Chaco, primera y única provincia del NEA que se defiende de acusaciones de desmontes

Fecha de Publicación: 05/08/2025
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco


En los pasillos del Ministerio de Producción de Chaco, es un secreto a voces que causó malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión –lanzada a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube—trascendió que el titular de la cartera productiva chaqueña tomó al toro por las astas y habría dicho: "Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia", dicen haberlo dicho expresar.

Carta documento
A los pocos días, Agroperfiles pudo confirmar en off que Oscar Pablo Dudik resolvió enviar una carta documento a la AAA.
 "Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

Sobre la presión contra la jueza Niremperger
A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a "…poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan —sean civiles, penales o administrativas— incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas.

Rechazo de plano
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el Gobierno de la Provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas —desde ya contraria a la realidad— resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental".
Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial chaqueño promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del Gobierno Provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago

Fecha de Publicación: 02/08/2025
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


La ONG Nuevo Ambiente denuncia desmontes y obras en una zona protegida del humedal, pese a un fallo judicial que lo prohíbe. Acusan a los municipios de Berisso y Ensenada de impulsar negocios inmobiliarios y de incumplir el plan de manejo ambiental
La ONG Nuevo Ambiente denunció un nuevo atropello ambiental en el Delta del Río Santiago que abarca la Isla Santiago y la Islar Paulino, en los distritos bonaerenses de Berisso y Ensenada. Desmontes, rellenos y alteración de humedales en una zona que está protegida por ley, como también el avance de desarrollos inmobiliarios en esa zona.
Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago
A pesar de que existe una medida cautelar en vigencia —dictada por la justicia en marzo pasado— que impide cualquier tipo de obra o intervención hasta que se apruebe un Plan de Manejo Ambiental, los trabajos continúan sin control, con la complicidad o desidia de las autoridades locales y provinciales.
La zona afectada forma parte del paisaje protegido establecido por la Ley Provincial 12.756, que exige una estricta regulación para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las islas Santiago y Paulino. Sin embargo, la realidad en el territorio dista de cualquier política seria de conservación.
“El fallo fue claro: no se pueden hacer obras, ni movimientos de suelo, ni desmontes, ni mucho menos loteos hasta tanto se apruebe el plan de manejo ambiental. Nada de eso se está respetando”, denunció Marcelo Martínez, representante de Nuevo Ambiente, en diálogo con Desconfiados en Cadena Río. Según indicó, los relevamientos realizados por la organización constataron la tala de especies vegetales, el avance de rellenos con hormigón y trabajos sobre la ribera, particularmente en las inmediaciones del canal Génova y del parador Marina del Sur, en jurisdicción de Berisso.
Cabe recordar que, el fallo judicial —emitido por la jueza María Ventura Martínez del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata— establecía un plazo de 60 días para que los municipios de Berisso, Ensenada y el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Ambiente, instrumentaran un Plan de Manejo Ambiental conjunto. Ese plazo venció hace meses. Ninguno de los tres niveles del Estado ha cumplido.
Marcelo Martínez, representante de la ONG Nuevo Ambiente, dialogó con el programa Desconfiados, que se emite por Cadena Río, y expuso una serie de denuncias sobre el deterioro ambiental en las islas Santiago y Paulino, en la región de Berisso y Ensenada. Alertó sobre la falta de planificación y la existencia de posibles negocios inmobiliarios ilegales, pese a que ambas islas están amparadas por una figura de “paisaje protegido” según la legislación provincial.
“Venimos haciendo relevamientos en la isla de Santiago, ante la denuncia de vecinos, que también nos llegaron en los últimos días”, explicó Martínez. Y detalló: “Hicimos un relevamiento en lo que es el sector del canal de Génova, que desemboca al río Santiago, que está frente a Marinas del Sur y también al Club Náutico de Berisso, en donde se encontraron una serie de irregularidades que tienen que ver con desmontes, en este caso en Berisso, y en Ensenada”.
Estas acciones, indicó, se dan en el marco de una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, tras un recurso de amparo impulsado por la organización ambientalista. “Se le exige tanto al municipio de La Plata como al municipio de Ensenada y de Berisso a confeccionar un plan de manejo ambiental de las dos islas”, señaló.
Martínez subrayó que “una planificación ambiental no solamente tiene que ver con la construcción, tiene también que ver con la ocupación de suelo, zonas intangibles, zonas donde se pueda hacer recreación. Un plan de manejo tiene que ver cómo gestionás todo un sector protegido, como es este caso las dos islas, que va desde el tratamiento de aguas hasta el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y también distintas cuestiones que tienen que ver con la protección del ambiente”.
A pesar del fallo judicial, desde la ONG aseguran que aún no se presentó el plan de manejo correspondiente. “Nos hemos enterado que Ensenada hizo dos reuniones, pero por lo que vi esas reuniones no tenían nada que ver con el plan de manejo. Un plan de manejo es una cuestión seria, interdisciplinaria, que tienen que trabajar varios actores, y Berisso tampoco hizo nada”, denunció.
En ese sentido, remarcó: “Acá hay una irregularidad, que ya lo hemos denunciado en la justicia, que tiene que ver que tanto el municipio de Berisso como Ensenada se tienen que poner de acuerdo e ir en forma conjunta a hacer el plan de manejo. No es que tiene que hacerlo disociadamente, porque es todo un mosaico de lo que es el monte ribereño y las dos islas. Uno te contesta una cosa, otro otra, pero nosotros seguimos elevando los informes correspondientes ante la justicia”.
Consultado sobre posibles negocios inmobiliarios detrás del conflicto, Martínez fue tajante: “En Isla Santiago sí. Ya hemos denunciado hace dos años la intención de la construcción de un barrio privado con unos 40 lotes, que lo estaban vendiendo a 15 mil dólares cada uno, una inmobiliaria de La Plata, que la hemos denunciado ante el Colegio de Martilleros de La Plata y también lo hemos denunciado públicamente ante una investigación que habíamos llevado adelante y que adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada”.
“Hay intereses, están desesperados por vender lotes y ahí están también metidos, pero no hay que mirar para el costado. Acá, hasta el hijo del Intendente de Ensenada usurpó y está viviendo la isla en un gran predio”, acusó.
Sobre el avance del desmonte y la pérdida del valor natural, apuntó: “La Isla Santiago pierde mucho territorio por la característica que tiene un puente y que entran vías terrestres, que ahí perdió bastante su esencia”. En cambio, dijo que “la Isla Paulino, hasta ahora, están siendo ocupados algunos sectores, pero no tanto como la Isla Santiago”.
Martínez advirtió también sobre un posible engaño a los ocupantes: “Ahí lo único que se puede hacer es entregar un papel de tenencia y nada más. No pueden escriturar porque no son propietarios de las tierras. Hay un descontrol, una falta de fiscalización por parte del municipio de Ensenada, intereses económicos”.
El ambientalista insistió en la gravedad del impacto ecológico: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la degradación de todo el sector y aparte la degradación de los humedales, que es tan importante para nuestra región. Pero ahí también demuestra una vez más el poco interés que tienen, no solamente con la apatía que tienen con las gestiones ambientales, sino también que no hay una política de gestión ambiental seria en ninguno de los distritos, teniendo en cuenta que tenemos uno de los polos petroquímicos más importantes del país”.
Desde el programa se le informó a Martínez que el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, respondió a las consultas periodísticas y afirmó: “Si es la denuncia que se hizo hace cuatro meses atrás, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el Ministerio de Ambiente”. 
Ante esta declaración, Martínez replicó: “Hay que ver qué llama el plan de manejo, porque primero que el fallo judicial fue hace más de cuatro meses. Hay que ver qué entiende por plan de manejo. El plan de manejo, primero, estamos notificados por el juzgado que haya presentación de un plan de manejo. O sea, sospechamos que no hubo ninguna presentación”.
“Porque el plan de manejo no es una cosa que se escribe un poco y listo, es una cosa seria, interdisciplinaria, que trabajan varias disciplinas y profesionales, y bueno, si es así, veremos qué presentaron. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna presentación al respecto”, concluyó el referente ambiental.

La respuesta de los involucrados 
Lejos de asumir responsabilidades, los intendentes eluden definiciones. El jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, consultado por Desconfiados, respondió: “Yo no estoy enterado de ninguna denuncia. Hay una denuncia de ambientalistas de la isla Santiago de la Paulino y de la ribera de hace como cuatro meses. Si es eso, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el ministerio de ambiente”. Sin embargo, al solicitarle una copia del supuesto plan, nunca respondió. Asimismo, el Ministerio de Ambiente bonaerense también prefirió mantener el silencio y eludir las respuestas. 
Desde la Municipalidad de Esenada respondieron que: “en primer término la denuncia de Nuevo Ambiente no hace más que remarcar la ignorancia total que tienen de la Ciudad y del ambiente, y reafirma el único propósito que tiene esta ONG que es la persecución política sobre quienes ellos toman como sus adversarios. Otro claro ejemplo es que cuando uno de sus referentes, Marcelo Martinez, fue funcionario de María Eugenia Vidal, dejó de lado todas las investigaciones ambientalistas”.
En esta misma línea agregaron que “sobre la errónea acusación que hacen, el Municipio no incumple nunca ninguna norma, porque está en el espíritu de la gestión el cuidado del ambiente, arrancando por lo más preciado que tiene que es la vida humana. Por otra parte, se está trabajando en la realización de una escollera cercana al puente de ingreso a la Isla Santiago. Este trabajo es fundamental para el cuidado del Canal Río Santiago, ya que evita que la salida del canal se llene de sedimento y por lo tanto no pueda recircular el agua. Hace poco tiempo se hizo un dragado del lugar, y si no se hace la escollera, la salida del canal se tapará más rápido y no permitirá la circulación del agua, afectando al ambiente, a los clubes de la zona y a la actividad deportiva”.
Sobre el Plan de manejo ambiental aclararon que “si lo hay y se está trabajando en el plan de manejo de suelo de la isla”. Sin embargo ante el pedido de este medio para conocerlo, no hubo respuesta. 
Respecto a las declaraciones del entrevistado aclararon que “no nos vamos a meter en acusaciones totalmente faltas, carentes de cualquier prueba y que solo buscan que Marcelo Martínez se haga conocido en el mapa electoral de la ciudad en el que siempre fue un fracaso y un total desconocido”.

La gravedad del caso no es menor: la ONG había advertido desde hace más de dos años sobre intentos de loteo en Isla Santiago para construir un barrio privado, con 40 lotes ofrecidos por una inmobiliaria de La Plata a 15 mil dólares cada uno. Según Martínez, “adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada. Hasta el hijo del Intendente usurpó un predio y vive en la isla”.
Mientras se especula con negocios inmobiliarios en terrenos fiscales y protegidos, el ecosistema de humedales se degrada sin control y a la vista de todos. “Hay una falta total de fiscalización, desinterés por la gestión ambiental, desidia institucional. No hay una política ambiental seria en ninguno de los distritos involucrados”, sentenció Martínez.
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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Desmontes sin control: el Gobierno de Insfrán admitió lo que negó durante años

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal PrensaLibreFormosa
Provincia/Región: Formosa


El columnista Juan Slash puso en evidencia el forzado e involuntario reconocimiento del Gobierno de Formosa sobre la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. La admisión oficial llegó justo después de la embestida judicial contra Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni, los opositores más votados y promotores de la intervención federal.
Tras años de negaciones sistemáticas, relativizaciones oficiales y silencios cómplices, el Gobierno de Gildo Insfrán finalmente reconoció la existencia de desmontes ilegales y sin control en distintas zonas del territorio formoseño. Así lo reveló una nota difundida por la agencia estatal AGENFOR, donde el propio ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, admitió que "estos desmontes irregulares —sin permisos o con permisos excedidos— representan una grave afectación al ambiente y a los recursos naturales".
El reconocimiento tardío, interesado e involuntario, se produce en el contexto de una jugada política del gobierno provincial para atacar judicialmente a dos de los principales referentes de la oposición: el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quienes fueron recientemente condenados y embargados por supuestas irregularidades ambientales, apenas días después de haberse convertido en los candidatos más votados del campo opositor y de haber impulsado la intervención federal de la provincia.
En su columna, Slash fue contundente al destacar: "Por fin el Gobierno Provincial reconoció que se pierden miles de hectáreas sin control", y Slash tiene razón aunque el reconocimiento no fue por honestidad política ni por compromiso ambiental, sino como parte de una maniobra para justificar la cacería judicial contra quienes se atreven a desafiar al régimen".
La nota de AGENFOR el ministro Lucas Rodríguez, circunscribe los desmontes exclusivamente a las zonas donde trabajan Paoltroni y Basualdo, asegurando que las irregularidades se concentran principalmente al sur de Las Lomitas y alrededores de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. Las cifras son alarmantes: 120 hectáreas desmontadas en Ibarreta, 478 en Subteniente Perín, 659 en Las Lomitas. En total, solo en estos casos, se han perdido más de 1250 hectáreas de monte nativo.
Lo que el gobierno provincial nunca pudo tapar con discursos, hoy lo exponen las imágenes satelitales. Desde hace años, Greenpeace viene alertando sobre la acelerada destrucción del monte nativo en varios departamentos de Formosa. Hernán Geraldini, coordinador de Campañas de Bosques de la organización, denunció que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, la tasa de deforestación se cuadruplicó en la provincia.
El trasfondo de esta catástrofe ambiental está en la manipulación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, donde Formosa decidió ir a contramano de lo que hicieron otras provincias.
Mientras jurisdicciones como Salta o Chaco protegieron hasta el 80% de sus masas forestales bajo zonas rojas o amarillas (donde no se puede desmontar), Formosa clasificó el 70% de sus bosques como "zona verde", permitiendo desmontes con simples permisos administrativos.
"El resultado está a la vista: en lo que va de 2024, ya se perdieron unas 36.000 hectáreas de monte formoseño, la mayoría con aval del propio Estado provincial", denunció Geraldini.
Lo que Slash, tal vez sin desearlo desnuda en su análisis no es solo la gravedad ambiental, sino la hipocresía política: "El gobierno que encubre desmontes ilegales y hace la vista gorda con grandes terratenientes, es el mismo que ahora persigue judicialmente a dos dirigentes opositores con el argumento de proteger los bosques".
La paradoja es brutal: el Estado que destruye, simula cuidar. El régimen que desmonte tras desmonte consolidó su poder, ahora acusa de ecocidas a quienes -alguna vez autorizó a desmontar -y hoy lo enfrentan en las urnas.
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El impacto ambiental del desmonte descontrolado en Formosa: animales en peligro y tierras desérticas

Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Formosa


Está dentro de las provincias que más bosque pierden por el negocio agropecuario y la ganadería intensiva. Campesinos y movimientos indígenas sin título de propiedad temen quedarse sin las tierras donde viven.
El árbol da una sacudida rápida y violenta y cae hacia adelante como si fuera un palillo que se quiebra. La topadora larga una bocanada de humo negro, da marcha atrás y arremete de nuevo hacia adelante. Le pasa por arriba al árbol que acaba de tirar y voltea el siguiente. Atrás, va dejando su huella en una tierra seca, marrón. Adelante se abre el monte verde.
Desde hace un mes que hay topadoras desmontado ese polígono de más de 120 hectáreas en la localidad de Ibarreta, en el departamento de Patiño, en Formosa. TN es testigo del recorrido de la máquina desde un drone que la sigue desde el aire mientras avanza matando el bosque.
En los lugares en donde la topadora pasó hace algunas semanas quedó un campo cubierto de ramas secas y árboles con las raíces arrancadas de cuajo, apuntando al cielo. 
Parecen espinas gigantes, enredadas en un descampado marrón. La tierra está seca, sequísima y el silencio es absoluto. Ya no quedan pájaros, ni se escuchan pisadas de animales o el ruido de los insectos.
En algunos días, empleados irregulares, jornaleros, vendrán a retirar los tocones de los árboles más grandes que quedaron enterrados. Después, prenderán fuego el lugar para limpiarlo y no quedará rastro de que ahí hubo un bosque.
Solamente el año pasado, Formosa perdió 36.915 hectáreas de bosque nativo: 15 mil por desmonte y 24.800 por incendio. El principal motivo es la expansión del negocio agrícola y la ganadería intensiva. Se saca bosque para sembrar soja o pastura para animales.
“Este suelo es muy rico cuando está el monte, pero cuando no está el monte, no infiltra el agua. El suelo está todo coartado, es muy erosionable. Muy rápidamente asciende la napa freática y el suelo se saliniza, queda como una costra de sal", explicó a TN Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina.
Y cerró: “Dura un tiempo con pastura, pero después se lo abandona. Ya no tiene nutrientes. Donde había un bosque muy rico y biodiverso, hoy hay un paisaje geométrico y uniforme”.
Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 1998 y 2023 se perdieron en todo el país 7 millones de hectáreas de bosque. El equivalente a la superficie de toda la provincia de Formosa.
En 2007, se sancionó en la Argentina la ley de Bosques, se ordenaron las tierras y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde (categoría III) para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo (categoría II) para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse, pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo (categoría I) para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
El problema y la particularidad con Formosa es que a la mayoría de la provincia se la pintó de verde. Y, por lo tanto, el desmonte creció incluso después de sancionada la ley.
Más allá de la desertificación y pérdida de biodiversidad (los animales pierden su refugio) que produce el desmonte, también se ven amenazadas comunidades originarias y pequeños campesinos que viven en el monte. Estas personas hacen convivir sus actividades con los árboles, plantas y animales para no dañar el ambiente. Son una suerte de guardianes del monte, pero con escasos recursos para ganarle a la topadora de los grandes empresarios.

La lucha de los guardianes del monte
A dos horas del sitio del desmonte, en Pozo del Mortero, tiene su chacra Teófila Palma (59), dirigente del Frente Nacional Campesino que reúne a pequeños campesinos que viven en el monte y que se organizaron para tratar de pelear por sus tierras y cuidar el bosque, aunque no tienen personería jurídica.
El lugar es amplio, con 150 hectáreas. Tiene una casita sencilla de ladrillo y cemento, afuera un brasero, un toldo y un corral para las cabras y algunas vacas. Bob y Remigio, dos caniches, persiguen a unas gallinas entre las patas de una mesa.
Todo lo demás son árboles, monte que todavía se preserva. Teófila necesita que todo esté lo más verde posible, con sombra y humedad para que sus animales no mueran de sed o calor.
Teófila vive de sus animales y de su jubilación como docente. Pese a que nació en ese lugar y lo trabajó toda la vida, no es legítima propietaria. Cuenta que su papá tenía la documentación de ocupante legal, pero todas las veces que ella quiso comprar y tener un título de propiedad se lo negaron. “No me dejan legalizar, me dicen que la tierra donde estoy no está a la venta”, asegura.
Vive con el miedo de que algún día un gran terrateniente, tal vez alguien que ni siquiera vive en Formosa, le quite su tierra para transformarla en un páramo y montar un campo para ganadería intensiva o plantar soja.
“Esta es la realidad de los pequeños campesinos, de los que nos quedamos en la lucha. Vivimos de lo que producimos”, dice y le caen algunas lágrimas.
A Teófila también le preocupa las consecuencias del desmonte desmedido y de la crisis climática: nota que cada vez llueve menos, hay menos vegetación.
“Tuvimos muchísimo tiempo de sequía. Me olvidé de cómo era la lluvia. No teníamos para darle de comer a los animales, los vientos erosionan la tierra, la cambia de aspecto. Sube la temperatura, a veces tenemos sensaciones térmicas de 50 grados. Lo que nos pasa con el clima es una respuesta de lo que hacen los grandes terratenientes, de su desmonte", denuncia.
Teófila organizó una reunión con otros pequeños campesinos de la zona para discutir las problemáticas frente a algunos medios, entre ellos, TN. Vestida con un poncho rojo y mientras algunas cabritas le mastican los cordones, Mariela Soto, una campesina de 44 años que trabaja sola su campo, cuenta su historia. 
“A mí me pueden venir a ofrecer un castillo en el pueblo, pero voy a decir siempre que no. Porque yo quiero vivir en mi choza, yo nací ahí. Antes estuvieron mis viejos. Mi campo me llena de orgullo, de amor, de alegría”, mientras habla se le traban algunas palabras y llora. “Quiero seguir viviendo el monte y morir en el monte. Y ojalá algún día lo pueda ver a mi nieto corriendo por el monte y no vivir con el miedo de que me saquen mi tierra”.
Al igual que Teófila, Mariela es “poseedora” de su Tierra, pero no tiene los papeles de propiedad, nadie quiere decirle cuánto debería pagar o cómo regularizar la situación. “Es para que vivas en el aire, no sabés cuándo te va a caer un empresario y te va a decir ‘esta es mi tierra’. Yo le voy a decir que vivo acá pero no tengo los papeles. Acá las tierras se venden con los productores adentro”. 
Mariela tiene cabras y vende queso y dulce de leche. Su hijo estudia en el pueblo y ella espera poder inculcarle su amor por el monte para que él siga con su legado. Si bien él la ayuda los fines de semana, cada vez es más difícil. Más allá de su incertidumbre legal, falta el agua y hace más calor. Incluso, el año pasado, los perros desbocados de un vecino, le mataron 50 cabras. Perdió gran parte de la producción y nadie le repone eso.
“A pesar de todo, siempre tenemos esperanza. Si este año me fue mal, el que viene me van a nacer más cabritos, va a parir una vaca. Siempre tengo esperanza de mejorar, de que a mi hijo le guste el campo y siga con esto”, cierra.

La problemática para las comunidades indígenas
Una mujer de la comunidad Pilagá en Formosa. Foto: Martín Katz/Greenpeace
En otro punto de Formosa, en el sembrado Tierra Nueva viven miembros de la comunidad indígena Pilagá. Además de la producción que surge de sus cultivos, viven de planes sociales que les da la provincia y de la venta de artesanías que hacen con hojas de los árboles del monte.
La vida que llevan es sumamente humilde, con casas de adobe y chapa y animales flaquísimos que levantan el polvo de la tierra seca cuando corren. El agua es un problema: cuando no llueve, no tienen para tomar. Acá no hay gas o agua.
Y a medida que avanza el desmonte, se van perdiendo corredores verdes que conectaban a las distintas comunidades.
Una de las referentes de la comunidad es Noolé Palomo. En las elecciones del pasado 29 de junio formó parte de la elección como candidata a constituyente. El eterno gobierno de Gildo Insfrán busca reformar la Constitución y eso podría garantizarle otra reelección.
La lucha de Noolé es porque en ese revoleo, no se toque el artículo 79 que es el único que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la provincia. Si eso se pierde, podrían quedar aún más expuestos a las ambiciones económicas.
Noolé quiere que las comunidades indígenas del lugar -pilagá, nivaclé, wichi y qom- que reúnen a 700 personas puedan vivir dignamente en las tierras en las que nacieron, preservando el monte y sus tradiciones.
Cuando se desmonta no solo se barre con el bosque, sino también con la identidad de las comunidades.
“Para nosotros el monte es alimentación, es el resguardo. El aborigen nunca abusó de la caza, se caza para comer. Creemos que cada especie tiene un protector y hay que respetarlo. No hay que cazar indiscriminadamente, hay que respetar a la naturaleza”, explica Noolé mientras camina por la sombra necesaria que dan los árboles.
“Cada árbol tiene una historia y tiene vida, nos da sus semillas y sus frutos. Pero además previene el cambio climático. Ahora se habla mucho del cambio climático, pero no se hace nada para evitarlo. Queda como un título. El cambio climático lo produce el hombre, con sus manos, con la topadora, con su ambición. Pero nosotros vamos a volver a esa misma naturaleza, a abonar esa tierra, por eso hay que cuidarla”. 
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El 27% de los bosques nativos se preservan gracias a proyectos particulares

Fecha de Publicación: 07/07/2025
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


En la provincia, casi un tercio de estos ecosistemas forestales se preserva gracias a la acción desarrollada por particulares.
Tras 2 años de espera, mañana se llevará a cabo una actividad en pos del cuidado del medio ambiente. Se trata de la entrega de fondos nacionales para financiar los proyectos de preservación de bosques nativos en la provincia. Gustavo Mercado, al frente de la Dirección de Bosques Nativos, dijo que son $160 millones los que se distribuirán entre 26 beneficiarios de diferentes departamentos. También agregó que casi un tercio de la superficie de estos ecosistemas forestales en San Juan se preserva gracias a la acción de particulares. Con la entrega de fondos quedará abierta la convocatoria para la presentación de nuevos proyectos.
El Programa Provincial de Bosques Nativos de San Juan, que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y establecido por la Ley Provincial Nro 1.094-L, busca proteger, manejar y restaurar los bosques nativos de la provincia y que, alineada con la Ley Nacional Nro 26.331, se enfoca en la conservación de estos ecosistemas forestales y el manejo sostenible de los recursos, garantizando la preservación para las futuras generaciones. Y, para ello, cuenta con la ayuda de Nación para financiar tanto los proyectos nuevos de preservación como la continuidad de los existentes. Estos fondos llegan a San Juan todos los años, sin embargo los últimos llegaron en el 2022 por irregularidades.
‘Estos fondos que se distribuirán mañana fueron aprobados por el Concejo Federal de Medio Ambiente en el 2023 para financiamiento de los proyectos que fueron aprobados, pero no fueron enviados. Fue porque la gestión anterior no cumplió con la rendición de la fiscalización de los proyectos financiados anteriormente. Cuando asumimos, hicimos un fuerte trabajo de fiscalización y control de los proyectos en marcha para ponernos al día con las rendiciones adeudadas’, dijo Gustavo Mercado.
El funcionario agregó que una vez que se logró regularizar la situación, se volvió a convocar la presentación de proyectos de conservación de bosque nativos. La convocatoria se extendió desde diciembre del 2024 a enero de 2025, y luego comenzó la evaluación de cada propuesta para determinar su viabilidad. Se aprobaron 26 proyectos y Nación destinó $160 millones para su concreción.
De estos 26 proyectos, 4 son nuevos (2 corresponden a Valle Fértil y 2 a 25 de Mayo) y el resto ya estaban en desarrollo y lo que se financia es su continuidad. Con este total se logró preservar casi un tercio de los bosques nativos en San Juan. ‘La provincia tiene 1.578.178 hectáreas de bosques nativos, y 417.676 hectáreas están preservadas gracias a estos proyectos particulares, es decir un 27% del total. Esto demuestra el compromiso de la gente por cuidar el medioambiente’, dijo Mercado.
De los 26 proyectos de preservación actuales, 19 corresponden a Valle Fértil, 4 a 25 de Mayo, 1 a Caucete, 1 a Jáchal y 1 a Calingasta. La mayoría incluye el desarrollo de actividades económicas como ecoturismo, ganadería y otras compatibles con la conservación de los ecosistemas forestales. ‘Queremos incentivar que más propietarios de hectáreas de bosques nativos presenten un proyecto de preservación para seguir ampliando la superficie preservada. Es por eso que mañana, tras la entrega de los fondos, se abrirá la convocatoria para nuevas propuestas para generar actividades económicas sustentables en estos territorios protegidos’, dijo Mercado.
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En Misiones, el desmonte no para: En 30 años se perdieron cerca de 130 mil hectáreas de bosque nativo, dentro del Corredor Verde de esa provincia

Fecha de Publicación: 27/06/2025
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Misiones


El Bosque Atlántico, que se extiende por Brasil, Paraguay y Argentina, es uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Dentro de el, la ecorregión conocida como Selva Paranaense –ubicada en la provincia de Misiones- alberga a gran parte de las especies nativas del país. Aún así, es una de las zonas más amenazadas por el desmonte.
En un intento por protegerla, en el año 2000 se creó el Corredor Verde Misionero, con el objetivo de conservar y conectar a las principales áreas protegidas de esa provincia. Sin embargo, ahora un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) mostró que entre 1990 y 2020 se deforestaron allí casi 130 mil hectáreas de bosques nativos, lo que representa un 13% del área original de ese corredor.
“Se estima que el Bosque Atlántico cuenta con menos del 10% de su cobertura original, y su remanente principal en la Argentina está en la Selva Paranaense de Misiones. Esta ecorregión contiene más de la mitad de las especies del país y brinda servicios ecosistémicos claves como regular el ciclo hidrológico, almacenar carbono o proveer alimentos y otros medios de vida para las comunidades locales”, explicó Luis Sangel Polo Perdomo, egresado de la Escuela para Graduados de FAUBA, al medio Sobre la Tierra.
La tesis de especialización de Perdomo se enfoco en la deforestación y fragmentación de los bosques nativos, utilizando imágenes satelitales y teledetección, entre otras herramientas.
“Cuando se combinan el desmonte con la fragmentación, se genera un paisaje más hostil para la biodiversidad y la dinámica de los ecosistemas”, dijo el egresado.
Y detalló a continuación: “La superficie de bosque que quedó se dividió en fragmentos más pequeños y aislados. El tamaño promedio de cada parche pasó de 285 a 215 hectáreas. El número de parches se duplicó y la distancia entre ellos aumentó de 94 a 246 metros. Se perjudica la migración de especies y la dispersión de semillas, y facilita la entrada de especies invasoras, entre otros efectos negativos”.
Si bien en Argentina existe desde 2007 el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que definió zonas de conservación (en rojo aquellas en las que no se puede intervenir, en amarillo las que se pueden aprovechar en forma sostenible, y en verde las que se pueden transformar), la herramienta no logró un impacto duradero en el tiempo.
“Logró un impacto positivo pero no constante. Misiones armó su ordenamiento en 2010. Entre 2010 y 2015 se dio la tasa de desmonte más baja de los 30 años que analicé. Sin embargo, después del 2015 se disparó la tasa y volvió a valores previos al ordenamiento”, resaltó Polo Perdomo.
De acuerdo con el análisis realizado, la fragmentación se mantuvo baja en la categoría roja, aumentó en la amarilla y fue crítica en la verde.
“Por sí solo, el ordenamiento territorial no garantiza la conservación de los bosques. Es necesario complementarlo con restauración, monitoreo y gestión participativa”, sostuvo el investigador.
El trabajo también permitió identificar la zona donde el proceso de trasformación fue más intenso. Se trata del departamento de San Pedro, entre las localidades de Dos Hermanas y Pozo Azul, a ambos lados de la ruta provincial que conduce a El Dorado.
“Busqué aportar a la discusión la necesidad de una gobernanza territorial que, además de regular el uso del bosque, también promueva de forma activa la restauración y la conexión ecológica. Es un tema muy complejo. Hay muchos actores e intereses involucrados. Espero que se le dé la importancia que se merece y que logremos implementar sistemas de producción más sostenibles”, concluyó Perdomo.
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La Justicia emplazó al gobierno rionegrino para que cumpla con el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 17/06/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El STJ le otorgó 30 días para resolver el tema, al acoger una acción de mandamus presentada por dos ongs. El atraso para ejecutar lo establecido en la ley ya superó los 10 años. 
El Superior Tribunal de Justicia consideró injustificado el atraso de varios años que acumula el gobierno de Río Negro en definir y aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y le otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentar “un plan de trabajo que detalle las tareas a realizar y la duración que insumirá la ejecución de las distintas etapas del cronograma” para cumplir con esa obligación.
El STJ falló en esos términos al dar curso a un mandamus presentado por la Asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, de Bariloche, que accionaron después de topar una y otra vez con el rechazo o las dilaciones de la Subsecretaría de Recursos Forestales cuando intentaron lo mismo por vía administrativa.
La tarea sin hacer que arrastra la provincia desde hace más de una década consiste en relevar y clasificar las áreas con presencia de bosque nativo dentro de su territorio y elaborar un mapa con los colores rojo, amarillo y verde, que la ley nacional estableció como regla para regular las actividades permitidas y el estátus de protección que corresponda en cada caso.
La normativa nacional que Río Negro adoptó como propia a través de la ley 4.552 impone la realización de un mapa inicial (elaborado en 2010) y luego revisiones quinquenales, que nunca se efectuaron. Ese incumplimiento generó repetidas quejas especialmente en la zona cordillerana, donde hay valiosas superficies cubiertas de vegetación nativa expuestas al desmonte indiscriminado.

Ritmo de trabajo
El Superior Tribunal ordenó a la provincia que cumpla en el plazo fijado con las tareas que le encomienda la ley y que “deberán acotarse a la mínima expresión de tiempo y mayor ritmo de trabajo posible”.
La falta de un mapa actualizado, según las organizaciones que recurrieron a la Justicia, fue aprovechada en Bariloche y la región para avanzar con emprendimientos inmobiliarios que afectan al bosque, que consiguieron permisos del municipio, y que no hubieran prosperado de existir un mapa protector actualizado.
Luego de conocer el fallo, aclararon que ahora “tanto la subsecretaría de Recursos Forestales como las autoridades municipales deben abstenerse de dar nuevas autorizaciones de apeos o desmontes hasta tanto el mapa de bosques sea actualizado y aprobado por la Legislatura”.
El descargo de la Fiscalía de Estado provincial (que no convenció a los jueces) había negado la existencia de «rehusamiento” de parte del gobierno a cumplir con la ley y a brindar los informes requeridos, “ni mucho menos una afectación de derechos de la ciudadania”. La sentencia tampoco atendió el dictamen del procurador Jorge Crespo, quien propuso rechazar el mandamus por considerarlo “improcedente”.

El pacto de Escazú
Al impugnar la conducta seguida hasta ahora por el Ejecutivo provincial, el fallo observó que “no logra vislumbrarse un impedimento concreto para la revisión” del ordenamiento de bosques como lo exige la ley 4.552. Al desacreditar cualquier razón para la demora subrayó también que esa ley provincial “no fue modificada ni reemplazada por una nueva norma”.
En otra novedad que fue destacada por los demandantes, el máximo tribunal consideró aplicable la regla establecida por el acuerdo de Escazú (un convenio internacional incorporado por ley y que tiene rango constitucional) según el cual rige para los temas ambientales “la carga dinámica de la prueba”.
Es decir que la obligación de probar la eventual inexistencia de daños en el ambiente corresponde a la autoridad competente, en este caso la subsecretaría de Recursos Forestales. Y no al revés.
Los denunciantes destacaron que entre los fundamentos del fallo se indica que la falta de actualización del mapa de bosques por más de diez años configura un “rehusamiento notorio del deber legal”. Y que la provincia no acreditó las razones concretas de ese atraso.
Según el STJ, la urgencia por resolver el tema y el plazo acotado que otorga el fallo se funda en que “la omisión de actualización de dicho instrumento normativo (por el ordenamiento de bosques) es susceptible de afectar negativamente los objetivos fijados por la legislación protectoria”, a la que definió como “una herramienta para la conservación de los ecosistemas forestales naturales”.
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Argentina le reclamó a la Unión Europea por la calificación sobre deforestación

Fecha de Publicación: 03/06/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno le pidió al bloque del Viejo Continente que se vuelva a catalogar al país con “riesgo bajo” luego de ser removido a “estándar”. 
Argentina le reclamó de manera formal a la Unión Europea (UE) por la calificación unilateral sobre deforestación, lo cual despertó las críticas del sector agroindustrial.
El pasado 22 de mayo, la Comisión Europea (CE), en el marco de su Reglamento de Deforestación (2023/1115) calificó a la Argentina como país de riesgo “estándar” de deforestación.
La Secretaría de Agricultura y la Cancillería comunicaron su rechazo formal a la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, solicitándole que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole “riesgo bajo” de deforestación. 
Asimismo, se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación.
“El gobierno argentino manifesta su rechazo a esta decisión injustificada porque considera que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del mencionado Reglamento, la Argentina debe ser considerada un país de riesgo bajo”, según comunicó este viernes la secretaría de Agricultura.
En un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han trabajado “en forma conjunta y constructiva” con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros del viejo continente y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del reglamento.
En adición, el gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal (los tres principales sectores de la Argentina afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de “riesgo bajo”, según informaron oficialmente.
“En cuanto a la evaluación, también llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, anunciado el 6 de diciembre de 2024, no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país”, describieron desde la cartera agropecuaria.
Finalmente, la Argentina reiteró que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa “una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio”, argumentaron.
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La Unión Europea ubica a la Argentina en riesgo medio por deforestación y el agro rechaza la medida

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Bruselas aplicará nuevas exigencias de trazabilidad ambiental desde 2026. El campo argentino advierte que se trata de una decisión sin fundamentos técnicos con impacto comercial.
La Comisión Europea de la Unión Europea definió a la Argentina como un país de “riesgo estándar” en materia de deforestación. Esta decisión forma parte del nuevo reglamento ambiental del bloque, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, los productos agropecuarios que quieran ingresar al mercado europeo deberán estar acompañados de certificaciones que aseguren que no provienen de zonas deforestadas después de 2020.
Este nuevo sistema de trazabilidad ambiental alcanza directamente a sectores como la soja y la carne bovina, dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera inquietud, ya que impone condiciones más exigentes que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, todos considerados de riesgo bajo.

El sector agroindustrial cuestiona el criterio aplicado por Bruselas
El malestar no tardó en hacerse oír. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) señalaron que la clasificación no responde a datos verificables, sino que parece estar motivada por decisiones políticas. En diálogo con Ámbito, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, aseguró que “la decisión de la Comisión Europea de poner a la Argentina en la categoría de riesgo estándar claramente no está basada en un fundamento técnico. El gobierno argentino ya había remitido un informe a la Comisión Europea donde demostraba que Argentina tendría que ir a riesgo bajo. Lamentablemente no han tenido en cuenta dicho informe y han tomado decisiones de característica política para poner a Estados Unidos y a China en la categoría de riesgo bajo, y a todos los países del Mercosur —con excepción de Uruguay— en riesgo estándar.”
Desde CIARA también recordaron que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años, y que la deforestación asociada a la producción de soja y carne es marginal. De hecho, el país cuenta con un sistema de trazabilidad robusto: Visec, desarrollado en el ámbito privado, permite seguir el origen de cada producto agropecuario desde su lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por una delegación europea, que reconoció su eficacia.
 La trazabilidad será clave para sostener las exportaciones
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, con información georreferenciada, que los productos no provienen de áreas deforestadas luego de 2020. Deberán también cumplir con las normativas legales locales y contar con documentación que pueda ser verificada por las autoridades del bloque.
En el sector agroexportador hay preocupación por los mayores costos operativos, la burocracia adicional y los tiempos de aprobación que este nuevo esquema puede imponer. En un mercado tan competitivo como el europeo, el solo hecho de no estar en la categoría de bajo riesgo ya puede suponer una barrera indirecta.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya manifestó su desacuerdo ante la Comisión Europea y solicitó una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que ya se están implementando en el país.

El debate de fondo: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá del cumplimiento ambiental, la medida europea reaviva una discusión de fondo. El campo argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo el pretexto de proteger los bosques, podría convertirse en una nueva forma de barrera para-arancelaria. En este marco, el concepto de soberanía productiva se pone en juego, especialmente cuando las decisiones se aplican de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas ubica a más de 60 países en la misma categoría que la Argentina, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y México. Solo unos pocos fueron catalogados como de alto riesgo, como Rusia y Corea del Norte, donde el criterio ambiental se entremezcla con consideraciones políticas.
Mientras tanto, el agro argentino insiste en que está dispuesto a cumplir con los más altos estándares ambientales, pero exige una evaluación justa, técnica y basada en la evidencia, que contemple los avances concretos que ya se realizaron en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
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Denuncian ante la justicia la trama oculta detrás de «la mafia del desmonte» en Chaco

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Una investigación de la Asociación de Abogados Ambientalistas que incluyó cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar” en Chaco. Un entramado de alcance nacional con beneficiarios con nombre y apellido, así como funcionarios que colaboraron en su realización.
Una grave denuncia fue radicada este jueves en la Justicia federal. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó como prueba un informe interdisciplinario que revela la existencia de un sistema mafioso que desmonta ilegalmente el monte chaqueño argentino.
La causa FRE 3086/2024, conocida como «la Mafia del Desmonte en Chaco» y que se encuentra bajo estudio de la jueza federal Zunilda Niremperger con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini, recibió un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas por el equipo que construye un mapa y detalla con nombres y fechas, cómo funciona el entramado de corrupción en relación al desmonte ilegal.
Según publicó la Asociación en su comunicado, solicitó además nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.

Un mapa de la mafia del desmonte chaqueño
En el comunicado, la Asociación explica que tras haber realizado cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, el informe denunciado ante la Justicia “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar”.
De esta manera –sostienen– lejos de ser denuncias aisladas, conforman un sistema del cual surgen nombres y apellidos en cada eslabón de la cadena: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se entrecruzaban.
Asimismo, aclararon que el entramado no se limita a la provincia de Chaco sino que “la acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada”.
La Asociación acusa al actual senador nacional Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, de haber garantizado al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes: “a cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”.
A su vez, la investigación aseguró que “el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal”.
En este sentido, detallaron que en 2012, Bergia impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica: “y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el aprovechamiento de productos abatidos”.

Complicidad gubernamental y empresarial
Acorde al informe presentado, entre 2011 y 2021 la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte.
El informe no escatima en señalar cuáles fueron las empresas más beneficiadas por el demonte ilegal: “el caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido”.

Qué empresas fueron beneficiadas
- MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
- CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
- TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
- Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
- Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.

Connivencia del ex Ministro de la Producción
La Asociación denunció que el ex ministro de Producción de Chaco, Hernan Halavacs, gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
“Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín”, detallaron.
Entre los eslabones gubernamentales que colaboraron con «la Mafia del Desmonte», la Asociación también señaló a los directores provinciales Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino: “de un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino”.

Permisos truchos
Según la Asociación, se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de «recategorización predial». Según comunicaron, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. “Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A”, detallaron.

Las “autorizaciones especiales”
La Asociación señaló que uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales” ya que es central en la investigación penal federal.
“Refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de legalidad, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía”, aseveraron.

La asignación del Fondo Nacional de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado con el objetivo de compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
Según denunció la Asociación, la Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario: el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales.
“La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas –subrayaron–. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley”.
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Detectan desmontes ilegales mediante fotos satelitales

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero


Con el firme objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental, fiscalizadores de la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero realizaron una serie de inspecciones en distintos predios del departamento Taboada, tras detectar indicios de actividad ilícita a través del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT), una herramienta satelital que permite monitorear en tiempo real los cambios en la cobertura forestal.
Las actuaciones se enmarcan en la aplicación de las Leyes Provinciales N° 6.841 y N° 6.942, que regulan el uso del suelo, el manejo sostenible del monte nativo y las sanciones por intervenciones no autorizadas. Según informaron fuentes del organismo, las imágenes satelitales pusieron en evidencia movimientos sospechosos en diversas parcelas rurales, lo que motivó un operativo de control en territorio.
En una primera intervención, los agentes se dirigieron al inmueble identificado como 13-13-B, donde pudieron constatar un desmonte total. El material vegetativo extraído aún permanecía en el lugar, lo que facilitó la verificación de los hechos.
Cabe destacar que este predio ya tenía un expediente administrativo abierto, con una infracción en curso por haber llevado a cabo tareas de desarbustado sin la debida autorización de la autoridad competente.
Posteriormente, los fiscalizadores visitaron otro campo donde se realiza extracción de leña con destino a la producción de carbón.
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La mafia del desmonte avanza con la complicidad de los diputados en Chaco

Fecha de Publicación: 10/05/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Chaco


La legislatura chaqueña sancionó una ley que eleva las multas para quienes deforesten, pero la organización socioambiental Somos Monte denuncia que es una medida funcional al extractivismo. Afirma que la norma es contraria a la Ley Nacional de Bosques y asegura que solo busca legalizar la venta de madera ilegal. "Los partidos políticos han profundizado este modelo que destruye la vida", remarcan.
En una sesión extraordinaria convocada de urgencia por los legisladores que responden al gobernador Leandro Zdero, la Cámara de Diputados de Chaco sancionó la Ley 1861/24. Una norma en consonancia con los intereses de quienes se benefician de la extracción ilegal de la madera del monte nativo.
Los diputados chaqueños insisten en desconocer la opinión de la ciudadanía y prefieren omitir todo lo planteado en la Comisión de Ambiente pocos días antes de la votación, cuando expresamos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de los desmontes, y que la restauración de bosques tiene que ser con especies nativas y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.

Los votos de los diputados a favor del desmonte
La sesión extraordinaria fue convocada por legisladores del interbloque oficialista de Juntos Por el Cambio, con las firmas de los radicales Carim Peche, Doris Arkwrigth y Francisco Romero Castelán, y Maida With, Rodrigo Pavón, Sebastián Lazzarini, Zunilda Galeano e Iván Nicolás Gyoker. Estos ocho legisladores de un bloque de 15, con la única ausencia de Andrea Canteros, fueron quienes votaron a favor de la norma junto a su impulsor: el diputado Juan José Bergia, del unibloque Nuevo Espacio de Participación.
Bergia en el legislador denunciado en la causa de la “Mafia del Desmonte”, presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y por la cual el Poder Judicial chaqueño ordenó el freno a los desmontes en agosto de 2024 y, en febrero, extendió la prórroga hasta septiembre.
Bergia está señalado como responsable del manejo de la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera. Según la denuncia, el legislador junto al intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Desarrollo Forestal Luciano Olivares, malversó los llamados "fondos verdes" para el clima otorgados por Naciones Unidas.
Además, el legislador mantiene un vínculo estrecho con Roberto Nardelli, empresario responsable de gran cantidad de desmontes ilegales y también denunciado en la Justicia Federal. De hecho, la Fiscalía Federal solicitó la detención de Nardelli en marzo pasado por incumplir la orden de freno a los desmontes. Bergia, junto al interbloque de Juntos por el Cambio, planearon el desenlace de la absurda y escandalosa sesión del 23 de abril pasado.
Para sumar los 16 votos que aprobaron la normativa se sumó el de Juan Carlos Ayala, integrantes del bloque peronista. Y existió el aval de la mayoría del bloque justicialista, que decidió ausentarse de la sesión, como también lo hicieron los unibloques de Darío Bacilleff Ivanoff (Frente Integrador), Teresa Mónica Cubells (Frente Grande), Elba Ojeda y Andrea Charole (Corrientes de Expresión Renovada).
Las ausencias premeditadas de casi todo el bloque “opositor” lograron consumar nuevamente el pacto ecocida y corrupto de la política partidaria. Las únicos cuatro votos en contra fueron de los justicialistas Paola Benítez, Rubén Guillón y Rodrigo Ocampo, y de Rodolfo Schawartz (Partido del Trabajo y del Pueblo).
La ley fue votada bajo el nombre de “Incremento de multas por desmonte y régimen de restauración de bosques nativos”, pero los diputados que la aprobaron insistieron en desconocer el rechazo de la ciudadanía, que fue expresada en la Comisión de Ambiente el día 4 de abril, tres semanas antes de la aprobación de la norma.
Desde Somos Monte expresamos en esa audiencia los argumentos para oponernos al incremento de multas por desmonte —diez veces el valor de base de la hectárea afectada sin permiso— y el nuevo régimen de restauración, porque legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes.
En aquella audiencia en la Comisión de Ambiente dijimos que los desmontes deberían ser considerados un delito penal, que aumentar las multas solo aportaría a blanquear y legalizar la ilegalidad de la deforestación y que la restauración, además de ser difícil y sumamente necesaria, tiene que ser con especies nativas (no con pinos y eucaliptos) y siguiendo protocolos preestablecidos que exceden a los ingenieros forestales.
Dejamos claro que esta ley promueve más extractivismo y da continuidad a los desastrosos manejos jurídico-políticos que los gobiernos de todos los signos políticos vienen ejerciendo sobre el monte nativo. A pesar de aquello, la sesión de fines de abril fue un programa de chimentos, donde un legislador intimidó en forma amenazante a ciudadanos tildándolos de “opositores” y calificando de “ambientalistas”, en forma peyorativa, a todo aquel que se oponga al desmonte.

La legislación y el Poder Judicial frente a la política de desmonte en Chaco
Los legisladores chaqueños desconocieron que el Superior Tribunal de Justicia ha llamado a la población como “amigos del tribunal” (amicus curiae) al hacer lugar a una acción de inconstitucionalidad por las irregularidades que implicó la última actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada por la misma Legislatura en noviembre pasado. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos y el Parlamento de las Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco; y Somos Monte se presentó como “amicus”.
La convocatoria del máximo tribunal del Chaco, que responde a una solicitud presentada por Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN), cerró a principios de abril y ahora se espera que se convoque a una audiencia para enriquecer los argumentos de la demanda contra el gobierno provincial. El Superior Tribunal de Justicia, con los votos en disidencia de los magistrados Néstor Enrique Varela y Alberto Mario Modi, reconoció que la acción contra el OTBN está enmarcada el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y la Ley General del Ambiente, que fomenta la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
El tratamiento de la la Ley 1861/24 también fue fraudulento e ilegítimo, porque no existió consulta previa a organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas ni a la ciudadanía en general, como marcan el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Además, ¿nosotros y nosotras solos sabemos que la obligación de restituir y regenerar el monte ya está establecida como acción en la Ley Nacional Ley 26.331 y no se la puede atribuir ningún diputado provincial?
Los diputados y diputadas con mayor cercanía a los empresarios madereros que desmontan ilegalmente fueron los más interesados en “resolver” rápidamente la cuestión bajo la excusa de incrementar multas, pero sabemos que nada de lo que dice la ley se cumple y conocemos perfectamente la realidad de los montes chaqueños, que hace años vienen siendo agredidos y no se regeneran.
Como ejemplo, y para dar cuenta de que es un problema de larga data, se puede citar el caso denunciado por Greenpeace en el informe Desmontes S.A. En febrero de 2011, mediante imágenes satelitales, la Dirección de Bosques de Chaco detectó que la finca El Shakinah, propiedad del empresario agropecuario Juan Francisco Paganini, desmontó ilegalmente 383 hectáreas; y volvió a a a hacerlo sobre otras 63 hectáreas en septiembre del mismo año.
Paganini argumentó que el permiso "se demora demasiado y dan muchas vueltas para ser aprobados los proyectos y se necesita sembrar las pasturas para los animales". El campo del empresario estaba sobre una zona catalogada en Categoría II, color amarillo, que significa "zona degrada sujeta a restauración". El gobierno chaqueño lo multó recién en junio de 2012, cuando Greenpeace hizo publica la violación a la Ley de Bosques, y solo por las últimas 63 hectáreas. Luego de la multa, Paganini volvió a deforestar 600 hectáreas.

Si el desmonte es ilegal la madera es ilegal
Los daños y las consecuencias directas de los desmontes son permanentes y cada vez más visibles en la afectación a la calidad de vida de la población chaqueña. En definitiva, la madera termina subsidiando el desmonte ilegal. Si el desmonte es ilegal, la madera es ilegal.
Nuestra lucha en defensa de los montes y de quienes lo habitamos no tiene partido político que la represente ni formamos parte del juego proselitista, ya que históricamente los diferentes gobiernos de turno han contribuido a la profundización del extractivismo, al despojo y desalojo de comunidades indígenas y campesinas de territorios ancestrales, reduciendo al mínimo toda posibilidad de sustento para la vida.
Cada partido, con sus matices y formas, ha profundizado este modelo de muerte porque en el fondo son defensores y promotores del modo de producción capitalista que, históricamente, está destruyendo la vida en el mundo.
No nos oponemos al “desarrollo” ni al “progreso” como ideas abstractas. Lo que sucede es que la ley aprobada, muy lejos de propiciarlos, nos sumerge aún más en la pobreza y, claramente, fortalece el corrupto sistema legislativo provincial, como el Poder Judicial viene investigando a partir de la causa de la “Mafia del Desmonte”. Si el desarrollo y el progreso no van de la mano con la sustentabilidad del monte y de quienes lo habitan, no es desarrollo y no es progreso.
Hay que tomar conciencia de que somos parte de un mundo que está siendo saqueado y despojado en beneficio de unos pocos. Esta situación nos invita a proponer acciones para transformar esta realidad, comenzando por la revisión democrática y crítica sobre lo significa el “desarrollo de actividades productivas” y su relación directa con el acceso a condiciones socio-territoriales para una vida digna.


Organización socioambiental de Chaco
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