La provincia de Buenos Aires lanzó un visor para monitorear lluvias y crecidas en tiempo real

La herramienta pública reúne datos de 150 estaciones sobre precipitaciones, caudales y niveles de ríos, y forma parte del plan provincial de gestión del riesgo frente al cambio climático, ante la amenaza de un El Niño intenso.

La provincia de Buenos Aires lanzó un Visor Hidrometeorológico de acceso público que permite seguir en tiempo real las lluvias, los caudales y los niveles de ríos y arroyos en todo el territorio bonaerense. La herramienta, presentada en Bragado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca anticipar crecidas e inundaciones en un contexto marcado por el exceso de agua acumulada y la amenaza de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.
El visor fue desarrollado a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), de la Autoridad del Agua (ADA), junto con los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Agrario. Cualquier persona puede consultarlo sin registrarse, desde una computadora, una tablet o un celular, a través del sitio simparh.ada.gba.gov.ar, y abarca los 135 municipios bonaerenses.

Qué muestra
La plataforma integra la información de 150 estaciones de monitoreo, 42 de ellas provinciales. También suma datos de redes nacionales y de otros organismos públicos y privados, como el Instituto Nacional del Agua, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, además de aportes de monitoreo participativo y de los municipios.
Las estaciones automáticas registran lluvias, caudales y niveles de agua, y, según su equipamiento, también condiciones meteorológicas, calidad del agua, nivel de la napa freática, temperatura, humedad y presión. La mayoría transmite datos cada 15 minutos o cada hora.
Los usuarios pueden filtrar la información por cuenca o por municipio, generar gráficos, descargar informes y proyectar el comportamiento de los cuerpos de agua. La versión para usuarios registrados incorpora además datos de campo de 180 puntos de la Red Hidrométrica Provincial. Cada municipio recibirá un usuario y una contraseña para armar sus propios tableros de control y filtros.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, definió al visor como “una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”. El funcionario remarcó que la gestión del agua requiere coordinación entre sectores e inversión en infraestructura, porque el agua no reconoce límites entre jurisdicciones.

Un plan frente al cambio climático
El visor forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que el ministerio impulsa desde 2025. La iniciativa responde a la gran cantidad de agua acumulada en el territorio bonaerense y al riesgo de que el fenómeno de El Niño, e incluso un posible “Súper Niño” de magnitud histórica, provoque lluvias extraordinarias durante la segunda mitad de este año y en 2027. En la región pampeana, los episodios de El Niño suelen asociarse con precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano, lo que eleva el riesgo de anegamientos en campos y ciudades.
La provincia proyecta ampliar la red hasta 250 estaciones entre 2026 y 2030. Para 2027 prevé contratar un software centralizado de visualización, modelado de datos y alertas, y destinar recursos a la operación y el mantenimiento de las redes de monitoreo.

La importancia de anticiparse
Contar con datos en tiempo real es clave en una provincia de grandes llanuras, donde el agua escurre lentamente y las inundaciones pueden prolongarse durante semanas. La información sobre lluvias y niveles de ríos permite a los municipios, los productores y los organismos de emergencia prepararse con anticipación, organizar evacuaciones y proteger viviendas, infraestructura, cultivos y ganado.
La herramienta llega en un momento de alerta en buena parte del país. El fenómeno de El Niño ya provoca una crecida extraordinaria de los ríos Paraná y Uruguay, con cientos de evacuados en el Litoral, y especialistas de la represa de Yacyretá advirtieron que el episodio recién comienza y podría intensificarse entre octubre y febrero.
En la provincia de Buenos Aires, donde los excesos hídricos se alternan con sequías cada vez más severas, el monitoreo permanente se vuelve una pieza central de la adaptación al cambio climático, que aumenta la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires 
Fuentes Consultadas: Diario La Nueva, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Autoridad del Agua (ADA).

El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná

La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.

Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.

La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.

Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe 
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

Un megacentro de datos en Chubut avanza sin datos sobre su consumo de agua ni su impacto ambiental

El proyecto de una empresa polaca, anunciado con una inversión de 3.300 millones de dólares y una demanda de hasta 3.000 megavatios, no informa cuánta agua usará en una provincia en emergencia hídrica, mientras los pedidos de informes siguen sin respuesta.

El anuncio de un megacentro de datos para inteligencia artificial en Chubut, con una inversión de 3.300 millones de dólares, avanza sin información pública sobre cuánta agua y energía consumirá ni sobre su impacto ambiental. A casi tres meses de la firma del acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa, no se conocen la ubicación definitiva, el tamaño real de la obra ni los estudios ambientales, y los pedidos de informes oficiales siguen sin respuesta.
El proyecto, denominado Atlas GigaHub, pertenece a Green Capital, una compañía de capitales polacos dedicada a la generación de energía limpia que no tiene antecedentes en la construcción de centros de datos. A fines de julio, su director ejecutivo, Michał Polanowski, firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador Ignacio Torres. La empresa asegura que contará con socios tecnológicos de Finlandia, Francia, China y los Países Bajos. En 2024, la misma firma había anunciado una planta de hidrógeno verde en la provincia que nunca se concretó.

Una demanda energética gigante
Según lo anunciado, el centro tendría una capacidad de hasta 3.000 megavatios en su máxima potencia, un consumo similar al de todos los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, y se proyecta para 2033. Se dedicaría a procesar datos para empresas de inteligencia artificial y podría convertirse en el primer centro de hiperescala del país. Para dimensionarlo: la Argentina tiene 47 centros de datos, 31 de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y solo 13 superan un megavatio de potencia.
Green Capital alquila desde hace más de un año unas 130.000 hectáreas alrededor de Trelew para instalar parques eólicos y solares. La empresa sostiene que el 80% de la energía sería renovable al inicio de las operaciones, pero no precisó de dónde saldría el resto. Los especialistas advierten que, incluso con energía limpia, estos centros suelen tener generadores a gas o diésel como respaldo. Además, la Secretaría de Energía de la Nación exige que los nuevos centros de datos se abastezcan por cuenta propia de la electricidad que necesitan.

El interrogante del agua
El punto más sensible es el agua, que se usa en grandes cantidades para refrigerar los equipos. La compañía afirma que empleará un sistema de enfriamiento directo sobre los chips, en circuito cerrado, que reduciría la demanda en más de un 90%, pero no informó cuál sería el consumo real ni respecto de qué se calcula esa reducción.
La falta de datos preocupa en una provincia que atraviesa una emergencia hídrica, declarada por la Legislatura por la caída histórica del caudal de sus principales ríos.
Green Capital aseguró que inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, aunque no hay información oficial sobre sus alcances. La ley provincial exige una audiencia pública antes de cualquier autorización, aunque su resultado no es vinculante. La Municipalidad de Trelew informó que no inició ningún expediente vinculado al proyecto, cuya ubicación podría ser la subzona franca de la ciudad o una estancia a unos 20 kilómetros del centro.

Silencio oficial y reclamo vecinal
El 6 de agosto, la Legislatura aprobó un pedido de informes impulsado por la legisladora Norma Arbilla, que el Ejecutivo provincial no respondió. “No sabemos cuál es el estado de situación de la empresa”, señaló Arbilla, quien advirtió que tampoco se conocen el tamaño del centro, su consumo energético ni su sistema de refrigeración. Los pedidos de acceso a la información presentados ante el gobierno y la Secretaría de Ambiente provincial tampoco tuvieron respuesta.
En Trelew surgió el grupo vecinal Trelew Libre de Data. Su integrante Analía Bignone cuestionó que todo se haga “a espaldas de los vecinos”. La especialista en tecnología Micaela Sánchez Malcolm, ex secretaria de Innovación Pública de la Nación, recordó que la huella de estos centros no se limita a las emisiones de carbono, sino que incluye ruido, calor, movimiento de suelos y chatarra electrónica.

Experiencias en otros países
Los conflictos por los centros de datos se multiplican en el mundo. En Chile, la Justicia obligó a Google a replantear un proyecto que preveía usar 7,6 millones de litros de agua por día para refrigeración, y en Uruguay la empresa también debió modificar una iniciativa para reducir su consumo. En Finlandia, la Justicia suspendió la construcción de centros de datos de Google. En Estados Unidos, el 71% de la población se opone a tener uno en su comunidad, según una encuesta de Gallup.
Las experiencias de los países vecinos muestran que, en el Sur Global, la carrera por atraer la infraestructura de la inteligencia artificial pone en juego recursos estratégicos como el agua y la energía. En Chubut, por ahora, las preguntas superan a las respuestas.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Portal Chequeado, Legislatura del Chubut

Tucumán anuncia obras de saneamiento para recuperar el río Salí, que hace 50 años era balneario

Las familias tucumanas se bañaban y pescaban en el Salí en los años setenta. Hoy los análisis detectan coliformes fecales miles de veces por encima de lo permitido, Tras los análisis que detectaron coliformes fecales hasta 2.400 veces por encima de lo permitido, la provincia promete plantas depuradoras incluidas en el presupuesto nacional 2027 y controles más estrictos a las industrias.

El gobierno de Tucumán anunció que busca recuperar la cuenca Salí-Dulce con obras de saneamiento cloacal y mayores controles a las industrias que vuelcan efluentes al río Salí. La respuesta oficial llega en medio de la alarma por los análisis de este año, que detectaron coliformes fecales hasta 2.400 veces por encima de lo permitido en un río que, hace apenas medio siglo, era un balneario de aguas cristalinas.
“La provincia no es ajena a la situación del río Salí”, sostuvo el secretario de Producción provincial, Eduardo Castro, quien reconoció que el problema es histórico, con entre 40 y 50 años de antigüedad, y que combina residuos industriales con vertidos cloacales sin tratamiento.

Plantas depuradoras frenadas
Según el funcionario, el plan de obras se definió desde el inicio de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, en 2023. En junio de 2024, la provincia firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para construir plantas depuradoras de líquidos cloacales en Alderetes, Banda del Río Salí, San Andrés, San Felipe, Famaillá, Aguilares y Concepción.
Pero la iniciativa se detuvo. Castro atribuyó la paralización a la política nacional y afirmó que “la obra pública en el marco de este Gobierno nacional no ha sido tenida como prioridad”. Ahora, la provincia logró incluir en el proyecto de presupuesto nacional 2027 las plantas de Alderetes y Banda del Río Salí, con sus sistemas de recolección, además de instalaciones para San Andrés, San Felipe y Concepción. Famaillá y Aguilares quedaron fuera de ese listado, y no se informaron montos ni plazos de ejecución.
En paralelo, la Dirección de Fiscalización Ambiental provincial controla a ingenios, citrícolas y frigoríficos, entre ellos tres plantas frigoríficas que vierten al Salí. El gobierno asegura que es muy estricto con esos controles y que trabaja para contener los vertidos de los asentamientos ubicados a la vera de canales y del río. Santiago del Estero, adonde llegan las aguas, realiza sus propios monitoreos, y la Nación efectúa controles trimestrales en el marco de un convenio con esa provincia vigente desde 2009. Castro defendió, al mismo tiempo, que Tucumán es una provincia netamente industrial y que debe seguir impulsando sus economías locales, un equilibrio que atraviesa todo el debate sobre el río.

Del balneario a la contaminación
El contraste con el pasado es fuerte. En los veranos de los años setenta y principios de los ochenta, las familias tucumanas usaban el Salí como balneario y zona de pesca, con especies de gran tamaño que hoy desaparecieron o escasean. Sergio Pérez, presidente de la Federación de Organizaciones Ambientales de Tucumán, recordó que entonces se pescaban hasta dorados.
Hoy el panorama es otro. Los análisis de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en un muestreo coordinado por el ingeniero Mario Amado junto al legislador José Seleme, encontraron los peores valores en el sector del puente Barros. “Hemos perdido al río por la degradación ambiental”, resumió Martín Sirombra, biólogo de la cátedra de Ecología de la Universidad Nacional de Tucumán.
Entre las causas figuran las descargas cloacales sin tratamiento desde Banda del Río Salí, los efluentes de asentamientos que llegan por el canal Norte, las deficiencias de la planta depuradora de San Felipe, la basura acumulada en canales y basurales clandestinos y el crecimiento urbano sin planificación.

Advertencias de hace tres décadas
Las alertas no son nuevas. En 1996, el ingeniero Antonio García, entonces jefe de Control Sanitario de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, presentó un estudio sobre unos diez kilómetros del cauce que identificó como fuentes de contaminación a la industria citrícola, a los ingenios Concepción y San Juan, a tres frigoríficos y a los vertidos de los canales Norte, Sur y San Cayetano.
La organización Tucumanos en Acción fotografió los mismos canales en 2019 y volvió a hacerlo en agosto de este año. Su representante, Alejandro Gómez, aseguró que en esos siete años la situación prácticamente no cambió.
Con obras que dependen del presupuesto nacional del año próximo y una contaminación que se arrastra desde hace décadas, la recuperación del Salí, y de la cuenca que comparte con Santiago del Estero, sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Portal Tucumán a las 7, Portal Contexto Tucumán, Gobierno de Tucumán

Denuncian que lixiviados del Centro Ambiental de Villa La Angostura llegan al lago Nahuel Huapi

Una denuncia vecinal puso bajo la lupa el Centro Ambiental de Villa La Angostura, el predio donde la localidad neuquina dispone sus residuos sólidos urbanos. Según la presentación, los lixiviados, los líquidos contaminantes que se forman cuando el agua atraviesa la basura, estarían filtrándose y rebalsando desde las celdas hacia el arroyo Calfuco, que desemboca en el lago Nahuel Huapi.

La denuncia fue presentada el jueves 8 de octubre ante la Defensoría del Pueblo local y en pocos días sumó más de cien adhesiones. Su principal impulsor es el vecino Gerardo Minnaard, quien advirtió que la contaminación afecta la biodiversidad, la salud pública y la integridad ecológica del área protegida que rodea a la localidad.

Piletas que rebalsan
El Centro Ambiental funciona en el sector Loma Guacha, sobre la ruta nacional 40, cerca de zonas de bosque andino patagónico. De acuerdo con la presentación, cuando llueve el agua y el escurrimiento desde terrenos más altos ingresan a las celdas y hacen rebalsar las piletas de contención, que desagotan su capa superior, “donde flotan sustancias aceitosas combinadas con lixiviados”, hacia el entorno natural. Los denunciantes hablan de un vuelco grave y continuado de efluentes sin tratar.
La presentación también alerta sobre el riesgo de incendio. En el predio se acumulan residuos forestales, vehículos en desuso y electrodomésticos, y se recuerdan episodios previos de ignición. Según la denuncia, el agua usada por los bomberos para controlar esos focos se suma a la generación de lixiviados, y en verano las celdas llegan a rebalsar.

Advertencias que no se atendieron
El problema no es nuevo. El predio fue destinado a la basura en 1991 por la ordenanza municipal 442, y en 2013 comenzó a funcionar el Centro Ambiental, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2018, un diagnóstico técnico encargado por el propio municipio advirtió que la evaporación en la pileta de lixiviados era casi nula y que existía riesgo de desborde hacia el arroyo: sobre la celda caen unos 13.000 metros cúbicos de lluvia por año, frente a una pileta con capacidad para 800. Un ensayo de octubre de ese año midió 6.505 microgramos de plomo por litro en el líquido de la pileta. El proyecto de adecuación, estimado en hasta 1,06 millones de dólares, nunca se concretó.
En 2019, la ordenanza 3614 reconoció los problemas de capacidad y ordenó la clausura, el cierre y la remediación de la celda, además de informes semestrales. Los vecinos aseguran que no encontraron constancias de esa clausura ni de los informes. En 2021, una inspección de la Dirección Provincial de Fiscalización Hídrica no detectó afectación en el arroyo ese día, aunque en la pileta midió una demanda química de oxígeno de 1.004 miligramos por litro. Desde entonces no hay análisis actualizados, y de las 30 estaciones de la red oficial de monitoreo del lago Nahuel Huapi, ninguna está sobre el Calfuco. El predio, además, limita en tres de sus lados con el Parque Nacional Nahuel Huapi.

La Defensoría toma el caso
El defensor del Pueblo, Sebastián Baltanás, visitó el Centro Ambiental, se comunicó con la Secretaría de Servicios Públicos del municipio y le solicitó una serie de informes. Al evaluar la presentación, consideró que está fundamentada. “No se trata, por tanto, de una presentación genérica o carente de fundamento”, señaló.
Entre las medidas pedidas figuran una inspección urgente de las geomembranas y las piletas de lixiviados, la toma de muestras de agua y sedimentos en el arroyo Calfuco, en su desembocadura y en las costas del lago, un relevamiento térmico de las celdas y acciones inmediatas para contener los vertidos, controlar el ingreso de agua de lluvia y reducir el material combustible. El denunciante plantea incluso evaluar la clausura definitiva de las celdas y aplicar sanciones si se comprueban incumplimientos.
Hasta el momento no se conoce una respuesta pública del municipio, y las afirmaciones de la denuncia todavía requieren análisis de laboratorio que las confirmen.
Minnaard ya había promovido en 2024 un amparo colectivo por el vertido de líquidos cloacales en la localidad, en el que un peritaje confirmó la presencia de líquido séptico crudo. Ahora, la mirada vuelve sobre el lago, esta vez desde el lugar donde termina la basura de la ciudad.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
Provincia/Región: Neuquén 
Fuentes Consultadas: Diario El Cordillerano, Portal La Angostura Digital, Diario Andino, Portal Economía Sustentable

Santiago del Estero inspeccionó diez ingenios tucumanos por la contaminación del Salí-Dulce

La Defensoría del Pueblo santiagueña, junto con organismos de Tucumán y de Nación, revisó plantas sucroalcoholeras en plena zafra para verificar que no haya vuelcos de vinaza ni cenizas a la cuenca compartida.

En plena zafra, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero volvió a cruzar el límite provincial para revisar de cerca la industria que durante años fue señalada como una de las principales fuentes de contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Durante dos jornadas, un equipo encabezado por su titular, Daniel Escobar Correa, inspeccionó diez establecimientos sucroalcoholeros de Tucumán.
El recorrido incluyó el ingenio y la destilería Bella Vista, y los ingenios Santa Rosa, Corona, Marapa, Santa Bárbara, Famaillá, San Juan, Concepción, La Florida y Leales. Fue la tercera inspección del año. Participaron también el ingeniero Guillermo Silva, de la Defensoría del Pueblo de Tucumán; el ingeniero Marcelo Lizárraga, de la Secretaría de Medio Ambiente tucumana, y el ingeniero Javier Finkelstein, junto con técnicos del área de Ambiente de la Nación.

Tres controles clave
Los inspectores verificaron tres variables. La primera fue el cumplimiento de la meta de "vinaza cero", es decir, que ese residuo no llegue a los cursos de agua. La segunda, la de "ceniza cero", referida a los restos de la quema del bagazo en las calderas. La tercera, el reciclado del agua utilizada para lavar la caña.
La vinaza es el principal desafío ambiental de la producción de bioetanol de caña de azúcar. Por cada litro de alcohol se generan unos 13 litros de este efluente, un líquido con una altísima carga orgánica. Cuando llega a ríos y embalses sin tratamiento, consume el oxígeno disuelto en el agua y puede provocar la muerte masiva de peces.
Los controles se realizan antes del inicio de la zafra, hasta dos veces durante la molienda y al cierre de la temporada. Algunas plantas que producen bioetanol todo el año reciben inspecciones adicionales. Las fuentes consultadas no informaron hallazgos ni incumplimientos concretos detectados en esta recorrida.

Un acuerdo con supervisión de la Corte
Las inspecciones se apoyan en un acuerdo interprovincial firmado el 30 de diciembre de 2011 por los entonces gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y José Alperovich, de Tucumán. Del convenio también participaron la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo santiagueña, y habilita a una provincia a controlar las industrias de la otra y sus vuelcos.
El origen del acuerdo fue un amparo ambiental que Santiago del Estero presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a través de su Fiscalía de Estado y su Defensoría del Pueblo, por la contaminación de la cuenca. Toda la información que surge de los controles se eleva al máximo tribunal, que supervisa el cumplimiento.
La cuenca Salí-Dulce se extiende por cinco provincias, abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados y en ella viven cerca de 2,5 millones de personas. El río Salí atraviesa Tucumán y desemboca en el embalse de Río Hondo. Ya en territorio santiagueño, continúa como río Dulce hasta la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. Sus aguas se usan para riego, producción y consumo humano y animal. La contaminación del río y del embalse motivó en 2007 la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca.

Monitoreo permanente
Desde mayo de 2012, la Defensoría santiagueña monitorea los 365 días del año 32 puntos de control de efluentes, el embalse de Río Hondo y los afluentes industriales. Es un control diario que busca detectar a tiempo cualquier vuelco. Desde el Gobierno tucumano sostienen que la calidad del río mejoró en materia de residuos industriales gracias a los controles semanales que se realizan en conjunto con Santiago del Estero antes de que el cauce ingrese en esa provincia.
Sin embargo, el Salí sigue enfrentando otros problemas. Un estudio difundido esta semana, con muestras analizadas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, no encontró valores significativos de metales ni sustancias químicas en su paso por el Gran Tucumán. Pero sí detectó una fuerte contaminación de origen cloacal, con niveles de coliformes fecales que llegaron a superar 2.400 veces el máximo de referencia a la altura del puente Ingeniero Barros.
Para la cuenca compartida, el desafío es doble: sostener los controles sobre la industria azucarera, que durante la zafra concentra el mayor riesgo, y avanzar sobre los efluentes urbanos que todavía llegan sin tratamiento al río.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Fuentes Consultadas: El Liberal, Nuevo Diario de Santiago del Estero, Contexto Tucumán, Ministerio de Ambiente de la Nación (Cuenca Salí-Dulce)

Un estudio halló en el río Salí materia fecal hasta 2.400 veces por encima del máximo de referencia

Un relevamiento en cuatro puntos del cauce, analizado por la Estación Experimental Obispo Colombres, mostró que la contaminación bacteriológica se dispara al atravesar el Gran Tucumán y reavivó el debate por el saneamiento de la cuenca.

El río Salí, principal curso de agua de Tucumán, llega contaminado al Gran Tucumán y sale de él en peores condiciones. Esa es la conclusión central de un relevamiento sobre la calidad del agua en el tramo que atraviesa el Área Metropolitana, que detectó en el puente Ingeniero Barros, el que une la Capital con Alderetes, concentraciones de coliformes fecales hasta 2.400 veces superiores al valor máximo que los investigadores tomaron como referencia normativa.
El trabajo fue coordinado por el ingeniero Mario Amado, del equipo técnico del legislador provincial José Seleme. Las muestras se extrajeron el 13 de mayo ante escribana pública y se enviaron a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) identificadas solo con un número.

Cuatro puntos sobre el cauce
Para comparar cómo entra el agua al conglomerado y cómo lo abandona, se eligieron cuatro sitios: el dique La Aguadita, al norte; el puente Barros; el puente Lucas Córdoba, entre la Capital y Banda del Río Salí, y la zona de las canteras, al sur y ya fuera del aglomerado.
La EEAOC analizó metales pesados y sustancias químicas, como plomo, arsénico, éter etílico y detergentes, además de coliformes totales y fecales. En el primer grupo no aparecieron valores significativos. El panorama cambió por completo con los indicadores bacteriológicos.
Aun tomando como base La Aguadita, donde el agua ya llega contaminada, los coliformes totales se multiplicaron por 5,6 en el puente Barros y por 25,6 en el Lucas Córdoba, para volver a 5,6 veces el valor inicial en las canteras. Los coliformes fecales, asociados a desechos humanos o animales, crecieron 32 veces en el puente Barros, 10 en el Lucas Córdoba y 5,7 en las canteras. Frente al límite normativo usado en el estudio, la brecha es mayor: La Aguadita lo supera 75 veces; el puente Barros, 2.400; el Lucas Córdoba, 750, y las canteras, 430.
Las muestras se tomaron tras un período de lluvias abundantes y antes de la zafra, un momento que el equipo consideró favorable para el río. Por eso estimó, sin haberlo medido, que con menor caudal y plena actividad industrial los valores podrían ser más altos. Un trabajo de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET publicado en 2006 ya había observado ese patrón con indicadores químicos: la alteración que provoca el Gran San Miguel de Tucumán sobre el Salí se intensifica en la época seca, cuando la carga contaminante duplica la del período húmedo.

Cloacas, canales y asentamientos
Los técnicos atribuyeron las diferencias a múltiples fuentes urbanas: la planta depuradora de Las Talitas, que recibe los líquidos cloacales de esa ciudad, de Tafí Viejo y de Villa Carmela; el bajo porcentaje de viviendas conectadas a la red en algunos sectores; los canales Norte, Sur, San Cayetano y ex Aeropuerto, y comunas sin cloacas donde los efluentes terminan en pozos ciegos, canales o directamente en el agua.
El informe advierte que el contacto con esta agua puede causar cuadros gastrointestinales e infecciones de piel, ojos y oídos, con mayor riesgo para niños y adultos mayores. El dato pesa porque hay familias asentadas en las márgenes, muchas sin servicios básicos, y porque varios tramos se usan para pescar.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, del que depende el área ambiental, una fuente oficial describió el cuadro como una crisis socioambiental que no se resuelve solo tratando el agua. Admitió que los controles provinciales probablemente coincidan, pero pidió repetir los muestreos en otras épocas del año y sostuvo que los residuos industriales disminuyeron gracias a controles semanales compartidos con Santiago del Estero.
Ese control conjunto tiene historia. La cuenca Salí-Dulce abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados en cinco provincias, donde viven cerca de 2,5 millones de personas, y su contaminación motivó en 2007 la creación de un Comité Interjurisdiccional y, en 2011, un acuerdo entre Nación, Tucumán y Santiago del Estero para reducirla.

"Miremos al río"
Con estos resultados, Seleme presentó el proyecto de ley "Miremos al río", en cuyos fundamentos sostiene que el Salí atraviesa un "estado de emergencia ambiental" en buena parte de su cuenca, agravado en el Gran Tucumán, donde vive cerca de un millón de personas. La iniciativa propone cuatro ejes: saneamiento hídrico, recuperación del ecosistema ribereño, gestión de riesgos e integración urbana, e inclusión social, con foco en los barrios de las riberas.
Los investigadores concluyeron que hacen falta más estudios para identificar con precisión las fuentes y políticas públicas para reducir los riesgos. Para el legislador, la magnitud del deterioro exige una política de Estado sostenida en el tiempo.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Contexto Tucumán, Diario Primera Fuente

Denuncian que AySAM vuelca cloacas en un predio de Maipú cercano al humedal Leyes-Tulumaya

Una organización civil llevó a la Justicia los vertidos de efluentes sin tratar que la empresa estatal de agua realiza desde 2015 en un campo de 12 hectáreas, a pocos metros del arroyo Leyes y de lagunas protegidas, con riesgo de que la contaminación alcance las napas.

En un campo de unas 12 hectáreas sobre calle Los Pinos, en el departamento mendocino de Maipú, se formó con los años una laguna que no figura en ningún mapa hídrico. La alimentan los líquidos cloacales sin tratar que Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), la empresa estatal de agua de la provincia, deriva allí desde 2015. La situación llegó a la Justicia a partir de una denuncia de la organización Fiscalía Ciudadana, que advierte por el riesgo de contaminación de las napas y de un sistema de humedales cercano.
El predio está ubicado a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza, junto al trazado de la Colectora Máxima Noreste, el caño que conduce los efluentes cloacales hacia la planta depuradora El Paramillo. A poca distancia corre el arroyo Leyes y se extienden las lagunas El Viborón, La Paloma y Soria. Esas lagunas integran el sistema Leyes-Tulumaya, declarado de interés para su conservación en 2020.

Una emergencia que duró once años
La propia empresa reconoció los vertidos. AySAM explicó que la derivación hacia el campo funciona como un mecanismo de emergencia ante las fallas estructurales de la colectora, un caño construido en la década de 1980 que se fracturó en 2015. También sostuvo que los vuelcos se producen de manera "esporádica y eventual", solo ante contingencias como tormentas que elevan los caudales. En los momentos de mayor descarga, la superficie afectada llegó a abarcar unas 40 hectáreas.
Las constataciones realizadas en junio pusieron en duda esa explicación: se registraron descargas aun cuando no había llovido en los días previos. Marcos Neirotti, vicepresidente de Fiscalía Ciudadana, sostuvo que la situación ya era conocida por las autoridades de control y que, pese a ello, el daño ambiental continuó durante años.
Los antecedentes le dan sustento a ese planteo. El Departamento General de Irrigación ya había intimado a AySAM el 3 de agosto de 2021 a frenar los vertidos y presentar un plan de remediación, y reiteró el pedido seis días después. Cuando el caso se reactivó este año, el expediente físico de aquellas actuaciones no pudo ser localizado.

La denuncia y la respuesta oficial
Fiscalía Ciudadana presentó su denuncia ante Irrigación el 29 de mayo, a partir de denuncias anónimas, y luego promovió una querella penal. Ese mismo día, el organismo labró un acta en la que intimó a la empresa a sanear el área y a retirar el caño que descargaba desde una boca de registro del colector. La intimación se basó en una resolución destinada a prevenir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En la inspección no se observaron vuelcos activos, pero sí una extensa superficie de agua estancada con olor característico de efluentes cloacales.
Dos días después de la denuncia, el 31 de mayo, AySAM firmó un acuerdo con el propietario del campo para utilizarlo como área de contención ante contingencias. La empresa proyecta construir allí una laguna de contención con terraplenes perimetrales y avanzar con el reemplazo progresivo de la vieja colectora. Esas obras cuentan con un financiamiento de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El principal riesgo señalado por los denunciantes es la infiltración. Como el suelo del predio no está impermeabilizado, los efluentes podrían alcanzar las aguas subterráneas y, desde allí, el sistema de humedales, aunque ese impacto todavía no fue acreditado judicialmente. El caso ya involucra a Irrigación, a la autoridad ambiental provincial y a la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.

Un patrón que se repite
La denuncia de Maipú no es el primer frente judicial de AySAM por vuelcos cloacales. El 26 de mayo, el fiscal Gabriel Blanco imputó al presidente de la empresa, Humberto Mingorance, al gerente general Darío Hernández y al gerente de Operaciones Carlos Sifuente por los derrames en Los Corralitos, en Guaymallén. Los cargos son daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación del agua peligrosa para la salud. Unas semanas antes, Irrigación había multado a la empresa con 100.000 unidades de agua, unos 120 millones de pesos, por esos mismos vertidos.
En ambos casos aparece el mismo telón de fondo: una infraestructura cloacal envejecida cuyas fallas, según los denunciantes, terminan descargándose sobre suelos, canales y humedales de la provincia.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes Consultadas: Portal La Política Ambiental, Portal Data24, Departamento General de Irrigación de Mendoza

Los arroyos Crespo y El Espinillo vuelven a teñirse de rojo y vecinos señalan al parque industrial

La Red Cuenca Las Conchas constató una nueva coloración rojiza en dos arroyos de Entre Ríos, junto a la descarga de las piletas de tratamiento de Crespo. Denuncia que ocurre cada octubre desde hace tres años y que solo dos de las ocho industrias del parque industrial tienen certificado ambiental. Hay una denuncia presentada ante la Secretaría de Ambiente, sin respuesta oficial por ahora.

Los arroyos Crespo y El Espinillo volvieron a verse teñidos de rojo, según alertó la Red Cuenca Las Conchas tras una constatación a campo el 1 de octubre, con fotos y videos. Integrantes de la organización siguieron el rastro hasta la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la ciudad de Crespo. Los dos cursos desembocan en el arroyo Las Conchas, en el departamento Paraná. La Red sostiene que el episodio se repite cada octubre desde hace tres años.

Qué denuncia la Red
La organización presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y espera respuesta. Según Era Verde, la Secretaría estaba al tanto y habría hecho un recorrido y un muestreo, algo que no pude confirmar por otra vía. La sospecha apunta al Parque Industrial de Crespo y a un posible desborde de las piletas de tratamiento de efluentes, aunque la Red no presenta una conclusión definitiva, sino una repetición y un punto de descarga. Un informe municipal de diciembre de 2025 indica que ocho industrias del parque vuelcan efluentes tratados al sistema cloacal municipal, y solo dos cuentan con certificado ambiental. La Red pide regularizar la situación y poner fin a los vertidos en unos arroyos que describe como fuente de vida, trabajo y esparcimiento. También reconoce que las autoridades municipales respondieron siempre a sus consultas, pero dice que la persistencia del problema le genera preocupación e impotencia.

Por qué los controles no lo detectan
La Red cita un informe científico publicado en julio, "Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas". Según su lectura, los monitoreos convencionales y escasos no captan los pulsos de contaminación breves pero intensos, que se producen cuando los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales desbordan con las lluvias y arrastran lo acumulado de una sola vez. Por eso va a pedir reuniones con las industrias del sector y el diseño participativo de un monitoreo adecuado para la cuenca.

Qué se sabe y qué no
Ninguna de las fuentes informa qué sustancia produce el color rojo, ni hay resultados de laboratorio del agua. Tampoco aparecen datos sobre posibles efectos en la salud de quienes usan los arroyos para trabajar o recrearse. Esos resultados, de los muestreos que habría hecho la Secretaría de Ambiente, son el dato clave que falta. No encontré declaraciones del municipio de Crespo ni de las industrias del parque.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Diario Uno Entre Ríos, Portal Elonce

AR Zinc: la Fiscalía citará a audiencia imputativa a los dueños por los residuos tóxicos

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a los responsables de AR Zinc por el riesgo que implican unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos acumulados junto al río Paraná, días después de que la Justicia ordenara medidas urgentes para evitar un derrumbe de la barranca.

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a audiencia imputativa a los responsables de AR Zinc S.A., la firma propietaria del predio de la ex Sulfacid en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos a pocos metros del Paraná. El anuncio llega poco después de que el juez Eugenio Romanini ordenara a la empresa estabilizar la barranca lindera al río y contener el pasivo ambiental. "Los vamos a citar a la audiencia imputativa", aseguró Nicosia, quien explicó que la situación es considerada de riesgo inminente y que por eso la Fiscalía pidió avanzar con medidas para detener el deterioro del lugar.

Un riesgo medido y un derrumbe previo
Los residuos contienen jarosita, plomo, arsénico y otros metales pesados. Según el fiscal, mediciones realizadas por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires determinaron que existe peligro de derrumbe en la barranca, y recordó que en 2024 ya se desmoronó parte de ese talud. "Con las cantidades que hay, eso contamina todo el Paraná", advirtió. Agregó que el predio está prácticamente a la intemperie y que se encuentra próximo a una instalación de agua que abastece a la localidad. La resolución judicial responde por ahora a un riesgo potencial de contaminación y no a un derrame confirmado, y la Fiscalía sostuvo además que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían aumentar la urgencia.

La posible responsabilidad penal
Nicosia explicó que ya quedó planteada la eventual responsabilidad penal de los directivos, a partir de la desobediencia a resoluciones judiciales y de las normas de protección ambiental. El antecedente central es una orden de 2022: dentro de un expediente civil iniciado en 2020, un juzgado dispuso obras de apuntalamiento de la barranca que, según se expuso en la audiencia, la empresa nunca ejecutó.

Qué debe hacer la empresa
La primera medida y la más urgente es apuntalar y sostener la barranca. También se pidió intervenir los tres depósitos donde están los residuos, con tareas de remoción y remediación del suelo, y cerrar el predio para impedir el ingreso de personas y el arrojo de basura. La firma tiene 10 días para informar si optará por retirar los residuos o tratarlos y contenerlos, y 15 días para presentar la documentación técnica, el equipo profesional y un cronograma que no podrá superar los ocho meses. Deberá además elevar informes quincenales, supervisados por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Quién responde por un pasivo de seis décadas
El intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, expresó su preocupación por el riesgo de derrumbe y de contaminación del agua. Explicó que el pasivo tiene una historia de unos 60 años, y que parte de esos residuos se generó cuando las normas ambientales eran distintas. "La responsabilidad cabe no solamente al titular actual, sino también a Integra Capital", sostuvo, y mencionó que Glencore mantiene responsabilidad solidaria en materia ambiental.
La planta, conocida como Sulfacid, fue fundada en la década de 1950 y llegó a ser la única fábrica de zinc electrolítico del país. Pasó a manos de Glencore en 2005, cerró en 2016 y dejó a unos 400 trabajadores sin empleo. En 2021, según los antecedentes del expediente, el predio fue adquirido por Integra Capital, el grupo que encabeza José Luis Manzano. Con la citación anunciada, la causa pasa de exigir la remediación a discutir quiénes deberán responder penalmente por ella.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Cadena 3, Portal SL24, Elonce, El Ciudadano

Organizaciones y vecinos se reúnen para exigir respuestas sobre la contaminación del Ludueña

Vecinos de Fisherton, organizaciones ambientales y el bloque de concejales de Ciudad Futura convocaron a un encuentro este miércoles para actualizar el estado de la denuncia penal que impulsan por la contaminación sostenida del arroyo Ludueña, en Rosario, un patrón que según denuncian se repite todos los días desde diciembre del año pasado.

Organizaciones sociales, barriales y ambientales, junto a vecinos de la zona norte de Rosario, se reunirán este miércoles a las 18 horas en la Biblioteca Gastón Gori para analizar la situación del arroyo Ludueña y las novedades del proceso judicial en curso. La convocatoria, impulsada por el bloque de concejales de Ciudad Futura, busca generar un espacio de encuentro para poner en común qué está pasando con el curso de agua y avanzar en la identificación de los responsables de la contaminación. "Desde diciembre del año pasado, todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora, vemos el mismo patrón de contaminación sobre las aguas del Ludueña", advirtió el concejal Julián Ferrero, presidente de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Deliberante.

Años de reclamos y un informe técnico
La problemática del Ludueña no es nueva: vecinos de Fisherton vienen denunciando la situación desde hace años, con relevamientos propios que incluyen fotografías, videos, imágenes aéreas con drones y análisis de laboratorio. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, patrocinada por la abogada Gabriela Durruty, que apunta a un sector del arroyo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba y la avenida Jorge Newbery. La presentación incorpora un informe técnico elaborado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, a partir de muestras tomadas en febrero de este año, que detectaron bajos niveles de oxígeno disuelto, una elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias asociadas a contaminación fecal y valores de conductividad eléctrica superiores a los habituales para un curso de agua dulce, indicadores compatibles con el vertido sistemático de efluentes sin tratar.

Espacios de participación ciudadana
Ferrero definió a este tipo de encuentros como "espacios claves de participación ciudadana", principalmente para los vecinos de la zona norte que están en contacto directo con el arroyo. "Son los primeros que nos reportan estas situaciones de contaminación. En una de esas reuniones, hace unos meses, surgió la necesidad de avanzar en una denuncia penal y fue exactamente lo que hicimos", explicó. El concejal remarcó además el trabajo de relevamiento que hicieron junto al grupo de vecinos organizados en torno al problema: identificaron distintos desagües que serían responsables de la contaminación a partir de análisis de agua, sumados a relevamientos aéreos, fotos, videos y testimonios recolectados a lo largo del tiempo. "La situación es crítica y de una gravedad ambiental que duele y preocupa. Se pone en riesgo la salud de un ecosistema y de todos los rosarinos alrededor del arroyo", sostuvo.

Qué se espera del encuentro
Toda la información sistematizada por vecinos y organizaciones ya fue presentada ante la Justicia para que avance con una investigación formal. El objetivo del encuentro de este miércoles es transmitir a la comunidad las novedades de la causa y definir los próximos pasos a seguir. "Tenemos un objetivo muy claro, que es poder dar con los responsables de la contaminación, identificarlos y caerles con todo el peso de la ley", planteó Ferrero, quien remarcó el efecto preventivo que buscan lograr con ese resultado.
Más allá de la urgencia por frenar los vertidos actuales, el concejal señaló que existe además un plan de recuperación del arroyo a mediano plazo, más complejo, orientado a integrar nuevamente al Ludueña con la ciudad. "Volver a poner al Ludueña de cara a la ciudad, integrarlo y que volvamos a tener un ecosistema abierto, natural, recuperado y sano, que le permita a los rosarinos recuperar un paisaje clave que atraviesa nuestra ciudad", describió, con el objetivo de convertirlo en un espacio para pasear y disfrutar en el futuro.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Página/12 (Rosario/12), Portal Economía Sustentable, Universidad Nacional de Rosario

La Justicia frenó el decreto que le daba a Mendoza el 100% de las regalías de Los Nihuiles


Un juez federal de Santa Rosa suspendió la aplicación del decreto firmado por el presidente Javier Milei que eliminaba el reparto de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 entre Mendoza y La Pampa, en el marco del histórico conflicto por las aguas del río Atuel.

La Justicia Federal suspendió este miércoles la aplicación del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminaba el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y otorgaba a Mendoza la totalidad de los recursos generados por el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles. Con la medida cautelar, la provincia de La Pampa seguirá cobrando, por el momento, el 50% de esas regalías, tal como ocurrió durante más de cinco décadas.
El fallo fue dictado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, luego de que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, impulsara una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional. La resolución judicial ordenó además que el Poder Ejecutivo Nacional produzca un informe en un plazo de tres días, mientras se resuelve el planteo de fondo.

Un conflicto de más de cinco décadas
El Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y estableció que las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles corresponderían íntegramente a Mendoza, con el argumento de que la fuente efectivamente aprovechada para generar esa energía se encuentra dentro de su territorio. Ese esquema de reparto igualitario había regido desde 1973 y fue ratificado en 1992 mediante un Acuerdo Interjurisdiccional firmado por la Nación, Mendoza y La Pampa, posteriormente homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La medida se dictó en paralelo a otro expediente en trámite ante ese mismo tribunal, en el que Mendoza demandó al Estado Nacional por la nulidad del régimen de 1973. En ese proceso, la propia Nación había pedido incorporar a La Pampa como parte, por considerar que la controversia la afectaba directamente, pedido que la Corte aceptó el 27 de agosto. Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el decreto que modificó hacia el futuro el mismo régimen cuya validez todavía se discute ante el máximo tribunal, circunstancia que La Pampa utilizó como uno de los argumentos centrales para reclamar la protección judicial inmediata.

Las posiciones enfrentadas
Ziliotto calificó el decreto de "innecesario, inviable y descabellado" y sostuvo que "un acuerdo entre tres partes no se puede anular unilateralmente". El gobernador insistió en el carácter interjurisdiccional del río Atuel, reconocido por la Corte Suprema en 1987 y ratificado en fallos posteriores de 2017 y 2020, y remarcó que la provincia "es dueña del río al igual que Mendoza".
Desde el lado mendocino, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, restó validez al planteo pampeano y afirmó que existían dictámenes previos de distintos procuradores del Tesoro que avalaban el reclamo de su provincia. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya había anunciado que la provincia readecuará la demanda iniciada en 2022 ante la Corte Suprema para reclamar de forma retroactiva el cobro de las regalías cedidas a La Pampa durante más de cinco décadas, una suma que estimó en unos 680 millones de dólares. También se sumó al cruce el diputado Luis Petri, quien sostuvo que una disputa entre provincias "se resuelve en la Corte Suprema, no en un juzgado de Santa Rosa".

Qué sigue
Mientras continúa la discusión de fondo ante la Corte Suprema sobre la validez del régimen de 1973, la cautelar dictada en Santa Rosa mantiene vigente, de manera provisoria, el reparto igualitario de regalías entre ambas provincias. La Pampa buscó con esta medida evitar que el nuevo esquema comience a generar consecuencias de difícil reversión, en particular de cara a futuras concesiones del sistema hidroeléctrico. El trasfondo económico e hídrico del conflicto excede a la disputa puntual por las regalías: ambas provincias litigan desde hace décadas por el aprovechamiento del agua del Atuel, un río cuyo curso se secó en el tramo pampeano a partir del desarrollo de obras hidroeléctricas y de riego en territorio mendocino.


Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa 
Fuentes Consultadas: La Nación, El Sol (Mendoza), Perfil

Neuquén promueve que el agua de retorno del fracking se recicle para abaratar operaciones y frenar la extracción de ríos


Informes de ingeniería ambiental e hidrogeología analizan los desafíos técnicos de recircular las aguas de retorno en la Cuenca Neuquina.

La Provincia del Neuquén busca transformar el modelo de consumo hídrico en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta promoviendo que las empresas petroleras reutilicen el agua que retorna a la superficie tras las fracturas hidráulicas. Esta estrategia persigue un doble propósito fundamental: aminorar sustancialmente los costos logísticos de transporte en camiones cisterna y aliviar la presión sobre las fuentes de agua dulce de la región, en especial del río Neuquén y el río Limay. En un escenario de expansión operativa sostenida, la aplicación de tecnologías de acondicionamiento e inyección continua de efluentes tratados se presenta como una exigencia tanto económica como de sustentabilidad ambiental para las petroleras que operan en la provincia.

Complejidades de tratamiento y acondicionamiento químico del flowback
El agua de retorno o flowback que aflora tras la estimulación de pozos profundos contiene concentraciones complejas de sólidos suspendidos, sales disueltas, agentes químicos friccionantes y trazas orgánicas disueltas. Para que este recurso efluente pueda recircularse en nuevas etapas de fractura sin dañar la infraestructura de bombeo ni obturar la permeabilidad de la roca reservorio, es indispensable someterlo a procesos fisicoquímicos avanzados de separación y filtrado. La eliminación de cationes de calcio y magnesio, la separación microbiológica mediante biocidas de bajo impacto y la precipitación selectiva de bario y estroncio resultan pasos críticos para evitar la formación de incrustaciones minerales en los tubos de inyección y prevenir la colmatación de la microfractura por sedimentación de partículas.

Aspectos operativos e hidrogeológicos prioritarios en el reciclaje de efluentes:
- Separación de fase sólida y libre de hidrocarburos: Skimming primario y centrifugado para recuperar petróleo remanente antes del filtrado.
- Acondicionamiento de carga salina: Ajuste salino para garantizar la compatibilidad química con los geles y reductores de fricción.
- Logística y almacenamiento temporal: Piletas impermeabilizadas y acueductos industriales para evitar traslados por red vial y mitigar la huella de carbono.

Monitoreo ambiental y viabilidad ecosistémica del proyecto
Especialistas e investigadores pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden en que la reutilización del agua de retorno atenúa significativamente la demanda sobre los caudales fluviales patagónicos. No obstante, los análisis técnicos advierten sobre la importancia de mantener estándares de estanqueidad e integridad de pozos para descartar la migración de fluidos hacia acuíferos someros durante las fases de acondicionamiento y recirculación.

Economía circular en la gestión de la Cuenca Neuquina
La consolidación de esquemas de reúso hídrico en las operaciones hidrocarburíferas representa un avance determinante hacia la economía circular en el sector energético argentino. Reducir la dependencia del agua de río mediante tecnologías de reciclaje continuo contribuye a preservar la disponibilidad del recurso para el consumo humano y el riego agrícola en las zonas de valle.


Fecha de Publicación: 19/09/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes originales consultadas: La Tecla Patagonia, LM Neuquén, Diario Río Negro
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La provincia solicita judicialmente el cumplimiento del caudal mínimo ecológico


Informes sobre derecho ambiental y gestión de cuencas interjurisdiccionales analizan el impacto ecológico y social de la alteración del flujo hídrico en el ecosistema del oeste pampeano.

Un análisis técnico enfocado en la administración de cuencas compartidas expone la persistente crisis ambiental y judicial en torno a la cuenca del río Atuel. La provincia de La Pampa solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar urgente para exigir a la provincia de Mendoza el cumplimiento efectivo del caudal mínimo ecológico fijado en 3,2 m3/s 
indispensable para recomponer el ecosistema en el ecosistema pampeano. Asimismo, la presentación judicial incluye el reclamo por el pago de las regalías adeudadas correspondientes a la generación hidroeléctrica del complejo Los Nihuiles. El desvío sistemático del recurso y la falta de escurrimiento continuo no solo han provocado un proceso severo de desertificación, sino la pérdida de la conectividad biológica de los humedales y el desbalance de los mantos freáticos de la región.

Alteraciones hidrogeológicas y salinización de humedales
La interrupción prolongada del flujo del río Atuel en el tramo inferior altera sustancialmente la dinámica biogeoquímica y el balance de nutrientes en los bañados de Atuel. La ausencia de un caudal ecológico continuo impide la recarga natural de los acuíferos someros, provocando el ascenso y la concentración de sales por evaporación en el perfil superior del suelo. Este proceso de salinización edáfica destruye la vegetación riparia autóctona, compuesta principalmente por juncales y totorales, y elimina los sitios de reproducción de anfibios y aves acuáticas migratorias. Además, la desecación del lecho fluvial reduce la capacidad de autodepuración del agua y acelera la erosión eólica, transformando áreas históricamente fértiles en saladares improductivos e inhabitables.
Para desglosar las variables ecofisiológicas y normativas que rigen el conflicto hídrico interjurisdiccional, se destacan los siguientes factores:
- Pérdida de resiliencia del ecosistema del bañado: Destrucción de humedales por falta de aportes continuos de agua dulce.
- Degradación de la calidad del agua freática: Incremento en la salinidad y presencia de sólidos disueltos totales en acuíferos someros.
- Afectación a la equidad intergeneracional: Incumplimiento de pautas ambientales y de gobernanza compartida en cuencas trasfronterizas.

Marco científico e instrumentos de gobernanza de la cuenca
Los estudios de evaluación ambiental elaborados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) ratifican que el corte del río Atuel ha generado un ecocidio en el ecosistema del oeste provincial. Evaluaciones técnicas elaboradas por el Instituto Nacional del Agua (INA) respaldan que la restitución de un caudal ecológico continuo es técnicamente factible sin comprometer de forma estructural la eficiencia de los sistemas de riego aguas arriba, siempre que se aplique una modernización en la infraestructura de conducción hídrica. La intervención judicial busca garantizar la aplicación efectiva del principio de equidad interjurisdiccional y la sustentabilidad de los recursos hídricos en el marco del derecho ambiental argentino.

Sostenibilidad y recomposición de la cuenca del Atuel
La resolución definitiva del conflicto exige superar la lógica de apropiación unilateral del agua y avanzar hacia una gestión integrada de la cuenca hidrográfica. Restablecer el caudal ecológico de manera inmediata y consensuar un plan de obras de infraestructura hídrica constituyen pasos ineludibles para recomponer la biodiversidad degradada, garantizar el acceso al agua dulce como derecho humano fundamental y resguardar la estabilidad ambiental del oeste pampeano.


Fecha de Publicación: 16/09/2026
Provincia/Región: Nacional - La Pampa
Fuentes originales consultadas: Página/12, Agencia Télam, La Nación, Diario Textual
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Cianobacterias activan alerta naranja en 17 municipios de Buenos Aires por contaminación del agua

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Buenos Aires


La presencia de cianobacterias en aguas de 17 municipios bonaerenses lleva a prohibir el ingreso a esas zonas y el consumo de alimentos de allí. Se recomienda precaución a la población.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires han declarado el estado de alerta naranja en 17 municipios debido a la detección de cianobacterias en el agua. Como medida preventiva, se prohíbe el ingreso a las aguas afectadas y el consumo de productos alimenticios provenientes de esos sectores.
El Sistema de Alerta Temprana ha señalado un aumento en la concentración de estos organismos en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar esta decisión. Los municipios afectados incluyen a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Ante esta situación, se ha establecido la bandera sanitaria, indicando un riesgo potencial para la salud. Las recomendaciones incluyen evitar bañarse en estas aguas contaminadas y no consumir alimentos provenientes de las áreas afectadas.
Los especialistas advierten que la presencia de cianobacterias puede ser identificada por la aparición de rayas, grumos o manchas verdes en el agua. Según el Ministerio de Salud, estas son organismos microscópicos que poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, siendo comúnmente conocidas como algas verde-azules. Se encuentran en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.
Además, algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas que, al ser liberadas en el agua, constituyen un problema significativo para la salud humana y el medio ambiente. Su proliferación está relacionada con el aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, así como con condiciones ambientales como altas temperaturas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es un proceso natural que se ha visto acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
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