Pesca: ONG lanzan un registro abierto de la flota y reclaman que el Estado publique sus datos

El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde reunieron en una plataforma pública los permisos, cuotas y sanciones de los barcos del Mar Argentino, mientras en Diputados sigue frenado un proyecto para abrir el registro oficial.

Dos organizaciones ambientales lanzaron registroflotapesquera.org, una base de datos abierta que reúne en un solo lugar información sobre la flota que opera en el Mar Argentino. La iniciativa es del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y de Sin Azul No Hay Verde (SANHV), y busca suplir un vacío: el país no tiene un registro nacional oficial, completo, actualizado y de libre acceso en línea sobre quién pesca y en qué condiciones.
La plataforma sistematiza datos sobre embarcaciones, propietarios y armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas asignadas y antecedentes de sanciones. Para construirla, las organizaciones presentaron múltiples pedidos de acceso a la información pública y ordenaron las respuestas. Según explicaron, gran parte de esos datos ya los administra la Subsecretaría de Pesca, pero hoy están fragmentados o son difíciles de consultar. Además, parte de la base quedó incompleta porque el Estado no entregó todo lo solicitado.

Una industria de exportación
El reclamo apunta a uno de los sectores exportadores más importantes del país. En 2025, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.010 millones de dólares, el segundo mejor registro histórico, y los desembarques de este año marcan el nivel más alto de la última década. Juan Coustet, coordinador de SANHV, cuestionó que, aun así, nadie pueda saber con facilidad quién explota un recurso que es de todos los argentinos, con qué derechos y bajo qué condiciones.
Consuelo Bilbao, directora política del CPA, sostuvo que publicar esta información no implica solo ponerla a disposición de la ciudadanía, sino repartir la capacidad de control. Las organizaciones aclararon que la plataforma no pretende reemplazar a los organismos públicos ni asumir tareas de fiscalización. Su objetivo es demostrar que los datos pueden reunirse y difundirse de forma accesible, y empujar la creación de un registro oficial.

El proyecto que espera en Diputados
La base de datos se presenta como respaldo de un proyecto de ley concreto. El expediente 2585-D-2026, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca 24.922, que creó el Registro de la Pesca. La reforma busca que su contenido sea público, se difunda en formatos abiertos y se actualice periódicamente. “El Registro de la Pesca ya existe”, resumió Bilbao: la iniciativa no exige crear nuevas bases de datos, sino publicar lo que el Estado ya recopila.
Según el texto del proyecto, el registro debería incluir como mínimo:
- los datos técnicos y de titularidad de cada barco;
- los permisos y las cuotas individuales transferibles de captura, con sus cambios;
- la situación administrativa de cada embarcación;
- las sanciones firmes.
La información se publicaría en un sitio oficial gratuito, con actualización al menos mensual. Cualquier reserva por secreto comercial o datos personales tendría que ser excepcional y fundada. El Poder Ejecutivo tendría 180 días para reglamentarla.
Los fundamentos invocan la Ley 27.275 de acceso a la información pública y el Acuerdo de Escazú, que obligan a difundir de manera proactiva la información ambiental.
Sin embargo, la iniciativa no avanza. En septiembre, durante un conversatorio en el Senado, las organizaciones denunciaron que la comisión de Diputados a cargo del tema no le había dado tratamiento. Se trata de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por César Treffinger (La Libertad Avanza). Ferraro planteó entonces: “Tenemos que poder saber quién pesca, con qué permisos, qué cuotas tiene”.

Nueve de cada diez viajes, sin control a bordo
La opacidad se extiende a la fiscalización. Un informe previo de las mismas organizaciones, titulado El mar como caja negra, aporta estos datos:
- la cobertura de inspectores embarcados cayó del 20% al 15% de los viajes entre 2023 y 2026;
- hay 64 inspectores para más de 7.400 mareas, y casi nueve de cada diez viajes se realizan sin control a bordo;
- en la pesca de calamar Illex, el principal producto exportado en volumen en 2025, la cobertura es del 9%;
- la normativa exige inspector en los buques de 33 metros de eslora o más, pero esa obligación nunca se cumplió en más del 56% de los casos.

La excepción regional
El argumento central de las organizaciones es comparativo. Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay ya cuentan con sistemas digitales abiertos para consultar los datos de sus flotas, y los fundamentos del proyecto suman a México, Panamá y Guatemala. En ese mapa, la Argentina aparece como la excepción entre los países pesqueros de la región.
Para los impulsores, abrir el registro reduciría la discrecionalidad en la asignación de permisos y cuotas, ayudaría a prevenir conflictos de interés y facilitaría el control ciudadano sobre un recurso cuya sostenibilidad depende de saber quién captura qué.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Noticias Ambientales; Economía Sustentable; Red del Conurbano; ADNSUR; EcoNews; Mercado; Honorable Cámara de Diputados de la Nación (proyecto 2585-D-2026); Ley Federal de Pesca 24.922; Subsecretaría de Pesca; Círculo de Políticas Ambientales; Sin Azul No Hay Verde.

Río Negro creó por ley el Corredor de los Cinco Grandes, su mayor área marina protegida

La Legislatura aprobó por unanimidad en general la creación de un área de 2.733 kilómetros cuadrados en el Golfo San Matías. El plan de manejo definirá dónde y cómo podrá pescarse.

Río Negro ya tiene su mayor área marina protegida. La Legislatura provincial sancionó el jueves 29 de octubre la ley que crea el Área Natural Protegida Corredor de los Cinco Grandes. El área abarca unos 2.733 kilómetros cuadrados del noreste del Golfo San Matías y más de 130 kilómetros de costa, desde la desembocadura del río Negro hasta Punta Mejillón, y se extiende mar adentro hasta las 12 millas náuticas.
Es la primera área natural protegida que se crea en la provincia en casi 20 años y la primera de tipo costero-marino en más de dos décadas. Según el Gobierno provincial, con el corredor y las áreas ya existentes, la superficie marina protegida de ese sector del golfo pasa de alrededor del 8% al 23%. Así se acerca a la meta internacional de proteger el 30% de los mares del planeta.

Cómo fue la votación
El proyecto, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, fue aprobado por unanimidad en general. En la votación en particular, la mayoría de los artículos obtuvo el respaldo de todos los legisladores. Las excepciones fueron los artículos 1, 3 y 8, que se aprobaron por mayoría. El artículo 3, que fija la delimitación territorial, y el 8, que regula los mecanismos de participación y consulta, recibieron 37 votos a favor y 5 en contra.
Durante el debate, la legisladora Magdalena Odarda cuestionó la extensión del área y reclamó incluir otros sectores costeros afectados por proyectos energéticos. Desde el oficialismo, el legislador Facundo López defendió los límites propuestos y su compatibilidad con el desarrollo productivo de la provincia. También se discutió la situación de la pesca artesanal y la necesidad de que sus representantes participen de las decisiones de manejo.

Qué protege y cómo
El corredor une las reservas existentes de Punta Bermeja y Caleta de los Loros-Pozo Salado-Punta Mejillón, incluye sectores del estuario del río Negro y se vincula con la Reserva Municipal Acantilado de los Loros, en Viedma. Sus límites quedan definidos por 30 vértices georreferenciados en un anexo de la ley. El área se incorpora al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Su nombre homenajea a orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos. La norma establece tres categorías de manejo: Parque Provincial, Reserva de Uso Múltiple y Paisaje Protegido. La reserva de uso múltiple admitirá actividades productivas compatibles con la conservación. La intención es armonizar la protección con la pesca, el turismo, la navegación y la recreación.

Qué pasa con la pesca
La definición más importante para el sector pesquero llegará con el plan de manejo. Ese plan fijará la zonificación definitiva: dónde podrá operar cada modalidad de pesca y qué restricciones regirán en cada categoría. Hasta que se apruebe, las actividades legalmente autorizadas continuarán sujetas a la normativa vigente.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, a cargo de Judith Jiménez, será la autoridad de aplicación. Elaborará el plan con la participación de los municipios, los pescadores artesanales, los sectores productivos, las instituciones científicas y las comunidades costeras. Al presentar la iniciativa ante la comisión legislativa, la funcionaria sostuvo que “proteger el mar también es defender nuestros recursos, acompañar a las comunidades costeras” y generar condiciones para un desarrollo turístico y productivo responsable. Los próximos pasos son la promulgación y la publicación de la ley.

Ciencia y turismo
El corredor se apoya en dos años de investigación científica de la Fundación Por el Mar, con estudios de la Fundación Cethus, la Wildlife Conservation Society y el Grupo Condros del CIMAS. Para la directora de Por el Mar, Martina Sasso, se trata de “algo novedoso, tanto para Argentina como para el resto del mundo”. El coordinador de la fundación en Río Negro, Sebastián García, destacó que el área puede potenciar el turismo de naturaleza, con el avistaje de las especies que le dan nombre, y generar oportunidades para las comunidades locales.
Según el Gobierno, la nueva figura también establece un marco para ordenar las actividades del golfo y anticipar conflictos con el tráfico marítimo y los sectores productivos. Es una zona donde la conservación convive con el desarrollo energético.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Gobierno de Río Negro, Pescare, Portal ANBariloche

Lapataia: suspenden el arribo de megayates con helicópteros, pero la autorización sigue en pie

La agencia que representa a los tres yates de lujo suspendió el fondeo en el Parque Nacional Tierra del Fuego alegando razones climáticas, mientras las organizaciones ambientales siguen reclamando explicaciones por un permiso otorgado contra la opinión de los técnicos del parque.

Los megayates no llegarán a Bahía Lapataia. La agencia marítima Ushuaia Shipping (USHIP SRL) comunicó a la administración del Parque Nacional Tierra del Fuego que decidió suspender el fondeo de los yates Lonian, Hodor y Sherakhan, previsto entre el 12 y el 18 de noviembre. La operación incluía el traslado de pasajeros en helicóptero dentro del área protegida. La marcha atrás llegó pocos días después de que se conociera la autorización oficial, que había desatado una fuerte polémica en Ushuaia.
En una nota fechada el 29 de octubre, la empresa explicó que optaba por “suspender momentáneamente el fondeo” y atribuyó la decisión exclusivamente a factores climáticos. No hizo referencia a las objeciones ambientales ni a las restricciones legales que habían planteado los propios técnicos del parque. Tampoco aclaró si se trata de una cancelación definitiva.

Una autorización contra el informe técnico
El pedido había sido presentado el 28 de septiembre. El 20 de octubre, siete especialistas de las áreas técnicas y operativas del parque firmaron un informe unánime. Tras evaluar los riesgos ambientales y las restricciones legales, concluyeron: “No resulta procedente autorizar” el fondeo ni las operaciones con helicópteros. Pese a eso, el 27 de octubre el intendente del parque, Marcelo Almirón, firmó la autorización.
El dictamen sostenía que los vuelos vulnerarían la Ley de Parques Nacionales 22.351, que restringe los sobrevuelos de aeronaves motorizadas en estas áreas, e invocaba el principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675. Entre los riesgos, los técnicos advirtieron:
- que las anclas y cadenas de embarcaciones de entre 67 y 87 metros de eslora podían dañar los bosques sumergidos de cachiyuyo, un alga clave para el ecosistema marino austral;
- el ruido de helicópteros y generadores;
- la posibilidad de derrames;
- la perturbación de especies como el huillín, el cauquén caranca y el quetro austral.

La versión del parque
Tras la suspensión, la Intendencia del Parque Nacional difundió un comunicado en el que informó que la empresa había desestimado la propuesta. Allí sostuvo que la solicitud debía evaluarse según su compatibilidad con los objetivos de conservación del área protegida. También afirmó que el informe técnico ambiental resultaba fundamental para identificar los aspectos relevantes y fijar medidas preventivas. Recordó además que en Puerto Arias operan catamaranes desde hace más de una década, y aseguró que el equipo de gestión queda a disposición de organizaciones y vecinos para consultas e inquietudes.
El comunicado, sin embargo, abrió nuevas dudas. Allí se afirma que la propuesta se limitaba a la posible actividad de dos embarcaciones, mientras que el pedido original y la autorización mencionaban tres yates. Tampoco explica por qué se habilitó una actividad que los técnicos habían considerado improcedente ni cuál sería la excepción legal que permitía los vuelos.

Las organizaciones no se conforman
La Asociación Manekenk, una de las organizaciones ambientales que encabezó el rechazo, consideró que el texto oficial no se corresponde con la evidencia y que solo agrega confusión. Su referente, Nancy Fernández, cuestionó que el comunicado equiparara un kayak con una embarcación de casi 80 metros con helicópteros. También apuntó contra las autoridades políticas del parque más que contra la empresa. Según Fernández, la autorización habilitaba algo que la ley prohíbe y nunca se justificó por qué.
Sobre la suspensión, Fernández relativizó el argumento climático. “Creo que también esto se debe a la presión social”, afirmó. Destacó la respuesta de la comunidad fueguina y su apoyo a los técnicos de los organismos nacionales, que a su juicio fueron silenciados por las áreas políticas. La organización asegura que no recibió ninguna comunicación oficial y, junto con otras entidades, busca reunirse con Almirón para conocer los fundamentos de la decisión.

Preguntas abiertas
La autorización no fue revocada: la suspensión fue una decisión de la empresa, y su carácter momentáneo deja abierta la posibilidad de un nuevo pedido. Para las organizaciones, el caso expone una tensión de fondo sobre el uso de los parques nacionales: si las áreas protegidas pueden abrirse a actividades turísticas de alto impacto aun cuando sus propios especialistas recomiendan lo contrario. Bahía Lapataia queda por ahora a salvo de los helicópteros, pero sin respuestas sobre cómo se llegó a autorizarlos.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Fuentes Consultadas: Portal NotiTDF; El Diario del Fin del Mundo; Aire Libre FM; Portal Sur54