Pesqueros denuncian que la desregulación atenta contra la sostenibilidad

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional


Trabajadores de la pesca denunciaron que la derogación de una serie de normas por parte del Gobierno nacional atentan contra la sostenibilidad de las especies de la fauna marina nacional y, en consecuencia, a sus fuentes de trabajo. Además afirman que las desregulaciones propuestas no generaban costo para el Estado.
La denuncia apunta a la Resolución 76/2024 de la Secretaría de Bioeconomía que derogó 12 normas  sancionadas entre 2021 y 2023 que, según los trabajadores, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera.
El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, sostuvo que  "no se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica".
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por otro lado, Moreno denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo.
"Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar", apuntó Moreno.
La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.
Moreno aseguró: "Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones".
"En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar", advirtió el sindicalista.
Por otro lado, trabajadores manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.
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El Gobierno adhirió a un acuerdo internacional clave para evitar la depredación del Mar Argentino

Fecha de Publicación: 26/06/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


En la ONU, la Canciller Diana Mondino firmó la adhesión del país al acuerdo sobre “Biodiversidad fuera de Jurisdicciones Nacionales”, lo que le permitiría a la Argentina avanzar en el control de la “Milla 201″, donde pescan indiscriminadamente centenares de buques extranjeros, mayormente chinos
En medio de los ruidos políticos y de mercado y un Staff Report del Fondo Monetario Internacional que explicitó las diferencias del organismo con la política económica del gobierno y, en particular, con la política cambiaria y el manejo del dólar, la Argentina dio en la semana un paso adelante para el cuidado de su riqueza pesquera evitando la pesca indiscriminada de buques extranjeros en la llamada “Milla 201″ o borde externo del Mar Argentino, cuyo interior es “Zona Económica Exclusiva” para la pesca por parte de buques con bandera nacional.
Ese paso fue la firma en Nueva York, por parte de la canciller Diana Mondino, del Acuerdo para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de Jurisdicción Nacional”, más conocido por sus siglas en inglés BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdictions).
Se trata de “un paso fundamental para proteger la Milla 201″ coincidieron las Organizaciones No Gubernamentales Círculo de Políticas Ambientales y Por el Mar. También la Prefectura Naval Argentina, fuerza encargada de la protección de la Zona Económica Exclusiva de la incursión por parte de la flota extranjera que pesca al borde y en ocasiones al interior de la misma dijo que el acuerdo es crucial para regular la actividad pesquera “descontrolada” más allá de la jurisdicción nacional, en la que la fuerza ha localizado en la reciente temporada de pesca centenares de buques extranjeros, mayormente de China y en menor medida de España, Corea del Sur y Taiwán.
Las “aguas internacionales” (esto es, más allá de la Milla 200 desde el litoral marítimo) no están sujetas a leyes consensuadas, a menos que haya acuerdos al respecto entre estados ribereños, algo que en el caso del Mar Argentino se vuelve complejo debido a la presencia militar inglesa en las Islas Malvinas.
A falta de acuerdo entre los estados ribereños, por depredadora y descontrolada que sea, la pesca en la “Milla 201″ del Mar Argentino no alcanza a ser considerada “ilegal”, pero sí afecta mucho lo que sucede dentro de la Zona Económica Exclusiva. No tanto por las esporádicas incursiones de los buques extranjeros en ella, como ocasionalmente ocurre, sino porque los peces no saben de fronteras y porque -como ya contó Infobae- la flota extranjera, al pescar al borde del talud continental, en especial entre las latitudes 43 y 47, en el llamado “Agujero Azul”, donde la confluencia de las corrientes cálida de Brasil y fría de las Malvinas genera una alta concentración de calamares y la escasa profundidad facilita su captura, termina afectando la “tasa de escape” de una especie de ciclo de vida corto (entre uno y dos años) y clave en la cadena trófica del Mar Argentino.
El acuerdo BBNJ, dijo Milko Schvatzman, responsable del programa de Océanos del CPA e investigador sistemático de lo que ocurre en la Milla 201,“es fundamental para proteger y avanzar en una explotación responsable de los recursos marinos que son patrimonio de la humanidad y de los cuales dependen en gran medida los países sudamericanos”.
Argentina se sumó así a las 90 naciones que ya rubricaron este instrumento internacional en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El acuerdo permite, una vez implementado, la creación de áreas de protección en alta mar, como lo que podría suceder en la Milla 201, zona que tanto el CPA como la ONG “Por el Mar” consideran “una zona de intensa presión pesquera sin ningún control”.

Presión pesquera
Según Martina Sasso, fundadora de “Por el Mar, “justo al borde del Mar Argentino, a la altura de la milla 201, Argentina es protagonista de uno de los mayores puntos de presión pesquera del planeta. La implementación del acuerdo BBNJ provee una herramienta más para combatir la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada. Este marco otorga a la Argentina la posibilidad de proponer un área marina protegida fuera de la jurisdicción nacional que le permita poner fin al saqueo de nuestras pesquerías en manos de más de 500 barcos extranjeros.”
El Acuerdo BBNJ que fue adoptado el 19 de junio de 2023 y tiene como pilares la distribución justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos marinos; las evaluaciones de impacto ambiental; el fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología marina; y la implementación de herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas áreas marinas protegidas. La Argentina fue protagonista en la génesis del BBNJ y en los procesos cruciales en los que la ONU decidió avanzar en un acuerdo de esta escala, como la cumbre de Río+20, en el año 2012.
Según el Círculo de Políticas Ambientes y Por el Mar, “el siguiente paso, ahora, es que el país avance en el proceso interno de ratificación, de manera que el Acuerdo pueda entrar en vigor, y sea posible crear Áreas Marinas Protegidas (AMPs) realmente efectivas en aguas internacionales”.

No afecta soberanía
En principio, el Acuerdo excluye la posibilidad de interpretaciones discrecionales relativas a conflictos de soberanía, que es precisamente uno de los obstáculos o pretextos que se han señalado para explicar la pasividad argentina en el control de la Milla 201.
“Desde las organizaciones que trabajamos desde hace años para su entrada en vigor, reconocemos este paso importante en pos de la conservación de los recursos marinos del Atlántico Sur y de todo el planeta”, dijo Schvartzman.
“La Milla 201 es conocida por su riqueza marina por rebalse y extensión de la plataforma marina argentina menor a 200 metros de profundidad por fuera de la milla 200, atrayendo una intensa actividad pesquera que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad y la competencia desleal. El acuerdo podría ser crucial para regular la actividad pesquera descontrolada en esta región”, señaló en una nota la publicación especializada Pescare, que también destacó el respaldo de Prefectura.
El Atlántico Sur es una de las zonas más sobreexplotadas de todo el planeta por la pesca sin control que ejercen más de 500 barcos de China, Corea del Sur, Taiwán y España. Argentina es uno de los más afectados por este tipo de pesca en alta mar ya que el ecosistema es el mismo dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva. Al mismo tiempo, mientras se produce la pesca en la milla 201, algunos barcos han ingresado en forma ilegal afectando la soberanía nacional.
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Piden investigar posible daño ambiental por pesca ilegal

Fecha de Publicación: 05/06/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La Fiscalía Federal de Ushuaia, a cargo del agente federal subrogante Pablo Mansilla, solicitó investigar las tareas realizadas de forma ilegal por un buque chino interceptado por la Prefectura Naval el 21 de marzo pasado en jurisdicción del Mar Argentino y determinar el posible daño ambiental causado por la captura ilegal de ejemplares jóvenes de merluza negra.
Entre las medidas que reclamó, el fiscal le pidió al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDIEP) que remita todos los informes realizados sobre la actividad desplegada por el navío, en especial, la que llevó a cabo durante la marea de pesca entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de este año.
Concretamente, Mansilla peticionó que se cuantifique y describa el daño ambiental que hubiere producido tal accionar y que se informe si se puede revertir.
Por otra parte, el agente le encomendó a Prefectura que remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones administrativas labradas con relación al buque; que informe quiénes son sus propietarios (y, en caso de que fuera una sociedad anónima, quiénes integran su directorio) y si tenía habilitación entre el 4 de febrero y 11 de marzo para operar como lo hizo.
Por último, solicitó que se convoque a prestar declaración testimonial al funcionario público que estuvo a cargo de la constatación de la mercadería que llevaba a bordo el barco el 21 de marzo de 2024 en Ushuaia, para que relate lo sucedido aquel día.

Denuncia
La causa se inició a fines de marzo pasado, a raíz de una denuncia anónima remitida por correo electrónico a la Prefectura, con el fin que se investigara el posible daño ecológico cometido en el caso, más allá de las sanciones administrativas que correspondan por la violación a la Ley Federal de Pesca.
En su presentación, el denunciante indicó que aquello fue acreditado en un control realizado sobre el buque en el puerto de Ushuaia, donde se demostró la captura ilegal de merluza negra que no respetó el tamaño de los ejemplares capturados juveniles.
En esa línea, planteó que independientemente de las sanciones administrativas que les caben a los autores, la práctica de captura de juveniles de una especie internacionalmente protegida constituye, también, un daño penalmente imputable, que afectó al ecosistema marino.
Recordó que capturar ejemplares jóvenes de merluza negra está prohibido porque evita la depredación de la especie y precisó que es un delito sobre un recurso público natural, previsto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal, que prevé como daño agravado aquel que se produce sobre bienes públicos.
A partir de ese momento, la Fiscalía, con colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), comenzó la investigación, en la que advirtió que el buque pesquero habría capturado más toneladas que las permitidas de la especie merluza negra con una red de arrastre de fondo a profundidades cercanas a los 450 metros.
El Ministerio Púbico Fiscal (MPF) sostuvo que, como consecuencia de esa actividad, el buque habría capturado una proporción de juveniles de merluza negra superior al límite establecido por la normativa vigente.
Ponderó que, según el acta de constatación labrada el 21 de marzo pasado, durante la apertura de cajas y bolsas del pesquero investigado se observó que algunos envases tenían un rótulo que no era coincidente con lo que se encontraba en el interior.
Por ello, solicitó medidas para confirmar y, en su caso, determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado, como también cuantificarlos, en relación con la pesca de ejemplares de merluza negra en la zona económica donde la Argentina tiene exclusiva jurisdicción y determinar si existen medidas para reparar el daño causado.
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Merluza negra, demanda colectiva: El “pueblo argentino” acciona contra la pesca ilegal

Fecha de Publicación: 24/04/2024
Fuente: Diario El Sureño
Provincia/Región: Nacional


En una acción legal poco frecuente, un grupo de abogados presentó una acción de clase en defensa de un bien común: el ecosistema marino que reiteradamente es víctima de la depredación.
Después del escándalo de la persecución del buque pesquero TAI AN que operaba en la Zona Económica Exclusiva argentina (ZEEA), se inició una demanda colectiva o “acción de clase” destinada a proteger el derecho constitucional a un ambiente “equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras de los argentinos”.
La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024 y fue presentada por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi contra la empresa Prodesur SA, propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, por pesca ilegal dentro de la ZEEA. En esta nota, DEF te cuenta los detalles exclusivos de esta acción judicial.

Pesca ilegal en el Mar Argentino: que plantea la demanda colectiva
En la presentación, los demandantes señalan que la pesca o captura de 175 toneladas de merluza negra entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 fue efectuada en violación de las normas vigentes y ocasionó un daño relevante al ecosistema oceánico argentino y solicitan que los responsables compensen económicamente a “la clase” –constituida por “toda la comunidad argentina”– por el daño patrimonial, extrapatrimonial o moral y punitivo ambiental.
En este caso, piden un resarcimiento económico equivalente al valor de lo extraído -en este caso la merluza negra- en el mercado internacional, más otra suma a determinarse por un sistema de monetización de daños ambientales de uso internacional en concepto de daño moral ambiental, además de la que el Tribunal determine en concepto de daño punitivo con el fin de desalentar estas conductas antijurídicas en el futuro.
Según solicitan los demandantes, dichas indemnizaciones deberán ser asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental que se destinará a la Prefectura Naval para mejorar el control de la pesca ilegal en aguas territoriales argentinas, incluidas las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.

Los antecedentes de demandas colectivas en Argentina y en el mundo
Los profesionales llevan adelante esta demanda colectiva en calidad de afectados y, a su vez, representantes de toda la comunidad en defensa del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, presente y futuro.
Esta es la segunda acción de este tipo a nivel nacional en la que “la clase” está constituida por 45 millones de personas. La anterior fue la causa “Giménez Alicia Fanny c/ Monsanto, Bayer etc. sobre transgénicos y agrotóxicos”.
Hay muy pocos casos similares a nivel mundial –si es que hay alguno– que contemplen una clase tan numerosa. Ni siquiera la famosa causa por contaminación con asbesto en Estados Unidos implicó a tanta gente.
La demanda ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Federal 11 Secretaría N° 21 el 4 de abril de 2024.

El poder de la acción colectiva en el sistema judicial
Según la normativa, están autorizados a buscar reparación y el cese de las actividades en este tipo de perjuicios colectivos generados a cualquier ciudadano afectado tanto el Defensor del Pueblo, como las ONG ambientalistas y los diversos estamentos del Estado.
La noción de acción de clase implica que una decisión judicial tiene un alcance general para todas las personas o miembros de un grupo que se ven afectados en un mismo derecho, con el propósito de evitar la multiplicidad de demandas.
En materia ambiental, para que sea pertinente la competencia federal judicial deben existir dos condiciones: la degradación o contaminación efectiva y que el recurso sea interjurisdiccional, como es el caso de la merluza negra, especie migratoria y frágil que está protegida internacionalmente y forma parte del patrimonio nacional.
El incidente se suma a otro anterior ocurrido en el puerto de Ushuaia donde se detectó la llegada del mismo buque con merluza negra.
Quizás el caso más resonante de una acción de clase que hace décadas espera una solución efectiva es el conocido como causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Este proceso se inició en 2004, impulsada por los mismos abogados, cuando un grupo de vecinos, mediante una acción de daño ambiental colectivo, presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de esta Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios provocados por la contaminación.
Esta causa –“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza–Riachuelo)– continúa veinte años después esperando el cumplimiento de la sentencia de 2008 que ordenaba, en un fallo inédito, la recomposición ambiental.

Alerta roja en el mar argentino, los hechos
El 27 de marzo, la Armada y Prefectura Naval Argentina, en una acción coordinada, abordaron un buque de bandera china –el TAI AN– que estaba pescando ilegalmente en la ZEE del Mar Argentino.
El incidente se inició cuando las autoridades nacionales, a cargo de la vigilancia de la región, lo detectaron navegando 12 millas adentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y con el sistema de identificación automática (AIS) apagado.
El barco chino ignoró los intentos de comunicación de parte del buque argentino hasta encontrarse en aguas internacionales, momento en el que activó también el identificador.
Pasadas apenas unas horas y con el equivocado convencimiento de que las autoridades argentinas no regresarían, volvieron a la zona para continuar con la depredación. Sin embargo, la corbeta y el patrullero oceánico, debido a un cambio de rumbo, retornaron la ruta y confirmaron la operación irregular de la embarcación.
Las indemnizaciones deberán ser asignadas a un fondo de compensación ambiental que se destinará a la Prefectura Naval Argentina para mejorar el control de la pesca ilegal.
Este incidente se suma a otro que había ocurrido la semana anterior en el puerto de Ushuaia, donde se detectó al mismo barco llevando a cabo capturas ilegales de merluza negra, se especula que desde mediados de febrero.
Esta especie se encuentra protegida por un sistema de cuotas establecido por el Consejo Federal Pesquero (CFP), mediante un régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Capturas (CITC), que están asignadas a tres barcos en Argentina pertenecientes a las empresas nacionales. Y cuenta también con protección internacional que exige que las embarcaciones tengan asignada una cuota para las capturas.

El informe del INIDEP sobre la pesca ilícita del TAI AN
Según un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, (organismo cuya misión es asesorar sobre el uso racional de los recursos pesqueros) entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de 2024 el pesquero TAI AN capturó 175 toneladas de merluza negra, utilizando redes de arrastre de fondo a una profundidad promedio de 450 metros, dentro del Área de Protección de Juveniles de esa especie.
Este arte de pesca está prohibido en el sector protegido y, según el INIDEP, la captura de juveniles superó ampliamente el límite permitido.
A esto se suma que el buque no posee autorización para la pesca de merluza negra desde 2020. El informe, por último, sostiene que la apropiación de este recurso protegido no fue producto de la imprudencia, sino que se efectuó con la intención concreta de obtener un rédito económico, ignorando el daño al ecosistema marino.
Este caso es uno más de los muchos a los que se enfrenta la Argentina de explotación de especies por parte de flotas extranjeras, en especial de bandera china, que operan en el Atlántico Sur, en los límites de la ZEEA.
Ante esta situación, la acción legal iniciada busca proteger un bien colectivo, de naturaleza común, y promover la conciencia sobre la importancia de las regulaciones ambientales en el sector pesquero.
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Las provincias patagónicas le reclaman al gobierno nacional que active de inmediato el Consejo Federal Pesquero

Fecha de Publicación: 04/04/2024
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Los gobernadores patagónicos exigen intervenir en la política de pesca; agravaron la tensión los despidos en un instituto nacional de investigación y desarrollo clave para el sector.
Desde que asumió el nuevo gobierno, el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que reúne a las provincias con litoral marítimo, aún no fue convocado y tanto desde el sector público como del privado reclaman que empiece a sesionar. Eso, sumado al revuelo que generó la sanción del buque argentino Tai An en Ushuaia y a los despidos anunciados en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), incrementó la tensión entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas.
“Es el primer tema que detonó la relación entre la Nación y la región patagónica. Por la presión, logramos frenar la reforma pesquera propuesta en la Ley Ómnibus; sin embargo, es otro de los temas que genera rispidez”, aseguraron desde el gobierno santacruceño ante la consulta en referencia a la reforma de la actividad pesquera que por ahora no avanzó.
Entre los cambios principales y cuestionados por las provincias estaba la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero -que integran Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego-, que reinstaló viejas disputas entre la Nación y las provincias.
Además, en la propuesta se cambiaba el criterio de asignación de cuotas de pesca. Los cambios no prosperaron, pero hasta ahora tampoco fue convocado el Consejo y las provincias siguen sin poder activar su participación en las decisiones del área comandada por el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, que entre 2015 y 2019 representó a Tierra del Fuego en el CFP.
La semana pasada la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi reiteró un pedido al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, para que active de inmediato el funcionamiento del Consejo. La última vez que se constituyó fue el 7 de diciembre de 2023 y en esa reunión quedó estipulado que la próxima sesión sería el 24 de enero de 2024, pero eso no ocurrió. La mayoría de las provincias ya han designado quiénes serán sus representantes, pero no ha ocurrido lo mismo con los miembros que debe nominar el Poder Ejecutivo Nacional.
Según la ley 24.922, que regula el régimen de pesca, el CFP tiene en sus manos establecer la política pesquera nacional y también interviene en la Captura Máxima Permisible. Integra el organismo diez directores, de los cuales cuatro pertenecen a las provincias patagónicas. Por Santa Cruz, Ricardo Patterson es el designado. “Creo que el Gobierno nacional no conoce la importancia del recurso y prefiere manejar las políticas de pesca sin contar con la intervención de las provincias”, dijo a La Nación Patterson, exdiputado nacional por la UCR, quien ya integró el Consejo entre 2015 y 2019, y destacó la urgencia de activar el organismo y permitir la participación de las provincias.
Pese a que no se convoca al Consejo, los últimos operativos de vigilancia y control del espacio marítimo desplegados desde el Ministerio de Defensa dejaron a la vista que el sector tiene importancia para el actual Gobierno: el miércoles pasado un buque pesquero de nacionalidad china se encontraba navegando dentro jurisdicción argentina a baja velocidad y con el sistema de identificación (AIS) apagado, lo cual encendió las alertas del Gobierno y eso derivó en una inspección ocular de las autoridades argentinas en el barco.

Operativos
El operativo de vigilancia del que formaba parte el ministro de Defensa, Luis Petri, sobre el área del Golfo San Jorge, estaba previsto con anterioridad, según informaron fuentes de esa cartera, y coincidió con el episodio del barco en aguas argentinas: el buque, al ser llamado por radiotelefonía, incrementó su velocidad, prendió su identificador y adoptó una dirección de salida de la zona de jurisdicción nacional. Recién respondió los llamados de las autoridades argentinas al pasar la línea de las 200 millas náuticas. Tras la inspección ocular, las autoridades detectaron que no contaba con vestigios de pesca reciente.
El operativo generó la reacción de la Embajada China en Argentina, quien cuestionó la reacción gubernamental y explicó que el barco no estaba realizando pesca en el territorio nacional. “De acuerdo con la información fehaciente que la embajada china maneja, el buque pesquero de nacionalidad china no da indicios de pesca ilegal, y ahora se encuentra en aguas internacionales realizando actividades normales”, publicó la cuenta oficial de la embajada en la red X, antes Twitter.
Desde la embajada reforzaron el mensaje: “El Gobierno chino va por seguir trabajando como siempre con la comunidad internacional, con Argentina incluida, para luchar contra pesca ilegal, en fomento de la conservación científica y el uso sostenible de recursos pesqueros”.
Fuentes del sector explicaron que es habitual que barcos de bandera de otro país, que pasan por el estrecho de Magallanes con rumbo a pescar en aguas internacionales a la altura del Golfo San Jorge, crucen por el Mar Argentino. Lo inédito fue que tuviera apagado el sistema de geolocalización satelital, AIS, que permite determinar su ubicación en tiempo real.
La semana pasada, empresas radicadas en Ushuaia acusaron al barco Tai An, de la empresa Prodesur, de estar realizando pesca ilegal de merluza negra en cercanías a Tierra del Fuego. La denuncia y las demoras para que el barco regrese a puerto desataron un escándalo en la Cancillería Argentina, que terminó con la renuncia de un funcionario del área. La primera información que circuló hacía referencia a “un barco chino”, confusión generada a partir de la nominación del buque.
“Somos una empresa argentina, radicada en Tierra del Fuego y el barco es argentino”, explicó la vocera de la empresa Prodesur SA, dueña del Tai An. En la compañía aclararon que el principal accionista de la empresa es Liu Zhijiang, de ascendencia china nacionalizado argentino, y negaron que su barco haya realizado pesca ilegal merluza negra. “El buque no pescó ilegalmente, sino que hubo un exceso de captura. En ciertas zonas conviven a determinada profundidad la merluza polaca con la merluza negra. En cinco lances que lanzó el Tai An vino contaminada con merluza negra. El barco tiene capacidad de 130 toneladas en un solo lance, el barco pescó 3.400 toneladas, por lo cual lo que capturó de merluza negra representa menos del 5%. No fue pesca ilegal, sino incidental”, aseguran desde Prodesur SA.
El Gobierno resolvió aplicar una dura sanción contra la empresa Prodesur SA por haber pescado 139 toneladas de la codiciada merluza negra en la zona donde se encuentran ejemplares juveniles, sin contar con los permisos para realizar esa pesca -que tiene una cota total de 3600 toneladas, repartidas 3000 entre las firmas Argenova SA, Estremar SA y Pesantar-. La firma no podrá pescar por 45 días y se le aplicó una multa de $56 millones, que ya fue abonada, según confirmaron a este medio desde la empresa.
El kilo de merluza negra, salvo la cabeza y la cola, ronda los 24 o 25 dólares el kilo, contra 1,5 de la merluza común, según señalaron diversas fuentes a este medio.
Desde la empresa insistieron en que la actividad está reglada, controlada y fiscalizada y en que a bordo estaban los inspectores de pesca, que cada 72 horas envían informes a tierra. “No fue una acción deliberada, ni un delito como fue difundido”, explican los voceros y sostienen que los 45 días de multa sin poder salir de puerto es para la empresa una sanción muy dura, que afecta en forma directa a los 90 trabajadores que deben quedarse en tierra y pierden ingresos.
Tras la sanción, reclaman recuperar las cuotas de merluza negra que supo tener el Tai An entre 1996 y 2019. Desde Prodesur aseguran que las cuotas fueron transferidas de manera irregular a otra pesquera que tenía el buque alquilado y ahora las quieren recuperar. También piden que las autoridades revean los límites fijados para la pesca incidental. Temas pendientes que tiene el Consejo Federal para tratar.

Despidos en el Inidep
Mientras el CFP no se conforma, en el máximo organismo científico del Estado que investiga y aconseja sobre el recurso pesquero, el Inidep, el miércoles pasado notificó la no renovación de los contratos de 35 trabajadores del sector. La Asociación de Profesionales del Inidep denunció, a través de un comunicado oficial, que la no renovación de los contratos era solo el comienzo de la destrucción del sistema científico nacional.
Expresó su preocupación por la asfixia presupuestaria y financiera a la que están sometidas las instituciones científicas y académicas. Hizo un llamado al subsecretario de Pesca y Acuicultura, López Cazorla, para revertir la decisión y garantizar la continuidad de las actividades científicas en el Inidep. “Usted ya sabe que el Inidep está operando con una dotación por debajo del mínimo requerido para su funcionamiento óptimo”, afirmó. “También es consciente que el presupuesto actual del instituto impedirá la realización de muchas de las tareas científicas y las campañas de investigación que se requieren para un adecuado asesoramiento a la Administración Pesquera”, le dijeron los profesionales asociados.
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Contaminación y pesca, las principales amenazas de la fauna marina

Fecha de Publicación: 28/03/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


Un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida dio cuenta de que la mano del hombre sigue siendo el principal peligro.
Todos los años el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino lleva a cabo un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida. Durante el año 2023, un total de 330 animales fueron asistidos, entre aves, mamíferos y reptiles marinos.
Del total, 188 animales fueron encontrados vivos y pudieron recibir algún tipo de asistencia veterinaria. De esos animales, 98 fueron avistados o requirieron asistencia en playa y 90 debieron ser ingresados al Centro de la Fundación para recibir tratamiento por diversas causas y afecciones. De los animales que necesitaron ingresar al centro de rehabilitación, 42 pudieron ser exitosamente tratados y reintroducidos al mar. Lamentablemente, 48 animales, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el equipo técnico, no lograron sobrevivir. En tanto, del total de 330 animales registrados, 142 fueron encontrados sin vida durante las tareas de monitoreo de playas.
Lo más llamativo fue  el número de Delfines Franciscanas encontrados muertos (76), poco más de tres veces que el año anterior (22). De hecho, sólo entre enero y febrero de 2023, aparecieron 40 franciscanas muertas durante las tareas de monitoreo de playa. “La Franciscana, por elegir aguas poco profundas cercanas a la costa es una especie que se encuentra amenazada tanto por la captura incidental en redes de pesca como por la contaminación de tipo física, química y acústica. En el caso de la captura incidental quedan atrapados en las redes de pesca y por tener respiración pulmonar y no poder salir a respirar a superficie terminan muriendo por asfixia. Hemos registrado casos de hembras preñadas muertas, así como de ejemplares con marcas de red e incluso con basura en contenido estomacal”, explica Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino. Vale destacar que el delfín Franciscana se encuentra en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que la Fundación Mundo Marino participa activamente de la Alianza para la Investigación, Rescate y Rehabilitación de Delfines Franciscana (AFC3R).
El delfín Franciscana fue noticia, lamentablemente, en el verano de febrero de 2016 cuando unos turistas tomaron un ejemplar de su especie en las playas de Santa Teresita para tomarse una selfie, ocasionando la muerte del animal. Lo mismo sucedió un año después, en enero de 2017, pero en las playas de San Bernardo.
Por otra parte, en el caso de los pinnípedos, se registraron 14 casos de desnutrición en la especie del Lobo de Dos Pelos Sudamericano, casi la mitad (33) de lo registrado en 2022. Hay que tener en cuenta que el 2023 estuvo signado por la gripe aviar la cual afectó especialmente a esa especie e impidió durante ciertos meses el ingreso de ejemplares al centro de rescate por instrucción del SENASA.
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Pesca ilegal: afirman que el buque chino capturó ejemplares jóvenes de merluza negra, algo prohibido para evitar su depredación

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Las 163 toneladas de merluza negra encontradas en el buque Tai An, del empresario chino, Liu Zhinjang, incluían ejemplares juveniles lo cual dadas las características de las especie podría generar un daño considerable que pone en riesgo su supervivencia
Tras la ola de renuncias en el Gobierno por la pesca ilegal de merluza negra por parte de la empresa Prodesur (de capitales chinos) en el Mar Argentino, el buque Tai An arribó al puerto de Ushuaia con una carga de 163 toneladas de merluza negra, valuada en 5 millones de dólares. Pero distintos expertos ambientales advirtieron además que se hallaron ejemplares juveniles, de longitud menor a 30 centímetros, cuya captura está expresamente prohibido con el objetivo de preservar la especie.
Desde hace más de 15 años existe un sistema de cuotificación para la pesca de la merluza negra, una especie protegida a nivel global. Ni empresas locales ni extranjeras pueden pescar merluza negra sin autorización. Y en ningún caso se pueden pescar ejemplares en etapa de desarrollo de los que, en el caso del pesquero propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, se hallaron 60 toneladas.
“La pesca indiscriminada de 163 toneladas de merluza negra, de las cuales gran parte son juveniles, significa una depredación a la vida marina y un ataque al frágil equilibrio del ecosistema”, dijo la organización ambiental Sin azul no hay verde, especializada en la protección del Mar Argentino y en combatir la destrucción y sobreexplotación de la biodiversidad y hábitats marinos.
“El caso del buque Tai An, que pescó toneladas de merluza negra juvenil sin tener permiso para hacerlo, refleja la impunidad de algunos actores de la pesca en Argentina y la falta de conciencia ambiental y del impacto negativo que tiene un hecho así en nuestro ecosistema marino”, agregó en X.
La ONG destacó no solo la ilegalidad del accionar “sino también la práctica utilizada (pesca de arrastre) y sus consecuencias ambientales. Si la pesca realizada fue directa o incidental a estas alturas en material ambiental ya no es relevante: el ecocidio ya sucedió”.
La entidad criticó la falta de controles y fiscalizaciones, a la vez que se preguntó: “¿Y si este no es un hecho aislado? ¿Y si en realidad hay más depredadores como el buque Tai An en el Mar Argentino?”. También pidió sanciones para el buque Tai An por incumplimiento del Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) y la Ley General del Ambiente (ley 25.675).

Sobrepesca y sobreexplotación
La merluza negra, según Milko Schvarzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales; se descubrió en los años 90′ y a principios de los años 2000 se empezó a ver que la sobrepesca y sobreexplotación de la especie estaba generando un daño a su población, por lo que se empezaron a tomar medidas y restricciones a nivel global.
“Es una especie tan frágil y tan sensible porque tiene un largo periodo de vida y un ciclo muy lento. Puede llegar a vivir hasta 80 años en algunos casos y esto hace que cuando se la captura, la posibilidad de recuperación de la especie sea muy lenta, a diferencia de otras especies, como la merluza común de la Argentina que llega a vivir un máximo de 10 años, o el calamar que vive entre 1 y 2 años máximo y tiene una capacidad de reproducción mucho más rápida”, detalló el especialista.
“La captura de ejemplares juveniles causa un daño aún mayor en la especie ya que no han llegado a la edad de reproducción. Siempre hay medidas, tamaños y edades mínimos permitidos para la captura para evitar y asegurar que la especie se pueda reproducir”, agregó.
A partir del accionar del Tai An, quedaron involucrados funcionarios del gobierno, en particular del ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de sospechas de la existencia de cierta protección a la empresa china. Ayer se conoció la tercera renuncia vinculada a este caso. Se trata de Guillermo Abdala Bertiche, quien se desempeñaba como director nacional de Acuicultura.
Esta dimisión, tras la polémica por las supuestas presiones de Cancillería para favorecer un buque pesquero perteneciente a un empresario chino que depredaba el Mar Argentino, se produjo días después de la polémica salida de Julián Suárez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera que disparó la polémica. Ambos se conocían y tenía buena relación. Abdala Bertiche también se fue descontento por el desfinanciamiento de su área y el pedido de despedir personal calificado. Cerca suyo aseguraron que no estaba dispuesto a acompañar porque su estructura iba a ser reducida algo que le iba a impedir alcanzar cualquier objetivo técnico y productivo que se había fijado.
El supuesto motivo de la renuncia de Suárez fueron las presiones recibidas por parte de Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también tendría una relación familiar de Mondino, y otro de los renunciantes.
El conflicto se desató días atrás cuando se detectó el Tai An estaba pescando en una zona prohibida de la codiciada merluza negra. El barco no tenía ningún tipo de cuota extra autorizada y se detectó que tenía 163 toneladas de estas especies de merluza, por lo que se notificó a Prefectura y se le ordenó que regrese inmediatamente a puerto. En ese momento llegó el llamado de Cancillería para evitar ese regreso. Quien realizó el llamado fue Ferrara Raisberg.
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El Gobierno prohibió la pesca de merluza negra: escándalo, presiones, renuncias y un buque chino con una carga millonaria

Fecha de Publicación: 21/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Según trascendió, el ahora exfuncionario recibió un llamado intimidatorio por parte de la cartera dirigida por Diana Mondino para que diera marcha atrás con una denuncia por pesca ilegal.
A 100 días del comienzo de su gestión, el gobierno de Javier Milei se encuentra en una ola de escándalos por la renuncia del exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. A esta situación se sumó la decisión gubernamental de suspender la pesca de merluza negra en el Mar Argentino, hasta tanto se aclaren los hechos que desencadenaron la salida del funcionario, tras las denuncias por un barco vinculado a dueños chinos.
De acuerdo a la denuncia que Suárez realizó al final de su estadía en el cargo, recibió presiones por parte de la Cancillería de pasar por alto intencionalmente a un buque con rótulo argentino, pero con dueños e inversiones chinas.
La renuncia de Suárez estaría vinculada a un tenso cruce con Cancillería por "amenazas" por el buque Tia An, una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, cuyo dueño es un empresario chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur.
Prohíben la pesca de merluza negra: la denuncia que disparó el escándalo
Días atrás, el pesquero llamado Tai An, de matrícula 01530, estaba pescando en una zona prohibida la codiciada merluza negra. Surgió entonces un supuesto pedido de autoridades del Gobierno de desregular la pesca en el país. La presión implicaba un pedido de intervenir en favor del buque chino que pesca merluza negra en el Mar Argentino, en el sur del país.
El pesquero se llama Tai An de matrícula 01530, y es el buque más grande de la argentina. El mismo es gestionado por Prodesur S.A, pero con inversiones privadas de Lui Zhijiang, un hombre de origen chino pero naturalizado argentino hace más de 30 años. Liu está radicado en Tierra del Fuego, misma provincia el cual el buque se encuentra domiciliado.
El Tai An no tiene permitido pescar Merluza Negra, un pez que se encuentra en la zona de Tierra del Fuego. Es por esto que, luego de que Julián Suárez dé aviso a su superior sobre la situación, habría recibido un aviso desde Cancillería exigiendo de que se dé marcha atrás con la denuncia.

Julián Suárez denunció presión de Cancillería
Las empresas denunciantes son Argenova S.A., Estremar S.A.U. y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. (Pesantar). Estas tres empresas, que tienen barcos pesqueros, están habilitadas para pescar Merluza Negra. Son quienes alertaron sobre la situación irregular en el barco Tai An. Desde Prodesur alertan que en realidad es un intento de volver al monopolio.
A diferencia del resto de las empresas, Prodesur tiene permitido pescar todo menos especies particulares como la merluza austral, langostino o la propia merluza negra. De este último se encontraron 142 toneladas a bordo. Esta especie se encuentra en una cadena de equilibrio delicado de ecosistema. Si se pesca sin medida, puede afectar enormemente el ecosistema, generando la extinción de la propia especie.
Según informó el medio especializado Revista Puerto, la cartera conducida por Diana Mondino presionó al funcionario de Pesca luego de que éste decidiera hacer volver el barco al puerto por pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra.
Ante esta situación, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino, para que diera de baja esta orden.
El mismo medio agregó que además "le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023".
Un nuevo funcionario presentó su renuncia al Gabinete de Milei y ya son 15 bajas en 100 días de gestión
"Me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, siendo este el último día trabajado, en el cargo de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA", señala la nota de renuncia dirigida al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.
Suárez trabaja desde hace 15 años en el área y estuvo al frente durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la gota que colmó la paciencia y por la que decidió renunciar fue la llamada recibida para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An.
Cazorla tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra.
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Confirman el nexo entre pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costas del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33% por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso. O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.
Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.
Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.
Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.
Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.
La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95% de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).
Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.
La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.
Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.
Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.
"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".
Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.
Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.

Cambios en la ley de Milei
Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.
La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.
“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.
Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3%. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.
Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.

La voz de un experto
Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo un forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.
“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.
“Se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.
Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.
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Cambio climático, contaminación y pesca, causas de impacto en la conservación de pingüinos

Fecha de Publicación: 24/01/2024
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa. El pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio nacional.  
El cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesqueria y la degradación del hábitat son las principales causas que impactan en la conservación de los pingüinos en Argentina, una especie estratégica para el funcionamiento de los ecosistemas marítimos, indicaron este viernes especialistas con motivo del Día de la Concientización por los Pingüinos que se celebra este sábado.
En Argentina, más de un millón de parejas de pingüinos de Magallanes se encuentran en 71 colonias a lo largo de 4.500 kilómetros de la costa, según datos de la Sociedad Global de Pingüinos (GPS, por sus siglas en inglés).
Los pingüinos son aves longevas que viven aproximadamente entre 30 y 35 años, y en las costas argentinas se pueden encontrar tres especies: el pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), el pingüino Penacho Amarillo (Eudyptes chrysocome) y el pingüino Papúa (Pygoscelis papua).
Entre ellos, el pingüino de penacho amarillo es una especie considerada "en peligro" en el territorio argentino, mientras que a nivel mundial está categorizada como "vulnerable" por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a su tendencia poblacional decreciente.
Conocidos por una tendencia "monógama" a la hora de reproducirse (que excepcionalmente ocurre durante toda su vida) en épocas migratorias esta especie de ave es capaz de recorrer miles de kilómetros buceando desde el sur patagónico hasta las costas bonaerense, uruguaya e incluso alcanzar el sur de Brasil.
"Los pingüinos son una parte importante de nuestro ecosistema marítimo, ya que la protección y conservación en buen estado de sus poblaciones contribuye a un buen estado de salud de nuestro mar", aseguró en diálogo con Télam el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet Esteban Frere.
En este sentido, destacó que los pingüinos son una especie estratégica ya que, al ocupar toda la plataforma marítima argentina, "consumen muchas especies diferentes de peces y crustáceos y son una parte muy importante del funcionamiento del sistema marítimo".
El investigador asociado de WCS Argentina agregó que también "funcionan como nuestro centinela y evaluadores del estado del mar".
Hasta mediados de los años 90, alrededor de 40.000 pingüinos de Magallanes morían por año debido a la contaminación en el mar, consignó Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.
Si bien estos números disminuyeron a raíz de mejoras en las legislaciones, actualmente "enfrentan múltiples amenazas que comprometen su supervivencia", señaló el doctor en Biología e investigador del Conicet Pablo García Borboroglu.
Borboroglu -quien en 2023 se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el Premio de Indianápolis por conservación animal- detalló que las principales problemáticas de los pingüinos en la actualidad son "el cambio climático, la contaminación, los efectos negativos de la pesquería y la degradación del hábitat".
"El calentamiento global impacta negativamente los hábitats de los pingüinos, tanto en términos de reproducción como de alimentación. Las alteraciones en la disponibilidad de alimentos son críticas, especialmente durante los periodos donde estos recursos son más necesarios", aseguró el fundador de la GPS.
Además, el cambio climático se relaciona con un aumento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor, las cuales provocaron mortalidades en las colonias de pingüinos.
"Por ejemplo, -señaló Borboroglu- en Chubut durante 2017 se registraron temperaturas de hasta 44 grados Celsius, resultando en la muerte de al menos 300 pingüinos sanos debido al estrés térmico".
En cuanto a la contaminación, los derrames de petróleo son una amenaza "considerable" para estas especies, ya que dañan su plumaje y reducen su capacidad de aislamiento y flotabilidad, además de que la ingestión de petróleo durante el aseo puede ser tóxica.
También la contaminación por plásticos es "preocupante", ya que "los pingüinos pueden quedar atrapados en piezas grandes o ingerir fragmentos pequeños, lo que puede dañar su tracto digestivo y ser fatal".
En tanto, el mal manejo de las pesquerías comerciales es una de las principales amenazas al medio marino a nivel global, ya que la competencia por alimentos en las áreas de alimentación de los pingüinos y la captura incidental durante las operaciones pesqueras representan "impactos significativos", señaló Borboroglu.
A su vez, las actividades humanas, como el turismo no regulado o furtivo, pueden ser perjudiciales para las colonias de pingüinos: "Se han reportado casos donde maquinaria pesada ha destruido parte de una colonia en Chubut", aseveró el especialista sobre el desastre en la colonia de Punta Clara, en Chubut, que en 2021 mató al menos 192 pichones bajo las ruedas de una topadora que pasó por encima de casi 150 nidos.
Sobre este punto, Frere sostuvo que un turismo "regulado y planificado" puede ser beneficioso para la concientización sobre estas especies, ya que "genera educación hacia el público y recursos que pueden ser utilizados para mantener las áreas protegidas", como las de Península Valdés, Isla Deseada, Parque Nacional Monte León y Punta Tombo, entre otros.
Esta última es la mayor colonia de pingüinos de Magallanes en Patagonia, con más de 200.000 parejas reproductoras.
A su vez, el impacto del cambio climático sobre las corrientes también está siendo estudiado por los científicos para evaluar potenciales cambios en su calendario y desplazamiento.
"Este año hemos visto en la colonia de Cabo Vírgenes (Santa Cruz) que una buena porción de los pingüinos no emigraron y se quedaron en la zona marina, a 300 metros a la redonda, cuando antes hacían 5.000 kilómetros", sostuvo Frere.
Finalmente, el biólogo concluyó que, para la conservación de esta especie, "si bien el ciudadano común puede poner un granito de arena, con respecto al cambio climático ya estamos hablando de negociaciones a nivel internacional y eso es lo que está faltando".
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El Gobierno busca poner punto final a la pesca ilegal en la milla 200: “El que las hace las paga, también en el mar”

Fecha de Publicación: 18/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Defensa renueva los operativos para enfrentar a los pesqueros ilegales que se adentran en la Zona Económica Exclusiva argentina para utilizar sus recursos; el plan de la cartera de Luis Petri; el trabajo en altamar; y las características del ARA Cordero
“Las olas y el viento... y el frío del mar”, comienza la popular canción Tiritando del cantante Donald. La simple frase podría resumir lo que viven todos los días los militares de la Armada encargados de proteger el Mar Argentino, pero eso es apenas una parte de la labor que cumplen a destajo. A veces en las sombras, pero siempre a la luz del sol.
En las últimas horas, zarpó desde la Base Naval de Mar del Plata un nuevo buque que da inicio a la nueva estrategia del Gobierno para intentar controlar un grave problema sin solución desde hace años: la pesca ilegal en la milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina el cual es asechado por más de 500 buques extranjeros todos los meses que se benefician de la riqueza marina nacional. “El que las hace las paga... también en el mar”, prometió el ministro de Defensa, Luis Petri, parafraseando al presidente Javier Milei.
Se trata del ARA Contralmirante “Cordero”. El buque, fabricado en Francia por la empresa Naval Group, fue comprado en 2018 y llegó a territorio nacional en 2022. Es el último de cuatro hermanos gemelos que adquirió el Estado en este lustro. Tiene capacidad para 59 personas, fue construido con especificaciones puntuales -como un casco resistente al hielo antártico- y está preparado para acciones disuasorias en alta mar con artillería incluida.
Durante los próximos 15 días, en la operación Grifón XVII, el buque navegará hasta el límite de la milla 200 rumbo a Chubut con el objetivo de controlar la zafra de calamar que abunda entre los meses de noviembre y marzo y que convoca a piratas de China, España y Taiwán, entre otros países, para quedarse con el valioso botín viviente. Hoy, hay identificados 344 de los cuales un 80% son de origen chino.
El Ministerio de Defensa invitó a LA NACION a participar del acto que formalizó la misión. Allí el ministro Luis Petri despidió a los 41 marinos que no verán a sus familias durante más de un mes. El funcionario nacional hizo hincapié en su discurso en la necesidad de resolver esta problemática con firme decisión del Gobierno. Adelantó que se convocará a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados para solucionar el asunto y que es preciso “controlar y custodiar los recursos”, ya que aunque no es una infracción estar en la milla 201, sí constituye un daño significativo al medioambiente. Otra iniciativa que prevé el Ministerio es solicitar la extensión del límite a organismos internacionales. Menciona el caso ecuatoriano donde se le concedieron 50 millas más en torno a las Islas Galápagos.
El nuevo apoyo al sector se da semanas después del intento de modificaciones en el área de pesca, incluidas en la ley ómnibus enviada al Congreso que tuvo el repudio unificado de los gobernadores del sur y del comercio pesquero.
Petri dejó en claro que la idea de Nación es que se logre una legislación que sancione a los buques pesqueros sin autorización de pesca en mar argentino. Pero, resaltó que para eso se cambiará la estrategia de juego: se reducirá la derrota de los buques para focalizarla en un rango de 90 millas en línea recta a la provincia de Chubut donde la zafra se presta con mayor facilidad. Habló de “redireccionar el presupuesto”, no de aumentarlo y aseveró: “No se puede hacer siempre lo mismo si queremos que las cosas funcionen. Hoy no hay presencia 24/7 en la zona”.
El ministro no estuvo solo en la cubierta del buque de 1650 toneladas y 80 metros de largo. A su lado estaba el brigadier Xavier Julián Isaac, que en diálogo con este medio consideró como un “honor y un privilegio” su designación como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto; además estuvieron el jefe del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante Carlos María Allievi; y el comandante Conjunto Marítimo, contraalmirante Norberto Pablo Varela; también representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, uno de los principales críticos de los cambios en pesca propuestos por el Gobierno. Sin rencores, Petri lo llamó “amigo” y “compañero”.
Terminado el discurso de Petri, que trasladó un mensaje del Presidente, el buque se marchó. A bordo, durante largos días, y frías noches, la tripulación se transformará “en una familia”, cuenta Erik, el maquinista del ARA Cordero que conoce con lujo de detalles hasta el último mecanismo del navío. Él es de San Juan y viajó hasta Bahía Blanca para enlistarse en la Armada. Desde hace tres años que sirve en la base naval de “La feliz”, y pese a destacar la belleza de su tierra, reconoce que le gustaría vivir en Mar del Plata para siempre. “Allá sin aire acondicionado te cocinás”, narra mientras cuenta su historia en la parte trasera de una lancha modelo RIV con la que se le permitió a LA NACION fotografiar el ARA Cordero tras su partida a tres millas de la costa mar adentro.
Él y el resto de la tripulación marchan a la velocidad máxima del ARA Cordero [12 nudos, o 22 km/h]. Lo que los espera es realizar controles de “presencia, permanencia y resistencia”, según explicó el capitán de navío, comandante de la División de Patrullado Marítimo, Martín Méndez. “Hay que monitorear y si se localizan buques en ese sector, se intenta identificar si hace un tránsito inocente [o sea que navega sin actividad económica] o si el pesquero tiene las artes de pesca desplegadas y se mueve a velocidad de pesca”.
Méndez detalla que en caso de identificar un navío pescando ilegalmente comienza un protocolo que consiste, en primer lugar, en tomar los datos del buque [número y nombre] para trazar su origen. Luego se da aviso al capitán de la nave trasgresora que se enviará una dotación de “visita, registro y captura”. Esta lo que hace es abordar el pesquero en busca de indicios de pesca ilegal. En algunos casos hay características externas que dan cuenta de esta acción, como hallar tinte negro en el casco tan solo al pasar la mano. Sin embargo, una vez a bordo, la dotación se presenta como “autoridad marítima nacional” y se hace un registro de la documentación, a la par de inspeccionar las bodegas de enfriado, donde si se detecta que el calamar pescado aún se dobla, es porque fue recogido alrededor de las últimas seis horas y no llegó a congelarse. Acto seguido, se traslada el navío hasta el puerto correspondiente más cercano.
El trabajo en altamar no solo le compete a la Armada, sino que hay un trabajo en conjunto con otras dependencias de las Fuerzas. Una de ellas es la Fuerza Aérea que realiza vuelos de reconocimiento sobre esa zona en busca de navíos en infracción. “Hay apoyo aéreo con vuelos de control del espacio marítimo que sirven para reforzar la permanencia, o un monitoreo de mayor velocidad. También los trabajos continúan desde tierra donde se lleva a cabo el seguimiento de las tareas, uno no sale a ver si encuentra algo al mar, ya lleva información precisa”, relata Méndez.
Este apoyo aéreo es una de las otras aristas que Defensa pretende potenciar en los próximos meses. En diálogo con LA NACION, Petri comentó que la intención es continuar con la llegada de los aviones P3 Orion que se estableció en octubre de 2023 bajo la administración anterior, pero que según el ministro, “no se estaban pagando”. El objetivo es recuperar la capacidad de exploración de largo alcance en la Zona Económica Exclusiva y tener mayor presencia en las áreas marítimas de interés y la Antártida Argentina, sobre todo en lo que respecta al control de los recursos vivos y no vivos y las líneas de comunicación marítimas.
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Crónica de una muerte anunciada: la desaparición del delfín franciscana

Fecha de Publicación: 24/10/2023
Fuente: Ahora Mar del Plata
Provincia/Región: Nacional


Ahora Mar del Plata dialogó con el presidente de Fauna Argentina en el marco del hallazgo de uno de estos cetáceos en las playas del norte de Mar del Plata: "Si las autoridades no hacen algo inmediatamente, en pocos años estará extinguido".
Frente a esta situación y entendiendo que es una especie en extinción Ahora Mar del Plata se comunicó con el presidente de Fauna Argentina, Juan Lorenzani, que explicó las causas de lo sucedido y las denuncias que han realizado desde la institución para poder frenar la situación de este animal que fue descubierto por primera vez en las costas del Río de la Plata durante el siglo XIX, es uno de los cetáceos más pequeños del mundo y netamente costero.
En principio explicó: "Desafortunadamente este es un delfín que se encuentra en un grave peligro de extinción causada por algunas artes de pesca como el trasmallo: una red tiene varios metros y al quedar suspendida en el mar pesca sola, allí es donde caen las franciscanas o también en redes de pescas de barcos de velocidad".
Además, agregó que "se enviaron muchas notas a Subsecretaría de Pesca para que traten de buscar una solución al problema, pero no hay respuesta. Se estima que hay unas 15 mil franciscanas en el país y están muriendo más de 500 por año. Si las autoridades no hacen algo inmediatamente para ayudar a este delfín, en pocos años estará extinguido".
Asimismo, denunció: “Nos da la sensación que hasta a la comunidad científica no le interesa este caso. Ellos también son responsables, desde la década del 70 realizaron preciosos papers que quedan encajonados, pero nunca buscan la solución”.
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“Trazabilidad pesquera”: Diputados no abordó la iniciativa interparidista

Fecha de Publicación: 17/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El tratamiento de la denominada “Ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura” no prosperó en la última sesión de la Cámara de Diputados porque cerca de 30 legisladores oficialistas se levantaron de sus bancas y se perdió el quórum.
La iniciativa -que, entre otras cosas, busca frenar la depredación del mar argentino- es interpartidista: la promovieron Graciela Camaño (Identidad Bonaerense); Carlos Selva (Frente de Todos) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica).
Ante lo ocurrido, el Círculo de Políticas Ambientales publicó en su cuenta de X “Parte de la bancada del Frente de Todos deja sin quórum la sesión para tratar la ley de trazabilidad de la pesca que permite combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China, dar transparencia al sector y evitar el fraude de los productos de pesca”.
Por su parte, el conservacionista marino Milko Schvartzman, que sigue el tema desde una perspectiva internacional, interpretó la conducta de los oficialistas a la luz de la relación del gobierno argentino con China y escribió: “Pesca ilegal: China celebra que legisladores del gobierno kirchnerista en Argentina evitan votar ley de trazabilidad y transparencia en la pesca favoreciendo a las flotas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
En tanto, en la misma red social, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, subrayó que pese al consenso existente, el kirchnerismo se retiró “a último momento” y “de manera repentina”.
“Este dictamen busca rastrear el origen y trayecto de las capturas para evitar el ingreso de productos ilegales y no regulados a los mercados. Esto, sumado al desinterés del kirchnerismo por tratar la aprobación del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para limitar las subvenciones a la pesca no hace más que demostrar su voluntad de entregar el Atlántico Sur a China”, sumó.

Dictamen
Luego de un proceso durante el cual, a lo largo de 2022, expusieron representantes del sector privado, gremios, la sociedad civil y funcionarios del Ejecutivo, el proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos.
El proyecto original fue elaborado por los radicales Fabio Queglas (Buenos Aires) y Ximena García (Santa Fe). Apunta a darles garantías a los consumidores y a mejorar el acceso a los mercados externos de los productos de la pesca argentina. No aplica a la denominada “Milla 201”, sobre la cual la Argentina no tiene jurisdicción, pero plantea que en la medida que la trazabilidad se generalice, le quitaría atractivo y rentabilidad a los productos de la pesca ilegal, de China o de cualquier otro país.
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Argentina está entre los tres países más perjudicados del mundo por la pesca ilegal

Fecha de Publicación: 14/09/2023
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


A nivel regional nuestro país es el mayor daminficado con una pérdida anual de 3500 millones de dólares.
Un estudio de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) arrojó que Argentina ocupa el tercer puesto entre los países más perjudicados por la pesca ilegal a nivel mundial y es el mayor damnificado en Latinoamérica.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo y a nivel general, las pérdidas globales se estiman en hasta USD 50 mil millones.
El informe indica que Argentina pierde anualmente hasta 3500 millones de dólares por ésta práctica ilícita, sólo superada por los casi USD 12.000 millones que pierde África, en su conjunto, y los USD 4000 que le son hurtados a Indonesia.
A nivel regional, en América Latina, nuestro país encabeza el ranking de mayores pérdidas económicas, en promedio casi siete veces más que Perú (USD 500 millones) y unas doce veces más que Chile (USD 300 millones).
Raúl Cereseto, Presidente de la entidad a cargo del reporte, detalló que los números se corresponden con los resultados de un trabajo que se llevó a cabo durante el primer semestre del año, a través del entrecruzamiento de datos de una investigación propia (basada en reportes de especialistas en la materia) con informes de la Financial Transparency Coalition (FTC), del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana (CLALS), del Círculo de Políticas ambientales, de la Global Fishing Watch y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Los principales resultados
El informe de la FULASP detalló que este tipo de práctica representa hasta un 30% de las actividades del sector pesquero mundial, con un volumen de negocios anual estimado entre 10.000 y 23.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, reconoce que la INDNR conlleva a que más del 90% de los recursos pesqueros mundiales “estén plenamente explotados, sobreexplotados o agotados”.
En otro orden, el trabajo también señala que la mayor parte (60%) de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal tienen bandera asiática (sobre todo de origen chino), mientras que la cuarta parte restante se corresponde con embarcaciones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente.
En el caso de las empresas involucradas, el 80% también ostenta capitales ligados al gigante asiático.

Cómo empezó
Según el informe, el nefasto ranking argentino comenzó a forjarse hace unos 25 años, cuando la flota china empezó a operar en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), enfrente de las costas de la Patagonia.
La primera vez que la Prefectura nacional capturó a un barco chino realizando pesca ilegal en el mar argentino fue en el año 2001, cuando eran sólo algunas decenas las embarcaciones que amenazaban los recursos pesqueros.
Actualmente, con casi 3.000 barcos, China construyó, en dos décadas, la flota pesquera más grande del mundo, ejerciendo tareas espurias en el Atlántico Sur con más de 400 buques.
Estas embarcaciones se posicionan en el límite exterior con el objetivo de ingresar a pescar dentro de la ZEE, y muchos apagan sus sistemas de rastreo satelital (transponders o transmisores de posición) durante períodos prolongados, cruzando nuevamente la milla 200 hacia alta mar cuando son detectados por la guardia costera de la Prefectura Nacional Argentina.
Otra particularidad es que las flotas ilegales trabajan en conjunto con barcos de transporte que tienen bodegas refrigeradas para conservar toneladas de pescados. Y algo sumamente importante es que esos transportadores llevan combustible y otros suministros para barcos más pequeños, por lo que éstos últimos no pierden tiempo regresando a puerto y pescan de modo continuo.

Una problemática urgente
A partir de los datos que arroja el trabajo, y en congruencia con lo que plantea la FAO, el manifiesto destaca que “si aquellos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), aprovechan las poblaciones en riesgo que están sujetas a rigurosos controles de manejo o restricciones temporales, se dificultará la recuperación de estas poblaciones a niveles saludables”
“Esto pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”, indica el documento.
Para arrojar mayores datos, el informe de la FULASP grafica en números la gravedad de la situación para el país y expresó que el impacto económico es de gran magnitud, ya que las compañías argentinas exportan a los mismos destinos y si los barcos ilícitos tienen éxito en su pesca, los valores del calamar (por ejemplo) podrían declinar desde un rango que oscila entre U$S 2.700 y 3.000 por tonelada hasta menos de 2.000.
Esto sin considerar que, además, los gastos operativos de las empresas nacionales son significativamente superiores
“Esta situación representa una competencia injusta en su totalidad, puesto que numerosas embarcaciones extranjeras remuneran a sus trabajadores con salarios de 200 dólares al mes, lo que totaliza alrededor de 4.000 dólares mensuales para una tripulación promedio de 20 personas. En contraste, para un barco argentino, los mismos servicios implican un coste superior a los 50.000 dólares”, añadió Cereseto.
En este punto, el trabajo instó a las autoridades nacionales a “enfocarse en la creación de nuevas regulaciones, y a colaborar a nivel del Mercosur, para garantizar los derechos del bloque regional”.
Finalmente, Raúl Cereseto afirmó que “este ha sido un conflicto transversal a todos los gobiernos y que ninguno ha tenido la fiel convicción de erradicar”.
Y concluyó: “es vital que esta problemática sea incorporada en la agenda de temas urgentes de cara a la próxima gestión, sea cual fuere el resultado de las elecciones generales de octubre”.
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