Argentina necesita acelerar sus compromisos de biodiversidad hacia 2030, advierte un informe de FARN

En plena COP17, un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales concluye que el país desarrolló herramientas para cumplir las metas globales, pero sin resultados verificables, con financiamiento insuficiente y un informe nacional todavía pendiente.

Mientras en Ereván, Armenia, la COP17 de biodiversidad realiza el primer balance global de los compromisos para frenar la pérdida de naturaleza, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que la Argentina necesita acelerar la implementación de sus metas. El documento, titulado “Metas Mundiales de Biodiversidad a 2030: escenario argentino rumbo a la COP17”, concluye que el país avanzó en el diseño de herramientas, pero todavía no logró resultados verificables en el territorio.
El análisis evalúa cómo avanza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, el instrumento con el que la Argentina traduce a escala nacional los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022 con 23 metas para 2030.

Herramientas sin resultados
Según el informe, se desarrollaron metodologías, procedimientos e instrumentos para avanzar en las metas nacionales, pero esos avances aún no se reflejan en mejoras concretas para los ecosistemas. “El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas”, resumió Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de FARN.
El documento identifica una serie de obstáculos que se repiten: financiamiento insuficiente, capacidades institucionales limitadas, débil coordinación entre la Nación y las provincias y entre los distintos organismos, información pública incompleta y falta de indicadores adecuados para medir el progreso.
Un dato muestra el retraso: el séptimo informe nacional que la Argentina debía presentar ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en febrero de 2026 todavía está pendiente. A nivel global, más del 70% de las 196 Partes del convenio ya entregó ese reporte, según la Secretaría del organismo.

Sin datos sobre la inversión
El informe señala que no existe una cifra oficial que permita conocer cuánto invierte el país en total en la conservación de la biodiversidad, y que los presupuestos públicos no están suficientemente vinculados con las metas de la estrategia nacional. Esa falta de información dificulta evaluar si los recursos alcanzan para cumplir los objetivos.
La restauración de ecosistemas es otro de los puntos críticos. En la Argentina, unas 4,6 millones de hectáreas se encuentran bajo algún proceso de restauración, lo que equivale apenas al 4,6% de la superficie degradada estimada. La meta global establece que al menos el 30% de los ecosistemas degradados esté bajo restauración efectiva en 2030.

El costo de no actuar
La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias económicas. FARN cita un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que advierte que el deterioro de la naturaleza podría reducir el producto interno bruto real de la región en un 3,3% hacia 2030.

Las recomendaciones
Entre sus propuestas, FARN plantea garantizar la continuidad de las políticas de biodiversidad a lo largo del tiempo, fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas, asegurar un financiamiento suficiente y accesible y mejorar el monitoreo de las metas.
La organización también reclama la sanción de una Ley de Humedales, una deuda histórica del Congreso, y advierte sobre la necesidad de evitar retrocesos en la protección ambiental. En ese sentido, pide evaluar los efectos de las reformas de la Ley de Tierras Rurales y de la Ley de Manejo del Fuego sobre los suelos, los ecosistemas y los riesgos asociados al clima. Además, insiste en garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Un examen global
El informe llega en un momento clave. En la COP17, que se extenderá hasta el 30 de octubre, los países revisan por primera vez los avances hacia las metas de 2030, en un contexto en el que menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados en el mundo avanza al ritmo necesario. Las negociaciones giran en torno al financiamiento, la reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza y la llamada hoja de ruta de Ereván, que busca acelerar la implementación.
Para la Argentina, uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas de la región, el diagnóstico de FARN es una señal de alerta: a cuatro años de 2030, las herramientas están, pero los resultados todavía no se ven.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diez años de monitoreo en playas bonaerenses registraron más de 280.000 residuos, la mayoría plásticos

El Censo Provincial de Basura Costera Marina cumple una década con una serie histórica que confirma que cuatro de cada cinco residuos hallados en la costa de Buenos Aires son plásticos.

Más de 280.000 residuos registrados en diez años de relevamientos en las playas de la provincia de Buenos Aires, y una proporción que casi no cambia: alrededor del 80% son plásticos. Ese es el balance de una década del Censo Provincial de Basura Costera Marina, impulsado por la Red Costera Bonaerense (RECOBO), que se convirtió en el registro más extenso sobre la contaminación de las costas de la provincia.
La iniciativa comenzó en 2016, en el marco de las actividades del Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas con los Residuos Marinos. Desde entonces, se repite cada año con una metodología común y relevamientos simultáneos a lo largo del litoral, lo que permite comparar los resultados entre localidades y entre temporadas. En esta década participaron más de 20 localidades bonaerenses y miles de voluntarios.
“Diez años después contamos con una valiosa serie histórica”, destacó Diego Albareda, coordinador de Paisajes Costero-Marinos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones que integran la red. Según explicó, esa información muestra que el problema persiste y aporta la evidencia necesaria para impulsar soluciones.

Qué se encuentra en la arena
El último censo con resultados completos, el octavo, se realizó entre septiembre y octubre de 2025. Participaron 50 organizaciones y organismos públicos y 457 voluntarios, que recorrieron 172.359 metros cuadrados de playa en 17 localidades y puntos turísticos. Allí contabilizaron 39.826 residuos.
Los plásticos representaron el 78,36% del total. El ítem más frecuente fueron los fragmentos plásticos, con el 27,32%, restos de objetos que se rompen con el sol, el viento y las olas y que, con el tiempo, se transforman en microplásticos. Les siguieron las colillas de cigarrillos, con el 21,43%; los envoltorios plásticos, con el 8,9%; las bolsas plásticas, con el 8,17%, y el telgopor, con el 7,06%.
La composición de la basura se repite con pocas variaciones año tras año: botellas, tapas, envoltorios y descartables de un solo uso aparecen de manera constante en las playas, tanto en las del Río de la Plata como en las de la costa atlántica. Albareda advirtió en la presentación de esos resultados que los plásticos ya no son un problema exclusivo de la fauna, porque los microplásticos también llegan a las personas a través del agua y los alimentos.

Una amenaza para la fauna marina
El origen del censo explica su foco. Las tortugas marinas que llegan a las aguas bonaerenses, como la tortuga verde, la cabezona y la laúd, confunden bolsas y otros plásticos con su alimento, como las medusas, y los ingieren. Esos residuos pueden obstruirles el sistema digestivo y provocarles la muerte. Lo mismo ocurre con aves, peces y mamíferos marinos, que además pueden quedar enredados en redes, sogas y otros desechos.
Las colillas de cigarrillos, el segundo residuo más frecuente, también tienen un impacto ambiental importante: sus filtros están hechos de un plástico llamado acetato de celulosa y liberan sustancias tóxicas al agua y a la arena.

El censo de este año
Los relevamientos de 2026 ya se realizaron en San Pedro, Vicente López, San Clemente del Tuyú, Villa Gesell, Necochea, Quequén, Monte Hermoso, Miramar, Sauce Grande, Villa del Mar y Bahía Blanca, entre otras localidades. Algunos censos todavía están pendientes por cuestiones climáticas, por lo que los resultados de esta edición se conocerán más adelante.
Para las organizaciones que integran la red, la continuidad del monitoreo es tan importante como sus cifras. Una serie de diez años con la misma metodología permite identificar qué residuos predominan, dónde se concentran y si las políticas de reducción de plásticos de un solo uso tienen efectos concretos en las playas.
Los datos refuerzan además un mensaje que las organizaciones repiten en cada edición: la basura que llega a la costa no se genera solo en la playa, sino también en las ciudades, los ríos y los desagües. Por eso, reclaman medidas que apunten a reducir el uso de plásticos descartables, mejorar la gestión de los residuos y promover la responsabilidad de quienes producen y comercializan envases, además de la participación ciudadana en la limpieza de las costas.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Red Costera Bonaerense (RECOBO), Fundación Vida Silvestre Argentina.

Organizaciones piden frenar loteos y rellenos sobre los humedales de la ciudad de Santa Fe

Una docena de organizaciones socioambientales presentó en el Concejo un proyecto para que la capital santafesina adhiera a la Ley provincial de Humedales y suspenda los permisos en zonas inundables hasta contar con un inventario.

En una ciudad donde cerca del 70% del territorio es agua, un grupo de organizaciones socioambientales de Santa Fe pidió al Concejo Municipal frenar los nuevos loteos, rellenos y construcciones sobre los humedales hasta que el municipio cumpla con la ley provincial que los protege. La propuesta fue presentada como un proyecto de ordenanza y busca que la capital santafesina adhiera a la Ley 13.932 de Humedales y a su decreto reglamentario.
La iniciativa reúne a un amplio arco de entidades, entre ellas la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, el Foro por la Recuperación del Paraná, la Cooperativa de Pescadores de Alto Verde, la Fundación Cauce, la Asociación Cultural de la Costa, la Mesa Humedales de la Red Argentina del Paisaje, el Foro Ciencia Santa Fe, la Asamblea por los Ríos Vivos, el Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino y el Movimiento Vecinal Defensas de la Costa.
“Estos espacios naturales se encuentran amenazados por las presiones del sector inmobiliario”, advirtieron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Qué propone el proyecto
El texto plantea declarar a los humedales de la ciudad como espacios de interés público permanente y crear un Inventario Local de Humedales, un registro técnico e hidrológico que debería completarse antes de cualquier modificación futura del Reglamento de Ordenamiento Urbano.
Mientras tanto, propone suspender de manera preventiva los nuevos permisos de construcción, loteos, rellenos, dragados y alteraciones del terreno para emprendimientos inmobiliarios, comerciales o industriales, públicos o privados, en cuatro distritos ubicados fuera de los anillos de defensa: Rural Anegadizo, Zona de Seguridad Hídrica, Reservorio Hídrico y Urbanización Futura. La suspensión regiría hasta que el municipio cumpla con los requisitos de la ley provincial. Quedarían exceptuadas las obras públicas de defensa contra inundaciones, la infraestructura hídrica de emergencia, el mantenimiento de desagües y la limpieza de canales.
Sandra Gallo, integrante de la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, explicó que la norma provincial y su reglamentación exigen contar con un inventario de humedales “antes de proponer cualquier tipo de intervención sobre los humedales y los reservorios”.

El origen del conflicto
El reclamo surge a partir de la Ordenanza 13.106, aprobada por el Concejo en diciembre de 2025, que modificó el Reglamento de Ordenamiento Urbano e incorporó sectores de “urbanización futura” sobre áreas que funcionan como reservorios naturales de los ríos Paraná y Salado. Para las organizaciones, esa norma no incorporó la ley provincial ni sus herramientas, como el inventario. Los grupos se reúnen desde junio y pidieron participar en la comisión especial que analiza los usos del suelo en los entornos urbanos ribereños, pero aseguran que no recibieron una respuesta formal del Ejecutivo municipal.

Una ciudad marcada por el agua
La advertencia tiene peso en Santa Fe, una ciudad rodeada de ríos, lagunas, bañados, planicies de inundación y valles de escurrimiento. Su historia está atravesada por las grandes inundaciones de 1983 y 1992, la crecida del río Salado de 2003 y las lluvias extraordinarias de 2007. En ese contexto, los humedales cumplen un papel clave como reservorios que absorben el agua durante las crecidas.
La Ley 13.932 fue reglamentada por el gobierno provincial en junio de 2025. Según el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, la norma prevé un Inventario Provincial de Humedales para identificar, clasificar y caracterizar estos ecosistemas, planes de ordenamiento ambiental del territorio coordinados con municipios y comunas, y la obligación de que los proyectos que puedan afectar el ambiente presenten un estudio ambiental y obtengan la factibilidad correspondiente. También contempla un plan de monitoreo continuo de la calidad del agua, el suelo, la flora y la fauna.
La reglamentación pide priorizar formas de ocupación y producción respetuosas del ecosistema. Las organizaciones sostienen que, sin ese inventario y sin la adhesión municipal, la ciudad sigue habilitando desarrollos sobre las mismas zonas que la protegen del agua.
Por ahora, no hubo una respuesta oficial del municipio al proyecto, que ahora queda en manos del Concejo.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Diario Aire de Santa Fe, Diario Uno Santa Fe, Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe

Un proyecto turístico con capitales árabes frente al Perito Moreno llega a la Justicia

Santa Cruz exceptuó por decreto una restricción para vender a capitales de Emiratos Árabes 21 hectáreas en el área protegida Península de Magallanes, y diputados opositores presentaron un amparo y un proyecto para anular la medida.

Frente a uno de los paisajes más emblemáticos de la Argentina, un proyecto turístico con capitales de Emiratos Árabes Unidos abrió una disputa política y judicial en Santa Cruz. El gobierno provincial habilitó, mediante una excepción, la venta de unas 21 hectáreas dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, para la construcción de un complejo de cabañas. Diputados de la oposición recurrieron a la Justicia federal y presentaron un proyecto para anular la medida.
La operación quedó habilitada por el Decreto 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de ese mes. La norma exceptúa, por única vez, una restricción fijada por el Decreto 994/2017, dictado durante la gestión de Alicia Kirchner, que impide la compra de inmuebles por parte de extranjeros cuando los terrenos se ubican, total o parcialmente, dentro de áreas protegidas, reservas o parques provinciales. Esa limitación era precisamente la que bloqueaba la operación.

El Master Plan Ecocentro
El proyecto, denominado Master Plan Ecocentro, prevé 24 cabañas con capacidad para unas 60 personas, espacios comunes, senderos peatonales e infraestructura complementaria. La compraventa autorizada se realiza entre la firma Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos, como compradora. Abarca dos parcelas, de 11,7 y 9,3 hectáreas, de las cuales unas 4 hectáreas se destinarían a infraestructura.
El expediente se tramita desde 2023 en el Consejo Agrario Provincial, que defendió el procedimiento y aseguró que el proyecto fue evaluado durante varios años, con cambios respecto de su diseño original, de mayor escala. El estudio de impacto ambiental derivó en una declaración aprobada en 2024. Según el gobierno, la excepción no equivale a un permiso general para construir, y el emprendimiento sigue sujeto a los planes de manejo del área protegida y a las condiciones que fijen las autoridades.

La Justicia y la Legislatura
El 8 de octubre, legisladores provinciales y representantes del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad presentaron un amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos. Piden una medida cautelar para frenar la transferencia de las parcelas, la escrituración, la inscripción en el registro, la entrega de la posesión y cualquier obra. Entre sus argumentos figuran la ubicación de los terrenos dentro de un área protegida, su vínculo con el entorno del Parque Nacional Los Glaciares y del glaciar, y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Hasta el momento, no se conoce una resolución sobre la cautelar ni sobre el fondo.
Ese último punto se cruza con la discusión nacional sobre la Ley de Tierras Rurales. La norma, que limita la titularidad extranjera de tierras rurales y prohíbe la compra de inmuebles ribereños de cuerpos de agua permanentes, fue derogada por el decreto 70/2023 del gobierno nacional, pero la Corte Suprema suspendió provisoriamente esa derogación el 9 de octubre y restituyó su vigencia mientras se resuelve la cuestión de fondo.
En paralelo, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad, el 24 de septiembre, un pedido de informes sobre la operación, y ahora tomó estado parlamentario el Proyecto 717, firmado por los diputados Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic. La iniciativa busca derogar el Decreto 915, declarar nulos de nulidad absoluta todos los actos administrativos derivados y dar rango de ley a la restricción del Decreto 994/2017, para impedir nuevas excepciones. Sus autores sostienen que hace falta “una valla normativa clara” que proteja las áreas naturales de la provincia.

Un debate abierto en El Calafate
En El Calafate, la ciudad turística más cercana al glaciar, el intendente Javier Belloni pidió a empresarios y entidades turísticas que expresen su posición sobre el futuro de la zona.
Lo que se decida en los tribunales y en la Legislatura definirá si el entorno del Perito Moreno puede abrirse a nuevos desarrollos privados con capitales extranjeros o si la protección del área debe quedar blindada por ley.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
Provincia/Región: Santa Cruz 
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal Ahora Calafate, Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz

Sequías, pinos y barrios en el bosque: por qué los incendios patagónicos son más graves

Un estudio de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro analizó doce grandes incendios en la Comarca Andina entre 2015 y 2025 y concluyó que el clima, la acumulación de combustible y la expansión urbana se combinan para potenciar el fuego.

Los incendios forestales en la cordillera patagónica no son solo más frecuentes: también son más extensos, más severos y más destructivos. Un equipo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se propuso explicar por qué y llegó a una conclusión clara: no hay una única causa, sino una combinación de factores que se potencian entre sí.
El trabajo, publicado en la revista científica Ecología Austral, analizó doce grandes incendios ocurridos entre 2015 y 2025 en la Comarca Andina del Paralelo 42. Esa región reúne localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, entre Río Negro y Chubut. En esa década, el fuego arrasó 46.222 hectáreas, y cerca del 48% de esa superficie se quemó con severidad alta. Los incendios de 2015, 2021 y 2025 destruyeron más de 930 viviendas y causaron la muerte de cuatro personas, además de dañar cultivos, redes eléctricas y sistemas de agua.

Un clima cada vez más seco
El primer factor es climático. Los registros de El Bolsón de los últimos 30 años muestran que siete de los últimos diez veranos tuvieron lluvias por debajo del promedio. En la temporada 2024-2025, la temperatura máxima media superó en 3,5 grados el registro histórico, con 28 días por encima de los 30 °C.
Sequías recurrentes y temperaturas récord generan un ambiente en el que la vegetación se seca con facilidad y el fuego encuentra condiciones ideales para propagarse.

Combustible acumulado
El segundo factor es el combustible. “Por un lado se produjo una acumulación durante décadas de material combustible a partir del bosque nativo”, explicó Mariano Amoroso, coautor del estudio, investigador del CONICET y director de la Maestría en Agroecología de la UNRN. A eso se suman unas 14.000 hectáreas de plantaciones de pinos exóticos, una especie muy inflamable y de crecimiento denso, que tampoco recibieron un manejo adecuado. Según el investigador, ambos factores facilitan la rápida propagación de las llamas.
El problema se retroalimenta después de cada incendio. En las áreas quemadas, los arbustos rebrotan más rápido que los árboles nativos, lo que genera un paisaje todavía más inflamable que el original y aumenta el riesgo de que el fuego vuelva.

Barrios dentro del bosque
El tercer factor es humano. Entre 2000 y 2022, la superficie urbanizada de la región creció un 63,1%, en gran parte sobre el bosque nativo. Ese avance amplió la llamada interfase urbano-forestal, la franja donde las viviendas conviven con la vegetación.
El estudio muestra que al menos nueve de los doce grandes incendios comenzaron o se propagaron en barrios construidos junto al bosque. En esas zonas se multiplican las fuentes de ignición vinculadas a la actividad humana, y al mismo tiempo crece la cantidad de casas y personas expuestas al fuego.
Los investigadores subrayan que estos tres factores no actúan por separado: un verano seco sobre un bosque cargado de combustible y rodeado de viviendas multiplica el riesgo de que una chispa se convierta en un incendio de gran escala.

Actuar “el día antes”
Los investigadores advierten que la estrategia actual, centrada en el combate, no alcanza. Proponen dejar de actuar solo cuando el fuego ya empezó y planificar el territorio con anticipación: gestionar la vegetación que funciona como combustible, regular el avance de los barrios sobre el bosque y educar a la comunidad para prevenir y anticipar los riesgos.
La advertencia cobra fuerza tras la temporada 2025-2026, considerada la peor en seis décadas en la región. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 los incendios afectaron más de 60.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, casi todas en Chubut. La superficie duplicó la de la temporada anterior y fue diez veces mayor que el promedio de 2022 a 2024. La organización estima, además, que cerca del 95% de los incendios en la región tiene origen humano, un dato que refuerza la advertencia del estudio sobre la interfase urbano-forestal.
Con una nueva temporada por delante y El Niño en pleno desarrollo, las autoridades de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias se reunieron días atrás en Bariloche para coordinar recursos. Para los científicos, sin embargo, la clave está en lo que se haga antes de que aparezca la primera columna de humo.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro

Plantaron 32 mil árboles nativos en Chubut para recuperar bosques afectados por incendios

Más de 32.000 árboles nativos ya fueron plantados en 38 hectáreas de Chubut como primer paso de un plan más amplio que busca restaurar 127 hectáreas de bosque dañadas por los grandes incendios de la temporada 2014-2015, con la participación activa de comunidades mapuche de la zona.

Más de 32.000 árboles nativos ya fueron plantados en Chubut como parte de un plan destinado a recuperar sectores de bosques afectados por incendios forestales. Las primeras tareas se realizaron en Puerto Patriada, dentro de la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén, con la participación de comunidades locales, organismos públicos y organizaciones ambientales. El trabajo permitió intervenir 38 hectáreas en los territorios de las comunidades Cárdenas-Caucamán y Pulgar-Huentuquidel: en el primero se plantaron 15.000 cipreses de la cordillera y 5.000 coihues en 28 hectáreas, mientras que en el segundo se incorporaron 12.000 cipreses de la cordillera en otras 10 hectáreas.

Un plan que sigue en septiembre y octubre
La selección de los lugares donde se realizaron las plantaciones fue definida mediante un proceso de consulta y trabajo conjunto: las comunidades aportaron su conocimiento sobre el territorio, mientras que los equipos técnicos analizaron las características de las áreas afectadas para determinar las estrategias de restauración. La planificación contempla ampliar la restauración durante septiembre y octubre, hasta completar un total de 109.100 ejemplares en 127 hectáreas de distintos sectores de la provincia, entre ellos 73.000 cipreses de la cordillera, 35.000 coihues y 1.100 alerces, una de las especies nativas más longevas y amenazadas de los bosques andino-patagónicos. El objetivo no es solamente reponer árboles, sino favorecer la recuperación de los bosques nativos, su biodiversidad y las funciones ecológicas que cumplen en estos ambientes, en un proceso que busca imitar el modo en que los bosques se restauran de forma natural, acelerando una recuperación que de otro modo demandaría décadas.

También apuntan a controlar especies exóticas
Además de la plantación de especies nativas, el programa contempla tareas de manejo para favorecer el establecimiento de los nuevos ejemplares, entre ellas el control y la eliminación de renovales de pino radiata, una especie exótica que se regeneró de forma espontánea en distintos sectores afectados por los incendios y que compite con la regeneración del bosque nativo.

Quiénes están detrás de la iniciativa
La iniciativa reúne a la Secretaría de Bosques de Chubut, encargada de definir y coordinar las intervenciones, y que provee los plantines a través de su propio vivero forestal "Lemú", ubicado en la localidad de El Maitén; a la Fundación Vida Silvestre Argentina, que brinda acompañamiento técnico y económico a través del proyecto ProCLIM-AR, orientado a promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima en el país; y a ReforestArg, una organización civil fundada en 2016 que participa de los operativos de plantación y que, desde su creación, lleva plantados más de 450.000 árboles nativos en zonas afectadas por incendios en distintas provincias. Las comunidades Cárdenas-Caucamán y Pulgar-Huentuquidel tuvieron un rol central en la identificación de los sectores a restaurar y en las jornadas de plantación.

Parte de un programa de mayor escala
Las acciones forman parte de una estrategia más amplia para recuperar sectores afectados por los incendios forestales de la temporada 2014-2015, uno de los episodios de fuego más destructivos registrados en los bosques andino-patagónicos de la provincia. El proceso se desarrolla en el marco de la actualización del Programa Integral de Manejo y Restauración de Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales, con participación de organismos públicos, instituciones técnicas, organizaciones, comunidades y productores. La intervención en la zona del Lago Epuyén representa uno de los primeros pasos de un programa de mayor escala que busca avanzar progresivamente sobre las áreas dañadas, con una planificación realizada mediante un proceso de Consulta Libre, Previa e Informada con las comunidades, con el objetivo de definir las acciones de restauración a partir de las características de cada territorio y fortalecer la participación local en la recuperación y conservación de los bosques.


Fecha de Publicación: 28/09/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Fuego24, NoticiasNQN, Bichos de Campo

Desprendimientos de rocas en la montaña: otro síntoma del cambio climático en El Chaltén

Un informe del American Alpine Journal registró importantes caídas de roca en seis sectores del macizo de El Chaltén durante la temporada 2025-2026, y las vinculó con la degradación del permafrost y el retroceso glaciar, un proceso que investigadores del Conicet también documentan en la misma región.

Un reciente balance de la temporada 2025-2026, publicado por el American Alpine Journal bajo el título "El Chaltén Summary, 2025-2026", identificó varios eventos importantes de caída de roca en distintos puntos del macizo santacruceño, algunos de dimensiones particularmente grandes. El informe está firmado por Rolando Garibotti, guía y montañista de larga trayectoria en Patagonia, autor de la guía de referencia Patagonia Vertical y creador de PATAclimb, una extensa base técnica e histórica de la escalada en la región, que documenta de forma sistemática la actividad del macizo desde hace décadas. El nuevo balance identifica desprendimientos en Cerro Adela, El Mochito, Filo del Hombre Sentado, Aguja de la Silla, la cara oeste del Fitz Roy y el sector del Glaciar de los Tres.

Dos episodios ya conocidos
Al menos dos de los eventos mencionados en el informe ya habían sido registrados en su momento por la prensa local. En enero, un guía que se encontraba en el Campamento Polacos escuchó el estruendo de un desprendimiento en el Filo del Hombre Sentado, un gran contrafuerte rocoso ubicado al noroeste del Fitz Roy, y logró filmar un segundo colapso, todavía mayor, con una enorme masa de roca precipitándose por la pared. Un mes después, el 17 de febrero, se produjo otro desprendimiento significativo desde la ladera norte del Cerro Adela, sobre el glaciar homónimo, cerca del Cerro Torre, que guardaparques e integrantes de la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares escucharon mientras trabajaban en la zona. El nuevo informe del American Alpine Journal ubica ahora ambos episodios dentro de una serie más amplia de desprendimientos ocurridos durante la misma temporada.

Qué está pasando en las montañas
Garibotti relaciona estos eventos con una combinación de degradación del permafrost y retroceso glaciar. El permafrost es terreno o roca que permanece congelado durante largos períodos, y en alta montaña el hielo puede ocupar fracturas y contribuir a mantener unidos bloques de roca; su degradación favorece procesos de inestabilidad. En paralelo, cuando un glaciar se adelgaza o retrocede, quedan expuestas paredes que durante décadas o siglos estuvieron sostenidas parcialmente por el hielo.
Esa relación entre el retroceso del hielo y la inestabilidad de las laderas también viene siendo estudiada científicamente en la zona. Investigadores del Conicet que analizaron las pendientes de Cerro Solo y Techado Negro, en la cuenca del Glaciar Torre, determinaron que la pérdida de masa, volumen y espesor de ese glaciar produce una relajación de las laderas que lo contienen, volviéndolas más susceptibles a movimientos de remoción en masa. El mismo estudio aportó un dato relevante: entre 2022 y abril de 2024, la tasa de retroceso del Glaciar Torre se cuadruplicó respecto del período 2019-2022, con una pérdida estimada de unos 0,4 kilómetros cuadrados y un retroceso del frente de aproximadamente 645 metros.

Una preocupación que crece en la misma cuenca
Ese proceso de inestabilidad en la cuenca del Glaciar Torre motivó, además, una advertencia específica de científicos del Conicet sobre el riesgo de un aluvión glaciar en la zona de Laguna Torre, a unos 10 kilómetros de El Chaltén: un eventual desprendimiento de grandes volúmenes de roca hacia la laguna podría generar una ola interna capaz de superar la morena terminal que contiene el agua, con un desplazamiento de agua, sedimentos y rocas que tardaría entre 45 minutos y una hora en llegar a la localidad.
Los antecedentes muestran que los desprendimientos de roca vienen siendo observados desde hace varias temporadas: en el balance 2024-2025, Garibotti había contabilizado siete accidentes graves por caída de rocas en el macizo, con fracturas, un traumatismo severo y tres rescates externos. El informe correspondiente a 2025-2026, en cambio, señala que pese a los grandes desprendimientos registrados hubo comparativamente pocos accidentes, y ninguno fue fatal. El nuevo balance no establece cierres de montañas ni plantea una situación de alarma general, pero sí aporta nueva evidencia sobre un proceso cada vez más observado en la alta montaña: el retroceso del hielo no modifica solamente los glaciares, sino que también puede alterar la estabilidad de las paredes que los rodean.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes Consultadas: Ahora Calafate, American Alpine Journal, Conicet

Buenos Aires creó un registro para ordenar el uso de tierras públicas en las islas del Delta

El Gobierno bonaerense reglamentó un nuevo régimen de permisos para administrar los inmuebles de dominio público ubicados en las islas del litoral fluvial y marítimo de la provincia, y creó un registro centralizado para ordenar su ocupación y fortalecer el control estatal.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo marco regulatorio para administrar los inmuebles de dominio público ubicados en las islas bonaerenses y en la Isla Martín García. La medida busca ordenar la ocupación de estos espacios, mejorar el control estatal y centralizar la información relacionada con los permisos de uso y tenencia que hoy se encuentra dispersa entre distintos organismos provinciales.
La iniciativa se formalizó mediante el Decreto N° 1517, promulgado el 9 de septiembre y publicado una semana después en el Boletín Oficial provincial, firmado por el gobernador Axel Kicillof. La norma reglamenta el artículo 37 bis del Decreto-Ley N° 9.533/80 y fija las condiciones mínimas para otorgar permisos de uso y tenencia precaria, tanto gratuitos como onerosos, sobre inmuebles públicos localizados en las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense y en la Isla Martín García. Según sus considerandos, el objetivo es regularizar situaciones de ocupación de hecho sin desafectar los inmuebles del dominio público provincial, además de establecer criterios uniformes para su administración.

Un registro para centralizar la información
Uno de los principales cambios que introduce la norma es la creación del Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno provincial. Ese organismo tendrá la función de registrar, gestionar y centralizar toda la información vinculada con la ocupación y utilización de los bienes de dominio público ubicados en territorios insulares, en coordinación con el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público, dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de mantener una base de datos unificada y actualizada.
La norma también designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, que quedará facultada para dictar reglamentaciones complementarias, supervisar los procedimientos administrativos e intervenir en los trámites relacionados con mensuras, subdivisiones y regularización de inmuebles ubicados en las islas bonaerenses.

Qué cambia para municipios y ocupantes
El decreto establece que los municipios bonaerenses podrán recibir permisos de uso y tenencia precaria sobre estos inmuebles públicos, y que, de forma excepcional, podrán otorgar subpermisos a terceros siempre que cuenten con autorización previa de la autoridad provincial competente. Además, todos los permisos ya otorgados, así como los expedientes que se encuentren en trámite, deberán adecuarse a las nuevas disposiciones de la reglamentación.
La medida deroga el Decreto N° 942/20, que había creado en 2020 el Registro de Bienes de Dominio Público del Delta. Toda la información contenida en ese sistema anterior será incorporada al nuevo registro provincial, concentrando en una sola estructura los datos sobre los bienes estatales ubicados en las islas. Para completar el relevamiento, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad deberán suministrar la información catastral y registral necesaria.

El fundamento jurídico de la medida
Entre los fundamentos de la norma se cita el Código Civil y Comercial de la Nación, que considera de dominio público a las islas formadas en ríos, lagos y lagunas navegables, y establece que esos bienes son inenajenables, inembargables e imprescriptibles, por lo que no pueden ser vendidos ni adquiridos por prescripción. Desde el Gobierno bonaerense sostienen que esta herramienta permitirá fortalecer la planificación territorial, mejorar la administración de los bienes públicos insulares y garantizar una gestión más transparente de estos espacios, considerados estratégicos tanto por su ubicación geográfica como por su valor ambiental.
La medida fue refrendada por los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Pablo López (Economía) y Daniela Vilar (Ambiente), y representa un nuevo paso en la estrategia provincial para regular el uso de las tierras públicas en las islas del Delta y ordenar la gestión de la Isla Martín García y otros territorios insulares bajo jurisdicción provincial.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires 
Fuentes originales consultadas: Portal NoticiasAmbientales, El Día de La Plata, Portal ElEco
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Ambientalistas advierten sobre el impacto de las urbanizaciones sin control sobre las áreas protegidas del sistema de Tandilia


Informes sobre ordenamiento territorial y ecología de la conservación analizan el impacto de la fragmentación del hábitat en el sistema orográfico bonaerense.

Un análisis técnico enfocado en la gestión ambiental de la provincia de Buenos Aires expone las crecientes tensiones entre el crecimiento urbano y la preservación de los ecosistemas montañosos en la localidad de Tandil. Organizaciones vecinales y especialistas en biología de la conservación advierten que la expansión de emprendimientos urbanísticos sobre el cordón de Tandilia contraviene las normativas de protección de las sierras. Esta fragmentación de la cubierta vegetal y la alteración de la topografía natural no solo provocan la pérdida irreversible de la biodiversidad propia del pastizal pampeano, sino que modifican los patrones de escurrimiento superficial, incrementando los riesgos de erosión, desprendimientos y alteración de las zonas de recarga del acuífero local.

Degradación ecofisiológica y alteración de servicios ecosistémicos
El sistema de Tandilia constituye uno de los macizos rocosos más antiguos del planeta y actúa como un refugio biogeográfico para especies endémicas de flora y fauna. La conversión de la cubierta vegetal nativa en zonas urbanizadas implica el decapado del horizonte orgánico del suelo y la compactación edáfica por el uso de maquinaria pesada. Este proceso destruye la capacidad del suelo para actuar como esponja natural, reduciendo la tasa de infiltración hídrica y acelerando la escorrentía directa hacia la cuenca baja del arroyo del Fuerte. Asimismo, la introducción de flora exótica ornamental genera la invasión de especies leñosas que desplazan a la vegetación autóctona, alterando la dinámica de recarga de los mantos freáticos y reduciendo la resiliencia del ecosistema ante incendios de interfaz.
Para desglosar los factores ecológicos y geomorfológicos críticos que condicionan el equilibrio del cordón serrano, se destacan los siguientes puntos:
- Pérdida de conectividad biológica: La construcción de infraestructura vial y edilicia fragmenta los corredores de fauna nativa.
- Erosión hídrica y modificación de la cuenca: La impermeabilización del suelo serrano incrementa el volumen y la velocidad del drenaje pluvial.
- Degradación del patrimonio geológico: La alteración física de las laderas afecta reservorios de biodiversidad únicos del bioma pampeano.

Marco regulatorio e instrumentos de ordenamiento ambiental
Los informes de evaluación elaborados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y diversas universidades públicas de la provincia destacan la urgencia de aplicar efectivamente la Ley de Paisaje Protegido (Ley Provincial N.º 14.126) y la Planificación del Uso del Suelo. Los estudios de los organismos científicos ratifican que las sierras brindan servicios ecosistémicos fundamentales para la regulación climática y la provisión de agua dulce a escala regional. La omisión de las evaluaciones de impacto ambiental acumulativo en las autorizaciones municipales compromete la viabilidad de las áreas naturales protegidas y transgrede el principio de no regresión ambiental en el derecho normativo argentino.

Gobernanza del territorio y conservación del patrimonio natural
Superar la crisis de fragmentación ambiental en las sierras de Tandil requiere un plan integral de ordenamiento urbano que priorice la sostenibilidad del paisaje sobre los intereses especulativos. Resulta indispensable fortalecer la participación ciudadana en los comités de gestión ambiental, asegurando que las delimitaciones de las zonas de conservación sean estrictamente respetadas para resguardar la funcionalidad hidrológica y la biodiversidad del sistema serrano.


Fecha de Publicación: 15/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Agencia Télam, Infobae, La Nación, El Eco de Tandil, CONICET, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
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El hallazgo de ejemplares de huillín en cuencas patagónicas confirma la recuperación de la pureza de los ríos


Estudios poblacionales y de conservación celebran el retorno de la nutria nativa en cuencas del sur argentino como un indicador directo de la restauración de los ecosistemas hídricos.

Una alentadora noticia para la biodiversidad y la conservación hídrica del cono sur ha sido confirmada por la plataforma especializada EcoNews: la reaparición y consolidación de poblaciones de huillín (Lontra provocax) en diversos cursos de agua de la Patagonia argentina. La nutria nativa de agua dulce —una especie emblemática catalogada históricamente en peligro crítico de extinción debido a la presión de la caza furtiva para el comercio peletero y la alteración de sus hábitats— ha comenzado a recolonizar tramos fluviales y lacustres de donde había desaparecido hace décadas. Biólogos y guardaparques destacan que la presencia sostenida del huillín es un indicador ecológico irrefutable de la pureza química del agua y del estado de conservación de la vegetación de ribera, indispensable para la reproducción y el cobijo de esta especie.

Indicadores biológicos, calidad del agua y hábitat costero
El retorno del huillín a los ríos patagónicos no es un hecho aislado, sino el resultado directo de esfuerzos continuados en la protección de las cuencas hídricas y el control de especies exóticas invasoras. Como depredador tope de los ecosistemas acuáticos continentales, la presencia de esta nutria exige una alta disponibilidad de presas (principalmente crustáceos de río como el samastaco, peces nativos y moluscos) y niveles nulos de contaminación por efluentes urbanos o agroquímicos. La especie requiere, además, la preservación de los "bosques de ribera" o vegetación riparia nativa (compuesta por coihues, arrayanes y maitenes), cuyas raíces sumergidas y cavidades naturales ofrecen las condiciones microscópicas necesarias para la construcción de sus madrigueras (chorreras o huillineras) protegidas de la corriente y de los predadores.
Para desglosar los factores ambientales e institucionales que impulsaron la recuperación del huillín en los ríos patagónicos, se destacan los siguientes puntos:
- Mejora en la calidad hídrica y saneamiento: La reducción de vertidos contaminantes en tramos de cuenca alta y media permitió el restablecimiento de la fauna macroinvertebrada base de su dieta.
- Erradicación y control del visón americano: El combate contra el visón americano (Neogale vison), especie invasora que compite agresivamente por hábitat y alimento, liberó nichos ecológicos clave.
- Creación de corredores biológicos protegidos: La integración de Parques Nacionales con reservas provinciales aseguró la continuidad territorial de las cuencas sin fragmentación por infraestructuras.

Desafíos de conservación y monitoreo participativo
A pesar de las señales positivas de recolonización, los científicos advierten que las poblaciones de huillín continúan siendo extremadamente frágiles y enfrentan amenazas latentes. La fragmentación del territorio por loteos inmobiliarios en las costas de lagos y ríos, el tránsito descontrolado de embarcaciones a motor y la presencia de perros domésticos en áreas naturales representan riesgos directos de atropello, molestias durante la cría y transmisión de enfermedades. Para consolidar su recuperación, se impulsan programas de monitoreo participativo con comunidades locales y prestadores turísticos, promoviendo el avistamiento responsable y la protección de los cursos de agua dulce.

Restaurar los ríos para devolver la vida silvestre
La reaparición del huillín en la Patagonia demuestra que la naturaleza posee un notable poder de resiliencia cuando se aplican políticas efectivas de conservación y saneamiento ambiental. Proteger la pureza de los ríos y conservar las riberas nativas no solo asegura la supervivencia de esta nutria en peligro, sino que garantiza la provisión de agua limpia y servicios ecosistémicos para toda la región.


Fecha de Publicación: 14/09/2026
Provincia/Región: Patagonia 
Fuentes originales consultadas: Portal EcoNews, Administración de Parques Nacionales (APN), CONICET
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Analizan los impactos y alcances de una eventual Ley de Humedales para la protección de ecosistemas estratégicos en la Argentina


Informes de organismos de control y especialistas en derecho ambiental evalúan cómo cambiaría la gestión territorial, la producción y la preservación del agua de aprobarse el marco regulatorio.

Un exhaustivo análisis sobre las implicancias legales, ecológicas y productivas de una eventual legislación nacional ha sido publicado por el portal especializado El Auditor, en el que se evalúa el impacto transformador que tendría para la Argentina la sanción de una Ley de Humedales. Los humedales —que abarcan aproximadamente el 21 % de la superficie del territorio nacional e incluyen ecosistemas tan diversos como el Delta del Paraná, los Esteros del Iberá, las turberas de Tierra del Fuego y las lagunas puneñas— carecen actualmente de una norma presupuestaria mínima de protección a nivel federal. La ausencia de este marco normativo ha facilitado la degradación sistemática de estos frágiles entornos debido al avance de la frontera agrícola-ganadera intensiva, las quemas intencionales para cambio de uso del suelo, los desarrollos inmobiliarios sobre planicies de inundación y la extracción de insumos minerales como el litio en salares continentales.

Inventario nacional, ordenamiento territorial y moratoria
El pilar central de los proyectos de ley debatidos en el Congreso radica en la creación del Inventario Nacional de Humedales (INH), un relevamiento científico exhaustivo que categorizaría las funciones ecológicas y el valor de conservación de cada cuenca del país. A partir de este inventario, las provincias deberían elaborar un Ordenamiento Territorial de Humedales (OTH), estableciendo zonas de protección estricta (donde quedarían prohibidas las actividades industriales o alterantes) y zonas de uso sustentable. Una Ley de Humedales otorgaría herramientas jurídicas binding a las autoridades ambientales para exigir Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) acumulativas antes de autorizar dragados, endicamientos o canalizaciones que alteren el régimen hídrico natural, además de sancionar con severidad los incendios intencionales en zonas de reserva.
Para desglosar los ejes sustantivos y las áreas de impacto que transformaría la aprobación de esta ley federal, se destacan los siguientes puntos clave:
- Garantía de servicios ecosistémicos críticos: Protección de las esponjas naturales que regulan las crecidas de los ríos, purifican los acuíferos y mitigan las inundaciones urbanas.
- Freno a la quema intencional de pastizales: Herramientas penales y administrativas coordinadas para sancionar el uso del fuego no controlado en islas y cuencas.
- Seguridad jurídica para la producción sustentable: Reglas de juego claras que promuevan la ganadería adaptada al pastizal nativo y la pesca artesanal sin destruir la estructura del suelo.

El debate sobre el federalismo y las tensiones productivas
A pesar de las reiteradas emergencias ambientales —como los incendios históricos en el Delta y Corrientes—, las iniciativas parlamentarias han enfrentado resistencias de sectores agrarios, inmobiliarios y mineros, así como de gobiernos provinciales que argumentan una invasión sobre el dominio originario de sus recursos naturales (Artículo 124 de la Constitución Nacional). Sin embargo, los juristas ambientales señalan que el Artículo 41 faculta a la Nación para dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental sin alterar las jurisdicciones locales. La sanción de la ley armonizaría la regulación hídrica a escala de cuenca, evitando que decisiones locales unilaterales perjudiquen a las provincias ubicadas aguas abajo.

Un instrumento de resiliencia frente a la crisis climática
La sanción de una Ley de Humedales en la Argentina constituiría un hito fundamental para la gobernanza ambiental y la adaptación al cambio climático. Proteger las reservas de agua dulce y los grandes sumideros de carbono es una medida urgente para asegurar el desarrollo económico sustentable, resguardar la biodiversidad y garantizar el derecho humano a un ambiente sano para las futuras generaciones.


Fecha de Publicación: 12/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: El Auditor, Auditoría General de la Nación (AGN), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Red Nacional de Humedales (ReNaHu)
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Organizaciones vecinales y científicos alertan sobre las consecuencias ecológicas de la obra civil en la ribera rioplatense


La emblemática obra de defensa costera en la ribera del Río de la Plata se encuentra bajo la lupa de especialistas y habitantes locales, quienes exigen estudios de impacto ambiental urgentes ante alteraciones en el ecosistema costero y la hidrodinámica de la región.

La construcción del nuevo murallón de defensa costera en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, ha dejado de ser interpretada exclusivamente como una obra de infraestructura clave para la conectividad y la seguridad vial, para transformarse en un foco de intensa preocupación político-ambiental. Diversas organizaciones de la sociedad civil, asambleas vecinales de la región del Gran La Plata y científicos de universidades públicas de la zona han unificado sus reclamos para exigir al gobierno de la provincia de Buenos Aires la realización de una evaluación de impacto ambiental integral, exhaustiva y participativa. Los denunciantes sostienen que la megadefensa de hormigón, concebida originalmente para frenar las recurrentes sudestadas y proteger el trazado de la estratégica avenida Almirante Brown, se construyó omitiendo lineamientos ecológicos básicos, lo que está provocando severas modificaciones en la dinámica natural del estuario del Río de la Plata y poniendo en riesgo áreas de humedales y pastizales costeros de altísimo valor biológico.

Alteraciones en la dinámica hidrológica y la erosión de la costa
El principal argumento técnico esgrimido por los geólogos y especialistas en manejo costero radica en que la instalación de una barrera rígida y lineal de hormigón altera por completo el comportamiento de las mareas y el flujo de los sedimentos fluviales. En lugar de amortiguar la energía de las olas de forma gradual —como lo hacían las playas de juncales y arenas naturales originarias—, el murallón provoca un efecto de rebote de la masa de agua. Esta redirección de la fuerza hidráulica acelera los procesos de erosión en las áreas adyacentes que no cuentan con protección artificial, destruyendo los pocos sectores de playa pública remanentes y modificando los patrones de drenaje de los canales locales, lo que podría, paradójicamente, agravar las inundaciones en los barrios periféricos durante episodios de lluvias intensas o sudestadas prolongadas al taponar las salidas naturales de escurrimiento.
Para comprender a fondo la matriz de riesgos ambientales que genera este desarrollo de infraestructura en la ribera bonaerense, se sugieren desglosar los impactos en los siguientes puntos críticos:
- Pérdida de biodiversidad rioplatense: La eliminación de la vegetación hidrófila marginal (como juncales y espinillos) destruye el hábitat de nidificación, alimentación y refugio de decenas de especies de aves migratorias, anfíbios y mamíferos nativos de la costa.
- Fragmentación del ecosistema de humedal: El muro de hormigón actúa como una barrera física infranqueable que interrumpe la transición natural entre el medio acuático y el terrestre, impidiendo el intercambio biológico y genético de las especies locales.
- Degradación de los servicios ecosistémicos de la ribera: Al eliminarse la flora costera, la región pierde su capacidad natural para filtrar y depurar los contaminantes del agua, regular el microclima local y mitigar el avance de especies exóticas invasoras.

El reclamo de la comunidad y la demanda de transparencia institucional
El descontento de la comunidad local y de los colectivos conservacionistas también hace eje en la falta de transparencia y en la debilidad de los procesos de participación ciudadana durante las etapas de planificación y ejecución de la obra. Las asambleas socioambientales denuncian que la construcción del murallón avanzó a paso firme sin la presentación pública de un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y sin la convocatoria a las audiencias públicas que exige la legislación ambiental vigente en la República Argentina. Los vecinos movilizados enfatizan que no se oponen al desarrollo urbano ni a la seguridad de la conectividad vial de Punta Lara, sino que exigen que las intervenciones estatales incorporen criterios de ingeniería ecológica moderna y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), en lugar de aplicar recetas rígidas de cemento que destruyen la identidad natural y el patrimonio paisajístico de la localidad.

El desafío de conciliar el desarrollo urbano con la conservación del estuario
Este conflicto en la costa de Ensenada expone una problemática recurrente en los municipios que limitan con el Río de la Plata: la dificultad de planificar el crecimiento de las infraestructuras urbanas y turísticas respetando la fragilidad de los ecosistemas fluviales. Investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) insisten en que los humedales costeros y las selvas en galería de la región de Punta Lara —que actúan como zonas de amortiguación ecológica inmediatas a la Reserva Natural Integral Punta Lara— son recursos estratégicos e insustituibles frente a los escenarios proyectados de cambio climático, que prevén un aumento en la frecuencia y la severidad de las tormentas sudestadas. Continuar encorsetando la costa con defensas artificiales sin evaluar los impactos acumulativos a largo plazo representa un error de planificación territorial que trasladará pasivos ambientales y económicos severos a las futuras generaciones de la región costera.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Diario El Día de La Plata, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Foro Ambiental de la Región Capital
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El impacto de la minería de sílice transforma el frágil ecosistema del Delta entrerriano


La creciente demanda de arena de sílice utilizada para la técnica de hidrofractura en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta está provocando severas alteraciones ambientales en las islas y humedales de Ibicuy, movilizando a asambleas vecinales y científicos ante la degradación del suelo y el agua.

La expansión productiva del yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, situado en la Patagonia, ha consolidado de manera indirecta un fenómeno de extractivismo minero en el litoral argentino, con consecuencias ambientales sumamente alarmantes para la provincia de Entre Ríos. Las operaciones de fracking en el sur del país requieren volúmenes monumentales de arenas silíceas de alta calidad para actuar como agentes de sostén en los pozos de perforación. El departamento de Islas del Ibicuy, caracterizado por su delicado sistema de humedales pertenecientes al macrosistema del Delta del Paraná, se ha convertido en el principal epicentro de extracción de este insumo. Este proceso ha desatado una profunda preocupación en la comunidad local, la comunidad científica y los colectivos socioambientales, quienes denuncian que la velocidad y la escala de la minería a cielo abierto en la región están destruyendo la biodiversidad, alterando los cursos de agua dulce y transformando de forma irreversible un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático y la recarga de los acuíferos subterráneos.

Alteración hidrológica y el impacto en las napas freáticas
El principal foco de conflicto técnico y ambiental radica en el proceso de lavado y clasificación de las arenas dentro de las plantas mineras instaladas en el corazón del humedal. Para remover las impurezas y seleccionar el grano de sílice adecuado, las empresas extraen diariamente millones de litros de agua dulce provenientes de las napas superficiales y de los cursos superficiales del Delta. Los geólogos y técnicos locales advierten que este consumo desmedido e intensivo está provocando una depresión evidente en los niveles de agua subterránea, lo que afecta directamente el suministro de agua potable para las poblaciones rurales y compromete la supervivencia de la vegetación nativa que depende de la humedad constante del suelo. Además, existen denuncias reiteradas sobre el vuelco de aguas residuales cargadas de sedimentos finos y posibles floculantes químicos sin el debido tratamiento, lo que altera la turbidez de los ríos y daña los hábitats de reproducción de las especies ícticas autóctonas.

Para comprender la magnitud de la problemática en el territorio entrerriano, los especialistas sugieren desglosar los impactos socioambientales en los siguientes puntos críticos:
- Destrucción de la capa vegetal y del suelo orgánico: Las tareas de desmonte previas a la excavación eliminan los pastizales y bosques nativos, dejando el suelo expuesto a procesos de erosión eólica e hídrica acelerados.
- Contaminación acústica y atmosférica: El tránsito incesante de camiones de gran porte para el transporte de la arena genera densas nubes de polvo en suspensión que afectan la salud respiratoria de los vecinos y alteran la fauna local.
- Pérdida de servicios ecosistémicos: La degradación del humedal disminuye su capacidad natural para amortiguar inundaciones, regular las temperaturas locales y actuar como sumidero de carbono.

Conflictos regulatorios y la demanda de controles estatales rigurosos
La situación en Ibicuy ha expuesto las debilidades institucionales en materia de control ambiental y la compleja tensión existente entre el desarrollo energético nacional y la preservación ecológica provincial. Si bien la actividad minera genera puestos de empleo locales y dinamiza ciertos sectores económicos de la región, las asambleas vecinales y las organizaciones no gubernamentales sostienen que las evaluaciones de impacto ambiental presentadas por las empresas subestiman el daño acumulativo a largo plazo. Los habitantes exigen que la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos implemente auditorías independientes, limite la entrega de nuevas concesiones mineras y aplique de forma estricta la normativa vigente sobre la protección de los humedales. La falta de un marco regulatorio nacional unificado para estos ecosistemas agrava el escenario, permitiendo que las fronteras extractivas avancen sobre territorios hidrológicamente vulnerables sin una planificación territorial adecuada que resguarde los recursos naturales de las futuras generaciones.

El costo ambiental oculto de la transición energética
Este conflicto pone de manifiesto una contradicción estructural dentro de las políticas de desarrollo económico y energético del país. Mientras que a nivel nacional se celebra el incremento en los niveles de producción de gas y petróleo en Vaca Muerta como un paso hacia la autosuficiencia energética, los costos ambientales de esa explotación se trasladan de forma invisible a miles de kilómetros de distancia, afectando los sistemas hídricos del litoral. Científicos y docentes especializados en ecología política insisten en que no se puede analizar el impacto de los combustibles fósiles únicamente en el punto de perforación, sino que es indispensable evaluar toda la cadena de suministros asociada. La pérdida de los humedales de Ibicuy, esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático de la región pampeana y mesopotámica, representa un pasivo ambiental de magnitudes incalculables que obliga a repensar con urgencia la sustentabilidad real del modelo extractivo argentino.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes originales consultadas: Diario El Argentino de Gualeguaychú, Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Foro Ecologista de Paraná
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Qué es la resiliencia de los bosques y cómo se estudiará en Patagonia

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


La iniciativa recibió subsidio de la Fundación Williams. El trabajo será realizado por científicas del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Cuáles serán los pasos que darán para aportar conocimiento, según detallaron en diálogo con Diario RIO NEGRO. 
Los bosques patagónicos enfrentan un desafío enorme ante el fuego. Estos ecosistemas únicos sufren daños severos por el incremento de incendios forestales en la región.
La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio y recuperar su equilibrio con el paso del tiempo. Las especialistas estudian esta facultad para entender el proceso de sanación natural. 
Ahora, las doctoras Florencia Urretavizcaya y Melisa Rago buscan respuestas clave para la supervivencia de esos paisajes. Con un subsidio otorgado por la Fundación Williams, las investigadoras analizarán cómo el territorio logra reaccionar tras una catástrofe de gran magnitud. Ambas pertenecen al CONICET al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), ubicado en Esquel, Chubut.

El fuego contra el bosque
Se sabe que el aumento en la intensidad del fuego pone en riesgo la biodiversidad local. Esos eventos alteran la estructura natural que protege el suelo y la vida silvestre. El daño estructural dificulta la regeneración natural y pone en peligro la supervivencia futura.
Por eso, la fragilidad del entorno exige medidas concretas para su conservación. La falta de estrategias adecuadas puede impedir que la respuesta sea efectiva frente a la magnitud actual de los incendios.
“El objetivo principal de las investigadoras es estudiar la dinámica de recuperación de los bosques andino-patagónicos afectados por incendios. Vamos a generar conocimientos que servirán para el diseño de estrategias de manejo y conservación”, explicó Urretavizcaya, ingeniera forestal y doctora en biología, quien fue entrevistada por DIARIO RÍO NEGRO.
El trabajo vincula la resiliencia forestal con el impacto de la restauración ecológica activa. «La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio, como un incendio, y recuperar o reorganizar su estructura y sus funciones a lo largo del tiempo», explicó.

Luces sobre la ceniza
Las investigadoras evaluarán la vegetación en sitios afectados durante distintos años. Analizarán cómo la resiliencia propia del bosque interactúa con las nuevas condiciones ambientales.
Se enfocarán en bosques de coihue afectados con alta severidad en la última década. El trabajo de campo abarca áreas de la cordillera en Chubut y Río Negro.
«En este caso, vamos a focalizar nuestro estudio en bosques de coihue, cuyo nombre científico es Nothofagus dombeyi, que se han quemado con alta severidad en los últimos diez años en la región de la cordillera patagónica, ubicados en el norte del Chubut y Río Negro», detaló la doctora Rago.
El proyecto examinará la influencia humana en la regeneración del entorno vegetal. «Además, en este proyecto vamos a estudiar como la restauración ecológica contribuye a la recuperación de los bosques», comentó.
Compararán zonas con técnicas de restauración contra otras áreas sin intervención. Particularmente, van a focalizar ese tema en lenga (Nothofagus pumilio) al caracterizar parcelas de restauración postincendio realizadas por plantaciones, que ya cuentan con 16 años de edad.
“Estudiaremos qué especies de plantas predominan en cada momento y qué rol cumplen. Por ejemplo, queremos saber si favorecen que se recuperen los nutrientes en el suelo, y también cómo se va recuperando la actividad biológica”, añadió Urretavizcaya.
El tiempo de ejecución del proyecto suma un año calendario. «Este proyecto es por un año, así que ahora estamos planificando los muestreos que llevaremos a cabo durante esta primavera y verano», aclaran.
Las científicas prevén la redacción de resultados durante los meses de otoño e invierno. El equipo contempla la necesidad de sostener este monitoreo a largo plazo tras el plazo inicial. “Dado que la recuperación de los bosques luego de incendios es un proceso a largo plazo (o que duran décadas), esperamos luego continuar con estas líneas de investigación a través de futuros financiamientos”, puntualizó Urretavizcaya.

Coihue y lenga: diferencias y características de dos árboles nativos
El coihue (Nothofagus dombeyi) y la lenga (Nothofagus pumilio) son árboles nativos de Argentina y Chile. Pertenecen al mismo género y comparten parte de su distribución, pero tienen características y ambientes de crecimiento diferentes, según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.
El coihue es un árbol siempreverde que puede alcanzar unos 40 metros de altura. Prefiere los suelos húmedos y se desarrolla bien cerca de ríos y lagos. En la Argentina se encuentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La lenga es un árbol caducifolio: pierde sus hojas durante el otoño. Puede alcanzar unos 30 metros de altura. En las zonas bajas presenta porte arbóreo, mientras que en áreas altas o expuestas al viento puede adoptar una forma baja y achaparrada.
También existen diferencias en la altitud donde crecen. El coihue aparece desde el nivel del mar hasta unos 1.000 metros, mientras que la lenga puede crecer hasta unos 1.500 metros. En el norte de su distribución, la lenga puede formar el límite superior de la vegetación arbórea.
Coihue y lenga comparten género y territorio, pero se distinguen por sus hojas, su porte y los ambientes donde crecen. El coihue conserva sus hojas durante todo el año y prefiere suelos húmedos; la lenga pierde sus hojas y puede crecer en zonas más altas y expuestas.
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Denuncian avances ilegales y daños al patrimonio en las sierras de Tandil 

Fecha de Publicación: 24/08/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil volvió a denunciar intervenciones que, según sostiene, incumplen las normas que protegen el área serrana. El último caso fue registrado el 19 de agosto e incluye trabajos de desmonte, construcción y la destrucción de una pirca histórica.
El Plan de Desarrollo Territorial establece distintas restricciones según la altura. Desde los 200 metros sobre el nivel del mar, el sector rural está considerado Zona Natural Protegida, mientras que a partir de los 280 metros el territorio es catalogado como no urbanizable.
La organización sostiene que, pese a estas disposiciones, el avance de construcciones sobre las laderas se incrementó durante los últimos años. Según registros visuales, en 2010 la zona presentaba pocas edificaciones, mientras que para febrero de 2026 ya podían observarse alrededor de diez nuevas viviendas.
La situación más reciente fue detectada en un sector ubicado por encima de los 280 metros. Allí se realizaron tareas de desmonte y edificación que, de acuerdo con la Asamblea, afectaron una pirca, estructura de piedra considerada parte del patrimonio histórico y arqueológico local.
La protección de estas construcciones está contemplada tanto por una ordenanza municipal como por el propio Plan de Desarrollo Territorial.
Desde la organización cuestionaron la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos. “Los años van dejando cero respuestas y mucha impunidad”, señalaron los integrantes de la Asamblea.
Además, advirtieron que la expansión urbana sobre las sierras genera un impacto acumulativo sobre el paisaje y el ambiente.
Frente a este panorama, la Asamblea convocó a la comunidad a una presentación sobre la situación del área serrana. El encuentro será el jueves 27 de agosto, a las 18, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662, con entrada libre y gratuita.
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