Científicos detectan 49 agroquímicos en moluscos del Golfo Nuevo, una zona casi sin agricultura

Un estudio del INTA, el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham halló residuos de plaguicidas en todas las muestras de mejillones, cholgas, almejas y vieiras analizadas frente a Puerto Madryn, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina.

Un estudio científico detectó 49 agroquímicos distintos en moluscos bivalvos del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, en Chubut, una zona donde no desemboca ningún río y donde la actividad agrícola es mínima. El trabajo, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CONICET y la Universidad Nacional de Hurlingham, encontró residuos de al menos un plaguicida en todas las muestras analizadas, incluidas sustancias prohibidas en la Argentina desde hace años.
La investigación fue publicada en la revista científica Marine Pollution Bulletin con el título en inglés Occurrence and concentration of agricultural phytosanitary residues in bivalve mollusks collected from Golfo Nuevo, Argentina. Sus autores son Camila Ayelén Frydman, Cintia Natalia Gonzalez, Natalia Pesquero, María Juana Ruiz, Elena Susana Barbieri, Marina Valeria Mozgovoj y Diego Sebastián Cristos. Según los investigadores, se trata de la primera línea de base sistemática sobre la presencia de estos compuestos en bivalvos del golfo.

Residuos en todas las muestras
El equipo analizó 87 bivalvos, entre ellos mejillones, cholgas, almejas y vieiras, recolectados en tres sitios del golfo entre 2021 y 2023. Se buscaron 57 fitosanitarios de uso habitual, y 49 de ellos fueron detectados al menos una vez. Los herbicidas fueron el grupo más frecuente y el que presentó las concentraciones más altas, seguidos por los fungicidas y, en menor medida, por los insecticidas.
Dos compuestos aparecieron en el 100% de las muestras: el fungicida carbendazim y el insecticida diclorvós, este último prohibido en la Argentina desde 2018. El imidacloprid, un insecticida prohibido en la Unión Europea, se encontró en el 92% de los casos. También se detectaron paraquat, vetado en Europa desde 2007, y clorpirifós, prohibido en el país desde 2023. En total, 26 de los 49 plaguicidas hallados figuran en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos de la Red de Acción en Plaguicidas (PAN).
En cuanto a las concentraciones, 28 compuestos superaron los 10 microgramos por kilo de tejido, un valor genérico que la Unión Europea utiliza como límite máximo de residuos por defecto. Los autores aclararon que lo emplearon solo como referencia comparativa, porque no existen límites específicos para bivalvos. El herbicida carfentrazona-etil fue el que registró los niveles más elevados, con un promedio cercano a los 1.900 microgramos por kilo y valores máximos superiores a 4.100.

Cómo llegan al mar
El hallazgo resulta llamativo por el lugar. El Golfo Nuevo no recibe aportes de ríos, y en Chubut la agricultura ocupa menos del 1% de la superficie provincial. Por eso, los investigadores plantean dos vías posibles. Una es la escorrentía superficial desde áreas cultivadas, que podría incluir efluentes vinculados a la actividad industrial cercana. La otra es la deposición atmosférica: los plaguicidas pueden evaporarse o ser arrastrados por el viento junto con el polvo desde zonas de producción lejanas y depositarse luego sobre el mar.
El estudio, de todos modos, no logró determinar cuál es el origen concreto de los compuestos.

¿Hay riesgo para quienes los consumen?
Los científicos advierten que todavía no se sabe si esas concentraciones representan un riesgo concreto para la salud humana, y que no existen límites específicos con los cuales compararlas. Los bivalvos funcionan como centinelas de la contaminación porque filtran grandes volúmenes de agua y acumulan sustancias, pero su presencia en los tejidos no demuestra por sí sola un peligro para los consumidores. Los investigadores también señalan que otras especies que se alimentan de ellos, como cangrejos y pulpos, podrían acumular residuos, algo que todavía no fue analizado.

Un vacío de control
El trabajo expone además un vacío en los controles. La Secretaría de Pesca de Chubut monitorea todos los meses las biotoxinas asociadas a la marea roja, pero no analiza la presencia de agroquímicos. La normativa nacional, a través de la Resolución 829/2006 de la entonces Secretaría de Agricultura, contempla compuestos organohalogenados, pero el monitoreo queda en manos de las provincias.
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral y sostiene actividades de pesca artesanal y maricultura. El estudio se suma a otras alertas sobre la llegada de contaminantes a ecosistemas considerados prístinos, y refuerza el debate sobre el uso masivo de agroquímicos en el país, donde se emplean decenas de sustancias que están prohibidas en otras partes del mundo.


Provincia/Región: Chubut - Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Portal Mongabay; INTA; CONICET; Universidad Nacional de Hurlingham

La Argentina usa 167 agrotóxicos prohibidos en otros países y 35 son altamente peligrosos

Un relevamiento revela que el uso de plaguicidas en el país se multiplicó más de dieciséis veces entre 1990 y 2022, mientras la regulación nacional avanza hacia la flexibilización de los registros y los controles.

En los campos argentinos se utilizan 167 agrotóxicos que están prohibidos en otros países, y 35 de ellos son considerados Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo revela una investigación periodística especializada que cruzó los principios activos autorizados en el país con las prohibiciones vigentes en el resto del mundo.
Entre las sustancias de uso habitual en la Argentina figuran el glifosato, el paraquat, la atrazina, el 2,4-D y la cipermetrina, aplicadas sobre todo en cereales y oleaginosas, pero también en el tabaco y la horticultura. Los productos son comercializados por grandes compañías del sector, entre ellas Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor.

Un consumo que se multiplicó por dieciséis
El dato más contundente es el del crecimiento del uso. Según la investigación, entre 1990 y 2022 el volumen de plaguicidas aplicados en el país pasó de 35 millones a 580 millones de kilos o litros por año, es decir, se multiplicó más de dieciséis veces. En el mismo período, la superficie sembrada con cereales y oleaginosas creció un 117% y la producción un 269%, lo que muestra que el consumo de agroquímicos aumentó a un ritmo muy superior al de la propia actividad agrícola.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) citado en el trabajo estima que en unos 36 millones de hectáreas se aplican cada año alrededor de 230 millones de litros de herbicidas y otros 350 millones de litros de distintos fitosanitarios.

Qué es un plaguicida altamente peligroso
El Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, elaborado por la FAO y la OMS en 2013, define a los PAP como aquellos productos que presentan “niveles particularmente altos de peligro agudo o crónico” para la salud o el ambiente, según los sistemas internacionales de clasificación. El mismo código prevé que los países consideren prohibir su importación, distribución, venta y compra cuando las medidas para reducir los riesgos no resulten suficientes.
La Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por su sigla en inglés), una coalición internacional de organizaciones, propone criterios todavía más amplios: incluye entre los PAP a las sustancias con toxicidad fatal por inhalación, las que pueden provocar daños irreversibles, las que actúan como disruptores endocrinos, las altamente persistentes o bioacumulables y las que resultan muy tóxicas para las abejas y los organismos acuáticos.
El problema se agrava por la cercanía de los cultivos a escuelas, barrios y pueblos rurales, donde los casos de exposición a las fumigaciones derivaron en reclamos vecinales y demandas judiciales en distintas provincias.

Una regulación que va en sentido contrario
La advertencia llega en un contexto de flexibilización normativa. En junio de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 458/2025, que creó un nuevo Registro Nacional de Productos Fitosanitarios con inscripciones por tiempo indefinido. La norma permite que los establecimientos que elaboran, importan o exportan estos productos funcionen con una declaración jurada y control posterior, y que los fitosanitarios aprobados en una lista de países considerados equivalentes, como Estados Unidos, Japón, Brasil y varios europeos, ingresen al mercado local mediante un trámite simplificado.
Además, en 2025 se debatió en el Congreso un proyecto de ley que, según denunció Greenpeace, reemplazaba el término agrotóxicos por fitosanitarios y fijaba distancias mínimas de aplicación de 10 metros para las pulverizaciones terrestres y con drones, y de 45 metros para las aéreas. Para la organización, se trataba de una regresión frente a los 1.000 metros de resguardo que fijaron diversos fallos judiciales y ordenanzas locales, como la del municipio bonaerense de Campana.

La paradoja de los países que prohíben y exportan
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Diversas organizaciones vienen denunciando desde hace años el doble estándar de algunos países que prohíben ciertos plaguicidas en su territorio pero permiten que sus empresas los fabriquen y los exporten hacia naciones del Sur Global, donde los controles suelen ser más débiles.
Frente a este escenario, los especialistas y las organizaciones ambientales reclaman avanzar hacia una reducción progresiva del uso de agrotóxicos, eliminar primero los más peligrosos, reforzar el monitoreo independiente sobre el agua, el suelo y los alimentos, y promover una transición hacia sistemas de producción agroecológicos.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Agencia Tierra Viva; Portal Bichos de Campo; FAO; OMS; INTA; SENASA

“El pueblo merece conocer los resultados”: habla la científica exonerada por el INTA

Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones que motivaron su exoneración, denunció censura y reclamó que se difundan los resultados del estudio.

“La ciencia se rebate con ciencia, no con menos ciencia”. Con esa frase cerró Virginia Aparicio el mensaje que difundió tras ser notificada de su exoneración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es la sanción más grave prevista para el empleo público: la aparta del organismo y le impide volver a ocupar cargos en el Estado. La investigadora, que coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones en su contra y reclamó que los resultados de su trabajo se den a conocer.
En un video grabado y compartido en redes sociales, Aparicio se presentó como investigadora del INTA y del CONICET y servidora pública con más de 20 años de trabajo en el sistema científico. Explicó que el proyecto se inició en 2020 con autorización del propio INTA. Gracias a él, dijo, fue posible documentar la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas.

“El pueblo merece conocer los resultados”
La científica sostuvo que el organismo le inició un sumario justamente por participar de ese proyecto, y que a partir de 2023 comenzó una campaña para desacreditar la investigación y su rol en ella. Planteó que la sociedad, como pueblo, merece conocer los resultados de las investigaciones públicas. Según Aparicio, el INTA debe hacerse responsable de la vulneración de los derechos de las personas que participaron como voluntarias del estudio y responder ante la comunidad.
Aparicio enmarcó su caso en un problema más amplio: advirtió que en democracia no pueden aceptarse procesos de censura, persecución ni falta de libertad para investigar. Agradeció el acompañamiento recibido y pidió que la sigan apoyando.
En declaraciones periodísticas, la investigadora afirmó que no hay nada claro que justifique su apartamiento de la administración pública. Sostuvo, además, que la decisión busca generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren. En una carta abierta a la comunidad había escrito: “La ciencia pública no existe para confirmar lo que queremos escuchar”. Y agregó que la posibilidad de incomodar no es una falla de la ciencia, sino una condición de su independencia.

Qué encontró el proyecto
SPRINT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, analizó plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los alimentos y las personas. En la Argentina, el estudio se realizó en el sudeste bonaerense con 73 voluntarios, a quienes se les tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos. Entre los compuestos detectados figuran mezclas de plaguicidas, entre ellos el glifosato y el clorpirifos. El glifosato apareció en la orina del 84% de las personas estudiadas.
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año retiró al organismo del proyecto y abrió el sumario. El 15 de octubre de 2026, días antes de conocerse la sanción, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.

La posición del INTA
El Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración el 26 de octubre mediante la Resolución 366. El organismo le atribuyó dos faltas. La primera, haber usado las facultades de su cargo para fines ajenos a la función, al otorgar sin autorización formal un rol en el manejo de datos a su pareja, un investigador retirado. La segunda, un uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. La propia resolución reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal ni se acreditó un beneficio económico personal, y ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. En un comunicado que no la nombra, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.

Respaldo y próximos pasos
Universidades nacionales, gremios del sector, organizaciones socioambientales e integrantes de la comunidad científica expresaron su rechazo a la medida y su solidaridad con la investigadora. Además, impulsaron una carta abierta en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigación. La defensa de Aparicio considera agotada la vía administrativa y evalúa llevar el caso a la Justicia.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Elonce, Portal Trama Educativa, Diario Textual, Bichos de Campo, INTA

El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la científica que midió agroquímicos en personas

El Consejo Directivo del organismo aplicó la sanción más grave del empleo público a la investigadora de Balcarce que coordinó el proyecto europeo SPRINT. Ella rechaza las acusaciones y anticipó que irá a la Justicia.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Aparicio coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, que midió la presencia de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de personas del sudeste bonaerense. El Consejo Directivo del organismo adoptó la decisión el lunes 26 de octubre mediante la Resolución 366. Es la sanción más grave prevista para el empleo público nacional: la deja fuera del INTA y del Estado.
Aparicio es ingeniera agrónoma, trabaja en el INTA desde 1997 y también es investigadora del CONICET. Dedicó más de dos décadas al estudio de suelos, agua y plaguicidas. Ella y parte de la comunidad científica consideran infundadas las acusaciones administrativas en su contra.

Qué midió el proyecto SPRINT
SPRINT es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con un presupuesto de 14 millones de euros, y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Analizó más de 200 plaguicidas y sus mezclas en suelo, agua, aire, alimentos, animales y personas. La Argentina fue el único país participante fuera de Europa; el INTA aprobó su incorporación en mayo de 2020.
En 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores, trabajadores rurales, vecinos y consumidores. Entre los resultados, se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas y se identificaron mezclas de plaguicidas. Según un informe técnico del proyecto de febrero de 2023, ninguna ingesta calculada de glifosato superó la ingesta diaria admisible de referencia. Los autores advirtieron, de todos modos, que los datos de salud disponibles no eran adecuados para un análisis epidemiológico.

Del freno al sumario
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año dispuso la salida del organismo del proyecto y abrió un sumario que se extendió casi tres años, con ocho imputaciones y trece agentes investigados.
La resolución sostiene que Aparicio incurrió en dos faltas previstas en la ley marco de empleo público. La primera es haber usado las facultades del cargo para fines ajenos a la función. Según el INTA, dio un rol en la coordinación y supervisión de datos a su pareja, el investigador retirado José Luis Costa, sin autorización formal ni declaración de conflicto de interés. La segunda es el uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. Sin embargo, el propio texto reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal y que no se acreditó un beneficio económico.
El organismo hizo además otros reproches. Señaló que se centralizaron análisis en el exterior sin autorización y que se reemplazó el comité de ética previsto por el de un programa de bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También marcó diferencias entre el protocolo original y la composición final de los grupos de voluntarios. La resolución ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. Otros agentes recibieron suspensiones, como el director de la estación Balcarce, Facundo Quiroz, con 15 días, y el resto fue eximido.
En un comunicado que no menciona a la investigadora, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.

La respuesta de Aparicio
Aparicio pidió la nulidad del sumario por indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó el planteo al considerar que se garantizó su derecho de defensa, y su defensa anticipó que recurrirá a la Justicia. La investigadora sostiene que la decisión excede lo administrativo y que busca “instalar temor entre sus colegas para desalentar investigaciones sobre temas sensibles”. En una entrevista reciente había descrito con crudeza su situación dentro del organismo: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del Inta”.
El 15 de octubre, días antes de conocerse la resolución, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) y ATE Conicet impulsan una campaña contra la exoneración. Organizaciones de pueblos fumigados, científicos y organismos de derechos humanos también rechazaron la medida.
El caso reabre el debate sobre el uso de agroquímicos en el país y sobre las condiciones para investigar sus efectos en la salud y el ambiente.


Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Diario Textual, Portal Bichos de Campo, INTA

La investigadora que el INTA busca exonerar presentó su estudio sobre plaguicidas en personas

Virginia Aparicio expuso en Balcarce los resultados del proyecto europeo SPRINT, que detectó residuos de múltiples plaguicidas en el agua, el suelo, los animales y los cuerpos de vecinos del sudeste bonaerense, mientras enfrenta un sumario que podría costarle su cargo.

La investigadora Virginia Aparicio, a quien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) busca exonerar tras un sumario administrativo, presentó en Balcarce los resultados del estudio internacional que coordinó en la Argentina sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas. Los datos muestran residuos de múltiples sustancias en el suelo, el agua, los animales y los cuerpos de los participantes del sudeste bonaerense.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA Balcarce y del Conicet, durante la charla abierta a la comunidad. El INTA, por su parte, se desligó de la presentación.

El proyecto SPRINT
La investigación formó parte del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020, que analizó la presencia de más de 200 plaguicidas en distintos países. La Argentina se sumó en septiembre de 2020, a través del INTA, como el único país no europeo participante. Aquí, el trabajo abarcó diez partidos del sudeste bonaerense, entre ellos Balcarce, Tandil, Necochea y Tres Arroyos, y contó con 73 voluntarios de zonas rurales y urbanas.
Con protocolos de muestreo armonizados con los equipos europeos, se analizaron suelos, aguas superficiales, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos, además de muestras de sangre, orina y materia fecal de las personas. Los participantes también usaron durante siete días pulseras de silicona que captan las sustancias a las que están expuestos.

Lo que encontraron
Los resultados son contundentes. Ninguna muestra de agua superficial estuvo libre de residuos, con un valor típico de 20 sustancias por muestra. En el polvo de las viviendas rurales se halló una mediana de 75 plaguicidas por muestra, con casos de hasta 121. Según los datos difundidos del estudio, el glifosato apareció en la sangre del 86% de los participantes argentinos y el clorpirifos, un insecticida prohibido en la Unión Europea, en el 37,7%, frente al 3,7% registrado en Europa.
Un relevamiento complementario sobre 154 muestras de agua de red y de pozos de la región pampeana, tomadas entre 2019 y 2022, detectó atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. El 9% de las muestras de red y el 18% de los pozos rurales superaron el umbral de referencia de la Unión Europea. La investigadora también señaló que se registraron aplicaciones con dosis de hasta 20 veces las recomendadas en las etiquetas.

Del silencio al sumario
El camino de estos resultados fue accidentado. En 2023, la conducción del INTA decidió retirar al organismo del proyecto y suspendió una reunión prevista para informar los resultados a los voluntarios. Aun así, los datos argentinos permanecieron en la base del proyecto, que concluyó en febrero de este año.
Desde comienzos de 2025, Aparicio enfrenta un sumario administrativo en el que se le imputan ocho hechos, entre ellos ocultar información a sus superiores y causar un perjuicio económico al Estado. El INTA, que preside Nicolás Bronzovich, propuso su exoneración, la sanción más grave de la administración pública, que implicaría la pérdida de su cargo en el organismo y también en el Conicet. Los cuestionamientos se centran en los procedimientos de toma y análisis de muestras humanas, el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a los datos de los participantes, y no en los análisis ambientales.
Su defensa rechaza las acusaciones, sostiene que todas las acciones fueron informadas y que los fondos del proyecto provinieron de Europa y fueron rendidos, y anticipó que, si la exoneración se confirma, recurrirá a la Justicia. El INTA indicó que esperará la resolución del sumario antes de pronunciarse públicamente.

Rechazo y reclamos
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, agrupaciones científicas y la asociación del personal del INTA impulsan una campaña contra la exoneración y reclaman que los resultados se difundan públicamente. En Balcarce, vecinos que asistieron a la charla pidieron actualizar la legislación, ampliar los controles sobre el agua y los alimentos y estudiar el impacto de los plaguicidas sobre las abejas y la apicultura.
El caso reabre el debate sobre la libertad de investigación en el sistema científico público y sobre el acceso a la información en un país que es uno de los mayores consumidores de agroquímicos del mundo, donde la exposición de las comunidades rurales sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto SPRINT (Unión Europea).

Glifosato y yerba mate: qué cambió en Misiones y por qué divide a productores, ambientalistas y científicos

Misiones derogó la prohibición provincial del glifosato que había sancionado en 2023. Un productor yerbatero dice que la norma nunca se aplicó y que las notas alarmistas asustan al consumidor. Desde el ambientalismo y el derecho ambiental lo leen como parte de una regresión que incluye un fallo en Entre Ríos y el sumario a una investigadora del INTA.

Qué cambió en Misiones
El 3 de septiembre, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad modificar la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que desde 2023 prohibía el glifosato con un período de transición de dos años. La reforma derogó el artículo 8 de la Ley VIII N° 103 y quedó registrada como Ley VIII N° 124. El gobernador Hugo Passalacqua la promulgó el 8 de septiembre mediante el Decreto 1757. La ley mantiene el impulso a los bioinsumos, pero elimina la prohibición, de modo que el herbicida vuelve al régimen general de los fitosanitarios y puede usarse donde tenga autorización nacional. Entre los argumentos oficiales figura que los bioinsumos no se desarrollaron al ritmo previsto, y que exigir el reemplazo sin alternativas empuja a pequeños y medianos productores a la informalidad. Carlos Rovira, autor de la ley original, votó a favor de derogarla.

La mirada de los productores
El productor Cristian Klingbeil, de la zona centro de Misiones, cuestionó los títulos que vincularon la derogación con un riesgo sanitario para quienes toman mate. Entre ellos citó una nota de El Destape del 1 de octubre. Sostuvo que la prohibición nunca llegó a aplicarse, por lo que su caída no cambió las prácticas, y que el glifosato ya se usaba para controlar malezas. Explicó que se aplica con tractor o mochila, dirigido a la maleza y evitando la planta, y que los productos para el mercado interno y la exportación pasan por análisis. Planteó además un problema económico: controlar las malezas con motoguadaña requiere tres o cuatro pasadas por año, mientras que el glifosato necesita una o dos aplicaciones. Con el precio de la yerba en baja, advirtió, algunos productores pueden recurrir más a los herbicidas. Su temor es que la desconfianza reduzca el consumo: "Si no tenemos consumidores, estamos en el horno". El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) emitió un comunicado en la misma línea. Señaló que la yerba no es un cultivo transgénico tolerante al glifosato y que el herbicida no se aplica sobre la planta. Recordó que el límite máximo de residuos para la yerba en Argentina es de 0,5 mg/kg. Indicó también que el cambio de ley "no constituye evidencia" de que la yerba contenga residuos, y que eso solo lo determinan análisis de laboratorio.

Las críticas desde el derecho ambiental y la ciencia
Tiempo Argentino lee la decisión de Misiones junto con otros dos hechos. Marta Ferreira, exministra de Agricultura Familiar de Misiones e impulsora de la ley derogada, sostiene que el debate no se reduce a prohibir o autorizar un producto, sino a producir de otra manera. El primer hecho es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que anuló una sentencia que había fijado distancias de resguardo de 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 para aéreas, y rechazó dos amparos en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera. El tribunal consideró que el fallo anulado reconocía la validez de la Ley provincial 11.178 pero fijaba un régimen distinto sin declararla inconstitucional, y que no se había probado una infracción concreta. Aclaró además que rechazar los amparos no implica desatender la tutela ambiental ni a la niña con daño genotóxico involucrada. El 25 de septiembre hubo una protesta en los Tribunales de Paraná. La abogada Aldana Sasia habla de una "enorme asimetría" entre una familia con pruebas médicas y las industrias con capacidad jurídica y económica. El abogado Fernando Cabaleiro sostiene que se viola el principio de no regresión ambiental. El segundo hecho es el caso de Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del CONICET en Balcarce, que coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, sobre exposición a plaguicidas en personas, alimentos y ambiente. Enfrenta un sumario que, según su defensa y gremios como APINTA, podría terminar en su exoneración. En Balcarce, concejales de bloques opositores la recibieron en una reunión informal, y evalúan pedir los datos del estudio.


Fecha de Publicación: 06/10/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal MisionesOnline, Diario Tiempo Argentino, Dairio Primera Edición, Portal Nota al Pie

La Corte Suprema dejó firme la prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros en Sastre

Ocho años después de que una nena de dos años con cáncer moviera a su comunidad contra las fumigaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró de manera definitiva el caso de Sastre y Ortiz, Santa Fe, y dejó firme una zona de exclusión que ya se perfila como antecedente para otros pueblos fumigados del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la Municipalidad de Sastre y Ortiz, en el centro-oeste santafesino, y dejó firme la sentencia que establece una zona de exclusión de 1.000 metros para las fumigaciones terrestres con agroquímicos alrededor de toda la planta urbana, y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas. "El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma. Por ello, se desestima la queja", señaló la Corte en una resolución de apenas unas líneas, publicada el 13 de agosto, que cierra ocho años de litigio.

La historia de una nena de dos años
El conflicto se remonta a 2018, cuando Zoe Giraudo fue diagnosticada con linfoma linfoblástico tipo T a los dos años. Su madre, Sonia González, relató en su momento que los médicos vincularon el cáncer con la exposición a agroquímicos: la familia vivía a metros de campos de soja y ella misma había trabajado once años en una cooperativa agrícola, con su oficina a cinco metros de un depósito de insumos químicos. Ese diagnóstico movilizó a gran parte de la comunidad de Sastre, un pueblo de poco más de 6.000 habitantes donde hasta entonces se podía fumigar a apenas 100 metros de las viviendas. Los vecinos lograron primero que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza que alejaba las aplicaciones a 200 metros, pero la norma fue vetada por la oposición de productores y del propio municipio, cuya intendenta, María del Carmen Amero de Brunazzo, nunca recibió a los vecinos para tratar el tema.

El camino judicial
Los vecinos autoconvocados recurrieron entonces a la Justicia con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo, y en noviembre de 2018 el juez de San Jorge Daniel Zoso les otorgó una cautelar de 400 metros. La medida quedó frenada hasta que, en septiembre de 2020, el juez rafaelino Duilio Hail dictó sentencia firme y extendió la zona de resguardo a 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas. Desde entonces, ningún tribunal modificó esa decisión central: la Municipalidad, respaldada por productores agropecuarios que se presentaron como terceros coadyuvantes, agotó sin éxito los recursos ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela y la Corte Suprema de Santa Fe, hasta llegar en 2024 a la Corte Suprema nacional, con el patrocinio del estudio jurídico Rondina. El Gobierno de Santa Fe intervino en el proceso como tercero interesado.

La evidencia científica detrás del fallo
El fallo de primera instancia, de 54 páginas, se apoyó en pruebas científicas que luego resistieron todas las instancias posteriores. El Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, dirigido por Damián Verzeñassi, aportó un informe que documentó una tasa de cáncer en Sastre por encima de la media nacional, en base a los llamados "campamentos sanitarios". El biólogo Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, presentó veinte años de estudios de laboratorio sobre áreas sojeras argentinas y una docena de investigaciones internacionales sobre el daño en la salud -en particular en niños- por la exposición a fumigaciones, y recomendó específicamente una zona de resguardo de 1.000 metros. También se incorporó la investigación en genética y mutagénesis ambiental de la genetista Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esa base, la Justicia aplicó el principio precautorio, que permite adoptar medidas de protección ante un riesgo de daño grave o irreversible aun sin certeza científica absoluta.

Un antecedente para otros pueblos fumigados
Aunque la Corte Suprema no fijó una doctrina propia ni se pronunció sobre el fondo del asunto -solo desestimó el recurso por falta de fundamentación autónoma-, dejó en pie un antecedente que especialistas consultados por medios locales calificaron como "una referencia obligada en materia ambiental". El fallo confirma que un amparo colectivo puede desplazar una ordenanza municipal, y que el principio precautorio alcanza para sostener una restricción de este tipo incluso frente a la incertidumbre científica sobre los efectos de los agroquímicos. Sastre y Ortiz queda así como caso testigo para los reclamos de otros pueblos fumigados de la Argentina que discutan distancias de resguardo similares.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo, Diario Tiempo Argentino, Diario La Capital de Rosario

La Defensoría del Pueblo exhortó a fortalecer el control de fumigaciones cerca de escuelas

Tras una investigación de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de establecimientos educativos en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a organismos provinciales, municipales y a ACUMAR a reforzar los controles, avanzar en estudios epidemiológicos y garantizar el monitoreo ambiental permanente.

Tras una investigación iniciada de oficio sobre fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de escuelas en el partido de Luján, la Defensoría del Pueblo de la Nación dio a conocer los resultados obtenidos en el barrio Santa Rosa, de Marcos Paz, y en la localidad de Carlos Keen, provincia de Buenos Aires, y solicitó informes a distintos organismos provinciales y municipales. En Marcos Paz, en abril de 2023, se registró un episodio de fumigación en un predio lindero a una escuela primaria y un jardín de infantes durante el horario escolar, que generó olores intensos y preocupación entre docentes y estudiantes. En Carlos Keen, vecinos, organizaciones sociales e instituciones educativas denunciaron en 2024 que un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una biblioteca popular debieron suspender sus actividades por fumigaciones cercanas, en lo que describieron como situaciones reiteradas.

Una infracción confirmada y un estudio sobre exposición
Durante la investigación, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense confirmó que, en el caso de Marcos Paz, la fumigación se había realizado dentro del perímetro de exclusión, sin receta agronómica ni la habilitación correspondiente, por lo que sancionó a la empresa responsable. La Universidad Nacional de Luján, por su parte, aportó un estudio propio que concluyó que la totalidad de las zonas urbanas del partido se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos fumigables, con Carlos Keen entre las localidades de mayor exposición potencial identificadas.

Organismos que no respondieron
El organismo señaló además que no obtuvo respuesta de los Ministerios de Ambiente y de Salud provinciales, ni de la Municipalidad de Luján, algo que evidenció debilidades en la articulación interinstitucional para abordar esta problemática.

Las exhortaciones a cada organismo
A partir de estos hallazgos, la Defensoría resolvió exhortar a distintos organismos a adoptar medidas concretas. Al Ministerio de Ambiente provincial le solicitó implementar programas de monitoreo ambiental de agroquímicos en agua, suelo y aire cerca de las escuelas, además de garantizar el acceso público a esa información. Al Ministerio de Salud provincial le requirió realizar estudios epidemiológicos sobre las poblaciones expuestas -especialmente niños, niñas y adolescentes, además de trabajadores rurales- y crear registros de intoxicaciones asociadas a agroquímicos. Al Ministerio de Desarrollo Agrario provincial le pidió fortalecer la fiscalización de las aplicaciones, revisar las distancias mínimas de resguardo con criterios científicos actualizados y promover la producción agroecológica como alternativa. A la Municipalidad de Luján le solicitó reforzar el control local de fumigaciones y establecer protocolos de actuación inmediata ante episodios de deriva cerca de escuelas. Por último, a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo le pidió incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus monitoreos habituales de agua y sedimentos.

Un grupo especialmente vulnerable
La Defensoría remarcó que los niños, niñas y las comunidades educativas constituyen grupos especialmente vulnerables frente a la exposición a agroquímicos, y subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, monitoreo y protección sanitaria y ambiental en todo el territorio bonaerense, no solo en los casos puntuales investigados. La resolución del organismo vuelve a poner en agenda una tensión que se repite en distintas provincias del país: la convivencia entre las actividades agrícolas y los establecimientos educativos ubicados en zonas periurbanas y rurales, donde la distancia entre los cultivos fumigables y las aulas suele ser mínima.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Defensoría del Pueblo de la Nación, Universidad Nacional de Luján

Protestaron contra el fallo que redujo los límites para fumigar cerca de viviendas

Familias de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera se manifestaron frente a los Tribunales de Paraná contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia que anuló la distancia de resguardo de 1.095 metros para fumigar cerca de sus viviendas, mientras un investigador del Conicet remarcó que la evidencia científica que sustentó esa distancia sigue vigente.

Vecinos de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera protestaron frente a Tribunales de Paraná contra el fallo que redujo los límites para fumigar cerca de viviendas y dejó sin efecto medidas de protección que, según explicaron, habían sido reconocidas en cuatro resoluciones anteriores. Entre los manifestantes estuvieron Ariel Gareis y Gimena Rosso, quienes habían participado de los amparos presentados para impedir las pulverizaciones con agroquímicos en las inmediaciones de sus domicilios. Las familias reclamaron que se restablezca la distancia de 1.095 metros y anticiparon que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que el caso sea revisado. "Queremos manifestarnos por las medidas de seguridad que nos sacaron. Teníamos un amparo de 1.095 metros que nos resguardaba de las pulverizaciones", explicó Gareis.

Una niña con daño genético
Gareis relató que su hija, de 10 años, tiene un daño genético acreditado mediante estudios médicos: "notaba que cada vez que pulverizaban, cuando había mucho olor, la nena se descomponía. Empecé a averiguar y terminamos viajando a Córdoba para hacerle un estudio de daño genético". El análisis confirmó alteraciones genéticas, y estudios posteriores realizados en Paraná no permitieron descartar la exposición a agroquímicos como posible factor. Los amparistas expresaron además que la decisión judicial los dejó expuestos a nuevas aplicaciones: uno de los productores ya notificó que realizaría una pulverización con un producto de banda azul, con un plazo de apenas 48 horas de aviso previo. "Para nosotros significa que en breve nos van a estar fumigando nuevamente. Nos quitaron las medidas de protección que habíamos ganado en cuatro sentencias anteriores", sostuvo Rosso.

"Un cambio jurídico, no científico"
En paralelo a las protestas, el investigador del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral Rafael Lajmanovich remarcó que el fallo no invalida la evidencia científica detrás de la distancia de resguardo. "Una sentencia puede cambiar el marco jurídico, pero no puede cambiar los resultados científicos", sostuvo el especialista, quien lideró un estudio publicado en la revista internacional Water Environment Research sobre la cuenca del arroyo Salto. Ese trabajo, con muestreos realizados en marzo de 2022 cerca de Aldea Brasilera, halló 26 agrotóxicos junto con concentraciones de cobre, zinc y plomo que superaron los límites legales fijados por la Ley de Residuos Peligrosos para la protección de la vida acuática. Las pruebas de exposición mostraron letalidad en larvas expuestas al agua y los sedimentos, y alteraciones en biomarcadores de neurotoxicidad. "Los 1.095 metros no salieron de la nada: fueron la distancia de resguardo que el STJ estableció en 2024 sobre evidencia científica", explicó Lajmanovich, y remarcó que "no se conoce estudio alguno con evidencias demostrables que avale como seguro el fumigar a distancias menores".

De la sentencia de 2024 al nuevo fallo
En 2024, la Comuna de Colonia Ensayo había promovido una acción de amparo ambiental que derivó en resoluciones respaldadas en evidencia científica -incluido el informe de Lajmanovich- y en el dictamen de una médica forense que advirtió sobre riesgos de disrupción endocrina, malformaciones, déficit neurológico y cáncer asociados a la exposición a pesticidas. En esa oportunidad, la Justicia había aplicado el principio precautorio, el principio de prevención, el criterio in dubio pro natura y la Convención sobre los Derechos del Niño. El nuevo fallo del STJ, en cambio, rechazó los amparos del barrio Tierra Alta y de la familia de Aldea Brasilera, con el argumento de que no correspondía establecer judicialmente un régimen distinto al de la Ley provincial 11.178 sin una declaración previa de inconstitucionalidad.

Costas y próximos pasos
Los manifestantes también rechazaron que la sentencia les hubiera impuesto las costas del proceso, algo que interpretaron como una forma de desalentar nuevos reclamos: "esta sentencia es una medida de castigo porque, además, impusieron las costas a las partes. Quieren que hagamos silencio, pero no lo vamos a aceptar", sostuvo Rosso. Las familias solicitaron al juzgado que revise la resolución y mantenga las medidas de protección mientras avanza el trámite, y adelantaron que apelarán ante tribunales nacionales e internacionales. "No puede ser que en cuatro sentencias anteriores se haya considerado perjudicial fumigar a menos de 1.095 metros y ahora se sostenga que hacerlo a 10 metros es inofensivo", planteó Rosso, mientras el reclamo judicial continúa abierto en los tribunales entrerrianos.


Fecha de Publicación: 28/09/2026
Provincia/Región: Entre Ríos 
Fuentes Consultadas: Elonce, APFDigital

El INTA está a un paso de exonerar a su investigadora referente en agrotóxicos

Virginia Aparicio, con 22 años de carrera en el INTA y coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, enfrenta la exoneración -la sanción más grave del empleo público- tras un proceso de tres años que incluyó la censura de sus resultados y un progresivo deterioro de sus condiciones laborales, mientras crece una campaña que reclama revertir la decisión.

Con 22 años de trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet especializada en la detección de agroquímicos. Tiene publicaciones científicas, participó en libros y fue perito en causas judiciales sobre pueblos fumigados, entre ellas el fallo histórico de Pergamino. Ahora enfrenta un sumario administrativo cuyo expediente propone su exoneración, y el Consejo Directivo del organismo, presidido por Nicolás Bronzovich, ya la habría ratificado según trascendidos, con el expediente derivado al área de Legales.

El proyecto que originó el conflicto
El caso se remonta al proyecto internacional SPRINT ("Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global"), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea y desarrollado entre 2020 y febrero de este año en once países, entre ellos Argentina como único caso no europeo. El INTA figuró como beneficiario argentino del convenio y, durante los primeros años, la propia institución difundió sus objetivos, resultados y la participación de Aparicio como coordinadora nacional. En 2021 se analizaron 4.573 muestras de suelo, agua, sedimentos, aire, cultivos, animales y personas, con datos recolectados en 73 participantes de zonas rurales y urbanas bonaerenses. Los resultados mostraron presencia de glifosato en la totalidad de las personas testeadas, junto con 2-4D, atrazina, clorpirifos, fipronil, imidacloprid y cipermetrina, con rangos de entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina, hasta 18 en materia fecal y entre 7 y 53 en el aire respirado por persona, además de entre 10 y 28 plaguicidas distintos en agua superficial. Según el estudio, los suelos y el agua bonaerenses presentaron concentraciones más altas que las registradas en los países europeos incluidos, y Argentina resultó el país con mayor presencia de plaguicidas de alto riesgo como el glifosato y el clorpirifos.

De la censura a la salida del proyecto
La presentación pública de los resultados argentinos estaba prevista para el 21 de junio de 2023, pero el INTA instruyó a Aparicio a suspenderla pocos días antes, con el argumento de que los estudios "exceden la incumbencia institucional". Meses después, el 7 de diciembre de 2023, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, formalizó el retiro argentino del consorcio internacional. Pese a esa salida institucional, Aparicio continuó vinculada a publicaciones científicas derivadas de SPRINT durante los años siguientes, y la campaña que reclama por su situación sostiene que la propia Agencia Europea de Investigación recomendó publicar los resultados en la herramienta de evaluación de riesgo sanitario global del proyecto, recomendación que no se habría cumplido en el país.

Un deterioro laboral sostenido
Según reconstruyó la Agencia de Noticias Tierra Viva, tras la censura de 2023 Aparicio atravesó un proceso continuo de deterioro en sus condiciones de trabajo: descensos en sus evaluaciones institucionales, cambios de funciones en su equipo sin consultarla, exclusión de reuniones y del grupo de comunicación del área, negativa a incorporarla en una nueva línea de trabajo con equipamiento que ella misma había gestionado, y una reducción de la interlocución con las autoridades de su estación experimental desde 2025. El sumario en su contra comenzó a avanzar entre fines de 2024 y comienzos de 2025, y entre los cargos atribuidos figura un supuesto perjuicio material a la administración pública. Su abogado, Mario Bolla, cuestiona esa acusación y sostiene que la investigación fue financiada por la Unión Europea y había atravesado todas las instancias institucionales del INTA antes de ser aprobada, y anticipó que recurrirán a la Justicia si se confirma la exoneración. "Me quitan todo, con un proceso en el que me condenaron desde el inicio del sumario", resumió Aparicio.

Una campaña por su continuidad
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, entidades científicas y los gremios APINTA y ATE impulsan actualmente una campaña para reclamar que no se concrete la exoneración. Desde APINTA remarcaron que "la investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional" y recordaron que la suspensión de 2023 ya había generado preocupación gremial en su momento. El caso plantea una discusión que excede la situación individual de Aparicio: qué investigaciones puede desarrollar un organismo estatal dedicado al sector agropecuario, quién define sus prioridades, y qué ocurre cuando los resultados de esa ciencia ponen en cuestión prácticas extendidas del modelo productivo agroindustrial.


Fecha de Publicación: 26/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal ANRed, Agencia de Noticias Tierra Viva, Página/12 (Radio 750), Bichos de Campo

Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos

Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet que coordinó en el país el proyecto internacional SPRINT sobre presencia de agroquímicos en el ambiente y las personas, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración; el gremio del organismo salió a respaldarla y denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.

Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos en el ambiente. Hoy enfrenta un expediente administrativo que propone su exoneración, la sanción más severa que contempla la normativa de empleo público nacional, y que no implica solo la pérdida de su puesto actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado.

El proyecto que la puso en el centro de la escena
El origen del conflicto se remonta al proyecto SPRINT, una iniciativa internacional aprobada en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que se propuso determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en muestras humanas y ambientales de distintos países. Argentina fue el único país no europeo incluido en ese monitoreo. En el país se incorporaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, entre ellos productores convencionales y agroecológicos, con el objetivo de trabajar luego junto a productores en prácticas que redujeran los impactos y la dependencia de determinados insumos, una segunda etapa que finalmente nunca pudo desarrollarse en el país.

De la censura de 2023 al sumario actual
En junio de 2023, la conducción del INTA prohibió a Aparicio difundir los resultados de sus mediciones: el entonces director nacional del organismo le remitió una nota en la que le prohibía explícitamente presentarlos como investigadora del INTA. Meses más tarde, en diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar todo vínculo institucional con el proyecto internacional. Pese a que en algún momento posterior hubo disculpas ofrecidas desde el propio INTA, el hostigamiento no se redujo sino que, según la denuncia gremial, se incrementó con el paso del tiempo.
El capítulo más reciente de ese proceso es un sumario que propone directamente la exoneración de la investigadora, motivado en el envío a analizar al exterior de las muestras tomadas durante el estudio, un procedimiento que, según explicó la propia Aparicio en instancias anteriores, resultó necesario porque el organismo no cuenta con capacidad para realizar ese tipo de análisis en el país. Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA "casi no les dieron oportunidad de defensa" durante el proceso. La sanción todavía no fue notificada de manera formal, pero tanto Aparicio como su defensa ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si finalmente se confirma la medida.

El respaldo del gremio
Frente a esta situación, la Asociación del Personal del INTA difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y denunció que la investigadora atraviesa un cuadro de persecución, censura y silenciamiento dentro del organismo. "La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional", sostuvo el gremio, que además impulsó una recolección de firmas en su apoyo y reclamó garantías institucionales para el desarrollo de la actividad científica. En una publicación posterior, titulada "Basta de persecución en el INTA", la organización planteó que los resultados del proyecto SPRINT habían sido adversos para la salud pública y, en particular, para el sector productivo, una lectura que -sostuvieron- explicaría buena parte de la resistencia institucional a difundirlos. "No hay ciencia sin libertad para investigar", remarcaron.

El clima interno
Más allá del respaldo gremial, la propia investigadora denunció que sus compañeros de trabajo comenzaron a tomar distancia de ella por temor a sufrir una persecución similar dentro del organismo, algo que graficó con una frase elocuente: "ahora parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". El caso, que ya lleva más de tres años de desarrollo, expone una tensión que excede a esta investigadora en particular: la que existe entre la producción de conocimiento científico independiente sobre el impacto ambiental y sanitario de los agroquímicos, y las presiones institucionales y sectoriales que ese tipo de estudios suele generar dentro de organismos públicos de investigación agropecuaria.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Portal EcoNews Global, Portal Bichos de Campo

Investigadores y comunidades expuestas alertan sobre el impacto oncogénico, la contaminación hídrica y las fallas en las zonas de resguardo


Estudios en epidemiología ambiental y ecotoxicología documentan la exposición crónica a formulaciones de plaguicidas en franjas periurbanas y sus secuelas en la población.

Un relevamiento enfocado en las dinámicas del modelo agroindustrial argentino expone la vulnerabilidad sanitaria de las poblaciones rurales sujetas a pulverizaciones continuas. La deriva atmosférica y la posterior escorrentía de agroquímicos —que incluyen principios activos como el glifosato, la atrazina y diversos organofosforados— transportan moléculas tóxicas hacia zonas residenciales, escuelas rurales y fuentes de agua para consumo. Las investigaciones de campo demuestran que la ingestión, la vía inhalatoria y el contacto dérmico repetido con estas sustancias químicas generan una carga de morbilidad sensiblemente superior a los promedios nacionales en patologías crónicas y reproductivas.

Genotoxicidad edáfica y mecanismos de daño al ADN
La constante aspersión de plaguicidas genera un impacto prolongado que trasciende la sintomatología de la intoxicación aguda. En el plano citogénico, la exposición a dosis subcoletales de biocidas induce estrés oxidativo y daño en la doble hebra del ADN, evidenciado mediante ensayos de microcélulas y cometa en muestras biológicas de residentes expuestos. A nivel hidrogeológico, la percolación de metabolitos persistentes alcanza los acuíferos someros, donde las matrices de filtración natural del suelo resultan incapaces de degradar los xenobióticos. Este proceso contamina los recursos hídricos subterráneos de los que se abastecen las comunidades, afectando el sistema endocrino y actuando como disruptores hormonales en el desarrollo infantil.
Vectores de vulnerabilidad identificados en las comunidades periurbanas:
- Deriva secundaria e inversión térmica: Suspensión y desplazamiento de partículas tóxicas horas después de la aplicación.
- Biomarcadores de daño celular: Presencia de aberraciones cromosómicas en muestras epiteliales de habitantes en zonas de fumigación.
- Contaminación de pozos de agua: Percolación de agrotóxicos y sus productos de degradación a las napas freáticas.

Evaluaciones toxicológicas y categorización de riesgo biológico
Estudios desarrollados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y laboratorios de toxicología de universidades públicas argentinas coinciden en que la exposición continuada a mezclas de formulados plaguicidas incrementa la probabilidad de desarrollar mutagénesis y enfermedades oncohematológicas. Las clasificaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), sitúan a varios de estos compuestos dentro de las categorías de probable o potencial carcinógeno humano, lo que respalda la necesidad de revisar los criterios de aprobación comercial y los límites residuales permitidos en matrices ambientales.

Reconversión productiva y amortiguamiento sanitario
La mitigación de este impacto en la salud pública requiere la reconfiguración urgente de las zonas periurbanas de producción. La fijación de franjas de restricción absoluta para la aplicación de agroquímicos, el fomento de barreras forestales protectoras y el impulso a esquemas agroecológicos libres de sintéticos emergen como las vías indispensables para frenar el deterioro ambiental y resguardar la salud comunitaria.


Fecha de Publicación: 17/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Perfil, RDI (Radio de la Iglesia), Agencia Télam, Infobae, La Nación
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Ratifican que localidades agrícolas de Santa Fe y Entre Ríos sufren un incremento del 32 % en la mortalidad pediátrica por cáncer


Estudios epidemiológicos y de salud comunitaria advierten sobre la correlación entre la exposición crónica a plaguicidas y la incidencia de patologías oncológicas en la población pediátrica rural.

Un preocupante hallazgo científico enfocado en la salud ambiental del corazón productivo argentino ha sido difundido por el portal especializado Noticias Ambientales: investigaciones epidemiológicas realizadas en localidades agrícolas del sur de la provincia de Santa Fe y del suroeste de Entre Ríos revelaron un incremento del 32 % en el riesgo de mortalidad por cáncer en niños y jóvenes respecto de la media nacional. Las evaluaciones —desarrolladas por equipos de investigación universitaria y de salud comunitaria mediante el análisis de campamentos sanitarios y registros de defunción locales— vinculan esta anomalía estadística con la exposición ambiental directa e indirecta a mezclas de agroquímicos. La proximidad de las viviendas y escuelas rurales a los lotes de producción extensiva donde se aplican herbicidas, insecticidas y fungicidas configura un escenario de alta exposición para las poblaciones vulnerables.

Exposición sistémica, vulnerabilidad pediátrica y deriva ambiental
El informe epidemiológico resalta que los niños y adolescentes presentan una vulnerabilidad fisiológica significativamente mayor frente a los xenobióticos debido a sus tasas de absorción metabólica, la inmadurez de sus sistemas de detoxificación hepática y renal, y un patrón de desarrollo celular activo. En estas regiones de la "zona núcleo" pampeana, la exposición no ocurre de forma aislada a una única sustancia química, sino mediante una combinación continuada de múltiples formulados a través de la deriva primaria y secundaria de la pulverización, la inhalación de polvo atmosférico impregnado y el consumo de agua subterránea contaminada con metabolitos de plaguicidas. La presencia recurrente de moléculas clasificadas como posibles o probables carcinógenos humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en muestras ambientales de estas comunidades reaviva la urgencia de discutir los límites de la producción con base en insumos sintéticos.
Para desglosar las variables epidemiológicas y los factores de riesgo identicados en la investigación, se destacan los siguientes puntos clave:
- Asociación espacial y temporal: Elevada incidencia de tumores del sistema nervioso central, leucemias y linfomas en localidades rodeadas por cultivos transgénicos intensivos.
- Deriva de largo alcance y contaminación hídrica: Presencia de residuos de glifosato, AMPA, atrazina y clorpirifós en napas freáticas y agua de lluvia en entornos escolares.
- Insuficiencia de las franjas de amortiguamiento: Las normativas locales que permiten fumigaciones a menos de 500 metros de las plantas urbanas resultan ineficaces para proteger la salud infantil.

Demandas de intervención judicial y aplicación del principio de precaución
La repercusión mediática de estos datos durante los últimos días ha reavivado los reclamos de colectivos médicos, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas ante las Cortes Supremas provinciales y el Poder Judicial de la Nación. Se exige la inmediata aplicación del Principio de Precaución consagrado en la legislación ambiental argentina, lo que implicaría ordenar distancias mínimas de exclusión de 1.000 a 1.500 metros para las aplicaciones de fitosanitarios alrededor de cascos urbanos y escuelas rurales, así como la implementación obligatoria de un registro epidemiológico unificado y transparente en tiempo real.

Una prioridad sanitaria ineludible para el modelo productivo
La ratificación periodística sobre el aumento del riesgo de cáncer infantil en Santa Fe y Entre Ríos demuestra que la producción agrícola no puede desligarse del resguardo de la salud humana. Garantizar la vida y la integridad de las poblaciones rurales exige decisiones regulatorias firmes que prioricen los derechos fundamentales por sobre las presiones del sector agroquímico.


Fecha de Publicación: 14/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos 
Fuentes originales consultadas: Agencia Télam, Noticias Ambientales, Instituto de Salud Socioambiental (FCM / UNR), Red de Salud de Pueblos Fumigados

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Sin un registro oficial de consumo de agrotóxicos: estimaciones y graves brechas en el monitoreo ambiental en Argentina


La falta de estadísticas públicas centralizadas y la disparidad en las regulaciones jurisdiccionales impiden dimensionar el volumen real de plaguicidas volcados sobre los suelos y acuíferos del país, afectando la salud de las comunidades rurales.

Un exhaustivo informe publicado por el portal de control público El Auditor pone al descubierto una crítica falla estructural en la gestión ambiental de la República Argentina: la inexistencia de un registro oficial, unificado y de acceso público sobre el volumen total de agrotóxicos que se comercializan y aplican anualmente en el territorio nacional. Ante la ausencia de bases de datos estatales consolidadas, la evaluación del impacto de los productos fitosanitarios sobre la salud humana y los ecosistemas se realiza sobre la base de estimaciones privadas, proyecciones académicas y extrapolaciones de datos de importación. Esta opacidad estadística dificulta la formulación de políticas públicas preventivas y genera importantes brechas en la fiscalización de las buenas prácticas agrícolas en las principales provincias productoras del país.

Disparidad regulatoria y vacíos en el control jurisdiccional
El problema de la falta de datos unificados se profundiza por la atomización normativa que rige el uso de agroquímicos en el federalismo argentino. La regulación de las distancias mínimas de fumigación respecto de zonas urbanas, escuelas rurales y cursos de agua potable queda delegada en ordenanzas municipales y leyes provinciales sumamente heterogéneas. Mientras que algunos municipios establecen franjas de protección de más de 1.000 metros, otros permiten la aplicación terrestre a escasos metros de las viviendas. La falta de un sistema de trazabilidad digital que obligue a registrar las recetas agronómicas de aplicación impide a los organismos de auditoría y ambiental conocer con exactitud qué moléculas químicas (como el glifosato, 2,4-D o atrazina) se están volcando en cada cuenca hídrica del país.
Para comprender los puntos vulnerables identificados por el informe de auditoría en la gestión de productos fitosanitarios, los especialistas en gestión pública y ambiental destacan los siguientes ejes críticos:
- Falta de trazabilidad desde la venta hasta la aplicación: Inexistencia de una plataforma digital nacional que unifique las ventas de agroquímicos con las recetas emitidas por profesionales agrónomos.
- Monitoreo ambiental fragmentado e inconstante: Muestreos de suelo, aire y agua realizados de forma discontinua, generalmente impulsados por equipos universitarios y no como routine de los ministerios de salud y ambiente.
- Escasa información sobre exposición en poblaciones vulnerables: Ausencia de registros epidemiológicos continuos sobre patologías asociadas a la exposición crónica a plaguicidas en franjas periurbanas y rurales.

El impacto en los recursos hídricos y la salud comunitaria
La deficiencia en el monitoreo oficial tiene consecuencias directas sobre la protección de los bienes comunes. Diversos estudios científicos desarrollados por universidades nacionales han detectado la presencia de mezclas de plaguicidas en sedimentos de ríos clave de la cuenca del Plata, así como en el agua de lluvia de distintas regiones de la pampa húmeda. La falta de un registro oficial impida evaluar los efectos de la toxicidad acumulativa y la interacción entre diferentes principios activos en el ambiente. Comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil reclaman de forma sistemática el principio de precaución, advirtiendo que la falta de datos estatales no debe ser una excusa para dilatar los controles sobre el modelo agroquímico intensivo.

Transparencia de datos para un modelo agrícola sustentable
Superar la opacidad en el monitoreo de agrotóxicos constituye una condición indispensable para avanzar hacia una agricultura verdaderamente sustentable y transparente en Argentina. Los auditores y expertos ambientales señalan que el Estado nacional debe asumir el liderazgo en la creación de un Registro Único de Productos Fitosanitarios que integre los datos de importación, síntesis local, comercialización y aplicación territorial. Poner a disposición de la ciudadanía información pública precisa y geoespacializada no solo protegerá la salud colectiva y los recursos naturales, sino que brindará seguridad jurídica a los propios productores, permitiendo auditar el cumplimiento de los estándares ambientales e incentivar la transición hacia prácticas agroecológicas.


Fecha de Publicación: 07/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal El Auditor, Auditoría General de la Nación (AGN), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
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