El desmanejo de la política pesquera argentina
Advierten por falta de transparencia en acceso a la información pública en la pesca argentina
Fecha de Publicación: 21/02/2025
Fuente: Portal ParteDePesca
Provincia/Región: Nacional
El Círculo de Políticas Ambientales y la fundación ‘Sin Azul No Hay Verde’ presentaron un reciente trabajo conjunto en el cual advierten sobre las dificultades para contar con libre acceso a la información pública, sobre las empresas y buques que tienen asignadas concesiones estatales para la explotación de recursos naturales.
“Hacia finales del año pasado, y tal como lo establece la normativa vigente, culminó el proceso de asignaciones de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies cuotificadas, las que regirán desde el 1° de enero de 2025 por un plazo de 15 años. A pesar de que se trata del reparto de un bien público (recursos comunes de aguas de jurisdicción nacional) que genera derechos exclusivos para un aprovechamiento privado por muchos años, en generalial, este proceso es desconocido por la mayor parte de la sociedad”, dice el estudio de las ONGs.
Y agregan que “si bien las empresas pagan por el derecho a la extracción, y recientemente se ha aplicado un canon a la actividad, ello no excluye el derecho a saber de los ciudadanos acerca de la explotación de un bien público: ¿Quiénes lo explotan? ¿Cómo? ¿Cuál es el estado de los recursos?”, se interrogan en el trabajo interdisciplinario.
Por debajo de los radares del escrutinio público
Asimismo, sostienen que “como en muchos países, la pesca en la Argentina es una actividad que se mantiene por debajo de los radares del escrutinio público debido a múltiples causas, entre ellas, la falta de información pública clara y accesible, y la ausencia de espacios de participación de actores que no sean las empresas dedicadas a la actividad, los sindicatos, los gobiernos subnacionales con litoral marítimo y la autoridad nacional
En otro tramo, señalan que “la información sobre las empresas pesqueras y su desempeño y sobre los derechos de explotación de especies no es de fácil acceso público. En general, la asignación de cuotas es informada públicamente una vez hecho el reparto (de acuerdo con una ponderación establecida por la autoridad en el marco del Consejo Federal Pesquero), a través de un acta que incluye el resultado del proceso que es publicada en un sitio web oficial. Para obtener más información sobre el proceso, sobre los propietarios de las empresas o embarcaciones beneficiadas, sobre su historial de sanciones, etc., es necesario recurrir a pedidos especiales de acceso a la información a través de un procedimiento administrativo -no siempre conducente- ya que, o los datos requeridos no están publicados o están diseminados por diferentes sitios; no están accesibles al público en general o no son legibles o interpretables para actores no especializados”, aducen en el estudio realizado.
“Es muy difícil acceder a información”
El Círculo de Políticas Ambientales y la fundación ‘Sin Azul No Hay Verde’ advierten que actualmente, “la información referida a las embarcaciones y a las empresas que explotan los recursos pesqueros de jurisdicción nacional no se encuentra disponible de forma accesible, ni de manera parcial ni en su totalidad”.
“Para poder conocer datos sobre alguna embarcación específica es necesario ingresar en los registros contenidos en las actas y resoluciones del CFP. En las mismas se puede hallar información fragmentada y desordenada sobre alguna embarcación y/o sus representantes legales, así como también datos sobre especies a las que ha tenido acceso a través de permiso de pesca y/o CITC. Para los casos en que cuestiones relacionadas a embarcaciones y/o empresas no hayan requerido ser tratados dentro del CFP, y éste no se haya expresado sobre las mismas, es muy difícil acceder a información”, insisten las fundaciones que realizaron el estudio.
Asimismo, dicen que “también es posible obtener datos a través de la realización de un Pedido de Información Pública a una institución determinada mediante la plataforma de Trámites a Distancia. Esta metodología no siempre resulta exitosa, y la información que se obtiene raramente cumple en responder a lo solicitado”.
No obstante, señalan que a diferencia de otros países, “la Argentina no cuenta con un registro público de las embarcaciones de pesca, sus permisos y o CITC, sus propietarios/beneficiarios directos, sus beneficiarios finales, los derechos de explotación con los que cuentan, historial de su conducta y/o sanciones”.
Finalmente, proponen que “es necesario que las autoridades comiencen a interpretar a la Ley Federal de Pesca en el entramado más amplio de la normativa ambiental, desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental”.
En este marco, “queda claro que el acceso a la información pública clara y accesible es un derecho de todos los ciudadanos y que la pesca no es una excepción. En esa línea, la creación de un registro de embarcaciones en línea, instrumento con el que vienen trabajando varias naciones del mundo, es un primer paso para transparentar la actividad, la toma de decisiones y el desempeño de las autoridades y del sector privado”, concluyen.
Link al Informe completo
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