Argentina necesita acelerar sus compromisos de biodiversidad hacia 2030, advierte un informe de FARN

En plena COP17, un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales concluye que el país desarrolló herramientas para cumplir las metas globales, pero sin resultados verificables, con financiamiento insuficiente y un informe nacional todavía pendiente.

Mientras en Ereván, Armenia, la COP17 de biodiversidad realiza el primer balance global de los compromisos para frenar la pérdida de naturaleza, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que la Argentina necesita acelerar la implementación de sus metas. El documento, titulado “Metas Mundiales de Biodiversidad a 2030: escenario argentino rumbo a la COP17”, concluye que el país avanzó en el diseño de herramientas, pero todavía no logró resultados verificables en el territorio.
El análisis evalúa cómo avanza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, el instrumento con el que la Argentina traduce a escala nacional los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022 con 23 metas para 2030.

Herramientas sin resultados
Según el informe, se desarrollaron metodologías, procedimientos e instrumentos para avanzar en las metas nacionales, pero esos avances aún no se reflejan en mejoras concretas para los ecosistemas. “El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas”, resumió Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de FARN.
El documento identifica una serie de obstáculos que se repiten: financiamiento insuficiente, capacidades institucionales limitadas, débil coordinación entre la Nación y las provincias y entre los distintos organismos, información pública incompleta y falta de indicadores adecuados para medir el progreso.
Un dato muestra el retraso: el séptimo informe nacional que la Argentina debía presentar ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en febrero de 2026 todavía está pendiente. A nivel global, más del 70% de las 196 Partes del convenio ya entregó ese reporte, según la Secretaría del organismo.

Sin datos sobre la inversión
El informe señala que no existe una cifra oficial que permita conocer cuánto invierte el país en total en la conservación de la biodiversidad, y que los presupuestos públicos no están suficientemente vinculados con las metas de la estrategia nacional. Esa falta de información dificulta evaluar si los recursos alcanzan para cumplir los objetivos.
La restauración de ecosistemas es otro de los puntos críticos. En la Argentina, unas 4,6 millones de hectáreas se encuentran bajo algún proceso de restauración, lo que equivale apenas al 4,6% de la superficie degradada estimada. La meta global establece que al menos el 30% de los ecosistemas degradados esté bajo restauración efectiva en 2030.

El costo de no actuar
La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias económicas. FARN cita un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que advierte que el deterioro de la naturaleza podría reducir el producto interno bruto real de la región en un 3,3% hacia 2030.

Las recomendaciones
Entre sus propuestas, FARN plantea garantizar la continuidad de las políticas de biodiversidad a lo largo del tiempo, fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas, asegurar un financiamiento suficiente y accesible y mejorar el monitoreo de las metas.
La organización también reclama la sanción de una Ley de Humedales, una deuda histórica del Congreso, y advierte sobre la necesidad de evitar retrocesos en la protección ambiental. En ese sentido, pide evaluar los efectos de las reformas de la Ley de Tierras Rurales y de la Ley de Manejo del Fuego sobre los suelos, los ecosistemas y los riesgos asociados al clima. Además, insiste en garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Un examen global
El informe llega en un momento clave. En la COP17, que se extenderá hasta el 30 de octubre, los países revisan por primera vez los avances hacia las metas de 2030, en un contexto en el que menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados en el mundo avanza al ritmo necesario. Las negociaciones giran en torno al financiamiento, la reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza y la llamada hoja de ruta de Ereván, que busca acelerar la implementación.
Para la Argentina, uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas de la región, el diagnóstico de FARN es una señal de alerta: a cuatro años de 2030, las herramientas están, pero los resultados todavía no se ven.


Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Un informe advierte que la agenda ambiental quedó relegada en el Congreso durante 2026

El balance del Círculo de Políticas Ambientales señala que, de las 24 leyes sancionadas hasta septiembre, la de mayor peso ambiental fue la reforma de la Ley de Glaciares, a la que considera un retroceso en la protección.

La agenda ambiental volvió a quedar en un segundo plano en el Congreso de la Nación durante 2026. Así lo advierte el “Balance de actividades en el Congreso” elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que analizó el trabajo legislativo desde el inicio del período ordinario de sesiones hasta septiembre y lo describió como una actividad de “intensidad desigual, fragmentada y con avances limitados”.
En ese lapso, el Poder Legislativo sancionó 24 leyes. Entre ellas, la de mayor impacto ambiental fue también la más cuestionada: la reforma de la Ley de Glaciares, que el informe considera un retroceso en el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

La reforma de la Ley de Glaciares
La modificación de la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, fue sancionada en abril por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en medio de protestas, y promulgada por el Poder Ejecutivo ese mismo mes. La nueva norma limita la protección a los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que tengan una función hídrica “efectiva y relevante”, en lugar de resguardarlos como reservas estratégicas de agua.
Además, traslada a las provincias buena parte del control que antes ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y establece que las actividades industriales y extractivas solo quedarán prohibidas cuando impliquen una “alteración relevante” del ambiente, un concepto que deberá definir cada jurisdicción. Organizaciones ambientales advirtieron que el cambio abre la puerta a la minería en zonas antes protegidas y pone en riesgo el agua de regiones como Cuyo.

Pocos avances
Entre los escasos avances, el informe destaca la ratificación de dos acuerdos internacionales: uno vinculado al Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un problema que afecta especialmente al Mar Argentino.
También menciona que, el 8 de septiembre, tres comisiones del Senado firmaron un dictamen conjunto sobre mercados de carbono, aunque el tema todavía no llegó al recinto.

Una deuda que se arrastra
El diagnóstico no es nuevo. En sus balances anteriores, el CPA ya había señalado que el Congreso no sancionó ninguna ley ambiental en 2024, salvo una declaración de emergencia por los incendios en Córdoba, y que en la primera mitad de 2025 tampoco se aprobó ninguna. En aquel momento, la directora de la organización, María Eugenia Testa, advirtió que nunca habían visto tan poca actividad en las comisiones.

Los temas pendientes
El informe enumera una larga lista de cuestiones que siguen sin tratamiento. Entre ellas figuran la transición energética, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, la eficiencia energética, la gestión de envases, la prevención de incendios forestales y la trazabilidad de la actividad pesquera. También señala la posible discusión del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar, que busca proteger los océanos más allá de las aguas territoriales.
El otro gran desafío será el Presupuesto Nacional 2027, que definirá cuántos recursos tendrán la conservación de áreas protegidas, el combate de incendios, la transición energética y los organismos de control ambiental.

Un escenario con nuevas discusiones
Mientras tanto, otros debates con fuerte impacto ambiental comenzaron a moverse en las últimas semanas. En el Senado, un plenario de comisiones empezará a analizar proyectos para regular el cierre de minas, y en Diputados avanza el tratamiento de la reforma del régimen de biocombustibles y la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
El balance del CPA expone una paradoja: mientras la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se aceleran, con inundaciones, sequías e incendios cada vez más frecuentes en el país, la agenda ambiental sigue relegada en el Congreso, donde las pocas leyes aprobadas en la materia apuntaron más a flexibilizar protecciones que a reforzarlas.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Congreso de la Nación Argentina.

Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

El Presupuesto 2027 asigna solo el 4% de lo que fija la Ley de Bosques para el monte nativo

Según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el proyecto oficial destina $24.668 millones al fondo de la Ley 26.331, cuando por ley deberían ser más de $606.000 millones: el equivalente a unos 39 pesos mensuales por hectárea.

Treinta y nueve pesos por mes. Esa es la cifra que, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Estado destinaría a la protección de cada hectárea de bosque nativo del país. El cálculo surge de un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que advierte que la partida prevista para el fondo creado por la Ley de Bosques representa apenas el 4,07% de lo que la norma establece.
El proyecto enviado al Congreso asigna $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331, ese fondo debería recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2027 equivaldría a unos $606.304 millones. La diferencia supera los $580.000 millones. En términos simples, por cada 100 pesos que la ley ordena destinar a los bosques, el proyecto prevé poco más de cuatro.
La ley prevé, además, que el fondo se integre con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ese componente tampoco aparece reflejado en la asignación.

La cuenta de los 39 pesos
Para dimensionar el recorte, la organización tomó como referencia la superficie de bosque nativo registrada en el último monitoreo disponible: más de 53 millones de hectáreas. Al repartir la partida prevista sobre esa superficie, el resultado es de unos $466 por hectárea por año, es decir, alrededor de $39 por mes.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, con esos montos las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios de tierras no reciben incentivos para usar, conservar o restaurar los bosques de manera sostenible.

Un incumplimiento histórico
El problema no es nuevo. Jaramillo recordó que, salvo en los primeros años de vigencia de la ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondía. El porcentaje previsto para 2027 es, según la organización, uno de los más bajos desde la sanción de la norma, en 2007.
La Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Obliga a las provincias a ordenar sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde, según su valor ambiental) y creó el fondo para compensar a quienes los conservan y fortalecer los controles. Sin recursos, advierte Vida Silvestre, las áreas quemadas o desmontadas ilegalmente no se restauran como exige la ley, y tampoco existe un registro nacional de infractores.

El caso de Misiones
La subejecución se siente con especial fuerza en las provincias con mayor riqueza forestal, como Misiones, que alberga buena parte de la selva paranaense que queda en el país. El antecedente es elocuente. En 2021, al analizar el proyecto de Presupuesto 2022, Vida Silvestre había advertido que la provincia recibiría apenas unos $39 millones para el cuidado de sus bosques. Por ley le correspondían alrededor de $1.300 millones, por lo que la asignación representaba solo el 3% de lo que fijaba la norma.
Por entonces, el fondo nacional tenía asignados poco más de $1.212 millones, un monto que se reparte entre las provincias según distintos criterios, entre ellos la superficie de bosque de cada una. “Venimos pidiendo año tras año que se cumpla la ley de manera correcta”, sostenía Jaramillo en aquel momento.
Cinco años después, el reclamo se repite casi con las mismas palabras, pero en un contexto más exigente. La partida actual vuelve a quedar muy lejos del piso legal mientras la deforestación y los incendios siguen presionando sobre los bosques nativos.

Lo que viene
El proyecto de presupuesto todavía debe ser debatido en el Congreso, donde las organizaciones ambientales buscarán que se recomponga la partida. Para facilitar ese seguimiento, Vida Silvestre reúne datos y análisis sobre la implementación de la ley en su micrositio leydebosques.vidasilvestre.org.ar.
Para la fundación, la discusión excede las cifras: sin recursos para controlar, compensar y restaurar, la Ley de Bosques corre el riesgo de quedar como una norma vigente en el papel, pero sin capacidad real de frenar la pérdida del monte nativo.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Primera Edición, Portal Argentina Forestal, Fundación Vida Silvestre Argentina

La Corte Suprema dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros

El máximo tribunal rechazó una demanda del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata y revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Gobierno a través de un decreto en 2023. La decisión reavivó el rechazo de la oposición y del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Con esa decisión, el máximo tribunal revocó la inconstitucionalidad que había declarado previamente la Cámara Federal de La Plata sobre ese artículo del decreto, y dejó firme, en los hechos, la eliminación de los límites que existían para que extranjeros compraran tierras rurales en el país.

El origen del conflicto judicial
El caso comenzó cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se declarara la inconstitucionalidad y la nulidad de la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que regulaba y limitaba la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. Según planteó la organización, eliminar ese marco de protección facilitaba la extranjerización del territorio y la formación de latifundios, con impacto directo sobre la soberanía nacional y la integridad territorial del país. En primera instancia, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata había rechazado la presentación, por considerar que la entidad de excombatientes no tenía legitimación suficiente para litigar. Pero en marzo de 2024 la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU y ordenó registrar la causa como proceso colectivo, con el argumento de que la soberanía nacional constituye un bien colectivo. El Estado apeló entonces ante la Corte Suprema.

Qué dijo la Corte
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró procedente el recurso del Estado y rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación activa: consideró que no se configuró un "caso" o "controversia" judicial concreta que habilitara la intervención de los tribunales. Según explicó el tribunal, la soberanía territorial es un elemento constitutivo del propio Estado y, por eso, no puede encuadrarse como un "bien colectivo" en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, lo que impide que una asociación civil como el CECIM reclame en su representación. La Corte remarcó, de todos modos, que su decisión se limitó exclusivamente a resolver la falta de legitimación de la parte actora, y aclaró expresamente que no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023 ni interfiere en las facultades del Congreso para tratar la norma.

La reacción de Kicillof y la oposición
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como "el fallo de la infamia" en un mensaje publicado en la red social X. "La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular", escribió, y agregó: "lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial". El gobernador recordó la movilización realizada el 6 de agosto frente al Congreso contra un proyecto impulsado por el Gobierno, denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que buscaba introducir modificaciones sobre la Ley de Tierras y que el Ejecutivo terminó retirando del Senado por no reunir los votos necesarios. "Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros", sostuvo Kicillof, quien cerró su descargo con la consigna "¡Argentina para los argentinos!". Otros referentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda también criticaron el fallo y reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, tal como ya había hecho el Senado. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que, a partir de esta resolución, "Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización", y remarcó que ahora la responsabilidad de revertir la situación queda en manos del Congreso.


Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Diario El Eco de Tandil, Diario La Nueva, Página 12

Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos

Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet que coordinó en el país el proyecto internacional SPRINT sobre presencia de agroquímicos en el ambiente y las personas, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración; el gremio del organismo salió a respaldarla y denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.

Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos en el ambiente. Hoy enfrenta un expediente administrativo que propone su exoneración, la sanción más severa que contempla la normativa de empleo público nacional, y que no implica solo la pérdida de su puesto actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado.

El proyecto que la puso en el centro de la escena
El origen del conflicto se remonta al proyecto SPRINT, una iniciativa internacional aprobada en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que se propuso determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en muestras humanas y ambientales de distintos países. Argentina fue el único país no europeo incluido en ese monitoreo. En el país se incorporaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, entre ellos productores convencionales y agroecológicos, con el objetivo de trabajar luego junto a productores en prácticas que redujeran los impactos y la dependencia de determinados insumos, una segunda etapa que finalmente nunca pudo desarrollarse en el país.

De la censura de 2023 al sumario actual
En junio de 2023, la conducción del INTA prohibió a Aparicio difundir los resultados de sus mediciones: el entonces director nacional del organismo le remitió una nota en la que le prohibía explícitamente presentarlos como investigadora del INTA. Meses más tarde, en diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar todo vínculo institucional con el proyecto internacional. Pese a que en algún momento posterior hubo disculpas ofrecidas desde el propio INTA, el hostigamiento no se redujo sino que, según la denuncia gremial, se incrementó con el paso del tiempo.
El capítulo más reciente de ese proceso es un sumario que propone directamente la exoneración de la investigadora, motivado en el envío a analizar al exterior de las muestras tomadas durante el estudio, un procedimiento que, según explicó la propia Aparicio en instancias anteriores, resultó necesario porque el organismo no cuenta con capacidad para realizar ese tipo de análisis en el país. Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA "casi no les dieron oportunidad de defensa" durante el proceso. La sanción todavía no fue notificada de manera formal, pero tanto Aparicio como su defensa ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si finalmente se confirma la medida.

El respaldo del gremio
Frente a esta situación, la Asociación del Personal del INTA difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y denunció que la investigadora atraviesa un cuadro de persecución, censura y silenciamiento dentro del organismo. "La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional", sostuvo el gremio, que además impulsó una recolección de firmas en su apoyo y reclamó garantías institucionales para el desarrollo de la actividad científica. En una publicación posterior, titulada "Basta de persecución en el INTA", la organización planteó que los resultados del proyecto SPRINT habían sido adversos para la salud pública y, en particular, para el sector productivo, una lectura que -sostuvieron- explicaría buena parte de la resistencia institucional a difundirlos. "No hay ciencia sin libertad para investigar", remarcaron.

El clima interno
Más allá del respaldo gremial, la propia investigadora denunció que sus compañeros de trabajo comenzaron a tomar distancia de ella por temor a sufrir una persecución similar dentro del organismo, algo que graficó con una frase elocuente: "ahora parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". El caso, que ya lleva más de tres años de desarrollo, expone una tensión que excede a esta investigadora en particular: la que existe entre la producción de conocimiento científico independiente sobre el impacto ambiental y sanitario de los agroquímicos, y las presiones institucionales y sectoriales que ese tipo de estudios suele generar dentro de organismos públicos de investigación agropecuaria.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Portal EcoNews Global, Portal Bichos de Campo

Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar en San Juan y la provincia renuncia a cobrarle multas


El megaproyecto minero Vicuña, amparado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, avanza sobre una zona de glaciares en San Juan mediante un acuerdo que exime a la empresa de sanciones ambientales y traslada cualquier disputa a un tribunal arbitral internacional.

El proyecto Vicuña, presentado como la mayor inversión minera de la historia argentina, con un desembolso inicial de 9.700 millones de dólares y una inversión final proyectada de 18.000 millones, ya está en marcha en la Cordillera sanjuanina. Controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, integra los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, y fue uno de los beneficiarios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Ambos yacimientos están situados al límite con Chile, sobre glaciares de escombros y el Glaciar GE110, un cuerpo que estaba protegido por la normativa anterior hasta que una reforma de la Ley de Glaciares limitó ese resguardo.

Un glaciar ya intervenido
Según un informe de impacto socioambiental elaborado por un observatorio que integra a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad Nacional de San Martín, el Glaciar GE110 y su zona periglaciar ya fueron intervenidos por tareas exploratorias y caminos viales asociados a los yacimientos, con el consiguiente riesgo para las reservas de agua dulce y el ecosistema andino. El proyecto contempla además un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de esa área glaciar, según documentó también la organización ambientalista Greenpeace, que impulsó junto a otras entidades una campaña que reunió cerca de 900.000 firmas en menos de dos semanas tras la reforma de la ley. La demanda energética del emprendimiento podría alcanzar los 700 megavatios, más que el consumo de toda la población de San Juan, lo que ya generó disputas con otras mineras por el acceso a una infraestructura eléctrica insuficiente. A esto se suma la preocupación por el consumo masivo de agua propio de la minería de cobre a gran escala sobre cuencas como la del río Jáchal.

El acuerdo con la provincia
Una vez modificada la Ley de Glaciares, el 5 de agosto directivos de Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego firmaron un acta de compromiso, ratificada dos semanas después por la Legislatura sanjuanina con 27 votos a favor y 9 en contra. El texto, de 57 páginas, condiciona cualquier reclamo económico o por daños ambientales, tanto del Estado provincial como del nacional, durante los próximos 71 años. El documento establece un desembolso de 250 millones de dólares en concepto de "daños e impacto ambiental", pero un análisis del economista sanjuanino Hugo Berozzi determinó que esa suma en realidad funciona como un pago único y por adelantado que cubre cualquier concepto de daño ambiental futuro, y que buena parte de ella se destinará a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, obra necesaria para la logística de la propia mina. "La provincia renuncia a imponer cualquier multa o reparación ambiental" adicional durante toda la vida útil del proyecto, advirtió Berozzi.

Regalías congeladas y sin obras compensatorias
El acuerdo también congela las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del emprendimiento, pese a que la normativa nacional habilita a elevarlas hasta el 5% para nuevos proyectos mineros. Esa garantía se extiende a cualquier yacimiento dentro de un radio de 75 kilómetros, lo que abarca más de la mitad del departamento de Iglesia. Al renunciar a ese 2% adicional, la provincia dejaría de percibir un ingreso estimado en 491,2 millones de dólares a valor presente. El pacto elimina además la obligación de construir infraestructura hídrica para restituir el agua consumida en favor de los pobladores de Jáchal e Iglesia, unas 34.000 personas, así como dos proyectos de energías renovables, dos productivos, dos de preservación ambiental y la plantación de 10.000 árboles nativos previstos originalmente como compensación de la huella de carbono. Tampoco se exige contratación de proveedores o mano de obra local si la empresa demuestra que no cumplen requisitos o tienen precios más altos, algo que ya generó polémica luego de que se adjudicara la construcción del campamento modular del proyecto a un consorcio de empresas chinas.

Arbitraje internacional y consecuencias
Uno de los puntos más cuestionados es que la provincia renuncia a juzgar disputas ambientales, tributarias o de fiscalización en tribunales locales o nacionales: toda diferencia se resolverá de forma inapelable ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Según Berozzi, esto entra en conflicto con distintos artículos de la Constitución provincial de San Juan y expone al Estado a riesgos de indemnizaciones millonarias ante laudos adversos. Días después de publicar su informe, el economista fue despedido de su puesto en el área de análisis de riesgo crediticio del Fondo de Garantías de la provincia, donde trabajaba desde hacía seis años, en lo que definió como una decisión vinculada a sus críticas al acuerdo. Un investigador del observatorio que analizó el caso resumió el trasfondo de la operación: "cualquier intento futuro de regular podrá ser respondido con una demanda millonaria" ante ese tribunal internacional.


Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Río Negro

El recorte de personal técnico y de guardaparques compromete la prevención de incendios y la fiscalización en reservas territoriales

Informes sobre gestión de áreas protegidas y biología de la conservación analizan el impacto del desmantelamiento operativo en la resiliencia de los ecosistemas.

Un relevamiento sobre la capacidad institucional de conservación en Argentina advierte sobre una alarmante contracción en la planta de personal de la Administración de Parques Nacionales. La desvinculación y no renovación de contratos que afectó a más de un centenar de trabajadores especializados —entre los que se cuentan brigadistas de incendios, científicos, administrativos de campo y personal territorial de fiscalización— compromete de forma directa el resguardo de millones de hectáreas bajo protección federal. Esta desarticulación de equipos técnicos reduce la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas y deja vulnerables zonas de alto valor biológico frente al avance de la intrusión ilegal y la caza furtiva.

Deterioro operativo, paros de respuesta e incendios forestales
La disminución crítica del personal de campo altera la frecuencia de patrullajes y la capacidad de rápida intervención. La reducción de brigadistas forestales limita las tareas de prevención física durante la temporada de sequía, paralizando la creación de cortafuegos y el mantenimiento de senderos operativos. Asimismo, la falta de personal administrativo y técnico ralentiza los trámites de evaluación de impacto ambiental requeridos para concesiones turísticas y proyectos dentro de las reservas. Esta vacancia funcional debilita la presencia estatal en zonas de frontera ambiental, lo que facilita el ingreso no detectado de especies exóticas invasoras, la tala clandestina de maderas nativas y el asentamiento no planificado en franjas amortiguadoras.
Factores de vulnerabilidad directa derivados del desfinanciamiento institucional:
- Disminución de brigadas contra incendios: Menor cobertura territorial y mayor tiempo de respuesta ante focos ígneos primarios.
- Interrupción de programas de monitoreo de fauna: Suspensión de censos de especies amenazadas y seguimiento fotográfico de depredadores.
- Riesgo en la seguridad de visitantes: Reducción de guardaparques para la atención de emergencias médicas y rescates en zonas agrestes.

Evaluaciones científicas sobre la integridad de las reservas
Estudios coordinados por la Administración de Parques Nacionales (APN), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) concuerdan en que la efectividad de las reservas depende de su capacidad de manejo activo. Las investigaciones señalan que la mera delimitación cartográfica de un parque nacional no garantiza la preservación de su biodiversidad si no se cuenta con la densidad de guardaparques por kilómetro cuadrado recomendada por los estándares internacionales de conservación.

Fortalecimiento institucional para la conservación del patrimonio natural
Garantizar la protección efectiva del sistema nacional de áreas protegidas exige restituir el financiamiento operativo y la estabilidad laboral de los cuerpos técnicos. Preservar la estructura profesional de Parques Nacionales resulta imprescindible para resguardar los servicios ecosistémicos de recarga hídrica, fijación de carbono y conservación de biodiversidad en todo el territorio argentino.


Fecha de Publicación: 18/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal EconomiaSustentable, Administración de Parques Nacionales (APN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
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El Poder Ejecutivo busca llevar tranquilidad al sector agropecuario tras las dudas generadas por la tipificación del delito ambiental


Frente a la contundente preocupación expresada por entidades del campo y productores agropecuarios, el Gobierno nacional aclaró los alcances del proyecto de ley que busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, desmintiendo que las actividades productivas tradicionales vayan a ser criminalizadas de forma arbitraria.

La iniciativa legislativa orientada a tipificar el delito de "ecocidio" e incorporar los crímenes ambientales de gran escala dentro del Código Penal de la República Argentina desencadenó una intensa polémica política e institucional entre el Poder Ejecutivo y las principales cámaras empresarias del sector agroindustrial. Dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y diversas asociaciones de productores expresaron un enérgico rechazo al texto borrador, advirtiendo que la inclusión de figuras legales ambiguas —conocidas doctrinalmente como "leyes penales en blanco"— podría generar un marco de severa inseguridad jurídica para la actividad ganadera y agrícola regular. Ante la escalada del conflicto y el temor empresarial a sanciones penales por prácticas operativas cotidianas, voceros del Gobierno salieron a bajar la tensión, asegurando de forma categórica que la normativa está diseñada exclusivamente para sancionar estragos ambientales dolosos de gran magnitud y que no afectará el desarrollo productivo tradicional.

La controversia jurídica sobre la "ley penal en blanco"
El núcleo central del debate técnico-jurídico radica en la utilización del recurso legislativo de las "leyes penales en blanco", es decir, aquellas normas sustantivas que fijan una sanción o pena pero remiten la definición del comportamiento prohibido a reglamentaciones administrativas variables o a decretos provinciales secundarias. Juristas, penalistas y asesores legales de las entidades del campo sostienen que este mecanismo viola el principio constitucional de legalidad y tipicidad penal, ya que deja a criterio de un funcionario de turno la determinación de qué práctica agrícola (como el uso de fitosanitarios, la quema controlada de pastizales o la limpieza de rodeos) constituye o no un delito ambiental grave. La falta de definiciones taxativas y claras en el proyecto original encendió las alarmas sobre una eventual judicialización masiva de los productores y la discrecionalidad estatal al momento de fiscalizar los predios rurales.
Para desglosar la matriz del desacuerdo entre el sector productivo y los redactores del proyecto, especialistas en derecho ambiental e hídrico señalan los siguientes puntos de fricción institucionales:
- Incertidumbre en los umbrales de daño: La ausencia de parámetros cuantificables y objetivos sobre qué escala de alteración ecosistémica califica como "ecocidio" genera interpretaciones encontradas entre jueces y fiscales.
- Solapamiento con normativas provinciales de ambiente: Las jurisdicciones subnacionales poseen sus propios códigos de faltas y leyes de presupuestos mínimos, lo que podría derivar en una doble penalización o un conflicto de competencias jurisdiccionales.
- Riesgo para las inversiones y el crédito agropecuario: La amenaza de imputaciones penales o embargos cautelares sobre unidades productivas afecta la previsibilidad financiera y el acceso a financiamiento internacional para el sector agroexportador.

La respuesta oficial y los mecanismos de concertación legislativa
Frente al frente de tormenta abierto con el ámbito rural, representantes del Ministerio de Justicia y del área ambiental de la Nación explicaron que la intención de la norma es dotar al Estado argentino de una herramienta penal efectiva para castigar a actores que provoquen desastres ecológicos masivos e irreversibles, tales como incendios intencionales a gran escala para especulación inmobiliaria, vertidos industriales altamente tóxicos en cuencas hídricas interprovinciales o la deforestación ilegal masiva en áreas protegidas por la Ley de Bosques. Desde el Gobierno enfatizaron que el proyecto ingresará a comisiones parlamentarias en el Congreso de la Nación sujeto a modificaciones, abriendo una mesa de diálogo técnico con los representantes de las cadenas bioindustriales para perfeccionar la redacción de los artículos, precisar las definiciones técnicas y garantizar que la ley no interfiera con las buenas prácticas agrícolas ni con la producción sustentable.

El desafío de equilibrar la tutela ambiental con la seguridad jurídica
Este conflicto deja al descubierto la complejidad estructural que enfrenta la Argentina al momento de actualizar su legislación penal en clave ambiental. Mientras que organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho ambiental destacan la urgencia de contar con un capítulo de delitos contra el ambiente para frenar el avance impune de la degradación ecológica, el sector productivo demanda garantías claras de que las leyes no se transformen en herramientas punitivas arbitrarias que desincentiven la inversión. Alcanzar un equilibrio técnico que proteja de manera efectiva los bienes comunes de la Nación sin vulnerar las garantías constitucionales del debido proceso ni atentar contra la competitividad del campo argentino representa uno de los mayores desafíos legislativos para el Congreso en la presente agenda parlamentaria.


Fecha de Publicación: 03/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Sociedad Rural Argentina (SRA), Ministerio de Justicia de la Nación Argentina
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La catástrofe en el Himalaya reaviva con fuerza el reclamo por el control y la protección de los glaciares en Argentina


El colapso de un bloque de hielo colgante y el consecuente desprendimiento de tierras ocurrido recientemente en la región del Everest, en Nepal, no solo conmovió a la comunidad internacional por su saldo de devastación material y pérdidas humanas, sino que activó de inmediato las alertas ecológicas en otros rincones del planeta con sistemas montañosos similares. En la República Argentina, asambleas socioambientales, científicos y defensores de los derechos de la naturaleza capitalizaron el trágico suceso para relanzar con carácter de urgencia sus reclamos históricos sobre la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial a lo largo de la cordillera de los Andes. Los expertos advierten que las dinámicas de inestabilidad física observadas en el Himalaya, exacerbadas de forma directa por el calentamiento global de la atmósfera, guardan peligrosas similitudes estructurales con la situación actual de los cuerpos de hielo sudamericanos, los cuales sufren un acelerado proceso de degradación y desmoronamiento ante la falta de controles efectivos y la constante presión de actividades extractivas industriales.

Similitudes estructurales y el fenómeno de los lagos glaciares
El desastre en Asia puso bajo la lupa técnica un fenómeno hidrológico y geológico que los glaciólogos argentinos vienen monitoreando con extrema preocupación: las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares (conocidas internacionalmente como GLOF, por sus siglas en inglés). A medida que las temperaturas medias globales se elevan, los glaciares de montaña no solo retroceden en superficie, sino que vierten volúmenes masivos de agua de deshielo que quedan retenidos por frágiles diques naturales de roca y sedimentos inestables. En la cordillera andina, desde la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego, existen cientos de estas formaciones hídricas que, ante un eventual desprendimiento de roca o hielo superior, podrían colapsar y generar flujos aluvionales violentos capaces de borrar del mapa a poblaciones e infraestructuras ubicadas en los valles inferiores.
Para dimensionar la complejidad de esta amenaza silenciosa en el territorio argentino, los especialistas sugieren desglosar los factores de riesgo en los siguientes puntos clave:
- Inestabilidad de las laderas de alta montaña: El derretimiento del permafrost (el suelo congelado que actúa como el cemento natural de las rocas) debilita las pendientes de los cerros, facilitando desprendimientos masivos de rocas sobre los cuerpos de agua.
- Vulnerabilidad de las cuencas hídricas: Los lagos glaciares formados recientemente carecen de salidas de agua consolidadas, lo que incrementa la presión hidrostática sobre las morrenas naturales que los contienen.
- Proximidad de asentamientos y obras de infraestructura: El crecimiento del turismo de montaña y la construcción de emprendimientos viales o energéticos en zonas elevadas expone a más personas y bienes materiales a potenciales aludes.

La parálisis legal y la amenaza de las reformas normativas
La tragedia en Nepal reactivó de forma inmediata el debate político y judicial en torno a la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Glaciares en Argentina, una normativa de vanguardia internacional que, desde su sanción, ha sido objeto de permanentes disputas y resistencias por parte de corporaciones mineras y gobiernos provinciales con intereses extractivos. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que las recientes propuestas oficiales de reforma y flexibilización legislativa impulsadas a nivel nacional buscan reducir drásticamente el área de protección legal del ambiente periglacial para facilitar la radicación de megaproyectos mineros de oro, cobre y litio en las nacientes de las cuencas hídricas. Este escenario de desregulación ambiental es percibido por la comunidad científica como una temeraria invitación a la catástrofe, ya que la remoción de suelos congelados y la detonación de roca viva en la alta montaña alteran de forma irreversible el equilibrio mecánico y térmico de los glaciares circundantes, acelerando el riesgo de colapsos estructurales similares al del Himalaya.

El rol crítico del Inventario Nacional de Glaciares
Frente a la inminencia de un escenario climático cada vez más hostil, la comunidad científica nucleada en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y diversas universidades nacionales insiste en la necesidad imperiosa de dotar de un financiamiento presupuestario sólido y continuo al Inventario Nacional de Glaciares. Este registro técnico constituye la herramienta fundamental del Estado argentino para identificar, mapear y monitorear la evolución de todos los cuerpos de hielo del país, sirviendo no solo como un insumo indispensable para el diseño de políticas públicas de adaptación al cambio climático, sino también como un sistema cartográfico preventivo ante riesgos geológicos. Los activistas socioambientales enfatizan que descuidar o subfinanciar estas herramientas de monitoreo estratégico equivale a avanzar a ciegas por la cordillera, ignorando las claras advertencias físicas que la naturaleza está manifestando a escala global y desoyendo el trágico espejo que hoy representa la región del Everest para los pueblos andinos.


Fecha de Publicación: 01/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Agencia EFEVerde, Portal El País América
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El Gobierno designa al nuevo titular de Parques Nacionales tras dos meses de parálisis institucional


Luego de un prolongado y sumamente preocupante período de sesenta días de acefalía que mantuvo en vilo a los sectores científicos, las organizaciones no gubernamentales y los colectivos ambientales de toda la República Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación del nuevo funcionario que asumirá de forma inmediata la conducción de la Administración de Parques Nacionales (APN). Este organismo, cuya trascendencia es vital para la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el manejo sustentable de las millones de hectáreas que componen el sistema de áreas protegidas en todo el territorio nacional, se encontraba sumido en una profunda y peligrosa parálisis técnico-administrativa debido a la falta de una firma autorizada en su cúspide jerárquica. La esperada designación llega en un momento de máxima tensión sectorial, caracterizado por recurrentes reclamos sindicales debido a la precarización del personal, un severo congelamiento de las partidas presupuestarias en un contexto de alta inflación y la inminente necesidad de coordinar de manera urgente los comités internacionales y locales de emergencia de cara a una temporada que se prevé meteorológicamente hostil en términos de incendios forestales. La comunidad conservacionista respiró con un alivio relativo ante el fin del vacío de poder, pero mantiene una mirada rigurosa y expectante sobre el perfil del nuevo directivo, cuya tarea inmediata será resucitar una estructura burocrática estatal que quedó virtualmente congelada durante el invierno, afectando la soberanía ambiental y el control efectivo en los rincones más remotos y vulnerables del patrimonio natural argentino.

El impacto de la parálisis administrativa y los desafíos operativos de la nueva gestión
El flamante director asume el máximo cargo de la Administración de Parques Nacionales con una agenda repleta de urgencias acumuladas y un escenario institucional severamente precarizado por las políticas de ajuste fiscal y reestructuración estatal. Durante los dos meses en los que el organismo permaneció acéfalo, la ausencia de una autoridad legal con capacidad de firma bloqueó de manera sistemática los procesos más elementales de la gestión pública cotidiana, desde la adquisición de insumos básicos y combustibles para los vehículos de patrullaje de los guardaparques en el terreno, hasta la ejecución de partidas presupuestarias internacionales ya asignadas y destinadas exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura turística y de seguridad en las reservas naturales. El nuevo funcionario, cuya trayectoria técnica previa combina experiencia en la gestión de recursos públicos y un perfil marcadamente alineado con las directrices de eficiencia económica que promueve la actual administración nacional, tendrá la titánica e inmediata tarea de destrabar los miles de expedientes internos paralizados que amenazaban con interrumpir servicios esenciales. Asimismo, se verá obligado a reestablecer de manera urgente los canales de diálogo político y laboral con los sindicatos que representan a los trabajadores de Parques Nacionales y al personal operativo distribuido en las provincias, quienes venían advirtiendo que la falta de conducción y de lineamientos claros no solo desmoralizaba al cuerpo de profesionales, sino que dejaba al descubierto vastas extensiones de fronteras naturales frente a actividades ilícitas como la caza furtiva, la pesca clandestina, el desmonte ilegal y la usurpación de tierras fiscales.

El foco en el Plan Nacional de Manejo del Fuego y la crisis de los brigadistas
Uno de los puntos más críticos, urgentes e ineludibles que deberá afrontar la nueva conducción de la APN de forma articulada con el Ministerio de Seguridad es la optimización y el despliegue logístico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego dentro de las áreas protegidas nacionales y sus zonas de amortiguación ecológica. Ante los rigurosos pronósticos meteorológicos de mediano y largo plazo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipan una temporada estival caracterizada por temperaturas inusualmente elevadas y una extrema sequía estructural ligada a las anomalías climáticas en la cuenca del Plata y la región andina, las alarmas están completamente encendidas. La comunidad científica y los colectivos vecinales de áreas sensibles como la Patagonia andina, las Yungas del norte de Salta y Jujuy, y el macrosistema del Delta del Paraná venían denunciando con desesperación que la falta de autoridades formales en Parques Nacionales ponía en serio riesgo los planes preventivos de contingencia ante catástrofes ígneas. La ausencia de contratos renovados, la falta de mantenimiento de las aeronaves hidrantes y las demoras en las capacitaciones específicas para los brigadistas forestales locales son herencias de la acefalía que el nuevo titular deberá resolver contrarreloj antes de que el inicio del verano transforme las alertas en incendios incontrolables. La capacidad del funcionario para coordinar recursos con los gobernadores provinciales, optimizar el equipamiento técnico de las cuadrillas terrestres y asegurar los fondos necesarios para los viáticos y sueldos de los brigadistas —quienes históricamente han reclamado estabilidad laboral y equiparación salarial con otras fuerzas de seguridad— será la primera gran prueba de fuego que determinará la viabilidad y el éxito de su administración en el corto plazo.

El nuevo esquema económico: concesiones turísticas y autofinanciamiento estatal
El debate de fondo que rodeará las decisiones del nuevo director de la Administración de Parques Nacionales está directamente vinculado con el cambio de paradigma económico que el Gobierno nacional busca implementar en todas las áreas del Estado, impulsando un modelo donde el autofinanciamiento y las inversiones privadas jueguen un rol central. La nueva conducción tiene el mandato político de revisar minuciosamente el estado de todas las concesiones turísticas vigentes dentro de las reservas más visitadas del país, tales como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares y el Parque Nacional Nahuel Huapi. El objetivo gubernamental es modernizar e incrementar los cánones de explotación de los servicios de hotelería, gastronomía, transporte náutico y excursiones de aventura, buscando transformar a la APN en un organismo financieramente sostenible que dependa cada vez menos de las transferencias directas del Tesoro Nacional. Si bien esta estrategia es vista con buenos ojos por sectores vinculados al desarrollo inmobiliario, el turismo masivo y las cámaras empresariales regionales, genera una profunda preocupación y un fuerte rechazo entre los sectores más conservacionistas y los científicos de la ecología. Estos expertos advierten que una apertura desmedida e insuficientemente regulada a las lógicas del mercado y la explotación comercial comercial privada podría vulnerar el principio fundamental de intangibilidad que rige sobre las áreas naturales protegidas, provocando un impacto ambiental irreversible por contaminación, acumulación de residuos, sobreexplotación de recursos hídricos y alteración del comportamiento de las especies faunísticas nativas.

Repercusiones, desconfianza y expectativas en el sector ambientalista argentino
La oficialización del nombramiento fue recibida con una marcada dosis de cautela, escepticismo y demandas puntuales por parte de las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación del medio ambiente en la Argentina, tales como la Fundación Vida Silvestre, la Asociación Aves Argentinas y la Red Yaguareté. A través de diversos comunicados y declaraciones públicas, los referentes del sector han coincidido en señalar que el patrimonio natural del país y los compromisos asumidos en los tratados internacionales de biodiversidad no pueden quedar supeditados a los tiempos de la burocracia política ni a visiones estrictamente fiscalistas de la gestión pública. Las ONG exigen de manera unánime que el nuevo titular convoque de manera perentoria a mesas de trabajo técnicas y participativas que incluyan a la comunidad científica, las universidades nacionales y los representantes locales, garantizando que los criterios científicos y de conservación ecológica se mantengan por encima de cualquier interés corporativo o inmobiliario. La gran encrucijada del nuevo funcionario consistirá en demostrar que es posible cumplir con los estándares de control del gasto público exigidos por el Ejecutivo nacional sin descuidar el rol indelegable e histórico del Estado como guardián y protector de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país. La preservación del yaguareté en el norte, del huemul en los bosques del sur, y de los humedales y pastizales nativos frente al constante avance de la frontera agropecuaria e industrial serán los verdaderos hitos ambientales que juzgarán la gestión de este nuevo capítulo institucional de Parques Nacionales.

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Diario Infobae, Agencia Télam
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Glifosato en Misiones: el impulso a su vuelta abre un fuerte capitulo político en la provincia

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Misiones


El gobernador Hugo Passalacqua presentó la iniciativa para dejar sin efecto la norma promovida en 2023 por Carlos Rovira. El proyecto, que se tratará en la Legislatura, busca restablecer el insumo clave para las economías regionales.
El gobierno de Misiones formalizó un cambio de rumbo en su política agroindustrial que impacta tanto en las chacras como en el tablero político del NEA.
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a los diputados de su bloque, Movimiento por lo que Viene, para presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 7 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos (Ley XVI-N.º 164). 
Dicho artículo, sancionado en junio de 2023 bajo la conducción legislativa del histórico conductor provincial Carlos Rovira, imponía la prohibición total del uso de glifosato y sus componentes en todo el territorio provincial.
La restricción original, que establecía un esquema de transición, debió aplicarse plenamente a mediados de 2025 y luego fue prorrogada por decreto hasta 2030, pero el nuevo proyecto busca directamente eliminar el límite legal.
La decisión oficial responde a los insistentes reclamos de la mesa de enlace nacional y de las cooperativas agrícolas locales, que alertaban sobre una pérdida crítica de competitividad.
Los productores de yerba mate, té, tabaco y el sector forestal sostienen que la eliminación del herbicida tradicional, sin alternativas biológicas eficaces y económicamente accesibles en el mercado, elevaba drásticamente los costos de producción. 
Frente a las malezas del clima subtropical, los bioinsumos distribuidos demandaban mayor mano de obra y sucesivas pasadas de maquinaria, reduciendo los rindes de las parcelas. 

El respaldo de las entidades del campo
La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró de manera inmediata la decisión del mandatario misionero y destacó que el proyecto para derogar la prohibición del glifosato representa un paso fundamental para devolverle previsibilidad y viabilidad operativa al sector.
A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad remarcó que se trata de “una medida de alto impacto para la producción misionera, que permite recuperar herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria”.
Desde el gremialismo agropecuario enfatizaron además que este avance es el resultado directo de un reclamo sostenido en defensa de la realidad productiva regional.
En su mensaje difundido en X, la SRA subrayó el rol activo que mantuvo durante todo el conflicto, combinando el acompañamiento a los agricultores con acciones institucionales y judiciales para defender el derecho a producir. 
Al respecto, señalaron en redes sociales que “este nuevo escenario demuestra la importancia de sostener una representación gremial firme, presente y comprometida con las necesidades de los productores”, respaldando así el giro adoptado por el Ejecutivo provincial.
Asimismo, la dirigencia ruralista valoró especialmente que la gobernación haya escuchado las demandas del campo tras meses de incertidumbre operativa.
Explicaron que la quita de herramientas de manejo tradicionales, en un marco de alta competencia y exigencia de los mercados internacionales, atentaba directamente contra la sustentabilidad económica de las familias rurales del Noreste argentino.
Con este aval de peso expresado en las redes, la iniciativa suma un firme respaldo del arco productivo nacional de cara a su inminente tratamiento en la Cámara de Representantes de Misiones.
Las entidades gremiales aseguraron que seguirán de cerca la discusión parlamentaria para garantizar que el campo recupere definitivamente la libertad de trabajar con los insumos autorizados a nivel nacional.

Quiebre político
El trasfondo de la medida expone un punto de inflexión histórico en la política de Misiones: la ruptura abierta entre el gobernador Passalacqua y Carlos Rovira, quien ejerció una hegemonía absoluta en el poder provincial durante las últimas dos décadas.
La ley de bioinsumos de 2023 había sido la bandera ambientalista del rovirismo para posicionar a Misiones como la primera provincia “sustentable” del país. Sin embargo, la presión del sector productivo obligó al Ejecutivo a priorizar el pragmatismo económico sobre el relato político local.
El nuevo texto legislativo introduce una cláusula de mercado que reconecta a la provincia con los estándares del comercio exterior.
La normativa estipula que la obligatoriedad de implementar insumos biológicos en el agro quedará condicionada a que estos productos cuenten con la homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y, de forma simultánea, sean validados por los exigentes países compradores de las exportaciones misioneras, como los Estados Unidos, principal destino del té local. 
La iniciativa también desactiva un polémico esquema comercial que enardecía a las bases agrarias. 
La ley de 2023 coincidió con el desembarco y la fuerte promoción estatal de la firma privada Agro Sustentable, instalada en el Parque Industrial de Posadas.
El Estado misionero compraba casi la totalidad de su producción para distribuirla de forma gratuita en las chacras, utilizando incluso fondos específicos como el Fondo Especial del Tabaco (FET).
La controversia estalló cuando auditorías técnicas y denuncias de la oposición revelaron que el producto estrella de la firma para sustituir el glifosato, denominado Bioherb, no contaba con las certificaciones obligatorias de SENASA.
Con el ingreso de este proyecto a la Cámara de Representantes, el esquema de compras centralizadas a proveedores predilectos del Estado queda desactivado, abriendo el juego a la libre competencia que demandaban las economías regionales.
La reforma inicia su debate parlamentario la próxima semana en las comisiones legislativas, marcando no solo el regreso de un insumo clave para el campo, sino también una profunda reconfiguración en el liderazgo político del oficialismo misionero. 
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“El gobierno habla de proyectos e inversiones, pero no hicieron la Evaluación Ambiental Estratégica” 

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: Diario Provincia23
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La referente de la ONG Manekenk, Nancy Fernández, expuso tras la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente los duros cuestionamientos realizados a la gestión del subsecretario de Pesca, Diego Marcioni. Reveló que la normativa exige un estudio ambiental participativo previo a cualquier emprendimiento productivo o acuícola, el cual demora entre 12 y 15 meses y ni siquiera fue iniciado. Advirtió además sobre el rechazo social a iniciativas como las de Newsan en Almanza, las intenciones de instalar salmonicultura en Malvinas y el constante debilitamiento de las áreas ambientales en la estructura del Estado.
Durante el encuentro del Consejo Provincial de Medio Ambiente desarrollado la semana pasada en Tierra del Fuego, representantes de la Universidad, el CADIC, la Legislatura, ONGs y municipios le exigieron explicaciones al subsecretario de Pesca, Diego Marcioni, sobre los proyectos acuícolas en cartera. A lo largo del debate se dejó en evidencia la falta de certezas técnicas e instrumentos legales clave para el desarrollo del sector, situando a la provincia ante un escenario de falta de certeza en materia de recursos marinos y planificación territorial.
Ante la consulta en Radio Provincia sobre las explicaciones brindadas por la Subsecretaría de Pesca respecto a las propuestas productivas impulsadas por la provincia, la referente ambientalista señaló que la gestión se ha caracterizado por un despliegue de enunciaciones teóricas y cartas de intención que no se traducen en realidades concretas. Indicó Nancy Fernández que “tal como Marcioni nos tiene acostumbrados, es todo teoría, todo papel, son posibles inversiones, posibles cartas de intención, posibles proyectos, pero la verdad que en concreto no hay ni uno”.
Al referirse a las iniciativas vigentes, hizo hincapié en el proyecto impulsado por la firma Newsan en Puerto Almanza para el cultivo de mejillones, sobre el cual pesan múltiples objeciones locales. En ese sentido, expresó que la propuesta “ha tenido serios cuestionamientos no solo por parte de la comunidad de Almanza; la comunidad científica también lo ha expresado y la comunidad de los pescadores artesanales también”, sumando además la preocupación planteada por el sector turístico frente al avance de la actividad en el agua.
Al abordar los aspectos legales y de planificación indispensables para este tipo de desarrollos, recordó las exigencias contempladas en la reglamentación de la Ley Provincial 1355 y su modificatoria 1601. Detalló que una de las primeras preguntas formuladas al funcionario fue precisamente cuándo darán comienzo a la Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el propio decreto que él redactó establece que no puede encararse ningún proyecto sin dicho paso. Sobre la falta de precisiones por parte de la cartera pesquera, remarcó que el funcionario respondió que “ya vamos a arrancar, ya vamos a empezar”, dejando entrever que se prometen iniciativas sin definir previamente dónde ni cómo se implementarán.
Respecto al alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, la referente remarcó que se trata de un proceso integral donde las distintas áreas de gobierno, científicos, comunidades de pueblos originarios, ONGs y vecinos definen de manera participativa el uso de cada sector del territorio. Explicó que este trabajo “debe estar liderado por un área determinada del gobierno o a través de una consultora, es un proceso largo que puede durar entre 12 y 15 meses”, añadiendo que hoy esa herramienta no existe para la pesca y la acuicultura, por lo cual la ley impide avanzar con cualquier tipo de emprendimiento.
En relación con el ordenamiento del Canal Beagle, subrayó que se requiere igualmente una zonificación participativa para definir las zonas destinadas al turismo, la pesca artesanal, el buceo o las actividades náuticas. Al evaluar el desempeño de las autoridades en el manejo del área, aseveró que “lo han manejado generando que la gente pierda confianza con el sistema, con el área, con el tema, porque vemos que saltan sorpresas por todos lados”.
Consultada sobre la posible presencia de salmonicultura en el archipiélago atlántico, ratificó la necesidad de realizar un reclamo de soberanía y exigencia de cumplimiento normativo ante la intención de instalar granjas en la zona de las Islas Malvinas. Consideró que el gobierno provincial y el nacional deben sostener una postura firme, dado que “hoy no se podría instalar ningún tipo de emprendimiento productivo si no está hecha la evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, esto incluye también a las Islas Malvinas”. Asimismo, anticipó que si las autoridades intentaran avanzar con algún proyecto productivo, sin cumplir los pasos ambientales fijados por la ley, desde el sector que representa presentarán inmediatamente una medida judicial cautelar.
Sobre los temas locales vinculados a la agenda del Consejo y los recientes debates en torno a la gestión de residuos o el relleno sanitario municipal, reconoció que no formaron parte de la última sesión debido a un temario previo concertado, aunque se comprometió a que el asunto sea incluido en el encuentro del mes de octubre. Manifestó que frente a estas problemáticas “estamos igualmente preocupados, estamos en contacto con el concejal y estamos en contacto con la municipalidad para hacer estos pedidos de informe”.
Finalmente, al analizar las reestructuraciones administrativas que reducen la jerarquía de las carteras ambientales en los distintos niveles del Estado, criticó la pérdida de autonomía y de presupuesto que sufren estos organismos. Reflexionó que “cada vez que un área ambiental se subsume a otra área y se junta con otra área, suele perder presencia, perder protagonismo, incluso lo que más pierde es presupuesto, que es lo que necesita para funcionar”. Calificó esta tendencia como un desarmado generalizado de la política ambiental e insistió en que siempre resulta ser “el área que nadie quiere, como la papa caliente”, concluyendo que ante los ajustes presupuestarios los gobiernos suelen relegar el estatus de la gestión ambiental.
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