Restauración en Chubut: 20.000 coihues llegaron en helicóptero al bosque quemado de El Turbio

Más de 20.000 coihues trasladados en helicóptero crecen en 20 hectáreas quemadas del Parque Provincial El Turbio, mientras la provincia avanza con nuevas plantaciones en la Comarca Andina.

En el Parque Provincial El Turbio, en la cordillera de Chubut, más de 20.000 coihues jóvenes empiezan a ocupar el lugar que dejó el fuego. La plantación cubrió unas 20 hectáreas de bosque quemado cerca de Lago Puelo. Forma parte de un programa de restauración que en los últimos meses sumó nuevas etapas en la Comarca Andina, y exigió una logística fuera de lo común para llegar a uno de los rincones más aislados de la provincia.
Los plantines de coihue (Nothofagus dombeyi), de alrededor de un año y medio, llegaron en abril de 2026 al sector del arroyo El Jara, unos cuatro meses después del último incendio. Para alcanzar el sitio, el equipo técnico recorrió unos 150 kilómetros por tierra desde Esquel hasta Lago Puelo. Luego navegó 13 kilómetros en lancha por el Parque Nacional Lago Puelo, siguió en tractor y completó los últimos 30 kilómetros a caballo y a pie. El viaje llevó casi dos días. Los árboles, en cambio, volaron en helicópteros de la Agencia Federal de Emergencias desde la base de brigadistas de El Hoyo.

Un bosque castigado dos veces
El Turbio arrastra una historia reciente de incendios. En 2015, un gran fuego destruyó cerca de 7.000 hectáreas de bosque nativo en el parque. En diciembre de 2025, otro incendio, de origen natural, quemó más de 3.100 hectáreas.
Doce pobladores locales y técnicos forestales trabajaron durante diez días en la plantación. Los coihues se distribuyeron en pequeños grupos que imitan la forma en que el bosque se regenera por sí solo. Los troncos quemados y los arbustos que sobrevivieron funcionan como refugio frente al viento y la radiación solar. Los plantines se produjeron en el vivero provincial Lemu, de El Maitén.
La tarea es impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el programa Reforestarg, en el marco de ProCLIM-AR. Ese acuerdo de cooperación entre la Argentina y Alemania lo ejecuta la agencia alemana GIZ con fondos de la Iniciativa Climática Internacional. Participan además el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Escuela Agrotécnica N.º 717.
Ariel Medina, especialista en bosques de Vida Silvestre, describió la plantación de especies nativas como un paso para recuperar la biodiversidad, proteger el agua y reconstruir el paisaje. También advirtió que restaurar los bosques quemados demandará décadas de trabajo. El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, destacó que el proyecto aportó durante tres años herramientas, financiamiento y capacidad operativa. Además, definió cada árbol plantado en zonas incendiadas como “una inversión estratégica para el futuro de Chubut”.

Las etapas siguientes
La plantación de El Turbio fue apenas el comienzo. El 2 de septiembre, la provincia anunció una nueva etapa con 109.100 árboles nativos para unas 127 hectáreas, a plantar entre septiembre y octubre. Para el 24 de septiembre ya se habían colocado 32.000 ejemplares en 40 hectáreas de la reserva del lago Epuyén. El 8 de octubre se recibieron 4.000 plantines para un predio forestal provincial de más de 60 hectáreas en Lago Puelo.
Según el anuncio de la Secretaría de Bosques y Vida Silvestre, esa campaña combina 73.000 cipreses de la cordillera, 35.000 coihues y 1.100 alerces producidos en viveros provinciales. Los sitios se eligieron por criterios técnicos como el daño causado por el fuego, las especies nativas y exóticas presentes y el potencial de recuperación natural. En algunos sectores, antes de plantar hace falta ralear, despejar y retirar los pinos que brotaron después de los incendios. Los árboles se agrupan en bosquetes de unos 30 ejemplares. Además, se prevén alrededor de 30 parcelas de monitoreo de largo plazo para seguir la supervivencia, el crecimiento y los daños, incluido el ramoneo de animales. Tobías Merlo, fundador de Reforestarg, explicó que cada institución aporta lo suyo: Vida Silvestre, los árboles; la Secretaría, el conocimiento del territorio, y Reforestarg, la plantación.
En paralelo, Vida Silvestre licitó, a pedido de la Secretaría de Bosques, la compra de 75.000 cipreses de la cordillera y 3.000 alerces. Están destinados a la Reserva Forestal de Usos Múltiples de Epuyén y al Parque Provincial El Turbio, dentro del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios.

La escala, una deuda pendiente
El área de trabajo de ProCLIM-AR abarca algo más de 42.000 hectáreas entre Lago Puelo, El Turbio y Cholila, dentro de un programa pensado a 30 años. Las 20 hectáreas de El Turbio representan menos del 0,05% de esa superficie. Todavía no se informaron tasas de supervivencia de los coihues ni un balance final de la campaña de primavera. La Secretaría de Bosques prevé monitorear su crecimiento para ir ajustando la estrategia. La continuidad de las plantaciones depende del clima y del acompañamiento de las comunidades.


Fecha de Publicación: 27/10/2026
Provincia/Región: Chubut 
Fuentes Consultadas:  Portal ECOticias, Fundación Vida Silvestre Argentina, Secretaría de Bosques de Chubut

Denuncian el desmonte de 1.800 hectáreas de bosque protegido junto al Parque Loro Hablador, en Chaco

Aves Argentinas detectó por satélite la destrucción de bosque nativo en una zona donde la ley prohíbe desmontar, que continuó aun después de que las autoridades secuestraran topadoras en el predio.

Unas 1.800 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas en el Chaco Seco, en un predio que linda con el Parque Natural Provincial Loro Hablador, en el departamento Almirante Brown. La denuncia la presentó Aves Argentinas ante las autoridades provinciales, a partir del análisis de imágenes satelitales, y la organización advierte que la superficie afectada podría ser todavía mayor.
“La gravedad del caso es extrema”, señaló la entidad en su presentación. El desmonte ocurrió en una zona que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia clasifica en la categoría II, de color amarillo. Según la Ley Nacional de Bosques, esa categoría corresponde a áreas de valor de conservación medio, donde se admiten usos sostenibles como el aprovechamiento forestal controlado, el turismo o la investigación, pero no el desmonte, es decir, la eliminación total del bosque para cambiar el uso del suelo.

Un sitio clave para la biodiversidad
La ubicación del predio agrava el daño. Además de lindar con el Parque Loro Hablador, el área integra la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero, y forma parte de un corredor de conectividad entre ambas áreas protegidas. Esos corredores permiten el desplazamiento de la fauna en una región cada vez más fragmentada por el avance de la frontera agropecuaria.
En ese bosque habitan especies emblemáticas y amenazadas. El tatú carreta y el pecarí quimilero son Monumentos Naturales Provinciales; el loro hablador, que da nombre al parque, cuenta con protección provincial, y el yaguareté, Monumento Natural Nacional, tiene en este sector parte de su Paisaje Óptimo de Conservación. El lugar está reconocido además como Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), y Aves Argentinas propuso que se lo designe como Área Clave para la Biodiversidad.
La organización estimó que la destrucción de ese bosque podría liberar más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono. El cálculo toma un valor de unas 290 toneladas por hectárea, a partir del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales que la Argentina presentó en 2019 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y no incluye el carbono almacenado en el suelo, por lo que se trata de una estimación conservadora.

Las topadoras siguieron
El caso ya había llegado a las autoridades. El 8 de septiembre, personal de la Dirección de Bosques del Chaco, junto con la Policía Rural, secuestró en el lugar cuatro topadoras y dos cadenas de 100 metros, herramientas típicas del desmonte. Sin embargo, según la denuncia, las imágenes del satélite Sentinel-2 posteriores al operativo indican que la destrucción continuó, por lo que las medidas no habrían alcanzado para frenarla. El relevamiento tiene fecha de corte el 22 de septiembre.
Ese mismo día, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia restableció la medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia, en el marco de la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, iniciada por la Fiscalía Federal por presuntos permisos irregulares de cambio de uso del suelo y recategorizaciones en áreas protegidas. Esa suspensión había sido dictada en agosto de 2024 por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, que en agosto de este año la levantó tras la aprobación de un nuevo ordenamiento territorial. La Cámara revocó esa decisión al considerar que un cambio normativo no demuestra por sí solo que el riesgo haya desaparecido.

Los reclamos
Aves Argentinas pidió una inspección urgente del predio, el cese de cualquier tarea de desmonte, limpieza, quema o habilitación productiva y que se mantenga el secuestro de la maquinaria. También reclamó monitoreo satelital permanente, la publicación de las autorizaciones y actuaciones administrativas vinculadas al terreno, la restauración del bosque y que se informe al juzgado federal. Para el parque y los predios vecinos, solicitó reforzar controles y patrullajes y crear un sistema de alerta temprana.
La organización tiene un convenio con la Subsecretaría de Ambiente provincial para la conservación de estos sitios, y aclaró que ese acuerdo no implica avalar la destrucción del bosque. Hasta el momento, el gobierno chaqueño no respondió públicamente a la denuncia.
El caso se suma a una larga historia de pérdida de bosques en el Gran Chaco, uno de los frentes de deforestación más activos del Sur Global, donde las normas de protección conviven con desmontes que avanzan incluso en las zonas donde están prohibidos.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
Provincia/Región: Chaco
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Aves Argentinas, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

Sequías, pinos y barrios en el bosque: por qué los incendios patagónicos son más graves

Un estudio de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro analizó doce grandes incendios en la Comarca Andina entre 2015 y 2025 y concluyó que el clima, la acumulación de combustible y la expansión urbana se combinan para potenciar el fuego.

Los incendios forestales en la cordillera patagónica no son solo más frecuentes: también son más extensos, más severos y más destructivos. Un equipo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se propuso explicar por qué y llegó a una conclusión clara: no hay una única causa, sino una combinación de factores que se potencian entre sí.
El trabajo, publicado en la revista científica Ecología Austral, analizó doce grandes incendios ocurridos entre 2015 y 2025 en la Comarca Andina del Paralelo 42. Esa región reúne localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, entre Río Negro y Chubut. En esa década, el fuego arrasó 46.222 hectáreas, y cerca del 48% de esa superficie se quemó con severidad alta. Los incendios de 2015, 2021 y 2025 destruyeron más de 930 viviendas y causaron la muerte de cuatro personas, además de dañar cultivos, redes eléctricas y sistemas de agua.

Un clima cada vez más seco
El primer factor es climático. Los registros de El Bolsón de los últimos 30 años muestran que siete de los últimos diez veranos tuvieron lluvias por debajo del promedio. En la temporada 2024-2025, la temperatura máxima media superó en 3,5 grados el registro histórico, con 28 días por encima de los 30 °C.
Sequías recurrentes y temperaturas récord generan un ambiente en el que la vegetación se seca con facilidad y el fuego encuentra condiciones ideales para propagarse.

Combustible acumulado
El segundo factor es el combustible. “Por un lado se produjo una acumulación durante décadas de material combustible a partir del bosque nativo”, explicó Mariano Amoroso, coautor del estudio, investigador del CONICET y director de la Maestría en Agroecología de la UNRN. A eso se suman unas 14.000 hectáreas de plantaciones de pinos exóticos, una especie muy inflamable y de crecimiento denso, que tampoco recibieron un manejo adecuado. Según el investigador, ambos factores facilitan la rápida propagación de las llamas.
El problema se retroalimenta después de cada incendio. En las áreas quemadas, los arbustos rebrotan más rápido que los árboles nativos, lo que genera un paisaje todavía más inflamable que el original y aumenta el riesgo de que el fuego vuelva.

Barrios dentro del bosque
El tercer factor es humano. Entre 2000 y 2022, la superficie urbanizada de la región creció un 63,1%, en gran parte sobre el bosque nativo. Ese avance amplió la llamada interfase urbano-forestal, la franja donde las viviendas conviven con la vegetación.
El estudio muestra que al menos nueve de los doce grandes incendios comenzaron o se propagaron en barrios construidos junto al bosque. En esas zonas se multiplican las fuentes de ignición vinculadas a la actividad humana, y al mismo tiempo crece la cantidad de casas y personas expuestas al fuego.
Los investigadores subrayan que estos tres factores no actúan por separado: un verano seco sobre un bosque cargado de combustible y rodeado de viviendas multiplica el riesgo de que una chispa se convierta en un incendio de gran escala.

Actuar “el día antes”
Los investigadores advierten que la estrategia actual, centrada en el combate, no alcanza. Proponen dejar de actuar solo cuando el fuego ya empezó y planificar el territorio con anticipación: gestionar la vegetación que funciona como combustible, regular el avance de los barrios sobre el bosque y educar a la comunidad para prevenir y anticipar los riesgos.
La advertencia cobra fuerza tras la temporada 2025-2026, considerada la peor en seis décadas en la región. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 los incendios afectaron más de 60.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, casi todas en Chubut. La superficie duplicó la de la temporada anterior y fue diez veces mayor que el promedio de 2022 a 2024. La organización estima, además, que cerca del 95% de los incendios en la región tiene origen humano, un dato que refuerza la advertencia del estudio sobre la interfase urbano-forestal.
Con una nueva temporada por delante y El Niño en pleno desarrollo, las autoridades de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias se reunieron días atrás en Bariloche para coordinar recursos. Para los científicos, sin embargo, la clave está en lo que se haga antes de que aparezca la primera columna de humo.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro

El Presupuesto 2027 asigna solo el 4% de lo que fija la Ley de Bosques para el monte nativo

Según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el proyecto oficial destina $24.668 millones al fondo de la Ley 26.331, cuando por ley deberían ser más de $606.000 millones: el equivalente a unos 39 pesos mensuales por hectárea.

Treinta y nueve pesos por mes. Esa es la cifra que, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Estado destinaría a la protección de cada hectárea de bosque nativo del país. El cálculo surge de un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que advierte que la partida prevista para el fondo creado por la Ley de Bosques representa apenas el 4,07% de lo que la norma establece.
El proyecto enviado al Congreso asigna $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331, ese fondo debería recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2027 equivaldría a unos $606.304 millones. La diferencia supera los $580.000 millones. En términos simples, por cada 100 pesos que la ley ordena destinar a los bosques, el proyecto prevé poco más de cuatro.
La ley prevé, además, que el fondo se integre con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ese componente tampoco aparece reflejado en la asignación.

La cuenta de los 39 pesos
Para dimensionar el recorte, la organización tomó como referencia la superficie de bosque nativo registrada en el último monitoreo disponible: más de 53 millones de hectáreas. Al repartir la partida prevista sobre esa superficie, el resultado es de unos $466 por hectárea por año, es decir, alrededor de $39 por mes.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, con esos montos las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios de tierras no reciben incentivos para usar, conservar o restaurar los bosques de manera sostenible.

Un incumplimiento histórico
El problema no es nuevo. Jaramillo recordó que, salvo en los primeros años de vigencia de la ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondía. El porcentaje previsto para 2027 es, según la organización, uno de los más bajos desde la sanción de la norma, en 2007.
La Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Obliga a las provincias a ordenar sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde, según su valor ambiental) y creó el fondo para compensar a quienes los conservan y fortalecer los controles. Sin recursos, advierte Vida Silvestre, las áreas quemadas o desmontadas ilegalmente no se restauran como exige la ley, y tampoco existe un registro nacional de infractores.

El caso de Misiones
La subejecución se siente con especial fuerza en las provincias con mayor riqueza forestal, como Misiones, que alberga buena parte de la selva paranaense que queda en el país. El antecedente es elocuente. En 2021, al analizar el proyecto de Presupuesto 2022, Vida Silvestre había advertido que la provincia recibiría apenas unos $39 millones para el cuidado de sus bosques. Por ley le correspondían alrededor de $1.300 millones, por lo que la asignación representaba solo el 3% de lo que fijaba la norma.
Por entonces, el fondo nacional tenía asignados poco más de $1.212 millones, un monto que se reparte entre las provincias según distintos criterios, entre ellos la superficie de bosque de cada una. “Venimos pidiendo año tras año que se cumpla la ley de manera correcta”, sostenía Jaramillo en aquel momento.
Cinco años después, el reclamo se repite casi con las mismas palabras, pero en un contexto más exigente. La partida actual vuelve a quedar muy lejos del piso legal mientras la deforestación y los incendios siguen presionando sobre los bosques nativos.

Lo que viene
El proyecto de presupuesto todavía debe ser debatido en el Congreso, donde las organizaciones ambientales buscarán que se recomponga la partida. Para facilitar ese seguimiento, Vida Silvestre reúne datos y análisis sobre la implementación de la ley en su micrositio leydebosques.vidasilvestre.org.ar.
Para la fundación, la discusión excede las cifras: sin recursos para controlar, compensar y restaurar, la Ley de Bosques corre el riesgo de quedar como una norma vigente en el papel, pero sin capacidad real de frenar la pérdida del monte nativo.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Primera Edición, Portal Argentina Forestal, Fundación Vida Silvestre Argentina

Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal

Semanas después de que sus integrantes frenaran el ingreso de una topadora, la Comunidad El Tunal, del Pueblo Vilela, denunció que la Dirección de Bosques provincial autorizó formalmente a una empresa agropecuaria a desmontar uno de los últimos sectores de monte nativo de su territorio, reconocido oficialmente por el Estado como de ocupación tradicional indígena.

La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Originario Vilela, denunció que continúan los desmontes en parte de su territorio comunitario en el norte de Santiago del Estero, pese a los reclamos presentados ante las autoridades provinciales. Según informó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques de la provincia autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a avanzar con las tareas, luego de que a fines de agosto la propia comunidad lograra frenar el ingreso de una topadora que había comenzado a desmontar en el lugar.

Una autorización después de la resistencia
De acuerdo con la organización, tras aquel freno inicial se presentó en el territorio una persona con una orden atribuida a la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichelli, mediante la cual se autorizaba a la empresa a realizar el desmonte. "Ante el desconocimiento total de la comunidad, se han radicado las denuncias correspondientes, sin embargo desde las autoridades de control, se hace oído sordo", sostuvo el MOCASE-VC en una publicación difundida en redes sociales. Según la denuncia, las máquinas continúan trabajando en el lugar. La organización afirmó además que las topadoras están custodiadas por personas armadas, una acusación que no fue acompañada de documentación pública sobre la identidad de esas personas ni sobre actuaciones judiciales vinculadas al episodio.

Un territorio que el propio Estado reconoció como indígena
El Tunal está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero. En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad, y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie de aproximadamente 3.132 hectáreas, con delimitación georreferenciada y documentación histórica y antropológica incluida. Ese antecedente es central en el conflicto actual: mientras un organismo nacional registró oficialmente la ocupación tradicional del territorio, otro organismo provincial autorizó allí una actividad de desmonte.

Las preguntas que plantea la comunidad
El MOCASE-VC cuestionó los criterios utilizados por la Dirección de Bosques para otorgar la autorización y planteó interrogantes sobre la participación de la comunidad en el proceso: "¿por qué no se ha sometido a consulta pública? ¿Por qué no se mide el impacto ambiental, social, cultural, político que provoca autorizando en territorio indígena un desmonte?", preguntó la organización. La Ley Nacional de Bosques Nativos exige que los desmontes cuenten con autorización de la autoridad competente y una evaluación de impacto ambiental previa, además de contemplar mecanismos de participación pública y acceso a la información. En el caso específico de comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece además el derecho a ser consultadas mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas administrativas que puedan afectarlas directamente. La comunidad sostiene que desconocía la autorización y exige "inmediato freno a las autorizaciones otorgadas, revisión de las mismas, estudios correspondientes sobre los impactos en territorios".

Un conflicto que no es aislado
El caso de El Tunal se suma a un patrón que distintas organizaciones vienen documentando desde hace años en la provincia. Según datos de Greenpeace Argentina, Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes del país: solo en un período de seis meses se deforestaron más de 40.000 hectáreas en el norte argentino. El MOCASE-VC vinculó además este conflicto puntual con la pérdida de monte nativo y los efectos del cambio climático, y pidió que se evalúen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de las actividades autorizadas en territorios de comunidades originarias.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

El monitoreo satelital en La Pampa detectó la deforestación no autorizada de caldenales dentro del área protegida por la Ley de Bosques


Sistemas de teledetección e inspecciones de gestión ambiental analizan la pérdida del bosque nativo de caldén por la expansión no planificada de la frontera agropecuaria.

Un informe derivado del sistema de alerta temprana satelital de la provincia de La Pampa confirmó el desmonte no autorizado de 342 hectáreas de bosque nativo en el departamento Rancul. Las imágenes de sensores remotos permitieron constatar la erradicación mediante maquinaria pesada de especímenes de caldén (Prosopis caldenia), una especie endémica que conforma la ecorregión del Espinal. La deforestación ilegal sobre parcelas catalogadas en categorías de conservación de la Ley de Bosques N.º 26.331 no solo configura una infracción gravísima a la normativa ambiental, sino que genera un impacto negativo inmediato sobre la biodiversidad terrestre, la dinámica del carbono y la protección del suelo en una zona de alta vulnerabilidad a la erosión eólica.

Mecanismos de degradación y pérdida de funciones ecofisiológicas
El caldenal actúa como una barrera biológica y estabilizadora del suelo frente a las condiciones de aridez del semiárido pampeano. La remoción de la cobertura arbórea madura destruye el horizonte orgánico y quiebra el entramado radicular que previene la degradación edáfica. Sin la protección del dosel arbóreo, los vientos dominantes aceleran la erosión eólica y despojan al terreno de sus nutrientes principales, reduciendo significativamente la capacidad de retención de agua. Asimismo, la eliminación súbita de este estrato arbóreo interrumpe el proceso de fijación biológica de carbono atmosférico y destruye el hábitat de nidificación y refugio de mamíferos y aves amenazadas que habitan en los relictos del Espinal.
Para desglosar las variables técnicas y las consecuencias ecológicas derivadas de este desmonte no autorizado, se destacan los siguientes puntos:
- Erosión eólica y empobrecimiento edáfico: Exposición directa del suelo a la acción del viento tras la pérdida de la vegetación leñosa.
- Fragmentación del bioma del Espinal: Pérdida de conectividad biológica entre parches de bosque maduro de caldén.
- Infracción al Ordenamiento Territorial: Alteración de categorías de conservación fijadas por la legislación nacional y provincial.

Fiscalización científica y marcos de aplicación normativa
La detección mediante monitoreo satelital por parte de los organismos de fiscalización provinciales demuestra la efectividad de las herramientas geoespaciales para la fiscalización del territorio. Informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Dirección General de Recursos Naturales ratifican que la tala no planificada en el distrito semiárido compromete el equilibrio hídrico regional. Las autoridades ambientales han dispuesto el cese de las actividades en el predio, la formulación de las actuaciones sumarias correspondientes y la exigencia de planes de recomposición del daño ambiental conforme a las sanciones previstas por la ley.

Gobernanza ambiental para la restauración del bosque nativo
Frente a la persistencia de desmontes ilegales, resulta indispensable profundizar la fiscalización remota e intensificar las multas operativas a los infractores. Garantizar el cumplimiento estricto del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y promover la restauración ecológica de las hectáreas degradadas son acciones prioritarias para frenar la desertificación y resguardar el patrimonio natural de La Pampa.


Fecha de Publicación: 15/09/2026
Provincia/Región: La Pampa
Fuentes originales consultadas: InfoPico, Agencia Télam, La Nación, La Arena, INTA
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Plantarán más de 100 mil árboles nativos en zonas de la Patagonia afectadas por los incendios forestales


Una ambiciosa iniciativa de restauración ecológica busca recuperar miles de hectáreas de bosques autóctonos destruidos por el fuego en la Cordillera de los Andes, priorizando especies clave como la lenga, el coihue y el maitén.

Las secuelas ambientales dejadas por los voraces incendios forestales que han azotado repetidamente a la región cordillerana de la Patagonia argentina demandan respuestas de restauración a gran escala. En este contexto, se puso en marcha un ambicioso plan de reforestación pública y privada que contempla la plantación de más de 100 mil ejemplares de árboles nativos en áreas degradadas de la Comarca Andina y parques nacionales del sur del país. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por organismos ambientales, brigadas forestales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales, busca acelerar la cicatrización de ecosistemas forestales centenarios que perdieron su cubierta arbórea primaria y cuya capacidad de regeneración natural se encuentra gravemente comprometida debido a la recurrencia e intensidad de las llamas.

Selección de especies, viveros regionales y técnica de implantación
El proceso de restauración forestal en ecosistemas patagónicos entraña una alta complejidad técnica que va mucho más allá de la mera siembra de ejemplares. Las tareas comenzaron meses atrás en viveros regionales especializados, donde se recolectaron semillas de poblaciones locales de especies autóctonas como la lenga (Nothofagus pumilio), el coihue (Nothofagus dombeyi), el radal (Lomatia hirsuta) y el maitén (Maytenus boaria). Esta metodología garantiza la preservación de la variabilidad genética adecuada para hacer frente a las rigurosas condiciones climáticas de la cordillera. Las cuadrillas de brigadistas y voluntarios deben trasladarse a pie o a lomo de mula hacia zonas de difícil acceso topográfico, realizando la plantación manual durante las ventanas estacionales de otoño e invierno para aprovechar la humedad de los suelos antes de las heladas intensas.
Para comprender la trascendencia ecológica y los desafíos logísticos de este programa de restauración a gran escala, los equipos técnicos destacan los siguientes aspectos fundamentales:
- Freno a la erosión hídrica y eólica: La reposición de la cobertura vegetal fija la capa orgánica del suelo, evitando que las lluvias estacionales provoquen deslaves, corrimientos de tierra y la sedimentación acelerada de ríos y lagos.
- Recuperación del hábitat para la fauna autóctona: La reforestación restaura el refugio y las fuentes de alimento para especies amenazadas de la fauna patagónica, como el huemul, el pudú y el carpintero negro.
- Control de especies invasoras: La pronta cobertura del suelo con flora nativa impide que plantas exóticas invasoras —como la rosa mosqueta o los pinos asilvestrados— colonicen los terrenos quemados e impidan la sucesión ecológica natural.

La problemática del cambio climático y la prevención de nuevos fuegos
Los científicos y especialistas en ecología del fuego advierten que la reforestación debe ir acompañada de un cambio estructural en las políticas de manejo de incendios y ordenamiento territorial. El aumento progresivo de las temperaturas globales y las sequías prolongadas que afectan a la Patagonia transforman a la biomasa seca en un combustible extremadamente inflamable durante la época estival. Por ello, el plan de restauración incluye el diseño de fajas cortafuegos, el monitoreo constante de la supervivencia de los plantines durante sus primeros años de vida y la participación activa de los pobladores en brigadas comunitarias de prevención.

Compromiso socioambiental y custodia del patrimonio natural
La replantación de más de 100 mil árboles en la Cordillera patagónica no solo representa un logro biológico de relevancia nacional, sino un símbolo de resiliencia comunitaria frente a la catástrofe ambiental. Involucrar a escuelas, comunidades originarias y brigadistas en el proceso de recolección, siembra y cuidado de los bosques nativos fortalece el sentido de pertenencia y la conciencia colectiva sobre el valor intangible de la naturaleza. La conservación de los bosques patagónicos se consolida así como una tarea prioritaria para asegurar la regulación del ciclo hídrico, la captura de carbono y la protección del paisaje para las futuras generaciones.


Fecha de Publicación: 04/09/2026
Provincia/Región: Patagonia 
Fuentes originales consultadas: Radio 3 Cadena Patagonia, Administración de Parques Nacionales (APN), Subsecretaría de Bosques de la Provincia del Chubut
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Una comunidad educativa rural siembra futuro y resiliencia en los bosques nativos del sur argentino


En un hito de educación ambiental aplicada, una escuela rural de la provincia de Chubut celebró veinte años ininterrumpidos de labor comunitaria orientada a la restauración ecológica, alcanzando la histórica cifra de más de 32.000 ejemplares de especies nativas plantadas en áreas severamente degradadas por los incendios forestales.

La persistente crisis de los incendios forestales que azota cíclicamente a la Patagonia argentina ha encontrado una de sus respuestas más conmovedoras, eficaces y duraderas en el corazón de la comunidad educativa de la provincia de Chubut. Una pequeña institución escolar rural ha consolidado un proyecto de vanguardia socioambiental que cumple dos décadas de existencia ininterrumpida, enfocado de manera directa en la recuperación biológica de las zonas cordilleranas arrasadas por el fuego. A través de la articulación pedagógica entre docentes, estudiantes, familias y especialistas en ecología forestal, esta iniciativa civil ha logrado reforestar los cerros y valles locales mediante la producción y plantación manual de más de 32.000 árboles autóctonos, transformando el dolor de la pérdida del paisaje natural en una cátedra viva de resiliencia comunitaria y soberanía ecológica territorial.

El proceso técnico de la restauración: del vivero escolar al suelo degradado
El éxito sostenido de este proyecto a lo largo de veinte años no responde a acciones espasmódicas o meramente simbólicas, sino a un riguroso protocolo técnico de restauración ecológica que los estudiantes incorporan como parte de su trayecto formativo regular. El ciclo anual comienza con la recolección estratégica de semillas de especies nativas —principalmente coihues, cipreses de la cordillera, ñires y lengas— en sectores de bosque sano que actúan como "áreas semilleras". Posteriormente, estas semillas son procesadas y germinadas en el propio vivero automatizado que la escuela construyó y gestiona en su predio, asegurando el cuidado biológico de los plantines durante sus primeros y más vulnerables años de desarrollo antes de enfrentarse a las hostiles condiciones del terreno definitivo.
Para los equipos de investigación y docentes que analizan este modelo de educación ambiental, la efectividad de la metodología escolar se sintetiza en las siguientes fases operativas críticas:
- Recolección y tipificación genética: Se priorizan las semillas de poblaciones locales para garantizar que los nuevos árboles posean la adaptación climática y la resistencia hídrica necesarias para sobrevivir en la microrregión.
- Acondicionamiento del suelo incendiado: Antes de la plantación física, los estudiantes y voluntarios evalúan el estado del sustrato orgánico, controlando la presencia de especies exóticas invasoras (como la rosa mosqueta o los pinos exóticos) que compiten de forma agresiva por los recursos hídricos.
- Monitoreo post-plantación a largo plazo: La comunidad educativa organiza salidas sistemáticas al terreno para verificar la tasa de supervivencia de los ejemplares plantados, realizando tareas de riego de emergencia y protección mecánica contra el ramoneo del ganado o la fauna silvestre.

Pedagogía del arraigo y el rol de las Soluciones Basadas en la Naturaleza
Desde la perspectiva estrictamente pedagógica, este proyecto de veinte años rompe con los esquemas tradicionales de la educación ambiental teórica al integrar a los jóvenes de la ruralidad patagónica en una Solución Basada en la Naturaleza (SbN) real y de escala comunitaria. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos avanzados de botánica, edafología y climatología, sino que desarrollan una profunda "pedagogía del arraigo", ligada al cuidado y la defensa del territorio que habitan. Científicos de centros de investigación patagónicos y universidades nacionales que acompañan la iniciativa destacan que ver crecer los árboles que ellos mismos plantaron empodera a las nuevas generaciones, dotándolas de herramientas prácticas para mitigar localmente los efectos del cambio climático y la desertificación que amenazan la sustentabilidad de la región cordillerana.

Un faro comunitario frente a la desinversión y el cambio climático
La continuidad de esta labor escolar cobra un valor aún más estratégico ante el actual contexto de retroceso presupuestario en los planes de manejo del fuego y la recurrencia de sequías estructurales extremas ligadas al calentamiento global en la Patagonia. Mientras las agencias estatales sufren demoras burocráticas y limitaciones operativas, el vivero de esta escuela rural funciona como un banco genético y un centro logístico de resistencia ecológica que abastece de vida a los cerros calcinados. La experiencia de Chubut demuestra de forma contundente que las comunidades locales, cuando cuentan con organización, conocimiento técnico y continuidad en el tiempo, son capaces de asumir un rol protagónico en la restauración de los bienes comunes, convirtiéndose en un faro institucional que debiera replicarse con urgencia en cada rincón de la Argentina amenazado por el avance de las fronteras extractivas y los desastres ambientales.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes originales consultadas: Portal Noticias Ambientales, Secretaría de Bosques de la Provincia de Chubut, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)
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Qué es la resiliencia de los bosques y cómo se estudiará en Patagonia

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


La iniciativa recibió subsidio de la Fundación Williams. El trabajo será realizado por científicas del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Cuáles serán los pasos que darán para aportar conocimiento, según detallaron en diálogo con Diario RIO NEGRO. 
Los bosques patagónicos enfrentan un desafío enorme ante el fuego. Estos ecosistemas únicos sufren daños severos por el incremento de incendios forestales en la región.
La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio y recuperar su equilibrio con el paso del tiempo. Las especialistas estudian esta facultad para entender el proceso de sanación natural. 
Ahora, las doctoras Florencia Urretavizcaya y Melisa Rago buscan respuestas clave para la supervivencia de esos paisajes. Con un subsidio otorgado por la Fundación Williams, las investigadoras analizarán cómo el territorio logra reaccionar tras una catástrofe de gran magnitud. Ambas pertenecen al CONICET al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), ubicado en Esquel, Chubut.

El fuego contra el bosque
Se sabe que el aumento en la intensidad del fuego pone en riesgo la biodiversidad local. Esos eventos alteran la estructura natural que protege el suelo y la vida silvestre. El daño estructural dificulta la regeneración natural y pone en peligro la supervivencia futura.
Por eso, la fragilidad del entorno exige medidas concretas para su conservación. La falta de estrategias adecuadas puede impedir que la respuesta sea efectiva frente a la magnitud actual de los incendios.
“El objetivo principal de las investigadoras es estudiar la dinámica de recuperación de los bosques andino-patagónicos afectados por incendios. Vamos a generar conocimientos que servirán para el diseño de estrategias de manejo y conservación”, explicó Urretavizcaya, ingeniera forestal y doctora en biología, quien fue entrevistada por DIARIO RÍO NEGRO.
El trabajo vincula la resiliencia forestal con el impacto de la restauración ecológica activa. «La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio, como un incendio, y recuperar o reorganizar su estructura y sus funciones a lo largo del tiempo», explicó.

Luces sobre la ceniza
Las investigadoras evaluarán la vegetación en sitios afectados durante distintos años. Analizarán cómo la resiliencia propia del bosque interactúa con las nuevas condiciones ambientales.
Se enfocarán en bosques de coihue afectados con alta severidad en la última década. El trabajo de campo abarca áreas de la cordillera en Chubut y Río Negro.
«En este caso, vamos a focalizar nuestro estudio en bosques de coihue, cuyo nombre científico es Nothofagus dombeyi, que se han quemado con alta severidad en los últimos diez años en la región de la cordillera patagónica, ubicados en el norte del Chubut y Río Negro», detaló la doctora Rago.
El proyecto examinará la influencia humana en la regeneración del entorno vegetal. «Además, en este proyecto vamos a estudiar como la restauración ecológica contribuye a la recuperación de los bosques», comentó.
Compararán zonas con técnicas de restauración contra otras áreas sin intervención. Particularmente, van a focalizar ese tema en lenga (Nothofagus pumilio) al caracterizar parcelas de restauración postincendio realizadas por plantaciones, que ya cuentan con 16 años de edad.
“Estudiaremos qué especies de plantas predominan en cada momento y qué rol cumplen. Por ejemplo, queremos saber si favorecen que se recuperen los nutrientes en el suelo, y también cómo se va recuperando la actividad biológica”, añadió Urretavizcaya.
El tiempo de ejecución del proyecto suma un año calendario. «Este proyecto es por un año, así que ahora estamos planificando los muestreos que llevaremos a cabo durante esta primavera y verano», aclaran.
Las científicas prevén la redacción de resultados durante los meses de otoño e invierno. El equipo contempla la necesidad de sostener este monitoreo a largo plazo tras el plazo inicial. “Dado que la recuperación de los bosques luego de incendios es un proceso a largo plazo (o que duran décadas), esperamos luego continuar con estas líneas de investigación a través de futuros financiamientos”, puntualizó Urretavizcaya.

Coihue y lenga: diferencias y características de dos árboles nativos
El coihue (Nothofagus dombeyi) y la lenga (Nothofagus pumilio) son árboles nativos de Argentina y Chile. Pertenecen al mismo género y comparten parte de su distribución, pero tienen características y ambientes de crecimiento diferentes, según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.
El coihue es un árbol siempreverde que puede alcanzar unos 40 metros de altura. Prefiere los suelos húmedos y se desarrolla bien cerca de ríos y lagos. En la Argentina se encuentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La lenga es un árbol caducifolio: pierde sus hojas durante el otoño. Puede alcanzar unos 30 metros de altura. En las zonas bajas presenta porte arbóreo, mientras que en áreas altas o expuestas al viento puede adoptar una forma baja y achaparrada.
También existen diferencias en la altitud donde crecen. El coihue aparece desde el nivel del mar hasta unos 1.000 metros, mientras que la lenga puede crecer hasta unos 1.500 metros. En el norte de su distribución, la lenga puede formar el límite superior de la vegetación arbórea.
Coihue y lenga comparten género y territorio, pero se distinguen por sus hojas, su porte y los ambientes donde crecen. El coihue conserva sus hojas durante todo el año y prefiere suelos húmedos; la lenga pierde sus hojas y puede crecer en zonas más altas y expuestas.
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Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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Patagonia protege más de la mitad de sus bosques, pero hay tres amenazas

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


Lo advierte un informe del CONICET y la Asociación Argentina de Ecología. Fue elaborado por investigadores en ecología y biodiversidad. Detallaron el estado de los bosques andino-patagónicos, que ocupan 53.565 kilómetros cuadrados. Afirmaron que cuidar esos paisajes es clave para preservar la biodiversidad regional 
Un grupo de 51 investigadores con filiación en 19 instituciones convocados por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) elaboró el mapeo más completo disponible de los ecosistemas del país. Contaron con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El trabajo fue elaborado por pedido de la Dirección de Biodiversidad de la Nación.
El trabajo produjo 133 fichas de ecosistemas —marinos, acuáticos continentales y terrestres— y uno de sus resultados más llamativos aparece en el extremo sur del país.
Los bosques andino-patagónicos, una franja de vegetación que se extiende a lo largo de la cordillera, desde las provincias del norte de la Patagonia hasta Tierra del Fuego, tienen el 58,3% de su superficie bajo algún grado de protección, según el informe.
Eso equivale a 31.236 km², resguardados por una red que incluye cinco áreas de jerarquía internacional, entre ellas los Patrimonios de la Humanidad Los Alerces y Los Glaciares, y la Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica. A eso se suman 13 áreas nacionales y 54 provinciales. Sin embargo, los expertos señalaron tres amenazas para los ecosistemas de la Patagonia para tener en cuenta.

El castor invasor
La primera amenaza es animal y viene del hemisferio norte. El castor canadiense es una especie exótica invasora —es decir, traída de otro lugar del mundo y que causa daño al ambiente local— que el informe de la AsAE ubica entre los principales peligros para el bosque. El animal construye diques en los cursos de agua, lo que provoca la inundación de los bosques aledaños y la destrucción de los árboles. Otras especies invasoras que también figuran en el diagnóstico son la rosa mosqueta y la avispa chaqueta amarilla.

Truchas foráneas
Los cuerpos de agua del bosque enfrentan otro problema: la presencia de salmónidos exóticos, es decir, truchas y salmones introducidos desde otras regiones del mundo. El informe menciona, entre otros, a la trucha arcoíris y a la trucha marrón. Estas especies están presentes en los mismos cuerpos de agua que peces nativos como los puyenes y las percas, propios de la región y parte de la cadena alimentaria original del ecosistema.

El deshielo que no para
La tercera amenaza es climática. El informe de la AsAE registra la retracción glaciar —la pérdida de masa de los glaciares por el aumento de la temperatura— como uno de los factores que afecta los lagos de altura de la región. Esos cuerpos de agua dependen del derretimiento controlado del hielo para mantener su nivel. Los lagos andinos de Patagonia austral, entre los que se cuenta el lago Argentino —el más grande de la Argentina, con 1.560 kilómetros cuadrados—, también reciben el impacto del cambio climático junto con el avance urbano sobre sus márgenes.

El tesoro oculto del bosque andino: fauna única y naturaleza en peligro
De acuerdo con el informe elaborado por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET, el bosque andino-patagónico tiene 53.565 kilómetros cuadrados de superficie total y un clima templado frío, con precipitaciones medias de 1.649 milímetros anuales.
Entre su fauna conviven el huemul, un ciervo autóctono en peligro de extinción, el cóndor, el carpintero gigante y el alerce, uno de los árboles más longevos de la región. El ecosistema presta servicios de regulación del clima, provisión de agua dulce y soporte para el ecoturismo en toda la región cordillerana.
Una de las coautoras, la investigadora en ecología del CONICET Paulina Martinetto, contó a Diario RIO NEGRO sobre la situación de las provincias de Río Negro y Neuquén. “En las dos provincias se observa una gran diversidad de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos continentales y marinos. Esto se debe principalmente a su geografía única, desde la cordillera al mar, y su posición en la Patagonia norte, región de transición climática”.
La experta destacó: “La riqueza natural que convive en Río Negro y Neuquén brinda múltiples beneficios a sus habitantes, como agua potable, alimentos, regulación del clima y ecoturismo”.
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La deforestación ya arrasó dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un relevamiento de Greenpeace detectó que entre enero y junio se desmontaron 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques.
La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que entre enero y junio de este año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Desde Greenpeace volvieron a reclamar la penalización de la destrucción de bosques y advirtieron por el avance de los desmontes en algunas provincias.
“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Reclaman sanciones más duras contra los desmontes
Según la organización, las sanciones económicas no lograron detener la pérdida de bosques. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.Y sumó: “Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.
Argentina mantiene elevados niveles de deforestación pese al compromiso asumido por el país durante la Cumbre Climática de Glasgow, realizada en 2021, donde adhirió al objetivo de alcanzar la Deforestación Cero para 2030.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace. Desde la organización convocaron a la ciudadanía a reclamar por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial.
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Qué se pierde cuando desaparecen los bosques: el impacto invisible que va más allá del desmonte

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Cada desmonte deja mucho más que un paisaje vacío, también se pierden funciones esenciales para regular el clima, almacenar agua, proteger la biodiversidad y sostener la producción y la vida cotidiana.
En 2025, el norte de la Argentina perdió 210.702 hectáreas de bosque nativo entre desmontes e incendios, un 40% más que el año anterior, según el informe anual de Greenpeace Argentina elaborado a partir de imágenes satelitales. De ese total, 94.204 hectáreas correspondieron a desmontes realizados con maquinaria en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, mientras que 116.498 hectáreas ardieron en incendios forestales.
El dato se inscribe en una tendencia de largo plazo: la Argentina tenía alrededor de 35 millones de hectáreas de bosque nativo en 1987 y, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Bosques de la Nación, perdió cerca de 7 millones de hectáreas entre 1998 y 2024, lo que la ubica entre los 15 países con mayor pérdida de bosques del mundo.
Esa contabilidad es necesaria, pero no alcanza para explicar el impacto completo. Un bosque no es solo un conjunto de árboles ni una reserva de madera. Es una infraestructura natural que trabaja todo el tiempo, incluso cuando nadie la ve: capta agua, modera temperaturas, conserva suelos, almacena carbono, aloja especies y mantiene procesos que terminan influyendo sobre la producción de alimentos, la disponibilidad hídrica, la frecuencia de inundaciones y la calidad de vida en ciudades que pueden estar a cientos de kilómetros.
A ese conjunto de beneficios se lo conoce como servicios ecosistémicos. El concepto fue difundido por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un estudio internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir cómo los cambios en los ecosistemas afectan el bienestar humano. La definición que dejó ese trabajo es simple: son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas.
En términos concretos, esos servicios incluyen aquello que la naturaleza provee de manera directa, como alimentos, madera, fibras, agua o plantas de uso medicinal; aquello que regula, como el clima, las crecidas de los ríos, la erosión, la polinización o la calidad del aire; y aquello que sostiene, como la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y los hábitats donde vive la biodiversidad. También incorporan valores culturales, recreativos y simbólicos vinculados con el paisaje y las formas de vida.
La dificultad es que muchos de esos servicios no tienen precio visible. No aparecen en una factura de luz, en el costo de una vivienda ni en el valor final de un alimento. Sin embargo, cuando se deterioran, el costo se traslada a otros lugares: obras de contención más caras, pérdidas por inundaciones, menor productividad de suelos, caída de polinizadores, aumento de temperaturas locales, problemas en la provisión de agua o pérdida de recursos para comunidades que dependen del bosque para su vida diaria. La pérdida ambiental, entonces, no queda encerrada en el lugar donde se produjo el desmonte.

Los servicios que no se ven
Para Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas, los bosques deben entenderse dentro de una trama más amplia de ecosistemas naturales, junto con pastizales, humedales y arbustales. “Los bosques, como otros ecosistemas naturales, brindan una serie de servicios ambientales. Participan en la regulación climática, evapotranspiran, generan humedad, contribuyen a la formación de microclimas y también cumplen una función de regulación térmica”, explicó Brown.
“Los bosques fijan carbono. Secuestran parte del carbono que liberan la actividad agroindustrial y las ciudades, y lo acumulan en los troncos y en el suelo. Por eso, cuando se convierte un bosque, no solo se interrumpe esa acumulación, sino que, al usar o quemar esa madera, también se libera parte de ese carbono”, señaló el presidente de Fundación ProYungas.
En las Yungas del noroeste argentino, donde la niebla forma parte del régimen ambiental, la cobertura forestal cumple otra función. “En regiones montañosas, los bosques tienen un papel importante en la regulación hídrica de las cuencas. Ayudan a favorecer la percolación del agua durante las lluvias, reducen el escurrimiento superficial y hacen menos abrupto el crecimiento de arroyos y ríos”, dijo Brown. Y agregó: “En el noroeste argentino, donde hay bosques nublados y neblina frecuente, el bosque ayuda a captar y filtrar esa agua, que luego pasa a engrosar arroyos y napas profundas”.
La biodiversidad es otro servicio que suele quedar reducido a una imagen de especies emblemáticas. Pero el funcionamiento de un bosque depende de organismos visibles y no visibles: aves, mamíferos, insectos, hongos, microorganismos del suelo, polinizadores y controladores naturales de plagas. La pérdida de cobertura no elimina solo individuos; también fragmenta relaciones. Cuando se reduce un hábitat, disminuyen corredores, refugios, sitios de reproducción y fuentes de alimento. Esa alteración puede afectar la polinización de cultivos, el control biológico de insectos y la fertilidad de los suelos.
Brown también puso el foco en el vínculo entre bosques y comunidades. “En comunidades que viven asociadas al bosque, una parte importante de ellas indígenas, tanto en la Patagonia como en el norte grande de la Argentina, los bosques generan muchas cosas. Aportan especies que se utilizan para la salud, recursos para economías informales, producción de artesanías, madera o palos para construcciones rurales, fuego, carbón y materia prima para la vida cotidiana”, afirmó.
La ley de bosques, sancionada en 2007, fue una herramienta central para ordenar la conservación de bosques nativos mediante categorías de protección. Sin embargo, su implementación convive con tensiones entre conservación, producción, financiamiento, fiscalización y decisiones provinciales. “La ley de bosques fue importante para dar visibilidad y poner en valor los bosques en la Argentina, pero con la ley no alcanza. Para conservar la cobertura forestal se necesitan herramientas que permitan que otras actividades productivas vean en la conservación una herramienta que potencia su sustentabilidad y que eso sea valorado por el mercado”, sostuvo Brown.

Más allá de los árboles
Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International, plantea que los humedales entran en la conversación con menor reconocimiento público que los bosques, aunque cumplen funciones decisivas para el agua, el carbono y la biodiversidad. “Los bosques tienen buena prensa. Todo el mundo sabe qué es un bosque, que producen oxígeno y que están amenazados por el avance de la frontera agropecuaria. También se reconoce su importancia para la captura de carbono. En resumen, se los suele llamar los pulmones del planeta”, planteó Boscarol. “Con los humedales pasa algo distinto: en el imaginario colectivo se los asocia a pantanos, ciénagas y mosquitos. Durante cientos de años se los rellenó o secó para convertirlos en tierras aptas para la agricultura o la urbanización”, agregó. ´
“A los humedales hay que valorarlos por las funciones que cumplen como reguladores de inundaciones. Actúan como esponjas que retienen el agua en casos de lluvias extremas y desbordes de los ríos, y evitan que se acumule en zonas bajas sembradas o urbanizadas. También son depósitos de agua dulce y contribuyen a su depuración”, explicó la coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International.
Los datos internacionales muestran la escala de esa transformación. El informe Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025, conocido por su nombre en inglés Global Wetland Outlook 2025 y elaborado en el marco de la Convención sobre los Humedales, estimó que desde 1970 se perdió el 22% de los humedales del mundo. El mismo informe advirtió que su deterioro compromete beneficios asociados al agua, la protección contra inundaciones, el carbono, la producción de alimentos y los medios de vida.
Boscarol remarcó que estos ambientes son hábitat de una porción relevante de especies del planeta. “Los humedales son hábitat de aproximadamente el 40% de las especies mundiales y del 12% de todas las especies animales. Más del 40% de las especies de peces son de agua dulce y encuentran en los humedales un hábitat permanente o un lugar para cumplir parte de su ciclo de vida. También unas 4.000 especies de anfibios dependen de los humedales para su subsistencia”, señaló.
En términos climáticos, los humedales almacenan una parte significativa del carbono terrestre, en particular en turberas, manglares, marismas y otros sistemas donde la acumulación de materia orgánica se mantiene durante largos períodos. “Los humedales ayudan a regular el clima porque almacenan carbono y protegen frente a los impactos cada vez más graves del calentamiento del planeta”, indicó Boscarol. Y agregó: “No se trata de comparar si los bosques o los humedales son más importantes para la vida en el planeta, sino de reconocer la necesidad de conservar ambos”.
La metáfora que propone Boscarol apunta a explicar una función que suele advertirse tarde. “Los humedales no se pueden equiparar a órganos como los pulmones o el corazón, pero sin duda son los riñones del planeta: los ignoramos hasta que comienzan a fallar y se sufren las consecuencias de no haberlos tenido en consideración”, afirmó.

¿Desde lejos no se ve?
El impacto de la deforestación no se limita al territorio donde ocurre. Estudios del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la organización Amazon Conservation, describen el fenómeno de los “ríos voladores”: enormes volúmenes de vapor de agua generados por la evapotranspiración de la selva amazónica que viajan por la atmósfera hacia el sur del continente y se condensan en forma de lluvia sobre Paraguay, el norte argentino y la cuenca del Río de la Plata. Ese flujo de humedad es uno de los factores que sostiene la disponibilidad de agua para la agricultura en la región pampeana, de acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la crisis de la selva amazónica. La reducción de la masa forestal disminuye la cantidad de árboles disponibles para sostener ese ciclo, lo que, según el análisis de MAAP difundido en 2025, intensifica las sequías en distintos puntos de Sudamérica, en particular durante la temporada seca.
En la Argentina, ese mecanismo se combina con otro más directo: la pérdida de cobertura forestal en las cabeceras de cuenca reduce la capacidad de los suelos para retener agua de lluvia, lo que incrementa el escurrimiento superficial y puede agravar crecidas en zonas bajas situadas río abajo, muchas veces alejadas de la región donde se produjo el desmonte. A esto se agrega el efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero: según el informe de Greenpeace Argentina, el sector agropecuario y los cambios de uso del suelo representan cerca del 38% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción que conecta la deforestación regional con la discusión climática global asumida por el país en la Cumbre de Glasgow de 2021, donde se comprometió a alcanzar la “deforestación cero” hacia 2030.
Ese escenario se da en un contexto de debate sobre el principal instrumento de protección forestal del país. El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo —el espacio de diálogo integrado por funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores— dio a conocer una propuesta para modificar la Ley 26.331, que, según organizaciones del sector forestal y ambientalistas, reduciría el nivel de protección vigente, entre otros puntos, al eliminar la autorización previa obligatoria para desmontes en zonas clasificadas en la categoría de menor restricción. La iniciativa generó el rechazo de entidades agrupadas en la Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas, entre las que participa la Red Agroforestal Chaco (REDAF). Además, motivó una presentación de Greenpeace Argentina ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la organización advirtió que el 80% de los desmontes registrados en 2025 en Santiago del Estero se realizaron en zonas donde la ley vigente prohíbe la deforestación.
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