Ex embajador argentino en la OEA denunció plan de EEUU para controlar el agua del país

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Carlos Raimundi advirtió que el futuro embajador de los Estados Unidos busca controlar recursos hídricos para fracking y criptomonedas, al tiempo que calificó de «coloniales» las declaraciones de Peter Lamelas ante el Senado estadounidense.
El ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, cuestionó duramente las declaraciones de Peter Lamelas, propuesto como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, y advirtió sobre un presunto plan para controlar los recursos hídricos del país.
En declaraciones radiales, Raimundi calificó de «colonial e inaceptable» la postura de Lamelas, quien ante el Senado norteamericano expresó su intención de «viajar por las provincias, apoyar al presidente Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia».
«Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso interviene en nuestra soberanía», denunció el exfuncionario.

El plan detrás de las provincias
Raimundi advirtió que detrás del discurso de Lamelas se esconde un intento de «balcanizar la Argentina», debilitando el rol del Estado nacional al proponer relaciones directas con los gobiernos provinciales. «Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación», criticó.
Las declaraciones de Lamelas ante una comisión del Senado estadounidense generaron controversia al asegurar que procurará «limitar la influencia maligna del régimen de Xi Jinping» y que buscará «apoyar» al presidente Milei.

Intereses económicos estratégicos
El exembajador vinculó el desembarco de Lamelas con intereses económicos específicos. «Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios con recursos naturales, especialmente el agua», alertó.
Según información publicada, Lamelas es efectivamente un empresario millonario que fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de Florida, que luego vendió.
Raimundi conectó estas intenciones con el proceso de privatización de AySA que impulsa el gobierno de Milei: «No es casual que esto ocurra al mismo tiempo que Milei avanza con la privatización de AySA».

El agua para fracking y criptomonedas
Según el exembajador, detrás de esta movida está el interés de Estados Unidos en controlar las reservas hídricas del país para alimentar industrias específicas: «Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, y sobre todo, la inteligencia artificial y las criptomonedas».
También apuntó contra Mecorot, la empresa estatal israelí señalada como posible compradora de AySA: «Mecorot hoy controla el suministro de agua para el pueblo palestino. Imaginen si eso pasa acá».

Rechazo político generalizado
Las declaraciones de Lamelas generaron el rechazo de varios gobernadores provinciales, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, quienes expresaron que «no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos».
Un grupo de diputados propuso declarar persona no grata a Peter Lamelas antes de que asuma como embajador.

Herramientas legales para frenar la privatización
Raimundi llamó a resistir la privatización de AySA recordando que existen instrumentos jurídicos: «Hay un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza que la mayoría accionaria de AySA siga siendo estatal. Además, puede requerir mayoría especial en el Congreso».
El exembajador también cuestionó la hipocresía de que Estados Unidos exija justicia en casos como el atentado a la AMIA: «Le recordé a un embajador estadounidense que ellos nunca resolvieron quién mató a Kennedy. No tienen autoridad para darnos lecciones».

«Perdimos la batalla cultural»
Raimundi consideró que muchas de las decisiones que hoy permite el Congreso son consecuencia de una «derrota más profunda»: «Perdimos la batalla cultural. Hoy hay gobernadores y legisladores que aceptan pasivamente estas cosas, por miedo o conveniencia».
Sin embargo, expresó su esperanza de revertir la situación: «Tenemos que volver a construir sentido y trabajar con humildad para explicarle a cada argentino lo que está en juego».
Finalmente, pidió al Parlamento rechazar públicamente las declaraciones de Lamelas: «Es inadmisible que un futuro embajador nos diga con quién comerciar o qué rol debe tener nuestra vicepresidenta. El Parlamento debería pronunciarse en bloque».
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La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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La privatización silenciosa del agua en Mendoza: cómo Elsztain controla un recurso vital

Fecha de Publicación: 11/07/2025
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Mendoza


En febrero de 2025, el Departamento General de Irrigación de Mendoza, bajo la supervisión de Sergio Marinelli, autorizó la perforación de nueve pozos en la Subcuenca El Carrizal, una zona previamente declarada en restricción hídrica. Entre los beneficiarios se encuentra Eduardo Elsztain, presidente de CRESUD S.A., quien recibió autorización para cinco de estos pozos, destinados a regar 424 hectáreas en la localidad de Agrelo, en el departamento de Luján de Cuyo.
La decisión ha generado alarma entre las Asambleas por el Agua de Mendoza, que denuncian una privatización encubierta del recurso hídrico. La zona afectada ya presenta vulnerabilidades debido a pasivos ambientales históricos, como los generados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo.
Además de su influencia en el sector agrícola, Elsztain ha diversificado sus inversiones hacia la minería. A través de su empresa IFIS Ltd, adquirió una participación significativa en Argenta Silver, que posee el proyecto de plata El Quevar en Salta. Esta inversión, que asciende a 5 millones de dólares canadienses, le otorga aproximadamente el 12,7% de la compañía y representación en su Consejo de Administración.
Asimismo, Elsztain se convirtió en el mayor accionista de Challenger Gold, empresa australiana encargada del proyecto aurífero Hualilán en San Juan, con una inversión de 6,6 millones de dólares. Estas acciones refuerzan su presencia en el sector minero argentino, un área que considera de alto potencial de crecimiento.
El vínculo de Elsztain con el presidente Javier Milei es estrecho. No solo ha expresado su apoyo públicamente, sino que también lo alojó en su hotel durante la campaña presidencial y lo acompañó en actividades religiosas. Esta cercanía ha sido interpretada por críticos como un indicio de que las decisiones gubernamentales favorecen los intereses de grandes empresarios en detrimento del bien común.
Mendoza, con su clima árido y semiárido, depende del agua proveniente principalmente del deshielo de los Andes, que alimenta cuencas fundamentales como el río Mendoza y sus afluentes. La Subcuenca El Carrizal, donde se habilitaron los pozos en restricción, es solo una parte del delicado sistema hídrico provincial. Otros cursos de agua en riesgo incluyen:
- Río Mendoza: Fuente vital para el consumo urbano y la agricultura; su acuífero asociado sufre sobreexplotación y contaminación.
- Río Tunuyán: Relevante para la irrigación del Valle de Uco, también muestra signos de estrés hídrico por la extracción excesiva.
- Río Diamante: Fundamental para el sur provincial, presenta conflictos por la distribución del agua entre agricultura, industria y poblaciones locales.
La autorización para perforar en zonas con restricción contradice informes técnicos y científicos que aconsejan la conservación estricta de estos acuíferos para evitar su colapso irreversible. Sin embargo, el Departamento General de Irrigación, controlado políticamente, justifica estas decisiones alegando que existen volúmenes remanentes que se pueden distribuir.
El control político de la administración provincial ha facilitado una concentración inédita de poder en torno al acceso al agua, con decisiones que favorecen a grupos empresariales poderosos y cercanos al gobierno. Esta situación genera cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo productivo y la equidad en el acceso a un recurso esencial para la vida.
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El organismo clave en Mendoza que está amenazado por la motosierra de Javier Milei

Fecha de Publicación: 23/06/2025
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Nacional


Por medio de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) que cumple tareas fundamentales en la provincia, será puesto bajo el ala del Ministerio de Economía. Desde el ente expresaron una gran incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del ente tras este anuncio. 
La “motosierra” del Gobierno nacional pasó sobre una institución estatal con presencia en Mendoza. A partir de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) pasará a formar parte de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. La nueva situación generó una gran incertidumbre en el ente local.
El Decreto 396/2025, firmado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía, determina que el INA dejará de ser un organismo que administre sus propios recursos, tenga autonomía, pueda firmar convenios y hacer asesoramientos externos, entre otras cosas.

Incertidumbre por los puestos laborales y el edficio
El Instituto Nacional del Agua cuenta con una presencia en Mendoza desde 1973, cuando inició sus actividades como Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCyTH).
Aunque Santiago Ruíz Freites, subgerente del INA Centro Regional Andino, lo describió como “un organismo pequeño“, resaltó su “alto nivel técnico y científico” debido a los servicios que presta.
Actualmente, más de treinta personas, entre empleados de planta y contratos temporales, conforman su equipo en la provincia. A nivel nacional, el organismo cuenta con aproximadamente 300 empleados, divididos en siete subgerencias, una de las cuales tiene asiento en Mendoza.
El presupuesto general del INA para la totalidad del ente es de 8.357 millones de pesos, el mismo que en 2024. En esa suma está contemplado el pago de sueldos de todo el personal nacional y el mantenimiento operativo en general del  costo de los edificios que hay en los distintos centros regionales. 
Para Ruíz Freites, “la cifra es irrisoria al lado de otros organismos y absolutamente desactualizada”.
Si bien el Gobierno nacional sostiene que este cambio no afectaría la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo y que las competencias del INA podrán ser desarrolladas con igual eficacia desde la administración centralizada, existe preocupación en Mendoza por la posible pérdida de puestos de trabajo y la discontinuidad de algunas de sus tareas.
José Pozzoli, exsubgerente del INA y actual concejal en Guaymallén por el Partido Justicialista, consideró que el proceso de centralización de Nación “es un primer paso para terminar de liquidar el instituto o reducirlo a su mínima expresión”.
Más allá de las justificaciones del Gobierno, amparada por el recorte de gastos estatales, el exfuncionario indicó que parte de la medida del Estado se corresponde en parte por un “tema inmobiliario”:
“Yo creo que desde el Gobierno Nacional están viendo con muy buenos ojos hacer un negocio inmobiliario con los bienes que tiene el INA. Especialmente en Ezeiza, donde tiene 70 hectáreas en un lugar muy codiciado por varios emprendimientos privados“, denunció Pozolli.
En Mendoza, la sede local se encuentra en Belgrano al 210, de Ciudad de Mendoza, junto a la Universidad Tecnológica Nacional. Para el concejal justicialista, es “un edificio con muy buena ubicación y que creo que la intención por ahí también es usarlo para otra cosa”. 
Este inmueble pertenece a la Nación, siempre y cuando siga existiendo el INA. En caso de desaparecer el edificio pasaría a la Provincia y ésta debe compensar los gastos al Gobierno nacional. Así lo determinó el convenio de cooperación firmado entre los gobiernos en 1980.

Las funciones del INA en Mendoza
A pesar de no tener el control del recurso hídrico en la provincia, el INA lleva adelante una amplia gama de tareas científicas que son cruciales para la gestión del agua en Mendoza. Según señaló Pozzoli: “En el INA se investiga, se publica y se trabaja con los distintos actores”.
En el ámbito de la meteorología y las lluvias, el instituto elabora estudios sobre el comportamiento de las precipitaciones y su impacto en los recursos hídricos. Para ello, utilizan modelos a escala y una red de pluviómetros y estaciones meteorológicas en el Pedemonte.
Esta red proporciona información sobre las propiedades de escalamiento temporal de intensidades máximas de lluvias de corta duración, conformando un sistema de alerta temprana clave para prevenir y gestionar los impactos de las lluvias torrenciales, que junto a Defensa Civil aporta en el cuidado de comunidades vulnerables, principalmente las que están ubicadas a la orilla de los canales provinciales.
También brindan asistencia técnica, colaborando con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, por ejemplo, el convenio para el monitoreo de la cuenca de la zona de la destilería de Luján de Cuyo, donde Irrigación envía estos informes al INA para que el instituto realice el monitoreo de las cuencas subterráneas.
Pozzoli indicó que “con Irrigación la relación quedó a medias“, ya que, a su entender, el ente provincial “siempre ha desperdiciado la posibilidad de que el Instituto procesara y trabajara sobre datos que Irrigación tiene y que muchas veces no tuvieron acceso”.
El INA también se dedica al estudio de la calidad del agua subterránea, realizando monitoreos, entre ellos, en la subcuenca del río Tunuyán Inferior, fundamental para el control de la composición química del agua destinada a riego, que se hizo en febrero de 2024. Dada la vital importancia del agua subterránea para el consumo humano, el INA ha estado involucrado durante años en los controles previos al suministro a la población.
La investigación del agua y la vitivinicultura es otra área prioritaria, dada la relevancia económica de esta actividad en Mendoza. Según Ruíz Freites, actualmente están inmersos en un proyecto de investigación sobre la relación entre el agua y la viticultura.
Además, el INA ha realizado evaluaciones de impacto ambiental, produciendo dictámenes técnicos para asegurar que los proyectos y actividades en la provincia cumplan con los estándares ambientales y no comprometan los recursos hídricos.
El estudio del escurrimiento andino es fundamental para el INA, ya que monitorean constantemente el agua que desciende de la Cordillera de los Andes, principal fuente de agua superficial para la provincia.
A la vez, el INA se encarga de la auditoría de pasivos ambientales petroleros, buscando mitigar la contaminación y proteger el medio ambiente en las zonas con presencia de esta industria. Un ejemplo de estos trabajos fue la remediación de pasivos ambientales en obras de YPF, bajo la supervisión de la Dirección de Protección Ambiental.
Finalmente, el instituto colabora en proyectos con otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, universidades locales y el INTA, llevando adelante diversas investigaciones.
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Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema. 

Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados. 
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública. 

Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.

Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.

Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.

Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.

De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”. 
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.

Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.

Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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Químicos advierten sobre la grave contaminación en aguas bonaerenses y exigen controles

Fecha de Publicación: 06/06/2025
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


El Consejo Profesional de Química advirtió sobre la grave contaminación del agua en la Provincia y exigió controles al Estado por los daños ambientales y sanitarios irreversibles.
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación por el alarmante estado de contaminación que presentan distintos cursos de agua en territorio bonaerense, muchos de los cuales desembocan en el Río de La Plata. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre “irreversibles daños tanto a la población como al ambiente” derivados de esta problemática.
Desde el organismo señalaron que las causas de esta situación crítica están vinculadas a la “falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y organismos vinculados”, apuntando directamente a la ausencia de fiscalización sobre los sectores industrial, agropecuario y sobre las empresas encargadas del tratamiento de residuos sólidos urbanos y efluentes cloacales.
Como ejemplo del deterioro ambiental, el Consejo de Química mencionó la presencia de “altos niveles de metales pesados y productos fitosanitarios en las aguas del Río de La Plata”, así como casos emblemáticos como el arroyo Sarandí “teñido de rojo”, las manchas de aguas servidas en el puerto de San Pedro, y los desechos cloacales arrojados al río en la localidad de Berisso, donde acusaron a la empresa estatal ABSA de no realizar ningún tipo de tratamiento.
“Estos casos son representativos de cientos de accionares que vulneran cotidianamente el derecho de la población a un ambiente sano”, denunciaron desde la institución, y sostuvieron que tales situaciones se producen en un contexto de “libre hacer” promovido por la falta de aplicación de normativas y sanciones por parte del Estado provincial.
Frente a este panorama, el Consejo Profesional de Química reclamó el cumplimiento estricto de la Ley 7020, que exige la matriculación obligatoria de todo el personal que manipule productos químicos y establece un marco normativo de seguridad e higiene. Según remarcaron, esta legislación es clave para garantizar prácticas responsables en todos los sectores involucrados.
Finalmente, la entidad instó al gobierno bonaerense a tomar medidas urgentes. “Es imprescindible que, a través del Ministerio de Ambiente y demás organismos competentes, se apliquen políticas que garanticen que las actividades industriales y empresariales se desarrollen bajo el cumplimiento ineludible de la Ley y los protocolos sanitarios y ambientales vigentes”, concluyeron.
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Auditoría sobre el Riachuelo: “No se puede monitorear lo que no se mide”

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Portal NoticiasUrbanas
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
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Fiscal federal solicitó a Prefectura muestras periódicas del río Uruguay

Fecha de Publicación: 28/05/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La fiscal federal Josefina Minatta inició de oficio una investigación sobre el proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón.
Muestras del río Uruguay. La fiscal federal Josefina Minatta, con jurisdicción en Concepción del Uruguay, inició de oficio una investigación vinculada al proyecto para instalar una planta de combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la ribera oriental del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana de Colón. La iniciativa empresarial generó preocupación en ambas márgenes del río ante el hermetismo de las autoridades y la posible afectación al ambiente.
“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, explicó Minatta al medio El Entre Ríos, sobre los fundamentos de su actuación preliminar.
En este sentido, la Fiscalía solicitó información a organismos ambientales nacionales y provinciales. “Hicimos un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”, remarcó la fiscal, en referencia a la falta de documentación formal sobre el emprendimiento del lado uruguayo.

Muestras independientes y testimonios de vecinos: primeras medidas en marcha
Con el objetivo de obtener datos independientes que permitan monitorear la situación ambiental antes de que se avance con el emprendimiento, Minatta ordenó una serie de medidas. “Le encomendamos a Prefectura la realización de muestras periódicas del río. Más allá de que la CARU va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, subrayó.
Al mismo tiempo, el equipo de la fiscalía comenzó a tomar declaraciones testimoniales de los vecinos de Colón, una de las localidades argentinas potencialmente más expuestas a los efectos de una eventual contaminación del río. Las medidas forman parte de una estrategia preventiva que busca sentar antecedentes y evitar que se repita lo ocurrido durante el conflicto por la pastera Botnia.
No obstante, la mayor dificultad hasta el momento es la falta de información oficial sobre el proyecto. “La empresa todavía no presentó los papeles ante el organismo uruguayo pertinente, por lo que no contamos con estudios de impacto ambiental para evaluar cuál sería el perjuicio. Cuando los presenten, vamos a activar todos los mecanismos para que cancillería pueda solicitarlos”, indicó Minatta.

Posibles delitos y consecuencias legales: la fiscal no descarta imputaciones
La fiscal federal explicó que, una vez que se disponga de información técnica concreta, se podrá avanzar en la evaluación de responsabilidades. Asesorada por especialistas en derecho ambiental y ecología, Minatta identificó riesgos que podrían derivarse del funcionamiento de la planta. “Se va a tomar una cierta cantidad que podría ser perjudicial para el río y a la vez habrá una devolución de material tratado que podría ser contaminante”, advirtió.
En ese contexto, anticipó que podrían configurarse delitos ambientales en caso de comprobarse perjuicios al ecosistema del río Uruguay. Los delitos que se evalúan en forma preliminar incluyen “alguna violación a la Ley de Residuos Peligrosos o daño sobre el río”, figuras previstas en el Código Penal y en legislación ambiental argentina.
Asimismo, Minatta no descartó que haya funcionarios argentinos que “podrían ser imputados” en el caso de que se determine “algún incumplimiento de sus funciones”, por omitir acciones de control o gestión en defensa del medioambiente.
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“El saneamiento del Riachuelo no está cumplido”: denuncian abandono y retrocesos

Fecha de Publicación: 16/05/2025
Fuente: Portal FaroNoticias
Provincia/Región: Riachuelo


A pesar del cierre de la supervisión judicial por parte de la Corte Suprema, organizaciones sociales y vecinos afectados advierten que las condiciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo siguen siendo críticas. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lejos de ser una historia cerrada, la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo una herida abierta para miles de personas. Un reciente artículo publicado por la Agencia de Noticias Científicas (ANC) retoma un reclamo urgente: el saneamiento del Riachuelo no está cumplido, pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya decidido, en octubre pasado, dar por concluida su supervisión judicial del proceso.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), junto a otros actores, denunciaron al Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones sistemáticas a los derechos de los vecinos que habitan la cuenca.
El artículo de ANC señala que el Sistema Riachuelo, obra clave para el tratamiento de residuos orgánicos y la expansión de redes de agua y cloaca, aún no ha sido puesto en funcionamiento. Esta demora profundiza los efectos de la contaminación y perpetúa la exclusión en los barrios más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
“Ese sistema iba a evitar las descargas clandestinas. Nuestros barrios no están urbanizados y la población es cada vez mayor. Al no tener cloacas, muchos vecinos utilizan pozos ciegos que, cuando llueve, se desbordan y van directo al río. En ese momento, muchas empresas aprovechan la confusión y descargan sus residuos en la Cuenca”, relata Sergio González, vecino de Villa Jardín e integrante del Foro Hídrico de Lanús
La denuncia se suma a años de promesas incumplidas y políticas que, aunque anunciadas con bombos y platillos, no han llegado a transformar la vida cotidiana de quienes conviven con el veneno ambiental todos los días. A pesar de los avances formales, el Riachuelo sigue siendo un símbolo de deuda social y ecológica. Y como tantas veces en la historia argentina, la sentencia del poder judicial parece escrita lejos del barro, del agua sucia y del dolor de los más postergados.
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Acueducto del río Paraná a Córdoba: en debate, la calidad del agua y el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


El Foro Ambiental Córdoba pide audiencias públicas y duda que el agua sea confiable y de calidad. Desde la Provincia indican que se cumplen las leyes y que se garantizará la potabilidad.
La asociación civil Foro Ambiental Córdoba reclama la evaluación de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública sobre el proyecto del Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba, que transportará agua desde la cuenca del río Paraná. Esa obra se encuentra ya en la etapa 1, que es el tramo entre la santafesina Coronda y la cordobesa San Francisco.
Se trata de la megaobra que llevan adelante los gobiernos de Córdoba y de Santa Fe, con financiación internacional, y que garantizaría el acceso de agua potable a 83 pueblos y ciudades de ambas provincias. En su etapa final, llegaría hasta la Capital de Córdoba.
El proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora Biprovincial.
El 11 de marzo, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicó el “Aviso de Proyecto, etapa I Coronda-San Francisco en concordancia con la ley de Política Ambiental de Córdoba 10.208, anexo II”.
El informe, que tiene por objeto cumplir con el marco regulatorio provincial, sostiene, en la página 34, que “el sistema de provisión de agua de Córdoba se encuentra al límite de su capacidad, por lo que la posibilidad de traer agua desde una fuente confiable que asegura calidad y cantidad, como es el río Paraná, es de vital importancia para la calidad de vida de los pobladores.”
El Foro Ambiental, que cuestiona la obra desde su primera presentación en 2011, sostiene que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Sobre todo en cuanto a que se trata de “una fuente confiable que asegura calidad y cantidad” de agua.
“Es sabido que el río Paraná recibe aguas cargadas de agroquímicos por todos sus afluentes”, afirmó el biólogo Federico Kopta, presidente del Foro.
Como ejemplo, mencionó el estudio realizado por los investigadores Alicia Ronco y Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, publicado en la revista Enviromental Monitoring ad Assessment, que advierte altos niveles de glifosato y de su metabolito de degradación Ampa en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios del Paraná, debido a la agricultura intensiva de la región.
También señaló otros trabajos realizados por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en los que se evidenció presencia de agroquímicos en la cuenca hídrica.
“Lo lógico sería que se haga la evaluación del impacto ambiental para asegurarnos de que no estemos tomando agua con plaguicidas”, subrayó Kopta.

La respuesta de la Provincia
Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, dijo a La Voz que, por las características del proyecto, no requiere un estudio de impacto ambiental ni el trámite de audiencia pública según la ley 10.208.
“La norma establece las características sobre lo que se debe exigir al tener en cuenta una obra en la provincia. En este caso, al ser un acueducto se encuadra en aviso de proyecto”, aclaró Flores.
En el caso de la calidad del agua, la ministra remarcó que se monitoreará una vez que el acueducto esté en funcionamiento. “El mayor caudal de agua lo tiene Santa Fe, que realizó los informes, además de los realizados en Córdoba por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) ”a los cuales nos atenemos”, expresó.
Agregó que una vez que se haga la distribución del recurso, el Ministerio tiene mecanismos de control, a través de la Policía Ambiental, tal como se monitorean las plantas potabilizadoras ya existentes en la provincia.

Contrapunto
En el aviso del proyecto, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, con la firma de Flores, encuadró la obra dentro de la ley de Política Ambiental Provincial 10.208 y en la ley 10.830.
El anexo II de la norma 10.208 incluye que los proyectos de gestión de agua, como acueductos y conducciones que deriven aguas de una cuenca a otra, obligatoriamente están sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental.
Es decir que la normativa se aplica sobre la obra y no sobre el tratamiento del agua ni sobre su distribución.
Pero Kopta planteó que encuadrarla en ese anexo es erróneo porque debería hacerse por el anexo I de la misma ley, en el punto 26. E insiste en que incluye la captación y tratamiento del agua, que aunque no esté en la provincia de Córdoba, sí es un recurso que terminarán bebiendo miles de cordobeses.
Ese punto –sostiene el Foro– requiere un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública para evaluar la captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales permanentes para abastecimiento de poblaciones iguales o mayores a diez mil habitantes, o que se localicen en espacios clasificados como áreas de protección conforme a la ley 5589 del Código de Aguas de Córdoba.

Agua de la cuenca del río Tercero
Kopta –como lo plantearon varias organizaciones ambientalistas en los últimos años– insistió en que “lo más lógico y económico”, sería llevar al Gran Córdoba agua desde la cuenca del río Ctalamochita (o Tercero). “Incluso, nos parece adecuado hacerla desde la zona alta de esa cuenca, del embalse Cerro Pelado, en Calamuchita”, marcó.
Si a esa agua se la hace bajar hasta el dique Piedras Moras (en Almafuerte) “son 90 kilómetros para conducirla, pero traerla del Paraná son casi 390 kilómetros”. Además, desde Santa Fe supone un desnivel que demanda un sistema de bombeo.
Sobre esta discusión, el ingeniero Mariano Corral, del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizó, en 2019, un estudio de alternativas de abastecimiento de agua. Y concluyó que ante las sequías esta fuente tiene comprometida su oferta hídrica y no alcanza a cubrir la demanda de las poblaciones que se pretende cubrir.
Corral expuso que, en cambio, la cuenca del Paraná es una de más grandes del mundo y aun ante un escenario de sequía no habría problemas de provisión desde esa fuente.
Otro planteamiento del Foro Ambiental es que el gasto energético será muy grande e implicará emisiones de dióxido de carbono en altas cantidades, lo que añade impactos ambientales.

Coronda-San Francisco al 40%
El acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba se encuentra en el primer bloque de la etapa 1.
Se estima que el total de la obra beneficiará a 410 mil habitantes de ambas provincias.
La obra, cuyo contrato se firmó en 2023, se encuentra en un 40% de su etapa en el brazo Coronda-San Francisco, y con el llamado de licitación para dos bloques más. Aún no tiene fecha de finalización, y su evolución depende del financiamiento.
Este primer tramo cuenta con un financiamiento de 50 millones de dólares del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe.
Este tramo, que casi no toca territorio cordobés, es marcado como “el corazón de la obra” porque se realiza la toma de agua del río, la instalación de más de mil metros de cañerías que transportará el agua hasta la planta de tratamiento y otras obras.
Luego, faltará la etapa que recorra desde San Francisco al Gran Córdoba.
Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de la Provincia, dijo a La Voz que el acueducto es una obra estratégica ante el cambio climático.
“Viene a cubrir la demanda para los años de sequía en la provincia”, indicó.
El acueducto inyectará agua a la red existente de acueductos del este de Córdoba, en la zona de San Francisco. “Allí descomprime el 20% del agua para la provincia”, indicó.
Castelló recordó que el primer acueducto de Villa María a San Francisco es de la década de 1930. En esa zona del este provincial, al igual que en Santa Fe, el agua de napas contiene arsénico (cuya ingesta prolongada puede provocar enfermedades).
“Santa Fe ya tiene ejecutado un plan de acueductos con tomas sobre el Paraná. Este río tiene un caudal de 16 mil metros cúbicos por segundo, contra 10 metros cúbicos que tiene el Suquía, por ejemplo”, expresó.
Castelló agregó que ante cualquier contaminación su proceso de dilución es muy grande. “Haciendo bien las tomas y ejecutando bien las plantas de tratamientos no hay problemas con la calidad del agua potable”, explicó.
Mencionó que Santa Fe tiene varias plantas “y no presenta problemas en la calidad del agua potable”.
Castelló enfatizó que en Córdoba se generan muchos inconvenientes con el recurso cuando hay dos o tres años de precipitaciones por debajo de la media anual. “Eso es lo que viene a solucionar el acueducto”, finalizó.
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Se expande la contaminación del agua con hidrocarburos en una zona clave de Mendoza

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El acuífero que está bajo la refinería de Luján está contaminado con hidrocarburos. El lago subterráneo se expande y abarca a zonas productivas. La mega obra que se ejecuta en "modo oculto".
La calle Bajo Las Cumbres está en una zona privilegiada. La recorren turistas de todo el mundo para ver y disfrutar. Paisajes, buenos vinos y cordillera, en el corazón de Luján de Cuyo. Enfrente de la entrada a Bodega Séptima un hombre acomoda bidones de agua potable. “Casi todas las semanas traen el agua para tomar porque la otra no se puede usar”, dice. Ya es casi como una rutina, pues saben que no pueden tomar agua de red por el potencial riesgo para la salud y por eso una petrolera los abastece. Algo similar ocurre en las fincas del lugar y las que están en las calles Costa Flores, todas las que rodean a la refinería y ahora también en calle Cobos: el acuífero está contaminado por productos derivados de los combustibles que se producen a pocos kilómetros, en la refinería de la empresa petrolera YPF.
El origen de esa contaminación está en los enormes tanques de almacenamiento de combustibles del Complejo Industrial y en el poliducto, un sector desde donde se envían combustibles a medio país. Las filtraciones a las napas ocurrieron durante un tiempo extenso, pero incierto. La tierra tiene memoria y lo que no se veía en ese momento, se siente hoy: un enorme lago subterráneo de 10 kilómetros de extensión formado por agua contaminada con hidrocarburos. No hay certezas del volumen de contaminantes y esa realidad inquieta. Los primeros registros datan de los años 90, pero se tardó décadas en el reconocimiento y se perdió tiempo en el inicio el proceso de remediación. En ese recorrido hubo ocultamiento de información y negación.
En la zona más cercana a la destilería se mantiene una pluma de casi 3 kilómetros de extensión que tiene benceno, un hidrocarburo altamente peligroso para la salud. La “mancha” subterránea más grande se generó por el derrame de “MTBE”; un compuesto hediondo que se usaba en la producción de naftas y que se filtró por un tiempo prolongado al acuífero sin que nadie lo advirtiera. En los últimos años generó alerta la expansión hacia el Sur y el Este de la pluma de contaminación, con riesgo de abarcar más superficie de la prevista originalmente.
Para tratar de sanear el acuífero se ejecutó un plan de tres etapas que quedó chico. Ahora, debido a la expansión de la contaminación, recalcularon el esquema y el sistema para “limpiar” el acuífero incluye una mega obra con acueductos y una enorme planta de tratamiento para extraer el agua, limpiarla y reinyectarla. La obra está en ejecución y aunque es visible en plena Ruta 7, las razones se mantienen casi en secreto. Ni los vecinos de la zona conocen para qué se usarán los enormes caños que se instalan alrededor de la refinería y el corredor internacional.

Lago subterráneo
El Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC) es la segunda refinería de petróleo más grande de Argentina, detrás de la ubicada en La Plata. Allí llega el petróleo de todo Mendoza y se producen combustibles para 14 provincias. Incluso está en proceso de ampliación para poder procesar más petróleo de Vaca Muerta y el foco está en el gasoil con bajo contenido de azufre.
La zona industrial está montada a la vera del Río Mendoza y sobre la subcuenca El carrizal, uno de los acuíferos más sensibles e importantes del oasis norte. Es ese margen derecho del Río Mendoza, donde están algunos de los emprendimientos turísticos y productivos más relevantes de la Provincia, ya había dificultades por la carencia de agua y está vigente una restricción para perforaciones.  Se trata de un acuífero libre, que está a unos 120 metros de profundidad. En los alrededores hay decenas de fincas y bodegas premium de distinta escala que tienen problemas por el riesgo ambiental.
Los informes de auditoría, a los que accedió MDZ, ya alertaban sobre un aumento en la concentración de contaminantes desde el año 2019 y, luego, una expansión hacia el Sur y el Este de la refinería. Incluso el cese de la crisis hídrica generó, creen, un escenario distinto. Con ese alerta, se plantearon los escenarios futuros sin intervención. En todos los casos la contaminación avanzaría hacia el Este y el Sur, con magnitudes distintas según la cantidad de agua. En los años "ricos" o húmedos, el riesgo sería mayor.
Esos informes alertan por la necesidad de mejorar el esquema de saneamiento “en atención al aumento en la concentración de MTBE de los pozos y la evidencia de la dirección del flujo hacia el sur y hacia el este”. No solo se hallaron rastros con mayor concentración de contaminantes y una pluma más extendida, sino también de combustibles. “Debido a la detección de FLNA (fase líquida no acuosa, es decir combustibles) la empresa YPF deberá presentar metodología de interpretación, frecuencia y análisis de los datos de FLNA reportados por el laboratorio asignado para el análisis de muestras del monitoreo”, dice uno de los documentos fechados en octubre del 2024.
El volumen de agua impactada aún no está mensurado, pero se estima con cálculos matemáticos. Hubo alertas por posibles nuevas fuentes de contaminación y así se advirtió en uno de los informes de auditoría realizados por el INA. La empresa aseguró que no hay fuentes nuevas de contaminación. Desde el Departamento General de Irrigación aseguran que hubo "falsos positivos" en cuanto a los picos de concentración de sustancias descubiertos, pero en sus informes se advierte sobre la expansión de la mancha.
Pero además hubo hechos no informados que generan desconfianza. Al trazar hipótesis sobre uno de los picos de contaminación descubiertos en los muestreos (donde se halló combustible en el acuífero), YPF reconoció que ocurrieron incidentes ambientales no informados. Uno de ellos fue, por ejemplo, el vuelco de 44 mil litros de gasoil en la zona de tanques, que permearon al acuífero. Ese incidente no fue informado nunca por YPF, que lo mantuvo en secreto a pesar del daño ambiental. En el mismo reconocimiento posterior se informó que el pretil de contención, es decir el tanque, no estaba impermeabilizado. Por la falta de comunicación del incidente el Departamento General de irrigación le impuso una multa de solo 603 mil pesos.
No fue el único. El año pasado se detectó una anomalía en el agua que surgía de la planta de descontaminación del agua. El agua que surge luego del proceso debe estar limpia de MTBE, pero en un análisis de rutina realizados el 11 y 12 de julio del 2024 se detectaron contaminantes. YPF tampoco informó de esa anomalía aún cuando está obligado a hacerlo y por eso se impuso una multa de un millón de pesos, que por la escala de la empresa es casi testimonial desde el punto de vista monetario.  

Una obra en modo incógnito
Quienes transitan por la ruta 7 que va hacia Potrerillos y Chile pueden ver una enorme obra en ejecución. Zanjas, caños de gran envergadura y máquinas trabajando. A pesar del despliegue, no hay indicaciones acerca de qué se trata. El entramado de cañerías de 26 pulgadas se mete entre las fincas, los barrios y la refinería. Los mismos vecinos no fueron informados de las razones de esos trabajos, a pesar de que los caños pasan por la puerta de su casa. Esa red es parte del enorme plan para intentar contener y remediar la contaminación en el lugar.  
El plan es extraer agua a través de 7 pozos nuevos, filtrarla en la planta industrial y reinyectarla al acuífero a través de 14 pozos que estarán ubicados en una extensa línea de contención. Esa barrera estará a lo largo de calle Cobos, en el Sur Este, y en el límite Este del barrio Costa Flores.
El sistema de acueductos está en ejecución. El Ministerio de Ambiente catalogó a la obra como de bajo impacto y por eso solo se hizo un "aviso de proyecto" porque se consideraron los trabajos civiles, pero no el proceso de saneamiento del agua contaminada. Por eso no se informó a la comunidad, ni se publicaron los datos de los estudios de impacto ambiental.
La intención es "empujar" el agua contaminada desde el Este al Oeste para contener el avance y, al mismo tiempo, extraer el agua con hidrocarburos para limpiarla en la futura planta ampliada. No hay datos sobre el impacto que puede tener en el acuífero general ese despliegue, aunque existe la obligación de mantener el balance hídrico de una de las zonas más sensibles.
Hasta hoy había tres formas de saneamiento. La primera barrera hidráulica la compone una batería de pozos que extrae agua de la periferia de la refinería y es tratada en esa planta industrial. Ese recurso es usado dentro del propio complejo industrial. La tercera barrera hidráulica está formada por otros pozos extractores ubicados en las fincas. Y la planta "Fambén" es donde se procesa agua extraída para descontaminar y luego inyectar. Además, las fincas y bodegas afectadas tuvieron que dejar de usar los pozos habituales, que fueron reemplazados por otros de mayor profundidad.
La planta de "limpieza" del agua  puede procesar 800 metros cúbicos por hora. Pero el modelo de saneamiento quedó chico y deberá ser ampliado para  procesar hasta 2800 metros cúbicos de agua por hora. Es casi el mismo volumen de agua que produce la planta Alto Godoy para abastecer al Gran Mendoza. En el plan presentado por YPF hay varias hipótesis que incluso dependen de variables climáticas y ambientales. Es que, por ejemplo, cuando hay años hídricos ricos, como ocurrió en la última temporada, el acuífero se recarga y la pluma se expande.
La dilación tiene una cadena de responsabilidades que quedó registrado en expedientes judiciales en los que hubo acuerdos económicos para evitar imputaciones.
Cuando surgieron las alertas YPF era controlada por la petrolera española Repsol. Hubo dos coincidencias. La primera finca que se vio afectada es propiedad de Codorniú, empresa vitivinícola que también es de capitales españoles y explota Bodega Séptima. El abandono del cuidado del ambiente en ese proceso productivo coincide temporalmente con lo que ocurría con la extracción de petróleo en áreas como Barrancas, que arrastraban cientos de pasivos ambientales que la propia Repsol, como dueña de YPF, dejó y que fueron inventariados en las prórrogas de concesiones posteriores y aún no terminan de sanearse.
Esa afectación al agua está tipificada como delito de contaminación por residuos peligrosos y las causas judiciales que se iniciaron tuvieron varios vaivenes en los que estuvieron en la mira judicial varios directivos de YPF y los responsables del Departamento General de Irrigación. Pero además hay presuntas víctimas con problemas severos de salud en los barrios aledaños al complejo industrial. En esa periferia hay tres barrios, dos escuelas y población dispersa. La petrolera estatal tuvo que indemnizar a 5 personas que tienen leucemia y que sus casos estaban en pleno análisis judicial para establecer alguna relación de causalidad con la contaminación.
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Histórico fallo ordena al Estado sanear la cuenca del lago San Roque

Fecha de Publicación: 19/04/2025
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación de Córdoba falló a favor de una acción de amparo ambiental colectivo impulsada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) en 2022. En una decisión considerada un hito para la justicia ambiental argentina, el tribunal reconoció el grave daño ambiental en la cuenca del lago San Roque y ordenó al Estado provincial y a los gobiernos locales adoptar medidas urgentes, integrales y sostenidas para revertir la situación.
El fallo responsabiliza a las autoridades por acción y omisión ante la contaminación del recurso hídrico del que dependen más de un millón de personas. Además, obliga a la ejecución efectiva del “Plan de Saneamiento del Lago San Roque y de Desarrollo Sostenible”, presentado por el Gobierno provincial durante el proceso judicial, al que deberá incorporarse una serie de precisiones en un plazo de 30 días.
Entre las medidas más relevantes, se establece el cese inmediato de vertidos contaminantes, una fiscalización intensiva con sanciones por incumplimientos y una meta obligatoria de cobertura cloacal del 85% de la población de la cuenca en un máximo de ocho años. Esta última disposición acorta considerablemente los plazos inicialmente propuestos por el Ejecutivo, que proyectaban solo un 50% de cobertura en 15 años.
“Esta sentencia marca un antes y un después. Reconoce una crisis ambiental y sanitaria que afecta derechos fundamentales y exige respuestas urgentes, coordinadas y transparentes de las autoridades”, expresó Mayca Balaguer, directora ejecutiva de Fundeps. La dirigente destacó, además, que el fallo “visibiliza el valor de la participación ciudadana” en la defensa del ambiente y la salud.
Aunque el fallo respeta la autonomía municipal, señala que la Provincia de Córdoba tiene un rol central y la responsabilidad última por la degradación del recurso hídrico. En consecuencia, deberá cooperar técnica, operativa y financieramente con municipios y comunas para la construcción de redes cloacales, consideradas clave en el saneamiento de la cuenca.

Otros puntos centrales de la sentencia
- Reformulación del Plan en 30 días, con enfoque integral, transparente y participativo.
- Auditoría técnica obligatoria en seis meses, con evaluación de avances e indicadores.
- Creación de una plataforma digital pública en 90 días, accesible y adaptada, con información en tiempo real y espacio para aportes ciudadanos.
- Campaña sostenida de educación ambiental en toda la cuenca, con enfoque territorial.
- Participación directa de ciudadanía, organizaciones sociales y academia en la planificación y monitoreo del proceso.

Antecedentes y proceso judicial
La acción judicial fue presentada en noviembre de 2022 por Fundeps, luego de que estudios científicos y documentación histórica dieran cuenta de la crítica situación ambiental del lago San Roque. La organización ya había alertado en 2021 sobre el estado de las principales cuencas hídricas de Córdoba, publicando un informe diagnóstico con las causas de la contaminación y sus consecuencias en el ambiente, la salud y la biodiversidad.
Durante el proceso judicial, Fundeps aportó informes técnicos y científicos que respaldaron el reclamo, y subrayó la necesidad de una intervención estatal urgente. La Cámara actuó con “diligencia y compromiso ambiental y social”, señalaron desde la fundación.
“El saneamiento del lago debe constituir una verdadera política de Estado que trascienda gobiernos y garantice el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua”, concluyeron desde Fundeps, que se comprometió a continuar monitoreando el cumplimiento de la sentencia.
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Entre Ríos activa mecanismo de consulta en la CARU por planta de hidrógeno en Paysandú

Fecha de Publicación: 17/04/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno entrerriano expresó su preocupación por la instalación de una planta de producción de combustibles sintéticos, entre ellos hidrógeno verde, en Paysandú, Uruguay.
Ante esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio decidió activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional creado por Argentina y Uruguay en los años 70 para regular las actividades sobre el curso de agua compartido.
“He instruido a las áreas correspondientes para iniciar las gestiones necesarias a fin de activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la CARU”, anunció Frigerio.
El gobernador ya había manifestado semanas atrás su preocupación durante una reunión con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, a quien le transmitió el malestar de los entrerrianos. Según el mandatario provincial, la planta podría afectar el ecosistema regional y la actividad turística, especialmente en ciudades ribereñas como Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
El caso remite al histórico conflicto bilateral que enfrentó a Argentina y Uruguay por la instalación de la planta de celulosa de la entonces empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, que derivó en años de tensión diplomática, cortes de rutas y protestas en el puente internacional.
En este nuevo escenario, la representante argentina en la CARU, Ingrid Jetter, confirmó que ya se solicitó formalmente información sobre el proyecto a las autoridades uruguayas. “Vamos a seguir muy de cerca este tema trabajando mancomunadamente con Entre Ríos”, aseguró Jetter tras reunirse con Frigerio.
Desde el gobierno entrerriano insisten en la necesidad de respetar los mecanismos institucionales previstos para este tipo de emprendimientos sobre un recurso natural compartido. Además, advierten que la falta de información oficial genera incertidumbre en la población.
Mientras tanto, el tema comenzó a escalar tanto en medios argentinos como uruguayos, y ya ocupa espacio en portales nacionales como Infobae y El País de Montevideo. La CARU deberá ahora evaluar el alcance ambiental del emprendimiento y garantizar el cumplimiento del Estatuto, que establece que cualquier obra sobre el río debe ser comunicada previamente al otro país si puede causar perjuicio sensible.
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¿A dónde van los líquidos de tu baño y tu cocina? Advierten sobre un déficit ambiental poco conocido, pero preocupante

Fecha de Publicación: 15/04/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Más del 72% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan correctamente; impacto en la naturaleza y la salud
Casi toda el agua que pasa por algún tipo de alcantarillado en la Argentina no recibirá el tratamiento adecuado. En otras palabras, los líquidos provenientes de nuestras duchas, bidets, inodoros, bachas de cocina, lavarropas y algunas industrias llegarán a plantas de tratamiento, pero muchos de los patógenos, químicos y metales pesados caerán sobre ríos y lagos. Sitios en donde, de forma directa o indirecta, puede existir contacto con la gente.
Las razones son varias. Puede ser porque los sistemas encargados de tratar la contaminación están desgastados por el tiempo, porque no hay operarios capacitados o porque faltan componentes esenciales para depurar esos 2019 millones de metros cúbicos de agua que 21,4 millones de argentinos expulsan cada año por la red cloacal. Lo certero, según especialistas consultados por LA NACION, es que el contacto humano con esta agua puede representar una verdadera amenaza para la salud.
Datos obtenidos mediante un estudio de 2023, elaborado por la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, mostraron que de las 600 plantas de tratamiento que hay identificadas en todo el país eran 376 las que trataban la mayor parte del agua residual de ciudades de más de 10.000 habitantes. De esas, solo el 27,6% del caudal era tratado adecuadamente, ya sea categorizadas en el relevamiento como buenas o, algunas, como regulares. El resto operaba con inconvenientes (en las categorías regular o mala), o bien estaban en reparación o construcción. Según Emiliano Aguerreberry, el especialista en saneamiento y agua potable que coordinó la investigación, el panorama no varió mucho desde entonces hasta la actualidad. A esto se suman situaciones más alarmantes, como las ciudades que nunca tuvieron plantas de tratamiento.
Tal es el caso de Rosario, Santa Fe o Reconquista, en la provincia de Santa Fe y a orillas del río Paraná. Así lo confirmó a LA NACION el secretario de Agua y Saneamiento provincial, Leonel Marmirolli, que admitió que esas, como otras poblaciones de varias provincias que se instalan en la ribera, carecen de plantas para tratar sus desechos.
“En estos sitios las aguas residuales se van al río. En el caso de las industrias hay un pretratamiento, pero para lo demás, no”, describió el funcionario. Aunque afirmó que se cumplen las normas provinciales, especialistas en saneamiento ven con preocupación el escenario de Rosario y otras ciudades: “No cumplen las normas de vuelco, porque no están filtrando nada”, respondieron.
Según el reporte publicado hace dos años que usa datos de 2019 y 2020, las provincias con más problemas son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. “No es porque tengan un problema mayor a otras provincias, sino que son las que más plantas tienen”, explicó Aguerreberry, que aún se desempeña como asesor de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento.

Amenaza a la salud
La mayor parte de las aguas residuales mal tratadas que pasan por algún sistema de drenaje provienen de los desagües residenciales. En números, un 84% de la población argentina vive en ciudades de más de 10.000 habitantes y el 61,7% dispone de red cloacal. En esa agua puede aparecer de todo. “No son solo excreciones lo que llega a las plantas, hay preservativos y toallas femeninas”, describió Aguerreberry.
El agua residual, entonces, puede ser un riesgo para la salud por la cantidad de patógenos y químicos que puede contener. Según Francisco Dadic, médico y profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina interna y toxicología, el contacto con agua contaminada puede provocar efectos agudos y/o crónicos. Dijo a LA NACION que el efecto depende de la concentración y el tipo de contaminante. “El agua puede tener metales pesados como plomo, arsénico, manganeso, cromo y cobre, que son cancerígenos. También puede estar contaminada con microorganismos. Los más convencionales son la Escherichia coli y Shigella. Estas bacterias están vinculadas a la gastroenterocolitis”, detalló.
Tanto Dadic como Aguerreberry resaltaron las consecuencias ambientales que pueden derivar de las fallas en el tratamiento de aguas residuales y que, a la vez, se vinculan a la salud humana. Pensemos que la mayor parte del agua que se desecha de las ciudades, sea tratada o no, desemboca en ríos. “Mucha gente usa el agua de ríos para regar plantas como lechugas, o pesca ahí mismo. Esa agua es compartida por la población de toda la cuenca. Incluso se puede convertir un problema interjurisdiccional. Vos estás liberando una cantidad de patógenos muy grande”, planteó Aguerreberry.

Las provincias más problemáticas
Según el Censo Nacional de 2022, los habitantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe suman poco más de la mitad del total del país. En promedio, poco más de la mitad de ellos tienen una red de desagüe. También allí se concentran más de la mitad de las plantas procesadoras: en total, para 2020 se contaron 184, de las cuales 87 funcionaban mal.
Aguerreberry explicó que muchas plantas no operan por ausencia de presupuesto: “Muchas veces no hay personal, o el que tienen carece de formación. Entonces deja de haber mantenimiento. Después de un tiempo es más barato abandonarlas”. En otros casos faltan componentes esenciales, como los ecualizadores, que son parecidos a un tanque de concreto en el que se contiene el agua residual y ayuda a que el resto del sistema de tratamiento no se sobrecargue. Para la ingeniera ambiental del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Ruth Rodríguez, este aparato es el corazón de cualquier planta que trata residuos industriales y que, en su mayoría, no desembocan en ninguna red cloacal.

Cantidad de plantas a rehabilitar por provincia
“Hace 19 años que trabajo en la temática y hemos determinado de que más de 80% de las plantas no funcionan porque no tienen ecualizador”, explicó Rodríguez durante la presentación de un reporte regional de la Feria Internacional para Agua, Alcantarillado, Drenaje y Soluciones para Recuperación de Residuos (IFAT) en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.
Quizás el caso que a los expertos consultados les llama más la atención es el de Santa Fe. No necesariamente por los problemas que aún persisten dentro de sus plantas de tratamiento, sino también por los sitios en donde no hay procesamiento alguno. Marmirolli, el secretario de Agua y Saneamiento de la provincia, explicó que al menos 42,5% de la población vive en sitios donde el agua no se trata. Como se dijo, muchas de estas personas residen en ciudades como Rosario, Santa Fe y Reconquista; el saneamiento de esa agua, como la de otras 12 localidades, es responsabilidad de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA (ASSA). Según Marmirolli, diez de estas localidades tienen plantas e incluso han implementado cobros a los usuarios para mejorar el mantenimiento de las mismas; sin embargo, el desarrollo de nuevas plantas es algo que no han logrado concretar.
Marmirolli advirtió que la construcción de plantas en estas ciudades está en los planes, pero no ha sido posible por falta de presupuesto. “La Nación no ha dado dinero para varias obras que se habían empezado antes. La gobernación está financiando todo ahora, pero no es suficiente. Ahora estamos buscando fondos internacionales, en especial para las ciudades que no tienen ningún tipo de tratamiento”, explicó. Además, dijo que la provincia está trabajando en la expansión de la red de drenaje en las ciudades que no administra ASSA e indicó que el agua que pase a través de esa nueva red llegará a plantas que operan de manera óptima.
Por su parte, Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera de Córdoba, respondió que lo que el reporte nacional de 2023 expone es una fotografía del pasado. “En los últimos ocho años se hizo mucho saneamiento. Había muchas plantas que estaban sobrepasadas. Implementamos un plan para rehabilitar la capital, tenemos una planta de primer nivel de barros activados [que tienen mayor capacidad de tratamiento], es una planta que funciona hace tres años”, sostuvo.
Como esta obra, Castelló desglosó varios proyectos que se han ejecutado en distintas partes de la provincia. Aseguró que el 80% del territorio tiene plantas de tratamiento e infraestructura central. “La red cloacal es lo que estamos tratando de expandir”, advirtió, y añadió que desde 2023 están recibiendo financiamiento del OPEC Fund for International Development. El monto ejecutado por la organización de estados petroleros es de 23.340 millones de dólares y restan 36.660 millones, según información oficial.
Finalmente, la provincia de Buenos Aires es quizás el caso más complejo. “Entre la concentración poblacional y la falta de planeamiento urbano, esta provincia siempre es un problema”, ponderó un especialista en saneamiento. Según el Plan Estratégico de Infraestructura 2020-2024 bonaerense, un 63,6% de la población allí tiene red cloacal. Y de las 122 plantas de tratamiento que registró el estudio nacional, 52 funcionaban mal. LA NACION intentó contactarse con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense sin éxito.

¿Y el agua que consumen los porteños?
Según la información del reporte, varias de las provincias con las que la ciudad de Buenos Aires comparte afluentes tienen, en mayor o menor medida, deficiencias para tratar sus aguas residuales. También –como se dijo– hay casos más graves, como los de Rosario, Santa Fe y otras ciudades del litoral, en las que no hay ningún tipo de tratamiento.
A esto se suma el vertido de residuos industriales que, en muchos casos, se arrojan de forma clandestina a ríos y arroyos. Tal es el caso del arroyo Sarandí, que el 6 de febrero pasado se tiñó de un rojo vivo por pigmentos vinculados a industrias de curtiembres, alimenticias, textiles y farmacéuticas.
Así surge otro interrogante: si el agua cruda que se recolecta del Río de la Plata y del Paraná de las Palmas puede potabilizarse correctamente. Ante la consulta, Alejandro Barrio, director técnico y de Desarrollo Tecnológico en AySA, afirmó que no hay ninguna razón para alarmarse.
Barrio confirmó la contaminación de varios de los ríos cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las tres tomas de agua que AySA tiene para el abastecimiento de la Capital están lejos de confluir con los tramos contaminados. “En el caso del Río de la Plata, son los primeros 500 metros la zona contaminada y nuestras tomas están a un kilómetro y medio. La calidad es buena desde la toma y luego hacemos todo el proceso de potabilización”, detalló.
Además, explicó que la empresa realiza un monitoreo constante de la calidad de agua desde la toma, hasta el transporte y suministro a los consumidores. “Mucha gente se queja del sabor a cloro que puede tener el agua, pero ese es un sello para asegurarnos que no queda ningún patógeno allí. Además, ese sabor desaparece. Tan solo hay que dejarla una noche en la heladera”, concluyó.
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