Un acuerdo sobre la energía nuclear
16:03 | 
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Eco Sitio |
Un acuerdo sobre la energía nuclear
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
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