Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: San Juan


Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.
Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.
“La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.
Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.
Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.
En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

Un escenario tóxico
Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.
La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.
Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

Veinte años de tóxicos en el agua
La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.
El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.
Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.
En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

El oxígeno y una hipótesis descartada
“Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.
Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.
Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Una sopa de químicos
Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.
“En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.
Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

Pesca sin advertencias
“Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.
No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.
En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.
Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.
En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir
“Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.
La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.
En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

Del silencio a la censura oficial
Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.
Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

Un historial de derrames
Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.
No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.
Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

Impunidad y premios para la empresa
Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.
Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).
“Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.
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Ambiente restituyó a 3 provincias más de 70 cardenales amarillos rescatados del tráfico ilegal de fauna

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Las aves fueron decomisadas en la provincia en operativos que realizó Ambiente y devueltas a Rio Negro, San Luis y Buenos Aires.
La Secretaría de Ambiente concretó el traslado de más de 70 cardenales amarillos a las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires para su liberación. Estas aves fueron decomisadas en diferentes operativos contra una red de tráfico ilegal de fauna silvestre realizados en San Juan.
Cabe recordar que el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), es una especie catalogada en peligro de extinción. Entre las principales amenazas para su conservación se encuentran la captura ilegal para comercialización y la pérdida de hábitat natural.

Un lote de cardenales a Río Negro tras el decomiso de Ambiente
La Secretaría de Ambiente concretó el traslado de 26 ejemplares de cardenal amarillo hacia la provincia de Río Negro, como parte del proceso de recuperación de aves rescatadas del tráfico ilegal de fauna silvestre. Los ejemplares fueron decomisados en el departamento Rawson durante operativos y allanamientos realizados por el área de Flora y Fauna. La investigación permitió detectar que estas aves fueron cazadas ilegalmente en esa provincia y luego vendidas de forma ilegal en San Juan.
Tras el decomiso, el área de Rescate de Fauna Silvestre llevó adelante tareas de contención, evaluación sanitaria y rehabilitación inicial. Los cardenales fueron alojados en un aviario acondicionado para la especie, donde recibieron controles clínicos, cuarentena preventiva y manejo nutricional específico.
En el marco del trabajo conjunto entre organismos especializados, las aves fueron trasladadas a la Fundación Bubalcó, en Río Negro. Allí continuarán las etapas de recuperación y readaptación necesarias para favorecer su futura reinserción en ambientes naturales.
Previamente, los ejemplares fueron identificados y anillados por personal de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro.

Cardenales a San Luis y Buenos Aires
Con procedimientos similares, Ambiente también derivó un lote de 25 cardenales amarillos a la provincia de San Luis, y uno de 26 aves de esta especie a la Buenos Aires. La diferencia fue que en ambos casos, a través de análisis específicos, se logró determinar su estado sanitario, la variabilidad genética y la procedencia poblacional de cada individuo. Es por este motivo que se los restituyó a sus provincias de origen.
Los cardenales que se enviaron a Buenos Aires fueron derivados a la Fundación Temaikén, en la localidad de Escobar donde comenzarán el proceso de rehabilitación.
Estas acciones forman parte de las políticas de protección de la biodiversidad que impulsa la Secretaría de Ambiente. El rescate, la rehabilitación y el trabajo articulado con instituciones científicas contribuyen a combatir el tráfico ilegal de fauna y a preservar especies amenazadas para las futuras generaciones.
Para esta tarea, la Secretaría de Ambiente trabaja coordinadamente con diferentes fuerzas como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de San Juan, Policía Ecológica y Policía Rural.
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Tráfico ilegal de fauna en San Juan: más de 300 animales rescatados y controles reforzados

Fecha de Publicación: 25/02/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: San Juan


La Secretaría de Ambiente de San Juan intensificó controles y desarticuló redes tras realizar operativos clave en diversos departamentos.
La Secretaría de Ambiente de San Juan, mediante la Dirección de Conservación, avanzó en la neutralización de redes de tráfico ilegal de fauna que operan a nivel provincial y nacional. Durante 2025 se registraron 161 actas de infracción por captura, tenencia y comercialización de especies silvestres y extracción ilegal de leña, con fuerte presencia en Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda. A inicios de 2026, la tendencia continúa con 15 nuevas actas y allanamientos estratégicos en Rawson, Rodeo, Bermejo y La Bebida.
Entre los procedimientos más relevantes se destacó el rescate en Rawson de 26 cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción cuya distribución natural no corresponde a la provincia. Actualmente, se coordina con el área ambiental de Río Negro su traslado y restitución. En paralelo, el benteveo continúa siendo una de las especies más afectadas por el mascotismo ilegal dentro del conjunto de animales recuperados.
Cada ejemplar rescatado atraviesa un proceso técnico de evaluación sanitaria y comportamental para determinar su aptitud de rehabilitación y posterior liberación. La reinserción se planifica de acuerdo con la distribución geográfica natural de cada especie, con el objetivo de garantizar su supervivencia y evitar impactos en el equilibrio ecológico.
El director de Conservación, Ezequiel Salomón, explicó a DIARIO HUARPE que el trabajo se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente. “Desde la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Conservación velamos por el cumplimiento de la Ley 606-L, que es la ley de protección de flora y fauna silvestre. Esta norma contempla la prohibición de la caza furtiva en cualquier modalidad. En la provincia está terminantemente prohibida”, señaló.
Además, destacó el despliegue operativo del área. “Contamos con un equipo de técnicos y agentes de fauna que trabajan de forma incesante las 24 horas, tanto en tareas de investigación como en la ejecución de operativos donde hay implicancia de tráfico y comercio ilegal de fauna silvestre”, indicó.
En relación a los resultados obtenidos, el funcionario detalló: “En 2025 se labraron 161 actas de infracción por delitos vinculados al comercio y tráfico de flora y fauna silvestre y se rescataron más de 300 ejemplares, principalmente aves, que son el grupo más traficado bajo la modalidad de mascotismo. Más de 150 animales pudieron completar el proceso de evaluación y ser liberados”.
También explicó el destino de los animales recuperados. “Una vez que se detectan estas infracciones, los ejemplares son puestos bajo un proceso de rehabilitación y recuperación. Cuando completan los tratamientos y están en condiciones, se los reintroduce en su hábitat natural, contribuyendo a no dañar el equilibrio ecológico”, sostuvo.
Salomón advirtió además sobre el impacto ambiental de estas prácticas. “La caza furtiva es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y una de las razones por las cuales los ecosistemas y sus procesos se ven perjudicados”, afirmó.
Respecto a la distribución territorial, precisó: “Durante 2025 tuvimos actas en 14 de los 19 departamentos, con mayor incidencia en Albardón, Caucete, Iglesia y Zonda. En comparación con 2024, cuando se registraron 154 actas, hubo un incremento en la detección de infracciones”.
Finalmente, aclaró el alcance de las sanciones. “El valor de las multas lo determina el juez competente en cada caso. Nosotros elevamos las actuaciones a los juzgados de falta o de paz y, ante situaciones de reincidencia, informamos a la autoridad judicial para que evalúe la sanción o la pena correspondiente”, concluyó.
Mientras tanto, la Secretaría mantiene el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y recordó que las denuncias pueden realizarse de manera anónima a la línea ambiental 4305057 o al WhatsApp 2644305057.
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San Juan inauguró la primera autopista solar del país y marca un nuevo estándar en infraestructura sustentable

Fecha de Publicación: 20/12/2025
Fuente: Portal InfoEnergia
Provincia/Región: San Juan


San Juan dio un paso histórico en materia de innovación energética al poner en funcionamiento la primera autopista solar de la Argentina, un proyecto que integra generación fotovoltaica al sistema vial y consolida un nuevo modelo de infraestructura pública con enfoque sustentable.
La iniciativa se desarrolla sobre la Avenida Circunvalación, una de las arterias más transitadas de la provincia, donde la infraestructura deja de cumplir únicamente una función de tránsito para transformarse también en una fuente activa de generación de energía limpia.
Con esta obra, San Juan se posiciona a la vanguardia de la ingeniería sustentable a nivel nacional y regional, reforzando su liderazgo en el desarrollo y la aplicación de energías renovables en espacios urbanos estratégicos.
El sistema instalado cuenta con 36 estructuras fotovoltaicas individuales montadas sobre monopostes metálicos ubicados a lo largo de la traza vial. Cada uno de estos dispositivos capta la radiación solar y la transforma en energía eléctrica.
Durante las horas diurnas, la energía generada es inyectada a la red eléctrica general, mientras que por la noche el sistema devuelve esa energía para abastecer la iluminación de la autopista, cerrando un circuito eficiente y autosustentable.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que aprovecha infraestructura existente sin necesidad de ocupar nuevo suelo, optimizando el uso del espacio público y reduciendo el impacto ambiental asociado a obras tradicionales.
El desarrollo fue ejecutado íntegramente con mano de obra y capacidad técnica local, involucrando a ingenieros, técnicos y proveedores sanjuaninos en todas las etapas de diseño, montaje y puesta en marcha.
La obra presentó desafíos técnicos particulares, vinculados tanto a la condición sísmica de la provincia como al alto flujo vehicular de la Circunvalación, lo que demandó soluciones específicas en materia de seguridad, logística y planificación.
Con esta experiencia, San Juan se suma a un reducido grupo de ciudades del mundo que integran energía renovable directamente en su infraestructura vial, incorporando la transición energética al paisaje urbano cotidiano.
Desde el punto de vista ambiental, la autopista solar contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y disminuye la dependencia de fuentes fósiles para el abastecimiento energético urbano.
En términos económicos, el sistema permite generar ahorros de largo plazo en costos de iluminación y mantenimiento, al tiempo que mejora la eficiencia y la resiliencia de la red eléctrica.
La iniciativa también tiene un impacto positivo en el empleo y el desarrollo del conocimiento técnico local, fortaleciendo capacidades que pueden ser replicadas en futuros proyectos similares.
La autopista solar se presenta así como una demostración concreta de cómo la infraestructura pública puede convertirse en parte activa de la solución frente al cambio climático, combinando innovación, eficiencia y sustentabilidad.
Con este proyecto, San Juan traza un camino replicable para otras provincias y refuerza la idea de que la integración inteligente de energía limpia en el territorio es clave para redefinir el futuro urbano y productivo del país.
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Peces muertos en Cuesta del Viento: choque de análisis del agua

Fecha de Publicación: 05/12/2025
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: San Juan


Por la muerte de peces en Cuesta de Viento hubo distintos análisis que se expusieron. El de la UNCuyo marcó picos de metales en un tramo puntual,  Ambiente descartó tóxicos industriales dentro del dique. La causa sigue abierta.
La muerte de peces (pejerreyes) en el Dique Cuesta del Viento, en Iglesia, noticia que dio a conocer y dio seguimiento DIARIO HUARPE, dejó a la cordillera bajo un debate técnico que todavía no tiene respuesta única. La Asamblea Jáchal No Se Toca hizo pública una denuncia tomando como base el trabajo que ellos mismos encargaron a la UNCuyo. En su lectura, los resultados mostraron indicadores preocupantes en alta montaña, especialmente metales y cloro total, sin embargo, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la respuesta fue distinta: con análisis del laboratorio Cipcami (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial) realizados en agua conectada directamente al embalse, no detectaron tóxicos industriales ni condiciones que, según ellos, expliquen contaminación minera. Los informes corresponden a tramos diferentes de la cuenca, lo que abre el escenario de muestreos, pero no deja en claro que pasó con los peces.
El muestreo pedido por la Asamblea a la UNCuyo incluyó puntos del Río La Palca y el agua de red de la comunidad. El dato más citado del informe fue el del sitio M11 del río, antes de la unión con el Río Blanco. Allí se observaron picos de arsénico 0,57 mg/L; aluminio 6,7 mg/L; cobre 0,20 mg/L; zinc 0,48 mg/L y boro 4,0 mg/L. También aparecieron bandas de mercurio entre 0,0005 y 0,001 mg/L, además de cloro total en rangos atípicos para un curso natural cordillerano. Con esos valores como base, Saúl Zeballos, referente de la Asamblea, sostuvo ante la Fiscalía de Jáchal, la UFI Norte, que podría existir afectación crónica a la vida acuática en tramos de alta cordillera, comparando criterios guía ambientales de organismos como el CCME  (Canadian Council of Ministers of the Environment) y la Usepa (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.).
Zeballos subraya que estos valores son prácticamente idénticos a los registrados tras el derrame ocurrido en septiembre de 2015, lo que, según su interpretación, constituye evidencia de un nuevo episodio de contaminación.
Por su parte, Ambiente evaluó el sistema del dique con mediciones propias ya dentro del circuito del embalse, incluyendo el ingreso del Río Iglesia antes de desembocar en el embalse, el Río Jáchal aguas abajo del dique y sectores de uso turístico como el Embarcadero y Náutica de playa Lamaral. En su informe, sostienen que pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez y temperatura se mantuvieron dentro de los niveles guía que establece el Decreto 007/2024 y que no hubo detección de cianuro, mercurio ni nitritos en campo oficial. Para el organismo, hasta ahora no existe un parámetro industrial mensurable dentro del espejo del embalse que explique un evento de contaminación minera.
Estos análisis, al igual que los de la UNCuyo, fueron remitidos la Fiscalía del Norte. Desde Ambiente explicaron que además solicitaron y adjuntaron los datos históricos de monitoreos correspondientes a la Cuenca del Río Jáchal – Cuesta del Viento 2025. También se enviaron los informes realizados por el Área Técnica de la Dirección de Conservación, elaborados tras las inspecciones efectuadas los días 20 y 26 de noviembre, con el fin de aportar todos los antecedentes ambientales pertinentes para la investigación.

Los otros análisis en Veladero
En paralelo, desde la mina Veladero se realizó un muestreo participativo en sectores específicos de montaña, principalmente el punto LA-16 del Río Las Taguas y tramos del Río Turbio. El operativo fue controlado por el fiscal Alfredo Sohar Aballay junto a su ayudante Patricio Díaz, además de la participación técnica del investigador del Instituto de Hidráulica de la universidad sanjuanina, el ingeniero Hugo Fernández de la UNSJ y equipos municipales de Jáchal.
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Barrick pidió un RIGI por US$ 400 millones: quiere ampliar la mina de oro Veladero

Fecha de Publicación: 16/08/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan


La multinacional canadiense Barrick Mining, ex Barrick Gold, presentó ante el Gobierno su pedido para entrar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), de forma de blindar un desembolso de 400 millones de dólares para la ampliación de la mina de oro y plata Veladero, en San Juan.
Veladero, el principal complejo exportador de oro de la Argentina, proyecta ampliar su capacidad de producción en 1,6 millones de onzas equivalentes adicionales, con una inversión de capital cercana a los 400 millones de dólares entre 2025 y 2028.
Veladero, el mayor exportador de oro
La mina está ubicada en el departamento sanjuanino de Iglesia, al norte de la provincia, a entre 4.000 y 4.850 metros de altura sobre el nivel del mar. Comenzó su producción en 2005, hace 20 años, y desde entonces generó unos US$ 12.700 millones para la economía argentina en compras de bienes y servicios, salarios e impuestos, informó.
Según contaron fuentes de la empresa, de concretarse la extensión se generarían exportaciones nuevas por aproximadamente US$ 3.800 millones, con el pago del equivalente en pesos a unos US$ 200 millones en regalías provinciales a San Juan y el incremento de impuestos tributados en diferentes jurisdicciones.
El proyecto, anticipado por el portal El Pregón Minero, se centra en la construcción de nuevas fases, que añadirán 89,2 millones de toneladas de capacidad para apilar nuevo mineral para su procesamiento
Veladero es una mina a cielo abierto con leyes minerales de entre 0,55 a 0,77 gramos de oro por tonelada, y el año pasado exportó 504.000 onzas equivalentes, entre oro y plata.
El oro trepó recientemente hasta los US$ 3.400 por onza y lleva un aumento de casi 50% en los últimos dos años, lo que volvió a hacer rentables operaciones en distintas partes del país.
Clarín visitó recientemente Gualcamayo, también en San Juan, donde la empresa Minas Argentinas planea recuperar 340.000 onzas en los primeros cuatro años y después poner en marcha una nueva mina subterránea, con inversiones por US$ 665 millones.
La fiebre del oro también se seguirá alimentando colateralmente con el cobre. Vicuña Corp. anunció la semana pasada "la inversión extranjera más grande de la historia argentina", de unos US$ 15.000 millones, pero recién pediría el RIGI entre fin de este año y mediados de 2026.
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El 27% de los bosques nativos se preservan gracias a proyectos particulares

Fecha de Publicación: 07/07/2025
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


En la provincia, casi un tercio de estos ecosistemas forestales se preserva gracias a la acción desarrollada por particulares.
Tras 2 años de espera, mañana se llevará a cabo una actividad en pos del cuidado del medio ambiente. Se trata de la entrega de fondos nacionales para financiar los proyectos de preservación de bosques nativos en la provincia. Gustavo Mercado, al frente de la Dirección de Bosques Nativos, dijo que son $160 millones los que se distribuirán entre 26 beneficiarios de diferentes departamentos. También agregó que casi un tercio de la superficie de estos ecosistemas forestales en San Juan se preserva gracias a la acción de particulares. Con la entrega de fondos quedará abierta la convocatoria para la presentación de nuevos proyectos.
El Programa Provincial de Bosques Nativos de San Juan, que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y establecido por la Ley Provincial Nro 1.094-L, busca proteger, manejar y restaurar los bosques nativos de la provincia y que, alineada con la Ley Nacional Nro 26.331, se enfoca en la conservación de estos ecosistemas forestales y el manejo sostenible de los recursos, garantizando la preservación para las futuras generaciones. Y, para ello, cuenta con la ayuda de Nación para financiar tanto los proyectos nuevos de preservación como la continuidad de los existentes. Estos fondos llegan a San Juan todos los años, sin embargo los últimos llegaron en el 2022 por irregularidades.
‘Estos fondos que se distribuirán mañana fueron aprobados por el Concejo Federal de Medio Ambiente en el 2023 para financiamiento de los proyectos que fueron aprobados, pero no fueron enviados. Fue porque la gestión anterior no cumplió con la rendición de la fiscalización de los proyectos financiados anteriormente. Cuando asumimos, hicimos un fuerte trabajo de fiscalización y control de los proyectos en marcha para ponernos al día con las rendiciones adeudadas’, dijo Gustavo Mercado.
El funcionario agregó que una vez que se logró regularizar la situación, se volvió a convocar la presentación de proyectos de conservación de bosque nativos. La convocatoria se extendió desde diciembre del 2024 a enero de 2025, y luego comenzó la evaluación de cada propuesta para determinar su viabilidad. Se aprobaron 26 proyectos y Nación destinó $160 millones para su concreción.
De estos 26 proyectos, 4 son nuevos (2 corresponden a Valle Fértil y 2 a 25 de Mayo) y el resto ya estaban en desarrollo y lo que se financia es su continuidad. Con este total se logró preservar casi un tercio de los bosques nativos en San Juan. ‘La provincia tiene 1.578.178 hectáreas de bosques nativos, y 417.676 hectáreas están preservadas gracias a estos proyectos particulares, es decir un 27% del total. Esto demuestra el compromiso de la gente por cuidar el medioambiente’, dijo Mercado.
De los 26 proyectos de preservación actuales, 19 corresponden a Valle Fértil, 4 a 25 de Mayo, 1 a Caucete, 1 a Jáchal y 1 a Calingasta. La mayoría incluye el desarrollo de actividades económicas como ecoturismo, ganadería y otras compatibles con la conservación de los ecosistemas forestales. ‘Queremos incentivar que más propietarios de hectáreas de bosques nativos presenten un proyecto de preservación para seguir ampliando la superficie preservada. Es por eso que mañana, tras la entrega de los fondos, se abrirá la convocatoria para nuevas propuestas para generar actividades económicas sustentables en estos territorios protegidos’, dijo Mercado.
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Caza furtiva desmantelada: secuestran perros galgos y otros elementos ilegales

Fecha de Publicación: 26/03/2025
Fuente: El Zonda
Provincia/Región: San Juan


Se labraron 17 actas de infracción y se secuestraron 25 galgos, radios de comunicación y boleadoras.
En un operativo llevado a cabo en el departamento Albardón, tres comisiones de agentes de la Dirección de Flora y Fauna realizaron un exhaustivo control de huellas, lo que permitió desmantelar una red de caza furtiva que utilizaba galgos para la persecución y captura de animales silvestres.
Durante la intervención, se labraron 17 actas de infracción a presuntos cazadores furtivos, quienes empleaban 25 perros de raza galgo para cazar ilegalmente. Estos animales fueron secuestrados y quedaron bajo tenencia judicial, aunque aún permanecen bajo la custodia de los presuntos infractores hasta que la Justicia determine las sanciones correspondientes.
En el marco del operativo, también se secuestraron cuatro radios tipo talkie y seis boleadoras, herramientas utilizadas en la actividad ilegal de caza.
Este procedimiento se realizó luego de una serie de tareas investigativas y es parte del plan de la Secretaría de Ambiente para reforzar los controles ambientales y proteger la fauna autóctona.
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Lanzan en la provincia una campaña inédita sobre atropellamiento de fauna

Fecha de Publicación: 12/02/2025
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: San Juan


La iniciativa busca generar conciencia sobre el impacto del atropellamiento de animales silvestres en rutas y caminos, promoviendo medidas de prevención y preservación de la biodiversidad.
La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan puso en marcha una campaña de concientización sobre el atropellamiento de fauna silvestre, marcando un hito en la provincia. La iniciativa se llevó a cabo durante el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil, con el objetivo de educar a turistas y residentes sobre el impacto del tránsito vehicular en la biodiversidad local.
El atropellamiento de fauna silvestre representa una amenaza para numerosas especies. Según registros de la Secretaría de Ambiente, se documentaron al menos 76 casos en diversas rutas provinciales y nacionales, siendo el zorro gris (Lycalopex griseus) la especie más afectada. Este fenómeno ocurre debido a la proximidad de los hábitats naturales a las vías de circulación, la actividad nocturna de algunos animales y el exceso de velocidad de los vehículos.

Las principales rutas con mayor impacto de atropellamientos en la provincia son:
-Ruta Nacional N° 40
-Ruta Nacional N° 20
-Ruta Provincial N° 510

La campaña en Valle Fértil contempla diversas acciones concretas:
-Instalación de señalización preventiva en puntos estratégicos.
-Distribución de material informativo para conductores y visitantes.
-Charlas y actividades de educación ambiental.
-Recomendaciones clave para los conductores

Para disminuir la mortalidad de especies en las rutas, se recomienda:
-Respetar los límites de velocidad en zonas naturales.
-Prestar atención a la señalización de cruce de fauna.
-Reportar casos a las autoridades ambientales.
-Apoyar iniciativas de conservación y educación.

¿Cómo actuar ante un atropellamiento de fauna?
-Si se encuentra un animal herido o sin vida en la ruta, se recomienda:
-No acercarse ni manipularlo sin conocimiento especializado.
-Avisar de inmediato a la Secretaría de Ambiente (4305057) o a la Policía Ecológica (911).
-Documentar el hecho (si es seguro hacerlo) para contribuir con los registros de monitoreo.
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Con un informe que desnuda la realidad, buscar reducir los atropellamientos de fauna silvestre en San Juan

Fecha de Publicación: 28/01/2025
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan


La Dirección de Conservación se encuentra en plena elaboración de un informe que, entre otras cosas, demuestra que los zorros grises son las mayores víctimas de atropellamientos en San Juan y que la “zona caliente” donde suceden estos siniestros es la Ruta Provincial 510.
Hace algunas semanas se dio a conocer la historia de un zorrito de apenas semanas de vida que fue atropellado en Valle Fértil, lo cual es una problemática frecuente en la provincia. Es por este motivo que la Dirección de Conservación, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se encuentran en plena elaboración de un informe, surgido de un inventario, que desnuda la realidad del estado de la fauna silvestre en San Juan: en el 2024, los zorros grises fueron las mayores víctimas y la Ruta Provinicial 510, la zona con mayor cantidad de siniestros.
Ezequiel Salomón, responsable de Conservación, contó que durante el 2024 hicieron un inventario de la cantidad de atropellamientos de fauna silvestre observados en las rutas sanjuaninas. Este estudio arrojó que un total de 25 zorros grises (la especie más común en el territorio) murieron por esta causa, aunque también se encontraron pecaríes de collar, quirquinchos, boas y hasta aves como lechuzas.
Según indicó, la zona más crítica, en la que se observaron la mayor cantidad de siniestros, fue la Ruta 510, que atraviesa todo el departamento Valle Fértil, conectando entre sí la Ruta Nacional 141 y la Ruta Nacional 150. Esta vía es una conexión directa con el Parque Provincial Ischigualasto, por lo que se ven gran cantidad de especímenes de fauna silvestre.
Sin embargo, esta no es la única zona donde se documentaron atropellamientos. La ruta que va hacia Calingasta es otra ruta crítica.
El especialista explicó que, en estas oportunidades, el ser humano avanza en los hábitats naturales de los animales y es por este motivo que se dan tantos siniestros. Si bien no es viable construir otros pasos, se pueden realizar ciertas acciones que cuiden la vida de las especies silvestres y de las personas, dado que muchas veces por esquivar a un animal se puede ocasionar un siniestro vial que se cobre vidas humanas.
Por eso, una vez que se culmine el informe (espera que sea en las próximas semanas), se elevará tanto a Vialidad Nacional como a Vialidad Provincial. El objetivo es que estas entidades coloquen cartelería en las rutas, para que los conductores tengan precaución con los animales que a veces cruzan las vías. De esta manera, buscan reducir al mínimo posible la cantidad de atropellamientos de fauna silvestre.
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Veladero fue el mayor beneficiado por la quita de retenciones de Milei y el Estado perdió 250 millones de dólares en el año

Fecha de Publicación: 09/01/2025
Fuente: Portal LaMecha
Provincia/Región: Nacional - San Juan


Se acerca la fiesta de fin de año y en Veladero levantan las copas para brindar. Este año el yacimiento sanjuanino registró ganancias insólitas y extendió su vida útil a 10 años más.
Veladero es la mina de oro y plata más grande de Argentina. Comenzó a operar en 2005 bajo la gestión de la empresa canadiense Barrick Gold. Luego de una serie de derrames y conflictos con el gobierno, en 2017 Barrick vendió la mitad de Veladero a Shandong Gold, de China, y desde entonces ambas empresas explotan en conjunto el yacimiento sanjuanino.
En los últimos años, la gestión advirtió un declive productivo de la mina y previno que el cierre definitivo sería pronto. Sin embargo, debido a múltiples factores, este año la compañía anunció la extensión de la vida útil del yacimiento hasta 2034. ¿Cuáles son las claves del buen rendimiento de Veladero?
La fiebre del oro
El metal ha superado su máximo histórico semana a semana, desde principios de octubre de 2023, llegando a valer 2.830 dólares la onza a fines de noviembre de este año.
El contexto geopolítico actual influye directamente en la suba del oro. A mayor conflictividad global, el precio del oro tiende a subir ya que se vuelve un activo confiable para los países en momentos de turbulencias económicas internacionales.
La guerra entre Rusia y Ucrania, los múltiples conflictos en Medio Oriente y el proceso emancipatorio de los Estados del Sahel en África, son algunos ejemplos que explican por qué el precio del oro subió a su máximo histórico.
A esto se le suma la disputa comercial entre Estados Unidos y China; y la marcada tendencia que ha llevado a varios países, sobre todo aquellos relacionados a los BRICS, a diversificar sus reservas en detrimento del dólar.

El oro y la plata sin retenciones
Desde principio de año no existe un marco regulatorio que fije cuánto se debe pagar el derecho a la exportación de oro y plata en el país. Veladero, por ser el yacimiento más grande de los 10 que existen en Argentina, es el mayor beneficiado de la quita de retenciones.
El anterior régimen impositivo establecía una alícuota del 8% para proyectos de oro y plata, y una del 4,5% para otros minerales. Esta reglamentación venció en diciembre del 2023 y, sea por negligencia o decisión, el gobierno libertario no la actualizó.
Tanto Diario Huarpe como el diputado sanjuanino Walberto Allende, quien también preside la Comisión de Minería del Congreso de la Nación, estiman que las pérdidas para el Estado argentino alcanzan los 250 mil millones de pesos.
No es la primera vez que el Gobierno Nacional decide no cobrar el derecho de exportación a las empresas mineras. Mauricio Macri eliminó por completo las retenciones al inicio de su gestión. Desatada la crisis económica en 2018, el ex presidente las restableció en un 12%. Alberto Fernández las redujo a un 8% para oro y plata, y un 4,5% para otros minerales.

Menos costos, más producción
En 2023, por la incertidumbre política que generaba las elecciones presidenciales, en Veladero se redujeron los costos de funcionamiento. Pero, pese a esto, la producción no bajó.
En ese mismo año, Veladero extrajo 207 mil onzas de oro. En enero de 2024 se proyectó un aumento en la producción anual, que variaría entre 210 mil a 240 mil onzas.
En los primeros nueve meses del año, Veladero lleva 170 mil onzas de oro extraídas, quedando así cerca de lo planeado en enero. Quedará ver si estas variables se mantienen el año entrante, en el que Veladero espera mantener su momento de gracia y construir las obras que le permitirán llegar al 2034.
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Afirman que en San Juan expropiaron un campo para favorecer a la minera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 30/12/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: San Juan


La expropiación del Cerro Coronel en el departamento de Iglesia, un pueblo sanjuanino de 9.000 habitantes, desató la polémica que combina intereses privados, y decisiones municipales polémicas.
Cuál es el conflicto de la empresa
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado Guillermo Leonardi, quien explicó que el problema radica en que la empresa ha ocupado una propiedad durante 20 años con una antena y “han facturado 13.000 millones de dólares, pero nunca han pagado un peso a los propietarios de la familia Leonardi”.
Según el entrevistado, ahora cuando judicialmente aparece la oportunidad de poder cobrarles, el gobierno de la provincia de San Juan junto con el intendente de la zona, “expropian la propiedad para sacarle a la empresa la posibilidad de cobrar”.
Cómo fue el accionar de los propietarios afectados
A raíz de este conflicto, la familia Leonardi demandó con una carta documento y “ellos contestan con una demanda judicial”, explicó el entrevistado. Y añadió: “Llama la atención también otros detalles como que por ejemplo, es una sucesión de 6 o 7 antenas y solamente expropia la propiedad de Leonardi”.
Al ser consultado sobre si la familia fue recibida por las autoridad, Leonardi comentó que el gobernador no accedió y con el intendente del municipio “hay una conversación, pero él dice que no quiere ser la mortadela de sándwich, porqué tiene que hacer a la expropiación debido a que se lo pide el gobernador y han firmado un convenio por el cual, la Municipalidad declara por una ordenanza, la expropiación y el gobierno es el que va a pagar eso”.
Para finalizar, el entrevistado mencionó que, “es un tema complejo”, pero “el problema es que una discusión privada entre un propietario de un inmueble y una empresa minera, el particular privado gana el juicio y aparece el estado tomando una decisión política jurídica de expropiar para beneficiar a la empresa minera”.

Más Información:

Tiempo Argentino - San Juan expropió un campo para favorecer a la minera Barrick Gold
Denuncian que la expropiación no solo atenta contra los derechos de los propietarios de Cerro Coronel, sino que además violaría un sinfín de leyes con el solo propósito de favorecer a una multinacional. El reclamo del propietario y los posibles juicios millonarios al Estado.
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Las mineras BHP y Lundin, sus prontuarios y las montañas de San Juan

Fecha de Publicación: 12/08/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Desastres ambientales, muertos, violencia y demandas laborales son parte del historial de las mineras BHP y Lundin, multinacionales que anunciaron su fusión para explotar los proyectos Filo del Sol y Josemaría en San Juan. Acumulan denuncias y condenas en Chile, Brasil, África y Australia. BHP fue responsable del desastre minero en Minas Gerais, con 19 fallecidos y cientos de casas destruidas.
Las corporaciones mineras BHP y Lundin comunicaron su asociación para explotar de manera conjunta los proyectos Filo del Sol y Josemaría, ambos en San Juan. El anuncio fue aplaudido por funcionarios políticos, empresas y medios de prensa afines al sector. En sus discursos, las cifras monetarias ocupan el centro de atención: montos de inversiones, valor de las acciones, primas y promesas de entrada de dólares por exportaciones. Ni una línea en esos discursos menciona los costos socioambientales, la falta de licencia social de las comunidades ni, mucho menos, los prontuarios de estas empresas.
Fundada en 1885, BHP es hoy la corporación minera más grande del mundo, por su valor de capitalización de mercado. Tiene su sede en Melbourne (Australia), y proyectos en ese país, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. En su página oficial, señala que se enfoca en la extracción de cobre, níquel, potasa, hierro y carbón metalúrgico. Aunque no lo refiere en su emotiva historia pública, la empresa también tiene antecedentes en Argentina: en Andalgalá (Catamarca), el gobierno provincial le otorgó en secreto la concesión para explorar y explotar un yacimiento bautizado como Pilciao 16, literalmente debajo de las casas del centro departamental. La rebelión popular logró frenar el macabro proyecto en 2010.
El origen de Lundin Mining Corporation se remonta, según su historia oficial, al año 1994, en Canadá, donde tiene su sede central. Se especializa en extracción de cobre, zinc, oro y níquel, que extrae —o planea extraer— de yacimientos en Argentina, Brasil, Chile, Suecia y Estados Unidos. La compañía forma parte de Lundin Group, un holding fundado “hace más de 50 años”, constituido por diferentes empresas “centradas en los sectores de minerales, metales, energías renovables y energía”, según refiere en su página web. En Argentina, Lundin Mining era la única propietaria del proyecto Josemaría, mientras que Filo Colorado estaba en manos del grupo empresarial Lundin.

Los territorios “vendidos”
Filo del Sol es el nombre del proyecto que, por un plazo estimado de 14 años, planea extraer cobre, oro y plata de un área compartida entre Argentina y Chile, según indica su página oficial. El yacimiento se ubica 140 kilómetros al sureste de la ciudad chilena de Copiapó y en el extremo norte del departamento Iglesia, en la provincia argentina de San Juan. Su adquisición conjunta significó —afirma Lundin Mining en un comunicado— “una contraprestación total de aproximadamente 4.100 millones de dólares canadienses” (poco más de 2.960 millones de dólares estadounidenses).
Diez kilómetros al norte, se ubica Josemaría, el otro proyecto adquirido por el matrimonio corporativo. Con una “vida útil” estimada en 19 años, el yacimiento se ubica íntegramente en San Juan y también alberga cobre, oro y plata. El proyecto se encuentra en construcción —etapa previa a la explotación— y, pese a sus irregularidades, la empresa se jacta de haber obtenido la aprobación del Informe de Impacto Ambiental. Por compartir el proyecto, “BHP pagará a Lundin Mining una contraprestación en efectivo de 690 millones de dólares”, afirma la empresa canadiense en su web.
“Estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con importantes sinergias y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes de su tipo”, expresó Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining sobre la operación combinada de ambos proyectos. Mientras los empresarios festejan el ahorro de costos, con un discurso cercano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró que “el complejo va a estar entre las diez minas de cobre más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan, cuando produzca a pleno, 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales”.
Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, Saúl Zeballos no comparte ese optimismo. “Las inversiones son para ellos”, afirma, con la autoridad que le da vivir en un territorio donde la megaminería tiene dos décadas. Refiere que las promesas de construir caminos y ampliar el tendido eléctrico, por ejemplo, son para beneficio y uso de las propias empresas. “Se vende como progreso, pero en 20 años la megaminería en San Juan no ha dejado dinero ni siquiera para repavimentar las rutas que ellos mismos rompen”.
Mientras las ganancias favorecen a las corporaciones, el costo es para las comunidades y en Jáchal saben que el precio es muy alto: el agua. “Si el proyecto Josemaría ya suponía un riesgo impresionante de secar el río Jáchal, con la incorporación de Filo del Sol eso está asegurado”, lamenta Zeballos.
Como a nivel nacional, la megaminería es política de Estado en San Juan: José Luis Gioja, Sergio Uñac y Marcelo Orrego, los últimos gobernadores, estuvieron siempre alineados con los intereses de las grandes empresas multinacionales.

Tragedia minera en Brasil
Diecinueve personas murieron, cientos fueron desterradas, sus casas derribadas, sus cultivos destruidos y sus modos de vida arrasados por el barro tóxico que se derramó y avanzó 650 kilómetros por el río Doce, tras la rotura de un dique de colas en Brasil. Ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en Mariana, Minas Gerais, y tiene como responsable visible a Samarco, la firma encargada de extraer “mineral de hierro” en nombre de BHP y Vale, que “tienen una participación del 50 por ciento cada una”, según informa la primera.
“BHP es un símbolo del desastre, del crimen”, expresa Letícia Oliveira, del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). La empresa representa, dice, “la minería de hierro sin escrúpulos, sin preocuparse por las comunidades, por sus derechos, por el desarrollo de la ciudad y por los derechos de los trabajadores. Esto es lo que significa para cualquiera que viva en Mariana; para mí, que vivo en Mariana”. Y añade que la empresa “sólo busca ganancias y no tiene ningún compromiso con el ambiente, con las personas, no le preocupa el riesgo a que están sometidas estas personas en este entorno”. Y apunta que “sólo le preocupan los beneficios de los accionistas, convencerlos de que inviertan cada vez más en la empresa, incluso intentando ocultarles la información real de lo que la empresa provoca en el territorio donde opera”.
Justamente, días atrás un Juzgado brasileño condenó a la fundación Renova —patrocinada por BHP, Vale y Samarco— por los daños materiales y morales que causó la realización de anuncios de autopromoción sobre el colapso del dique de colas. En la sentencia, el tribunal consideró que la fundación creó una “narrativa de fantasía”, lo cual “demuestra claramente una falta de respeto hacia las víctimas”.
En enero de este año, un Tribunal Federal de Brasil condenó a las empresas por “daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas” y está previsto que en octubre comience en Reino Unido otro juicio contra estas mismas empresas en una causa que tiene más de 700 mil demandantes afectados por ese crimen socioambiental.

Crímenes de guerra en África
Dos ex ejecutivos de Lundin Oil —que ha mutado su nombre a Orrön Energy y forma parte del grupo Lundin— están siendo juzgados por un Tribunal en Estocolmo (Suecia). Se los acusa de complicidad en crímenes de guerra cometidos en Sudán, entre 1999 y 2003.
“La acusación describe violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que ocurrieron en la zona de operaciones de Lundin en Sudán del Sur y causaron daños indescriptibles, desarraigando a decenas de miles de personas y empobreciendo una gran zona”, afirma la organización holandesa PAX.
Se calcula que 12.000 personas murieron por la violencia desatada en el área concesionada a la empresa. El juicio podría extenderse hasta 2026 y sentaría un precedente, ya que “rara vez las corporaciones internacionales son procesadas por complicidad en violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos”, expresa PAX, que desarrolla el programa Deuda Impaga, para visibilizar los crímenes cometidos en Sudán.

Exprimir los acuíferos
La mina Escondida se encuentra ubicada en la región de Antofagasta, al sur del Salar de Atacama, en el norte de Chile. Desde 1991, se extrae de allí tanto cobre que la ha posicionado como la principal “productora” de este metal en el planeta. La gran beneficiada es BHP, que posee más del 57 por ciento de las acciones.
Aunque se la postula como un modelo a copiar, “al menos dos denuncias reflejan el cuestionado actuar de la empresa”, refiere desde Chile, Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
En 2016, organizaciones y funcionarios denunciaron a la empresa por incumplir legislación ambiental y secar un acuífero. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) la demandó formalmente por “daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra”. En 2021, la empresa llegó a un acuerdo de compensación económica y reparación ambiental con las comunidades.
Aunque la empresa habría dejado de extraer agua subterránea en 2017, otra causa se inició en su contra en 2018. Cuatro años después, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) la multó con 6.660 millones de pesos chilenos “tras acreditar un daño irreparable a las vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama”.
Además, en 2022, la comunidad indígena Atacameños de Peine iniciaron otra causa contra tres proyectos mineros —otra vez la mina Escondida figura entre las denunciadas— por provocar daños irreparables en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, afectar la biodiversidad e impactar negativamente en su sistema de vida. Con la etapa de alegatos concluida en enero de este año, aún aguardan la sentencia.

El agujero “misterioso” de Atacama
“Misterioso” fue el adjetivo más utilizado por los medios de comunicación para referirse a un pozo de más de 30 metros de diámetro y más de 60 metros de profundidad que “apareció” —otra palabra muy utilizada— en Atacama (Chile). Lo cierto es que el socavón sería consecuencia de la actividad minera en Alcaparrosa, donde Lundin posee el 80 por ciento de la propiedad de una mina de cobre. Por esto, el CDE “ingresó una demanda contra la minera Ojos del Salado (filial de Lundin) que apunta a un eventual daño producido en el acuífero del lugar, tras una sobreexplotación de la faena minera”, afirma Arroyo Olea.
Un dato complica a la empresa: “Tenía una proyección indicada de 38.000 toneladas de mineral a extraer, pero extrajo cerca de 138 mil toneladas, más del triple”, explicaron desde la ONG Red Geocientífica de Chile.
Los ríos violentados
“Lundin Mining opera y maneja minas en el norte del país, donde arrastra denuncias que han sido judicializadas”, señala Arroyo Olea. En 2023, la SMA multó a la empresa por el equivalente a nueve millones de dólares debido a infracciones graves en el uso del agua en la mina de cobre Caserones, donde Lundin tiene el 51 por ciento de la propiedad. Los incumplimientos afectaron la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en la cuenca de un río.
En la misma región, Lundin opera el complejo minero de cobre Candelaria, que comprende Ojos del Salado. En 2022, la Corte Suprema de Chile sentenció a la empresa por dañar la cuenca del río Copiapó y la obligó a pagar una multa. Pero no fue la única denuncia: éstas se acumulan en expedientes generados por los habitantes de Tierra Amarilla, un pueblo a sólo cinco kilómetros del proyecto. Allí afirman y documentan el agrietamiento de sus viviendas y el polvo en suspensión que están obligados a respirar, que se suman a acusaciones por sobre extraer agua en una región de alta escasez hídrica.
“Estos impactos lo viven recurrentemente comunidades como también la propia naturaleza”, señala Arroyo Olea y agrega que “en el caso de Lundin, refleja una conducta que rompe con los márgenes de la legalidad y favorece la profundización de impactos ambientales y sociales”.

El mito del buen trabajo
A inicios de agosto, el 99 por ciento de las y los trabajadores de la mina Escondida votaron a favor de una huelga. El sindicato justificó la medida en “la extensión de las jornadas de trabajo, pérdida de beneficios tan básicos como alimentación en faena, aumento de las exigencias operacionales, la afectación de trabajadores enfermos y contraindicados”.
No es la primera vez que los trabajadores demandan a la empresa. En 2017, habían denunciado que BHP mantenía los campamentos (donde viven los empleados) de las minas Escondida y Spence en zonas no aptas ambientalmente. Ya en 2001, la autoridad sanitaria habría advertido que se trataba de “zonas saturadas” y, por ende, no cumplía con la normativa de calidad de aire.

Acosos y abusos sexuales
“Es suficiente”, es el nombre de un informe de 2022 que recopila denuncias por acosos y abusos sexuales, sufridos por mujeres que trabajan en el sector minero en Australia, uno de los países tomados como ejemplo por el vocero presidencial en el anuncio de la fusión empresarial. Una de las empresas donde ocurrieron es BHP, que opera varios yacimiento en ese país. El reporte fue elaborado por un comité parlamentario de Australia occidental y derivó en una serie de recomendaciones gubernamentales.
Sin especificar localizaciones de los hechos, la propia firma australiana reconoce que en 2023 la empresa receptó 475 denuncias por acoso sexual en sus instalaciones. Aunque auto-elogia el sistema que permitiría “aumentar la conciencia y promover la denuncia”, son los propios gerentes y líderes de las compañías los encargados de recibirlas.

Sobre modelos y beneficios
En su discurso, Adorni aludió a Australia y Chile como modelos, pero lejos están de ser ideales. “Bajo el manto de ser un ‘país minero´, Chile ha enfrentado fuertes impactos ambientales” que han afectado comunidades y ecosistemas, señala Arroyo Olea. “De igual forma, bajo la idea de trabajo e inversión, los gobiernos chilenos han sido permisivos con las irregularidades y sobreexplotaciones del modelo minero”, agrega.
Aunque Adorni aseguró que BHP no se habría sumado a los proyectos si no fuera por la aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), lo cierto es que aún San Juan no se adhirió y recién lo debatirá en la mitad del mes.
Mientras en Argentina el Gobierno amplía más los beneficios para una actividad mimada, desde Chile, Arroyo Olea objeta algo que también sostienen las Asambleas de Argentina: “Las ganancias del Estado llegan a ser marginales en comparación a las utilidades de las empresas privadas nacionales y transnacionales”. Un negocio redondo para las empresas que, concluye Zeballos desde San Juan: “A nosotros nos hace cada vez más esclavos”.
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La Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia la «impunidad» de la Barrick Gold y lo que implicará el RIGI para la región

Fecha de Publicación: 03/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: San Juan - Nacional


En 2023 presentaron 71 mil firmas exigiendo a la jueza federal María Romilda Servini que fijara fecha de juicio oral contra la empresa minera por dos derrames ocurridos en 2015. Sin embargo, no hay avances en la causa. La Asamblea advierte que existe un sistema de injusticia, contaminación e impunidad.
Fueron 71 mil las firmas que la Asamblea Jáchal No Se Toca entregó hace, exactamente, un año al juzgado federal a cargo de María Romilda Servini. En aquel entonces, 11 integrantes viajaron a Buenos Aires desde la localidad de Jáchal en San Juan para exigirle a la justicia que fijara la fecha del juicio oral contra la Barrick Gold que hace casi 9 años causó dos derrames, sin ningún tipo de condena.
Reclamaban que, finalmente, se juzgara la responsabilidad por los graves delitos y daños cometidos en el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina en toda su historia. En ese momento, nadie los recibió en el juzgado. Un año después, la fecha sigue en la incertidumbre.
Mientras tanto, ven con preocupación la política del actual gobierno nacional, promoviendo el extractivismo sin control y con extremas facilidades para las empresas extranjeras.

Un sistema a medida del RIGI
En un comunicado, la Asamblea denuncia la creación e implementación de un Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad (SICI) en la provincia de San Juan, que atraviesa a las diferentes gestiones, desde José Luis Gioja y Sergio Uñac hasta la actual de Marcelo Orrego.
Según detallaron, este sistema nació “para proteger a la Barrick Gold por los continuos derrames de cianuro y mercurio desde su mina Veladero, y se ha extendido al ámbito nacional de tal manera que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández encubrieron, junto con sus funcionarios”. Y enfatizan que Barrick Gold, «de manera persistente, concretó violaciones» a la ley nacional de protección de glaciares, a la ley general del ambiente, a la ley de residuos peligrosos e inclusive al Código de Minería.
No obstante la gravedad de lo reseñado, la gestión presidencial de Javier Milei –asegura el comunicado- con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “pretende blindar a todas las corporaciones mineras que vengan a la Argentina y no no se preocupen en cumplir las leyes de protección ambiental”. De esta manera, de forma implícita, se continúa en resguardo de los intereses económicos de la minera canadiense Barrick Gold, pero también de la oriunda de China, Shandong Gold.

Impunidad que escala a la Corte Suprema de Justicia
La Asamblea señala que este sistema fue implementado y promovido, a su vez, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al determinar la competencia en la causa penal por el primero de los derrames conocidos de la mina Valedero. En este caso, la causa quedó en manos del juez Pablo Oritja de San Juan, y de esta manera “la Suprema Corte le garantizó la impunidad al ex CEO Guillermo Caló (y funcionarios públicos) por el derrame de cianuro y mercurio ocurrido en septiembre de 2015”.
La denuncia había sido iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia por medio del expediente Nº 10049/2015 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Juez Sebastián Casanello. Pero ese magistrado “no pudo avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO Guillermo Caló por expresa disposición de la Corte Suprema que no le permitió al juez Casanello investigar a la Barrick Gold”.
Cabe mencionar que la Asamblea es querellante en el expediente mencionado después de haber acreditado su legitimidad con 3 mil firmas de ciudadanos jachalleros. No así en la causa penal que tramita ante el juez Oritja, quien rechazó su participación y donde, según denuncian, el juez sostuvo que el derrame fue producto de la rotura de una válvula que nunca fue peritada.

Sin fecha cierta de juicio oral
La Asamblea denuncia que existen dos causas penales acumuladas y elevadas en 2018 a juicio oral por el juez Casanello que esperan la fijación de una fecha por parte de María Romilda Servini de Cubría, jueza federal. “A pesar de haber entregado hace un año atrás las 71 mil firmas en el Juzgado de Servini no hemos logrado que ponga fecha para el juicio oral. Parece que la jueza también aplica el SICI a la perfección”, alertan en su comunicado.
La Asamblea asegura que la gestión de Javier Milei “utiliza el RIGI y el SICI de una manera brutal” y que, por ello, “los distintos poderes del Estado Argentino se confabulan para proteger a la Barrick Gold y sospechamos que nunca se llevará a cabo el juicio oral en Buenos Aires, de la misma forma que nunca avanzaron los juicios en la provincia de San Juan”.

Qué pasó hace casi 9 años
Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, San Juan y operada por la empresa canadiense Barrick Gold, derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales no alertó a la población de forma inmediata.
La información se filtró, los mensajes de texto comenzaron a circular y la población de Jáchal se autoconvocó en la plaza principal para exigir respuestas oficiales. Ese día acamparon allí, después instalaron una carpa que se sostiene, en reclamo de justicia, hasta el día de hoy, a casi 8 años desde el derrame. La Asamblea Jáchal No Se Toca nació a partir de esta resistencia de vecinas y vecinos.
La estrategia de Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, fue primero el ocultamiento. Cuando se hizo imposible sostener la negativa, al día siguiente, reconoció un derrame de 15.000 litros de solución cianurada, pero aseguró que no había llegado al río y desmintió la contaminación. Pero una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que, al contrario de lo que afirmaba, sí había llegado al río.
Dos días después, cuando finalmente llegó la intervención judicial, la empresa reconoció el derramamiento de al menos 1.070.000 litros de solución cianurada sobre las aguas de los ríos. A pesar del escándalo y la gravedad de los hechos, tras el pago de una multa, la mina Valedero continuó en operaciones. En la actualidad se encuentra a cargo de Minera Argentina Gold SRL, una sociedad entre las empresas Barrick Gold y Shandong Gold (China).
A casi nueve años desde el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina no se ha llevado a cabo el juicio oral, ordenado por la justicia federal hace ya seis años. Hace ya un año, la  Asamblea Jáchal No Se Toca junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canadá, recolectaron 71 mil firmas en un petitorio donde reclamaron que se fije fecha para el juicio oral, entregado al juzgado de Servini. Además denunciaron que después del 2015, hubo otros dos derrames.
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“El RIGI está hecho para atacar a los territorios y a sus bienes comunes”

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: Nota Al Pie  - Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Catamarca - San Juan


La Cámara de Diputados aprobó, finalmente, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las voces de las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal repasan los daños y promesas incumplidas que ya dejó el sistema de inversión minera vigente desde 1993 y prometen continuar organizadas para que no condicionen el futuro de sus comunidades.
Futuro. Con esa palabra, asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea está anclada en algo más sustancial que el instinto: encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo», sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque «el relato de que la única alternativa posible es la megaminería, no es así”.
El año 1997 aparece como fecha fundacional de la minería a gran escala en Argentina. Ese año, en el límite entre Andalgalá y Belén, Catamarca, inició la primera explotación metalífera “a cielo abierto” del país. Durante dos décadas, el yacimiento Bajo la Alumbrera fue vaciado del oro, cobre y molibdeno que albergaba; en 2020 se confirmó que sus instalaciones serán utilizados para continuar con el proyecto Minera Agua Rica (MARA), en manos de la multinacional Glencore. Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente fueron las promesas en el inicio de Bajo la Alumbrera, pero ninguna se cumplió.
También en 1997, la empresa FMC Lithium inauguró el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Un reciente fallo de la Corte de Justicia provincial reconoció el daño ambiental causado y paralizó la entrega de nuevos permisos de explotación. En aquel 1997, también se firmó el Tratado binacional entre Argentina y Chile, que dio luz verde al proyecto metalífero Pascua Lama, punta de lanza de otros que vendrían poco después, como Gualcamayo y Veladero, todos en el norte de San Juan. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció, en 2022, la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en Veladero.
La Cámara de Diputados aprobó —tras seis meses de debate, denuncias, represión a las protestas y detenciones arbitrarias— la Ley Bases, que contiene al RIGI. En los discursos en el Congreso se reciclaron viejos espejitos de colores. «El objetivo del RIGI es atraer inversiones, es simple y fácil. ¿Para qué? Para generar nuevos puestos de trabajo. Los diputados tenemos que generar las condiciones para que las empresas generen los puestos de trabajo», prometió en el cierre del debate el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Pero el RIGI amplía y profundiza un modelo impuesto en la década de 1990 y que ha sido sostenido por los distintos partidos políticos que se sucedieron, desde entonces, en el poder.
En la madrugada de este viernes los diputados de Unión por la Patria (UP) de Catamarca y San Juan votaron en contra de la Ley Bases en general, como lo habían hecho en la sesión de finales de abril. Pero en aquella sesión de abril fue cuando los legisladores mostraron, sin ruborizarse, la continuidad de las políticas mineras, sin grietas. En esa oportunidad, cuando Diputados dio media sanción a la norma, se votó título por título, y entonces, catamarqueños y sanjuaninos rompieron la unidad de bloque para votar a favor del RIGI y sellar el acuerdo con La Libertad Avanza y la oposición aliada —PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal—.
Los seis legisladores de UP que levantaron la mano en abril para habilitar el RIGI fueron Fernanda Ávila (secretaria de Minería durante la presidencia de Alberto Fernández), Silvana Ginocchio (esposa además del gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Dante López Rodríguez, por el lado de Catamarca. El diputado Sebastián Noblega se abstuvo. Mientras que por San Juan lo hicieron Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica. Los votos de la oposición dialoguista, representada por la UCR, LLA y Producción y Trabajo, estuvieron aseguradas. En el Senado, tres legisladores de UP acompañaron la aprobación, entre ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien como los diputados catamarqueños responde al gobernador Jalil.

El RIGI según los territorios
“El RIGI está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes”, opina desde Andalgalá, Catamarca, Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo. Es que este capítulo de la Ley Bases está dirigido a atraer inversiones de más de 200 millones de dólares para proyectos de forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Para Zocchi el RIGI está claramente orientado “sólo a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio, pero especialmente a los emprendimientos megamineros a cielo abierto o extractivos de litio” y subraya que “sólo las grandes corporaciones, y en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes”.
Desde la puna catamarqueña, Elizabeth Mamaní, habitante de Antofagasta de la Sierra e integrante de la Asamblea Pucará, pone el acento en los 30 años de gracia al que accederán las corporaciones, durante los cuales no percibirán aumentos de impuestos, tasas, alícuotas y se mantendrán las exenciones y ventajas que les otorga el RIGI y se pregunta: “¿Por qué? ¿Qué lleva a las autoridades en general a querer aprobar una ley que no es nada beneficiosa para el Estado, para el país? Porque estamos dañando a un país entero con estos beneficios” y coincide con Zocchi en que sólo alcanzan a las grandes empresas.
En sintonía, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de San Juan, traza una línea entre ganadores y perdedores: de un lado, las grandes corporaciones mundiales; del otro, todos los habitantes de la República Argentina, porque “de una u otra forma nos va a terminar afectando a todos”.  En su relato, aparece otra víctima implícita, que algunos manuales definen como Estado: “Con el RIGI, Argentina va camino a ser el primer país anarcocapitalista del mundo” y explica que, en este sistema, “ya no estamos hablando de países que influyen o dominan sobre otros, estamos hablando de corporaciones mundiales, de empresas de capitales multinacionales que son las que ganan y las que mandan”.

El modelo extractivo en primera persona
El brillo de las promesas de desarrollo y progreso que abundan en los discursos de legisladores, gobernantes y empresarios no llega a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal. Zocchi, Mamaní y Zeballos coinciden en esta mirada: “La megaminería no trae beneficios”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia con la minería de litio en nuestro territorio”, comienza Mamaní, “a consecuencia de eso tenemos la vega del río Trapiche seco”. Esta constatación ha sido clave para que la Corte de Justicia de Catamarca prohibiera la concesión de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un informe de impacto ambiental acumulativo. Algo que el RIGI ni siquiera menciona como requisito para la adhesión.
En ese sentido, durante el debate en el Senado, la senadora por Chubut y titular de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), reconoció que «el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales» y señaló que «a lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación». Ningún cambio fue agregado por el Senado ni por Diputados al respecto.
La afectación del agua —utilizada en enormes cantidades para la explotación minera— aparece también en los relatos de Zocchi y Zeballos como el principal costo que tienen estos proyectos para las comunidades. “Lo único que ha traído (la megaminería) es saqueo y, en nuestro caso, también sequía, porque el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Jáchal, tiene un tercio de su capacidad con agua”, dice el activista de San Juan. Esto sin contar los derrames de solución cianurada de la mina Veladero (Barrick Gold) que afectaron ríos y ameritaron la elevación a juicio de la causa.
La lista de impactos es larga. Zocchi enumera la contaminación de agua, suelo y aire, destrucción de ecosistemas, asfixia de economías regionales y “la red de corrupción que se genera alrededor de estos emprendimientos”. Mamaní agrega la muerte de animales y el desarraigo. «Destitución» es la palabra que utiliza ella para mencionar ese proceso; el diccionario la emparenta con el exilio.

Explotación de bienes argentinos, tribunales extranjeros
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al RIGI. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el RIGI hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene.
Para los asambleístas, el amparo legal que promete el RIGI a las empresas deja sin protección a las comunidades y profundiza el sistema que, en estos pueblos, ha sido bautizado como “dictadura minera”. Para Zeballos, por ejemplo, la posibilidad que tendrán las corporaciones de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputa equivale a “atarnos de pies y manos”, ya que tribunales extranjeros como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) “están armados a medida de las empresas”.
En el cierre del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró la aprobación del régimen, tras seis meses de negociaciones colaborando para que la Ley Bases sea aprobada. Habló de «poner en marcha la minería en la Argentina» y justificó ofrecer a las multinacionales la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros: «Es un aliento a la búsqueda de inversiones en un país en el que nadie cree».  
Como expresó la Asamblea Jáchal No Se Toca en un comunicado, el verdadero significado de este régimen se esconde en sus siglas: “Rendición Incondicional ante los Gerentes Internacionales (RIGI), que dará como resultado una República Indefensa ante la Gobernanza Internacional (RIGI) haciendo una Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales (RIGI)”.

Otras tres décadas de regalo para las corporaciones
Para los asambleístas, el RIGI no implica otra cosa que las últimas puntadas a un modelo confeccionado a medida, que las corporaciones visten desde hace tres décadas. «Debemos recordar que en Argentina tenemos un régimen ultra liberal para las inversiones mineras, desde 1993, que se denomina Ley de Inversiones Mineras», apunta Zeballos. Entre los beneficios con los que ya cuentan las empresas están: la deducción del 100 por ciento de los gastos por prospección y exploración, del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA sobre la compra de bienes y servicios en exploración, la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada también en el impuesto a las ganancias de equipamiento, construcción y estructura, el tope del 3 por ciento de regalías.
Inclusive agrega que, según la Ley de Inversiones Mineras, del impuesto a las ganancias se deduce un seguro por previsión ambiental que, con al menos tres derrames confirmados de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, la minera Veladero nunca pagó.   
Si el régimen aprobado en la década del 90 era ya una súper oferta para las corporaciones, el nuevo escenario que plantea el RIGI es directamente un regalo. Entre otros beneficios:
    reducción del impuesto a las Ganancias
    ausencia de restricciones y aranceles para importar maquinaria e insumos  
    exención del pago de derechos de exportación transcurridos cuatro años de adhesión al régimen.
“Sin el RIGI (las empresas) están igual invirtiendo. Creo que les conviene con o sin ley”, señala Mamaní, quien desde la primera instalación minera en la puna sólo ha visto multiplicarse los proyectos. En la misma línea se expresa Zeballos, para quien “si les conviene, las empresas van a venir inclusive si les colocan medidas para desarrollar valor agregado acá, en el país”. Lejos de eso, el RIGI sólo exacerba la matriz extractiva: saqueo y exportación de commodities.
“No hay nada en el RIGI que sea una ventaja para los territorios”, manifiesta Zocchi y sostiene que la firma de las propias corporaciones está presente en el armado de la ley. Zeballos apunta a la voracidad de las empresas y al servilismo del Estado: “Si nuestros gobernantes siguen arrodillándose y entregándoles todo, las empresas van a seguir pidiendo más y más. Esa es la lógica”.

Organización y resistencia
Gobiernos y corporaciones, dice Zocchi, se encolumnan detrás de la megaminería instalando “ese relato de que es la única alternativa posible, cuando no es así”. El costo de este modelo es la reducción inmediata de las posibilidades de futuro de cualquier ciudad o pueblo, agrega. El futuro como costo de este modelo aparece también, de forma recurrente, en la voz de Zeballos: “Nos están condicionando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos”, advierte.
Y señala que será en 10, 15 o 20 años cuando se tomará conciencia del desastre que significa el RIGI. No se trata de un vaticinio, sino del conocimiento en carne propia que dejaron 20 años de explotación a cielo abierto en su comunidad. “La miopía de futuro de nuestros gobernantes nos da pavor”, afirma.
Justamente por ese futuro que funcionarios y empresarios no ven, pueblos y asambleas se organizan en varios puntos del país. Aunque aún no hay medidas de acción concretas frente a este nuevo golpe, las voces de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal coinciden: la lucha no se abandona.
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