La Unión Europea ubica a la Argentina en riesgo medio por deforestación y el agro rechaza la medida

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Bruselas aplicará nuevas exigencias de trazabilidad ambiental desde 2026. El campo argentino advierte que se trata de una decisión sin fundamentos técnicos con impacto comercial.
La Comisión Europea de la Unión Europea definió a la Argentina como un país de “riesgo estándar” en materia de deforestación. Esta decisión forma parte del nuevo reglamento ambiental del bloque, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, los productos agropecuarios que quieran ingresar al mercado europeo deberán estar acompañados de certificaciones que aseguren que no provienen de zonas deforestadas después de 2020.
Este nuevo sistema de trazabilidad ambiental alcanza directamente a sectores como la soja y la carne bovina, dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera inquietud, ya que impone condiciones más exigentes que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, todos considerados de riesgo bajo.

El sector agroindustrial cuestiona el criterio aplicado por Bruselas
El malestar no tardó en hacerse oír. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) señalaron que la clasificación no responde a datos verificables, sino que parece estar motivada por decisiones políticas. En diálogo con Ámbito, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, aseguró que “la decisión de la Comisión Europea de poner a la Argentina en la categoría de riesgo estándar claramente no está basada en un fundamento técnico. El gobierno argentino ya había remitido un informe a la Comisión Europea donde demostraba que Argentina tendría que ir a riesgo bajo. Lamentablemente no han tenido en cuenta dicho informe y han tomado decisiones de característica política para poner a Estados Unidos y a China en la categoría de riesgo bajo, y a todos los países del Mercosur —con excepción de Uruguay— en riesgo estándar.”
Desde CIARA también recordaron que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años, y que la deforestación asociada a la producción de soja y carne es marginal. De hecho, el país cuenta con un sistema de trazabilidad robusto: Visec, desarrollado en el ámbito privado, permite seguir el origen de cada producto agropecuario desde su lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por una delegación europea, que reconoció su eficacia.
 La trazabilidad será clave para sostener las exportaciones
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, con información georreferenciada, que los productos no provienen de áreas deforestadas luego de 2020. Deberán también cumplir con las normativas legales locales y contar con documentación que pueda ser verificada por las autoridades del bloque.
En el sector agroexportador hay preocupación por los mayores costos operativos, la burocracia adicional y los tiempos de aprobación que este nuevo esquema puede imponer. En un mercado tan competitivo como el europeo, el solo hecho de no estar en la categoría de bajo riesgo ya puede suponer una barrera indirecta.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya manifestó su desacuerdo ante la Comisión Europea y solicitó una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que ya se están implementando en el país.

El debate de fondo: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá del cumplimiento ambiental, la medida europea reaviva una discusión de fondo. El campo argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo el pretexto de proteger los bosques, podría convertirse en una nueva forma de barrera para-arancelaria. En este marco, el concepto de soberanía productiva se pone en juego, especialmente cuando las decisiones se aplican de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas ubica a más de 60 países en la misma categoría que la Argentina, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y México. Solo unos pocos fueron catalogados como de alto riesgo, como Rusia y Corea del Norte, donde el criterio ambiental se entremezcla con consideraciones políticas.
Mientras tanto, el agro argentino insiste en que está dispuesto a cumplir con los más altos estándares ambientales, pero exige una evaluación justa, técnica y basada en la evidencia, que contemple los avances concretos que ya se realizaron en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
.

Secar el humedal

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174). El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria y una para la Comunidad Islera Asociación Civil a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas. Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que, producto de los efectos del cambio climático, han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
El Delta del Paraná es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios indican que en 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario - Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva. Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios. Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná, puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores. El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Tronca), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?
Es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.

Por Pablo Payró  - Arquitecto, docente de Diseño del Paisaje y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná
.

Medio ambiente: reclaman una implementación más flexible de la Ley de Bosques en el norte de Santa Fe

Fecha de Publicación: 30/04/2025
Fuente: Portal AireDeSantaFe
Provincia/Región: Santa Fe


En Las Gamas, funcionarios y productores expusieron la necesidad de adecuar la normativa a las condiciones locales. Plantearon cambios que permitan compatibilizar la producción con la conservación del ambiente.
Durante una jornada de capacitación sobre la Ley de Bosques, en el Centro Operativo Las Gamas, volvió a plantearse el condicionamiento para los establecimientos del departamento Vera que implica la normativa y la necesidad de adaptar su implementación para estimular la economía en el norte de Santa Fe.
    
El desafío de equilibrar producción y medio ambiente en el norte de Santa Fe
El miércoles 23 de abril, la actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
La actividad contó con la presencia de Germán Falo, subdirector de Bosques y Áreas Protegidas; Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería; Facundo Méndez, director de Ganadería; el diputado Sergio Rojas; el asesor técnico Facundo Ferraris y la intendente de Vera, Paula Mitre.
En ese contexto, Mántaras volvió a poner foco en la aplicación de la Ley 26.331, como había hecho el año pasado durante la exposición rural de Vera, cuando planteó que la actividad en la zona está “restringida por la aplicación de una Ley de Bosques que debe ser reformulada especialmente para esta zona”.
La actividad se centró en capacitaciones sobre planes de manejo, aprobación y posible financiamiento; nuevas tipologías de manejo de bosques con ganadería Integral; y criterios para la fiscalización del desmonte y los permisos menores.
Ahora, sostuvo que con más de una década en vigencia es “un momento para revisar qué implicancias y qué alcances ha tenido en la provincia”. Consideró que al ser “pensada desde Buenos Aires”, la norma no contempla “la idiosincrasia, cómo es el ambiente y cómo es el interior productivo”.
Por esto, dijo que entre las carteras de Producción y Medio Ambiente tienen la responsabilidad de “anclar esas leyes, a veces abstractas, que terminan siendo una complicación para un ciudadano del interior productivo, de zonas boscosas, de zona de montes, para hacerlas aplicables, si no, son letra muerta”.

La importancia de adaptar las normativas ambientales al modelo ganadero de Vera
Al momento de trazar un diagnóstico, el funcionario aseguró que actualmente “es una ley de escasa aplicación en la provincia de Santa Fe, más con un perfil sancionatorio y con pocos planes de manejo”. Por lo tanto, para extender la implementación e incrementar los planes de manejo se requiere “hacer foco en el sujeto; no hacer tanto foco en el ambiente sino cómo una persona puede vivir y realizarse en ese ambiente y para poder realizarse necesita producir”.
Mántaras agregó que, a raíz de inconvenientes operativos en la aplicación, “habría que repensar algunos términos”. También señaló la necesidad de “cambiar el enfoque”, porque el productor percibe que la Ley es persecutoria y lo trata “como un delincuente”.
De todas formas aclaró que “inclusive con sus defectos” es un marco legal que, si se trabaja en conjunto con todos los actores, “nos da herramientas para generar actividad productiva en un ambiente natural”.

Cómo impacta la Ley de Bosques en la ganadería de Vera y su economía regional
Por su parte, Sebastián Volkart, vicepresidente de la Sociedad Rural de Vera, también remarcó que al sancionarla “no se tuvo en cuenta la idiosincrasia de la gente que desde siempre trabajó en el monte produciendo leña y carbón”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar y por lo tanto, su actividad está muy condicionada, siendo marginal o prácticamente nula”, agregó.
Aclaró también que “en esta zona no se percibe el avance agrícola porque en la cuña boscosa nadie desmonta para sembrar soja, dado que es una zona básicamente ganadera”.
“La implementación de los planes de manejo requiere de un asesoramiento que aquellos denominados hacheros de subsistencia no están en condiciones de pagar", dijo Sebastián Volkart.
Consideró que “reuniones como la de Las Gamas son importantes porque asesoran sobre el plan de manejo, pero siempre hemos sido críticos de la ley vigente por cuanto los fondos nacionales no contemplan el lucro cesante de las superficies que no se pueden explotar”.
En esta línea sumó el agravante de que “la Ley 26.331 es sancionatoria en su aplicación porque, en cierta medida, provoca la descapitalización de los productores del departamento Vera, teniendo en cuenta el detalle de que somos segundos productores de carne a nivel provincial”.
A tal efecto se manifestó a favor de trabajar coordinadamente con las distintas áreas con el fin de articular la tarea que involucre a productores e instituciones para adecuar el manejo del bosque con ganadería integral incorporando prácticas innovadoras.
Por último, el dirigente ruralista consideró importante contar con referentes territoriales que actúen en función de la realidad y el potencial productivo que ofrecen los campos de la Cuña Boscosa.
.

Greenpeace: “El gobernador de Salta busca legalizar la impunidad para desmontar”

Fecha de Publicación: 06/12/2024
Fuente: Portal SaltaSur
Provincia/Región: Salta


Greenpeace denunció que el gobierno provincial pretende que la legislatura apruebe antes de fin de año una flexibilización de la Ley Bosques que validará los desmontes ilegales ya realizados y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido.
El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.
La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.
“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  
Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.
“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
.

Alerta: el desmonte en el norte argentino supera las 100.000 hectáreas en lo que va de 2024

Fecha de Publicación: 25/11/2024
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Nacional


La deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas. Los estados del norte están en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes.
El monitoreo satelital de Greenpeace detectó que se deforestaron 103.816 hectáreas en el norte del país durante los primeros 10 meses del año. La situación más grave se da en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
“Los desmontes provocan cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y octubre de 2024 la deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas, el equivalente a cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Los estados del norte entran en conflicto con la Justicia de Nación por los desmontes
Uno de los desmontes más extensos es el que está realizando la familia Canido, dueña de las gaseosas Manaos, en una finca ubicada cerca de Nueva Esperanza, al norte de Santiago del Estero, en la cual ya se arrasaron más de 10.000 hectáreas de bosques nativos con fines ganaderos.
La principal causa de la pérdida de bosques en Argentina es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
“Teniendo en cuenta el compromiso climático que firmó Argentina de alcanzar Deforestación Cero para el año 2030, es preocupante que aún se mantengan altos niveles de desmonte, y que la mayoría sean ilegales. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esperamos que convoque pronto a la audiencia pública que anunció sobre esta causa”, señaló Cruz.
En 2019 Greenpeace realizó una presentación ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que se estima sobreviven en el Gran Chaco argentino y por violar lo establecido en la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado la Corte declaró su competencia en la causa.
.

Estadounidenses piden nueva audiencia para desmontar unas 12 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 30/09/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es el quinto proceso que inicia la empresa Quebracho Colorado. Los anteriores fueron para deforestaciones en los departamentos Anta y Rivadavia, sur y norte salteño.  
La Secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública a pedido de la empresa Quebracho Colorado SA, de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. Son integrantes de “una familia estadounidense de agricultores y ganaderos que se mudó a Argentina en 2004”, indica una página de Internet en la cual se ofrecen servicios agrícolas.
La audiencia pública apunta a autorizar a la firma Quebracho Colorado el desmonte de 11.955 hectáreas de bosques, con fines agroganaderos en la finca Chaguaral, y está convocada para el próximo 18 de octubre en la Despensa y comedor Los Hermanos Torres, ubicada en el paraje La Estrella, del departamento Orán.
Este es el quinto procedimiento solicitado por la empresa en 17 años; la primera audiencia fue solicitada en 2007 cuando pidió autorización para desmontar 30.962 hectáreas en la finca El Álamo, del departamento Rivadavia. Con el pedido de ahora, la firma se apresta a completar la deforestación de unas 68 mil hectáreas solamente en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta.
El primero de los desmontes fue polémico. En su momento Catalina Buliubasich, quien fue secretaria de Política Ambiental durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, presentó su renuncia tras haber suspendido el desmonte de más de 30 mil hectáreas solicitado por la firma estadounidense. Los permisos habían sido otorgados durante el gobierno del hoy senador nacional Juan Carlos Romero.
Al advertir sobre la nueva convocatoria a este desmonte, Greenpeace recordó que la empresa ya había sido denunciada en 2013 por este primer desmonte que afectó a las comunidades wichí El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.
Los otros pedidos de desmonte fueron en la estancia El Guayacán, de Anta, donde requirieron permiso para el desmonte de 11.432 hectáreas, solicitud que hicieron en 2010. En 2014 instaron la deforestación de 7.993 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero El Chaguaral, en Orán. En 2020, en tanto, pidieron desmontar 5.724 hectáreas en otra matrícula de este mismo establecimiento.

“Mucha tierra y poca gente” y el halago al macrismo
En el portal argentinafarmandranch.com, Argentina Granja y Rancho, los hermanos Gabel explican por qué decidieron producir en el país. “El razonamiento (al momento de decidir radicarse en la Argentina) era simple: mudarse de una zona con mucha gente y poca tierra a una zona con mucha tierra y poca gente”.
Sobre la situación de 2015, gobierno de Mauricio Macri, en el portal, en el que se promocionan oportunidades para invertir en granjas y ganadería en el país, se destacaba que era “un momento emocionante para invertir en el sector agrícola y ganadero de Argentina", dado que "Argentina eligió en diciembre de 2015 a un presidente favorable a las empresas y al sector agrícola y ganadero, el presidente Macri. Ya ha realizado cambios positivos que han mejorado el clima empresarial y el sector agrícola en Argentina”, afirmaban.

El peligro de un “festival de desmontes”
“El gobierno de (Gustavo) Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio: mientras realiza audiencias públicas para autorizar enormes desmontes a grandes productores agropecuarios, propone en la legislatura una flexibilización de la ley provincial de bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Detalló que además de esta audiencia, el gobierno de Salta realizó otras entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, para autorizar el desmonte de 47.300 hectáreas a varias empresas. Las audiencias se vienen realizando, pero los desmontes aún no. Mientras, el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sigue sin ser presentado en la Legislatura provincial. Se estima que una vez que sea aprobado, será el turno de la materialización de los desmontes.
La organización ecologista elaboró a comienzos de este año un documento señalando los puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.
“La nueva ley de bosques de Salta tendría una categoría color marrón, que abarca 3 millones de hectáreas, y que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Así se busca permitir desmontes donde hasta hoy no se puede. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar esta catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió Giardini.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
.

Cambio de usos del suelo: ¿Cómo es el después de los incendios en los bosques nativos?

Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


El problema es global y, a pesar de los esfuerzos, no se puede frenar el daño ambiental. Córdoba es una de las provincias argentinas en la que el fuego ataca todos los años y donde gran parte de sus suelos terminan destinados al cultivo y ganadería.
Como sucede desde hace años, la provincia de Córdoba fue foco de grandes incendios, como los últimos registrados en la localidad de La Calera, poniendo en riesgo a los bosques nativos y la biodiversidad de la región. Una vez apagado el fuego, surgen distintos interrogantes sobre si estas acciones son intencionales y realizadas para cambiar el uso de la tierra.
Investigadores de distintas ramas científicas se plantean estos interrogantes y los abordan desde la geografía, la geología y las ciencias ambientales, midiendo la acción humana en la pérdida de entornos naturales. El cambio de uso del suelo no es un proceso nuevo, pero se aceleró debido al crecimiento de la agricultura y la ganadería como negocio, reconvirtiendo 1.000 millones de hectáreas que antes eran bosques nativos en áreas de cultivo o pastoreo.

La situación en Córdoba y el Gran Chaco
Según Joaquín Deon, geógrafo, doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, el fuego es una herramienta para generar grandes cambios en los suelos. El investigador señala que, al ser Córdoba una provincia del centro y una de las más grandes, predomina el modelo agropecuario ganadero y extractivo.
Este uso también se extendió a todo el Gran Chaco, que abarca las provincias de Formosa, Chaco y Salta, donde las leyes no protegen al medio ambiente y esto hace que haya cada vez más tala de árboles y megaminería. “Ni siquiera la cuarentena obligatoria pudo frenar el fuego, porque durante 2020 se produjeron grandes incendios”, señaló Deon.
“La Ley 26331 de Protección de Bosques Nativos es muy discutida en la actualidad y fue debilitada por la falta de financiamiento estatal, y no se pudo evitar que grandes empresas utilicen el cambio de uso en los suelos para garantizar su rentabilidad”, expresó el investigador sobre la protección de bosques por parte del Estado.
Durante la pandemia, con la quema de miles de hectáreas a lo largo del país, la población se empezó a movilizar para la protección de los bosques, pero la normativa que impedía que durante 40 años la tierra no pudiera cambiar su uso fue derogada.
Por otro lado, el investigador del CONICET señaló que se están actualizando las normativas de bosques nativos y lo primero que surgió es que los bosques que se deberían haber protegido en el marco normativo de 2006 no se protegieron y se redujeron. “Córdoba tuvo una pérdida del 90% de los pocos bosques que le quedan, por eso se tiene que actualizar esta ley y no se pueden perder más bosques”, cerró.

Cambio climático y de los ecosistemas   
Para Deon, la acción del hombre también afecta los ciclos climáticos normales y esta problemática genera preocupación en el mundo. Hay lugares en que se ven amplitudes térmicas que antes no había, por ejemplo, pasando de tener 0 grados un día a 35 al otro. Estos cambios tienen que ver con que la atmósfera está muy cargada con el efecto invernadero y los rayos que ingresan a la atmósfera van influyendo sobre el movimiento de las masas de aire.
Las temperaturas marítimas influyen en este ciclo y las sequías son cada vez más habituales, favoreciendo la propagación del fuego descontrolado. Las grandes masas de aire cargadas de humedad provocan enormes tormentas, que a su vez desembocan en inundaciones en áreas que antes no se registraban y ahora se dan de forma continua, como sucede en Córdoba.
Dentro de estas ciencias que investigan los cambios climáticos está la Geología, que estudia los ciclos naturales del planeta que se dan hace millones de años. Como por ejemplo en los glaciares, las montañas, en el fondo de los océanos y cambios atmosféricos de las partículas en el aire.
Con este trabajo científico interdisciplinario se pueden llegar a conclusiones sobre el impacto negativo de los cambios en el uso del suelo, que no están siendo frenados. A pesar del compromiso que deben tener los Estados, las acciones que impulsan no son del todo efectivas.

Políticas del Estado nacional y provincial
Los incendios como el de Córdoba, además de ser devastadores, son eventos inesperados que alteran el entorno natural, dañan a las personas y ocasionan pérdidas de bienes. La Ley 26.815 garantiza que debe haber un presupuesto de la Nación destinado a contar con el equipamiento necesario, ya sean camiones hidrantes, aviones y bomberos a disposición para resolver esta emergencia buscando apagar el fuego lo antes posible.
El Plan de Manejo del Fuego fue creado en 1996 ante los persistentes incendios rurales. Hasta 2023 perteneció al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en el gobierno actual, depende de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte.
Respecto a la provincia de Córdoba, el investigador del CONICET afirmó que los presupuestos que maneja la provincia para este tipo de emergencias “son multimillonarios y están asignados para una red de cuarteles de bomberos voluntarios, defensa civil local, equipos que trabajan con aviones hidrantes, capacitación permanente para emergencias y estos equipos están articulados con la policía provincial”.
Si bien Deon mencionó que hubo casos en los que la Justicia sancionó gravemente la quema de bosques, como por ejemplo tras el incendio registrado en el departamento de Ischilín durante 2021, resaltó que siguen registrándose fallas en el cambio de uso de los suelos para que no se pierdan los bosques que quedan.

Un fenómeno a nivel global
El cambio de uso del suelo no solo es un fenómeno que se da en Argentina, sino que sucede en gran parte de Sudamérica y del mundo. A pesar del compromiso que los Estados dicen tener con la causa ambiental, esto no se cumple.
En este sentido, Deon señaló los focos que se registran en la selva amazónica y la relevancia de una política de Estado que busque mitigar los desmontes que se realizan en los bosques. El investigador destacó que los incendios en Brasil son menores en comparación con otros años, ya que el camino del fuego se extendió a otras regiones y países, como Bolivia y Paraguay.
El geógrafo señaló que al cruzar el Atlántico, según el mapa de servicios de la NASA, se pueden observar zonas totalmente asediadas por los incendios en el centro de África, como es el caso de la República Democrática del Congo, Nigeria, parte del noroeste sudafricano y la región cercana al Lago Victoria. La inestabilidad política en estos países es un factor que hace que haya vía libre para el cambio de uso de los suelos y es así que se instalan distintas empresas multinacionales para explotarlos. También hay empresas argentinas que vieron como buena opción de negocio adquirir tierras en el continente más pobre y más vulnerable, donde no hay leyes que protejan al medio ambiente y es la ley del más fuerte.
.

Los negocios agropecuarios arrasan el segundo pulmón verde de Sudamérica

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los bosques del Gran Chaco Americano son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia, pero lejos de ser un área protegida, la tala y el desmonte avanzan sin pausa, lo mismo que la depredación de cazadores a especies en extinción, como el asesinato de uno de los cinco yaguaretés que quedaron en Formosa.
La amplia región comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país.
La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día.
Representa un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.
La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su frontera para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que las provincias de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas.
La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.

Deforestación en alza
Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó.
“La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos”.
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
Señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques.
Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo.
Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad.
Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental.
En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté.
Por estos sucesos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
.

Argentina presentó en Bélgica el sistema de trazabilidad exportadora para garantizar embarques de productos libres de deforestación

Fecha de Publicación: 06/06/2024
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


Fernando Vilella representó al país en la presentación europea de Visec, la herramienta que con que los exportadores certifican que los embarques con productos que lleguen a la comunidad europea, provengan de zonas libres de deforestación, tal cual indica la exigencia de aquella región económica que comenzará a regir a partir de enero de 2025.
Esta presentación había sido anunciada en horas de la mañana de hoy en conferencia de prensa por el vocero presidencial Adorni, y es una señal de acercamiento y de rendición a las exigencias europeas, asegurando que toda la mercadería que Argentina exporte, cumplirá con las reglamentaciones requeridas.
En un evento organizado por el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) los exportadores presentaron la herramienta a los importadores y autoridades europeas en la residencia de la Embajada argentina ante la Unión Europa en Bruselas. Se trata de un sistema que permite cumplir la exigencia de la UE integrado a la plataforma VISEC (Visión Sectorial Gran Chaco).
“Esta herramienta innovadora, desarrollada para asegurar la trazabilidad y certificación de productos libres de deforestación y del que participa toda la cadena de ganado bovino, garantiza que los embarques que lleguen a los mercados europeos provendrán de establecimientos ganaderos  no deforestados, en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) de la Unión Europea, aprobado a mediados de 2023 y que entrará en vigencia el 30 de diciembre de 2024”, aseguraron los organizadores.
Si bien Visec fue mostrada a los europeos, los exportadores argentinos dejaron en claro que esta nueva reglamentación no debe transformarse en una nueva barrera comercial: “Argentina siempre ha afirmado que el sector agrobioindustrial es parte de la solución a los problemas globales, y que cualquier medida debe tener base científica y adaptarse a las realidades locales. En ese sentido, Argentina espera que este Reglamento, siendo una medida unilateral y autónoma implementada por la UE, no afecte los flujos comerciales normales hacia dicho mercado y no se convierta en una barrera de acceso a partir de su plena implementación el 1 de enero de 2025” dijeron sus representantes.
Asimismo, el IPCVA manifestó que el gobierno argentino viene efectuando un seguimiento detallado de los potenciales impactos de esta norma, y que por eso “ha señalado ante autoridades comunitarias a nivel bilateral y en foros multilaterales su preocupación respecto del impacto extraterritorial de esta medida, advirtiendo sobre los efectos adversos en las corrientes comerciales. Sin perjuicio de ello, en lo inmediato y a fin de reducir estos riesgos potenciales, se ha venido apoyando el desarrollo de iniciativas del sector privado nacional para adaptarse a las exigencias que les demandarán los operadores europeos”.
En lo que respecta específicamente al ganado bovino, la Argentina ya realizó con éxito la primera prueba piloto con un embarque de carne exportada a Alemania el 15 de mayo pasado, además de las pruebas piloto con soja, otro de los productos de exportación argentinos que deberán cumplir con la nueva legislación.
Jorge Grimberg, presidente del IPCVA, sostuvo: “A través del nuevo sistema VISEC Carnes y sus características naturales de producción, Argentina se consolida como uno de los países líderes en producción sustentable”. En tanto, Mario Ravetino, vicepresidente del IPCVA, aseguró que “el cumplimiento de esta regulación de la UE es imprescindible para mantener y desarrollar el mercado que demanda los cortes premium de mayor valor”.
VISEC es una plataforma de sustentabilidad ambiental y social que reúne a miembros de las distintas cadenas de valor para que los productos agroindustriales argentinos satisfagan las nuevas tendencias internacionales y nacionales, manteniendo la competitividad del país en los mercados globales. Tiene como objetivo reducir el potencial  impacto negativo del Reglamento (UE) 2023/1115 a nuestras exportaciones, a través de un riguroso sistema de trazabilidad y certificación.
VISEC Carnes efectúa la trazabilidad desde los establecimientos de origen del ganado bovino, a nivel de cría y engorde, incluyendo toda la etapa de comercialización, hasta el procesamiento y exportación a la UE, asegurando que provenga de fuentes libres de deforestación y cumpla con las leyes locales e internacionales pertinentes.
Se emiten certificados que confirman la procedencia sostenible de la carne y el cuero, utilizando tecnología georreferenciada para una mayor precisión y confiabilidad. Por cada embarque de carne vacuna a la Unión Europea, se emitirá un Certificado de Producto Libre de Deforestación (CLD) como evidencia de que la biomasa cumple con los requisitos establecidos en la normativa europea, respaldado a su vez en un riguroso sistema de documentación y validación con tecnología Blockchain.
El certificado será emitido por organismos de verificación autorizados por VISEC, de acuerdo con estándares internacionales reconocidos. Los CLD podrán ser utilizados por los exportadores e importadores como prueba de conformidad ante las autoridades de los países miembros de la UE, en el marco de la diligencia debida que deben cumplir.
.

Por qué Córdoba certificará soja y carne bovina como productos libres de deforestación

Fecha de Publicación: 15/04/2024
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Córdoba


El ministerio de Agrobioindustria busca que la provincia sea pionera en la producción.
A raíz de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Biogroindustria con la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (Visec), la provincia de Córdoba certificará a la soja y la carne bovina como productos libres de deforestación.
“Hoy dimos un paso para una producción más sostenible: Córdoba es la primera provincia en promover la comercialización de soja y carne bovina libre de deforestación”, afirmó Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria.
En su momento, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó que “el agro y el campo son parte integral de la historia y la construcción política de la provincia”. De esta manera, se busca “realiza acciones concretas hacia la sostenibilidad en la producción agropecuaria”, indicó Busso.

Por qué Córdoba certifica productos libres de deforestación
La medida responde a las regulaciones anti-deforestación europeas que entrarán en vigor en enero de 2025. A partir del 1° de enero de ese año, la Unión Europea no permitirá el ingreso de productos agroindustriales provenientes de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Esta medida afectará a productos como aceite de palma, carne vacuna, soja, café, madera, carbón vegetal y caucho, así como a sus derivados. Se trata de un desafío significativo para la producción agropecuaria argentina y resalta la urgencia de adoptar prácticas sostenibles en el sector, concluyeron.
.

“Histórico”: Se firmó un acuerdo para evitar barreras paraarancelarias con la Unión Europea

Fecha de Publicación: 22/09/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Este miércoles se firmó un "acuerdo histórico" entre el Gobierno, la industria y el sector agropecuario para desarrollar una plataforma de trazabilidad de soja y carne bovina libres de deforestación.
Los objetivos del acuerdo incluyen capacitación para productores agrícolas y ganaderos para que puedan acceder a la plataforma; acceso gratuito para todos los productores argentinos; transparencia en la plataforma; la aceptación de la plataforma en mercados internacionales; y utilizar la identificación de libre de deforestación en toda campaña de posicionamiento de productos argentinos en el mundo.
En la rúbrica del acuerdo estuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el presedente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el presidente del Consorcio Exportador de Carnes ABC, Mario Ravettino y el representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio.
La soja y la carne, los dos productos más importantes de la agroindustria argentina, una por volumen y otra por precio por tonelada, enfrentan una exigencia con plazo al 2025 desde la Unión Europea, el bloque comercial que más importa la harina de la oleaginosa y que pago los mejores precios por los cortes bovinos.
"Trabajaremos juntos para cumplir con estándares internacionales y promover la transparencia del sector", dijeron desde Ciara-Cec.
La semana pasada, durante el Congreso Internacional de Maíz, realizado en Paraná, Entre Ríos, Idígoras advirtió que mercados están entrando en una agenda de sustentabilidad, y empiezan a pedir información sobre el balance de carbono, emisiones netas, el consumo de agua por hectárea.
Y sobre todo, si los cultivos (por ahora soja y carne) se producen en una zona libre de deforestación. Pero destacó que también el maíz tendrá que certificarse próximamente.
.

Tres estrategias para proteger al Chaco argentino de la deforestación

Fecha de Publicación: 22/06/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. En el segundo semestre de 2021, se perdieron 10 331 hectáreas de áreas forestales, de acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia del Chaco.
La iniciativa de MapBiomas —de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y publicada a finales de 2022— alertó sobre la pérdida de 9.5 millones de hectáreas entre 2000 y 2021 en la región del Gran Chaco que además del argentino incluye también Paraguay, Brasil y Bolivia, como resultado del uso del cambio de uso del suelo, principalmente de bosque a pastizales y agricultura.
Pero no todas son acciones en contra, ciudadanos y entidades estatales han creado estrategias para detener el efecto de las malas prácticas en este territorio que formó parte de lo que alguna vez fue el Gran Bosque Chaqueño y que atraviesa cuatro países:
Estas son tres iniciativas que buscan recuperar esta ecorregión que tiene bajo su tierra una gran reserva de carbono:

1 - Un territorio para el yaguareté
Hace dos décadas, los propietarios de la Reserva Tantanacuy —un área privada y protegida de conservación— comenzaron a realizar actividades ecoturísticas para protegerse de la tala que acabó con las áreas aledañas. Esta acción convirtió en un santuario a la reserva y logró salvar 2500 hectáreas de bosque nativo que se convirtieron en un espacio seguro para la fauna y la flora chaqueña.
En la zona donde se ubica la reserva, es posible el aprovechamiento forestal, pero no se permiten cambios de uso del suelo. No obstante, los vecinos de la reserva han logrado evadir la ley con argumentos técnicos para la aprobación de los cambios de uso de suelo, lo que continúa afectando el territorio. Es así como Tantanacuy se ha convertido en una fortaleza en medio de la deforestación.
Los safaris especializados y la observación de aves son un respiro para el Chaco argentino. Además, la reserva tiene un convenio con el Proyecto Yaguareté que logró documentar en los terrenos la presencia del jaguar o yaguareté (panthera onca), un hallazgo positivo, puesto que Argentina es el país sudamericano con menos ejemplares registrados.
Las iniciativas de conservación en tierras privadas son una oportunidad para disminuir costos en la operación de las áreas protegidas públicas. Sin embargo, es esencial la presencia del Estado para el control de las actividades turísticas, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Además, también es necesario que las iniciativas particulares se acompañen con un diseño de paisaje que esté reflejado en el ordenamiento ambiental de los bosques nativos”, resalta el experto.

2 - Una ganadería que cuide los bosques
Una de las apuestas del Refugio Privado El Cachapé es el engorde del ganado con pastizales naturales. Esto quiere decir que no se introducen especies de pastizales exóticas ni tampoco se remueven algunos pastos en beneficio de otros. Esto facilita que el mismo ambiente haga una selección natural y que los mismos animales sean quienes dispersen las semillas.
También seleccionan zonas de pastoreo de acuerdo con la época del año y controlan el número de animales que están en cada área. Esta manera de hacer ganadería, además de traer ventajas en la producción, protege el suelo. Sin embargo, Eduardo Boló Bolaño, dueño del refugio, asegura que todavía falta apoyo estatal para continuar con este modelo en otras áreas.
La transmisión de este conocimiento a sus trabajadores es otra de las actividades en la que está enfocado Boló. Si se conoce la importancia de conservar el lugar y de no cazar los animales, dice, será más fácil continuar protegiendo las 1800 hectáreas de bosque que tiene el refugio y en la que viven especies arbóreas con edades de entre los 300 y 400 años.

3 - La tecnología al servicio de la naturaleza
La falta de recursos estatales para monitorear el Chaco argentino es uno de los principales problemas para su conservación. En 2022, el gobierno provincial del Chaco expuso en Washington, Estados Unidos, el Eco-Token del Chaco. Se trata de una herramienta digital basada en criptomonedas para obtener recursos que ayuden a conservar este ecosistema. Lo que se busca es que los pagos provengan del mercado de capitales internacionales en compensación por los servicios ecosistémicos que entrega esta importante área boscosa.
Con los recursos, el gobierno provincial pretende tener un mayor control en el territorio con mejores sistemas de vigilancia que fortalezcan a los guías forestales y el control efectivo de la policía. La idea es empezar con cien mil hectáreas, de las cuales la mitad son áreas forestales y comprenden reservas estratégicas.
La propuesta deja algunas dudas como quiénes están interesados en este mercado, en especial porque estas tecnologías se caracterizan por su desconfianza hacia las entidades gubernamentales. También existe la pregunta de cuál sería el plan B si no funciona esta estrategia. El Chaco argentino tiene amenazas latentes que requieren de soluciones urgentes, aseguran los expertos.
“No debe perderse de vista la importancia de que estos servicios ecosistémicos sigan estando disponibles para las comunidades locales y los pueblos originarios. Se debe asegurar que cualquier mercadeo de los mismos no afecte negativamente a esos actores en territorio”, destacan desde la Fundación Vida Silvestre.
.

Es falso que un estudio de la NASA haya demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina y derribado el mito sobre las vacas argentinas

Fecha de Publicación: 18/03/2023
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


En medios y en redes sociales se viralizaron esta semana diferentes publicaciones (ver acá, acá, acá, acá y acá) que refieren a las supuestas conclusiones de un estudio de la NASA sobre el sistema ganadero de la Argentina y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
Titulares y posteos afirman: “La NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas”, “La NASA demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”, entre otros.
Sin embargo, esto es falso. El estudio al que hacen referencia las publicaciones -que fue realizado por más de 60 científicos de todo el mundo usando datos satelitales del Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, entre otros- no fundamenta ni concluye aquello que afirman las publicaciones. Así lo confirmó a Chequeado el propio autor de la investigación, Brendan Byrne.
“No es posible concluir a partir de nuestro estudio si la industria ganadera de un país concreto es una fuente o un sumidero neto de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que sólo estimamos las emisiones y absorciones netas de CO2 en todos los ecosistemas de un país”, explicó a este medio Byrne, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el sur de California.
Y agregó: “En otras palabras, nuestro estudio no incluye otros gases de efecto invernadero como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), que constituyen una fracción significativa de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes del ganado y otros rumiantes. Estos otros gases deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si la industria ganadera es una fuente neta de gases de efecto invernadero”.

Qué dicen las publicaciones y de dónde surgió la desinformación
En Twitter, un posteo de la Representación Permanente de la República Argentina ante las Organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma (FAO/FIDA/PMA) afirmó: “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”.
También la Embajada argentina ante la Unión Europea sostuvo en un tuit: “¿El secreto de la carne Argentina? Alto en proteínas, bajo en emisiones. La producción ganadera como se hace en la Argentina es parte de la solución al cambio climático”. En ambos casos, los posteos citan el link al estudio de la NASA.
Por su parte, el diario La Nación tituló: “Una medición de la NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas” y Clarín publicó: “La NASA derribó un mito sobre las vacas (…) El estudio demuestra que la ganadería argentina no contamina el medio ambiente”.
Consultados por este medio, tanto Clarín como La Nación y la Embajada argentina ante la Unión Europea refirieron como fuente de la información un trabajo publicado por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), un organismo público-privado.
“NASA: la Argentina tiene balance positivo de carbono. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, es el título del artículo firmado por la economista Eugenia Brusca y el ingeniero agrónomo Adrian Bifaretti, ambos del IPCVA.
Chequeado se comunicó con el área de Prensa del IPCVA, desde donde enviaron un documento con aclaraciones respecto de la nota sobre el trabajo de la NASA. “El sistema de alimentación de nuestras vacas se apoya en sistemas pastoriles y es allí donde se puede hacer el link con los resultados de la NASA que menciona a las tierras de pastoreo como un factor que contribuye a mejorar positivamente los balances de carbono”, explicó Bifaretti.
Desde Clarín, Pablo Vaca, jefe de la Mesa Central del medio, respondió ante la consulta de este medio: “Publicamos la nota confiando en una fuente habitual nuestra. Una vez que nos alertaron de que la información era errónea, decidimos despublicar la nota y pedimos disculpas por el inconveniente”. La Nación, por su parte, corrigió su nota: modificó el título y el texto del artículo.

Qué dice (y que no dice) el estudio en cuestión
El estudio “Presupuestos nacionales de C02 (2015-2020) inferidos a partir de las observaciones de CO2 atmosférico en apoyo de los balances (stocktake) globales” fue publicado el 7 de marzo último por la revista científica Earth System Science Data.
Se trata de un estudio internacional, realizado por más de 60 investigadores, que utilizó mediciones realizadas por la misión Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, así como una red de observaciones desde la superficie, para cuantificar los aumentos y descensos de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono entre 2015 y 2020.
La metodología que se utiliza habitualmente para la medición del carbono se basa en el recuento y la estimación de la cantidad de dióxido de carbono que se emite en todos los sectores de una economía, como el transporte y la agricultura. El estudio plantea como una prueba piloto un enfoque basado en mediciones de arriba hacia abajo (o top-down).
“Este análisis viene a complementar los procesos de inventarios nacionales, no reemplaza la actual metodología de abajo hacia arriba (bottom-up). Con una combinación de métodos y datos, los autores infieren el flujo de CO2 entre la Tierra y la atmósfera para una región determinada. Estas mediciones de CO2 atmosférico sirven más para estimar flujos de carbono a grandes escalas, por eso las limitaciones que mencionan los propios autores para países de menor superficie”, explicó a Chequeado Virginia Vilariño, una de las autoras del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).
El comunicado de prensa del estudio incluye un mapa que muestra las emisiones y absorciones netas medias (promedio) de dióxido de carbono de 2015 a 2020. Los países en los que se eliminó más dióxido de carbono del que se emitió aparecen como depresiones verdes, mientras que los países con mayores emisiones son de color naranja o rojo.
En el caso de la Argentina, se encuentra en color verde. Esto significa que el consumo de combustibles fósiles y la actividad industrial emitieron en ese tiempo menos CO2 de lo que los sistemas naturales remueven de la atmósfera. “Pero no se puede atribuir ese cambio en el stock de carbono a un sector económico o actividad particular, ya que depende no sólo de tierras bajo manejo sino sobre todo de ecosistemas naturales (bosques, selvas, pastizales, ríos, lagos, etc), los cuales no pueden asociarse discrecionalmente a una actividad productiva en particular”, sostuvo Vilariño, licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad del Salvador (USAL).
Sin embargo, las desinformaciones circulantes concluyen erróneamente que “el balance positivo (color verde) es debido a la captura de carbono en las tierras de pastoreo”, cuando -como señaló Vilariño- el stock de carbono estimado en el estudio incluye tierras bajo manejo y tierras no manejadas (ecosistemas naturales).
“Aunque en algunos países de América del Sur se observa un aumento de las reservas de carbono terrestre, no es posible atribuirlo específicamente a los pastos utilizados para alimentar al ganado”, explicó a este medio Byrne, autor principal del estudio.
Y agregó: “En el documento afirmamos que existe una absorción neta en algunos países cuando se suman todos los ecosistemas, pero no estimamos las contribuciones de los distintos ecosistemas dentro de un mismo país ni atribuimos la absorción en un ecosistema concreto a factores específicos”.
Además, la investigación solo incluye emisiones de CO2, no toma en cuenta ni el metano (CH4) ni el óxido nitroso (N2O), que son los gases de efecto invernadero más relevantes de la actividad ganadera. Por lo tanto, es falso que la NASA haya derrumbado el mito sobre las vacas argentinas o demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina el ambiente como afirman las publicaciones virales.

Un poco de contexto
De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en 2018 (último dato disponible) el sector ganadero contribuyó con un 18% de las emisiones de dióxido de carbono, principalmente a través del metano que se genera durante la digestión (fermentación entérica) de bovinos y el óxido nitroso de la excreta de pasturas de bovino de carne.
Desde el sector ganadero vienen abogando porque se revisen las metodologías utilizadas para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina y se contabilice a favor el carbono capturado en praderas y pastizales. Sin embargo, los ambientalistas denuncian que la estrategia de compensar las emisiones de ganado con la absorción por pastizales es un caso típico de lobby del sector para no asumir sus responsabilidades.
.

Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

Fecha de Publicación: 03/03/2023
Fuente: ONU
Provincia/Región: Nacional


“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.
Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.
De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones
“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.
El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.
Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.
En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.
“Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero
La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que “las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero” y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.
Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.
Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, enfatizaron.
La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
.

Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


“La agenda ambiental también debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a través de la exportación.
El resultado puede verse detrás de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos ecosistemas.
Además, y por tercer año consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia, extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2500 millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y conservación de los espacios y recursos naturales.

Lo malo: tierra quemada y una ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás: la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario —segunda ciudad argentina por número de habitantes— quedó envuelta en gruesas nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control. “Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
El 10 de noviembre se logró un consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.

Lo preocupante: proyectos económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de los yaguaretés como algo virtuoso pero hay representantes de sectores que no vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco.
Los discursos favorables a una transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019, último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado están las polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda proseguir en instancias superiores. El área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias porque una de ellas —la Kirchner— se encuentra parada ya que hubo un error de cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario. Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá con la represa”, señala Nemenmann.

Lo peor: la eterna marginación de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir) con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona. A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la “usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Con diferentes características según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas: “El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo, cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”, apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser diferente.

Lo reiterativo: la deforestación que no cesa
El último dato oficial conocido este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o “amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300 000 hectáreas de bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque; la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una prioridad.

Lo bueno: más áreas protegidas y reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la conservación en Argentina.
“La realidad es que en los últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y cultural”, señala Granato.
Más de 300 especies de aves se reúnen cada verano en Ansenuza, un lago endorreico situado en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Su acceso al grado máximo de protección ambiental está directamente ligado a la ampliación en 8000 hectáreas del Parque Nacional Aconquija, ubicado casi 800 kilómetros al norte, en Tucumán, ya que en sus cerros nacen varios de los cauces que forman la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente de Ansenuza.
También el Parque Nacional Pre-Delta, en la provincia de Entre Ríos, aumentó su tamaño al añadir una barranca que ayuda a conformar corredores biológicos que permiten comunicar especies de flora y fauna de diferentes regiones ecosistémicas como la chaqueña y la selva misionera. A corto plazo se espera la aprobación de la Laguna del Palmar, junto al río Paraguay en la provincia del Chaco, como nueva área protegida; y la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los dos yaguaretés que distintas cámaras-trampa lograron captar en el norte del Chaco fueron a su vez la gran sorpresa del año. Con una estimación de apenas unos 15 ejemplares en toda la región, la aparición de estos individuos alienta la esperanza de aumentar la presencia del tigre americano en una zona donde su papel como depredador tope resulta indispensable para el equilibrio de la biomasa.
El hallazgo del primer nido de águila viuda (Spizaetus melanoleucus) en un área protegida de Misiones; y el registro en el Parque Nacional Iguazú de un ejemplar de ala rojiza (Myiozetetes cayanensis), ave cuyo límite sur de distribución estaba hasta la fecha situado en Brasil, se suman al apartado de buenas noticias en cuanto a conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la presentación de la primera Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras fue celebrada como un acontecimiento para quienes se dedican a combatirlas. “De norte a sur tenemos especies exóticas; empezando por el ligustro en Jujuy que empobrece la selva y le quita recursos a los pueblos indígenas hasta Tierra del Fuego, donde nos encontramos con la problemática ambiental y económica del castor y el visón americano”, señala Sergio Zalba, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración de la estrategia.
.