Pequeños productores marcan la cancha: apuestan a la agroecología y resisten al glifosato

Fecha de Publicación: 07/08/2025
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


La provincia se mantiene firme en su decisión de prohibir herbicidas de alto riesgo y apuesta por una producción más saludable y sustentable. Productores advierten sobre los peligros del glifosato como químico en la cadena alimentaria.
En el corazón de la Selva Paranaense, Camilo Furlan cuida su plantación de mandioca en Villa Venecia, Cerro Corá. Rodeado de malezas, defiende un modelo de producción sin glifosato. “Tengo una plantación de mandioca que planté hace un año y está lista para cosechar. Verán que tiene muchos yuyos, maleza. No uso agroquímicos como glifosato para eliminar esto”, aseguró y respondió a quienes defienden el uso de agroquimicos:
“Dicen que es más práctico tirar el producto que pasar una motoguadaña. Pero defienden un producto altamente cancerígeno que va a terminar en la mesa de la gente. No podemos permitirlo”, advirtió.
Furlan destacó que, además de los riesgos para la salud humana, el herbicida afecta a insectos, animales y mascotas. “Marcamos la vanguardia con esa Ley (de Bioinsumos). No podemos permitir que personas que no nos representan quieran retroceder solo por intereses propios”, afirmó.
Misiones avanza así con su estrategia de producción agroecológica, priorizando la salud de la población y la preservación de su biodiversidad frente a presiones por volver a prácticas basadas en agroquímicos.
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Atanor en San Nicolás: una historia de contaminación e impunidad

Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Buenos Aires


La planta de Atanor en San Nicolás fue clausurada por segunda vez tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Demuestra la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución.
 Hace unos días, autoridades de la provincia de Buenos Aires ordenaron la clausura preventiva total de la planta de Atanor en San Nicolás tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Fue detectado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) tras una inspección en junio pasado. Esta es la segunda clausura en menos de dos años, y demuestra, una vez más, la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución pese a las reiteradas denuncias de contaminación contra la empresa durante décadas en la localidad bonaerense.
El escandaloso accionar de esta empresa ha expuesto a la comunidad de San Nicolás a la contaminación ambiental en varias oportunidades, dejando a la población en un estado de permanente riesgo y vulnerabilidad. Entre ellos, el daño irreversible al Río Paraná reconocido en un fallo judicial en 2023 y producto de una causa iniciada por los vecinos de San Nicolás hace más de una década, quienes con esfuerzo y coraje han buscado justicia todo este tiempo frente a la indiferencia institucional.
En las muestras tomadas el mes pasado, provenientes del vuelco clandestino y analizadas por ADA, se detectaron más de 30 sustancias contaminantes, entre ellas glifosato, atrazina y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, entre otros, lo cual confirma que efectivamente se trataba de efluentes industriales. Esto no es un accidente ni una falla aislada: es la expresión de una irresponsabilidad sistemática, agravada por el hecho de que la empresa solo contaba con autorización para descargar efluentes cloacales. A su vez, en las muestras se encontraron niveles por sobre los parámetros legales de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, lo cual evidencia el desprecio por las normativas vigentes y la salud pública.
La Autoridad del Agua ordenó hace semanas la clausura preventiva, el cierre del ducto industrial y la limpieza del líquido contaminante, además de exigir un plan para desmantelar la planta. Además, el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y egreso de camiones.
Para Atanor, la contaminación ambiental es historia conocida. La planta ya había sido responsable de una explosión en su reactor de atrazina en marzo del año pasado. Producto de dicha explosión, un equipo de Greenpeace tomó muestras en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de la planta. Los resultados fueron contundentes: había presencia de atrazina, un agroquímico altamente contaminante. En los últimos días y en el marco de la nueva clausura, fueron citados a indagatoria los gerentes y un representante legal de la empresa por dicha explosión, imputados penalmente por delitos graves como contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública y violaciones a las leyes de residuos peligrosos y de ambiente.
A raíz de las denuncias y la presión ejercida por los vecinos a lo largo de más de una década, la empresa finalmente anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva hacia otras plantas que tiene en el país, en las ciudades de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Sin embargo, en el predio de San Nicolás quedaría en funcionamiento un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar. Esta situación aún representa un riesgo persistente para la salud y el ambiente local que no podemos pasar por alto: trasladar el problema no es una solución sino una forma de perpetuar la contaminación y el peligro para las comunidades. Además, la presencia de este centro mantendrá la circulación de sustancias peligrosas en una zona que ya cuenta con graves antecedentes de contaminación.
En el marco de la relocalización, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires también exigió que Atanor lleve adelante un plan urgente de remediación ambiental en San Nicolás, advirtiendo que la empresa tiene una responsabilidad indeclinable. Este reclamo debe ser escuchado y cumplido.
Atanor es un claro ejemplo de impunidad, que ha generado graves daños al ambiente y a la comunidad nicoleña durante años. Si bien se espera que el proceso de relocalización le lleve tiempo a la empresa, no podemos permitir que evada su responsabilidad por los pasivos ambientales que dejará en San Nicolás, tal como ya ocurrió en otras localidades dónde se retiró sin hacerse cargo de los costos ambientales que dejó atrás su producción.
Desde Greenpeace, seguiremos de cerca las operaciones de esta empresa, que se irá de San Nicolás dejando atrás décadas de contaminación y daño hacia el ambiente y la comunidad. La relocalización no puede ser un escape para evadir responsabilidades. La defensa del ambiente y el acompañamiento a la comunidad seguirán siendo prioridad.
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Exigen un “urgente plan” de remediación ambiental tras la salida de Atanor de San Nicolás

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


El pedido fue realizado desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. Piden a la provincia “diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados”. 
Ante la reciente salida de San Nicolás de la empresa de agroquímicos Atanor, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ)  hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” plan que la empresa lleve a cabo un plan de remediación ambiental.
Desde el organismo pidieron que Atanor cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
En ese marco, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación” indicaron.
Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Los antecedentes de Atanor señalados por el Consejo Profesional de Química
Desde la entidad profesional recordaron que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso “la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná”.
La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron “la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país)” así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a esto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años” sostuvo.
Y se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?” cuestionó.
Además dejó otros interrogantes: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?” advirtió.
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Aplican multa millonaria y clausuran un centro de acopio de bidones vacíos de agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno cerró un centro de acopio de envases vacíos de agroquímicos ubicado cerca de Aranguren. Aplicó una multa de más de $46 millones a su dueño.
Luego de un exhaustivo proceso, que se inició el año pasado, el gobierno provincial cerró un centro clandestino de acopio de bidones vacíos de fitosanitarios, también conocidos como agroquímicos, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, en las cercanías de Aranguren, departamento Nogoyá. La multa a su titular supera los 46,274 millones de pesos. 
 La intervención, realizada entre el 22 y el 24 de mayo de 2024, conto con la participación clave de expertos de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico (incluyendo su Brigada Ambiental), la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo y la Asociación Civil Campo Limpio.
En esa oportunidad se encontraron una gran cantidad de envases almacenados ilegalmente en instalaciones sin la habilitación correspondiente, pero que funcionó normalmente durante décadas. Luego de tres días de intenso trabajo, se retiraron y enviaron a disposición final toneladas de plástico contaminado, evitando que fueran derivados al chipeo y reciclado, una práctica peligrosa que había tenido lugar durante un largo tiempo en otro sitio cercano, propiedad de los mismos responsables.

Con los envases contaminados hacían objetos de uso cotidiano
Con dicho plástico reciclado, pese a su alta peligrosidad, elaboraban nuevos objetos de uso cotidiano. Los envases relevados y clasificados fueron trasladados a un Centro de Acopio Transitorio (CAT), con el objetivo de garantizar su tratamiento adecuado y una disposición final segura, a instancias de Campo Limpio, que tiene asignada por ley la responsabilidad de la gestión de los envases.
Ya en 2024 se impuso una suspensión provisoria de toda actividad en el establecimiento, lo que derivó en un sumario administrativo que concluyó recientemente. Como resultado, mediante resolución número 1220, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, dispuso la clausura definitiva del predio, la imposición de una multa superior a los 46 millones de pesos al titular del establecimiento, y la obligación de presentar un plan de remediación y recomposición ambiental.
Las sanciones impuestas fueron por infracciones a normativas clave como la Ley de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279). Además, el plan de remediación ambiental del predio exigido resulta crucial para evaluar y revertir el impacto de la contaminación, buscando restablecer el ambiente a su estado original. Asimismo, se puso a disposición de las autoridades judiciales toda la información correspondiente a esta grave infracción ambiental.
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Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por grave contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires clausuró preventivamente la planta de Atanor en San Nicolás tras detectar, durante una inspección realizada el 9 de junio, una grave violación a las normas ambientales. Los análisis de laboratorio confirmaron el vertido ilegal de efluentes industriales con altos niveles de agroquímicos (como glifosato, atrazina y clorpirifos) y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, entre otros) directamente al Río Paraná. La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales.
Vecinos, organizaciones como FOMEA y Greenpeace habían denunciado la situación, que fue calificada como una acción deliberada y clandestina, con posibles consecuencias penales. Como respuesta a la presión social y legal, Atanor anunció el traslado de su producción, aunque mantendrá un centro logístico en el predio, lo que preocupa a la comunidad por el posible almacenamiento continuo de sustancias peligrosas.
Greenpeace y representantes legales de los vecinos exigen que la empresa asuma su responsabilidad por el daño ambiental generado, se impida el uso futuro del sitio para actividades con riesgo químico y se garantice una remediación integral del área afectada.
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Reclaman en La Pampa la urgente reglamentación de la Ley de Plaguicidas aprobada hace más de tres años

Fecha de Publicación: 14/07/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: La Pampa


Distintas organizaciones sociales, ambientales y rurales de La Pampa insistieron con el reclamo para reglamentar urgente la Ley de Plaguicidas.
Se trata de la N° 3288, sancionada en 2020 pero que todavía no tiene aplicación efectiva.
La normativa, que establece un marco para regular el uso de agrotóxicos en el territorio pampeano, sigue sin reglamentarse más de tres años después de su aprobación.

Ley de Plaguicidas: el reclamo por la salud y ambiente
El pedido fue impulsado por la Multisectorial Paren de Fumigarnos, integrada por comunidades afectadas, docentes, profesionales de la salud y productores agroecológicos.
Desde la organización advirtieron sobre las graves consecuencias del uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos en zonas rurales y periurbanas.
Señalaron que el uso masivo de herbicidas, fungicidas e insecticidas representa una amenaza concreta para la salud de la población, la biodiversidad y la calidad del suelo y el agua.
Además, recordaron que la ley establece la necesidad de delimitar zonas de resguardo ambiental, promover buenas prácticas agrícolas y realizar controles efectivos sobre la aplicación terrestre y aérea de productos químicos.
“La ley fue sancionada con amplio consenso, pero sin reglamentación es letra muerta. Exigimos que el Estado garantice el derecho a vivir en un ambiente sano”, indicaron en un comunicado público.

¿Qué establece la Ley de Plaguicidas de La Pampa?
La Ley Provincial N° 3288 propone una regulación integral del uso de plaguicidas en el ámbito agropecuario. Entre los puntos clave, contempla:
- Establecimiento de zonas de resguardo sin fumigación cerca de escuelas, viviendas y cursos de agua.
- Registro obligatorio de aplicadores y equipos.
- Capacitación obligatoria para quienes manipulan agroquímicos.
- Creación de un consejo asesor con participación de distintos sectores.
- Promoción de modelos productivos sustentables y alternativas a los agroquímicos.
Sin embargo, al no haberse dictado el decreto reglamentario, ninguno de estos artículos puede aplicarse de manera concreta, lo que deja un vacío legal frente al avance del modelo de agricultura intensiva.

Un llamado urgente a la acción
Las organizaciones pidieron al gobernador Sergio Ziliotto que avance con la reglamentación inmediata de la ley, y destacaron que los impactos del uso de plaguicidas ya son visibles en muchas comunidades rurales.
Indicaron que ya se registran afecciones respiratorias, dermatológicas y problemas en la fauna silvestre.
También solicitaron mayor “transparencia en la toma de decisiones”, participación ciudadana y una transición hacia modelos de producción agroecológica, menos dependientes de insumos químicos.
En un contexto donde el uso de plaguicidas en Argentina sigue creciendo, el caso de La Pampa se suma a una demanda nacional por regulaciones ambientales efectivas que prioricen la salud pública y la protección de los ecosistemas.
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La Justicia investiga otra vez a Atanor por vertidos de efluentes industriales con una conexión clandestina

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La irregularidad en la fábrica de agroquímicos de San Nicolás, que estuvo cerrada durante varios meses en 2024 tras la explosión de un reactor, fue constatada por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires. La firma cuenta con una condena por daño ambiental en su haber
En marzo de 2024, la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás, que fábrica agroquímicos, sufrió la explosión de un reactor que obligó a evacuar los barrios aledaños y a clausurar el predio donde funciona. Tras ese episodio, reabrió sus puertas en noviembre pasado. Pero una inspección del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires en junio de este año marcó una grave inconsistencia por vertidos de efluentes industriales en el suelo que está dentro del mismo predio y que se encuentra muy cercano a la barranca del río Paraná.
Esta irregularidad surge de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), organismo que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios del ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.
El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes del ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.
Desde Greenpeace, ONG que sigue de cerca las acciones de la firma, detallaron a este medio que el sector en cuestión está muy cerca de la barranca del río Paraná, “por lo que la descarga representa un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica”.
El acta que hicieron los agentes de la ADA dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace.

Condena reciente
El abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
La referencia del letrado es hacia una condena que ya pesa sobre Atanor. A principios de 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva y dictó una sentencia definitiva contra la firma por considerar que ocasionó contaminación ambiental tras volcar sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin ser correctamente tratadas.Por esta reiteración de infracciones, Maggi indicó que se presentó el pedido una medida cautelar para “tratar de frenar el desmanejo que la empresa hace de sus efluentes industriales, que son residuos peligrosos por la actividad que despliega”.
“Pese a estar clausurado el vuelco, siguen volcando a través de bombas clandestinas y de mangueras”, resaltó en diálogo con La Capital. Y profundizó sobre la medida cautelar solicitada a la jueza Díaz Bancalari: “Se intenta darle un corte al circuito de agua. Si Atanor no puede extraer agua de las napas subterráneas y no puede usar el agua del río, le impedimos la posibilidad de que genere efluentes líquidos industriales y, de esa manera, logramos proteger el ambiente impidiendo que vuelquen clandestinamente como lo vienen haciendo hasta ahora.

Incumplimientos de Atanor
En línea con el abogado, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra, que forma parte del equipo de Greenpeace, remarcó: “Este nuevo vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales, y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población”.
“No estamos ante un accidente sino frente a un patrón sistemático de contaminación, y estamos frente a una empresa reincidente que ya fue condenada por causar daño irreversible al río Paraná. Es urgente que la Justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir”, agregó.
Por parte, Maggi puntualizó que no sólo la firma reincide sino que, además, viola compromisos asumidos que fueron pactados con la jueza para poder reabrir su planta a finales del año pasado. Este fue el principal motivo por el que el abogado que representa a Fomea ingresó el pedido de medida cautelar.
Tras la audiencia del 13 de junio, Díaz Bancalari notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que investiguen la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa.
Por su parte, la magistrada pidió que esta nueva irregularidad detectada por la ADA se sume al expediente asociado a la medida cautelar que, en marzo del año pasado, había clausurado la actividad en la planta tras la explosión. A su vez, solicitó al organismo dependiente del Ministerio de Ambiente bonaerense otro informe para magnificar el impacto ambiental por los vuelcos y sus riesgos asociados.
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Agroquímicos: la Justicia sostuvo la prohibición de su uso a mil metros en Mar del Plata

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: El Día 
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia confirmó una medida vigente desde 2014 que impide el uso de plaguicidas y fertilizantes en cercanías de áreas pobladas. El municipio de General Pueyrredon deberá hacerla cumplir.
En Mar del Plata, la Justicia ratificó el 23 de mayo de 2024 la prohibición del uso de agroquímicos dentro de un radio de 1.000 metros desde los límites de las plantas urbanas o núcleos poblacionales. La medida, que continúa vigente, fue comunicada por el municipio de General Pueyrredon a través de un parte oficial.
El cumplimiento responde a una resolución judicial dictada en 2014 en el marco de la causa “Picorelli Jorge Omar y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Inconstitucionalidad Ordenanza N.º 21.296” (Expte. N.º 72.669), que tramita ante la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, se mantiene suspendida la aplicación de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza N.º 21.296/2013.
De esta forma, rige plenamente la Ordenanza N.º 18.740/2008, que prohíbe el uso de productos químicos o biológicos de uso agropecuario y/o forestal —como plaguicidas y fertilizantes— dentro del perímetro definido.
Además, el municipio recordó que “deben cumplirse las demás medidas de prevención y protección del ambiente y de la salud de la población previstas en las Ordenanzas N.º 18.740/2008 y N.º 21.296/2013”, tal como lo dispuso el Tribunal interviniente.
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Entre Ríos regula el uso de agroquímicos cerca de escuelas rurales

Fecha de Publicación: 25/06/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La provincia aprobó un protocolo que establece zonas de aplicación, requisitos técnicos y condiciones de notificación para proteger la salud de estudiantes y docentes. El sector agropecuario cuestionó algunos puntos por considerarlos “excesivos”.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó, mediante la Resolución N.º 1109/25, el “Protocolo de actuación ante casos de aplicaciones con productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales”. El documento establece zonas de exclusión, amortiguamiento y libre aplicación según la distancia a los establecimientos educativos y el tipo de equipo utilizado.
“Este protocolo pone en el centro la salud de niñas, niños y adolescentes del ámbito rural, sin desatender la producción”, declaró la secretaria del área, María Inés Farías. 

Zonas de aplicación y condiciones técnicas
El protocolo define tres zonas:
    Zona de Exclusión: se prohíbe toda aplicación en un radio de 15 a 500 metros, dependiendo del equipo utilizado.
    Zona de Amortiguamiento: permite el uso solo de productos de baja toxicidad (bandas azul y verde), con requisitos estrictos de aviso, supervisión técnica y condiciones climáticas.
    Zona de Libre Aplicación: habilita el uso de todos los tipos de fitosanitarios sin necesidad de notificación previa.
Además, en la zona intermedia se deberá notificar con al menos 48 horas de anticipación, ajustar las aplicaciones a contraturno escolar, y garantizar la presencia de un asesor fitosanitario habilitado. 


Reacciones dispares: el campo pide revisión
Desde el sector rural, surgieron críticas. Carlos Luján, referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, sostuvo que “si bien coincidimos en la necesidad de regulación, los límites establecidos son desmedidos para la escala de muchos pequeños productores. Pedimos diálogo para evitar parálisis productiva”.
El protocolo también establece cómo actuar en caso de denuncias de aplicaciones indebidas, señalando como vía principal la exposición policial con documentación detallada y pruebas complementarias. 

Una herramienta para la convivencia rural
Con esta resolución, Entre Ríos busca marcar una hoja de ruta que equilibre la actividad agropecuaria con el derecho a un ambiente sano para los entornos escolares. Ahora resta ver cómo se instrumentará en el territorio y si se abrirá la mesa de diálogo con el sector productivo para lograr consensos.
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Abejas en peligro: el impacto de los agroquímicos

Fecha de Publicación: 24/06/2025
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional


Los agroquímicos no solo amenazan la biodiversidad: estudios recientes revelan cómo afectan los sentidos, el aprendizaje y la vida social de las abejas melíferas
En los campos argentinos, donde los cultivos se despliegan en vastas extensiones, un problema silencioso pero profundo amenaza el equilibrio de los ecosistemas.
Las abejas, fundamentales para la polinización de un tercio de los cultivos agrícolas, enfrentan un enemigo silencioso: los agroquímicos. ¿Qué consecuencias tiene esta exposición en las colmenas?
Un estudio pionero realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), junto con otras instituciones, destapa un panorama preocupante que podría comprometer la sustentabilidad del agro.
La polinización, un proceso esencial que une flores y frutos, trasciende lo estético al ser clave para la producción agrícola y la biodiversidad. Es una base insustituible de la producción agrícola. Sin embargo, las abejas melíferas, principales aliadas de este proceso, están en peligro.
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Las abejas, al polinizar, entran en contacto con estos productos, los cuales se acumulan en la colmena, afectando a toda la colonia”, explicó Jorge Zavala, investigador de la FAUBA y del CONICET.
El estudio reveló que los agroquímicos, especialmente el glifosato, impactan en las abejas a múltiples niveles: desde sus capacidades sensoriales y cognitivas hasta su comportamiento social.
Ivana Macri, profesional del INTA y autora principal de la investigación, comentó que estas sustancias alteran genes esenciales, debilitando las defensas y complicando actividades vitales como la higiene y la recolección de alimento.
En condiciones reales de campo, los investigadores instalaron colmenas en distintos lotes y monitorearon a las abejas antes y después de las aplicaciones de agroquímicos. “Hallamos residuos químicos en el polen y en las abejas recolectoras. Esto generó una exposición múltiple que debilitó a toda la colonia”, señaló Macri.
Los resultados fueron contundentes: las abejas expuestas perdieron capacidad para asociar olores de flores con recompensas y fueron menos sensibles al néctar, recolectando menos alimento para la colmena.
El daño no se limitó a las habilidades individuales. “Cuando se altera un gen vinculado al cerebro, el comportamiento social se ve afectado, reduciendo la eficiencia en la recolección de alimento y comprometiendo la supervivencia de la colonia”, agregó Macri.
La exposición a agroquímicos también redujo la calidad y diversidad de los recursos alimenticios disponibles, acentuando las dificultades.
¿Podemos imaginar un futuro sin abejas? Su rol en la polinización no solo sustenta la producción agrícola, sino que también garantiza la diversidad en los ecosistemas.
Estos insectos trabajan incansablemente, moviéndose de flor en flor, asegurando la continuidad de cientos de especies vegetales. Su declive no solo impactaría la economía agrícola, sino también la estabilidad ambiental.
Para Jorge Zavala, la conclusión es clara: “Si se afecta la capacidad de las abejas para recolectar alimento y transmitir información, la polinización a largo plazo se verá comprometida”.
Por su parte, Macri adelantó que el equipo continuará investigando, profundizando en cómo los agroquímicos afectan a las abejas según sus diferentes edades y tareas en la colmena. Además, buscarán entender cómo estos compuestos alteran la flora intestinal de las abejas, clave para su inmunidad y nutrición.
La relación entre la producción agrícola intensiva y el impacto en los polinizadores plantea interrogantes cruciales. Abordar esta problemática será esencial para garantizar un equilibrio entre la agricultura sostenible y la conservación de los ecosistemas.
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El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.

Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.

Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.

Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.

De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”. 
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.

Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.

Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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Biodiversidad: un estudio de la FAUBA detectó efectos nocivos de los agroquímicos en las abejas

Fecha de Publicación: 05/06/2025
Fuente: Portal InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Según la investigación realizada a campo, muchas abejas pierden sus sentidos, defensas y capacidad de aprender y comunicarse, cuando viajan a polinizar plantas y cultivos, y consumen de manera accidental agroquímicos.
La polinización es fundamental para mantener los rindes agrícolas: el 33% de los cultivos depende de ella. Sin embargo, en los agrosistemas, los polinizadores enfrentan un peligro: la exposición constante a agroquímicos.
La gran pregunta a menudo difícil de contestar es qué daños producen estos compuestos. Para intentar contestarla, se realizó un estudio pionero de la FCEyN-UBA, la FAUBA y otras instituciones, en condiciones reales de campo.
La conclusión a la que llegaron es que las aplicaciones provocaron en abejas melíferas fallas sensoriales, dificultades para aprender y comunicarse, y alteraciones en genes esenciales para su vida social. Una presión invisible que compromete la sustentabilidad del agro.

Los riesgos de los agroquímicos para las abejas
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Cuando las abejas melíferas —Apis mellifera— polinizan los cultivos, entran en contacto con estos productos y los llevan a la colmena, donde los transmiten por contacto o por el alimento. El glifosato es especialmente riesgoso: como no las ahuyenta, los daños son potencialmente mayores”, dijo Jorge Zavala, docente de Zoología en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
Zavala, quien también es investigador del CONICET, señaló que en investigaciones previas realizadas en el Laboratorio de Insectos Sociales (FCEyN) por el grupo que lidera Walter Farina se comprobó que los agroquímicos dañan las capacidades sensoriales de las abejas, necesarias para recolectar alimento.
También modifican el funcionamiento de genes vinculados al cerebro, al sistema inmune y a proteínas detoxificadoras.
Para estudiar estos efectos en condiciones de campo, el equipo de investigación instaló colmenas en tres lotes con distintos cultivos en la Ea. San Claudio (FAUBA), al O de Buenos Aires. Allí monitoreó a las abejas antes y después de la floración y de las aplicaciones de agroquímicos.
“Usamos trampas de polen para identificar qué flora habían visitado —cultivos o plantas silvestres— y para detectar residuos químicos”, comentó.

Impacto en las colmenas
Ivana Macri, profesional del INTA y primera autora del trabajo publicado en la revista científica One Earth, resaltó que el experimento detectó los mismos efectos que en laboratorio.
Los agroquímicos impactaron en las colmenas a varias escalas, desde la genética hasta el comportamiento.
“Comprobamos que todos los efectos se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando se altera un gen vinculado a funciones cerebrales, termina afectando el comportamiento individual y reduciendo la eficiencia de recolección de alimento”, puntualizó Ivana, quien también es investigadora en el instituto IFIBYNE (CONICET-UBA).
 Macri aseguró que los fitosanitarios afectaron genes relacionados con la vida social de A. mellifera. “Les complicó desde la higiene hasta la reproducción, poniendo en jaque la supervivencia de la colonia. También redujo su capacidad de aprender y de transmitir información a las compañeras”, amplió
“Las abejas expuestas a la toxicidad fueron menos capaces de asociar los olores de las flores con recompensas en polen y néctar, y menos sensibles a los azúcares. Estos son problemas graves cuando la diversidad floral es baja —cuando florecen los cultivos— porque al final del día recolectan menos alimento, afectando la nutrición de la colonia”, explicó al medio Sobre la Tierra de la Fauba.
En este sentido, Ivana remarcó que también se registró una caída en la cantidad, la calidad y la diversidad de los recursos alimenticios después de la floración de los cultivos. Esto potenció aún más la reducción de las capacidades sensoriales y cognitivas de las abejas.

Completar el rompecabezas
Jorge Zavala, coautor del trabajo, se refirió a los mensajes que surgen del estudio. “Mi conclusión principal es que, al verse afectada la posibilidad de transmitir la información entre las recolectoras, de orientarse y todo lo que comenté antes, es inevitable que a largo plazo resulte comprometida la polinización en general y, en última instancia, la producción de los cultivos”, advirtió.
“Nuestro trabajo se destacó por abordar un sistema real muy complejo en el que, sin embargo, pudimos identificar un patrón consistente desde el nivel de cultivo hasta la expresión génica, pasando por la colmena, los individuos, el comportamiento y el alimento. Todas las escalas mostraron alteraciones relacionadas entre sí”, afirmó.
Macri, por su parte, adelantó nuevos aspectos a estudiar. “Queremos seguir trabajando a campo, donde se puede ver concretamente qué pasa. Por ejemplo, nos interesa profundizar en las respuestas de A. mellifera a los agroquímicos según las diferentes edades y tareas en la colmena. Y tratar de determinar en qué etapa del desarrollo son más vulnerables”.
Por otra parte, sostienen que otro desafío será entender cómo los agroquímicos alteran la flora intestinal de las abejas —esencial para su inmunidad y nutrición—, y descubrir los mecanismos moleculares detrás de los síntomas que se observan.
“En este sistema complejo, las bacterias juegan un rol cada vez más importante y nos parece fundamental esclarecerlo”, concluyó la investigadora.
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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Preocupa en Bigand el aumento de casos de cáncer y apuntan contra los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/05/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Los vecinos de la localidad del departamento de Caseros presentaron una nota para que se lleven a cabo estudios ambientales, alarmados por los diagnósticos en mujeres jóvenes
En los últimos meses, la comunidad de Bigand encendió sus alarmas ante el aumento de casos de mujeres jóvenes que padecían tumores o cáncer, algunos de ellos con desenlaces fatales. Preocupados por la situación, vecinos impulsaron un pedido de informe al gobierno provincial para que analice la situación que, según manifiestan, se debe a factores ambientales de contaminación por agroquímicos. En ese marco, recibieron a especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para interiorizarse en el tema.
A través del Samco local, el pasado 6 de mayo los vecinos elevaron la nota al Área de Epidemiología de la Provincia de Santa Fe tras registrar “numerosos casos de fallecimiento por cáncer, de mujeres jóvenes (de entre 30 y 50 años), así como también un aumento significativo de diagnósticos asociados a enfermedades tumorales”. Exponiendo datos de un informe epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR en 2013, solicitaron una evaluación “imprescindible e inmediata" sobre los “elementos medioambientales” que rodean a la comunidad y la adquisición de un tomógrafo que permita diagnósticos tempranos para el centro de salud de la comuna.
 Tomando conocimiento del tema, el gobierno provincial respondió mediante la Agencia de Control del Cáncer y confirmó a La Capital que “se procederá a analizar los datos disponibles en los registros provinciales para brindarles información validada sobre los indicadores epidemiológicos de Bigand vinculados al cáncer”.

Una movida de todo Bigand
Bigand es un pueblo tranquilo y ordenado, de casas bajas, con unos 7 mil habitantes y con una economía que tracciona en torno a una gran empresa alimenticia. Desde los bomberos hasta los comerciantes, todo el pueblo se enlistó detrás del pedido de informe.
El jefe comunal Alejandro Ruggieri, que concluye su mandato en junio, junto a los candidatos en las próximas elecciones, se unieron en el reclamo y participaron de la jornada que Damián Verzeñassi, director de Salud Socioambiental de la UNR, encabezó en el cuartel de Bomberos Voluntarios el pasado 16 de mayo a la cual asistieron un centenar de personas. “Nos alarmamos. Generaba mucha angustia que otra atraviese una enfermedad agresiva, terrible a nivel psicológico y físico”, contó a La Capital Bárbara Perucci, vecina del pueblo y firmante del petitorio.
En este marco, en Bigand comenzó a fortalecerse el grupo Unidas por una buena causa, un grupo de pacientes oncológicos que desde 2023 se reúne para acompañarse en el camino del tratamiento. “El director del Samco nos abrió las puertas ante la demanda que teníamos, nos interiorizamos y recordamos que tenemos el antecedente del campamento sanitario que hizo la UNR en 2013”, agregó Perucci.
La situación, para Perucci, “se agravó y queremos que se identifiquen los factores” por lo que presentaron la nota en el Samco local. La mujer también advirtió que, al notificarse del pedido, otras comunidades, como Bombal y Alcorta, se contactaron con el grupo de Bigand. “Estamos muy cerca todas y según el informe de la UNR es una de las zonas más expuestas a este tipo de factores ambientales, es decir, agroquímicos”, planteó.

Qué dice el informe de la UNR
En 2012, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, a través del Instituto de Salud Socioambiental, realizó un campamento sanitario en Bigand, una tarea que realizó en otras localidades hasta 2019. Luego por cuestiones de gestión, el programa se discontinuó.
En aquella oportunidad, el conjunto de los 40 campamentos determinó que en los pueblos donde al menos el 90% de la población vive a menos de 1.000 metros de lugares donde se utilizan agroquímicos “aumenta 2,5 veces el riesgo de morir por cáncer entre los 15 y 44 años, y que las mujeres tienen un 60% más de posibilidades de enfermarse de cáncer respecto de la media nacional”, aseguró el propio Verzeñassi a La Capital.
Según los datos recabados por el instituto, esos resultados se debían a un modelo de producción instalado en 1996 en el que se incorporan organismos transgénicos y agroquímicos, estimulantes para algunos tipos de cánceres. “Esto es una forma de expresar con nuestros cuerpos el daño del modelo productivo”, dijo Verzeñassi, y agregó que estas comunidades “están expuestas un 1.100% más a estos venenos, que antes no se usaban”.
Por otro lado, Verzeñassi hipotetizó que las mujeres sean más propensas a tener cáncer por la alteración más rápida del sistema endocrino que manifiestan naturalmente. Esto se debe a que los agroquímicos generan una alteración endocrina que fomentan la aparición de células cancerígenas.

Cambiar las formas de producción
Verzeñassi, que pensó que se iba a encontrar con una reunión en una sala, habló ante un cuartel de bomberos que desbordaba de vecinos e instó a pensar políticas públicas que acompañen a los productores de nuestra región a un proceso de transición que permita seguir trabajando la tierra “sin poner en riesgo la salud de los vecinos”.
“No estamos pidiendo que dejen de producir, estamos diciendo que hay que producir sin veneno y eso es posible y necesario”, planteó el experto.
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Santa Fe: confirman que los agrotóxicos dañan la salud y fijan mil metros sin fumigaciones

Fecha de Publicación: 22/04/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Santa Fe


El Poder Judicial de Santa Fe reconoció que los agrotóxicos producen daño genético en las personas y confirmó la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las viviendas. La causa fue impulsada por una familia de la comuna de Piamonte. La sentencia señala que la ley provincial está desactualizada (respecto a los agroquímicos) y siente un importante precedente judicial.
Fallo resolvió prohibir la fumigación manual, terrestre y/o aérea con ningún tipo de agroquímicos a menos de 1000 metros de todo el ejido urbano de la Comuna de Piamonte en la Provincia de Santa Fe.
La Corte Suprema de Santa Fe dejó firme una sentencia que reconoce el daño genético causado por los agroquímicos, ordena una distancia mínima de 1000 metros para las fumigaciones en la comuna de Piamonte y señala que se fomente la agroecología en la zona de resguardo. La decisión del máximo tribunal provincial obliga a esa localidad santafesina a tratar una ordenanza que ajuste la legislación local al fallo y marca la necesidad de una reforma de la ley provincial. "A partir de este momento, la sentencia podrá ser invocada en toda Santa Fe para establecer otras distancias que alejen las fumigaciones y permitan la defensa de la salud, la vida y el ambiente", destacó la abogada Eugenia Boccio, representante de la familia que accionó contra el Estado provincial, la comuna y los productores del agronegocio.
La causa se inició en 2016, cuando la familia Córdoba presentó un recurso de amparo ambiental por afecciones en su salud por la pulverización con agrotóxicos. La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de San Jorge, reconoció el derecho a incluir pruebas en los recursos de amparo y, con base en las pericias ofrecidas, tuvo en cuenta el daño genotóxico que producen los herbicidas. A partir de ello estableció el límite de 1.000 metros y declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Provincial 11.273, que regula la materia, y de la Ordenanza 9/20 de Piamonte. La provincia, la comuna y los productores apelaron la decisión judicial pero la Corte Suprema de Santa Fe dejó firme el fallo.
La decisión de Primera Instancia hizo énfasis en la necesidad de que haya controles (por parte de la comuna y de la provincia) cerca de la vivienda de la familia afectada, extensiva a los centros recreativos, de educación y de salud, especialmente en el área contigua a la zona de prohibición de las fumigaciones. También ordena que se controlen los silos y galpones que existen en la jurisdicción de Piamonte, teniendo en cuenta la Resolución Provincial 177 de 2003, que señala —entre otros requisitos— que estos espacios deben contar con cortinas forestales que limiten la proliferación de polvillo. Además, prohíbe que maquinarias como mosquitos y pulverizadoras transiten por el pueblo.
Los denunciados durante el juicio fueron la Comuna de Piamonte y los titulares de los silos, plantas de acopio y galpones que se emplazan en el pueblo: Iván Carignano, Luis y Roberto Cravero, Octavio Camusso, Román Vaira, Claudio Fiorito, la Cooperativa de Pellegrini y la Cooperativa de María Susana. El objetivo fue que se prohíban las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.000 metros de todo el ejido urbano de Piamonte y específicamente de su vivienda. En la causa presentaron pruebas médicas de la afectación que las fumigaciones generaron en la salud de la familia, y en particular en la pequeña Abigail Córdoba, de 9 años.
Boccio explicó que el grupo familiar observaba situaciones la salud. “Hablamos de 'pluricontaminación' porque en Piamonte el ambiente está contaminado por distintas actividades relacionadas con el modelo agroindustrial: campos linderos a las viviendas que son fumigados, silos y acopios donde se guardan los granos y los tóxicos que se utilizan para el agro y circulación por el pueblo de maquinaria dedicada a la pulverización”, afirmó.
Con el amparo judicial se reclamó el cese de la contaminación y el resguardo del derecho al ambiente sano. El juez de primera instancia, Daniel Zoso, valoró para su sentencia dos pericias claves: una vinculada a los efectos en la salud de los agrotóxicos y otra sobre la posibilidad de implementar la agroecología en la localidad.
La localidad de Piamonte, de unos 3.500 habitantes, es cercana a Zenón Pereyra, a San Jorge y a Sastre y Ortiz, donde otros fallos judiciales también limitaron el uso de agrotóxicos.

Reconocimiento del daño genético causado por los agrotóxicos
La pericia médica incluida en la causa determinó que la familia presenta daño genético, sobre todo las mujeres y en particular Abigail. “Es la única niña en el núcleo familiar, de 9 años de edad. Según el examen físico, es una niña saludable, eutrófica (con buen estado de nutrición), escolarizada, que realiza deportes en el club del pueblo. Sin antecedentes patológicos personales desde su nacimiento hasta los 5 años, que comienza con broncoespasmos respiratorios a repetición”, destaca. E informa que dio positivo en estudios de genotoxicidad (daño en el ADN) y que esos valores se deben a la exposición a agroquímicos. La perito médica marca que el daño genético durante la infancia es predictivo del desarrollo de cáncer en adultos sanos.
El grupo familiar realizó las pruebas de laboratorio denominadas científicamente de "micronúcleo" y "aberraciones cromosómicas", ambas realizadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Ante estas pruebas, el magistrado valoró: “Corresponde atenerse a las conclusiones de la experta toda vez que dicho dictamen no se ha basado en meras abstracciones para emitir sus conclusiones sino que han suministrado los antecedentes, explicaciones y estudios que justifican con razonable convicción sus opiniones, las que encuentran un adecuado soporte técnico–científico”.
El juez también tuvo en cuenta los resultados de los “campamentos sanitarios” realizados por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Esos informes dan cuenta de que la matriz productiva en los pueblos de la zona, ligada a la actividad agroindustrial, se expresa a través de la fumigación y el uso de agroquímicos. En esos campamentos se evidenciaron patologías que pueden estar vinculadas a la exposición con agrotóxicos.
El fallo cita otros estudios que confirman que los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. “Esta afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario”, subraya el juez.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”, es otro de los estudios citados que muestra el daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta 20 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo. Otra de las investigaciones citadas, realizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto en pueblos rurales de Córdoba y llamada "Genotoxicidad del AMPA" (metabolito ambiental del glifosato), confirma que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana.
“Estos informes, pericias, documentaciones y datos suministrados permiten comprender la complejidad de la causa y la nocividad de estos productos químicos en la salud de las personas, lo que amerita una intervención jurisdiccional para evitar o mitigar los posibles daños que se están causando”, concluyó el juez.

La agroecología como alternativa en Piamonte
La segunda pericia valorada en la causa fue realizada por el ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo. Indica que la transición hacia la producción agroecológico en el periurbano de la localidad implica un proceso complejo, que debe ser direccionado. Señala que las entrevistas a los distintos actores de la localidad (productores, asesores y autoridades gubernamentales) dan cuenta del desconocimiento respecto de las vías para iniciar un proceso de transición agroecológica.
Afirma que es prioritario definir un plan de trabajo que plantee los pasos a seguir para producir de forma agroecológica. Y que, para iniciar un proceso de transformación productiva, sería recomendable seguir el camino que han transitado otras localidades del país y de la provincia. Estos procesos deben ser colectivos, participativos y contar con acompañamiento del Estado y de otros actores presentes en la zona.
“Se puede concluir que resulta factible y viable la realización de prácticas agroecológicas que permitan dejar de utilizar agroquímicos nocivos, que afectan el derecho a la salud de los vecinos de la comuna de Piamonte sin que con ello se afecte en demasía el derecho de propiedad de los productores y arrendatarios”, resuelve el fallo.
Esta pericia demostró que el modelo de producción hegemónico afecta el ambiente de distintas formas. Boccio precisó que el suelo de Piamonte perdió materia orgánica (capacidad de fertilidad) en un 20 por ciento y que disminuyó su capacidad de absorción del agua. “También mostró que la agroecología no es solo una práctica productiva sino que implica una recomposición socia. Y que la prohibición de la fumigación no es impedimento para la producción agraria, porque otros modos de producción son viables”, enfatizó.

Una ley obsoleta e inconstitucional
La sentencia judicial estableció la inconstitucionalidad de dos artículos (33 y 34) de la Ley 11.273, que regula la aplicación de agroquímicos en Santa Fe. Los mismos establecen una distancia de exclusión de 3.000 metros para la fumigación aérea con productos fitosanitarios A y B, considerados de riesgo para la salud. Sin embargo, la normativa permite “excepcionalmente” la aplicación aérea de productos C y D, de “riesgo moderado y bajo”, dentro de los 500 metros de las zonas urbanas, cuando exista una ordenanza que lo autorice o en los casos que lo establezca la reglamentación de la ley.
En lo que refiere a las aplicaciones terrestres, la normativa lo prohíbe dentro del radio de 500 metros para los productos de clase toxicológica A y B (de riesgo alto), pero no lo prohíbe para los C y D (de riesgo bajo o moderado). En el decreto reglamentario se tratan las “excepciones” respecto a las fumigaciones aéreas. Y permite las fumigaciones aéreas con productos C y D dentro de los 500 metros, cuando las condiciones del terreno impidan hacerlo por la vía terrestre. También permite fumigar de forma aérea con productos B en el área comprendida entre los 500 y los 3.000 metros cuando no existieran en el mercado productos equivalentes de clases toxicológicas C o D.
El fallo destaca que la ley (de 1995) se basa en una clasificación toxicológica por letras que quedó en desuso en 2009. En relación al glifosato, cita la Resolución 350/99 del Senasa que lo clasificaba dentro del grupo de agroquímicos de improbable riesgo agudo (clase IV), es decir que no ofrecía peligro. Sin embargo, dicha Resolución fue derogada en 2012 por la Resolución Senasa 302. Ese mismo año, el glifosato pasó de ser considerado clase IV (producto que normalmente no ofrece peligro) a clase III (ligeramente peligroso).
Pese a que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, el Senasa no volvió a reclasificarlo. Este tóxico sigue siendo considerado clase III o IV (“C” o “D”, para la ley vigente), es decir “poco peligroso”. “Esto provoca que, según el artículo 34 de la ley se permita la aplicación de productos de clase C y D dentro del rango de exclusión, lo que se traduce en que se pueda fumigar con glifosato dentro de los 500 metros que permite la reglamentación”, cuestiona el juez. Y observa que esta situación contradice el principio de resguardo ambiental de la Constitución Nacional.
Según el fallo, la letra de la ley provincial es lo que termina recogiendo la Ordenanza 9/20 de Piamonte, que establece un ordenamiento de los permisos para fumigar según la vieja clasificación. Por este motivo, también la declara inconstitucional y exhorta al gobierno comunal a que sancione una nueva ordenanza.
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Nuevo intento para prohibir las fumigaciones en inmediaciones de las escuelas rurales

Fecha de Publicación: 21/04/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios Sabrina Sabat, diputada del bloque Unión Renovación y Fe, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de productos fitosanitarios en terrenos lindantes a escuelas rurales con el objetivo de proteger la salud de las comunidades educativas y el ambiente.
Con un proyecto de Ley, Sabrina Sabat diputada provincial del bloque dialoguista, y que preside la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara Baja, buscará el consenso de los bloques para poder sancionar la iniciativa y que no se pueda fumigar en los terrenos lindantes a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
“La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, sostuvo la legisladora del bloque dialoguista en la Legislatura.
En un contexto donde muchas escuelas de la Provincia conviven a diario con la aplicación de productos fitosanitarios a escasa distancia de sus aulas, el proyecto busca establecer criterios claros que garanticen la seguridad ambiental. “La legislación local, en algunos casos, es ambigua, por eso es fundamental avanzar con una normativa provincial que unifique criterios”, sostuvo la diputada. Y agregó: “Necesitamos acompañar a la comunidad educativa con leyes que resguarden sus derechos y prioricen la salud por encima de los intereses económicos”.
La iniciativa plantea la obligatoriedad de contar con la presencia permanente del asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora durante los procedimientos. También determina que los propietarios o arrendatarios de lotes agropecuarios notifiquen con al menos 48 horas de anticipación la realización de cualquier aplicación en sus terrenos. Además, prevé sanciones para quienes no cumplan con lo establecido.
“La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores”, subrayó Sabat. Y agregó: “No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.
El proyecto se enmarca en un creciente debate sobre el impacto de los fitosanitarios en la salud y el ambiente, un tema que genera preocupación en distintas comunidades bonaerenses.
Vale remarcar que en el mes de enero la Resolución 246 firmada por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en 2018 fue prorrogada. La norma busca regular el uso de agroquímicos en el campo, pero nunca entró en vigencia.
El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la Resolución 2/25 para prorrogar desde el 8 de enero “y por el término de doscientos diez días” la suspensión de la normativa en cuestión.
Según se argumentó en ese momento la decisión se tomó por la “necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos”. Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales.
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