Retroceso récord del Perito Moreno: perdió casi un kilómetro de frente en 100 días y alertan por su estabilidad

Mediciones con drones de Glaciarium y el Parque Nacional Los Glaciares detectaron que el glaciar se alejó 910 metros de la costa entre febrero y junio de este año, superando la marca que tenía desde 1899. Un estudio sobre su dinámica interna explica por qué el proceso podría volverse más inestable.

El glaciar Perito Moreno se alejó 910 metros de la costa en apenas 100 días, entre el 24 de febrero y el 4 de junio de 2026. El registro, obtenido mediante vuelos con drones, marca el mayor retroceso documentado en el frente del glaciar y supera los 750 metros relevados en 1899 por el geólogo alemán Rudolf Hauthal. El monitoreo fue realizado por Glaciarium y la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, que desde mayo de 2025 efectúan vuelos periódicos con un vehículo aéreo no tripulado, y permitió seguir los cambios durante el verano 2025-2026 y el otoño posterior. La retracción se concentra en un período en el que el glaciar perdió 1,46 kilómetros cuadrados de superficie -0,81 en verano y 0,65 en otoño-, equivalentes a 204 canchas de fútbol profesional. Según el informe de Glaciarium, esos 197 días explican el 44% de toda la superficie que el Perito Moreno perdió desde 2018. Desde ese año, la pérdida total equivale a 458 canchas de fútbol.

Desprendimientos y desacople de las morenas
El proceso también se observa desde la costa: durante los últimos meses, grandes bloques de hielo flotaron en el Canal de los Témpanos, una señal de los desprendimientos y de la transformación del frente glaciar. El investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pierre Pite, explicó que "los eventos de desprendimiento masivo registrados recientemente responden a un desacople de las morenas subacuáticas y a mayores temperaturas estacionales, factores que aceleran el desprendimiento de bloques y dificultan su capacidad de recuperación invernal". Lucas Ernesto Ruiz, investigador del CONICET en el IANIGLA, agregó: "el Perito Moreno históricamente se mantuvo en equilibrio por su geometría y su anclaje sobre la península de Magallanes, pero la pérdida sostenida de espesor en las zonas de acumulación y la pérdida del punto de apoyo en el fondo del lago modifican sustancialmente su estabilidad frente a las oscilaciones térmicas".

Un equilibrio que se rompió en 2018
Hasta hace pocos años, el Perito Moreno era una excepción en la Patagonia. Mientras otros glaciares de la región retrocedían, el suyo mantenía un equilibrio relativo: la masa de hielo que perdía en primavera y verano tendía a recuperarse durante el otoño y el invierno. Entre 1999 y 2013, la posición de su frente varió menos de 50 metros. Ese comportamiento comenzó a modificarse en 2018: desde entonces, los investigadores registraron una mayor pérdida de superficie, el adelgazamiento del hielo, el aumento de la velocidad de flujo y el retroceso de sus dos frentes, hacia el Canal de los Témpanos y el Brazo Rico del lago Argentino. Un estudio sobre el estado y la posible evolución futura del glaciar detectó que la tasa de descenso de la superficie frontal pasó de 0,34 metros anuales entre 2000 y 2019 a hasta 5,5 metros por año entre 2019 y 2024. La investigación, que combinó mediciones de radar de penetración terrestre transportado en helicóptero, batimetrías y series satelitales de elevación y velocidad, mostró que el adelgazamiento fue más intenso en las zonas bajas y cercanas al frente, donde el hielo está en contacto con el agua del lago, y que la aceleración del movimiento del hielo también se concentró en esas áreas próximas a la terminación, sin replicarse en los puntos más alejados. Para los autores, esa diferencia indica que el ajuste dinámico comenzó en el frente y avanza gradualmente aguas arriba.

La barrera natural que sostuvo al glaciar durante décadas
Los nuevos relevamientos permitieron identificar con mayor precisión la topografía que se encuentra debajo del hielo. En el frente existe una cresta subglacial que prolonga la península Magallanes y divide el flujo hacia el Canal de los Témpanos y el Brazo Rico; esa elevación del lecho actúa como un punto de anclaje que ayuda a sostener la lengua glaciar y limita su retirada. Además, una morrena subacuática en el Canal de los Témpanos regula la circulación del agua frente al glaciar: forma un umbral de entre 100 y 120 metros sobre el fondo general del lago, y su presencia mantiene confinada el agua más fría y turbia cerca del frente, lo que reduce el deshielo subacuático en profundidad. El estudio sostiene que esa combinación de factores topográficos explica la estabilidad histórica del Perito Moreno. Mediciones del 19 de marzo de 2026 relevaron profundidades de entre 110 y 180 metros en el Canal de los Témpanos, y de entre 70 y 100 metros en el Brazo Rico.

Qué puede pasar si continúa el adelgazamiento
Los investigadores elaboraron un modelo conceptual para analizar qué podría ocurrir si persisten las tasas de descenso observadas entre 2019 y 2023. El trabajo no fija fechas ni pronostica una trayectoria inevitable, pero identifica condiciones que podrían favorecer una retirada más amplia: la primera etapa posible sería la separación del frente respecto de la cresta subglacial, lo que aumentaría la porción de hielo sumergida y expuesta al lago, acercando sectores del frente a condiciones de flotación, con más desprendimientos y una mayor aceleración del flujo. El modelo señala que el área frontal bajo el agua podría crecer cerca de un tercio en una primera fase y hasta 90,76% en una segunda sección del valle; más adelante, una constricción del terreno podría ofrecer una estabilidad relativa, aunque el estudio no asegura que el glaciar alcance allí un nuevo equilibrio. Los propios autores advierten sobre los límites de estas proyecciones: el análisis parte de tasas recientes de adelgazamiento que no necesariamente se mantendrán constantes, y no incorpora de manera completa la dinámica futura del flujo del hielo, las precipitaciones, el aporte de nieve en zonas altas ni los cambios de temperatura. También remarcan que el verano 2022-2023 fue excepcionalmente cálido en Argentina, por lo que extrapolar ese comportamiento puede sobredimensionar el retroceso. Aun con esas salvedades, sostienen que el Perito Moreno atraviesa su mayor pérdida en alrededor de un siglo, y que la continuidad del adelgazamiento puede volver más inestable su frente.
Las campañas de medición combinan expediciones terrestres -con estacas de ablación y estaciones automatizadas que registran la pérdida de superficie por derretimiento en los meses estivales- con vuelos de drones, imágenes satelitales del programa Copernicus y batimetrías del Canal de los Témpanos y el Brazo Rico.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Diario Perfil, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) / CONICET

La otra cara de Vaca Muerta: cierran una escuela por contaminación

Una escuela rural de Neuquén, ubicada a poco más de un kilómetro de una de las fuentes de emisión de metano más importantes del mundo según el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, fue inhabilitada mientras YPF debe realizar un plan de mitigación. Las familias denuncian que fueron trasladadas sin información clara sobre los riesgos que motivaron la medida.

La Escuela Primaria N°291 de Aguada Toledo, en la provincia de Neuquén, está cerrada desde el fin de las vacaciones de invierno, hace casi dos meses. El 18 de agosto, el edificio se quedó sin gas, y durante semanas la única explicación que dio el Consejo Provincial de Educación fue que había pérdidas porque el gas se consumía más rápido de lo habitual. El 25 de septiembre, las autoridades de la escuela recibieron una nota de comunicación interna que informaba la inhabilitación transitoria del establecimiento entre octubre de este año y febrero del próximo, dispuesta "en relación con las actuaciones llevadas adelante por la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales respecto de la situación ambiental existente en las inmediaciones" de la escuela, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa mientras YPF realiza tareas de mitigación. Según esa misma nota, la Secretaría de Ambiente derivó a la propia empresa la realización del estudio y el monitoreo de la calidad del aire, delegando la responsabilidad técnica y socioambiental al sector privado.

El reclamo de la comunidad
Janet Alveal, directora de esta escuela rural del Distrito Escolar II de Cutral Có y Plaza Huincul, difundió un comunicado sobre la situación y la necesidad de recibir respuestas institucionales. La comunidad escolar, junto con la Asociación de Trabajadorxs de la Educación del Neuquén (ATEN), logró que la ministra de Educación, Soledad Martínez, la recibiera en la sede del Consejo Provincial, en la ciudad de Neuquén, luego de más de un mes sin clases. Las familias reafirmaron allí su decisión de no prestar consentimiento al traslado de las clases al edificio de la Escuela N°176 de Chacaycó, a unos 30 kilómetros por un camino de ripio en malas condiciones: sostuvieron que la escuela 291 constituye la única presencia del Estado en ese territorio, y que cualquier riesgo ambiental no afecta solo a quienes asisten a clases, sino también a las familias que viven y permanecen en la zona. Pidieron en cambio contar con condiciones seguras para quedarse, con un corredor seguro para el transporte de las infancias en un horario determinado. Pese a ese pedido, las clases terminaron trasladándose desde el lunes siguiente, lo que implica para el grupo de estudiantes más de cuatro horas diarias de transporte. Desde el Gobierno provincial, en tanto, se descartó que se trate de un cierre definitivo: la ministra Martínez explicó que la medida responde a un plan de mitigación que YPF realizará en la zona, y aseguró que la comunidad volverá a sus instalaciones para el inicio del ciclo lectivo 2027.

Una de las fugas de metano más importantes del mundo
Según el reporte publicado en junio de 2026 por el Observatorio Internacional de Emisiones del Metano del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), Argentina figuraba en el puesto 49° a nivel mundial por las fugas de unos tanques de YPF ubicados en Sierra Barrosa, a tan solo 1.100 metros del edificio escolar. Esta fuga fue detectada de forma continua a través de satélites durante un año completo, entre mayo de 2025 y mayo de 2026. A principios de agosto, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial realizaron un pedido de acceso a la información pública ambiental ante la Secretaría de Ambiente provincial, consultando específicamente por las medidas de contención frente a estas fugas cerca de la escuela. La Secretaría respondió que inspeccionó el establecimiento -ya cerrado para entonces- y que realizó mediciones que no encontraron inconvenientes respecto de las emisiones de los mecheros cercanos. Sin embargo, Patricia Rodríguez, especialista en medición de metano de la organización Earthworks, advirtió que el instrumento usado por los representantes provinciales en esa inspección "es un instrumento principalmente usado para seguridad laboral y sanitaria en mayor parte en ambientes cerrados", lo que pone en duda su capacidad para medir correctamente emisiones al aire libre en un entorno industrial abierto.

Un contaminante que no se ve ni se huele
El metano es un gas incoloro e inodoro, y es el segundo contribuyente más importante al calentamiento global después del dióxido de carbono, con un potencial de calentamiento 82,5 veces mayor que el CO2 en un plazo de 20 años. Las actividades vinculadas a los hidrocarburos no convencionales emiten metano que contribuye a la formación de ozono troposférico, un contaminante tóxico a nivel del suelo, además de otros compuestos perjudiciales para la salud como óxidos de nitrógeno, material particulado fino, ácido sulfhídrico y compuestos BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno). La médica Luciana Capozzi, del Instituto de Salud Socio Ambiental, advirtió sobre el impacto específico en la infancia: "en esta escuela donde concurren infancias del área rural, se vulnera su derecho a habitar en un territorio sano, y no hay personas sanas cuando se habitan en territorios enfermos. El metano en su transformación a ozono troposférico tiene la capacidad de ingresar al aparato respiratorio produciendo inflamación, que en estas personas que aún poseen un desarrollo incompleto, los vuelve una población vulnerable a sufrir trastornos como rinitis, reagudizaciones de asma, dermatitis y enfermedades hematológicas entre otros".

Setenta años de explotación y un historial de incidentes
La concesión hidrocarburífera Loma La Lata-Sierra Barrosa abarca casi 2.000 kilómetros cuadrados y comprende dos yacimientos operados por YPF desde hace más de setenta años, que producen gas y petróleo convencional y no convencional. Según el Informe de Gestión 2021 de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, durante 2019 se registraron 49 incidentes ambientales en Aguada Toledo y 26 en Loma La Lata. Registros anteriores ya daban cuenta de episodios de emisión de gas en la zona: el 15 de noviembre de 2017, YPF había informado la emisión de 80.000 metros cúbicos de gas por día, y una semana después otro episodio en el mismo yacimiento con un volumen de 13.333 metros cúbicos. La Escuela 291, creada en marzo de 1990 bajo modalidad albergue para compensar las dificultades de distancia en la zona rural, quedó con el tiempo rodeada por una extensa red de infraestructura hidrocarburífera: pozos convencionales y de fracking, instalaciones de venteo y quema de gas, plantas de procesamiento, una planta compresora, baterías y ductos.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Observatorio Petrolero Sur, Portal Cutral Co al Instante, Portal Neuquén Web

Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal

Semanas después de que sus integrantes frenaran el ingreso de una topadora, la Comunidad El Tunal, del Pueblo Vilela, denunció que la Dirección de Bosques provincial autorizó formalmente a una empresa agropecuaria a desmontar uno de los últimos sectores de monte nativo de su territorio, reconocido oficialmente por el Estado como de ocupación tradicional indígena.

La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Originario Vilela, denunció que continúan los desmontes en parte de su territorio comunitario en el norte de Santiago del Estero, pese a los reclamos presentados ante las autoridades provinciales. Según informó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques de la provincia autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a avanzar con las tareas, luego de que a fines de agosto la propia comunidad lograra frenar el ingreso de una topadora que había comenzado a desmontar en el lugar.

Una autorización después de la resistencia
De acuerdo con la organización, tras aquel freno inicial se presentó en el territorio una persona con una orden atribuida a la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichelli, mediante la cual se autorizaba a la empresa a realizar el desmonte. "Ante el desconocimiento total de la comunidad, se han radicado las denuncias correspondientes, sin embargo desde las autoridades de control, se hace oído sordo", sostuvo el MOCASE-VC en una publicación difundida en redes sociales. Según la denuncia, las máquinas continúan trabajando en el lugar. La organización afirmó además que las topadoras están custodiadas por personas armadas, una acusación que no fue acompañada de documentación pública sobre la identidad de esas personas ni sobre actuaciones judiciales vinculadas al episodio.

Un territorio que el propio Estado reconoció como indígena
El Tunal está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero. En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad, y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie de aproximadamente 3.132 hectáreas, con delimitación georreferenciada y documentación histórica y antropológica incluida. Ese antecedente es central en el conflicto actual: mientras un organismo nacional registró oficialmente la ocupación tradicional del territorio, otro organismo provincial autorizó allí una actividad de desmonte.

Las preguntas que plantea la comunidad
El MOCASE-VC cuestionó los criterios utilizados por la Dirección de Bosques para otorgar la autorización y planteó interrogantes sobre la participación de la comunidad en el proceso: "¿por qué no se ha sometido a consulta pública? ¿Por qué no se mide el impacto ambiental, social, cultural, político que provoca autorizando en territorio indígena un desmonte?", preguntó la organización. La Ley Nacional de Bosques Nativos exige que los desmontes cuenten con autorización de la autoridad competente y una evaluación de impacto ambiental previa, además de contemplar mecanismos de participación pública y acceso a la información. En el caso específico de comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece además el derecho a ser consultadas mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas administrativas que puedan afectarlas directamente. La comunidad sostiene que desconocía la autorización y exige "inmediato freno a las autorizaciones otorgadas, revisión de las mismas, estudios correspondientes sobre los impactos en territorios".

Un conflicto que no es aislado
El caso de El Tunal se suma a un patrón que distintas organizaciones vienen documentando desde hace años en la provincia. Según datos de Greenpeace Argentina, Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes del país: solo en un período de seis meses se deforestaron más de 40.000 hectáreas en el norte argentino. El MOCASE-VC vinculó además este conflicto puntual con la pérdida de monte nativo y los efectos del cambio climático, y pidió que se evalúen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de las actividades autorizadas en territorios de comunidades originarias.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Neuquén incorpora 170 cámaras e Inteligencia Artificial para el monitoreo de la fauna silvestre

La provincia desplegó un sistema de cámaras de alta definición, domos y drones conectados por satélite a un centro de monitoreo en tiempo real, con inteligencia artificial capaz de identificar especies de forma automática, en la primera inversión de este tipo en dos décadas.

El Gobierno de la Provincia de Neuquén concretó la instalación de 170 cámaras estratégicas y domos de observación en distintos puntos del territorio, en lo que representa la primera inversión en tecnología de monitoreo de fauna silvestre en veinte años. La iniciativa busca fortalecer la conservación de los ecosistemas locales mediante la recolección continua de datos sobre los ambientes naturales, en lugar de depender únicamente de relevamientos ocasionales.

Qué apunta a vigilar el sistema
El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, cuya área depende del Ministerio de Seguridad, explicó que el objetivo de la red es supervisar puntos sensibles, especies en peligro de extinción y depredadores autóctonos. Entre las especies que ya se siguen de cerca están la mara, el cóndor y el gato montés, con cámaras ubicadas en zonas como Junín de los Andes y Alicurá, en el norte provincial. También se prepara un sistema específico de cámaras para localizar al gato andino, una de las especies felinas más amenazadas de la Patagonia. "Las cámaras son infrarrojas, transmiten las 24 horas en tiempo real, y graban y guardan movimientos", detalló Lagos, quien agregó que a eso se suman cámaras trampa que recogen información cada siete días.

Inteligencia artificial para identificar especies
El nuevo equipamiento está integrado con sistemas de información geográfica y utiliza modelos de inteligencia artificial como YOLO y Gemini, que permiten identificar especies de forma automatizada y analizar patrones morfológicos -como colores, apariencia y simetría- para optimizar el seguimiento de la biodiversidad y prevenir incidentes en áreas de riesgo. "Esto trabaja con un sistema de IA que toma patrones de animales, lo que nos permite determinar si es el mismo animal que vemos en distintos lugares", explicó el funcionario. El flujo de imágenes de alta definición y los datos georreferenciados se reciben en tiempo real en un Centro de Control centralizado, ubicado en la ciudad de Neuquén, que hoy está a cargo de tres personas: el sistema envía mensajes automáticos cuando las cámaras detectan movimiento, lo que permite coordinar intervenciones sin necesidad de desplegar personal en el territorio para las etapas iniciales de inspección.

Drones y conectividad satelital
El despliegue tecnológico se complementa con la puesta en funcionamiento de la primera de cinco Unidades Aéreas No Tripuladas, utilizadas por la Dirección Provincial de Fauna, con un radio de acción de hasta 45 kilómetros que facilita el patrullaje en zonas rurales, áreas naturales protegidas y territorios de difícil acceso. El primero de estos drones ya había comenzado a operar en abril de este año, con un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar y diferenciar personas, animales y vehículos, y la posibilidad de volarse directamente desde el centro de monitoreo. Las cámaras fijas y los domos móviles se conectan a ese centro a través del servicio satelital Starlink, lo que permite sostener la transmisión incluso en zonas remotas sin cobertura de red convencional. El esquema se completa además con collares satelitales para el seguimiento individual de ejemplares.


Fecha de Publicación: 02/10/2026
Provincia/Región: Neuquén 
Fuentes Consultadas: Portal Neuquén News, Portal NoticiasNQN, SPN Noticias

El Chaco se sumó a "Ríos del Yaguareté", el proyecto que busca proteger la biodiversidad de la Cuenca del Paraná

El gobernador Leandro Zdero participó en Buenos Aires de la presentación oficial de la iniciativa internacional que busca restaurar y reconectar los ecosistemas de la Cuenca del Paraná durante los próximos veinte años, y remarcó la relevancia del proyecto para una provincia atravesada por grandes sistemas fluviales.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, acompañó en Buenos Aires la presentación oficial de Jaguar Rivers Initiative-Ríos del Yaguareté, el proyecto internacional de conservación lanzado la semana pasada que busca restaurar, proteger y reconectar los ecosistemas de la Cuenca del Río Paraná a través de una estrategia de veinte años. El encuentro contó con la presencia de la ambientalista estadounidense Kris Tompkins, quien encabeza la iniciativa, junto a referentes de las cuatro organizaciones que la impulsan: Fundación Rewilding Argentina, Onçafari de Brasil, Nativa de Bolivia y Fundación Moisés Bertoni de Paraguay.

Por qué le importa al Chaco
La iniciativa contempla la protección de unos 2.050 kilómetros de ríos, entre ellos los sistemas del Paraná, Iguazú, Paraguay, Bermejo y Pilcomayo, dentro de una cuenca de aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados compartida por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Para el Chaco, la propuesta adquiere particular relevancia por su ubicación dentro de la región chaqueña y su vinculación directa con esos grandes sistemas fluviales. Durante la presentación, Zdero remarcó la importancia de acompañar iniciativas que trasciendan las fronteras provinciales y nacionales: "cuando hablamos de conservar nuestra naturaleza, hablamos también de cuidar nuestro futuro. El Chaco tiene una enorme riqueza ambiental y tenemos la responsabilidad de protegerla y generar oportunidades a partir de ella", expresó.

La mirada del gobernador sobre la conservación regional
El gobernador insistió en que la conservación requiere un trabajo conjunto entre Estados, organizaciones, sector privado y comunidades: "los ríos no conocen fronteras y la naturaleza tampoco. Por eso necesitamos una mirada regional, que nos permita trabajar juntos para proteger nuestros bosques, nuestros ríos y nuestra fauna", sostuvo. También valoró que la iniciativa vincule conservación con desarrollo local y turismo de naturaleza: "somos un Chaco que protege su patrimonio natural, pero también que queremos convertir esa riqueza en desarrollo, empleo y oportunidades para su gente. Cuidar y producir pueden ir de la mano cuando existe planificación y responsabilidad", afirmó. Zdero cerró su intervención con una referencia al horizonte de largo plazo del proyecto: "tenemos que dejar de mirar la naturaleza de manera fragmentada. Si queremos recuperar especies y ecosistemas, tenemos que trabajar sobre los corredores que los conectan. Este es un desafío de hoy, pero también un compromiso con las próximas generaciones".
El acompañamiento del Gobierno provincial se suma así a la estrategia general de Ríos del Yaguareté, que propone combinar grandes áreas protegidas o "arcas" de biodiversidad, zonas de amortiguación, puntos intermedios de conexión y los propios ríos y planicies de inundación como corredores naturales para que la fauna nativa pueda desplazarse y recuperar territorios donde hoy está ausente.


Fecha de Publicación: 02/10/2026
Provincia/Región: Chaco 
Fuentes Consultadas: Diario Norte, Portal DataChaco 

La Corte Suprema dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros

El máximo tribunal rechazó una demanda del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata y revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Gobierno a través de un decreto en 2023. La decisión reavivó el rechazo de la oposición y del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Con esa decisión, el máximo tribunal revocó la inconstitucionalidad que había declarado previamente la Cámara Federal de La Plata sobre ese artículo del decreto, y dejó firme, en los hechos, la eliminación de los límites que existían para que extranjeros compraran tierras rurales en el país.

El origen del conflicto judicial
El caso comenzó cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se declarara la inconstitucionalidad y la nulidad de la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que regulaba y limitaba la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. Según planteó la organización, eliminar ese marco de protección facilitaba la extranjerización del territorio y la formación de latifundios, con impacto directo sobre la soberanía nacional y la integridad territorial del país. En primera instancia, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata había rechazado la presentación, por considerar que la entidad de excombatientes no tenía legitimación suficiente para litigar. Pero en marzo de 2024 la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU y ordenó registrar la causa como proceso colectivo, con el argumento de que la soberanía nacional constituye un bien colectivo. El Estado apeló entonces ante la Corte Suprema.

Qué dijo la Corte
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró procedente el recurso del Estado y rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación activa: consideró que no se configuró un "caso" o "controversia" judicial concreta que habilitara la intervención de los tribunales. Según explicó el tribunal, la soberanía territorial es un elemento constitutivo del propio Estado y, por eso, no puede encuadrarse como un "bien colectivo" en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, lo que impide que una asociación civil como el CECIM reclame en su representación. La Corte remarcó, de todos modos, que su decisión se limitó exclusivamente a resolver la falta de legitimación de la parte actora, y aclaró expresamente que no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023 ni interfiere en las facultades del Congreso para tratar la norma.

La reacción de Kicillof y la oposición
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como "el fallo de la infamia" en un mensaje publicado en la red social X. "La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular", escribió, y agregó: "lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial". El gobernador recordó la movilización realizada el 6 de agosto frente al Congreso contra un proyecto impulsado por el Gobierno, denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que buscaba introducir modificaciones sobre la Ley de Tierras y que el Ejecutivo terminó retirando del Senado por no reunir los votos necesarios. "Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros", sostuvo Kicillof, quien cerró su descargo con la consigna "¡Argentina para los argentinos!". Otros referentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda también criticaron el fallo y reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, tal como ya había hecho el Senado. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que, a partir de esta resolución, "Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización", y remarcó que ahora la responsabilidad de revertir la situación queda en manos del Congreso.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Diario El Eco de Tandil, Diario La Nueva, Página 12

La Corte Suprema dejó firme la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros en Sastre

Ocho años después de que una nena de dos años con cáncer moviera a su comunidad contra las fumigaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró de manera definitiva el caso de Sastre y Ortiz, Santa Fe, y dejó firme una zona de exclusión que ya se perfila como antecedente para otros pueblos fumigados del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la Municipalidad de Sastre y Ortiz, en el centro-oeste santafesino, y dejó firme la sentencia que establece una zona de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres con agroquímicos alrededor de toda la planta urbana, y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas. "El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma. Por ello, se desestima la queja", señaló la Corte en una resolución de apenas unas líneas, publicada el 13 de agosto, que cierra ocho años de litigio.

La historia de una nena de dos años
El conflicto se remonta a 2018, cuando Zoe Giraudo fue diagnosticada con linfoma linfoblástico tipo T a los dos años. Su madre, Sonia González, relató en su momento que los médicos vincularon el cáncer con la exposición a agroquímicos: la familia vivía a metros de campos de soja y ella misma había trabajado once años en una cooperativa agrícola, con su oficina a cinco metros de un depósito de insumos químicos. Ese diagnóstico movilizó a gran parte de la comunidad de Sastre, un pueblo de poco más de 6.000 habitantes donde hasta entonces se podía fumigar a apenas 100 metros de las viviendas. Los vecinos lograron primero que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que alejaba las aplicaciones a 200 metros, pero la norma fue vetada por la oposición de productores y del propio municipio, cuya intendenta, María del Carmen Amero de Brunazzo, nunca recibió a los vecinos para tratar el tema.

El camino judicial
Los vecinos autoconvocados recurrieron entonces a la Justicia con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, y en noviembre de 2018 el juez de San Jorge Daniel Zoso les otorgó una cautelar de 400 metros. La medida quedó frenada hasta que, en septiembre de 2020, el juez rafaelino Duilio Hail dictó sentencia firme y extendió la zona de resguardo a 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas. Desde entonces, ningún tribunal modificó esa decisión central: la Municipalidad, respaldada por productores agropecuarios que se presentaron como terceros coadyuvantes, agotó sin éxito los recursos ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela y la Corte Suprema de Santa Fe, hasta llegar en 2024 a la Corte Suprema nacional, con el patrocinio del estudio jurídico Rondina. El Gobierno de Santa Fe intervino en el proceso como tercero interesado.

La evidencia científica detrás del fallo
El fallo de primera instancia, de 54 páginas, se apoyó en pruebas científicas que luego resistieron todas las instancias posteriores. El Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Damián Verzeñassi, aportó un informe que documentó una tasa de cáncer en Sastre por encima de la media nacional, en base a los llamados "campamentos sanitarios". El biólogo Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, presentó veinte años de estudios de laboratorio sobre áreas sojeras argentinas y una docena de investigaciones internacionales sobre el daño en la salud -en particular en niños- por la exposición a fumigaciones, y recomendó específicamente una zona de resguardo de 1.000 metros. También se incorporó la investigación en genética y mutagénesis ambiental de la genetista Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esa base, la Justicia aplicó el principio precautorio, que permite adoptar medidas de protección ante un riesgo de daño grave o irreversible aun sin certeza científica absoluta.

Un antecedente para otros pueblos fumigados
Aunque la Corte Suprema no fijó una doctrina propia ni se pronunció sobre el fondo del asunto -solo desestimó el recurso por falta de fundamentación autónoma-, dejó en pie un antecedente que especialistas consultados por medios locales calificaron como "una referencia obligada en materia ambiental". El fallo confirma que un amparo colectivo puede desplazar una ordenanza municipal, y que el principio precautorio alcanza para sostener una restricción de este tipo incluso frente a la incertidumbre científica sobre los efectos de los agroquímicos. Sastre y Ortiz queda así como caso testigo para los reclamos de otros pueblos fumigados de la Argentina que discutan distancias de resguardo similares.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo, Diario Tiempo Argentino, Diario La Capital de Rosario

Ley de Semillas: el Gobierno decidirá quiénes pagarán por el uso propio tras la falta de acuerdo

Tras meses de negociación entre productores y semilleras, el Gobierno quedó a cargo de definir cuántos productores pagarán por el uso propio de sus semillas en la futura Ley de Semillas, en un debate que además reabre la discusión de fondo sobre la adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91 y su impacto sobre la agricultura familiar.

Tras una reunión con parte de los integrantes de la Mesa de Enlace y sus técnicos, la discusión por una nueva Ley de Semillas entró en una etapa de definición en manos del Gobierno. Después de tres mesas de trabajo entre representantes de la producción y la industria semillera, ambas partes expusieron ante funcionarios nacionales hasta dónde lograron acercar posiciones y cuáles son las diferencias que todavía mantienen, especialmente sobre qué productores deberían pagar por el uso propio de semillas y quiénes quedarían exceptuados. Con esa información, ahora será el Gobierno el que avance en la elaboración del proyecto que pretende enviar al Congreso.

La discusión por los deciles
Según explicó una fuente oficial a La Nación, para los cultivos de soja, trigo y arroz los productores proponen que el pago por el uso propio alcance a los deciles 1, 2 y 3 del Sistema de Información Simplificado Agrícola, mientras que los ubicados entre los deciles 4 y 10 quedarían exceptuados. La industria semillera, en cambio, plantea ampliar el universo alcanzado a los deciles 1 al 6, y exceptuar únicamente a los comprendidos entre los deciles 7 y 10. La distancia entre ambas posiciones involucra a 16.818 productores y 1.855.452 hectáreas.
El universo analizado con base en información del SISA comprende 56.065 productores y 14.582.238 hectáreas, con un promedio de 260 hectáreas por productor, aunque la distribución es muy desigual. Los 16.818 productores que integran los tres primeros deciles representan el 30% del total, pero concentran el 82,72% de la superficie registrada: es el universo que propone alcanzar la producción. Bajo ese esquema, el 70% restante -39.247 productores, que en conjunto trabajan apenas el 17,28% de la superficie- quedaría exceptuado. La propuesta de la industria, en cambio, alcanzaría a 33.636 productores (60% del universo, con el 95,44% de la superficie), dejando la excepción reservada solo para 22.429 productores de los deciles más altos, que manejan apenas el 4,56% de la superficie.

Quién estuvo en la mesa
La convocatoria, realizada por el Instituto Nacional de Semillas, tuvo una participación dispar: Federación Agraria Argentina no estuvo presente por la realización de su Congreso anual; por Confederaciones Rurales Argentinas participaron de forma virtual Pablo Ginestet y Gustavo Suter Schneider; por la Sociedad Rural Argentina estuvo Tomás Palazón, y por Coninagro, su presidente, Lucas Magnano. "El diálogo fue constructivo y permitió avanzar en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias", describió Magnano, quien señaló que el Gobierno evaluará la información recibida, elaborará una propuesta y volverá a convocar a productores y obtentores antes de avanzar. Desde la industria semillera calificaron el proceso como "positivo" y remarcaron "una visión conjunta de entender que tenemos que salir de donde estamos", aunque reconocieron que persisten diferencias en algunos puntos.

El trasfondo: la adhesión a UPOV 91
Más allá de la discusión puntual sobre los deciles, persiste otro punto central de desacuerdo: la eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91, un marco internacional para la protección de las obtenciones vegetales. El país está adherido desde 1994 al Acta de 1978, más flexible con los agricultores, mientras que la Asociación de Semilleros Argentinos ratificó que mantiene su propuesta de adhesión al Acta de 1991 como "el norte" a seguir. Ese compromiso surgió en febrero de este año, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, y viene generando fuerte resistencia desde entidades de agricultura familiar, campesina e indígena, que lo consideran una amenaza directa a la soberanía alimentaria.
Bajo UPOV 91, el uso propio deja de ser un derecho automático de los agricultores y puede requerir autorización expresa del obtentor, además de extenderse la protección al producto de la cosecha, no solo a la semilla original. Más de cien organizaciones, entre ellas la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Unión de Trabajadores de la Tierra, reclamaron al Congreso que rechace cualquier adhesión a ese convenio. El sector hortícola y la agricultura familiar resultarían especialmente afectados: utilizan en gran medida variedades de polinización abierta y cultivares desarrollados por el INTA -como la serie UCO-, que hoy permiten el uso propio sin depender de insumos externos, algo que UPOV 91 podría limitar. Especialistas advierten además que una mayor concentración de las variedades cultivadas en manos de pocas empresas reduce la diversidad genética disponible, lo que puede aumentar la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas frente a nuevas plagas asociadas al cambio climático. Ya en junio de este año, el Gobierno había avanzado con resoluciones administrativas que, sin modificar formalmente el texto de la Ley de Semillas vigente desde 1973, habilitaron un mayor control privado sobre las variedades genéticas sin pasar por el debate parlamentario.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario La Nación,  Portal Soberanía Alimentaria (Cátedras Libres CALISA), Instituto Nacional de Semillas (INASE)