el objetivo oficial es ampliarlo al 10% (B10) a lo largo de este año.
Según el estudio, la medida adoptada por la administración kirchnerista “impulsa la actividad agroindustrial, generando valor agregado en las materias primas producidas en el territorio nacional y diversificando la matriz energética”. Esto sirve además para reducir la necesidad de importar gasoil contaminante y el uso de divisas.
De paso, les tendió una mano a las aceiteras cuando a mediados del año pasado China suspendió las compras de aceite de soja.”La ampliación a un B7 dejó en claro al mercado el compromiso del ministerio de Planificación y de la autoridad de aplicación de continuar reduciendo las importaciones de gasoil, diversificando la matriz energética, e incrementando el uso de energías renovables en general”, estipula el documento.
Fecha de Publicación: 21/03/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Argentina juega cada vez más fuerte en el mercado internacional de biodiesel, donde con una producción de más de un millón de toneladas por año ya es el cuarto productor mundial. Así se desprende de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), que destaca que la industria nacional de biocombustibles elaborados en base al aceite de soja creció exponencialmente desde el año 2006.
A esto se le suma una previsión de más de tres millones de toneladas de capacidad instalada para finales de 2011, un volumen que permitirá cubrir el creciente mercado interno y reforzar las exportaciones a Europa, gran demandante de energías limpias.
Millonarios. Según las cifras suministradas por la Cader, Argentina ya forma parte del “club de los millonarios”, que son los países que elaboran más de un millón de toneladas de biocombustible por año, lo que le permitió pasar del quinto al cuarto lugar entre los exportadores. El top five de los grandes jugadores está encabezado por Alemania, que si bien sigue siendo de lejos el mayor productor mundial, redujo un 10% su producción en 2009, con un total de 2,5 millones de toneladas.
Francia, líder en energía no fósil, sigue siendo uno de los mercados más eficientes del mundo en términos de biodiesel, con un mercado sólido y uno de los índices de producción más altos del planeta. Su producción creció un 8% y roza los dos millones de toneladas, lo que lo ubica como segundo proveedor del mundo.
La gran perjudicada del año, sin duda, fue la industria de los Estados Unidos, que con 1,68 millones de toneladas producidas en 2009 quedó relegada a la tercera posición. Brasil, en pleno proceso de consolidación como gran potencia mundial, se mantuvo como cuarto productor con 1,4 millones de toneladas en 2009, para escalar al tercer lugar el año pasado, un dato que refleja el crecimiento sólido de su mercado nacional de biodiesel. Es que los vecinos aún no exportan.
Argentina, destaca el trabajo, mantuvo el quinto puesto mundial en 2009 y trepó a la cuarta posición el año pasado, con un aumento de la producción de un 31% para completar 1,2 millones de toneladas.
Dentro de las ventajas competitivas que tiene la industria nacional de biocombustibles, se destaca el tamaño de sus plantas, que en promedio figuran entre las más grandes del mundo: “Argentina tiene factorías con más del 108.000 toneladas en promedio, mucho más que las 89.000 toneladas promedio europeas, y las 70.000 toneladas de Brasil”.
Inversiones. La doble salida del biocombustible local, que alimenta tanto la creciente demanda mundial como la también ascendente demanda interna, llevaron a que apareciera una “segunda ola” de inversiones para ampliar capacidades. Según detalla el informe de la cámara, sólo en los últimos meses del año pasado se anunciaron obras para poder producir unas 460.000 toneladas adicionales de biodiesel.
Cargill, uno de los productores de etanol de maíz y de biodiesel más importantes de Estados Unidos, anunció la construcción de una planta en Santa Fe, que con una producción anual estimada de 240.000 toneladas estiman estará lista para el último trimestre de este año.
En el frente interno, la decisión del gobierno de Cristina Fernández de ampliar el corte obligatorio de biocombustibles en los gasoil tradicionales colaboró mucho para afianzar una red de industrias pequeñas y medianas. La proporción de combustibles de origen vegetal en los de origen fósil ya llega al 7% (B7), y el objetivo oficial es ampliarlo al 10% (B10) a lo largo de este año.
Según el estudio, la medida adoptada por la administración kirchnerista “impulsa la actividad agroindustrial, generando valor agregado en las materias primas producidas en el territorio nacional y diversificando la matriz energética”. Esto sirve además para reducir la necesidad de importar gasoil contaminante y el uso de divisas.
De paso, les tendió una mano a las aceiteras cuando a mediados del año pasado China suspendió las compras de aceite de soja.”La ampliación a un B7 dejó en claro al mercado el compromiso del ministerio de Planificación y de la autoridad de aplicación de continuar reduciendo las importaciones de gasoil, diversificando la matriz energética, e incrementando el uso de energías renovables en general”, estipula el documento.
San Jorge: Causas judiciales siguen adelante
Causas judiciales contra proyecto San Jorge siguen adelante
Fecha de Publicación: 21/03/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
La verdad es que ni la causa iniciada por Oikos, ni la otra por Vicente Antolín, están caídas o cerradas, sino que siguen su curso. Las juezas NO han dictado sentencia definitiva en la que se pronuncien sobre las cuestiones de fondo que motivan los pedidos de amparo. A lo que se han negado, es a tomar medidas cautelares que frenen los procedimientos administrativo-legales. La Legislatura puede seguir evaluando y discutiendo la ratificación o rechazo de la DIA, pero más adelante una u otra causa judicial podría perfectamente terminar en un fallo que frene la concreción del proyecto, o no. Lo rechazado son las medidas cautelares ahora, los amparos en sí NO han sido rechazados. Por Marcelo Giraud
Respecto de la nota "La Justicia rechazó un nuevo amparo contra la mina San Jorge ", publicada por el diario Los Andes, aclaro que ese diario (igual que otros de Mendoza, todos ellos con importantes pautas publicitarias de Minera San Jorge) reprodujeron la información errónea y tergiversada que difundió la empresa en un comunicado.
La verdad es que ni la causa iniciada por Oikos, ni la otra por Vicente Antolín, están caídas o cerradas, sino que siguen su curso. Las juezas NO han dictado sentencia definitiva en la que se pronuncien sobre las cuestiones de fondo que motivan los pedidos de amparo. A lo que se han negado, es a tomar medidas cautelares que frenen los procedimientos administrativo-legales. La Legislatura puede seguir evaluando y discutiendo la ratificación o rechazo de la DIA, pero más adelante una u otra causa judicial podría perfectamente terminar en un fallo que frene la concreción del proyecto, o no. Lo rechazado son las medidas cautelares ahora, los amparos en sí NO han sido rechazados.
No sólo Eduardo Sosa (de Oikos) me lo informó así, sino incluso un funcionario del gobierno mendocino, quien escribió al respecto: "En efecto, lo único rechazado tanto en el amparo de Oikos como en el de Antolín es el pedido de medidas previas a la decisión final. El motivo de no concederlas es porque los jueces intervinientes consideran que no hay peligro inminente de daño- único caso en que procederían- ya que falta la ratificación legislativa. Esto significa que la DIA en materia minera sin ley no es eficaz como autorización. Lo que no es poco decir.".
Fecha de Publicación: 21/03/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza
La verdad es que ni la causa iniciada por Oikos, ni la otra por Vicente Antolín, están caídas o cerradas, sino que siguen su curso. Las juezas NO han dictado sentencia definitiva en la que se pronuncien sobre las cuestiones de fondo que motivan los pedidos de amparo. A lo que se han negado, es a tomar medidas cautelares que frenen los procedimientos administrativo-legales. La Legislatura puede seguir evaluando y discutiendo la ratificación o rechazo de la DIA, pero más adelante una u otra causa judicial podría perfectamente terminar en un fallo que frene la concreción del proyecto, o no. Lo rechazado son las medidas cautelares ahora, los amparos en sí NO han sido rechazados. Por Marcelo Giraud
Respecto de la nota "La Justicia rechazó un nuevo amparo contra la mina San Jorge ", publicada por el diario Los Andes, aclaro que ese diario (igual que otros de Mendoza, todos ellos con importantes pautas publicitarias de Minera San Jorge) reprodujeron la información errónea y tergiversada que difundió la empresa en un comunicado.
La verdad es que ni la causa iniciada por Oikos, ni la otra por Vicente Antolín, están caídas o cerradas, sino que siguen su curso. Las juezas NO han dictado sentencia definitiva en la que se pronuncien sobre las cuestiones de fondo que motivan los pedidos de amparo. A lo que se han negado, es a tomar medidas cautelares que frenen los procedimientos administrativo-legales. La Legislatura puede seguir evaluando y discutiendo la ratificación o rechazo de la DIA, pero más adelante una u otra causa judicial podría perfectamente terminar en un fallo que frene la concreción del proyecto, o no. Lo rechazado son las medidas cautelares ahora, los amparos en sí NO han sido rechazados.
No sólo Eduardo Sosa (de Oikos) me lo informó así, sino incluso un funcionario del gobierno mendocino, quien escribió al respecto: "En efecto, lo único rechazado tanto en el amparo de Oikos como en el de Antolín es el pedido de medidas previas a la decisión final. El motivo de no concederlas es porque los jueces intervinientes consideran que no hay peligro inminente de daño- único caso en que procederían- ya que falta la ratificación legislativa. Esto significa que la DIA en materia minera sin ley no es eficaz como autorización. Lo que no es poco decir.".
Argentina no saca provecho de las renovables
El país no saca todo el provecho de las energías renovables
Fecha de Publicación: 20/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si hubiera que definir a la Argentina según sus posibilidades de convertirse en un gran generador de energías renovables, se podría decir que es como esos nóveles futbolistas que exhiben un extraordinario potencial, pero aún les falta refrendarlo en el campo de juego. Su ficha técnica muestra que tiene los mejores vientos del mundo, ubicaciones ideales para aprovechar los rayos solares, caudalosos ríos y excelente aptitud para los cultivos. Sin embargo, su performance devela que sólo 5,3% de la demanda energética local es abastecida por "fuentes limpias".
La Patagonia posee algo que el mundo va a necesitar cada vez más: viento. Allí sopla uno de los más aptos, por su velocidad, para impulsar molinos eólicos. Pero el costo inicial para montar la infraestructura es altísimo, ya que un parque para generar 200 megas cuesta 200 millones de dólares. Carlos Galtieri, director de proyectos especiales de Siemens, que tiene entre sus tareas impulsar las energías renovables, lo define así: "El potencial es tremendo, pero hay que ver cómo se lo aprovecha".
El cálculo entre el inmenso costo inicial y el valor del megavatio en el mercado interno desalienta a los inversores. "Ahora hay en marcha 30 emprendimientos, porque el Estado prometió comprar esa energía a un precio mayor que el de la derivada de combustibles fósiles, para luego distribuirla subsidiada a los consumidores", explica Galtieri. Los grandes parques de Chubut y La Rioja siguen hoy subutilizados.
En lo que el país está fuerte es en biodiésel. Con 1,3 millones de toneladas exportadas en 2010 y 1,9 millones de toneladas producidas en ese año, es el primer exportador mundial y el cuarto productor (detrás de Alemania, Francia y Brasil). Según la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), las grandes empresas invirtieron US$ 700 millones y este año desembolsarán otros 200 millones para construir tres plantas.
Las que están mal son las pymes, que fueron las más afectadas por el congelamiento del precio de los biocombustibles ordenado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Con el aceite de soja (su materia prima) a US$ 1125 la tonelada y el biodiésel en 880, las cuentas no les cierran y dejan el negocio en manos de las grandes productoras, que pueden compensar lo que pierden a nivel local con sus ventas al exterior.
En tanto, con los disturbios en el norte de Africa, se tornó más negocio comprar etanol y mezclarlo con la nafta, lo que aparece como una oportunidad más para el país, que últimamente sólo lo ha producido intensamente a partir de la caña de azúcar, teniendo la posibilidad de hacerlo también con maíz y sorgo.
"Con 2% del área sembrada de esos dos cultivos se podría cumplir con el 5% de mezcla con nafta que ordena la ley; pero hasta ahora sólo había cupos para la caña, que no llegó a cumplirlos", dice Martín Fraguío, director de Maizar. Los nuevos cupos para maíz y sorgo dieron un impulso: hay cinco plantas en construcción para el mercado interno y se proyecta una para la exportación.
Mientras el etanol cuesta US$ 500 por metro cúbico y tiene 5% de retención a la exportación, el biodiésel vale 1000 y paga 20 por ciento. El ideal 20/20 de la Unión Europea (lograr que en 2020 el 20% de la energía sea provista por biocombustibles) abre un gran mercado. Aún así, Gabriel Obrador, vicepresidente de Carbio, advierte que sólo la mitad del cupo podrá ser cubierto con producto de "1° generación,", ya que otro 10 corresponderá al de "2° generación".
Este último (el único aceptado por los grupos ecologistas), que se elabora con cártamo, palma o jatrofa, entre otros, permite ahorrar 50% de carbono e insume menos agua y fertilizantes. "Hoy somos muy eficientes en soja, pero también podemos serlo con nuevos cultivos, en zonas desérticas del norte del país", dice Obrador, que también es presidente de Patagonia Bioenergía.
Con Yacyretá, el Chocón y Chihuidos, entre otras, la energía hidráulica hoy nutre 45% del consumo energético local. Pero eso muchas veces no es suficiente ante el déficit de otras fuentes y los picos de demanda. "Además, esas reservas están lejos de los grandes centros y luego hay que transmitirlas", acota Galtieri.
La hoy discutida energía nuclear (ver recuadro), incluida por algunos dentro de las renovables, cubre 8% de la oferta local. "En vez de haber gastado millones en Atucha II, se podría haber apostado a energías más limpias", dice Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace. No sólo eso: aún se piensa en una Atucha III.
Un mix de energía eólica, hidráulica y solar sería lo ideal, según los técnicos consultados, para iniciar el camino hacia el reemplazo del combustible fósil. Pero aunque parezca una obviedad, coinciden, para concretar esa transición el Estado debe entender que además de soja, el país tiene viento, sol y agua.
Piden la revisión de centrales nucleares
La tragedia que Japón vive en estos días pone en crisis el paradigma que ubicaba a la energía nuclear como la principal reemplazante del petróleo dentro de 25 años. La Coalición Cívica presentó esta semana un proyecto de ley para que se revisen en forma urgente las medidas de seguridad de las centrales nucleares de la Argentina, Atucha y Embalse, y para derogar la extensión de su vida útil, explicó la diputada Fernanda Reyes.
"Lo que estalló en Japón fue la idea de la energía nuclear como solución para cuando se terminara el petróleo", dice Darío Sbarato, físico y director de la carrera de Ciencias Naturales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). "Ahora hay frenar y revisar todos los parámetros de seguridad que se tenían como infalibles", agrega.
Algunos países, como Alemania, no prolongarán la vida útil de sus reactores ni construirán nuevos. "Acá, en cambio, se inauguró Atucha II, se alargó el uso de Embalse, se remendó Atucha I y se piensa en Atucha III", afirma Juan Carlos Villalonga, director de campaña de Greenpeace. La Nacion se comunicó con el Ministerio de Planificación para saber si mantendrá esos planes, pero no obtuvo respuesta.
Sbarato cree que el país no construirá la cuarta central: "Pero sería una locura desarmar las que están o desmantelar centros de investigación de excelencia, como el Balseiro". Carlos Galtieri, de Siemens, opina que no se puede ir a la erradicación total y está de acuerdo con una cuarta central. El país exporta, por medio de la estatal Invap, centrales nucleares.
Fecha de Publicación: 20/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si hubiera que definir a la Argentina según sus posibilidades de convertirse en un gran generador de energías renovables, se podría decir que es como esos nóveles futbolistas que exhiben un extraordinario potencial, pero aún les falta refrendarlo en el campo de juego. Su ficha técnica muestra que tiene los mejores vientos del mundo, ubicaciones ideales para aprovechar los rayos solares, caudalosos ríos y excelente aptitud para los cultivos. Sin embargo, su performance devela que sólo 5,3% de la demanda energética local es abastecida por "fuentes limpias".
La Patagonia posee algo que el mundo va a necesitar cada vez más: viento. Allí sopla uno de los más aptos, por su velocidad, para impulsar molinos eólicos. Pero el costo inicial para montar la infraestructura es altísimo, ya que un parque para generar 200 megas cuesta 200 millones de dólares. Carlos Galtieri, director de proyectos especiales de Siemens, que tiene entre sus tareas impulsar las energías renovables, lo define así: "El potencial es tremendo, pero hay que ver cómo se lo aprovecha".
El cálculo entre el inmenso costo inicial y el valor del megavatio en el mercado interno desalienta a los inversores. "Ahora hay en marcha 30 emprendimientos, porque el Estado prometió comprar esa energía a un precio mayor que el de la derivada de combustibles fósiles, para luego distribuirla subsidiada a los consumidores", explica Galtieri. Los grandes parques de Chubut y La Rioja siguen hoy subutilizados.
En lo que el país está fuerte es en biodiésel. Con 1,3 millones de toneladas exportadas en 2010 y 1,9 millones de toneladas producidas en ese año, es el primer exportador mundial y el cuarto productor (detrás de Alemania, Francia y Brasil). Según la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), las grandes empresas invirtieron US$ 700 millones y este año desembolsarán otros 200 millones para construir tres plantas.
Las que están mal son las pymes, que fueron las más afectadas por el congelamiento del precio de los biocombustibles ordenado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Con el aceite de soja (su materia prima) a US$ 1125 la tonelada y el biodiésel en 880, las cuentas no les cierran y dejan el negocio en manos de las grandes productoras, que pueden compensar lo que pierden a nivel local con sus ventas al exterior.
En tanto, con los disturbios en el norte de Africa, se tornó más negocio comprar etanol y mezclarlo con la nafta, lo que aparece como una oportunidad más para el país, que últimamente sólo lo ha producido intensamente a partir de la caña de azúcar, teniendo la posibilidad de hacerlo también con maíz y sorgo.
"Con 2% del área sembrada de esos dos cultivos se podría cumplir con el 5% de mezcla con nafta que ordena la ley; pero hasta ahora sólo había cupos para la caña, que no llegó a cumplirlos", dice Martín Fraguío, director de Maizar. Los nuevos cupos para maíz y sorgo dieron un impulso: hay cinco plantas en construcción para el mercado interno y se proyecta una para la exportación.
Mientras el etanol cuesta US$ 500 por metro cúbico y tiene 5% de retención a la exportación, el biodiésel vale 1000 y paga 20 por ciento. El ideal 20/20 de la Unión Europea (lograr que en 2020 el 20% de la energía sea provista por biocombustibles) abre un gran mercado. Aún así, Gabriel Obrador, vicepresidente de Carbio, advierte que sólo la mitad del cupo podrá ser cubierto con producto de "1° generación,", ya que otro 10 corresponderá al de "2° generación".
Este último (el único aceptado por los grupos ecologistas), que se elabora con cártamo, palma o jatrofa, entre otros, permite ahorrar 50% de carbono e insume menos agua y fertilizantes. "Hoy somos muy eficientes en soja, pero también podemos serlo con nuevos cultivos, en zonas desérticas del norte del país", dice Obrador, que también es presidente de Patagonia Bioenergía.
Con Yacyretá, el Chocón y Chihuidos, entre otras, la energía hidráulica hoy nutre 45% del consumo energético local. Pero eso muchas veces no es suficiente ante el déficit de otras fuentes y los picos de demanda. "Además, esas reservas están lejos de los grandes centros y luego hay que transmitirlas", acota Galtieri.
La hoy discutida energía nuclear (ver recuadro), incluida por algunos dentro de las renovables, cubre 8% de la oferta local. "En vez de haber gastado millones en Atucha II, se podría haber apostado a energías más limpias", dice Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace. No sólo eso: aún se piensa en una Atucha III.
Un mix de energía eólica, hidráulica y solar sería lo ideal, según los técnicos consultados, para iniciar el camino hacia el reemplazo del combustible fósil. Pero aunque parezca una obviedad, coinciden, para concretar esa transición el Estado debe entender que además de soja, el país tiene viento, sol y agua.
Piden la revisión de centrales nucleares
La tragedia que Japón vive en estos días pone en crisis el paradigma que ubicaba a la energía nuclear como la principal reemplazante del petróleo dentro de 25 años. La Coalición Cívica presentó esta semana un proyecto de ley para que se revisen en forma urgente las medidas de seguridad de las centrales nucleares de la Argentina, Atucha y Embalse, y para derogar la extensión de su vida útil, explicó la diputada Fernanda Reyes.
"Lo que estalló en Japón fue la idea de la energía nuclear como solución para cuando se terminara el petróleo", dice Darío Sbarato, físico y director de la carrera de Ciencias Naturales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). "Ahora hay frenar y revisar todos los parámetros de seguridad que se tenían como infalibles", agrega.
Algunos países, como Alemania, no prolongarán la vida útil de sus reactores ni construirán nuevos. "Acá, en cambio, se inauguró Atucha II, se alargó el uso de Embalse, se remendó Atucha I y se piensa en Atucha III", afirma Juan Carlos Villalonga, director de campaña de Greenpeace. La Nacion se comunicó con el Ministerio de Planificación para saber si mantendrá esos planes, pero no obtuvo respuesta.
Sbarato cree que el país no construirá la cuarta central: "Pero sería una locura desarmar las que están o desmantelar centros de investigación de excelencia, como el Balseiro". Carlos Galtieri, de Siemens, opina que no se puede ir a la erradicación total y está de acuerdo con una cuarta central. El país exporta, por medio de la estatal Invap, centrales nucleares.
La seguridad nuclear genera cruces políticos
La seguridad nuclear genera cruces políticos
Fecha de Publicación: 19/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La fuga radioactiva en las usinas nucleares de Japón encendió luces de alerta en el mundo. Todos los países repasan hoy sus medidas de seguridad para evitar un accidente post-tsunami. En la Argentina, el Gobierno mantiene silencio sobre el tema. Sólo un empresario K, con datos oficiales, salió a informar que “aquí no hay riesgo que suceda lo mismo”. Opinión que no comparte la oposición, desde donde reclaman medidas y explicaciones.
Gerardo Ferreyra es uno de los dueños de Electroingeniería, empresa que creció fuerte con el gobierno K. Es contratista en la ejecución de Atucha II, y desde esa opinión difundió vía Twitter el único informe con datos oficiales sobre la situación nuclear argentina post-Japón.
“¿Nos puede afectar una eventual fuga importante?”, se pregunta el informe, elaborado por Electroingeniería en base a información de la Autoridad Regulatoria Nuclear argentina y el Organismo Internacional de Energía Atómica, según destacan. “No, porque Japón está muy lejos , pero principalmente por dónde están ubicados ambos países; los hemisferios son ‘meteorológicamente independientes’ y es difícil que lo que se ventea en el norte llegue al sur ”, retrucan.
“¿Puede ocurrir algo así en nuestro país?”, continúa. “Casi imposible.
Las centrales nucleares están lejos de las zonas sísmicas que existen en nuestro país (sismicidad mucho menor a Japón o Chile). Nuestras centrales no pueden ser alcanzadas por tsunamis (...).” Al respecto, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que trabaja cerca de Eduardo Duhalde, disiente. “Hubo en la zona de nuestras centrales dos episodios sísmicos : en l888, uno de 5,5 escala de Richter y en 2009, un temblor de 3,5”.
Más allá de ese potencial riesgo sísmico, Lavagna destaca que países como Alemania o Suiza decidieron no alargar la vida útil de las centrales, proceso necesario cuando la planta cumple determinada cantidad de años y que en Atucha se puso en marcha hace dos años. “En la Argentina, con centrales de más de 25 años, esto debe debatirse”, dice. Pero también está Atucha II, hoy en trámite de finalización, pero que “estuvo detenida por mas de 20 años”.
“Los que saben dicen que es como andar hoy con un Ford T, que hay dos generaciones posteriores de centrales nucleares”, añade. Y, finalmente, está la cuarta central, que el Gobierno dice licitará este año.
“No hubo una discusión pública sobre qué tecnología usar, qué proveedores, nada, ni siquiera en el Congreso”, concluye.
Desde el radicalismo, ven el tema con menos aprensión. Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y asesor de Ricardo Alfonsín dice que si bien “los eventos de Japón marcarán un antes y un después” en el sector, y que se deberá analizar qué pasó para incorporar las conclusiones al diseño de futuras centrales atómicas, en el país no hay riesgo. “Los argentinos tenemos que tener tranquilidad total respecto al funcionamiento de nuestras centrales nucleares, que son seguras y que han funcionado bien en todo el tiempo que llevan en operación. No están en una zona sísmica y en el caso de Atucha, que está junto al agua, frente al río Paraná, es sobre una barranca de 25 metros de altura”.
La diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, en tanto, presentó un proyecto de ley sobre el tema. “Nuestro país debe revisar inmediatamente los sistemas de seguridad de las centrales nucleares, evaluar el cierre progresivo de las plantas de energía nuclear y debatir la matriz energética nacional para avanzar hacia formas de energía alternativas ”, señaló. “Hay que terminar con la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, como lo acaba de decidir Alemania”, dijo.
En el Gobierno, en tanto, prefieren seguir al margen del debate . Consultados ANSA, la empresa estatal que maneja las centrales, y el ministerio de Planificación, de quien dependen, ambos se mantuvieron en silencio. Como si las explicaciones de Ferreyra fueran las únicas necesarias.
Fecha de Publicación: 19/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La fuga radioactiva en las usinas nucleares de Japón encendió luces de alerta en el mundo. Todos los países repasan hoy sus medidas de seguridad para evitar un accidente post-tsunami. En la Argentina, el Gobierno mantiene silencio sobre el tema. Sólo un empresario K, con datos oficiales, salió a informar que “aquí no hay riesgo que suceda lo mismo”. Opinión que no comparte la oposición, desde donde reclaman medidas y explicaciones.
Gerardo Ferreyra es uno de los dueños de Electroingeniería, empresa que creció fuerte con el gobierno K. Es contratista en la ejecución de Atucha II, y desde esa opinión difundió vía Twitter el único informe con datos oficiales sobre la situación nuclear argentina post-Japón.
“¿Nos puede afectar una eventual fuga importante?”, se pregunta el informe, elaborado por Electroingeniería en base a información de la Autoridad Regulatoria Nuclear argentina y el Organismo Internacional de Energía Atómica, según destacan. “No, porque Japón está muy lejos , pero principalmente por dónde están ubicados ambos países; los hemisferios son ‘meteorológicamente independientes’ y es difícil que lo que se ventea en el norte llegue al sur ”, retrucan.
“¿Puede ocurrir algo así en nuestro país?”, continúa. “Casi imposible.
Las centrales nucleares están lejos de las zonas sísmicas que existen en nuestro país (sismicidad mucho menor a Japón o Chile). Nuestras centrales no pueden ser alcanzadas por tsunamis (...).” Al respecto, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que trabaja cerca de Eduardo Duhalde, disiente. “Hubo en la zona de nuestras centrales dos episodios sísmicos : en l888, uno de 5,5 escala de Richter y en 2009, un temblor de 3,5”.
Más allá de ese potencial riesgo sísmico, Lavagna destaca que países como Alemania o Suiza decidieron no alargar la vida útil de las centrales, proceso necesario cuando la planta cumple determinada cantidad de años y que en Atucha se puso en marcha hace dos años. “En la Argentina, con centrales de más de 25 años, esto debe debatirse”, dice. Pero también está Atucha II, hoy en trámite de finalización, pero que “estuvo detenida por mas de 20 años”.
“Los que saben dicen que es como andar hoy con un Ford T, que hay dos generaciones posteriores de centrales nucleares”, añade. Y, finalmente, está la cuarta central, que el Gobierno dice licitará este año.
“No hubo una discusión pública sobre qué tecnología usar, qué proveedores, nada, ni siquiera en el Congreso”, concluye.
Desde el radicalismo, ven el tema con menos aprensión. Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y asesor de Ricardo Alfonsín dice que si bien “los eventos de Japón marcarán un antes y un después” en el sector, y que se deberá analizar qué pasó para incorporar las conclusiones al diseño de futuras centrales atómicas, en el país no hay riesgo. “Los argentinos tenemos que tener tranquilidad total respecto al funcionamiento de nuestras centrales nucleares, que son seguras y que han funcionado bien en todo el tiempo que llevan en operación. No están en una zona sísmica y en el caso de Atucha, que está junto al agua, frente al río Paraná, es sobre una barranca de 25 metros de altura”.
La diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, en tanto, presentó un proyecto de ley sobre el tema. “Nuestro país debe revisar inmediatamente los sistemas de seguridad de las centrales nucleares, evaluar el cierre progresivo de las plantas de energía nuclear y debatir la matriz energética nacional para avanzar hacia formas de energía alternativas ”, señaló. “Hay que terminar con la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, como lo acaba de decidir Alemania”, dijo.
En el Gobierno, en tanto, prefieren seguir al margen del debate . Consultados ANSA, la empresa estatal que maneja las centrales, y el ministerio de Planificación, de quien dependen, ambos se mantuvieron en silencio. Como si las explicaciones de Ferreyra fueran las únicas necesarias.
Por los pocos avances, va otra audiencia
Tras los pocos avances, la Corte hará otra audiencia por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Disconformes, los jueces consideran que no se está cumpliendo con los plazos del plan del saneamiento.
La Corte Suprema no quedó conforme con las explicaciones que funcionarios de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires dieron el último miércoles sobre el avance del plan de saneamiento del Riachuelo y anunció en un comunicado que “en el corto plazo” convocará a otra audiencia. La reunión evidenció que los avances han sido muy escasos, con datos como que el número de basurales a cielo abierto en la cuenca ha aumentado en lugar de disminuir. Los funcionarios, además, tuvieron problemas para responder algunas inquietudes planteadas por los jueces, como la referida a los datos sobre la contaminación del agua y el aire en la zona de la cuenca y hasta la correcta utilización de los fondos .
El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien el miércoles había relatado a los jueces de la Corte sus dificultades para controlar el uso del dinero destinado al plan, habló ayer con Clarín y afirmó: “La situación es aberrante. La necesidad de saneamiento es creciente. Los fondos provenientes de préstamos internacionales están disponibles, pero no se usan y se pagan sumas millonarias como punitorios. La sentencia de la Corte establece que la Auditoría debe controlar la ejecución presupuestaria de todo el programa de saneamiento.
Sólo pudimos verificar dos programas que implican menos de 600 millones de pesos , sobre un total de 7.400 en cuatro años. Y allí vimos una subejecución muy elevada”.
El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, no atendió ayer la llamada Clarín . Sus colaboradores, sin embargo, dejaron trascender el malestar por la denuncia de Despouy y dijeron que se “está preparando una respuesta” al titular de la Auditoría, que sería hecha pública hoy.
El presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, quien también integra el directorio de la ACUMAR, dijo por su lado a Clarín que “en las reuniones de la ACUMAR no se ha discutido en detalle el tema de la ejecución de los fondos”, aunque aclaró que “el dinero del préstamo internacional del BID para el Riachuelo todavía no está enteramente disponible. Hay una mirada técnica distinta de la del Auditor General”.
Corcuera, de todas maneras, admitió que “es evidente que la preocupación de los ministros de la Corte continúa porque no perciben los avances que esperaban ”.
Desde organizaciones ambientalistas también hubo cuestionamientos. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que integra el cuerpo colegiado designado por la Corte para seguir la causa, señaló que “la audiencia dejó claro que la mayor parte de las obligaciones impuestas por el tribunal están incumplidas”.
En la audiencia también se mencionó la toma de Lafuente y Castañares (ver “Bajo Flores”), ya que algunos de los departamentos están destinados a los habitantes de uno de los asentamientos de la ribera del Riachuelo. Tanto los funcionarios de la Ciudad, como los de la Nación, se mostraron dispuestos a cumplir con la orden de desalojo del juez Armella. Todavía, el predio sigue ocupado.
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Disconformes, los jueces consideran que no se está cumpliendo con los plazos del plan del saneamiento.
La Corte Suprema no quedó conforme con las explicaciones que funcionarios de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires dieron el último miércoles sobre el avance del plan de saneamiento del Riachuelo y anunció en un comunicado que “en el corto plazo” convocará a otra audiencia. La reunión evidenció que los avances han sido muy escasos, con datos como que el número de basurales a cielo abierto en la cuenca ha aumentado en lugar de disminuir. Los funcionarios, además, tuvieron problemas para responder algunas inquietudes planteadas por los jueces, como la referida a los datos sobre la contaminación del agua y el aire en la zona de la cuenca y hasta la correcta utilización de los fondos .
El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien el miércoles había relatado a los jueces de la Corte sus dificultades para controlar el uso del dinero destinado al plan, habló ayer con Clarín y afirmó: “La situación es aberrante. La necesidad de saneamiento es creciente. Los fondos provenientes de préstamos internacionales están disponibles, pero no se usan y se pagan sumas millonarias como punitorios. La sentencia de la Corte establece que la Auditoría debe controlar la ejecución presupuestaria de todo el programa de saneamiento.
Sólo pudimos verificar dos programas que implican menos de 600 millones de pesos , sobre un total de 7.400 en cuatro años. Y allí vimos una subejecución muy elevada”.
El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, no atendió ayer la llamada Clarín . Sus colaboradores, sin embargo, dejaron trascender el malestar por la denuncia de Despouy y dijeron que se “está preparando una respuesta” al titular de la Auditoría, que sería hecha pública hoy.
El presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, quien también integra el directorio de la ACUMAR, dijo por su lado a Clarín que “en las reuniones de la ACUMAR no se ha discutido en detalle el tema de la ejecución de los fondos”, aunque aclaró que “el dinero del préstamo internacional del BID para el Riachuelo todavía no está enteramente disponible. Hay una mirada técnica distinta de la del Auditor General”.
Corcuera, de todas maneras, admitió que “es evidente que la preocupación de los ministros de la Corte continúa porque no perciben los avances que esperaban ”.
Desde organizaciones ambientalistas también hubo cuestionamientos. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que integra el cuerpo colegiado designado por la Corte para seguir la causa, señaló que “la audiencia dejó claro que la mayor parte de las obligaciones impuestas por el tribunal están incumplidas”.
En la audiencia también se mencionó la toma de Lafuente y Castañares (ver “Bajo Flores”), ya que algunos de los departamentos están destinados a los habitantes de uno de los asentamientos de la ribera del Riachuelo. Tanto los funcionarios de la Ciudad, como los de la Nación, se mostraron dispuestos a cumplir con la orden de desalojo del juez Armella. Todavía, el predio sigue ocupado.
Primero la salud, después los negocios
Primero la salud, después los negocios
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
Un fallo de segunda instancia de la Justicia de Chaco confirma prohibiciones inéditas para las fumigaciones y protege los cursos de agua. La causa se inició en La Leonesa, una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia.
Los jueces prohibieron la fumigación desde el aire a menos de dos mil metros de las viviendas.Por Darío Aranda
Un fallo de segunda instancia de la Justicia del Chaco confirmó una prohibición inédita para las fumigaciones con agrotóxicos. Limitó las aspersiones con químicos a no menos de mil metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2000 metros si es mediante métodos aéreos. La sentencia dio otro paso fundamental al proteger los cursos de agua. De esta forma, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que revocó una medida de primera instancia, dio la razón a vecinos de una arrocera que denunciaron efectos nocivos del glifosato y del endosulfán, entre otros químicos. La Justicia también hizo valer el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y remarcó que se debe dar prioridad a la salud de la población por sobre la producción agropecuaria.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace ocho años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, endosulfán, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros, químicos usados también en los cultivos de soja.
Laura Mazzitelli y Elio Servín son dos de los vecinos que denuncian las fumigaciones. El hijo de Laura, Iván, padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. El hermano de Elio, de 30 años, sufrió una leucemia fulminante y falleció. Los casos se repiten en el barrio, al igual que los niños con malformaciones. Los médicos le preguntaron a Laura si vivía cerca de cultivos con uso de agrotóxicos. Y todas las miradas apuntaron a las arroceras San Carlos y Cancha Larga, de tres mil hectáreas.
En enero de 2010, los vecinos presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua, muchas de las cuales proveen a los habitantes.
El Juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de 1000 metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizaban vía terrestre) y 2000 metros si eran aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite para fumigar y, en un hecho sin precedentes, también prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua.
Fue el primer fallo en Chaco de este tipo. Pero fue apelado por las arroceras. En septiembre la medida fue flexibilizada por el mismo tribunal: se redujo el límite a 500 metros y se permitió fumigar sobre cursos de agua. Los argumentos centrales fueron un estudio de impacto ambiental aportado por la empresa (no intervinieron organismos técnicos independientes) y un escrito de la Dirección de Epidemiología del Chaco (dependiente del Ministerio de Salud), que había minimizado los casos de pacientes con leucemia. Los vecinos apelaron la medida.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el primer fallo provincial en segunda instancia sobre fumigaciones, retrotrajo la medida a junio de 2010 y dejó claro cuál debe ser la prioridad del Poder Judicial entre la salud de la población y la producción agropecuaria: “No se puede modificar la medida cautelar otorgada (que protegía a los vecinos) dando primacía a la productividad económica por sobre los riesgos que implican para la salud y la vida de las poblaciones”.
También cuestionó las pruebas que permitieron la flexibilización de la medida en primera instancia: “Entendemos que el estudio de impacto ambiental elaborado por una de las partes (las empresas) debió haber sido sometido a otra evaluación por parte de organismos oficiales e imparciales”, remarcó la sentencia.
En cuanto al escrito favorable a las empresas presentado por el director de Epidemiología provincial, Mario Echevarría, la Cámara dictaminó: “Le asiste razón al recurrente (los vecinos) cuando sostiene que la prueba (el escrito) carece de relevancia como postulado de verdad”. Los jueces desisten llamar investigación o informe a lo presentado por la dependencia oficial, la califican como “opinión”. Y retomaron como letra válida la Ley General del Ambiente (25.675), cuya aplicación es solicitada desde hace tiempo por poblaciones contaminadas, sobre todo en cuanto al principio precautorio.
En primera instancia, desde abril de 2010, la Justicia había ordenado al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras. El fallo de segunda instancia afirmó: “No se ha dado cumplimiento por parte del Ministerio de Salud respecto del control médico de la población vecina de los establecimientos arroceros, con el fin de constatar el estado de salud de la misma”. Desde el ministerio no aceptaron dialogar con este diario.
En abril de 2010, un informe oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco reveló que, en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Los casos de cáncer estaban focalizados justamente en La Leonesa. Fue la primera vez que un ámbito oficial elaboró estadísticas de ese tipo, en base a datos de los hospitales públicos. Nunca fue presentado oficialmente, pero trascendió a los medios en junio pasado.
El trabajo, llamado simplemente “Primer informe”, señaló la multicausalidad del cáncer, pero llamó la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos”.
Laura Mazzitelli, ama de casa transformada en militante luego de la leucemia de su hijo, argumenta y pregunta: “Los médicos y la Justicia nos dieron la razón. Alcanza caminar por el barrio para ver los niños con malformaciones y cáncer, ¿qué más van a esperar los funcionarios para reconocer este desastre?”.
Fecha de Publicación: 18/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
Un fallo de segunda instancia de la Justicia de Chaco confirma prohibiciones inéditas para las fumigaciones y protege los cursos de agua. La causa se inició en La Leonesa, una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia.
Los jueces prohibieron la fumigación desde el aire a menos de dos mil metros de las viviendas.Por Darío Aranda
Un fallo de segunda instancia de la Justicia del Chaco confirmó una prohibición inédita para las fumigaciones con agrotóxicos. Limitó las aspersiones con químicos a no menos de mil metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2000 metros si es mediante métodos aéreos. La sentencia dio otro paso fundamental al proteger los cursos de agua. De esta forma, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que revocó una medida de primera instancia, dio la razón a vecinos de una arrocera que denunciaron efectos nocivos del glifosato y del endosulfán, entre otros químicos. La Justicia también hizo valer el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y remarcó que se debe dar prioridad a la salud de la población por sobre la producción agropecuaria.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace ocho años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, endosulfán, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros, químicos usados también en los cultivos de soja.
Laura Mazzitelli y Elio Servín son dos de los vecinos que denuncian las fumigaciones. El hijo de Laura, Iván, padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. El hermano de Elio, de 30 años, sufrió una leucemia fulminante y falleció. Los casos se repiten en el barrio, al igual que los niños con malformaciones. Los médicos le preguntaron a Laura si vivía cerca de cultivos con uso de agrotóxicos. Y todas las miradas apuntaron a las arroceras San Carlos y Cancha Larga, de tres mil hectáreas.
En enero de 2010, los vecinos presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua, muchas de las cuales proveen a los habitantes.
El Juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de 1000 metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizaban vía terrestre) y 2000 metros si eran aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite para fumigar y, en un hecho sin precedentes, también prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua.
Fue el primer fallo en Chaco de este tipo. Pero fue apelado por las arroceras. En septiembre la medida fue flexibilizada por el mismo tribunal: se redujo el límite a 500 metros y se permitió fumigar sobre cursos de agua. Los argumentos centrales fueron un estudio de impacto ambiental aportado por la empresa (no intervinieron organismos técnicos independientes) y un escrito de la Dirección de Epidemiología del Chaco (dependiente del Ministerio de Salud), que había minimizado los casos de pacientes con leucemia. Los vecinos apelaron la medida.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el primer fallo provincial en segunda instancia sobre fumigaciones, retrotrajo la medida a junio de 2010 y dejó claro cuál debe ser la prioridad del Poder Judicial entre la salud de la población y la producción agropecuaria: “No se puede modificar la medida cautelar otorgada (que protegía a los vecinos) dando primacía a la productividad económica por sobre los riesgos que implican para la salud y la vida de las poblaciones”.
También cuestionó las pruebas que permitieron la flexibilización de la medida en primera instancia: “Entendemos que el estudio de impacto ambiental elaborado por una de las partes (las empresas) debió haber sido sometido a otra evaluación por parte de organismos oficiales e imparciales”, remarcó la sentencia.
En cuanto al escrito favorable a las empresas presentado por el director de Epidemiología provincial, Mario Echevarría, la Cámara dictaminó: “Le asiste razón al recurrente (los vecinos) cuando sostiene que la prueba (el escrito) carece de relevancia como postulado de verdad”. Los jueces desisten llamar investigación o informe a lo presentado por la dependencia oficial, la califican como “opinión”. Y retomaron como letra válida la Ley General del Ambiente (25.675), cuya aplicación es solicitada desde hace tiempo por poblaciones contaminadas, sobre todo en cuanto al principio precautorio.
En primera instancia, desde abril de 2010, la Justicia había ordenado al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras. El fallo de segunda instancia afirmó: “No se ha dado cumplimiento por parte del Ministerio de Salud respecto del control médico de la población vecina de los establecimientos arroceros, con el fin de constatar el estado de salud de la misma”. Desde el ministerio no aceptaron dialogar con este diario.
En abril de 2010, un informe oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco reveló que, en sólo una década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Los casos de cáncer estaban focalizados justamente en La Leonesa. Fue la primera vez que un ámbito oficial elaboró estadísticas de ese tipo, en base a datos de los hospitales públicos. Nunca fue presentado oficialmente, pero trascendió a los medios en junio pasado.
El trabajo, llamado simplemente “Primer informe”, señaló la multicausalidad del cáncer, pero llamó la atención: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos”.
Laura Mazzitelli, ama de casa transformada en militante luego de la leucemia de su hijo, argumenta y pregunta: “Los médicos y la Justicia nos dieron la razón. Alcanza caminar por el barrio para ver los niños con malformaciones y cáncer, ¿qué más van a esperar los funcionarios para reconocer este desastre?”.
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