Jujuy: el viento Zonda superó los 130 km/h y provocó graves incendios y destrozos

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy


Con ráfagas inéditas en las últimas tres décadas, el fenómeno causó voladuras de techos y llamas. Hay más de 5.000 usuarios sin energía eléctrica.Un violento temporal de viento Zonda azota a la provincia de Jujuy, con ráfagas que superaron los 130 kilómetros por hora. El fenómeno provocó graves daños materiales, cortes masivos de suministro eléctrico y múltiples incendios forestales en diversos puntos del territorio jujeño.
Ante la magnitud del evento, calificado por las autoridades locales como el más intenso de los últimos 30 años, se conformó de urgencia un Comité Operativo de Emergencia (COE).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo vigente una alerta naranja, advirtiendo que el área de alta cordillera se vio afectada por vientos del oeste con velocidades constantes de entre 80 y 100 km/h.

Incendios forestales y alerta meteorológica
La combinación de las ráfagas, la baja humedad y vegetación seca generó un escenario propicio para la rápida propagación de focos ígneos en distintas localidades. Las autoridades reportaron que el fuego avanzó rápidamente debido a la intensidad del viento, complicando las tareas de contención.
El Gobierno provincial unificó los recursos de diversos ministerios, cuerpos de bomberos y cuadrillas municipales.
El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, detalló que se trabaja para "blindar los servicios esenciales y coordinar directamente con intendentes para garantizar la operatividad hospitalaria y el abastecimiento de agua". Este último recurso se vio comprometido por los apagones generales registrados en la región.

Cortes de luz y falta de agua
La Secretaría de Energía de Jujuy intimó a la empresa distribuidora Ejesa a reforzar sus cuadrillas, dado que más de 5.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico. Los cortes afectaron principalmente a barrios de la capital como Alto Comedero, Coronel Arias, Bajo La Viña y Villa Jardín de Reyes.
Por su parte, Agua Potable de Jujuy activó grupos electrógenos para sostener el funcionamiento de las estaciones de bombeo clave ante la falta de red eléctrica. El vocal primero del organismo, Luis Jure, confirmó el despliegue de camiones cisterna en las zonas donde el abastecimiento se interrumpió totalmente.

Operativo sanitario y asistencia social
En el plano sanitario, el ministro de Salud, José Manzur, confirmó que todos los hospitales de la provincia mantienen su funcionamiento pleno pese a las inclemencias. Se dispuso un seguimiento especial para pacientes electrodependientes a través del sistema Same, que mantiene respuesta permanente.
En cuanto a la asistencia directa, el secretario de Desarrollo Integral, Rodolfo Nieto, anunció el inicio de un relevamiento casa por casa. Esta tarea busca identificar las necesidades urgentes de las familias que sufrieron, entre otros daños, la voladura de los techos de sus viviendas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano indicaron que el relevamiento permitirá cuantificar los daños materiales y coordinar la entrega de materiales de construcción y asistencia social. Los equipos técnicos priorizarán a las familias que han quedado en situación de mayor vulnerabilidad tras el paso del Zonda. 
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Alertan sobre la sequía y contaminación en Laguna de Pozuelos

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Jujuy Al Momento
Provincia/Región: Jujuy


En el marco del Día de la Minería, comunidades indígenas realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua, recurso que consideran está siendo agotado por los proyectos extractivos.
Este jueves 7 de mayo se recordó el Día de la Minería. En la Puna jujeña, lejos de haber celebración, comunidades originarias realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua. 
 Kuntur Vargas, docente y comunicador indígena, conversó con Radio 2 e hizo referencia a la problemática poniendo especial foco en la Laguna de Pozuelos (Rinconada).
Enfatizó en que presenta niveles de sequía inéditos para esta época del año.
“ En pleno mayo, la laguna muestra un aspecto seco que habitualmente solo se veía en los meses de sequía extrema, de septiembre a noviembre ”, señaló.
Dijo que se ha observado un comportamiento inusual en aves como la parina o la guayata, que están abandonando la laguna para buscar agua en otras regiones, lo que indica una ruptura en su ciclo natural.
Desde la perspectiva de los pueblos originarios, el uso intensivo de agua por parte de la minería (Mina Chinchillas, Aguilar y, especialmente, el litio en Susques) afecta a toda la región. “En comunidades como El Cóndor, donde antes bastaba con recoger agua de superficie, ahora los pobladores deben excavar hasta un metro para encontrarla, y en los meses secos el recurso desaparece por completo”, alertó.
Vargas sostiene que las consultoras presentan estudios genéricos que minimizan el daño real y aseguran que no habrá modificaciones en el ecosistema, algo que la realidad contradice.
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Amparo contra la minería en Palma Sola

Fecha de Publicación: 24/04/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La acción es contra el Estado de Jujuy y la empresa Mom Mining, que explota cobre en las Serranías de Santa Bárbara. Los habitantes de Palma Sola aseguran que hubo irregularidades en el proceso de autorización de la mina, que el proyecto se emplaza en una zona de bosque nativo protegido y que nunca fueron consultados ni informados del emprendimiento. 
El 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, un grupo de vecinas y vecinos de la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara de la provincia de Jujuy, presentó una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado provincial jujeño por “las graves irregularidades en la autorización del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, de la empresa Mom Mining SRL (MOM), de capitales jujeños, contra la que también va el amparo.
La acción, ante el Juzgado Ambiental de Jujuy, es impulsada por 13 vecinos y vecinas pertenecientes a distintos sectores: campesinado, docentes, trabajadores de la salud, comerciantes y jubilados. Todos coinciden en que dependen del bosque, el agua y la tierra para su vida, su cultura y su subsistencia.
Todos estos bienes serían afectados por el proyecto minero, que se ubica en una zona de alta biodiversidad y bosques nativos protegidos, en los que “ya se han constatado desmontes, daños a cursos de agua y afectación de especies en peligro, con impactos actuales y potencialmente irreversibles”.
Además de la afectación ambiental, vecinos y vecinas denunciaron que “las autorizaciones fueron otorgadas con graves irregularidades, sin participación ciudadana real, sin audiencias públicas y con información incompleta o desactualizada”.
Asimismo, en el amparo, con representación de las abogadas Samanta Jimena Delgado y María José Castillo, se planteó la inconstitucionalidad de los decretos 5772/2010 (de reglamentación de la ley general de ambiente de Jujuy) y 7551/2023 (que derogó al primero) “por limitar el acceso a la información y la participación en decisiones ambientales”.
El amparo sostiene además que "la naturaleza debe ser reconocida como sujeto de derechos, lo que implica su protección integral frente a actividades que la destruyen". Y solicita como medida urgente, cautelar, la "suspensión inmediata del proyecto, la prohibición de desmontes y la protección efectiva del ambiente“.
La acción judicial fue el resultado de un largo proceso iniciado a finales de 2025, cuando los habitantes de Palma Sola advirtieron que se estaba instalando una planta de lavado de minerales en el barrio Agua Negra de ese pueblo. La preocupación por la posibilidad de que las sustancias químicas que se usan para la lixiviación afectara su salud les llevó a indagar más y así se enteraron de que desde 2013 estaba en marcha un proyecto minero en su propio territorio, contó a Salta/12 Vanesa Méndez, una de las amparistas.
Vanesa dijo que hasta entonces creían que era una ripiera. En 2020 comenzaron a ver camiones cargados con lo que creían que era ripio, pero después supieron que “era roca que llevaban a Chile para lavarla”.
Vanesa resumió en una frase la cuestión central sobre la explotación minera: “Nosotros no recibimos ningún beneficio y nos perjudica”.
El proyecto minero se encuentra a unos 25 kilómetros de Palma Sola, en las Serranías de Santa Bárbara, un cerro sagrado para los palmasoleños, porque de él se nutren de agua. A su pie, en el paraje Siete Aguas, hay una comunidad criolla dedicada a la cría de animales y la agricultura.

“Ese cerro nos da la vida”
Después de varios reclamos, en diciembre del año pasado directivos de Mom Mining participaron de dos reuniones en el Consorcio de Riego. Varios vecinos y vecinas mostraron su bronca.
“No metan mano en ese cerro porque es el que nos da la vida. La fuente de trabajo está generada por ese cerro que nos da el agua, que nos da la vida”, sostuvo una vecina que también tuvo reproches para el jefe comunal, Francisco Baquera, que había hablado de beneficios a través de las regalías: “No necesitamos regalías”, concluyó la vecina tras mencionar los dones del cerro, que permite el trabajo y el sustento.
Méndez dijo que los directivos afirmaron que estaba todo en regla y que iban a dar trabajo en la zona.
Ante la insistencia de las vecinas y vecinos el municipio constituyó una Mesa del Cobre, en cuyo marco hubo nuevas reuniones con directivos de la minera, de las que participaron funcionarios de las áreas de Minería y Ambiente de la provincia. Finalmente, la empresa desistió de instalar su planta de lavado en el barrio Agua Negra. Pero ya la atención se había fijado también en la mina. 
“(Los directivos de MOM) dijeron que venían a ayudarnos, que querían ser buenos vecinos”, contó Vanesa antes de señalar que rápidamente surgieron contradicciones. Mencionó dos: los representantes de la firma aseguraron que no iban a usar ácido sulfúrico pero en un escrito que les entregó la misma empresa afirma que los minerales serán lavados con esta sustancia química; los directivos dijeron que el emprendimiento iba a generar 162 puestos de trabajo, pero en el escrito se habla de solo 16.
La búsqueda de información y su difusión se topó con otras barreras. El único medio de comunicación local, la radio, es del municipio y al principio negó a los vecinos la posibilidad de hablar en ella. Entonces recurrieron a la vieja práctica de la visita casa por casa, así reunieron más de mil firmas en un escrito en el que reclamaron que les dieran explicaciones sobre el proyecto minero.

Un proceso irregular
Después de mucho andar, las vecinas y vecinos pudieron acceder al expediente administrativo del proyecto minero, y advirtieron irregularidades en el procedimiento de evaluación ambiental, sostiene el amparo.
La presentación judicial asegura que las resoluciones administrativas 125/2021 y 89/2024, de la Dirección Provincial de Minería, que autorizan la puesta en marcha del proyecto Martín Bronce, “son contrarias al régimen de protección del bosque nativo y han sido dictadas sin cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana exigidos por la normativa ambiental", por lo que pidieron “se dicte la nulidad absoluta e insanable” de ambas resoluciones y de las demás decisiones administrativas derivadas de ellas.
Sobre el pedido de que se dicte una medida de no innovar, en el amparo se destaca que ya el “daño ambiental resulta notorio, y el peligro de su agravamiento y profundización es actual e inminente, en razón de las actividades extractivas que se llevan adelante en el marco del proyecto”.
Es que esas actividades se desarrollan “en una zona boscosa de particular fragilidad ecológica”, lo que surge de los propios informes de impacto ambiental presentados por la empresa y que “ha sido expresamente reconocida por la provincia de Jujuy al aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que categoriza las áreas involucradas como de alto y mediano valor de conservación (categorías I y II)”.
Asimismo, en el amparo se advierte que “resulta imperiosa la adopción de medidas de protección reforzada en favor de los amparistas, en atención a su condición de población en situación de vulnerabilidad” porque residen “en proximidad inmediata al emprendimiento minero cuestionado, circunstancia que los expone de manera directa a los riesgos e impactos ambientales derivados de dicha actividad”.
Se señala también que el Acuerdo de Escazú, adoptado por el país, “impone a los Estados la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa del ambiente, adoptando medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar amenazas, hostigamientos o cualquier tipo de riesgo en su contra”. Como confirmando esta aseveración, anteayer el conductor de una camioneta de la minera chocó al marido de una de las amparistas. Si bien el hombre está fuera de peligro, el hecho será denunciado en el Juzgado Ambiental.

Un proyecto en expansión
En el amparo se afirma además que el proyecto de explotación a cielo abierto de cobre “pretendía en un primer momento abarcar 27 has, con explotación directa de 8 has”. El informe de impacto ambiental se hizo sobre esta propuesta original.
Pero “el área efectivamente intervenida se ha ampliado de manera notoria, alcanzando actualmente miles de hectáreas y localizándose en zonas categorizadas como roja y amarilla" en el OTBN.
Además, el proyecto obtuvo factibilidad “únicamente respecto de 2,7 hectáreas, lo que evidencia una significativa discrepancia entre lo autorizado y lo ejecutado".
Y en ninguna de las etapas de aprobación se garantizó el “acceso previo a la información, ni se promovieron mecanismos efectivos de consulta y participación, tales como la realización de audiencias públicas”. Además, el proyecto se sitúa en una zona de bosque nativo de alto y mediano valor de conservación.
Los amparistas afirman que en este marco, estas actividades extractivas “configuran, en rigor, un supuesto de ilegalidad, en tanto se ejecutan en abierta contradicción con las limitaciones y prohibiciones establecidas para la protección de dichos bosques nativos”. En efecto, el artículo 14 de la ley 26.331 establece que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo ) y II (amarillo)”.
Esta región fitogeográfica próxima al ecosistema de las Yungas integra el Gran Chaco, de elevada biodiversidad. En el amparo se afirma que el “área involucrada constituye uno de los últimos remanentes de bosque nativo que aseguran la conectividad ecológica entre las Yungas" y la ecorregión chaqueña.
El área alberga “una notable diversidad de flora y fauna representativa”, y también “reviste una importancia estratégica para la protección de cuencas hídricas”.
En su portal web, el grupo Mom Mining se presenta como “una empresa minera jujeña enfocada en el desarrollo, exploración, potenciación y operación de proyectos mineros" e informa que surgió en 2020 para “la puesta en marcha de la Mina Martín Bronce”.
La firma detalla que forma parte del Grupo Villanueva, constituido por las empresas Villanueva e Hijos, Valerza, Briomodo, Imanta, Propay y Villanueva Servicios Mineros, y que actualmente “cuenta con tres proyectos mineros radicados en la provincia de Jujuy: Martín Bronce, La Auxiliadora y Lupe”. Estos dos últimos son yacimientos de oro aluvional. Además, generó “un Joint Venture (una asociación temporal) con la Planta Serranías ubicada en Iquique", Chile.
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Fallo ejemplificador en defensa de la fauna silvestre en Jujuy

Fecha de Publicación: 14/04/2026
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy


El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático acompañó el proceso judicial y anticipa que avanzará como querellante en causas que afecten a la fauna silvestre.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que continuará con las acciones legales correspondientes para hacer efectivas las multas por daño ambiental a los responsables condenados por el Juzgado Ambiental a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de caza furtiva de animales de la fauna silvestre. La sentencia fue homologada el 7 de abril de 2026 por la jueza Laura Flores, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.
Durante el proceso, el Ministerio realizó un seguimiento permanente del caso y participó activamente en las audiencias, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa vigente y gracias al trabajo articulado entre el Ministerio, el juzgado ambiental y el MPA. En representación del organismo estuvieron presentes la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguz; la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, y el asesor legal Héctor Núñez, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la ley.
Como parte de la condena, además de la pena impuesta, se establecieron medidas de reparación que incluyen la donación de insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas, así como aportes económicos destinados a acciones de comunicación para la concientización sobre la protección de las vicuñas, que serán implementadas por el Ministerio.

Protección con sustento legal
La protección de la vicuña se encuentra respaldada por un sólido marco normativo a nivel internacional, nacional y provincial. Instrumentos como el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña y la Convención CITES establecen su resguardo y regulan estrictamente su aprovechamiento. A nivel nacional, la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley General del Ambiente N° 25.675 prohíben la caza ilegal y establecen principios de prevención y responsabilidad ambiental. En la provincia, las leyes N° 3014 y N° 5634 consolidan la protección de la especie, permitiendo únicamente su aprovechamiento sustentable mediante esquila en vivo (chakus) y prohibiendo de manera expresa la caza furtiva. 
En este sentido, desde el Ministerio destacaron que la vicuña no solo es una especie protegida, sino también un componente clave de los ecosistemas altoandinos y de las economías comunitarias que, a través de prácticas ancestrales y sostenibles, desarrollan su aprovechamiento sin poner en riesgo su conservación. Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy adelantó que participará como querellante en causas vinculadas a delitos ambientales que afecten la biodiversidad. Esta decisión busca fortalecer el rol del Estado en la defensa del patrimonio natural de todos los jujeños y garantizar que este tipo de delitos no queden impunes.
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El "guardián de los cerros" está de vuelta: confirman la presencia del oso andino en Jujuy

Fecha de Publicación: 10/03/2026
Fuente: Portal SomosJujuy
Provincia/Región: Jujuy


El registro se logró en las selvas de montaña tras intensas tareas de monitoreo. Su aparición es un indicador clave de la salud de nuestros bosques y reabre el debate sobre la conservación del monte nativo
El registro se logró en las selvas de montaña tras intensas tareas de monitoreo. Su aparición es un indicador clave de la salud de nuestros bosques y reabre el debate sobre la conservación del monte nativo
En medio de la agenda informativa diaria, una noticia invita a los jujeños a mirar con orgullo y responsabilidad hacia nuestra biodiversidad: se confirmó oficialmente la presencia del oso andino (Tremarctos ornatus) en territorio provincial. Se trata del único oso nativo de Sudamérica y un habitante histórico de nuestras yungas que se creía casi desaparecido.
El hallazgo se produjo en zonas de selva de montaña y monte nativo gracias a cámaras trampa instaladas para el monitoreo ambiental. Debido a que es un animal sumamente esquivo y solitario, captar su imagen en estado silvestre es considerado por los especialistas como un hito para la fauna argentina.

¿Por qué su presencia es una "joya" para Jujuy?
El oso andino, también conocido como Jukumari en la cultura regional, es lo que los biólogos llaman una "especie paraguas". Su supervivencia requiere de grandes extensiones de bosque conservado, alimento natural y fuentes de agua limpia.
Su aparición en Jujuy no es casualidad:
- Equilibrio ecológico: Su presencia garantiza que el ecosistema todavía mantiene un equilibrio real.
- Reforestador natural: Al alimentarse de frutos y recorrer largas distancias, el oso dispersa semillas, cumpliendo un rol vital en la regeneración de nuestros bosques.
- Valor cultural: Para las comunidades andinas, el Jukumari es símbolo de fuerza y un nexo espiritual con la naturaleza y el territorio.

El debate por la protección del monte
Más allá de la alegría por el registro, la noticia enciende las alarmas sobre el estado actual de nuestro ambiente. La confirmación del oso obliga a poner en agenda temas sensibles para la provincia:
- Control de desmontes: La pérdida de hábitat es la principal amenaza para esta especie.
- Planificación productiva: Cómo integrar la actividad humana sin invadir los corredores biológicos necesarios para su movimiento.
- Agenda pública: La necesidad de políticas de conservación que no queden solo en el papel, sino que protejan los rincones de biodiversidad que aún le quedan a Jujuy.
"Si el oso nunca se fue del todo es porque el monte todavía tiene vida", señalan los expertos. El desafío ahora es asegurar que, dentro de unas décadas, el Jukumari siga siendo el dueño de nuestros cerros y no solo un recuerdo en una fotografía de monitoreo.
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Preocupación en el norte: se intensifican los incendios forestales en Salta y Jujuy

Fecha de Publicación: 09/10/2025
Fuente: Portal TendendiaDeNoticias
Provincia/Región: NOA


Equipos especializados del Servicio Nacional de Manejo del Fuego trabajan para contener los focos ígneos que afectan las zonas de Hipólito Yrigoyen y Orán. Las provincias del norte intensifican los operativos terrestres y aéreos ante el avance del fuego.
Tras varios días de incendios forestales en el norte de Salta, se desplegaron nuevos recursos humanos y técnicos para contener las llamas que avanzan entre Hipólito Yrigoyen y Orán, a lo largo de la Ruta Nacional 50. En el operativo participan brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), enviados desde Misiones y San Luis, junto a personal de la Dirección General de Defensa Civil Salta, encabezada por Gonzalo Rodríguez.
Los equipos de la Brigada NEA, con base en Apóstoles (Misiones), y de la Brigada Nacional Centro, procedente de San Luis, trabajan coordinadamente en tareas de control y enfriamiento del terreno. Además, el Gobierno de Saltainformó que se utilizan máquinas topadoras para abrir caminos y detener el avance del fuego en zonas de difícil acceso.
El operativo terrestre se refuerza con apoyo aéreo del SNMF, que desplegó dos aeronaves, una de ellas hidrante y otra destinada a reconocimiento aéreo. Estas acciones permiten monitorear el comportamiento del fuego y optimizar los esfuerzos para su extinción. Paralelamente, la Subsecretaría de Defensa Civil pidió a la población evitar fogatas, quema de basura o pastizales y descartar colillas de cigarrillos, prácticas que podrían generar nuevos focos. Ante cualquier emergencia, se solicita reportar los incendios al Sistema de Emergencia 911.
En Jujuy, la situación también genera preocupación. Según datos de los Bomberos de la Provincia, en un solo día se llegaron a registrar entre 15 y 20 focos ígneos, principalmente en la zona del Ramal y en Perico. En la capital, San Salvador de Jujuy, los incendios se concentran en terrenos baldíos y márgenes del río, donde vecinos realizan quemas sin tomar precauciones. El oficial inspector Mauro Cortez advirtió que muchos incendios surgen por exceso de confianza de la gente al no contar con agua para controlarlos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo hasta el 4 de octubre una advertencia por peligro extremo y muy alto de incendios forestales, especialmente durante el fin de semana, cuando todo el territorio jujeño estuvo bajo alerta roja.
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Un plan oficial pone en duda la incidencia de nuevos desmontes sobre el hábital del yaguareté 

Fecha de Publicación: 08/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas prevé acciones conjuntas de distintas organizaciones y las provincias de Salta y Jujuy con el objetivo de aumentar la cantidad de ejemplares en la región, seriamente afectada por la actividad humana. 
A través de la resolución 635, la Secretaría de Ambiente de la provincia aprobó el Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas. El contenido de este Plan, publicado en el Boletín Oficial, genera dudas respecto de la incidencia que puedan tener las autorizaciones de desmontes o de planes de manejo de ganado bajo monte que propone el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El Plan establece la meta y las acciones para llegar a ella, con un plazo de 5 años y una revisión posterior respecto de lo actuado en ese tiempo. Su base surge del “Plan de conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas”, de 2015, a cargo de Pablo Perovic, cuyo alcance fue de 5 años. En el mismo Plan se incluye el Estatuto para el Funcionamiento de la Subcomisión Yungueña para la conservación del yaguareté (SYCY).
El Plan original se revisó en 2022, y según el análisis realizado, el cumplimiento de distintos indicadores variaba entre un 4 y un 77 por ciento. “Las que menos se cumplieron son las estrategias de acción respecto del fortalecimiento del sistema legal y de control relacionado tanto al yaguareté como a sus presas”, indica el trabajo publicado.
Otra de las observaciones fueron el escaso financiamiento para ejecución del plan, la gestión insuficiente y l necesidad de mayor compromiso para la búsqueda y asignación de recursos. A ello añadieron que los “cambios de autoridades y prioridades políticas impidieron la continuidad”.
En el diagnóstico se sostiene la necesidad de “no modificar los AEC (Atributos Ecológicos Clave) del yaguareté y sus indicadores”.
El reciente OTBN pone en potencial posibilidad de deforestación más de 700 mil hectáreas, y en otras 5 millones permite realizar el llamado Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), que es la cría de ganado bajo monte.
Este diario pudo conocer que el gobierno salteño ya comenzó a convocar a audiencias públicas para el cambio de uso de suelos. 
Especialistas indicaron que “el problema del OTBN en Salta es que resigna mucha de la conectividad ecológica entre las Yungas y el Chaco como un eje prioritario de conservación”. Sostuvieron que “al no contemplar los posibles corredores de bosques (…), se termina resignando a que poblaciones de especies amenazadas, como el yaguareté, queden aisladas en bloques fragmentados de bosque. Esta desconexión no solo aumenta el riesgo de extinción local por pérdida de flujo génico y reducción del área vital disponible, sino que también compromete la viabilidad a largo plazo de las poblaciones en ambas ecorregiones”.
Es así que entendieron que, en lugar de ser una herramienta estratégica para garantizar la integridad ecológica del paisaje, el nuevo OTBN “termina consolidando un modelo de conservación fragmentada que contradice los objetivos de preservar la funcionalidad de los ecosistemas y asegurar la supervivencia de especies de gran valor ecológico y cultural”.
No obstante, afirmaron que la aprobación de este Plan en el que se espera el trabajo conjunto de Salta y Jujuy y organismos nacionales como la Administración de Parques Nacionales (APN), “es alentador”, dado que “genera un compromiso de trabajo por la especie”.
El nuevo ordenamiento ya se encuentra cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en un recurso de amparo presentado por la organización ambientalista Greenpeace que apunta a conservar el hábitat en el que se desarrolla la especie, que se encuentra en peligro de extinción.

Menos de 100 ejemplares
El diagnóstico del Plan indica la existencia de una “situación preocupante para la especie, evaluada a través de 8 atributos ecológicos clave (AEC) del yaguareté”.
Se estima que el hábitat de la especie en las Yungas argentinas cubre 1.259.256 hectáreas, con un total de 1.812.958 hectáreas identificadas como hábitat potencial disponible.
“Con base a estimaciones probabilísticas de densidad, se calculó una abundancia de entre 48 y 94 individuos en las Yungas argentinas”, se sostiene en el diagnóstico, en el que se advierte que son valores “aproximados” y “podrían carecer de rigor estadístico, por lo que se recomienda precaución en su uso hasta que nuevos estudios los corroboran”.
Las principales amenazas incluyen la transformación del uso de suelo, la construcción y operación de infraestructuras lineales, los incendios, la caza asociada a la actividad ganadera y la falta de una visión sistémica en la gestión de la especie y su hábitat.
Añade que del análisis surge que los atributos ecológicos clave del yaguareté “se encuentran deteriorados o degradados (62 por ciento)". Y señala: "La perspectiva a futuro depende de la implementación más efectiva de las acciones de conservación, que pueden incrementar las condiciones actuales en un 70 por ciento. De no implementarse, podrían bajar a un 25 por ciento (muy degradado)”.
El diagnóstico destaca que la especie hoy está extinguida en Tucumán y Catamarca, por lo que el área de ocupación actual en las Yungas se restringe a Jujuy y Salta. “A pesar de la drástica reducción poblacional de la especie, la población de las yungas argentinas fue identificada como una unidad de conservación de jaguares, y considerada entre las de mayor prioridad de conservación”, agrega. 

Desmontes, incendios e infraestructura
El Plan indica que entre 2006 y 2011 se desmontaron 47.920 hectáreas de Yungas en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, mientras que en la actualidad más de 700 mil hectáreas de Yungas se han transformado. “Particularmente son preocupantes los desmontes en las áreas de contacto de las yungas con bosques chaqueños que han disminuido notablemente la conectividad entre estas dos ecorregiones en Argentina”.
Añade que, si bien bajó la cantidad de desmontes desde la existencia de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, continúa el “escaso control por parte del Estado”. “El desmonte no planificado se realiza sin considerar la existencia de corredores biológicos que permitan el desplazamiento y ciclos de vida de la fauna silvestre. La pérdida del hábitat boscoso afecta de manera directa al yaguareté porque elimina su hábitat y el de sus presas, aumenta la fragmentación del bosque, el riesgo de caza y atropellamientos”, sostiene. 
La pérdida del hábitat “provocó el aislamiento reciente entre las poblaciones del yaguareté en las Yungas y Chaco, y se encuentra próximo, si es que ya no ocurrió, a generar la fragmentación de la misma población yungueña en la provincia en la porción de Orán-Iruya y las Serranías de Tartagal”.
En cuanto a la Infraestructura, añade que, en las Yungas “es muy importante la red de canales para el traslado del agua para riego de cultivos”. El recurso que surge de áreas protegidas se destina “al riego de cultivos en gran parte por privados”. La cuestión es que la red de canales “de extensas longitudes interrumpe la continuidad del bosque, actuando como una barrera que afecta el desplazamiento de algunas especies y como una trampa mortal cuando caen en ellos, por intentar cruzar o utilizarlos como abrevadero”.
El diagnóstico apunta a la cacería, dado que en la ecorregión la actividad ganadera es realizada extensivamente o “bajo monte”, incluso dentro de áreas protegidas. Como consecuencia, es frecuente la depredación del ganado por parte del yaguareté, “lo que trae aparejado la persecución y la cacería del felino, tanto en represalia por las pérdidas económicas generadas, como también realizada de manera preventiva o por miedo, dado que la ven como una amenaza para sus vidas”. 
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La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a Jujuy y a dos petroleras por la contaminación del Parque Nacional Calilegua

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Jujuy


El máximo tribunal ordenó implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo. “Nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras”, destacaron desde Greenpeace.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos empresas a ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental generado por la actividad petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua. La causa había sido impulsada por vecinos del área protegida.
El máximo tribunal sentenció “a la Provincia de Jujuy, a las sociedades Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal (J.H. S.A.U.) a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento Caimancito y del pozo Ca.e3 ubicado en el área CNO-4 Río Colorado, que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030.”
El fallo además condenó “al Estado Nacional a responder solidariamente en la efectiva implementación y ejecución del plan” y determinó que “la Administración de Parques Nacionales deberá supervisar la implementación y ejecución”.

“Graves pasivos ambientales”
En diciembre de 2015, la legislatura jujeña anuló las concesiones hidrocarburíferas otorgadas dentro del área protegida, en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por su parte, Greenpeace comenzó una campaña que realizó varias protestas y logró el apoyo de más de 270 mil personas.
En 2018, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales, en acuerdo con el gobierno de Jujuy, suspendió la afección del área del Yacimiento Caimancito, hasta tanto se realice su remediación ambiental, lo que favoreció a las petroleras. En 2019, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo ante la Corte Suprema para que se declare su inconstitucionalidad y nulidad. La acción buscó así impedir la desafectación arbitraria de 1.000 hectáreas del área protegida.
“El Parque Nacional Calilegua protege uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina, como lo es la Selva de Yungas, concentra la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Este fallo de la Corte Suprema nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras y remediados los daños ocasionados”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Con respecto a la decisión de la Corte consideró que “se trata de un fallo histórico que por fin resolverá algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo junto a guardaparques, vecinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales”.
“Es absurdo, ilegal y peligroso que haya petroleras operando dentro de un Parque Nacional, esperamos que se remedien los graves pasivos ambientales”, concluyó.
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Conceden uso de agua en la puna jujeña para la minería sin importar la falta o disminución -

Fecha de Publicación: 08/02/2025
Fuente: Portal JujuyDice
Provincia/Región: Jujuy


La empresa Sales de Jujuy descubrió agua subterránea, por lo que solicitó a la Dirección de Recursos Hídricos su concesión, la cual será permanente por 40 años. De ocurrir faltante en la cuenca, el ente no se hará responsable
El litio se ha convertido en la principal amenaza para las comunidades indígenas de la puna jujeña para su forma de vida ante el uso excesivo del agua y así quedó manifiesto en una reciente resolución que concede por 40 años el uso de este elemento vital a Sales de Jujuy.
La empresa asentada en Olaroz descubrió aguas subterráneas sobre la cuenca del Río Rosario, por lo cual presentó un recurso ante la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia para obtener así un permiso del agua, el cual fue aprobado.
Con apenas 5 artículos, la normativa establece condiciones muy favorables para la empresa, aún cuando ello implique el faltante del agua.
Según señala el art 1, se otorga a Sales de Jujuy la “Concesión Permanente del uso de agua para la etapa de Explotación de 160 Its/seg. de la Cuenca Rio Rosario y 35 lts/seg. del Pozo WSE-01, ubicado en la misma cuenca para el Proyecto Olaroz, ubicado en el departamento de Susques de la Provincia de Jujuy, por el termino de 40 años por motivos expuestos en los considerandos”.
Como único limitante se dispuso que el manejo del agua de formas no autorizadas permitirán la quita de la concesión, aunque no se impondrá ninguna sanción.
Pese a la importancia que tiene esta cuenca en la conservación de los humedales de la puna, la Dirección de Recursos Hídricos estableció que “no será responsable por la falta o disminución del caudal de agua expresado en la concesión, por causas naturales”, tal como indica el art 3 de la resolución 454, garantizando así la impunidad de funcionarios.
El acto administrativo data de mayo de mayo de 2023, un año antes de la polémica presentación de la Mesa del Agua en la cual participa la denunciada empresa israelí Mekorot. Allí, nuevamente se negó la participación de las comunidades indígenas que reclaman saber qué implica este acuerdo entre la compañía, el CFI -Consejo Federal de Inversiones- y el gobierno jujeño, que solo indicó que se trata de un Plan Maestro Hídrico con el objetivo de planificar de forma integral los recursos hídricos de la provincia, desde la gestión de la oferta y la demanda hídrica, la optimización de la disponibilidad del recurso, entre otros puntos. Sin detalles, tampoco se sabe si la concesión a Sales de Jujuy será alcanzada por este plan hídrico.
La importancia del Río Rosario es vital para la puna, el mismo nace en el departamento de Rinconada, sigue un curso de norte a sur y, después de un recorrido aproximado de 80 km, desemboca en el Salar de Olaroz. Al igual que todos los ríos de la zona, estos proporcionan agua para la población y la crianza de su ganado y el cultivo de plantas forrajeras adaptadas a estas regiones áridas y de clima riguroso.
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Campesinos denuncian presiones para desalojarlos en Jujuy

Fecha de Publicación: 10/12/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


Familias campesinas próximas al río San Francisco dentro del departamento San Pedro se encuentran al borde del desarraigo por presión del grupo cañero que adquirió el Ingenio La Esperanza en 2019.
"La gente de afuera cree que en Jujuy las comunidades o el campesinado sólo pelea contra el avance de la minería. No es verdad, porque en las Yungas también peleamos, aunque contra el avance de los desmontes y el uso de agrotóxicos", sintetizó María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy.
González integra una de las familias campesinas que ven peligrar su fuente de subsistencia, ante el avance del propietario registral cañero que comenzó este año a desmontar -con el aval del gobierno jujeño- sobre un catastro de su propiedad con diez mil hectáreas de bosque nativo.
Este fin de semana esa familia denunció nuevamente que los actuales propietarios del ex Ingenio La Esperanza continúan desconociendo sus "derechos posesorios ancestrales y desmontan los territorios donde vivimos y producimos nuestros alimentos". En un comunicado que lleva su firma, González denunció que la firma Productora del Noroeste SA (que integra el Grupo Budeguer) persiste destruyendo el bosque. "Luego queman los árboles añejos que destruyeron con cadenas y máquinas", lamentó. "El fuego llega luego hasta nuestra casa y nos pone en peligro", continuó. "La justicia y la policía son cómplices porque sin orden formal, nos impiden ingresar a nuestras viviendas", agregó
"En nuestro caso, reclamamos la posesión por 41 hectáreas y media", explicó a Salta/12. Contó que su tatarabuelo, Ausalón González, "vivió aquí desde 1906". "Con los anteriores propietarios -la familia Leach- nunca tuvimos inconvenientes. Pero llegaron los nuevos dueños y comenzaron los problemas con cada una de las familias que vivimos aquí ancestralmente", insistió. Después enumeró que "han avanzado contra los potreros (con bosque nativo) de la familia de Amanda Molina, los Salvatierra, la familia Anzoátegui".
Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la firma cañera tucumana transcurrieron entre  julio y agosto pasado, pero no fueron exitosas. "Ahora nos dicen que volveríamos a sentarnos, pero ya destruyeron todos nuestros cultivos", lamentó la campesina jujeña, "y tampoco tenemos donde mantener a nuestros animales". A mediados de año, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Jujuy también alertó sobre el accionar de la subsidiaria del Grupo Budeguer que avanzaba con desmontes en ese territorio, "quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado". De hecho, las imágenes satelitales de esos meses documentaron columnas de humo que, por varios días, emanaban del catastro donde se encuentran familias campesinas, como la de González.
El relato de desalojo y destrucción -que incluye al bosque nativo y su hábitat biológico- concuerda con las imágenes satelitales de 2023 y 2024. Al menos hasta fines de noviembre de este año la empresa ya había desmontado un tercio de las diez mil hectáreas del catastro D-6355. El catastro donde habitan campesinos jujeños se encuentra al este del río San Francisco, dentro del municipio La Esperanza y en el departamento San Pedro de Jujuy. El paraje donde está la familia González se llama Los Arrozales.
En las capturas satelitales de 2023 el verde uniforme correspondía al bosque nativo que solamente se abría en forma aislada por pequeños puntos que correspondían a las viviendas del puñado de puesteros campesinos que hoy reclaman por su posesión ancestral. En el caso de la familia González, demanda la posesión de una parcela de 41 hectáreas y media, en la que ha vivido por generaciones desde principios de siglo XX.
El viernes último "en la mañana nos rodearon con fuego", contó a este diario la referente del Movimiento Campesino. "El humo llegó hasta la casa de mis padres, que tienen 60 años y entraron en pánico cuando vieron el fuego a sólo 5 metros de la vivienda que es de madera", precisó.
González comentó que llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y, en su accionar, puso en peligro la vivienda. "Nos dijeron que si bien la empresa tenía permiso para quemar, evidentemente debía tomar recaudos para no quemar los puestos", relató.  
Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la empresa, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros y puesteras. "Enviamos personal a verificar, que informó que el fuego estaba controlado y el puesto (de la familia González) no corría peligro", respondió a Salta/12 el jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez.
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Mercados de carbono. Jujuy fortalece las capacidades técnicas locales para luchar contra el cambio climático

Fecha de Publicación: 19/09/2024
Fuente: Gobierno de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy


Del programa participan técnicos de las áreas de ambiente, infraestructura, transporte, energía, entre otros.
Inició el “Programa de desarrollo de capacidades en mercados de carbono”, destinado a fortalecer los conocimientos del personal técnico de la provincia de Jujuy, en vistas a identificar proyectos que puedan aplicar en los financiamientos de bonos de carbono. El Programa está a cargo de la Desarrolladora Internacional Allcot e Yvelines (Francia). De la apertura participó la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, junto a la directora de Cambio Climático, Rosario Boggione. Además, estuvieron también Daniel Kaufman (CITEPA, Francia), y Nuria Zanzottera y Juan Alberto Acosta, de Allcot.
Durante su intervención, la ministra destacó la importancia de los bonos de carbono como mecanismo de obtención de recursos para la mitigación y adaptación al cambio climático y de compensación por los aportes que los estados nacionales y subnacionales hacen en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Agradeció a la desarrolladora de proyectos Allcot por el acompañamiento y asistencia que viene prestando a Jujuy, y dijo además que “con este proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas locales buscamos también priorizar el portafolio de proyectos en la provincia, acompañado la generación de capacidades locales y transferencia de conocimiento que permita posteriormente estructuración de iniciativas de mitigación al cambio climático”.
La capacitación se llevará adelante durante 4 sesiones virtuales, en el mes de septiembre, y está dirigida a agentes de la administración pública de las áreas de gestión de energía, producción, transporte, ambiente, industria y residuos, que fueron previamente invitados a participar. Todos, técnicos de sectores del Estado Provincial que gestionan, administran, y aportan datos numéricos y específicos para el inventario provincial de GEI; y con los cuales también se pueden identificar potenciales mercados de carbono.
Entre los conceptos que se abordarán están: conceptos generales de cambio climático, emisiones de carbono, huella de carbono y compensación; tipos de proyectos de mitigación del cambio climático; ciclo de vida y etapas de implementación de proyectos de carbono. Además, ¿qué son y cómo funcionan los Mercados de Carbono?; mercados regulados (CORSIA y los Artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París); mercados voluntarios. Por último, precios y mecanismos de comercialización, partes interesadas, integridad y beneficios de los proyectos de carbono; entre otros.
Cabe destacar finalmente que, en el marco del Programa, el equipo de la dirección de Cambio Climático presentará el Plan Provincial de Mitigación y Adaptación, aprobado técnicamente por Nación. Jujuy es una de las tres provincias argentinas que cuenta con el Plan convalidado, y que avanza sostenidamente en la planificación de estrategias de lucha contra el cambio climático, en el marco de la política Jujuy Verde y Sostenible.
Entre los principales expositores del Programa, se cuentan: Nuria Zanzottera, ingeniera química especializada en Gestión Ambiental, con 20 años de experiencia trabajando en sostenibilidad y cambio climático; también Juan Alberto Acosta, ingeniero forestal, con formación docente y pedagógica en concurrencia de licenciatura en Física y Química, maestría en gestión del Desarrollo Socio-Territorial.
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Ambientalistas piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy - Política

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Organizaciones ambientales, de derechos humanos piden la insconstitucionalidad del decreto 7751/23, además de una serie de incumplimiento de la provincia que hacen a derechos indígenas y ambientales .
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 7751/2023, el cual regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia.
Además en la Corte Suprema de Nación, hay un expediente que iniciaron las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que demandan al estado provincial de Jujuy y Salta, demanda que marca un precedente para evitar que los recursos naturales y las comunidades sufran daños irreparables.
El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en la provincia.
La provincia no garantiza  un abordaje integral de la cuenca, la ausencia de información y  la necesidad de protección y conservación del ambiente y del agua ante los potenciales efectos adversos de la minería de litio, los derechos ambientales y humanos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para que sus territorios y modos de vida no se conviertan en una nueva zona de sacrificio en la disputa geopolítica por el litio.
El decreto cuestionado vulnera los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas como al consentimiento libre, previo e informado, ya que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas -sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT-, o con el aval de un gobierno que aún no ha reconocido los territorios comunitarios.
Excluye del proceso a comunidades que también habitan en la misma cuenca hídrica y pueden verse afectadas por posibles impactos de los proyectos.
Bajo este mecanismo, el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de Mina Agonic (operada por la empresa minera Lition Energy, subsidiaria de la empresa Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, perteneciente a su vez a China National Offshore Oil Corporation y a Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo que despertó graves conflictos en el territorio.
La situación derivó en la judicialización de la autorización por comunidades afectadas por el proyecto; por no haber sido admitidas en el proceso de aprobación, pese a sus reiterados reclamos en ese sentido.
Además de estas irregularidades, se pudo constatar con especialistas, el uso de GPS y en presencia de escribana, la empresa instaló un campamento en territorio de la comunidad aborigen El Angosto Distrito Moreno, una de las comunidades que se opone al avance de la minería y a la que se prohibió participar del proceso de discusión de evaluación del proyecto. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia negaron que el territorio de la comunidad esté en la zona de concesión, a pesar de que la constatación en campo demuestra lo contrario.
A su vez, el decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial. Por lo tanto, se cercena la posibilidad del desarrollo de un debate público y que las observaciones presentadas sean debidamente tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un claro retroceso a los derechos adquiridos.
El decreto tampoco incorpora herramientas clave para la protección del ambiente, como la realización de estudios de impacto ambiental acumulativo, fundamental para medir los daños reales que puede ocasionar la minería del litio en ecosistemas como los humedales andinos, en los que la interconexión del agua hace necesario analizar el impacto de todos los proyectos que existen y/o se proyectan en la cuenca, en conjunción con los usos de agua pre-existentes de las comunidades. La Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo “Guitian”, reconoció la necesidad de realizar este tipo de estudios para prevenir el daño en los salares al constatar daños irreversibles provocados por la minería del litio, y suspendió el otorgamiento de nuevos permisos.
La adecuada reglamentación de la protección ambiental en la actividad minera y respeto de los derechos humanos resulta trascendental, máxime ante los elevados impactos ambientales que puede provocar. Los daños serán irreversibles en los territorios, en el acceso al agua principalmente afectando las formas de vida de comunidades indígenas que mantienen un vínculo armónico con el entorno desde tiempos ancestrales.
La provincia de Jujuy adhirió de manera parcial y reciente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual da privilegios por 30 años a grandes empresas inversoras, beneficio adicional a los otorgados por la Ley 24.196 a las empresas mineras que les permitiría ampliar la estabilidad fiscal ya concedida, y prioriza a sus proyectos antes que a los argentinos y argentinas en el uso de bienes como el agua. Esto nos debe poner en especial alerta en la defensa y protección de los recursos naturales.
La presentación, realizada tiene fecha de 26 de agosto de 2024, cuenta con las firmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y las comunidades indígenas Santuario de Tres Pozos, El Angosto Distrito Moreno, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, Cianzo, Cochagaste, Casabindo, Tambillos y Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
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Jujuy: desalojos, desmontes e incendios contra campesinos en el Ingenio La Esperanza

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Jujuy (MNCI) expresaron en un comunicado que la destrucción del lugar se hace con el aval del Fiscal Mora y el Ayudante de Fiscal César Díaz.
La familia González es una familia campesina que cría vacas, chivos, chanchos, gallinas, ovejas, caballos y que siembra zapallo, choclos, sandía y hortalizas de hojas verdes. La familia habita la zona desde el año 1906, el primer habitante fue el bisabuelo de don Ernesto, Ausalón González. Desde entonces, se dedican a la producción agroganadera en la zona.
La provincia vendió en 2019 el Ingenio la Esperanza con todos sus habitantes, sin reconocer las numerosas posesiones familiares que había dentro de esas tierras. Desde hace dos meses su nuevo dueño, la empresa Productora del Noroeste SA, en complicidad con la justicia de la provincia y desconociendo los derechos posesorios de esos habitantes campesinos, comenzó a hostigar, violentar y arrinconar a la familia de don Ernesto.
La empresa viene avanzando con desmontes en el territorio, quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado. Intenta despojar a la familia González de la tierra que tradicionalmente ocupa con sus animales, desconociendo y destruyendo la infraestructura productiva que don Ernesto y sus antepasados habían levantado.
En este contexto, ante la cercanía de los desmontes hacia sus animales, la familia González hizo arreglos de mantenimiento de sus alambrados, lo cual fue aprovechado por la Empresa para denunciarlos penalmente por usurpadores. A partir de esa denuncia y en un tiempo récord, el pasado 11 de julio, el juez González ordenó como medida preventiva el desalojo exprés de la familia, sin derecho a la defensa y sin dejarles presentar las pruebas de sus derechos posesorios que datan de 1906.
En la zona hay más familias campesinas que están siendo hostigados y amenazados por la empresa.
El pedido del MNCI es “basta de despojar y atropellar a los humildes del campo”, que se solidarizan con la familia González y acompañan la defensa de la propiedad.
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El tren solar hizo su primer viaje

Fecha de Publicación: 21/06/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


Se puso en marcha luego de la suspensión de ayer. El ministro de Turismo Federico Posadas dijo que esperan que para el 9 de julio esté en funcionamiento la estación Tilcara.
Por fin el tren solar se puso en marcha en Jujuy. El ansiado viaje inaugural se realizó esta mañana  a las 8, tras la reprogramación del día de ayer.
Desde el Ente Autárquico informaron que los viajes se harán desde las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 20.
"Los tickets pueden adquirirse a través de la página web www.trensolar.com.ar y de forma presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas en la capital jujeña y en Tumbaya, Volcán, Maimará y Purmamarca, es decir, en cualquiera de las estaciones del Tren solar", informó Juan Carlos Cabrera, presidente del Ente Autárquico del Tren Solar de la Quebrada.
Cabrera dijo que “a medida que vayan pasado los días seguramente habrá mayor demanda. Junto a la publicidad esto cada vez se hará más conocido así como los demás espacios como el Lola Mora en la capital y otros lugares”.
En tanto, el ministro de turismo Federico Posadas se mostró positivo en cuanto a las expectativas de cara al fin de semana extralargo. “Hay reservas pero en comparación con años anteriores podemos decir que las reservas son medias bajas. Hay que decir que a comparación de otros años el turista está afectado por la crisis”.
Los precios de los tickets son diferenciados para residentes locales y visitantes, tanto nacionales como extranjeros.
$40.000 para turistas nacionales y extranjeros,
$25.000 para turistas jubilados y pensionados
$10.000 para los jujeños y residentes en la provincia
El titular de la cartera de turismo dijo que esperan que para el 9 de julio la estación Tilcara ya esté en funcionamiento, “ya se hizo el traspaso de la vía por la ruta y faltan ultimar algunos detalles como al boletería y la estación”, dijo.
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En Salinas Grandes, una porción de la Puna resiste el desembarco de la minería del litio

Fecha de Publicación: 11/06/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Jujuy - Salta
 

En el territorio que se extiende alrededor de la cuenca de este gran salar que comparten las provincia de Salta y Jujuy, un bloque de comunidades logró frenar durante los últimos 14 años gran parte del avance de las mineras que pretenden extraer el “oro blanco”. La oposición al litio unió a las poblaciones kollas y demostró que están dispuestas a defender el ambiente que habitan.
Aquello que las Salinas Grandes y su cuenca significan para los defensores ambientales y comunidades de la Puna jujeña puede resumirse en pocas palabras. Madre. Agua. Trabajo. Prosperidad. Sagrada. Historia. Sal. Patrimonio. Fuente de vida. Admiración.  
Este salar, considerado una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, está en disputa. Desde 2010, unas 38 comunidades indígenas se oponen a la explotación del litio en esta cuenca endorreica compartida por las provincias de Jujuy y Salta. elDiarioAR viajó a la región junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un recorrido por algunas de las comunidades que habitan alrededor del salar financiado por la ONG ambientalista.
A pesar de las demandas judiciales, la intervención de la Corte Suprema de la Nación y los reclamos a las gobernaciones y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), los proyectos siguen en marcha. Los habitantes de este territorio salado, de este oasis en el desierto, han visto cómo la minería del litio penetró en los últimos meses, logrando el consenso de al menos tres comunidades de aquel bloque originario que se opuso a la exploración y explotación del mineral considerado el “oro blanco”.
En Jujuy se siente el miedo. Fue difícil hallar voces en alto sobre el conflicto por las salinas y el litio en febrero de 2024, en el contexto de las detenciones de Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas, acusados de los delitos de “lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género y de tornar incierta la identidad de un menor de diez años”, tras twittear sobre la esposa del exgobernador Gerardo Morales.
Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc ubicada en el departamento Tumbaya, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi. Flores, uno de los defensores ambientales de este territorio, es de los pocos que accede a dar su nombre para esta nota.
Cuenta que el conflicto por el litio hizo mucho más que unir a un grupo de 38 comunidades. “Nos ayudó a recuperar nuestra identidad. Si no hubiese nacido esta preocupación, cada comunidad seguía por su lado. Nos ayudó a despertar”, asegura Flores.
El dirigente afirma, además, que las comunidades no están dispuestas a convertir su territorio en una zona de sacrificio para que el Norte Global cumpla con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. “No vamos a destruir toda la naturaleza de la Puna para ‘salvar al mundo’ con autos eléctricos”, asevera. Para Flores, las salinas son fuente de vida y patrimonio, no de litio para las baterías de los vehículos de los países más ricos.

El salar  
Salinas Grandes es mucho más que un salar. Aquí se extiende una cuenca endorreica, cerrada, que no sólo es fuente de litio. Es fuente de agua y de sal. También de trabajo. Pero no del que intentan imponer las mineras y la gobernación. Aquí funciona la economía comunitaria, una forma distinta de organización que implementan algunas de las comunidades indígenas. Santuario de Tres Pozos es una de ellas, ubicada a 145 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de subir la Cuesta de Lipán y a pocos kilómetros del gran salar.
El turismo en las Salinas Grandes se organiza por sectores: algunas comunidades, las más cercanas y organizadas, ocupan diferentes porciones del salar para su explotación turística. Trabajan por turnos, en general día de por medio, y los jóvenes son capacitados por la propia comunidad para ejercer como guías. Las ganancias se dividen entre salarios e ingresos comunitarios, explica uno de los 40 guías de Santuario de Tres Pozos que recibe a los turistas a la vera del salar, donde proliferan los carteles contra el litio y la minería. Prefiere que su nombre no figure en esta nota.
Su madre es vendedora en un puesto de artesanías de sal en las salinas desde hace unos tres años y afirma que sus hijos deben “ocupar el territorio”, en el sentido más amplio de la frase: volver a los orígenes de su comunidad, el pastoreo de llamas y cabras, la agricultura. A estar en la tierra que las mineras tanto codician y que la mayoría de las comunidades se niega, por ahora, a ceder. Para la mujer, las salinas son fuente de trabajo. Pide anonimato.
Otra guía turística y exdirigente indígena proveniente de la comunidad San Miguel de Colorados también solicita resguardar su identidad. Ha disputado durante años contra el litio y la llegada de las mineras a las salinas. Para ella, las salinas son sagradas, un “regalo del Padre celestial”. Cree que las comunidades de Salinas Grandes deben mantenerse unidas y organizadas para seguir frenando el avance silencioso de la minería del litio. José Luis, uno de sus colegas, coincide y asegura: “El litio es pan para hoy y hambre para mañana”.
Este gran salar también es fuente de trabajo para una histórica cooperativa de sal, fundada por dirigentes indígenas de Santuario de Tres Pozos. Salinas Grandes es prosperidad. Uno de los trabajadores más antiguos lleva unos 30 años viviendo de esta actividad. “Salinas Grandes es historia, es una madre”, dice. Aquí trabajan distintas generaciones extrayendo la sal para usos industriales, consumo animal y humano. El último año hubo pocas lluvias y eso repercutirá en la producción de sal de arrastre —utilizada para industrias como la producción de papel—, asegura el trabajador, que pide resguardar su nombre. La posibilidad de que las mineras comiencen a utilizar el agua de la cuenca para la explotación de litio es una amenaza a su fuente de trabajo. Sin agua, no hay sal de arrastre.
El gobierno jujeño concesionó varias áreas de Salinas Grandes a las mineras y dos de ellas ya se encuentran trabajando en la zona: Litica (de Pluspetrol) y Lithion Energy (antes conocida como Lithos y propiedad de Pan American Energy). Ambas empresas consiguieron el aval de tres comunidades (Lipán, Sausalito y Quera y Agua Caliente) para comenzar la búsqueda de litio en las salinas en sus territorios comunitarios. En estos tres pueblos de la cuenca de Salinas Grandes, una parte de la población decidió abrirse del bloque y acordar por separado con las empresas y el gobierno de Jujuy. Pulso Ambiental se comunicó con la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y con el Ministerio de Ambiente de la provincia para conocer su posición sobre el conflicto con las comunidades pero no recibió respuesta.
Iber Sarapura tiene 24 años y vive en la comunidad de Alfarcito, un pueblo kolla del territorio de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc que debe su nombre al cultivo de alfalfa. Se encuentra ubicado a unos 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3.363 metros sobre el nivel del mar.
“Para mí, la cuenca es admiración”, enfatiza. Admiración por la organización que las comunidades han demostrado en los últimos 14 años. “Hay un espacio que demostró lucha y resistencia, que pudo demostrar que las comunidades sí nos podemos organizar, sí podemos luchar, sí podemos resistir. Y sí podemos decir ‘no’ cuando nos están atropellando, cuando quieren violar derechos, cuando nos quieren matar”, afirmó.
“El litio es muerte”, afirma Sarapura. “Lo único que hace es asegurarnos que el día de mañana no tengamos agua”.
En Alfarcito, la población no quiere trabajo de las mineras. Tiene su propia economía comunitaria: un criadero de truchas, producción de tejidos, posadas turísticas, cría de llamas y ovejas. “Aquí vivimos bien, no necesitamos más”, asegura.
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Provincias argentinas se unen para impulsar la economía verde

Fecha de Publicación: 25/04/2024
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Nacional


Participan las provincias de Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Jujuy. En representación de la Provincia de Córdoba participó y firmó la Ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.
La Alianza Verde Argentina (AVA) es un reflejo del creciente rol de los estados subnacionales como catalizadores de la acción climática.
Cada una de las provincias firmantes se comprometen en abordar los desafíos ambientales y climáticos que atraviesa la región y el país, trabajando coordinadamente para favorecer el cumplimiento de las metas para las contribuciones determinadas a nivel nacional.
Esta coalición de gobiernos, compuesta en primera instancia por las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Entre Ríos, tiene como objetivo sentar las bases para un futuro más sostenible y resiliente para los pueblos de quienes la conforman, con cooperación interprovincial en la implementación de políticas ambientales y climáticas correspondientes.
En un marco solidario, y abierto a las provincias que quieran incorporarse, se busca implementar políticas y proyectos innovadores que promuevan la sostenibilidad ambiental, la conservación de los recursos naturales y una respuesta adecuada al cambio climático en sus respectivas regiones.
Ante el escenario climático global, surge la importancia de sentar en las mesas de diálogo de los foros internacionales, a los gobiernos subnacionales.
Esto pondrá el foco en su participación de las negociaciones; y unidos en dedicarle especial atención a priorizar la puesta en valor de los servicios ambientales en los mercados globales.
Además, las partes se comprometen a compartir conocimientos, experiencias y llevar a cabo acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, como ser: uso de energías limpias y renovables, planificación del uso del suelo potenciando los sectores agrícolas, fortalecer la gestión de riesgo climático en las provincias, conservación de ecosistemas nativos, biodiversidad, entre otros.
También a impulsar el desarrollo social, educativo y económico, promoviendo la innovación tecnológica, turismo ecológico, gestión de residuos y economía circular.
Potenciar la educación ambiental a través de la sensibilización y promoción activa de todos los ciudadanos fortaleciendo la implementación de la Ley Nacional n° 27.621, de Educación Ambiental Integral, y n° 27.592 -conocida como ley Yolanda- para la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para las personas que se desempeñen en la función pública.
Al respecto, la ministra Victoria Flores, quien suscribió la incorporación de Córdoba a esta alianza, expresó: “Ante la realidad del cambio climático en el mundo la salida de esta situación es colectiva, por eso en el día de la tierra y desde el interior aparece esta alianza para trabajar en conjunto por nuestra casa común”.
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Áreas Protegidas. 24 mil hectáreas serán destinadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable local

Fecha de Publicación: 04/03/2024
Fuente: Gobierno de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy


La Finca Las Lauras, ubicada en San Juan de Dios, departamento San Pedro, se convertirá en un Área Protegida, a partir de la donación gestionada por la Fundación Banco de Bosques y la participación de fondos de origen alemán que originalmente adquirieron las tierras.
La Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, recibió a Emiliano Ezcurra, Director de la Fundación Banco de Bosques, con quien dialogó sobre la donación de 24 mil hectáreas pertenecientes a la Finca Las Lauras, que se incorporarían a un Plan de Conservación cuya gestión será evaluada y estudiada en profundidad por todos los equipos técnicos. Esto en el marco de un proyecto que incluye además la certificación del stock de carbono para su posterior comercialización. De la reunión participaron la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; la Directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana; y por la Fundación, Darío Rodríguez, Director de campañas.
En ese marco, la titular de la cartera ambiental junto con el director de la ONG y sus respectivos equipos, conversaron sobre algunos aspectos de la incorporación del área que tiene un enorme valor ambiental y una gran riqueza en términos de biodiversidad y ecosistémica. Al respecto, explicaron que la superficie se caracteriza por una transición entre el bosque de Yungas y el Chaco Seco.
Zigarán celebró la iniciativa, agradeció a los donantes que adquirieron las tierras y las cedieron para garantizar la protección y conservación, y ponderó que “esto significa la posibilidad de ampliar la superficie bajo categoría de conservación, en una provincia que tiene cerca del 40 % de la superficie conservada”. También dijo que la donación y el trabajo que van a iniciar “representa una ampliación en un contexto donde las áreas protegidas juegan un rol muy importante como herramientas para la adaptación y la mitigación al cambio climático”.
Luego de precisar que iniciaron las conversaciones para determinar el sistema de gestión que se aplicará en la Finca Las Lauras y la figura de conservación que caracterizará el modelo de preservación de la zona, dijo: “para nosotros es una oportunidad de crecimiento de las Áreas Protegidas, de áreas de conservación y de desarrollo local para los pueblos que están en la región, a partir de un esquema de trabajo que promueve también el turismo de naturaleza”.
Por su parte, Emiliano Ezcurra, quien visitó la provincia a fines del año pasado para dialogar junto al Gobernador Carlos Sadir, y los titulares del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y de Turismo y Cultura, precisó que la superficie fue adquirida exclusivamente para ser un área protegida.
“Le presentamos a la ministra y su equipo, de manera formal, nuestro proyecto de donación de la propiedad Finca Las Lauras para constituir un área natural protegida. Esto es de una enorme importancia para la conservación de la biodiversidad y para mitigar el cambio climático”, declaró.
Dijo también que se trata de un área que ha sido identificada como de alta importancia porque tiene un rol de protección hídrica muy importante. “Tiene la potencialidad de generar empleo local –agregó-, a partir del desarrollo del eco turismo, y potenciar además actividades de investigación científica y de educación ambiental”.
Por otra parte, los presentes explicaron que también evaluaron la posibilidad de generar un corredor de conservación entre Las Lauras y la Reserva Provincial Las Lancitas.
Finalmente, anticiparon que “existe también la posibilidad de contar con la donación adicional de un millón de dólares provenientes de una ONG internacional, destinada al desarrollo de la infraestructura: sitios de acampe, miradores, senderos, refugios, y capacitación para el desarrollo de mano de obra local y generación de empleo genuino para los habitantes de la zona.
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