Santa Fe. Ejecutivo rechaza loteo en área inundable

 

Nuevo rechazo para el loteo en área inundable

Fecha de Publicación:09/01/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


El decreto que pone fin al expediente administrativo considera que el proyecto inmobiliario lesiona una zona de reserva ambiental y tendría un impacto negativo.
El gobierno de Santa Fe dio un paso definitivo en el conflicto por el barrio cerrado Damfield, ubicado en la ciudad de Funes, al rechazar formalmente la revocatoria administrativa presentada por la desarrolladora Davik SA contra la clausura de las obras. La decisión, adoptada mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, ratifica la postura provincial y consolida el cierre del expediente administrativo, con el respaldo explícito de la Justicia rosarina.
El decreto, fechado el 30 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial, “rechaza por improcedente” el planteo de los empresarios, que había sido interpuesto en 2024 luego de que el Ejecutivo provincial ordenara la paralización total del emprendimiento. Para el gobierno santafesino, el proyecto inmobiliario es “inviable” por emplazarse en una zona considerada inundable, de reserva ambiental y con potencial impacto negativo sobre áreas urbanas de Funes y Rosario ante eventos de lluvias de gran magnitud.
La resolución administrativa se apoya, además, en la reciente sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Rosario, a cargo de la jueza Susana Gueiler, que rechazó el amparo presentado por la desarrolladora y concluyó que la clausura “no fue arbitraria, sino debidamente fundada”. 
En ese fallo, la magistrada sostuvo que Davik SA “no puede pretender desconocer que no tenía autorización suficiente para el emprendimiento inmobiliario y que el mismo se encontraba supeditado a otras autorizaciones administrativas, fundamentalmente el certificado de aptitud ambiental”.

Los argumentos
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la decisión se enmarca en el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente, tanto a nivel provincial como nacional, y en la aplicación de criterios preventivos.
El decreto subraya que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se entenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”, y enfatiza que la Provincia no puede “eludir sus deberes constitucionales en pos de los bienes colectivos”, que hoy cuentan con estatus constitucional y forman parte de políticas públicas.
El conflicto se agravó en los últimos meses por la comercialización de lotes que realizó la desarrolladora sin contar con la autorización definitiva para avanzar con el barrio cerrado.
Esa situación generó tensiones con inversores y compradores, ante el incumplimiento de los plazos de entrega originalmente anunciados. En ese contexto, el futbolista Denis Rodríguez presentó una denuncia penal por presunta estafa, causa que se encuentra bajo análisis del fiscal provincial Ramiro González Raggio.
Con el rechazo de la revocatoria, el expediente administrativo quedó cerrado, lo que deja a Davik SA sin una vía de resolución inmediata.
La empresa aún podría recurrir al fuero Contencioso Administrativo si decide insistir con el proyecto original, aunque desde la Provincia advierten que no existe una salida de corto plazo. 
En paralelo, la sentencia judicial es de primera instancia y puede ser apelada, aunque hasta fines de 2025 no se había presentado ningún recurso, pese a que los plazos continuaban vigentes.
Desde el Ministerio de Obras Públicas provincial fueron categóricos respecto del futuro del emprendimiento. “El proyecto original no tiene factibilidad”, señalaron fuentes oficiales, aunque admitieron que, en su carácter de propietarios de las tierras, los titulares podrían readecuar el uso del suelo.
Según estimaciones que circulan en la Casa Gris, la superficie habilitable para viviendas permanentes no superaría entre el 3 y el 5 por ciento del total del predio. También descartaron de plano la posibilidad de una modificación legislativa que beneficie a Damfield para concretar el barrio cerrado tal como fue concebido.

Otra posición
La posición provincial contrastó con las declaraciones del intendente de Funes, Roly Santacroce, quien cuestionó con dureza la clausura y defendió la continuidad del emprendimiento. “Los ingenieros ya lo dijeron y presentaron certificados que confirman que el lugar no se inunda”, afirmó el jefe comunal, y apuntó directamente contra el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich. “Para mí es un irresponsable”, dijo, al responsabilizarlo por frenar “más de 60 emprendimientos en toda Santa Fe”.
Santacroce sostuvo que, de existir riesgos en otras zonas, “será el Estado provincial o nacional el que deba encarar las obras de infraestructura necesarias”, y planteó interrogantes sobre la previsibilidad para la inversión privada. “¿Qué seguridad jurídica tiene la Argentina si mañana cambia el gobierno y te cambian todas las reglas del juego?”, se preguntó.
Las declaraciones del intendente generaron respuestas en el ámbito político local. El concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Ignacio Rímini, expresó su preocupación por “la liviandad con la que el Ejecutivo municipal aborda la seguridad hídrica de la región”.
“Hay una ambición por avanzar en negocios de toda índole que poco tiene que ver con las necesidades de los vecinos”, afirmó.
El edil recordó que la potestad de aprobación hídrica y ambiental corresponde a la Provincia y que esas normativas “son garantías de seguridad, no simples obstáculos”, y pidió priorizar la calidad de vida y la protección de residentes e inversores.
Con el decreto firmado y el aval judicial, el gobierno provincial cerró filas en torno al rechazo de la revocatoria y dejó firme la clausura de Damfield, consolidando una decisión que coloca el eje en la prevención ambiental y en la autoridad provincial sobre el ordenamiento territorial y la seguridad hídrica..
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