Las mineras BHP y Lundin, sus prontuarios y las montañas de San Juan

Fecha de Publicación: 12/08/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Desastres ambientales, muertos, violencia y demandas laborales son parte del historial de las mineras BHP y Lundin, multinacionales que anunciaron su fusión para explotar los proyectos Filo del Sol y Josemaría en San Juan. Acumulan denuncias y condenas en Chile, Brasil, África y Australia. BHP fue responsable del desastre minero en Minas Gerais, con 19 fallecidos y cientos de casas destruidas.
Las corporaciones mineras BHP y Lundin comunicaron su asociación para explotar de manera conjunta los proyectos Filo del Sol y Josemaría, ambos en San Juan. El anuncio fue aplaudido por funcionarios políticos, empresas y medios de prensa afines al sector. En sus discursos, las cifras monetarias ocupan el centro de atención: montos de inversiones, valor de las acciones, primas y promesas de entrada de dólares por exportaciones. Ni una línea en esos discursos menciona los costos socioambientales, la falta de licencia social de las comunidades ni, mucho menos, los prontuarios de estas empresas.
Fundada en 1885, BHP es hoy la corporación minera más grande del mundo, por su valor de capitalización de mercado. Tiene su sede en Melbourne (Australia), y proyectos en ese país, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. En su página oficial, señala que se enfoca en la extracción de cobre, níquel, potasa, hierro y carbón metalúrgico. Aunque no lo refiere en su emotiva historia pública, la empresa también tiene antecedentes en Argentina: en Andalgalá (Catamarca), el gobierno provincial le otorgó en secreto la concesión para explorar y explotar un yacimiento bautizado como Pilciao 16, literalmente debajo de las casas del centro departamental. La rebelión popular logró frenar el macabro proyecto en 2010.
El origen de Lundin Mining Corporation se remonta, según su historia oficial, al año 1994, en Canadá, donde tiene su sede central. Se especializa en extracción de cobre, zinc, oro y níquel, que extrae —o planea extraer— de yacimientos en Argentina, Brasil, Chile, Suecia y Estados Unidos. La compañía forma parte de Lundin Group, un holding fundado “hace más de 50 años”, constituido por diferentes empresas “centradas en los sectores de minerales, metales, energías renovables y energía”, según refiere en su página web. En Argentina, Lundin Mining era la única propietaria del proyecto Josemaría, mientras que Filo Colorado estaba en manos del grupo empresarial Lundin.

Los territorios “vendidos”
Filo del Sol es el nombre del proyecto que, por un plazo estimado de 14 años, planea extraer cobre, oro y plata de un área compartida entre Argentina y Chile, según indica su página oficial. El yacimiento se ubica 140 kilómetros al sureste de la ciudad chilena de Copiapó y en el extremo norte del departamento Iglesia, en la provincia argentina de San Juan. Su adquisición conjunta significó —afirma Lundin Mining en un comunicado— “una contraprestación total de aproximadamente 4.100 millones de dólares canadienses” (poco más de 2.960 millones de dólares estadounidenses).
Diez kilómetros al norte, se ubica Josemaría, el otro proyecto adquirido por el matrimonio corporativo. Con una “vida útil” estimada en 19 años, el yacimiento se ubica íntegramente en San Juan y también alberga cobre, oro y plata. El proyecto se encuentra en construcción —etapa previa a la explotación— y, pese a sus irregularidades, la empresa se jacta de haber obtenido la aprobación del Informe de Impacto Ambiental. Por compartir el proyecto, “BHP pagará a Lundin Mining una contraprestación en efectivo de 690 millones de dólares”, afirma la empresa canadiense en su web.
“Estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con importantes sinergias y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes de su tipo”, expresó Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining sobre la operación combinada de ambos proyectos. Mientras los empresarios festejan el ahorro de costos, con un discurso cercano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró que “el complejo va a estar entre las diez minas de cobre más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan, cuando produzca a pleno, 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales”.
Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, Saúl Zeballos no comparte ese optimismo. “Las inversiones son para ellos”, afirma, con la autoridad que le da vivir en un territorio donde la megaminería tiene dos décadas. Refiere que las promesas de construir caminos y ampliar el tendido eléctrico, por ejemplo, son para beneficio y uso de las propias empresas. “Se vende como progreso, pero en 20 años la megaminería en San Juan no ha dejado dinero ni siquiera para repavimentar las rutas que ellos mismos rompen”.
Mientras las ganancias favorecen a las corporaciones, el costo es para las comunidades y en Jáchal saben que el precio es muy alto: el agua. “Si el proyecto Josemaría ya suponía un riesgo impresionante de secar el río Jáchal, con la incorporación de Filo del Sol eso está asegurado”, lamenta Zeballos.
Como a nivel nacional, la megaminería es política de Estado en San Juan: José Luis Gioja, Sergio Uñac y Marcelo Orrego, los últimos gobernadores, estuvieron siempre alineados con los intereses de las grandes empresas multinacionales.

Tragedia minera en Brasil
Diecinueve personas murieron, cientos fueron desterradas, sus casas derribadas, sus cultivos destruidos y sus modos de vida arrasados por el barro tóxico que se derramó y avanzó 650 kilómetros por el río Doce, tras la rotura de un dique de colas en Brasil. Ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en Mariana, Minas Gerais, y tiene como responsable visible a Samarco, la firma encargada de extraer “mineral de hierro” en nombre de BHP y Vale, que “tienen una participación del 50 por ciento cada una”, según informa la primera.
“BHP es un símbolo del desastre, del crimen”, expresa Letícia Oliveira, del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). La empresa representa, dice, “la minería de hierro sin escrúpulos, sin preocuparse por las comunidades, por sus derechos, por el desarrollo de la ciudad y por los derechos de los trabajadores. Esto es lo que significa para cualquiera que viva en Mariana; para mí, que vivo en Mariana”. Y añade que la empresa “sólo busca ganancias y no tiene ningún compromiso con el ambiente, con las personas, no le preocupa el riesgo a que están sometidas estas personas en este entorno”. Y apunta que “sólo le preocupan los beneficios de los accionistas, convencerlos de que inviertan cada vez más en la empresa, incluso intentando ocultarles la información real de lo que la empresa provoca en el territorio donde opera”.
Justamente, días atrás un Juzgado brasileño condenó a la fundación Renova —patrocinada por BHP, Vale y Samarco— por los daños materiales y morales que causó la realización de anuncios de autopromoción sobre el colapso del dique de colas. En la sentencia, el tribunal consideró que la fundación creó una “narrativa de fantasía”, lo cual “demuestra claramente una falta de respeto hacia las víctimas”.
En enero de este año, un Tribunal Federal de Brasil condenó a las empresas por “daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas” y está previsto que en octubre comience en Reino Unido otro juicio contra estas mismas empresas en una causa que tiene más de 700 mil demandantes afectados por ese crimen socioambiental.

Crímenes de guerra en África
Dos ex ejecutivos de Lundin Oil —que ha mutado su nombre a Orrön Energy y forma parte del grupo Lundin— están siendo juzgados por un Tribunal en Estocolmo (Suecia). Se los acusa de complicidad en crímenes de guerra cometidos en Sudán, entre 1999 y 2003.
“La acusación describe violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que ocurrieron en la zona de operaciones de Lundin en Sudán del Sur y causaron daños indescriptibles, desarraigando a decenas de miles de personas y empobreciendo una gran zona”, afirma la organización holandesa PAX.
Se calcula que 12.000 personas murieron por la violencia desatada en el área concesionada a la empresa. El juicio podría extenderse hasta 2026 y sentaría un precedente, ya que “rara vez las corporaciones internacionales son procesadas por complicidad en violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos”, expresa PAX, que desarrolla el programa Deuda Impaga, para visibilizar los crímenes cometidos en Sudán.

Exprimir los acuíferos
La mina Escondida se encuentra ubicada en la región de Antofagasta, al sur del Salar de Atacama, en el norte de Chile. Desde 1991, se extrae de allí tanto cobre que la ha posicionado como la principal “productora” de este metal en el planeta. La gran beneficiada es BHP, que posee más del 57 por ciento de las acciones.
Aunque se la postula como un modelo a copiar, “al menos dos denuncias reflejan el cuestionado actuar de la empresa”, refiere desde Chile, Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
En 2016, organizaciones y funcionarios denunciaron a la empresa por incumplir legislación ambiental y secar un acuífero. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) la demandó formalmente por “daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra”. En 2021, la empresa llegó a un acuerdo de compensación económica y reparación ambiental con las comunidades.
Aunque la empresa habría dejado de extraer agua subterránea en 2017, otra causa se inició en su contra en 2018. Cuatro años después, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) la multó con 6.660 millones de pesos chilenos “tras acreditar un daño irreparable a las vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama”.
Además, en 2022, la comunidad indígena Atacameños de Peine iniciaron otra causa contra tres proyectos mineros —otra vez la mina Escondida figura entre las denunciadas— por provocar daños irreparables en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, afectar la biodiversidad e impactar negativamente en su sistema de vida. Con la etapa de alegatos concluida en enero de este año, aún aguardan la sentencia.

El agujero “misterioso” de Atacama
“Misterioso” fue el adjetivo más utilizado por los medios de comunicación para referirse a un pozo de más de 30 metros de diámetro y más de 60 metros de profundidad que “apareció” —otra palabra muy utilizada— en Atacama (Chile). Lo cierto es que el socavón sería consecuencia de la actividad minera en Alcaparrosa, donde Lundin posee el 80 por ciento de la propiedad de una mina de cobre. Por esto, el CDE “ingresó una demanda contra la minera Ojos del Salado (filial de Lundin) que apunta a un eventual daño producido en el acuífero del lugar, tras una sobreexplotación de la faena minera”, afirma Arroyo Olea.
Un dato complica a la empresa: “Tenía una proyección indicada de 38.000 toneladas de mineral a extraer, pero extrajo cerca de 138 mil toneladas, más del triple”, explicaron desde la ONG Red Geocientífica de Chile.
Los ríos violentados
“Lundin Mining opera y maneja minas en el norte del país, donde arrastra denuncias que han sido judicializadas”, señala Arroyo Olea. En 2023, la SMA multó a la empresa por el equivalente a nueve millones de dólares debido a infracciones graves en el uso del agua en la mina de cobre Caserones, donde Lundin tiene el 51 por ciento de la propiedad. Los incumplimientos afectaron la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en la cuenca de un río.
En la misma región, Lundin opera el complejo minero de cobre Candelaria, que comprende Ojos del Salado. En 2022, la Corte Suprema de Chile sentenció a la empresa por dañar la cuenca del río Copiapó y la obligó a pagar una multa. Pero no fue la única denuncia: éstas se acumulan en expedientes generados por los habitantes de Tierra Amarilla, un pueblo a sólo cinco kilómetros del proyecto. Allí afirman y documentan el agrietamiento de sus viviendas y el polvo en suspensión que están obligados a respirar, que se suman a acusaciones por sobre extraer agua en una región de alta escasez hídrica.
“Estos impactos lo viven recurrentemente comunidades como también la propia naturaleza”, señala Arroyo Olea y agrega que “en el caso de Lundin, refleja una conducta que rompe con los márgenes de la legalidad y favorece la profundización de impactos ambientales y sociales”.

El mito del buen trabajo
A inicios de agosto, el 99 por ciento de las y los trabajadores de la mina Escondida votaron a favor de una huelga. El sindicato justificó la medida en “la extensión de las jornadas de trabajo, pérdida de beneficios tan básicos como alimentación en faena, aumento de las exigencias operacionales, la afectación de trabajadores enfermos y contraindicados”.
No es la primera vez que los trabajadores demandan a la empresa. En 2017, habían denunciado que BHP mantenía los campamentos (donde viven los empleados) de las minas Escondida y Spence en zonas no aptas ambientalmente. Ya en 2001, la autoridad sanitaria habría advertido que se trataba de “zonas saturadas” y, por ende, no cumplía con la normativa de calidad de aire.

Acosos y abusos sexuales
“Es suficiente”, es el nombre de un informe de 2022 que recopila denuncias por acosos y abusos sexuales, sufridos por mujeres que trabajan en el sector minero en Australia, uno de los países tomados como ejemplo por el vocero presidencial en el anuncio de la fusión empresarial. Una de las empresas donde ocurrieron es BHP, que opera varios yacimiento en ese país. El reporte fue elaborado por un comité parlamentario de Australia occidental y derivó en una serie de recomendaciones gubernamentales.
Sin especificar localizaciones de los hechos, la propia firma australiana reconoce que en 2023 la empresa receptó 475 denuncias por acoso sexual en sus instalaciones. Aunque auto-elogia el sistema que permitiría “aumentar la conciencia y promover la denuncia”, son los propios gerentes y líderes de las compañías los encargados de recibirlas.

Sobre modelos y beneficios
En su discurso, Adorni aludió a Australia y Chile como modelos, pero lejos están de ser ideales. “Bajo el manto de ser un ‘país minero´, Chile ha enfrentado fuertes impactos ambientales” que han afectado comunidades y ecosistemas, señala Arroyo Olea. “De igual forma, bajo la idea de trabajo e inversión, los gobiernos chilenos han sido permisivos con las irregularidades y sobreexplotaciones del modelo minero”, agrega.
Aunque Adorni aseguró que BHP no se habría sumado a los proyectos si no fuera por la aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), lo cierto es que aún San Juan no se adhirió y recién lo debatirá en la mitad del mes.
Mientras en Argentina el Gobierno amplía más los beneficios para una actividad mimada, desde Chile, Arroyo Olea objeta algo que también sostienen las Asambleas de Argentina: “Las ganancias del Estado llegan a ser marginales en comparación a las utilidades de las empresas privadas nacionales y transnacionales”. Un negocio redondo para las empresas que, concluye Zeballos desde San Juan: “A nosotros nos hace cada vez más esclavos”.
.

La Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia la «impunidad» de la Barrick Gold y lo que implicará el RIGI para la región

Fecha de Publicación: 03/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: San Juan - Nacional


En 2023 presentaron 71 mil firmas exigiendo a la jueza federal María Romilda Servini que fijara fecha de juicio oral contra la empresa minera por dos derrames ocurridos en 2015. Sin embargo, no hay avances en la causa. La Asamblea advierte que existe un sistema de injusticia, contaminación e impunidad.
Fueron 71 mil las firmas que la Asamblea Jáchal No Se Toca entregó hace, exactamente, un año al juzgado federal a cargo de María Romilda Servini. En aquel entonces, 11 integrantes viajaron a Buenos Aires desde la localidad de Jáchal en San Juan para exigirle a la justicia que fijara la fecha del juicio oral contra la Barrick Gold que hace casi 9 años causó dos derrames, sin ningún tipo de condena.
Reclamaban que, finalmente, se juzgara la responsabilidad por los graves delitos y daños cometidos en el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina en toda su historia. En ese momento, nadie los recibió en el juzgado. Un año después, la fecha sigue en la incertidumbre.
Mientras tanto, ven con preocupación la política del actual gobierno nacional, promoviendo el extractivismo sin control y con extremas facilidades para las empresas extranjeras.

Un sistema a medida del RIGI
En un comunicado, la Asamblea denuncia la creación e implementación de un Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad (SICI) en la provincia de San Juan, que atraviesa a las diferentes gestiones, desde José Luis Gioja y Sergio Uñac hasta la actual de Marcelo Orrego.
Según detallaron, este sistema nació “para proteger a la Barrick Gold por los continuos derrames de cianuro y mercurio desde su mina Veladero, y se ha extendido al ámbito nacional de tal manera que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández encubrieron, junto con sus funcionarios”. Y enfatizan que Barrick Gold, «de manera persistente, concretó violaciones» a la ley nacional de protección de glaciares, a la ley general del ambiente, a la ley de residuos peligrosos e inclusive al Código de Minería.
No obstante la gravedad de lo reseñado, la gestión presidencial de Javier Milei –asegura el comunicado- con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “pretende blindar a todas las corporaciones mineras que vengan a la Argentina y no no se preocupen en cumplir las leyes de protección ambiental”. De esta manera, de forma implícita, se continúa en resguardo de los intereses económicos de la minera canadiense Barrick Gold, pero también de la oriunda de China, Shandong Gold.

Impunidad que escala a la Corte Suprema de Justicia
La Asamblea señala que este sistema fue implementado y promovido, a su vez, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al determinar la competencia en la causa penal por el primero de los derrames conocidos de la mina Valedero. En este caso, la causa quedó en manos del juez Pablo Oritja de San Juan, y de esta manera “la Suprema Corte le garantizó la impunidad al ex CEO Guillermo Caló (y funcionarios públicos) por el derrame de cianuro y mercurio ocurrido en septiembre de 2015”.
La denuncia había sido iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia por medio del expediente Nº 10049/2015 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Juez Sebastián Casanello. Pero ese magistrado “no pudo avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO Guillermo Caló por expresa disposición de la Corte Suprema que no le permitió al juez Casanello investigar a la Barrick Gold”.
Cabe mencionar que la Asamblea es querellante en el expediente mencionado después de haber acreditado su legitimidad con 3 mil firmas de ciudadanos jachalleros. No así en la causa penal que tramita ante el juez Oritja, quien rechazó su participación y donde, según denuncian, el juez sostuvo que el derrame fue producto de la rotura de una válvula que nunca fue peritada.

Sin fecha cierta de juicio oral
La Asamblea denuncia que existen dos causas penales acumuladas y elevadas en 2018 a juicio oral por el juez Casanello que esperan la fijación de una fecha por parte de María Romilda Servini de Cubría, jueza federal. “A pesar de haber entregado hace un año atrás las 71 mil firmas en el Juzgado de Servini no hemos logrado que ponga fecha para el juicio oral. Parece que la jueza también aplica el SICI a la perfección”, alertan en su comunicado.
La Asamblea asegura que la gestión de Javier Milei “utiliza el RIGI y el SICI de una manera brutal” y que, por ello, “los distintos poderes del Estado Argentino se confabulan para proteger a la Barrick Gold y sospechamos que nunca se llevará a cabo el juicio oral en Buenos Aires, de la misma forma que nunca avanzaron los juicios en la provincia de San Juan”.

Qué pasó hace casi 9 años
Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, San Juan y operada por la empresa canadiense Barrick Gold, derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales no alertó a la población de forma inmediata.
La información se filtró, los mensajes de texto comenzaron a circular y la población de Jáchal se autoconvocó en la plaza principal para exigir respuestas oficiales. Ese día acamparon allí, después instalaron una carpa que se sostiene, en reclamo de justicia, hasta el día de hoy, a casi 8 años desde el derrame. La Asamblea Jáchal No Se Toca nació a partir de esta resistencia de vecinas y vecinos.
La estrategia de Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, fue primero el ocultamiento. Cuando se hizo imposible sostener la negativa, al día siguiente, reconoció un derrame de 15.000 litros de solución cianurada, pero aseguró que no había llegado al río y desmintió la contaminación. Pero una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que, al contrario de lo que afirmaba, sí había llegado al río.
Dos días después, cuando finalmente llegó la intervención judicial, la empresa reconoció el derramamiento de al menos 1.070.000 litros de solución cianurada sobre las aguas de los ríos. A pesar del escándalo y la gravedad de los hechos, tras el pago de una multa, la mina Valedero continuó en operaciones. En la actualidad se encuentra a cargo de Minera Argentina Gold SRL, una sociedad entre las empresas Barrick Gold y Shandong Gold (China).
A casi nueve años desde el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina no se ha llevado a cabo el juicio oral, ordenado por la justicia federal hace ya seis años. Hace ya un año, la  Asamblea Jáchal No Se Toca junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canadá, recolectaron 71 mil firmas en un petitorio donde reclamaron que se fije fecha para el juicio oral, entregado al juzgado de Servini. Además denunciaron que después del 2015, hubo otros dos derrames.
.

“El RIGI está hecho para atacar a los territorios y a sus bienes comunes”

Fecha de Publicación: 03/07/2024
Fuente: Nota Al Pie  - Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Catamarca - San Juan


La Cámara de Diputados aprobó, finalmente, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las voces de las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal repasan los daños y promesas incumplidas que ya dejó el sistema de inversión minera vigente desde 1993 y prometen continuar organizadas para que no condicionen el futuro de sus comunidades.
Futuro. Con esa palabra, asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea está anclada en algo más sustancial que el instinto: encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo», sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque «el relato de que la única alternativa posible es la megaminería, no es así”.
El año 1997 aparece como fecha fundacional de la minería a gran escala en Argentina. Ese año, en el límite entre Andalgalá y Belén, Catamarca, inició la primera explotación metalífera “a cielo abierto” del país. Durante dos décadas, el yacimiento Bajo la Alumbrera fue vaciado del oro, cobre y molibdeno que albergaba; en 2020 se confirmó que sus instalaciones serán utilizados para continuar con el proyecto Minera Agua Rica (MARA), en manos de la multinacional Glencore. Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente fueron las promesas en el inicio de Bajo la Alumbrera, pero ninguna se cumplió.
También en 1997, la empresa FMC Lithium inauguró el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Un reciente fallo de la Corte de Justicia provincial reconoció el daño ambiental causado y paralizó la entrega de nuevos permisos de explotación. En aquel 1997, también se firmó el Tratado binacional entre Argentina y Chile, que dio luz verde al proyecto metalífero Pascua Lama, punta de lanza de otros que vendrían poco después, como Gualcamayo y Veladero, todos en el norte de San Juan. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció, en 2022, la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en Veladero.
La Cámara de Diputados aprobó —tras seis meses de debate, denuncias, represión a las protestas y detenciones arbitrarias— la Ley Bases, que contiene al RIGI. En los discursos en el Congreso se reciclaron viejos espejitos de colores. «El objetivo del RIGI es atraer inversiones, es simple y fácil. ¿Para qué? Para generar nuevos puestos de trabajo. Los diputados tenemos que generar las condiciones para que las empresas generen los puestos de trabajo», prometió en el cierre del debate el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Pero el RIGI amplía y profundiza un modelo impuesto en la década de 1990 y que ha sido sostenido por los distintos partidos políticos que se sucedieron, desde entonces, en el poder.
En la madrugada de este viernes los diputados de Unión por la Patria (UP) de Catamarca y San Juan votaron en contra de la Ley Bases en general, como lo habían hecho en la sesión de finales de abril. Pero en aquella sesión de abril fue cuando los legisladores mostraron, sin ruborizarse, la continuidad de las políticas mineras, sin grietas. En esa oportunidad, cuando Diputados dio media sanción a la norma, se votó título por título, y entonces, catamarqueños y sanjuaninos rompieron la unidad de bloque para votar a favor del RIGI y sellar el acuerdo con La Libertad Avanza y la oposición aliada —PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal—.
Los seis legisladores de UP que levantaron la mano en abril para habilitar el RIGI fueron Fernanda Ávila (secretaria de Minería durante la presidencia de Alberto Fernández), Silvana Ginocchio (esposa además del gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Dante López Rodríguez, por el lado de Catamarca. El diputado Sebastián Noblega se abstuvo. Mientras que por San Juan lo hicieron Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica. Los votos de la oposición dialoguista, representada por la UCR, LLA y Producción y Trabajo, estuvieron aseguradas. En el Senado, tres legisladores de UP acompañaron la aprobación, entre ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien como los diputados catamarqueños responde al gobernador Jalil.

El RIGI según los territorios
“El RIGI está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes”, opina desde Andalgalá, Catamarca, Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo. Es que este capítulo de la Ley Bases está dirigido a atraer inversiones de más de 200 millones de dólares para proyectos de forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Para Zocchi el RIGI está claramente orientado “sólo a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio, pero especialmente a los emprendimientos megamineros a cielo abierto o extractivos de litio” y subraya que “sólo las grandes corporaciones, y en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes”.
Desde la puna catamarqueña, Elizabeth Mamaní, habitante de Antofagasta de la Sierra e integrante de la Asamblea Pucará, pone el acento en los 30 años de gracia al que accederán las corporaciones, durante los cuales no percibirán aumentos de impuestos, tasas, alícuotas y se mantendrán las exenciones y ventajas que les otorga el RIGI y se pregunta: “¿Por qué? ¿Qué lleva a las autoridades en general a querer aprobar una ley que no es nada beneficiosa para el Estado, para el país? Porque estamos dañando a un país entero con estos beneficios” y coincide con Zocchi en que sólo alcanzan a las grandes empresas.
En sintonía, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de San Juan, traza una línea entre ganadores y perdedores: de un lado, las grandes corporaciones mundiales; del otro, todos los habitantes de la República Argentina, porque “de una u otra forma nos va a terminar afectando a todos”.  En su relato, aparece otra víctima implícita, que algunos manuales definen como Estado: “Con el RIGI, Argentina va camino a ser el primer país anarcocapitalista del mundo” y explica que, en este sistema, “ya no estamos hablando de países que influyen o dominan sobre otros, estamos hablando de corporaciones mundiales, de empresas de capitales multinacionales que son las que ganan y las que mandan”.

El modelo extractivo en primera persona
El brillo de las promesas de desarrollo y progreso que abundan en los discursos de legisladores, gobernantes y empresarios no llega a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal. Zocchi, Mamaní y Zeballos coinciden en esta mirada: “La megaminería no trae beneficios”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia con la minería de litio en nuestro territorio”, comienza Mamaní, “a consecuencia de eso tenemos la vega del río Trapiche seco”. Esta constatación ha sido clave para que la Corte de Justicia de Catamarca prohibiera la concesión de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un informe de impacto ambiental acumulativo. Algo que el RIGI ni siquiera menciona como requisito para la adhesión.
En ese sentido, durante el debate en el Senado, la senadora por Chubut y titular de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), reconoció que «el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales» y señaló que «a lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación». Ningún cambio fue agregado por el Senado ni por Diputados al respecto.
La afectación del agua —utilizada en enormes cantidades para la explotación minera— aparece también en los relatos de Zocchi y Zeballos como el principal costo que tienen estos proyectos para las comunidades. “Lo único que ha traído (la megaminería) es saqueo y, en nuestro caso, también sequía, porque el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Jáchal, tiene un tercio de su capacidad con agua”, dice el activista de San Juan. Esto sin contar los derrames de solución cianurada de la mina Veladero (Barrick Gold) que afectaron ríos y ameritaron la elevación a juicio de la causa.
La lista de impactos es larga. Zocchi enumera la contaminación de agua, suelo y aire, destrucción de ecosistemas, asfixia de economías regionales y “la red de corrupción que se genera alrededor de estos emprendimientos”. Mamaní agrega la muerte de animales y el desarraigo. «Destitución» es la palabra que utiliza ella para mencionar ese proceso; el diccionario la emparenta con el exilio.

Explotación de bienes argentinos, tribunales extranjeros
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al RIGI. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el RIGI hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene.
Para los asambleístas, el amparo legal que promete el RIGI a las empresas deja sin protección a las comunidades y profundiza el sistema que, en estos pueblos, ha sido bautizado como “dictadura minera”. Para Zeballos, por ejemplo, la posibilidad que tendrán las corporaciones de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputa equivale a “atarnos de pies y manos”, ya que tribunales extranjeros como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) “están armados a medida de las empresas”.
En el cierre del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró la aprobación del régimen, tras seis meses de negociaciones colaborando para que la Ley Bases sea aprobada. Habló de «poner en marcha la minería en la Argentina» y justificó ofrecer a las multinacionales la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros: «Es un aliento a la búsqueda de inversiones en un país en el que nadie cree».  
Como expresó la Asamblea Jáchal No Se Toca en un comunicado, el verdadero significado de este régimen se esconde en sus siglas: “Rendición Incondicional ante los Gerentes Internacionales (RIGI), que dará como resultado una República Indefensa ante la Gobernanza Internacional (RIGI) haciendo una Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales (RIGI)”.

Otras tres décadas de regalo para las corporaciones
Para los asambleístas, el RIGI no implica otra cosa que las últimas puntadas a un modelo confeccionado a medida, que las corporaciones visten desde hace tres décadas. «Debemos recordar que en Argentina tenemos un régimen ultra liberal para las inversiones mineras, desde 1993, que se denomina Ley de Inversiones Mineras», apunta Zeballos. Entre los beneficios con los que ya cuentan las empresas están: la deducción del 100 por ciento de los gastos por prospección y exploración, del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA sobre la compra de bienes y servicios en exploración, la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada también en el impuesto a las ganancias de equipamiento, construcción y estructura, el tope del 3 por ciento de regalías.
Inclusive agrega que, según la Ley de Inversiones Mineras, del impuesto a las ganancias se deduce un seguro por previsión ambiental que, con al menos tres derrames confirmados de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, la minera Veladero nunca pagó.   
Si el régimen aprobado en la década del 90 era ya una súper oferta para las corporaciones, el nuevo escenario que plantea el RIGI es directamente un regalo. Entre otros beneficios:
    reducción del impuesto a las Ganancias
    ausencia de restricciones y aranceles para importar maquinaria e insumos  
    exención del pago de derechos de exportación transcurridos cuatro años de adhesión al régimen.
“Sin el RIGI (las empresas) están igual invirtiendo. Creo que les conviene con o sin ley”, señala Mamaní, quien desde la primera instalación minera en la puna sólo ha visto multiplicarse los proyectos. En la misma línea se expresa Zeballos, para quien “si les conviene, las empresas van a venir inclusive si les colocan medidas para desarrollar valor agregado acá, en el país”. Lejos de eso, el RIGI sólo exacerba la matriz extractiva: saqueo y exportación de commodities.
“No hay nada en el RIGI que sea una ventaja para los territorios”, manifiesta Zocchi y sostiene que la firma de las propias corporaciones está presente en el armado de la ley. Zeballos apunta a la voracidad de las empresas y al servilismo del Estado: “Si nuestros gobernantes siguen arrodillándose y entregándoles todo, las empresas van a seguir pidiendo más y más. Esa es la lógica”.

Organización y resistencia
Gobiernos y corporaciones, dice Zocchi, se encolumnan detrás de la megaminería instalando “ese relato de que es la única alternativa posible, cuando no es así”. El costo de este modelo es la reducción inmediata de las posibilidades de futuro de cualquier ciudad o pueblo, agrega. El futuro como costo de este modelo aparece también, de forma recurrente, en la voz de Zeballos: “Nos están condicionando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos”, advierte.
Y señala que será en 10, 15 o 20 años cuando se tomará conciencia del desastre que significa el RIGI. No se trata de un vaticinio, sino del conocimiento en carne propia que dejaron 20 años de explotación a cielo abierto en su comunidad. “La miopía de futuro de nuestros gobernantes nos da pavor”, afirma.
Justamente por ese futuro que funcionarios y empresarios no ven, pueblos y asambleas se organizan en varios puntos del país. Aunque aún no hay medidas de acción concretas frente a este nuevo golpe, las voces de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal coinciden: la lucha no se abandona.
.

La Mina Veladero extendió 10 años su vida útil y proyecta producción hasta 2034

Fecha de Publicación: 15/03/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: San Juan


La empresa Barrick – Shandong, que opera la Mina Veladero en Iglesia, oportunamente presentó la novena actualización de su Informe de Impacto Ambiental al cumplirse un nuevo periodo de 2 años de operación continua, tal como marca la ley vigente.
Los gerentes de Medio Ambiente, Martín Colil; y Procesos, Marco Nuñez, fueron los responsables de realizar una exposición ante la CIEAM, el marco conceptual diseñado para el cumplimiento de los requisitos legales y requerimientos técnicos hechos por la autoridad de aplicación en la actual etapa de la mina, que integran una proyección futura sobre el destino de las instalaciones que ya no se utilizan en el complejo minero.
En la oportunidad estuvieron acompañados por el gerente de Legales, Esteban Mercado, la superintendente de Medio Ambiente Valeria Angella y la superintendente de Permisos Cecilia Besednjak. En su exposición, realizada en el Salón de Capacitación de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería, destacaron que la Mina Veladero fue diseñada en la década del `90, y en su operación se han aplicado importantes cambios tecnológicos surgidos en los últimos 20 años.
Esta permanente actualización tecnológica y la permanente exploración del área minera concesionada ha permitido extender la vida útil del yacimiento incluso hasta el año 2034, con el consabido beneficio para la provincia en cuanto a mano de obra contratada en forma directa e indirecta, generación de proveedores de bienes y servicios, pago de impuestos, regalías y Fondos Fiduciarios que permiten la realización de obras tanto en Iglesia y Jáchal como en el resto de la Provincia de San Juan.
El dato destaca el carácter dinámico de la actividad minera: el plan de cierre previsto podría extenderse por varios años más de acuerdo con las estimaciones actuales. Barrick – Shandong expuso que, en su momento cuando se concluya la operación en la mina, proyecta la realización de monitoreos medioambientales durante el cierre y post cierre.
.

La Justicia confirmó una millonaria multa que Barrick pagó por el derrame

Fecha de Publicación: 08/08/2023
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


La compañía pretendió anular la resolución con la que la provincia le aplicó una sanción de casi $146 millones.
El 13 de septiembre de 2015, en el gobierno de José Luis Gioja, una válvula de venteo de las cañerías matrices de producción de la mina Veladero sufrió una rotura, por lo que se produjo una fuga de solución cianurada. Por ese motivo, en la gestión de Sergio Uñac, el Ministerio de Minería llevó adelante un sumario administrativo que derivó en una de las multas más altas aplicada en la actividad: 145.696.000 pesos. Si bien Barrick pagó, inició una demanda contra el Estado, en la que solicitó que se anule la resolución y, en consecuencia, que se le reintegre el dinero cancelado, más los intereses generados desde la fecha del pago hasta el dictado de la sentencia. El planteo cayó en el juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, quien, a fines de 2022, le rechazó la demanda. Ahora, dicho fallo fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Civil, la que denegó el recurso de apelación y confirmó la sentencia, por lo que la empresa vio truncada su pretensión sobre el pago de la multa. El único camino que les queda es ir hasta al Corte de Justicia, acción que, según indicaron fuentes judiciales, la empresa va a tomar.
Según los registros, por el derrame de 2015, se detectó que un millón de litros de solución cianurada llegó a los ríos iglesianos Los Potrerillos, Las Taguas y La Palca. Por el hecho, ocho exempleados (entre ellos, algunos ejecutivos) fueron procesados. Todos zafaron del juicio al obtener una probation, esto es, evitar el proceso a cambio de una reparación simbólica en dinero y la realización de tareas comunitarias. Tras ese hecho, al año siguiente ocurrieron dos episodios más, por los que la empresa también fue multada (Ver PROBATION Y ....).
Para intentar revertir la primera sanción, Barrick sostuvo que el sumario tuvo errores y, así, consideró que "no actuó con negligencia, imprevisión, ni hubo culpa". Además, intentó justificar el incidente al indicar que "el suceso fue imprevisto e imprevisible, derivado de las condiciones climáticas que provocaron el congelamiento de las tuberías. Que ni el conocimiento de la infraestructura ni la experiencia de 10 años de operación fueron suficientes para prevenir el siniestro". No fue lo único, ya que afirmaron que "es una falacia que haya existido un menoscabo ambiental o daño ambiental y tampoco que, del incidente, haya derivado un riesgo para la salud y la seguridad de las personas". Por su parte, la provincia resaltó que la compañía no había controlado "en lo más mínimo" y "cada media hora", como establece la norma, el circuito y las válvulas de venteo, "lo que prueba la clara negligencia de la empresa", lo que fue ratificado por Tettamanti.
Los jueces de Cámara también destacaron que "la fuga fue advertida a raíz de la modificación en el caudal, habiendo transcurrido aproximadamente doce horas desde que se produjo la rotura hasta que fue informado el incremento de caudal, lo que denota una conducta negligente por parte de la empresa, consistente en el incumplimiento del Plan de Acción de Emergencia (PADE) y Plan Operativo de Monitoreo de Control y Mantenimiento, tal como lo expuso la autoridad administrativa en la Resolución". Por eso, rechazaron la apelación de la firma y confirmaron el fallo de primera instancia y la multa.

PROBATION Y MULTAS

> Exdirectivos
Por el derrame de 2015, ocho exdirectivos de la empresa fueron procesados, pero pidieron una suspensión de juicio a prueba. Los implicados fueron Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor Junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina a cargo de Gerencia General), Ángel Escudero (jefe de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (jefe de Servicios Técnicos), David Sánchez (jefe General de Mantenimiento de Mina) y Ricardo Cortéz (supervisor Junior de Medio Ambiente). La justicia les concedió el beneficio.

> Otros incidentes
El 8 de septiembre de 2016, se produjo una fuga de solución cianurada, pero que no salió del valle de lixiviación y, por lo tanto, no afectó ningún río. Se abrió una causa penal, pero como no hubo contaminación, se archivó. Lo mismo sucedió con el expediente a raíz del tercer incidente, que se registró el 28 de marzo de 2017, con el derrame de solución rica que tampoco salió del valle de lixiviación. Por ambos casos, la provincia avanzó con un sumario administrativo que derivó en multas, las que se aplicaron a fines de 2017. La sanción total fue de poco más de 104 millones de pesos.
.

Reclaman el inicio de juicio por derrame de cianuro en la mina Veladero de San Juan

Fecha de Publicación: 02/08/2023
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan


Integrantes de la asamblea "Jachal No se Toca", de San Juan, presentarán este lunes en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, un petitorio firmado por 71 mil personas para reclamar por el inicio del juicio oral y público por el derrame de cianuro en la mina Veladero en 2015.
"La Mina Veladero, de la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, ha cometido varias violaciones a diferentes leyes; ha derramado cianuro y mercurio en nuestro río en reiteradas ocasiones, está violando la Ley de Glaciares, está violando la ley de Medio Ambiente, y está violando la Ley de Residuos Peligrosos acumulando mercurio. Es una mina ilegal que sigue reventando nuestra cordillera impunemente", denunciaron en un comunicado.
"En San Juan estamos atravesando las consecuencias del modelo extractivista que arrasa con nuestros ríos y nuestros territorios", sostuvieron desde la Asamblea.
"Jachal No se Toca" reclama el inicio del juicio luego de que el 12 y 13 de septiembre de 2015 se produjo un derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada en la mina Veladero, San Juan.
"En esta causa la justicia federal aceptó a la asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños. Al día de hoy, y a más de cinco años de esas elevaciones, no hay fecha de inicio del juicio oral y público contra estos cinco funcionarios", indicaron desde la Asamblea.
"Un dato no menor es que, desde entonces, nuestra comunidad ha sido víctima de otros cuatro derrames más", aseguraron los asambleístas.
En este contexto, la Asamblea junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canada impulsaron una petición que juntó 71 mil firmas de todo el mundo para exigir a la Justicia argentina que juzgue lo que describieron como "peor desastre ambiental minero de la Argentina".
Este lunes a las 9, la organización hará la entrega del petitorio al Juzgado Federal de Comodoro Py y luego 11.30 llevarán una junta de firmas en el Ministerio de Medio Ambiente, ubicado en San Martín 451, donde además intentarán concretar una visita al ministro de la cartera ambiental Juan Cabandié.
Finalmente, a las 18 se realizará un encuentro en el Museo del Hambre, en Avenida San Juan 2491, con la proyección del corto "El Nacimiento del Agua" y habrá un conversatorio con integrantes de la Asamblea "Jachal No se Toca".
.

La flora y la fauna autóctona en peligro por sequía extrema

Fecha de Publicación: 02/02/2023
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Los escasos caudales de los ríos y las pocas precipitaciones obligan más que nunca a ser custodios de plantas y animales que se encuentran subsistiendo ante condiciones adversas.
Nunca como ahora la flora y la fauna autóctona han estado en una situación de peligro tan acuciante a consecuencia de la falta de agua que afecta la supervivencia de las especies, a las que como nunca hay que proteger para evitar que la desertización avance y que el despoblamiento de animales se haga una constante en detrimento del ambiente y la naturaleza.
En el caso de las plantas es necesario señalar que la falta de agua es, sin dudas, uno de los desafíos más grandes para los vegetales, ya que se trata de un factor fundamental de la supervivencia. En este sentido hay que tener en cuenta que, a diferencia de los animales, las plantas no pueden adecuar su comportamiento a cambios repentinos, por eso es que ante la escasez de agua las plantas propias de lugares muy secos se retraen y se cubren de capas protectoras. Si los humanos no advertimos ese fenómeno, es probable que podamos dañarlas al intentar descubrirlas o trasplantarlas de un lugar a otro. De ahí el cuidado extremo que debemos tener cuando nos internamos en el campo o nos enfrentamos ante alguna especie autóctona. Preservar su ambiente y condiciones es fundamental para que la planta subsista, ya que de lo contrario estaremos contribuyendo a que ese ejemplar desaparezca posibilitando el avance del desierto
Respecto de la fauna es un hecho de que muchas de las especies características de nuestra provincia y de la Región de Cuyo están en peligro de extinción, un fenómeno que hay que revertir para evitar la desaparición de animales autóctonos que contribuyen con la biodiversidad de la zona.
Para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el mundo hay unas 5.200 especies de animales en peligro de extinción, la mayoría de ellas a consecuencia de la destrucción y fragmentación de sus hábitats, algo que se observa cuando hay incendios forestales, talas o desmontes destinados a ampliar superficies cultivables o proyectos inmobiliarios; contaminación de ríos y lagos, u otras acciones invasivas destinadas a ganar terreno en ámbitos que son propios de determinadas especies animales.
En la provincia de San Juan hay identificadas alrededor de unas 300 especies de animales autóctonos, y el mayor peligro de depredación está dado por el accionar de los cazadores furtivos, a los que no les interesa que haya especies que están en vías de extinción. Si bien en nuestra provincia está prohibida la caza de animales silvestres en peligro de extinción, se ha comprobado que la actividad no cesa, por lo que las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable deberán controlar y sancionar más efectivamente la acción de los cazadores furtivos
Acabar con la caza furtiva es una tarea muy necesaria ya que se sabe que junto con las drogas y las armas esta práctica representa el tercer negocio ilegal más redituable en la actualidad.
 .

Naciones Unidas denuncia el accionar de Barrick Gold en San Juan y señala la complicidad de los gobiernos

Fecha de Publicación: 06/01/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Tres expertos independientes, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaboraron un informe contundente sobre la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en su mina Veladero de San Juan. Derrames, agua con cianuro y mercurio, silencio mediático e inacción de gobiernos y jueces. Y una población que dice no a la megaminería.
"Los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente", afirmaron tres relatores especiales de Naciones Unidas en un escrito de diez carillas repleto de cuestionamientos y advertencias por el accionar de Barrick Gold en su mina Veladero en San Juan. Con al menos cinco derrames en los últimos ocho años, desde la ONU alertan: "Expresamos nuestra grave preocupación por la afectación sobre los derechos humanos ocasionada por derrames de cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias peligrosas de la mina Veladero".
Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para temas específicos. Es la primera vez que tres relatores especiales de Naciones Unidas se expiden, y de forma crítica, sobre un megaproyecto minero Argentino. "El agua que las comunidades rurales utilizan para la irrigación de cultivos ha sido contaminada por mercurio y otros metales pesados. Las comunidades no saben con certeza si el agua que beben está contaminada, porque ni la compañía ni el Gobierno han informado sobre medidas de recomposición ambiental tras los derrames", denuncia la carta firmada por Marcos Orellana (Relator Especial sobre las implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión de sustancias peligrosos), Fernanda Hopenhaym (Relatora del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales) y David Boyd (Relator Especial sobre obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con un ambiente sin riesgos).
La denuncia recae sobre la mina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold en sociedad con la empresa china Shandong Gold Mining. Y los cuestionamientos son también para los gobiernos de Argentina y de San Juan. "Nos preocupa especialmente que estos derrames afecten severamente al derecho a la vida, al derecho al más alto nivel posible de salud, al derecho a la alimentación, al derecho de acceso a la información, al derecho a la justicia ambiental, al derecho al agua potable, y a condiciones de trabajo seguras, y al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y libre de sustancias tóxicas", alertan los especialistas de Naciones Unidas. Y recuerdan que los derrames de sustancias peligrosas requieren de respuestas "basadas en derechos humanos, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas y de reparación integrales por parte del Estado y la empresa, así como medidas de prevención y garantías de no repetición".

Megaminería en San Juan: una historia contaminante
El 12 de septiembre de 2015 trabajadores de la mina Veladero avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold dijo que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río. Se trató del mayor derrame de la historia minera argentina.
En diciembre de ese año un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).
En abril de 2016 una pericia del Ministerio de Ambiente de la Nación (que consta en el expediente judicial) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012. Se repitió el mecanismo de silenciamiento: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población.
En mayo pasado, la Asamblea Jáchal No Se Toca denunció un nuevo derrame. Análisis realizados por la Universidad Nacional de Cuyo determinaron la presencia de mercurio, aluminio y manganeso en el agua del río Jáchal, en cantidades muy por encima de los indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino para consumo humano. La Asamblea afirmó que la concentración es mayor a la registrada en el derrame de 2015. Los niveles de arsénico superaban 33 veces los establecidos por la OMS, los de plomo 16 veces y los de aluminio 485 veces.

Barrick Gold y la violación de leyes
El último derrame, de 2022, motivó la intervención de los Relatores de la ONU. El escrito, de diez páginas, hace un detallado análisis de los antecedentes de la mina Veladero: recuerda que en 2021 produjo 172.000 onzas de oro, con ingresos de 382 millones de dólares, y que declaró tener reservas de tres millones de onzas de oro por explotar. La mina se encuentra a 370 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, en el departamento de Iglesia, en plena Cordillera de los Andes (entre los 3800 y los 4800 metros sobre el nivel del mar). Las comunidades más afectadas son Rodeo y Jáchal, con 2393 y 21.018 habitantes respectivamente, que se sitúan aguas abajo de la mina, a lo largo del río Jáchal.
En un hecho con pocos antecedentes, los expertos de la ONU recuerdan que Veladero está situado en la Reserva de Biósfera San Guillermo, creada bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde sólo están permitidas actividades de bajo impacto ambiental. "Sin embargo, las actividades industriales de una mina de oro a gran escala no son de bajo impacto, y los varios derrames de sustancias peligrosas de la mina Veladero alteran el equilibrio de los ecosistemas en la Reserva", remarcan los Relatores de Naciones Unidas.
El documento cuestiona tanto a la empresa (que niega los derrames, como lo hizo en 2015), como al gobierno provincial y nacional (por su inacción) y también al Poder Judicial: recuerda que los vecinos realizaron dos denuncias por la detección de mercurio en la red de distribución domiciliaria de agua y por el abuso de autoridad del Concejo Deliberante de Jáchal. "Las causas terminaron archivadas", cuestionan desde la ONU.
Destacan la sistemática violación de leyes. "Según el Código de Minería de Argentina, si una empresa comete tres infracciones graves en una mina, debe proceder al cierre definitivo de esas operaciones (Artículo 264, inciso "E")", recuerda el documento de Naciones Unidas y remarca que Veladero ya lleva cinco derrames. Y precisa que Veladero también infringió la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley de Residuos Peligrosos ( 24.501).
Realiza especial hincapié en el Convenio de Minamata sobre mercurio (ratificado por Argentina en 2017 mediante la Ley 27.356). Es un tratado internacional ambiental y lleva su nombre en conmemoración a los graves hechos ocurridos en la ciudad de Minamata (Japón). A mediados del siglo XX una empresa petroquímica volcó efluentes líquidos con mercurio al mar sin tratamiento previo. Durante ese periodo la población entera de la ciudad se alimentó con pescados y mariscos contaminados, lo que provocó una intoxicación masiva de más de 50.000 personas. En 1956 se detectó el primer caso oficial de la enfermedad que se llamó “Minamata”.
Según el Convenio internacional (en sus artículos 12, 16 y 18) el Estado argentino debe tomar medidas concretas de evaluación de riesgos, información y protección de la población. Nada de eso está sucediendo en San Juan con el mercurio encontrado en el agua.
"El gobierno nacional no habría realizado evaluaciones e identificaciones de la cuenca del río Jáchal contaminado con mercurio, a pesar de que el río se usa para la pesca, para la bebida del ganado y para el riego de cultivos. Además, la cuenca subterránea del río Jáchal se usa para consumo humano. Después de los derrames, el gobierno de San Juan no ha promovido la elaboración y la ejecución de estrategias y programas que sirvan para identificar y proteger a las poblaciones en situación de riesgo", denuncian los tres Relatores Especiales.
El documento fue enviado a los gobiernos de Argentina, Canadá y China, y a las empresas Barrick Gold y Shandong Gold Mining.

"No queremos ser otro Minamata"
Ante la gravedad de los hechos, y la poca repercusión mediática, las organizaciones internacionales Mining Watch Canadá y Earthworks —junto con la Asamblea Jáchal No Se Toca— convocaron a una conferencia de prensa en diciembre pasado. "No queremos ser otro Minamata. No queremos que nuestros niños sufran los efectos terribles del mercurio", reclamó Saúl Zeballos, de la Asamblea de Jáchal. Recordó que el agua contaminada con mercurio llega, sin dudas, a la ganadería y al agro de la región.
Jan Morrill, coordinadora de Campaña de Relaves de la organización Earthworks, afirmó que es una política de Barrick Gold negar los impactos que produce y no proveer información sobre su accionar. "Hay muchas similitudes, por ejemplo, con su actuación en República Dominicana, donde también contaminó el agua del lugar y obligó a que la población reciba agua embotellada", precisó. Y marcó una contradicción de la empresa, que al mismo tiempo muestra una reiterada práctica corporativa: "La compañía pidió que no se difunda la carta de los Relatores con la denuncia. Es muy curioso porque, justamente, uno de los pedidos a la empresa es la transparencia y que la población pueda acceder a la información. Y Barrick intenta silenciar a los Relatores".
También destacó una particularidad de la empresa en Argentina: "No habíamos visto que una mina esté dentro de una Reserva de Biósfera y dentro de zona periglaciar, zonas donde no debiera haber megaminería. Nos impacta que Barrick Gold imponga sus operaciones aún en zonas protegidas".
Viviana Herrera, coordinadora del Programa de Latinoamérica de la organización MiningWatch, señaló que la carta de los Relatores tuvo impacto en Estados Unidos y Canadá, pero llamó la atención sobre el "cerco mediático" que existe en Argentina respecto a los impactos de las empresas mineras. Citó como ejemplo, además de Barrick en San Juan, lo que realiza Pan American Silver en Chubut, con su proyecto Navidad y los continuos intentos de modificar leyes y desoír los reclamos de las comunidades locales. "Es bastante único el caso argentino respecto al silencio mediático, nos preocupa porque esta información debiera llegar a la población argentina para que se conozca lo que producen estas empresas", señaló.
Destacó que los impactos ambientales y sanitarios de las mineras "son cada vez mayores" y afirmó que las consecuencias se puede agravar si en San Juan avanza el proyecto Josemaría, de la minera canadiense Lundin. Recordó que el 60 por ciento de las mineras del mundo están en Canadá (de un total estimado en 1400 empresas) porque el país les asegura impunidad ante la violación de derechos humanos y de contaminación en otros países.
.

El Programa Provincial de Bosques Nativos fue auditado por Nación con resultados satisfactorios

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan


Diferentes trabajos desarrollados por la Secretaría de Ambiente a través de la implementación de distintos programas en materia de conservación y manejo de bosques nativos fueron evaluados.
En el marco del Programa Provincial de Bosques Nativos la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable recibió un equipo conformado por técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a fines de noviembre.
Entre las actividades que se concretaron durante la visita, se mantuvo una serie de reuniones y auditaron diferentes proyectos de manejo y conservación de bosques, en diferentes puntos de la provincia.
Uno de los objetivos de la auditoría fue compartir y discutir los aspectos técnicos y administrativos relacionados con la formulación y monitoreo de planes entre personal de los organismos gubernamentales involucrados en la gestión de la Ley. Para ello, fueron visitados un proyecto del departamento Calingasta, y tres de Manejo Sustentable en el departamento 25 de Mayo. En la zona sureste de la provincia, los pobladores y técnicos manifestaron su satisfacción respecto a los beneficios económicos que brinda la Ley de Bosques y la importancia que estos aportes le significan.
El segundo gran objetivo de esta auditoría fue mantener una reunión organizada por el consejo consultivo local donde se trataron medidas para la correcta implementación del Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ para el período 2014-2016 del Fondo Verde del Clima.
En esta actividad, los auditores destacaron el vínculo generado por el Estado con los poseedores de bosque nativo y su incorporación a la nueva convocatoria de planes.
En el departamento 25 de Mayo, los equipos técnicos ambientales de la provincia y Nación, mantuvieron un encuentro con mujeres de la Cooperativa Martina Chapanay quienes expusieron la propuesta presentada y firmaron un consentimiento para que la Dirección de Bosques Nativos de la Provincia sea el equipo técnico formulador del proyecto por el Programa Productoras de Bosques Nativos.
Durante la visita realizada a la cooperativa situada en la localidad de Encón, surgieron algunas ideas sobre la importancia de generar un punto de venta que permita al emprendimiento exponer y posicionar sus productos frente a un mercado mayor.
.

Los diques de San Juan están en riesgo y te lo explicamos

Fecha de Publicación: 09/11/2022
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


Así lo afirma el doctor Oscar Dölling del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, ingeniería Hidráulica y ambiental, de la UNSJ.
A modo de resumen del primer artículo diremos que "una de las normas básicas de seguridad es el no sobrepasar niveles máximos ni vaciar las presas por debajo de sus niveles mínimos. El problema principal de los niveles mínimos en los embalses es el asociado a los sedimentos. El material de arrastre sólido de los ríos generalmente se deposita en la cola de los embalses y si bajamos el nivel de agua en los mismos generamos corrientes de densidad que logran la capacidad de arrastre y sustentación de los sedimentos que pueden llegar hasta las obras de toma colmatándolas".
Están en riesgo los diques sobre el río San Juan y así lo anticipamos las semana pasada con documento elaborado para Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO por el doctor ingeniero Oscar Dölling, director del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, ingeniería Hidráulica y ambiental, de la UNSJ.
Ahora en este último artículo sobre el tema, Dölling nos explica la situación de cada una de las tres presas escalonadas, donde alerta: "Hoy el embalse Los Caracoles está muy por debajo de su cota operativa mínima normal. Hoy está en 1.033 metros sobre el nivel del mar -msnm- aproximadamente, con sólo unos 23 hm3 almacenados".
"Es realmente preocupante, dado que actualmente el embalse Los Caracoles es el que recibe más sedimentos y material de arrastre de los tres embalses del sistema, lo cual vuelve aún más riesgosa la operación del sistema", destaca el estadista del agua.
"Todos los organismos de seguridad de presas internacionales se rigen por las normas de la International Commission On Large Dams -ICOLD-, incluso la Argentina posee una autoridad de aplicación de estas normativas internacionales como es el Organismo Regulador de Seguridad de Presas u Orsep, que imparte a todo el país las normativas y reglamentaciones que se deben de seguir para garantizar la seguridad de las obras", indica.
"No respetar esta normativa es poner en jaque y en riesgo la vida de personas aguas abajo de las presas y la seguridad de la calidad del agua de toda la población de San Juan", según Dölling y desgrana la situación de cada una de ellas "con algunos datos técnicos importantes de nuestros embalses, que pueden resumir en las siguientes tablas".
- Descargador de Fondo Los Caracoles: "El módulo simula el funcionamiento del descargador de fondo del embalse Los Caracoles. Su función principal es controlar caudales para riego y la limpieza de sólidos en el lecho del lago cercano a la presa. El embalse cuenta con dos compuertas planas, el módulo representa el funcionamiento de ambas. Para su correcta utilización se recomienda no tomar valores fuera de los rangos de operación indicados. Se debe ingresar la cota de nivel del embalse al momento de la operación, y el porcentaje de apertura de la compuerta, el resultado será el caudal erogado por el órgano de control", explica el investigador.
-  Descargador de Fondo de Punta Negra: En este caso Dölling afirma: "El módulo simula el funcionamiento del descargador de fondo del embalse Punta Negra. Su función principal es controlar caudales para riego y la limpieza de sólidos en el lecho del lago cercano a la presa. El módulo representa el funcionamiento del descargador. Para su correcta utilización se recomienda no tomar valores fuera de los rangos de operación indicados. Se debe ingresar la cota de nivel del embalse al momento de la operación, y el porcentaje de apertura de la compuerta, el resultado será el caudal erogado por el órgano de control".
-  Descargador de Fondo Quebrada de Ullum: Finalmente define la situación más cercana al oasis del Tulum: "El módulo simula el funcionamiento de la compuerta sector del descargador de fondo del embalse Quebrada de Ullum. Su función principal es la limpieza de sólidos en el lecho del lago cercano a la presa. Para su correcta utilización se recomienda no tomar valores fuera de los rangos de operación indicados. Se debe ingresar la cota de nivel del embalse al momento de la operación, y la apertura de la compuerta en metros, el resultado será el caudal erogado por el órgano de control".
- Cabe reflexionar finalmente que la naturaleza y la infraestructura pensada y ejecutada por Dios desde la eternidad y por miles de generaciones en nuestro sistema solar nos han sido prestadas a nuestra generación para entregarla mejor de la que las recibimos a la próxima tal como lo afirma el papa Francisco en Laudato Si. Me pregunto: ¿eso estamos haciendo todos?
.

El CEO de Barrick volvió a culpar a Nación por la incertidumbre de Veladero

Fecha de Publicación: 11/10/2022
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


El presidente de la compañía cuestionó las restricciones monetarias, inflación e impuestos en Argentina.
En una nueva visita a esta provincia, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, volvió a criticar duramente las restricciones monetarias, la situación financiera, el tipo de cambio, inflación e impuestos de Argentina, e insistió en que ese escenario pone en riesgo la extensión de la mina Veladero que la compañía opera en el departamento sanjuanino de Iglesia. En el mes de julio pasado, en una entrevista con este diario, ya había sugerido lo mismo. Ayer, ante una consulta de DIARIO DE CUYO, luego de exponer en un encuentro informativo en el Hotel Del Bono, lo reiteró: 'Corren riesgo los 10 años que la compañía proyectó extender la mina de oro Veladero', dijo tajante, y pidió a la actual gestión nacional trabajar con urgencia para lograr una solución sostenible.
La mina Veladero ha cumplido 17 años desde que obtuvo su primer lingote de oro en el año 2005, es la principal mina de oro de San Juan, y actualmente está inmersa en un plan para extender su vida útil hasta el 2033, dejando de lixiviar material al año siguiente. Justamente el desarrollo de ese plan es el que está en duda. 'Si queremos más dólares, debemos asegurar que la mina pueda operar', cuestionó en abierta critica a las restricciones que actualmente ha impuesto la Nación. El directivo dijo que Veladero es una mina de oro de baja ley, y gran altura por estar ubicada en medio de la cordillera, por lo que es difícil explotarla. Si a eso se le suman los inconvenientes de la macroeconomía aseguró que se corre el riesgo de volverse inviable.
En las críticas dejó fuera al gobierno uñaquista, ya que dijo que San Juan es reconocida en todo el mundo por su trabajo a favor de la minería y aconsejó al gobierno federal imitar esta iniciativa "de forma urgente''. ''Si las reglas del gobierno (nacional) no cambian y siguen apretando el negocio estamos en riesgo, en una situación critica" reiteró, y sostuvo que "dos tipos de cambio no funcionan en ninguna parte del mundo. Necesitamos que el gobierno nacional lo entienda'', indicó.
Bristow destacó el trabajo que ha realizado la compañía a la hora de desarrollar proveedores locales, e incluso detalló que en los últimos 12 meses, al tercer trimestre de 2022, se han celebrado contratos con 81 empresas de la comunidad de Iglesia por 22 millones de dólares, y con 291 empresas de San Juan, por 180 millones de dólares. Pero en este punto dijo que se encuentran con inconvenientes en reemplazar la totalidad de bienes locales, por las regulaciones restrictivas existentes; y criticó que no se le pueda pagar a los proveedores internacionales por los bienes de uso hasta después de 180 días. Ante la falta de dólares que hay en el país, el Banco Central impuso esa restricción que es fuertemente criticada por todo el sector industrial en general, ya que los proveedores internacionales no quieren esperar tanto tiempo para cobrar.
El directivo informó las inversiones que viene realizando Barrick en Veladero desde 2019. Detalló 4,2 millones de dólares completados en 2020 en la pista de aterrizaje, 190 millones de dólares en la fase 6 de ampliación del valle de lixiviación completado en 2021, y 75 millones de dólares en la fase 7 del valle, a completarse en el 4to trimestre de este año. También se mencionó a la línea eléctrica entre San Juan y Chile, con una inversión de 52 millones de dólares, que fue terminada en 2021; y está por entrar en funcionamiento en las próximas semanas, una vez que culmine la documentación entre ambos países. Será el primer acuerdo contractual binacional, en términos de infraestructura, y permitirá ahorrar 23 millones de litros de combustible diésel.
No obstante, el CEO insistió en que resulta cada vez más difícil para la industria minera realizar inversiones en el país. Mencionó que Barrick está desarrollando inversiones en un puñado de países como Pakistán, Tanzania, Congo, Mali, Canadá y Estados Unidos, entre otros; y aseguró que los impuestos que se cobran o la cantidad de ingresos que reciben el gobierno y los inversionistas son mayores que en Argentina.

Exploración, comunidades y monitoreo
Entre las novedades de la mina Veladero se conoció que se han identificado cuatro zonas de interés para realizar exploraciones y se iniciarán campañas de perforación a partir de este mes.
Además, la compañía pondrá en marcha cuatro nuevos Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) en Iglesia y Jáchal, con lo que serán seis en total.
También se conoció que aumentará la frecuencia del monitoreo ambiental participativo. Este mes los miembros de la comunidad recogieron muestras de la calidad del agua en el Punto de Cumplimiento de Veladero y las analizaron en un laboratorio certificado. En los próximos seis meses, el monitoreo se realizará mensualmente y luego trimestralmente, en lugar de hacerlo una vez al año.
.

El desolador panorama del Parque Sarmiento luego del arrasador paso del fuego

Fecha de Publicación: 09/07/2022
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan


El Jefe de Bomberos de la provincia aseguró que "nunca había visto un incendio forestal de estas características", confió.
Durante la tarde y la noche de ayer, en medio del intenso viento Zonda, un incendio generado en calle Las Moras, en el departamento Zonda, se propagó rápidamente hacia el Parque Presidente Sarmiento. Las fuerzas de Seguridad trabajaron hasta la madrugada para poder controlar la situación. El saldo es desolador al punto que estiman que un tercio fue consumido por las llamas (en un principio Bomberos aseguró que era el 80%, pero luego Guardaparques lo corrigió).
"Llevo más de 20 años en esta tarea y no había visto un incendio forestal de estas características en toda mi carrera", aseguró esta mañana el jefe de Bomberos de Policía de San Juan, Carlos Heredia, al informar además que durante las primeras horas de la mañana de este jueves la situación estaba controlada.
A pesar de eso, las dotaciones continúan en el lugar “haciendo tareas de prevención de posibles nuevos focos de incendios”.
"El fuego que se originó frente al Parque Sarmiento, en horas de la tarde de ayer, y se extendió rápidamente producto del fuerte viento y porque el terreno, por la sequía, tiene actualmente características que facilitan la propagación del incendio", aseveró Heredia en diálogo con el programa Demasiada Información, en radio Sarmiento.
Heredia detalló que en las tareas trabajaron 7 dotaciones de Bomberos de la Policía, más los Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil, personal del municipio y gran cantidad de personas que se acercaron a ayudar.
"Según los primeros relevamientos, las llamas afectaron entre el 70 por ciento y el 80 por ciento del Parque, que tiene alrededor de 750 hectáreas. Ahora se espera la realización de un análisis satelital que arrojará datos más precisos", indicó el Jefe de Bomberos sobre el área afectada. En cuanto a la fauna del lugar, dijo que, "las aves afortunadamente en esos casos logran escapar. Lo que se han quemado son principalmente roedores autóctonos de la zona".
Para finalizar se refirió a las posibles causas del evento: "Estamos realizando las inspecciones y no hay indicios de algún accidente o cortocircuito. En principio creemos que fue un hecho causado por la acción humana, ya sea por un descuido o de modo intencional".
.

Minería: crece la polémica por un supuesto derrame de Barrick

Fecha de Publicación: 20/06/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan


Un consultor del municipio de Jáchal, de San Juan, asegura que no hay resultados concluyentes. La minera canadiense insiste en que la calidad del agua no ha cambiado en la zona evaluada.
Esta semana, el pueblo de Jáchal volvió a tener presencia en los medios nacionales. Es que desde la Asamblea “Jáchal no se toca” denunciaron que los estudios realizados periódicamente por la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo arrojaron que, en febrero de este año, en uno de los puntos de muestra se encontraron niveles altos de mercurio, superiores a los del derrame de 2015 en Veladero (la multinacional canadiense, Barrick Gold, vertió un millón de litros de agua contaminada). Sin embargo, desde el Gobierno de San Juan aseguran que esto se debe a que, por las lluvias, no se pudo llegar al punto habitual de muestreo y se optó por otro, donde confluyen dos ríos, uno de los cuales tiene un alto contenido natural de este compuesto.
También desde Barrick Gold destacan que los puntos de monitoreo en los que basan esta afirmación se encuentran a unos 200 kilómetros aguas abajo de la mina y señalan que “el propio programa de monitoreo de Veladero, que presenta los resultados de la calidad del agua a los organismos reguladores todos los meses, no muestra cambios en la calidad del agua”.
Así mismo, sostienen que sus propios equipos de investigación obtuvieron resultados que muestran que los niveles de mercurio están “por debajo de los límites de detección de laboratorio y dentro de la normativa”.

El punto de conflicto
Para entender mejor el conflicto, se debe retomar lo ocurrido días atrás. La preocupación por parte de un grupo de habitantes de la localidad sanjuanina de Jáchal surge a partir de los resultados diferentes que arrojan dos estudios, uno de ellos realizado por la UNCuyo y otro por la Universidad Católica de Cuyo, con las mismas muestras. En el primer caso, se señala que, en dos puntos de muestreo, en el río La Palca y el río Blanco, se encontró presencia de diversos metales -aluminio, manganeso, níquel, plomo y mercurio, entre otros- por sobre lo recomendado por ciertos organismos de referencia, como la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino.
Mientras que el realizado por la Universidad Católica de Cuyo y el Laboratorio del Cipcami (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial) plantea que, en los mismos puntos de muestreo, “comparado los resultados obtenidos con los valores mínimos y máximos de línea de base de los históricos del río Jáchal, del Ministerio de Minería de San Juan, los resultados se encuentran dentro del rango de variación natural del río Jáchal y no se han superado sus valores históricos”.

Control riguroso
Desde setiembre de 2015, cuando se filtró alrededor de un millón de litros de solución cianurada proveniente de la mina Veladero a la cuenca del río Jáchal, el municipio decidió realizar controles periódicos por parte de la UNCuyo y de la Universidad Católica de Cuyo. Se acordaron 13 puntos de muestreo, algunos en ríos y otros en escuelas y diversos sitios urbanos.
Lo cierto es que en febrero de este año, cuando se tomaron las muestras, producto de la creciente de los ríos por las lluvias, no se pudo llegar a dos de los sitios. En uno no se tomaron muestras y en otro, se modificó el punto y, en lugar de tomar el río La Palca antes de unirse con el Blanco, se tomó en la confluencia de ambos, en el badén de La Chigua.
Desde el Gobierno de San Juan sostienen que el río Blanco, que viene desde La Rioja, tiene mercurio en su composición natural, pero resaltan que este metal no se encontró cuando se filtró el agua para un análisis posterior, lo que evidencia que no se trata de mercurio soluble, producto de la actividad minera.

El análisos técnico
El consultor ambiental contratado por el municipio, Miguel Mas, explicó que la cordillera es de origen volcánico y que hay muchos metales y compuestos químicos, solubles e insolubles, en los ríos. En el caso del mercurio que está en la cuenca de manera natural, señaló que es estable y una partícula inerte, que no causa perjuicio en la salud. En cambio, cuando se trata de una solución cianurada, como la que se utiliza en la minería, la mezcla de cianuro con mercurio lo torna soluble, por lo que pasa a la sangre y sí es perjudicial.
Por ser febrero un mes de lluvias en San Juan, no pudieron tomar, como se suele hacer, muestras en el río La Palca y el río Blanco por separado, sino en un punto 60 kilómetros más al sur, donde ambos ríos se unen. Mas resaltó que este nuevo sitio, en el badén de La Chigua, no tiene línea base, ya que, durante siete años, los muestreos de los ríos se han hecho en un mismo punto, que se tuvo que modificar en esta medición.
Pero, sobre todo, resaltó que “el mercurio que se midió es total y no soluble”. Asimismo, detalló que, “cuando hay un derrame, el mercurio lixivia”. Esto significa que, como tiene un poder de extracción tan fuerte -razón por la que se usa en la minería-, va arrastrando otra serie de minerales y metales, por lo que se alteran diversos parámetros en la medición y no uno solo.
Por otro lado, el ingeniero químico contó que otra solución que puede escapar es la de cianuro de zinc, y que, con las turbulencias de los ríos de alta montaña, desaparece pronto el cianuro, pero se hubiera notado la presencia de zinc; algo que no se vio. Mas acotó que la cuenca del río Jáchal es, de por sí, de baja calidad, con alta presencia de arsénico y boro.
Por su parte, Saúl Zeballos, de la Asamblea “Jáchal no se toca”, recordó que, luego del derrame de cianuro y mercurio del 13 de setiembre de 2015, el pico de contaminación en el río La Palca se produjo dos días después, cuando se detectaron 0,0012 miligramos de mercurio total y 0,086 miligramos de cianuro total por litro de agua.
En tanto, el 15 de febrero de este año, el muestreo arrojó la presencia de 0,0033 miligramos de mercurio total. Y si bien reconoce que no hubo niveles preocupantes de cianuro, en 2015 se conoció, cuando la abogada de la empresa Barrick Gold presentó un escrito ante el Defensor del Pueblo de San Juan y la Justicia provincial, que se había utilizado hipoclorito de sodio para neutralizar el contenido de cianuro. De hecho, el 16 de setiembre de ese año, en el badén de La Chigua, sólo se detectó mercurio -que no se puede degradar- pero ya no cianuro.
Por eso, resaltó que, para ellos, el elemento determinante para poder detectar si se produjo un derrame es la presencia de mercurio. Por otra parte, recordó que “en los tres derrames anteriores confirmados en Veladero -el del 13 de setiembre de 2015, el del 8 de setiembre de 2016 y el del 28 de marzo de 2017- la primera reacción por parte de la empresa Barrick Gold y del gobierno sanjuanino, cuando comenzaron los trascendidos, fue negar la información”.
Zeballos sumó que, si bien el río Blanco siempre ha traído arsénico y boro, la línea de base del Cipcami, del 2004 al 2010, muestra que ni en ese río ni en el La Palca ha habido esos niveles de mercurio. Y expresó que, aunque en el centro de Jáchal beben agua que proviene de otra cuenca, aún beben del río Jáchal (que nace de la confluencia de los otros dos) en los puestos rurales y se utiliza para la producción agropecuaria, siendo que el mercurio pasa a los alimentos y a quienes los consumen.
Este último punto será central en la resolución del conflicto, debido al impacto económico que un supuesto derrame podría tener en la zona productiva.
.