Presupuesto 2026: el Gobierno asignó el número más bajo de la historia para la protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Vida Silvestre Argentina alertó que el proyecto enviado al Congreso adjudica apenas el 3,5% de lo previsto por la Ley 26.331. Con ese nivel de recursos, advierten, las provincias no podrán fiscalizar ni restaurar áreas degradadas y la deforestación continuará avanzando.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 contempla el financiamiento más bajo desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007. 
Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, la propuesta del Poder Ejecutivo destina apenas el 3,5% de los fondos que establece la norma, una reducción que representa el desfinanciamiento más grave en casi dos décadas de implementación.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos estableció que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. 
Para 2026, ese monto equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto oficial prevé solo $15.843 millones, a los que se suman $1624 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
“La Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

El impacto del desfinanciamiento
Los especialistas advierten que la falta de fondos limita la capacidad de las provincias para fiscalizar y controlar desmontes ilegales, al tiempo que desalienta a los propietarios a conservar y restaurar sus tierras.
En paralelo, la deforestación continúa avanzando en zonas donde está expresamente prohibida, producto de la expansión agropecuaria, forestal, urbanística y vial.
Las áreas incendiadas o degradadas tampoco están siendo restauradas como indica la normativa. A esto se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta clave que permitiría articular sanciones y políticas públicas para desincentivar las violaciones a la ley.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente”, agregó Jaramillo.
“Excepto en los inicios de la Ley, el presupuesto nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, sostuvo el experto en ambiente.
Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad: cumplen funciones esenciales para la sociedad y la economía. Contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, sirven como hábitat para miles de especies y sostienen a comunidades locales.
Además, proveen alimentos, agua potable, medicinas y materias primas, y ayudan a prevenir fenómenos extremos como inundaciones y erosión.
Su pérdida, advierten los especialistas, implica consecuencias sociales, económicas y ambientales muchas veces irreversibles. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación”, enfatizó Jaramillo.
El desfinanciamiento de la Ley de Bosques también pone en riesgo compromisos internacionales asumidos por la Argentina. El país se propuso alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y reducir la deforestación, en línea con el Acuerdo de París de 2015 y el Convenio de Diversidad Biológica.
“Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia”, concluyó el director de Vida Silvestre.
El proyecto de presupuesto será debatido en el Congreso en las próximas semanas. Desde las organizaciones ambientales advierten que el resultado de esa discusión será determinante para el futuro de la Ley de Bosques y para la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
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Amparo ambiental por la tala del último monte de chañar del departamento Colón

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Portal EraVerde
Provincia/Región: Entre Ríos


El pasado 23 de diciembre de 2023, ERA Verde dio cuenta de la denuncia por un desmonte ilegal de un campo ubicado sobre la ruta nacional Nº 14, a la altura del puente sobre el arroyo Perucho Verna. El accionar desaprensivo se produjo por el nuevo dueño del lote con el fin de instalar una cantera de piedras, según trascendió. Pero el lugar donde arrasó con la vegetación y se realizó un importante movimiento de suelo se encuentra dentro de un área natural protegida provincial. Esto derivó en una presentación en la Justicia por la Asociación Arroyo Perucho Salvaje, de San José. A raíz de este pedido, el juez de Paz Facundo Ramat, dictó una “medida precautelar” para evitar que se altere el territorio intervenido, ordenando cesar la “destrucción de la flora y la fauna en dicho terreno”.
Este 23 de septiembre, el juez de Paz interino de San José, Facundo Manuel Ramat, resolvió disponer que el Francisco Rossier, propietario del campo donde se denunció la tala y nivelación de un terreno ubicado dentro del área natural provincial Arroyo Perucho Verna “deberá retirar o disponer el retiro de la totalidad de implementos, maquinarias y herramientas existentes en el lugar”. Esta directiva forma parte de la precautelar dictada en el marco de la solicitud de amparo ambiental interpuesto por la Asociación Civil Arroyo Peruho Salvaje, que preside Gustavo Velzi.
El magistrado también mandó que “se abstenga de adoptar cualquier decisión, acto y/o comportamiento que implique alterar la situación fáctico jurídica del territorio”, así como quedó “prohibido ejercer actos de turbación o ocupación del mismo”, se lee en la resolución a la que accedió ERA Verde. Además del cese de movimientos de sueldo y “destrucción de la flor y fauna”, se requirió a la autoridad policial pueda asegurar la medida, por lo que se le dio intervención a la comisaría de San José, hasta tanto se resuelva el fondo.
De acuerdo a lo relevado por la organización ambiental, en ese terreno a la altura del Puente del Barrio Perucho Verna se han destruido parte del bosque y especies nativas entre las cuales se encuentran “los últimos árboles de chañar que fueron arrancados en diciembre del año 2023, al igual que quebrachos blancos, coronillos, existente en la parte más alta y en la parte baja”. Se trata de “un ecosistema alimentado por el humedal, de juncos y totoras, pajonal, sauces, entre otras. Este daño lo provocó este vecino de la ciudad de Villa Elisa”, comentó el letrado y titular de la entidad ecologista, Gustavo Velzi.
Se precisó a ERA Verde que el comprador de lugar, empresario dedicado a la extracción y comercialización de áridos, recientemente reingresó al sector y “arrasó con todo”, sin contemplar los cuidados que amerita siendo que se encuentra dentro de una reserva provincial por ley N ° 11.011, que crea el “Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de Usos Múltiples”. Asimismo, realizó los trabajos sin ningún tipo de autorización municipal, ni provincial, se precisó.
El lugar donde se pretende poner una cantera de lavado de piedras se ubica en el lado oeste de la Autovía Gervasio Artigas, antes del puente que cruza el arroyo Perucho Salvaje, jurisdicción de la ciudad de San José, departamento Colón.
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Ambiente amenazado: cuatro iniciativas que se dedican a reforestar y restaurar los ecosistemas patagónicos

Fecha de Publicación: 13/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia


En Neuquén y Río Negro distintas organizaciones realizan plantaciones y promueven otros proyectos ecológicos y comunitarios
Durante los veranos de 2024 y 2025, los incendios forestales en la Patagonia arrasaron al menos 48.688 hectáreas de bosque nativo, según el último informe de Greenpeace. Al igual que el fuego, las especies exóticas invasoras, la contaminación y la deforestación avanzan y alteran los ciclos naturales del ecosistema. Frente a esta realidad, organizaciones comunitarias llevan adelante acciones de restauración ecológica activa.
En la región andino-patagónica, perduran poco más de tres millones de hectáreas de bosque nativo. Por eso, cada acción local se vuelve parte de una estrategia más amplia, en la que la educación ambiental se posiciona como una herramienta de cambio.

Plantar árboles milenarios para el futuro
La Asociación Amigos de la Patagonia (AAP) lleva más de 26 años trabajando en proyectos de restauración para “transformar el amor por la naturaleza en acciones concretas”, según Sebastián Homps, su director ejecutivo.
Una de sus iniciativas más destacadas es el Proyecto Pewen en el Parque Nacional Lanín, donde desde 2019 buscan restaurar la araucaria (Araucaria araucana). Homps explica que “el piñón [su semilla] es el más grande de la Patagonia y tiene una interacción enorme en la fauna”. Además, es una especie categorizada “en peligro“, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Con el tiempo, y con la guía de especialistas, se fueron ajustando las técnicas para aumentar la supervivencia de los plantines. “Las jornadas de plantación suelen realizarse en otoño o primavera, cuando en las zonas afectadas por el fuego ya crecieron arbustos del sotobosque que actúan como ‘nodrizas’”, agrega Homps. Estas plantas brindan sombra y protección frente al sol y los animales. Además, al plantar se cuida el ángulo de plantación para asegurar un mejor enraizamiento y resistencia.
Amigos de la Patagonia trabaja con distintos especialistas, científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, comunidades originarias, empresas y voluntarios. “Es un trabajo muy meticuloso y que requiere la participación de todos para su éxito”, insiste Homps. Según él, el objetivo es “ir más allá del discurso ambientalista y bajar los ideales a la tierra, literalmente plantando árboles, educando a nuevas generaciones y movilizando comunidades enteras por el cuidado del ambiente”.

Desde los barrios al bosque patagónico
Jóvenes por Bariloche comenzó su actividad en 2019, pero no fue hasta 2021 que se constituyó como una cooperativa sin fines de lucro. Hoy cuenta con 25 integrantes que trabajan en iniciativas de restauración ecológica, reciclaje, producción agroecológica y educación ambiental.
“Nuestro objetivo principal es crear comunidad y generar vínculos, sentir que tiramos todos para el mismo lado”, cuenta Jenifer Yohana Navarro, fundadora y presidenta de la organización. La cooperativa busca incidir en territorios con valor ecológico y social, como el Arroyo Ñireco, segunda fuente de agua más importante de Bariloche y en cuya desembocadura se acumula basura. En ese espacio se realizaron jornadas de plantación de especies nativas como ciprés, coihue, lenga y ñire, además de tareas de remoción de exóticas y limpieza de residuos.
En total, Jóvenes por Bariloche plantó más de 3000 árboles en plazas y bulevares, y otros 100 en el Barrio Ñireco. “El arroyo es un lugar de recreación para muchas familias de sectores marginados”, añade Navarro. A través de estas actividades, buscan integrar acción ambiental y formación comunitaria. Para ellos es clave “trabajar en conjunto con los vecinos: enseñarles a involucrarse para crear un espacio y aprender a cuidarlo; se les enseña a plantar, a compostar, a reciclar y todo lo necesario para mantenerlo”.
“Es necesario que nosotros, desde el territorio, generemos acciones, pero al mismo tiempo sepamos cómo y dónde buscar ayuda con los saberes”, señala. Por eso, la cooperativa mantiene vínculos con instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Conicet y la Red de Restauración Ecológica de Argentina (Reara), con quienes colaboran en capacitaciones, producción de plantines y diseño de estrategias de intervención.

Sembrar futuro en bosques incendiados
A través del programa PlantAndo Patagonia, la Asociación Civil Circuito Verde promueve jornadas de restauración ecológica activa en territorios afectados por incendios forestales, tanto en San Carlos de Bariloche como en El Bolsón.
Las jornadas no solo implican la intervención en el terreno, sino también tareas previas de planificación que llevan varios meses e involucran a los voluntarios permanentes del programa. En abril de 2025, por ejemplo, prepararon el suelo mediante tareas de remoción de rosa mosqueta y murra. Además, llevaron 1000 plantines de ciprés y coihue a un sitio afectado por el fuego. 
“Nosotros plantamos especies como una forma de ayudar a que el bosque vuelva con más fuerza, más rápido y con más diversidad”, afirmaron desde la asociación. Por eso, el trabajo de restauración se apoya en criterios técnicos y científicos, como la selección de especies. Priorizan plantar coihues, cipreses y lengas, que se reproducen exclusivamente por semilla (no rebrotan), así no dependen de la producción humana.
Sus acciones no solo apuntan a la recuperación ambiental, sino también al fortalecimiento de los vínculos entre las personas y su entorno: “Es para nosotros la única manera y creemos que lo más importante de todo lo que hacemos en pos de la restauración ecológica es restaurar nuestro vínculo con la naturaleza”, concluyen.

Arrancar pinos, sembrar conciencia
Red Pinos es una iniciativa autoconvocada que surgió a fines de 2021 en San Carlos de Bariloche. Comienza por la preocupación de investigadores, técnicos y ciudadanos ante la proliferación de especies exóticas invasoras, en particular los pinos. A nivel global, las especies invasoras están vinculadas al 16% de las extinciones registradas, según la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes, por sus siglas en inglés). Mario Juan Pastorino, miembro de la red y del INTA, explica: “Buscamos organizar a la sociedad no solo reclamando a las autoridades, sino también mediante la acción directa desde la ciudadanía organizada”.
Las intervenciones se enfocan en la remoción de renovales (bosque joven) y plantines en zonas invadidas, una tarea compleja que apunta a mitigar dos impactos principales: la pérdida de biodiversidad nativa y el aumento del riesgo de incendios forestales. En un sitio piloto, lograron extraer 10.000 plantines de pino en aproximadamente cinco hectáreas. También agregan cartelería en senderos de montaña para informar al visitante.
Los pinos (Pinus contorta, Pinus ponderosa y Pinus radiata) escapan de las plantaciones forestales originales, tienen una tasa de reproducción alta, no tienen enemigos naturales en la Patagonia y compiten directamente con las especies nativas. Por eso, desde Red Pinos sostienen que “arrancarlos es necesario y beneficioso”, aunque la idea resulte contraintuitiva.
Las jornadas abiertas a voluntarios de Red Pinos buscan generar conciencia y multiplicar el impacto a través de acciones simples. Según Pastorino, el trabajo colectivo funciona como una “semilla de difusión” para promover una actitud activa frente a uno de los desafíos ambientales más silenciosos y urgentes del bosque patagónico.
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Frenaron un desmonte ilegal de 50 hectáreas en el norte santafesino

Fecha de Publicación: 11/09/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Santa Fe


El Ministerio de Ambiente constató la deforestación de bosque nativo en el departamento 9 de Julio. Una empresa avanzó con obras industriales sin estudio de impacto ambiental.  
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe frenó un desmonte ilegal de casi 50 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación en el departamento 9 de Julio. La empresa responsable, Algoservicio S.A., había iniciado además la construcción de una planta algodonera sin contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Tras la constatación de la infracción, se dispuso la clausura del predio y la denuncia ante la Justicia.
El ministro Enrique Estévez sostuvo: “No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias”. 

Acciones judiciales y medidas cautelares
La Procuración General de la Corte Suprema provincial promovió una acción de amparo colectivo ambiental contra la empresa. En ese marco, el Juzgado de Distrito de Tostado ordenó la prohibición de toda intervención en el predio, ubicado en el distrito de Logroño, y exigió el retiro inmediato de maquinarias y materiales de construcción. 
La resolución también obliga a la firma a abstenerse de realizar nuevas acciones sobre el área, clasificada como Categoría I - Zona Roja por la Ley Provincial N.º 13.372 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que la convierte en una zona de máxima protección.

El valor de conservar los bosques nativos
Las autoridades recordaron que la Ley Nacional de Bosques (N.º 26.331) protege los ecosistemas más valiosos del país, y remarcaron que la conservación del bosque nativo no solo es un deber legal sino también productivo: permite proteger suelos, conservar agua, resguardar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.
“La protección del bosque nativo no es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen. En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”, concluyó Estévez. 
El rol del sistema de alerta temprana
El desmonte fue detectado a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que monitorea continuamente la pérdida de bosques nativos mediante imágenes satelitales y reportes quincenales. Esta herramienta permite a las provincias actuar de manera rápida y efectiva, además de brindar acceso público a la información para que la sociedad civil participe en la defensa de los ecosistemas.
El gobierno provincial reafirmó que el cuidado del ambiente y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para garantizar una producción que impulse el desarrollo humano sin hipotecar el futuro. 
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Desmontes en Chaco: organizaciones advierten por el incumplimiento de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/09/2025
Fuente: Organización FARN
Provincia/Región: Chaco


Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas señalaron que el veto parcial a la Ley 4157-R no resuelve los problemas estructurales de la política forestal chaqueña. Alertaron que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo.
Ante el reciente veto parcial del Poder Ejecutivo de Chaco a la Ley N° 4157-R, las organizaciones Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Aves Argentinas advierten que, si bien la supresión del artículo 45 bis impide consolidar un mecanismo de blanqueo de madera ilegal, la medida resulta claramente insuficiente y mantiene intactos los principales problemas estructurales de la política forestal provincial. 
El artículo finalmente vetado permitía la obtención de descuentos en las multas y el uso de la madera incautada en casos de deforestación ilegal, bajo la presentación de un ambiguo “contrato de restauración del daño”. Esta figura, carente de definición normativa, generaba graves riesgos jurídicos y ambientales.
Tal como advirtieron oportunamente las organizaciones al momento de su sanción, este mecanismo contradecía los principios y disposiciones de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, al consolidar incentivos perversos para continuar con el desmonte.
No obstante, el veto parcial no resuelve en absoluto los problemas estructurales que enfrenta la política forestal en Chaco. La madera proveniente de desmontes ilegales se sigue blanqueando mediante el otorgamiento de “autorizaciones especiales” que en 2024 representaron más de la mitad de la madera circulante legalmente en la provincia, instaurados por una interpretación laxa del artículo 53° de la Ley 2079-R, aún vigente pese a la reforma. Aún más, los infractores acceden a descuentos de hasta el 50% y planes de pagos en hasta 12 cuotas por imperio de los artículos 32° y 9° de la misma ley, también vigentes pese a la reforma. 
Adicionalmente, la provincia continúa operando con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) regresivo y acreditado solo parcialmente, según la Disposición 734/2025 de la autoridad nacional. Esta situación deja importantes áreas sin categorización ni protección efectiva, generando vacíos legales y operativos que comprometen la gestión sostenible del bosque. Si bien el polígono regresivo de mayor superficie fue observado por la Autoridad Nacional de Aplicación, se convalidó la regresión en cientos de miles de hectáreas por fuera de dicho polígono en el resto del OTBN. De hecho, recientemente, mediante la Resolución 668/2025, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la provincia ordenó que se dé curso a todas las solicitudes de permisos forestales en el marco de la implementación del OTBN, respetando la observación de la Autoridad Nacional de Aplicación y exceptuando a aquellas solicitudes de cambio de uso de suelo que estén comprendidas en la medida cautelar iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Por ello, las organizaciones firmantes reiteran la urgencia de completar la zonificación del OTBN chaqueño, bajo criterios participativos y de acuerdo con la Ley 26.331. 
Asimismo, insisten en que es necesario fortalecer un régimen sancionatorio realmente disuasivo, transparente y eficaz, que permita combatir el desmonte ilegal, rechazando que se haya avanzado en esta reforma sin un proceso de consulta amplio, abierto y con el rigor que la temática exige.
Finalmente, reafirman que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo. Solo con un enfoque robusto en materia legal y de política pública será posible revertir la acelerada pérdida de bosques nativos que afecta a la región chaqueña y al país.
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El quebracho colorado está cerca de desaparecer por culpa del desmonte y de la tala

Fecha de Publicación: 04/09/2025
Fuente: Portal Contexto
Provincia/Región: Chaco 


Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de especialistas de Greenpeace Argentina afirma que el quebracho colorado se encuentra seriamente amenazado en las provincias de Chacho, Formosa, Salta y Santiago del Estero, como consecuencia del desmonte y de la cada vez mayor tala indiscriminada por parte del hombre.
De hecho, según datos oficiales, se estima que solo entre los años 1998 y 2024 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7.000.000 de hectáreas, una superficie que equivale, por ejemplo, a la de Escocia.
Cabe recordar que esta especie es un árbol de gran porte, de crecimiento lento y de madera dura, de allí es que su nombre refiere a que ”quiebra hachas”. 
Además, tiene un alto valor para la conservación de los bosques del Gran Chaco Americano. Y, a  pesar de ser declarado “Árbol Forestal Nacional” en el año 1956, y de su enorme importancia ambiental, económica y social, la histórica sobreexplotación del quebracho colorado lo llevó a su estado actual de vulnerabilidad, por lo que, desde 1998 en la Argentina está categorizado como especie “En Peligro de Extinción" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“La presencia del quebracho colorado sigue disminuyendo drásticamente por la tala indiscriminada para la producción de tanino y de durmientes de ferrocarriles, y por los desmontes para el avance de la frontera agropecuaria. Existe una clara complicidad de los gobiernos provinciales en que continúe la deforestación. Hay luz verde para los desmontes ilegales y se autorizan donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
“Las multas económicas no son suficientes como para frenar los desmontes. Es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos terminar con la impunidad, penalizando la destrucción de nuestros bosques”, concluyó la especialista. 
Por último, Greenpeace convocó a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se establezcan como un delito penal. Hasta el momento, ya  participaron más de 267.000 personas.  /Weekend  /Perfil    
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Continúan las denuncias por deforestación masiva en Finca El Aybal 

Fecha de Publicación: 01/09/2025
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Un nuevo capítulo se suma al histórico conflicto por la finca El Aybal de Salvador Mazza, con la denuncia por deforestación indiscriminada en el predio que tiene casi 20 mil hectáreas en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde 2019 existen denuncias formales sobre desmontes ilegales y tala masiva en la zona, sin que la justicia provincial ni nacional haya dado respuestas concretas. 
La finca fue adquirida originalmente por Delfín Castedo, detenido por causas vinculadas al narcotráfico. Tras su caída judicial, los terrenos quedaron bajo custodia de la UBA, aunque en los hechos habrían sido explotados por terceros.
De acuerdo con Cacho Moro, referente local que acompañó las primeras inspecciones forestales, ya en 2019 se constató la tala de unas 250 mil especies nativas, entre ellas maderas finas de alto valor comercial. 
“Esto empezó con la tala discriminada y siguió con un descontrol total. Se llevaron madera en grandes volúmenes sin autorización ni control”, afirmó.
En el centro de la controversia aparece el empresario Miguel Ojeda, oriundo de Mosconi, señalado por los denunciantes como quien habría operado dentro de la finca con actividades de desmonte y extracción de recursos, sin rendir cuentas ni presentar documentación habilitante.

Toma por parte de los pobladores
En este contexto, la Agrupación Gauchos de Güemes Fortín Frontera decidió tomar los terrenos. De esta manera, reclaman el derecho a utilizarlos para actividades productivas y denuncian que las comunidades locales quedaron marginadas mientras terceros explotaban los recursos.
Actualmente, pequeños productores y criadores de ganado permanecen en el predio, señalando que no cuentan con espacios suficientes para mantener a sus animales.
“No tomamos las tierras por decisión propia, sino por necesidad. Tenemos animales que terminan en la ruta porque no hay dónde meterlos”, explicaron.
Los pobladores denuncian también que, en medio del conflicto judicial, se produjo el despojo de unas 850 cabezas de ganado. Asimismo, afirman que se instalaron gasoductos cuyos beneficios no llegan a la comunidad local.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue quien intervino en el caso al ordenar que los terrenos quedaran bajo administración de la UBA. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la universidad nunca ejerció un control real sobre la finca.
“Acá no hay más joda. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga”, advirtió Cacho Moro.
La comunidad exige la intervención de los gobiernos locales y del Nacional. Así, solicita que no miren hacia otro lado mientras se profundiza la depredación ambiental y el despojo territorial.
“No queremos más atropellos. Basta de que nos arrinconen en los peores rincones del monte mientras otros hacen negocios millonarios”, remarcaron los referentes.
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Reglamentaron el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: Salta
Provincia/Región: Página 12


El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, aclaró que el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) podrá ser autorizado en las áreas amarillas.
La reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), enmarcado en la Ley 8483, fue oficializada este miércoles al ser publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 00509 de la Secretaría de Ambiente de la provincia, a cargo de José Alejandro Aldazábal.
Pese a estar en amarillo o mediano valor de conservación, hay 5.539.750 hectáreas en esa zona que podrán ser explotadas bajo el sistema silvopastoril o de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), “sistemas productivos que pueden realizarse en zonas amarillas estrictas”, indica el informe final presentado por el equipo técnico a cargo del Proceso de Revisión de OTBN. Con la resolución también queda en firme la posibilidad de presentar proyectos productivos para 721.568 hectáreas en el área verde o de bajo valor de conservación. 
“Esto le va a permitir a la provincia empezar a activar aquellos proyectos que estaban parados o aquellos campos que podían presentar algún proyecto y aun no lo estaban haciendo”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Salteña (SRS), Alfredo Figueroa.
El empresario indicó que ven con buenos ojos el camino a seguir y ahora queda por ver si la herramienta del manejo silvopastoril o MBGI resulta como lo indica la teoría. “Queremos que estas herramientas como la ganadería, logren el desarrollo sustentable al interior de la provincia”, afirmó y agregó la necesidad de generar trabajo en el sector.
La posibilidad de añadir el manejo de bosques con ganadería integrada a los montes salteños es coincidente con el llamamiento del gobernador Gustavo Sáenz quien convocó a “llenar la provincia de vacas” en su discurso en la Sociedad Rural Salteña.
El desarrollo del sistema silvopastoril sobre estas zonas implica quitar arbustos y limpiar el terreno para que el ganado pueda andar por el monte, sin voltear los árboles como sucede con el desmonte.
Esta presunta solución productiva sobre las áreas amarillas, donde no se indicó un límite de hectáreas para la cría de ganado mediante el sistema silvopastoril genera preocupación porque se teme que no haya un adecuado monitoreo sobre los proyectos.
Un ejemplo es lo que sucedió con las llamadas “cortinas forestales” que separaban los desmontes, y que en los papeles iban a formar el 40 por ciento de las reservas de vegetación que debían dejar las deforestaciones. Con el tiempo, esas áreas de reservas desaparecieron.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó que el manejo silvopastoril “violaría la Ley Nacional de Bosques Nativos porque en zona amarilla no se puede desmontar”.
“El MBGI permite desmontar 10 por ciento del campo para pasturas”, recordó. Añadió que “el desarbustado, si es intensivo, puede ser considerado un desmonte. En la teoría es una cosa. En la práctica se ve que dejan algunos árboles en pie, y el resto pasturas, eso no es un bosque, es una plaza”.
En el mismo sentido recordó que en provincias como Santiago del Estero o el Chaco, en donde hace años se instrumenta el manejo de bosques con ganadería, aunque el supuesto intento fue dejar más vegetación en pie, “lo marcamos como área deforestada porque de hecho desde la misma imagen satelital se nota que no queda ningún bosque. El bosque es mucho más que árboles”, añadió.

Dos audiencias el mismo día
Ayer se publicaron en el Boletín Oficial dos convocatorias a audiencias públicas referidas a la gestión de bosques, ambas en superficies ubicadas en la jurisdicción del departamento Anta.
La primera solicita el “cambio de uso de suelo con fines de agroganadeería en una superficie de 1.798.10 hectáreas netas a habilitar” con un poco más de 1.206 hectáreas “de protección y reserva”. El pedido de desmonte en la Finca San Javier es de “Julio Argentino San Millán (representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño), Marcelo Tomás León, Francisco José Vidal y Jorge Horacio Beraza”. La audiencia será el 26 de septiembre a las 10 en el Centro Integral de Tolloche.
Otro pedido es sobre la Finca Los Hermanos, que solicita un cambio de uso de suelo para agricultura en 336,16 hectáreas netas, con 156,56 hectáreas de protección. En este caso, los solicitantes son Ramiro y Esteban Maíquez. El día de la audiencia será el mismo viernes 26 de septiembre a las 11.30 en el mismo Centro Integral de la localidad de Tolloche.
Los expedientes son anteriores a la promulgación de la ley que enmarca el OTBN actual. Y aunque se regirán por el ordenamiento viejo, Aldazábal explicó que son propuestas productivas que pueden ser compatibles con las zonas en las que se puede desmontar según las superficies definidas por el nuevo OTBN.
El funcionario afirmó que esta compatibilidad se tendrá en cuenta en la decisión respecto de otros proyectos de desmonte que se rigen por el viejo ordenamiento. 
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Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: Portal ChacoOnLine
Provincia/Región: Chaco


Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
El territorio desmontado, documentado por Greenpeace, tiene una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires. “Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas”, advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el Norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documenta desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocan carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestan ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declara su competencia en la causa y se espera su fallo.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señala Cruz.
Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país ha firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya han participado más de 267.000 personas.
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Desmontes ilegales: para la Cámara Federal de Resistencia, la causa se debe investigar en la justicia provincial

Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la decisión de la jueza Zunilda Niremperger que declaró la incompetencia del fuero federal para investigar la denuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas por presuntas irregularidades en la habilitación de desmontes ilegales en el Chaco. 
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y confirmó la decisión de primera instancia que declaró la incompetencia de la justicia federal para investigar una compleja trama de desmontes ilegales en la provincia del Chaco, presuntamente orquestada por funcionarios públicos provinciales y particulares, en la que se conoció como “la Mafia del Desmonte”
La resolución fue dictada este miércoles 20 de agosto. Firmada por la jueza subrogante Patricia García, sostiene que, tras un año de investigación, no se ha logrado acreditar el requisito fundamental que habilita al fuero federal en materia ambiental: la interjurisdiccionalidad. Es decir, que afecta a más de una provincia.
El fallo señala textualmente que “los elementos probatorios que obran en la causa no resultan -de momento- suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad exigida en este tipo de procesos a los efectos de la procedencia del fuero federal”. En ese sentido, agrega que “la magnitud del daño ambiental postulado por los recurrentes no autorizaría, por sí, la intervención del fuero federal, puesto que, de lo contrario, cualquier controversia ambiental podría ser federalizada por vía indirecta, diluyendo la competencia de las jurisdicciones provinciales, lo que contraría principios constitucionales básicos”.
El caso, iniciado a partir de una denuncia de la asociación ambientalista, involucraba graves delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y asociación ilícita, todos en el marco de una presunta maniobra para facilitar desmontes ilegales. Pese a la gravedad de los hechos, la Cámara coincidió con la jueza de primera instancia en que la investigación demostró que la trama se desarrolló íntegramente dentro del ámbito provincial. “La maniobra delictiva [fue] desplegada por funcionarios provinciales quienes, de manera organizada y valiéndose de la función pública que ostentaban en el ámbito de la provincia del Chaco, de modo alternado y durante determinado tiempo, habrían ejecutado acciones mancomunadas con particulares, tendientes a facilitar el desmonte ilegal en perjuicio de los montes nativos ubicados en el territorio provincial”, fundamenta la sentencia.

Delitos federales no corroborados
Respecto a los delitos federales esgrimidos para intentar mantener la causa en el fuero federal, como lavado de activos y trata de personas, el tribunal fue contundente: “tales hipótesis no han sido corroboradas mediante elementos objetivos incorporados al expediente”. La Cámara consideró que estas figuras aparecen “mencionadas como una proyección posible de la maniobra, sin respaldo probatorio concreto que justifique la intervención del fuero federal por el momento”.
La decisión judicial hace hincapié en el carácter excepcional del fuero federal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que “la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva”, y que corresponde a quien lo invoca demostrar los presupuestos necesarios, algo que en este caso no se logró.
En consecuencia, la causa deberá ser derivada a la justicia ordinaria de la provincia del Chaco para que continúe con la investigación de los hechos, los cuales, según el fallo, se inscriben en “el marco del derecho público local y de normas provinciales en materia ambiental, con presunta responsabilidad de autoridades y particulares sometidos a la jurisdicción de la justicia ordinaria chaqueña”.
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El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo en Villaguay

Fecha de Publicación: 21/08/2025
Fuente: Portal DespertarEntrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos


 El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de un área forestal ubicada en el departamento Villaguay.
El máximo órgano judicial de Entre Ríos rechazó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.
El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universdi9dad Nacional de Entre Ríos.
La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.
La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.
También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.
La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
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Chaco, primera y única provincia del NEA que se defiende de acusaciones de desmontes

Fecha de Publicación: 05/08/2025
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco


En los pasillos del Ministerio de Producción de Chaco, es un secreto a voces que causó malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión –lanzada a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube—trascendió que el titular de la cartera productiva chaqueña tomó al toro por las astas y habría dicho: "Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia", dicen haberlo dicho expresar.

Carta documento
A los pocos días, Agroperfiles pudo confirmar en off que Oscar Pablo Dudik resolvió enviar una carta documento a la AAA.
 "Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

Sobre la presión contra la jueza Niremperger
A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a "…poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan —sean civiles, penales o administrativas— incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas.

Rechazo de plano
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el Gobierno de la Provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas —desde ya contraria a la realidad— resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental".
Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial chaqueño promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del Gobierno Provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago

Fecha de Publicación: 02/08/2025
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


La ONG Nuevo Ambiente denuncia desmontes y obras en una zona protegida del humedal, pese a un fallo judicial que lo prohíbe. Acusan a los municipios de Berisso y Ensenada de impulsar negocios inmobiliarios y de incumplir el plan de manejo ambiental
La ONG Nuevo Ambiente denunció un nuevo atropello ambiental en el Delta del Río Santiago que abarca la Isla Santiago y la Islar Paulino, en los distritos bonaerenses de Berisso y Ensenada. Desmontes, rellenos y alteración de humedales en una zona que está protegida por ley, como también el avance de desarrollos inmobiliarios en esa zona.
Negocios en tierras protegidas: desmontes ilegales y loteos en el Delta del Río Santiago
A pesar de que existe una medida cautelar en vigencia —dictada por la justicia en marzo pasado— que impide cualquier tipo de obra o intervención hasta que se apruebe un Plan de Manejo Ambiental, los trabajos continúan sin control, con la complicidad o desidia de las autoridades locales y provinciales.
La zona afectada forma parte del paisaje protegido establecido por la Ley Provincial 12.756, que exige una estricta regulación para preservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico de las islas Santiago y Paulino. Sin embargo, la realidad en el territorio dista de cualquier política seria de conservación.
“El fallo fue claro: no se pueden hacer obras, ni movimientos de suelo, ni desmontes, ni mucho menos loteos hasta tanto se apruebe el plan de manejo ambiental. Nada de eso se está respetando”, denunció Marcelo Martínez, representante de Nuevo Ambiente, en diálogo con Desconfiados en Cadena Río. Según indicó, los relevamientos realizados por la organización constataron la tala de especies vegetales, el avance de rellenos con hormigón y trabajos sobre la ribera, particularmente en las inmediaciones del canal Génova y del parador Marina del Sur, en jurisdicción de Berisso.
Cabe recordar que, el fallo judicial —emitido por la jueza María Ventura Martínez del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata— establecía un plazo de 60 días para que los municipios de Berisso, Ensenada y el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Ambiente, instrumentaran un Plan de Manejo Ambiental conjunto. Ese plazo venció hace meses. Ninguno de los tres niveles del Estado ha cumplido.
Marcelo Martínez, representante de la ONG Nuevo Ambiente, dialogó con el programa Desconfiados, que se emite por Cadena Río, y expuso una serie de denuncias sobre el deterioro ambiental en las islas Santiago y Paulino, en la región de Berisso y Ensenada. Alertó sobre la falta de planificación y la existencia de posibles negocios inmobiliarios ilegales, pese a que ambas islas están amparadas por una figura de “paisaje protegido” según la legislación provincial.
“Venimos haciendo relevamientos en la isla de Santiago, ante la denuncia de vecinos, que también nos llegaron en los últimos días”, explicó Martínez. Y detalló: “Hicimos un relevamiento en lo que es el sector del canal de Génova, que desemboca al río Santiago, que está frente a Marinas del Sur y también al Club Náutico de Berisso, en donde se encontraron una serie de irregularidades que tienen que ver con desmontes, en este caso en Berisso, y en Ensenada”.
Estas acciones, indicó, se dan en el marco de una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, tras un recurso de amparo impulsado por la organización ambientalista. “Se le exige tanto al municipio de La Plata como al municipio de Ensenada y de Berisso a confeccionar un plan de manejo ambiental de las dos islas”, señaló.
Martínez subrayó que “una planificación ambiental no solamente tiene que ver con la construcción, tiene también que ver con la ocupación de suelo, zonas intangibles, zonas donde se pueda hacer recreación. Un plan de manejo tiene que ver cómo gestionás todo un sector protegido, como es este caso las dos islas, que va desde el tratamiento de aguas hasta el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y también distintas cuestiones que tienen que ver con la protección del ambiente”.
A pesar del fallo judicial, desde la ONG aseguran que aún no se presentó el plan de manejo correspondiente. “Nos hemos enterado que Ensenada hizo dos reuniones, pero por lo que vi esas reuniones no tenían nada que ver con el plan de manejo. Un plan de manejo es una cuestión seria, interdisciplinaria, que tienen que trabajar varios actores, y Berisso tampoco hizo nada”, denunció.
En ese sentido, remarcó: “Acá hay una irregularidad, que ya lo hemos denunciado en la justicia, que tiene que ver que tanto el municipio de Berisso como Ensenada se tienen que poner de acuerdo e ir en forma conjunta a hacer el plan de manejo. No es que tiene que hacerlo disociadamente, porque es todo un mosaico de lo que es el monte ribereño y las dos islas. Uno te contesta una cosa, otro otra, pero nosotros seguimos elevando los informes correspondientes ante la justicia”.
Consultado sobre posibles negocios inmobiliarios detrás del conflicto, Martínez fue tajante: “En Isla Santiago sí. Ya hemos denunciado hace dos años la intención de la construcción de un barrio privado con unos 40 lotes, que lo estaban vendiendo a 15 mil dólares cada uno, una inmobiliaria de La Plata, que la hemos denunciado ante el Colegio de Martilleros de La Plata y también lo hemos denunciado públicamente ante una investigación que habíamos llevado adelante y que adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada”.
“Hay intereses, están desesperados por vender lotes y ahí están también metidos, pero no hay que mirar para el costado. Acá, hasta el hijo del Intendente de Ensenada usurpó y está viviendo la isla en un gran predio”, acusó.
Sobre el avance del desmonte y la pérdida del valor natural, apuntó: “La Isla Santiago pierde mucho territorio por la característica que tiene un puente y que entran vías terrestres, que ahí perdió bastante su esencia”. En cambio, dijo que “la Isla Paulino, hasta ahora, están siendo ocupados algunos sectores, pero no tanto como la Isla Santiago”.
Martínez advirtió también sobre un posible engaño a los ocupantes: “Ahí lo único que se puede hacer es entregar un papel de tenencia y nada más. No pueden escriturar porque no son propietarios de las tierras. Hay un descontrol, una falta de fiscalización por parte del municipio de Ensenada, intereses económicos”.
El ambientalista insistió en la gravedad del impacto ecológico: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la degradación de todo el sector y aparte la degradación de los humedales, que es tan importante para nuestra región. Pero ahí también demuestra una vez más el poco interés que tienen, no solamente con la apatía que tienen con las gestiones ambientales, sino también que no hay una política de gestión ambiental seria en ninguno de los distritos, teniendo en cuenta que tenemos uno de los polos petroquímicos más importantes del país”.
Desde el programa se le informó a Martínez que el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, respondió a las consultas periodísticas y afirmó: “Si es la denuncia que se hizo hace cuatro meses atrás, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el Ministerio de Ambiente”. 
Ante esta declaración, Martínez replicó: “Hay que ver qué llama el plan de manejo, porque primero que el fallo judicial fue hace más de cuatro meses. Hay que ver qué entiende por plan de manejo. El plan de manejo, primero, estamos notificados por el juzgado que haya presentación de un plan de manejo. O sea, sospechamos que no hubo ninguna presentación”.
“Porque el plan de manejo no es una cosa que se escribe un poco y listo, es una cosa seria, interdisciplinaria, que trabajan varias disciplinas y profesionales, y bueno, si es así, veremos qué presentaron. Pero hasta el día de hoy no hay ninguna presentación al respecto”, concluyó el referente ambiental.

La respuesta de los involucrados 
Lejos de asumir responsabilidades, los intendentes eluden definiciones. El jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, consultado por Desconfiados, respondió: “Yo no estoy enterado de ninguna denuncia. Hay una denuncia de ambientalistas de la isla Santiago de la Paulino y de la ribera de hace como cuatro meses. Si es eso, ya se presentó un plan de manejo y lo estamos trabajando con el juzgado contencioso administrativo y con el ministerio de ambiente”. Sin embargo, al solicitarle una copia del supuesto plan, nunca respondió. Asimismo, el Ministerio de Ambiente bonaerense también prefirió mantener el silencio y eludir las respuestas. 
Desde la Municipalidad de Esenada respondieron que: “en primer término la denuncia de Nuevo Ambiente no hace más que remarcar la ignorancia total que tienen de la Ciudad y del ambiente, y reafirma el único propósito que tiene esta ONG que es la persecución política sobre quienes ellos toman como sus adversarios. Otro claro ejemplo es que cuando uno de sus referentes, Marcelo Martinez, fue funcionario de María Eugenia Vidal, dejó de lado todas las investigaciones ambientalistas”.
En esta misma línea agregaron que “sobre la errónea acusación que hacen, el Municipio no incumple nunca ninguna norma, porque está en el espíritu de la gestión el cuidado del ambiente, arrancando por lo más preciado que tiene que es la vida humana. Por otra parte, se está trabajando en la realización de una escollera cercana al puente de ingreso a la Isla Santiago. Este trabajo es fundamental para el cuidado del Canal Río Santiago, ya que evita que la salida del canal se llene de sedimento y por lo tanto no pueda recircular el agua. Hace poco tiempo se hizo un dragado del lugar, y si no se hace la escollera, la salida del canal se tapará más rápido y no permitirá la circulación del agua, afectando al ambiente, a los clubes de la zona y a la actividad deportiva”.
Sobre el Plan de manejo ambiental aclararon que “si lo hay y se está trabajando en el plan de manejo de suelo de la isla”. Sin embargo ante el pedido de este medio para conocerlo, no hubo respuesta. 
Respecto a las declaraciones del entrevistado aclararon que “no nos vamos a meter en acusaciones totalmente faltas, carentes de cualquier prueba y que solo buscan que Marcelo Martínez se haga conocido en el mapa electoral de la ciudad en el que siempre fue un fracaso y un total desconocido”.

La gravedad del caso no es menor: la ONG había advertido desde hace más de dos años sobre intentos de loteo en Isla Santiago para construir un barrio privado, con 40 lotes ofrecidos por una inmobiliaria de La Plata a 15 mil dólares cada uno. Según Martínez, “adentro de esa operatoria había funcionarios de la Municipalidad de Ensenada. Hasta el hijo del Intendente usurpó un predio y vive en la isla”.
Mientras se especula con negocios inmobiliarios en terrenos fiscales y protegidos, el ecosistema de humedales se degrada sin control y a la vista de todos. “Hay una falta total de fiscalización, desinterés por la gestión ambiental, desidia institucional. No hay una política ambiental seria en ninguno de los distritos involucrados”, sentenció Martínez.
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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Desmontes sin control: el Gobierno de Insfrán admitió lo que negó durante años

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal PrensaLibreFormosa
Provincia/Región: Formosa


El columnista Juan Slash puso en evidencia el forzado e involuntario reconocimiento del Gobierno de Formosa sobre la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. La admisión oficial llegó justo después de la embestida judicial contra Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni, los opositores más votados y promotores de la intervención federal.
Tras años de negaciones sistemáticas, relativizaciones oficiales y silencios cómplices, el Gobierno de Gildo Insfrán finalmente reconoció la existencia de desmontes ilegales y sin control en distintas zonas del territorio formoseño. Así lo reveló una nota difundida por la agencia estatal AGENFOR, donde el propio ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, admitió que "estos desmontes irregulares —sin permisos o con permisos excedidos— representan una grave afectación al ambiente y a los recursos naturales".
El reconocimiento tardío, interesado e involuntario, se produce en el contexto de una jugada política del gobierno provincial para atacar judicialmente a dos de los principales referentes de la oposición: el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quienes fueron recientemente condenados y embargados por supuestas irregularidades ambientales, apenas días después de haberse convertido en los candidatos más votados del campo opositor y de haber impulsado la intervención federal de la provincia.
En su columna, Slash fue contundente al destacar: "Por fin el Gobierno Provincial reconoció que se pierden miles de hectáreas sin control", y Slash tiene razón aunque el reconocimiento no fue por honestidad política ni por compromiso ambiental, sino como parte de una maniobra para justificar la cacería judicial contra quienes se atreven a desafiar al régimen".
La nota de AGENFOR el ministro Lucas Rodríguez, circunscribe los desmontes exclusivamente a las zonas donde trabajan Paoltroni y Basualdo, asegurando que las irregularidades se concentran principalmente al sur de Las Lomitas y alrededores de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. Las cifras son alarmantes: 120 hectáreas desmontadas en Ibarreta, 478 en Subteniente Perín, 659 en Las Lomitas. En total, solo en estos casos, se han perdido más de 1250 hectáreas de monte nativo.
Lo que el gobierno provincial nunca pudo tapar con discursos, hoy lo exponen las imágenes satelitales. Desde hace años, Greenpeace viene alertando sobre la acelerada destrucción del monte nativo en varios departamentos de Formosa. Hernán Geraldini, coordinador de Campañas de Bosques de la organización, denunció que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, la tasa de deforestación se cuadruplicó en la provincia.
El trasfondo de esta catástrofe ambiental está en la manipulación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, donde Formosa decidió ir a contramano de lo que hicieron otras provincias.
Mientras jurisdicciones como Salta o Chaco protegieron hasta el 80% de sus masas forestales bajo zonas rojas o amarillas (donde no se puede desmontar), Formosa clasificó el 70% de sus bosques como "zona verde", permitiendo desmontes con simples permisos administrativos.
"El resultado está a la vista: en lo que va de 2024, ya se perdieron unas 36.000 hectáreas de monte formoseño, la mayoría con aval del propio Estado provincial", denunció Geraldini.
Lo que Slash, tal vez sin desearlo desnuda en su análisis no es solo la gravedad ambiental, sino la hipocresía política: "El gobierno que encubre desmontes ilegales y hace la vista gorda con grandes terratenientes, es el mismo que ahora persigue judicialmente a dos dirigentes opositores con el argumento de proteger los bosques".
La paradoja es brutal: el Estado que destruye, simula cuidar. El régimen que desmonte tras desmonte consolidó su poder, ahora acusa de ecocidas a quienes -alguna vez autorizó a desmontar -y hoy lo enfrentan en las urnas.
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El impacto ambiental del desmonte descontrolado en Formosa: animales en peligro y tierras desérticas

Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Formosa


Está dentro de las provincias que más bosque pierden por el negocio agropecuario y la ganadería intensiva. Campesinos y movimientos indígenas sin título de propiedad temen quedarse sin las tierras donde viven.
El árbol da una sacudida rápida y violenta y cae hacia adelante como si fuera un palillo que se quiebra. La topadora larga una bocanada de humo negro, da marcha atrás y arremete de nuevo hacia adelante. Le pasa por arriba al árbol que acaba de tirar y voltea el siguiente. Atrás, va dejando su huella en una tierra seca, marrón. Adelante se abre el monte verde.
Desde hace un mes que hay topadoras desmontado ese polígono de más de 120 hectáreas en la localidad de Ibarreta, en el departamento de Patiño, en Formosa. TN es testigo del recorrido de la máquina desde un drone que la sigue desde el aire mientras avanza matando el bosque.
En los lugares en donde la topadora pasó hace algunas semanas quedó un campo cubierto de ramas secas y árboles con las raíces arrancadas de cuajo, apuntando al cielo. 
Parecen espinas gigantes, enredadas en un descampado marrón. La tierra está seca, sequísima y el silencio es absoluto. Ya no quedan pájaros, ni se escuchan pisadas de animales o el ruido de los insectos.
En algunos días, empleados irregulares, jornaleros, vendrán a retirar los tocones de los árboles más grandes que quedaron enterrados. Después, prenderán fuego el lugar para limpiarlo y no quedará rastro de que ahí hubo un bosque.
Solamente el año pasado, Formosa perdió 36.915 hectáreas de bosque nativo: 15 mil por desmonte y 24.800 por incendio. El principal motivo es la expansión del negocio agrícola y la ganadería intensiva. Se saca bosque para sembrar soja o pastura para animales.
“Este suelo es muy rico cuando está el monte, pero cuando no está el monte, no infiltra el agua. El suelo está todo coartado, es muy erosionable. Muy rápidamente asciende la napa freática y el suelo se saliniza, queda como una costra de sal", explicó a TN Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina.
Y cerró: “Dura un tiempo con pastura, pero después se lo abandona. Ya no tiene nutrientes. Donde había un bosque muy rico y biodiverso, hoy hay un paisaje geométrico y uniforme”.
Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 1998 y 2023 se perdieron en todo el país 7 millones de hectáreas de bosque. El equivalente a la superficie de toda la provincia de Formosa.
En 2007, se sancionó en la Argentina la ley de Bosques, se ordenaron las tierras y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde (categoría III) para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo (categoría II) para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse, pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo (categoría I) para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
El problema y la particularidad con Formosa es que a la mayoría de la provincia se la pintó de verde. Y, por lo tanto, el desmonte creció incluso después de sancionada la ley.
Más allá de la desertificación y pérdida de biodiversidad (los animales pierden su refugio) que produce el desmonte, también se ven amenazadas comunidades originarias y pequeños campesinos que viven en el monte. Estas personas hacen convivir sus actividades con los árboles, plantas y animales para no dañar el ambiente. Son una suerte de guardianes del monte, pero con escasos recursos para ganarle a la topadora de los grandes empresarios.

La lucha de los guardianes del monte
A dos horas del sitio del desmonte, en Pozo del Mortero, tiene su chacra Teófila Palma (59), dirigente del Frente Nacional Campesino que reúne a pequeños campesinos que viven en el monte y que se organizaron para tratar de pelear por sus tierras y cuidar el bosque, aunque no tienen personería jurídica.
El lugar es amplio, con 150 hectáreas. Tiene una casita sencilla de ladrillo y cemento, afuera un brasero, un toldo y un corral para las cabras y algunas vacas. Bob y Remigio, dos caniches, persiguen a unas gallinas entre las patas de una mesa.
Todo lo demás son árboles, monte que todavía se preserva. Teófila necesita que todo esté lo más verde posible, con sombra y humedad para que sus animales no mueran de sed o calor.
Teófila vive de sus animales y de su jubilación como docente. Pese a que nació en ese lugar y lo trabajó toda la vida, no es legítima propietaria. Cuenta que su papá tenía la documentación de ocupante legal, pero todas las veces que ella quiso comprar y tener un título de propiedad se lo negaron. “No me dejan legalizar, me dicen que la tierra donde estoy no está a la venta”, asegura.
Vive con el miedo de que algún día un gran terrateniente, tal vez alguien que ni siquiera vive en Formosa, le quite su tierra para transformarla en un páramo y montar un campo para ganadería intensiva o plantar soja.
“Esta es la realidad de los pequeños campesinos, de los que nos quedamos en la lucha. Vivimos de lo que producimos”, dice y le caen algunas lágrimas.
A Teófila también le preocupa las consecuencias del desmonte desmedido y de la crisis climática: nota que cada vez llueve menos, hay menos vegetación.
“Tuvimos muchísimo tiempo de sequía. Me olvidé de cómo era la lluvia. No teníamos para darle de comer a los animales, los vientos erosionan la tierra, la cambia de aspecto. Sube la temperatura, a veces tenemos sensaciones térmicas de 50 grados. Lo que nos pasa con el clima es una respuesta de lo que hacen los grandes terratenientes, de su desmonte", denuncia.
Teófila organizó una reunión con otros pequeños campesinos de la zona para discutir las problemáticas frente a algunos medios, entre ellos, TN. Vestida con un poncho rojo y mientras algunas cabritas le mastican los cordones, Mariela Soto, una campesina de 44 años que trabaja sola su campo, cuenta su historia. 
“A mí me pueden venir a ofrecer un castillo en el pueblo, pero voy a decir siempre que no. Porque yo quiero vivir en mi choza, yo nací ahí. Antes estuvieron mis viejos. Mi campo me llena de orgullo, de amor, de alegría”, mientras habla se le traban algunas palabras y llora. “Quiero seguir viviendo el monte y morir en el monte. Y ojalá algún día lo pueda ver a mi nieto corriendo por el monte y no vivir con el miedo de que me saquen mi tierra”.
Al igual que Teófila, Mariela es “poseedora” de su Tierra, pero no tiene los papeles de propiedad, nadie quiere decirle cuánto debería pagar o cómo regularizar la situación. “Es para que vivas en el aire, no sabés cuándo te va a caer un empresario y te va a decir ‘esta es mi tierra’. Yo le voy a decir que vivo acá pero no tengo los papeles. Acá las tierras se venden con los productores adentro”. 
Mariela tiene cabras y vende queso y dulce de leche. Su hijo estudia en el pueblo y ella espera poder inculcarle su amor por el monte para que él siga con su legado. Si bien él la ayuda los fines de semana, cada vez es más difícil. Más allá de su incertidumbre legal, falta el agua y hace más calor. Incluso, el año pasado, los perros desbocados de un vecino, le mataron 50 cabras. Perdió gran parte de la producción y nadie le repone eso.
“A pesar de todo, siempre tenemos esperanza. Si este año me fue mal, el que viene me van a nacer más cabritos, va a parir una vaca. Siempre tengo esperanza de mejorar, de que a mi hijo le guste el campo y siga con esto”, cierra.

La problemática para las comunidades indígenas
Una mujer de la comunidad Pilagá en Formosa. Foto: Martín Katz/Greenpeace
En otro punto de Formosa, en el sembrado Tierra Nueva viven miembros de la comunidad indígena Pilagá. Además de la producción que surge de sus cultivos, viven de planes sociales que les da la provincia y de la venta de artesanías que hacen con hojas de los árboles del monte.
La vida que llevan es sumamente humilde, con casas de adobe y chapa y animales flaquísimos que levantan el polvo de la tierra seca cuando corren. El agua es un problema: cuando no llueve, no tienen para tomar. Acá no hay gas o agua.
Y a medida que avanza el desmonte, se van perdiendo corredores verdes que conectaban a las distintas comunidades.
Una de las referentes de la comunidad es Noolé Palomo. En las elecciones del pasado 29 de junio formó parte de la elección como candidata a constituyente. El eterno gobierno de Gildo Insfrán busca reformar la Constitución y eso podría garantizarle otra reelección.
La lucha de Noolé es porque en ese revoleo, no se toque el artículo 79 que es el único que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la provincia. Si eso se pierde, podrían quedar aún más expuestos a las ambiciones económicas.
Noolé quiere que las comunidades indígenas del lugar -pilagá, nivaclé, wichi y qom- que reúnen a 700 personas puedan vivir dignamente en las tierras en las que nacieron, preservando el monte y sus tradiciones.
Cuando se desmonta no solo se barre con el bosque, sino también con la identidad de las comunidades.
“Para nosotros el monte es alimentación, es el resguardo. El aborigen nunca abusó de la caza, se caza para comer. Creemos que cada especie tiene un protector y hay que respetarlo. No hay que cazar indiscriminadamente, hay que respetar a la naturaleza”, explica Noolé mientras camina por la sombra necesaria que dan los árboles.
“Cada árbol tiene una historia y tiene vida, nos da sus semillas y sus frutos. Pero además previene el cambio climático. Ahora se habla mucho del cambio climático, pero no se hace nada para evitarlo. Queda como un título. El cambio climático lo produce el hombre, con sus manos, con la topadora, con su ambición. Pero nosotros vamos a volver a esa misma naturaleza, a abonar esa tierra, por eso hay que cuidarla”. 
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