El informe anual del Servicio Meteorológico reportó el calor récord, pero eliminó el cambio climático

Fecha de Publicación: 07/04/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Si hay algo que a primera vista se destaca de la versión final del informe “Estado del clima en Argentina 2024” que este jueves publicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) son los colores de su portada. Pero, aun cuando la mitad de esa carátula luce matices estridentes, en rojo y anaranjado "fuego", y aun cuando el reporte subraya que fue un año signado por eventos de extremo calor y extremo frío, las expresiones “cambio climático” y “calentamiento global”, no figuran ni una sola vez, a diferencia de lo que decía el mismo texto en una versión preliminar.
El reporte del clima en Argentina el año pasado no incluye esos conceptos, pero tampoco se priva de aclarar que “la temperatura media del país en 2024 superó el promedio 1991-2020, posicionándolo como el segundo año más cálido desde 1961”, que “fue el año más seco desde 1961”, que “los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso continuaron en aumento, tras alcanzar en 2023 sus valores más altos de los últimos 800.000 años”, que “el contenido de calor en los océanos llegó a su nivel más alto en 65 años de observaciones” y “superó el récord de 2023”; que se achicaron los glaciares y que las tasas de calentamiento oceánico y de elevación del nivel del mar se aceleraron en los últimos 20 y 10 años, respectivamente, entre otros indicadores clave.
Unos días antes de la publicación de este informe, empleados del SMN reportaban por lo bajo que la nueva conducción del organismo estaba llevando a cabo acciones de censura. Habían advertido a este medio que la versión definitiva del informe iba a ser distinta de la versión preliminar, publicada en noviembre pasado: "No podemos usar palabras como cambio climático o calentamiento global. Podemos seguir diciendo que la temperatura aumentó, pero no podemos usar esas expresiones. Vamos a ver qué repercusión genera hablar de las mediciones de gases de efecto invernadero. Veremos si hay otra bajada de línea".
La cuestión del "modelo" ambiental que sigue el Gobierno tuvo un precedente fuerte hace no mucho: el 13 de noviembre pasado, cuando el Presidente Javier Milei ordenó intempestivamente que la delegación argentina en la COP 29 sobre cambio climático abandonara ese encuentro en Azerbaiján y regresara de inmediato al país.
Aunque Clarín encontró materiales informativos de los últimos cuatro años que (se deduce y fuentes reservadas lo confirman) fueron dados de baja de la página del SMN por mencionar al “cambio climático”, al “calentamiento global” o por simplemente hablar de “contaminación”, el Ministerio de Defensa, cartera que conduce Luis Petri y en la que orbita en forma descentralizada el SMN, dimensiona esas podas como un mero cambio de enfoque.
Este medio además cotejó la versión preliminar del reporte anual del clima en Argentina en 2024 (publicado en noviembre de 2023) con la versión definitiva (publicada este jueves). El texto incluía cuatro referencias al “cambio climático” que ya no están. Y había una alusión a “calentamiento global” que tampoco figura, en el punto 4.1, titulado "Dióxido de carbono (CO²) y metano (CH⁴)". La versión definitiva de ese apartado es más corta que la preliminar. Sacaron, entre otras, las frases "gases de efecto invernadero", "antropogénico", "actividades humanas" y "parcelas atmosféricas libres de la influencia directa de la actividad humana".
Mientras el nuevo reporte atravesaba varios filtros de edición, los técnicos del SMN cruzaban los dedos para que no se quitaran, también, las menciones a los gases de efecto invernadero (GEI). El temor tenía su razón de ser porque, averiguó este medio, el 25 de febrero de 2022 salió publicada una nota de prensa del SMN titulada “Más y mejores mediciones de Gases de Efecto Invernadero”. Ya no está disponible.
Si de reformas se trata, el propio Petri dio un paso importante esta semana: presentó un polémico proyecto en el que le propone al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (conducido por Federico Sturzenegger) que fabrique una suerte de “2 en 1” y fusione el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con el SMN. Los argumentos de Petri en ese texto son similares a otros que ya salieron de la actual administración de Gobierno: la existencia de supuestas áreas solapadas o con funciones superpuestas.

Cambio climático: qué dice el Gobierno sobre el contenido dado de baja
El aire se siente pesado en el SMN. El staff de 1.000 personas distribuidas en las estaciones que el servicio tiene en todo el país teme que si la fusión se confirma, se avecine otra tanda de despidos. “Como los 48 que hubo tras el cambio de Gobierno”, esboza, angustiada, una de las fuentes.
Explicó que la selección terminológica para “rodear” con eufemismos el concepto del cambio climático se consolidó hace poco, luego de la asunción, a fines de 2024, del militar retirado de la Fuerza Área y ex combatiente de Malvinas Antonio José Mauad. Había sido cuestionado por no cumplir con los requisitos establecidos para liderar el SMN, pero aun así dirige el organismo.
Clarín se comunicó con el área de Prensa del Ministerio de Defensa. Negaron cualquier acto de censura y aclararon que sólo se exigió a quienes integran el SMN una especie de alineamiento (que juzgan lógico) con los dichos públicos sobre estos temas, de parte del propio Presidente Javier Milei y del ministro Petri.
Aseguraron que si se borraron notas enteras de la web, no fue por pedido expreso de ellos. Dieron a entender que solamente se exigió una adaptación al nuevo enfoque. Mencionaron la posibilidad de hablar de desafíos climáticos (en lugar de cambio climático), aunque esa expresión (quizás por ser totalmente imprecisa) no fue usada en el reporte de 2024.
El nuevo posicionamiento fue transmitido por escrito: dicen que “el Estado reconoce la magnitud e impacto de los crecientes desafíos climáticos y asume la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma en su abordaje”, y remarcan la necesidad de “dejar atrás una perspectiva basada exclusivamente en la culpabilización del accionar humano, para avanzar hacia un enfoque más integral, que reconozca la evidencia científica disponible pero también promueva soluciones concretas, basadas en la innovación tecnológica, el desarrollo y el crecimiento económico”.
Proponen “superar” las “visiones ideologizadas del pasado para dar lugar a políticas públicas eficaces, adaptativas y socialmente justas”. “No se trata de negar el problema, sino de abordarlo con herramientas útiles, modernas y enfocadas en generar un verdadero impacto”, cierran.

Qué contenido fue quitado de la web
A partir de la información provista por tres investigadores del SMN que afirmaron que mucha información fue dada de baja en lo que va de 2025, Clarín hizo una búsqueda de contenido, a través de reservorios online que ofrecen capturas de pantalla que se remontan varios años atrás.
Ese contenido estaba en la sección Comunicación/Prensa y comunicación, de la web del SMN. Quien ingrese a esa sección verá que hay cuatro subsecciones ubicadas horizontalmente, como si fueran “botones” para cliquear. Hasta 2025 había cinco. Ahora hay cuatro.
El que ya no está decía “cambio climático”. Contenía notas de prensa informativas, algunas de las cuales tenían una edición orientada a la necesidad de frenar la aceleración (impulsada por la acción humana, según el consenso internacional) de ese proceso global irrefrenable. Ya no hay notas y, como se puede ver en la imagen que acompaña estas líneas, tampoco hay botón.
Clarín logró rescatar parte del contenido que ya no está disponible. En concreto, más de 15 artículos publicados por el SMN entre 2021 y 2024. Como se puede, esos materiales, en muchos casos, son recuperables, si bien a priori salta el frustrante You are not authorized to access this page (“usted no está autorizado a acceder a esta página”).

El divorcio del SMN y el cambio climático
De las notas que fueron publicadas en 2021, se bajaron, entre otras, las siguientes: “Aire saludable, planeta saludable” (publicada el 7 de septiembre de 2021), “Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono” (16 de septiembre de 2021) “La contaminación del aire, una amenaza de proporciones para la humanidad” (24 de septiembre de 2021), “Cambio climático: África, el continente en la mira” (publicada el 19 de octubre de 2021) y “El suroeste del Pacífico, otra región damnificada por el cambio climático” (publicada el 11 de noviembre de 2021).
De 2022 se hallaron estos artículos, también dados de baja: “Más y mejores mediciones de Gases de Efecto Invernadero” (25 de febrero de 2022), “Proyecto Patagonia-Alaska: la iniciativa que le da alas a la ciencia y se une a la investigación sobre el cambio climático” (publicada el 6 de abril de 2022), “El cambio climático hizo que la reciente ola de calor en Argentina fuera 60 veces más probable” (publicada el 26 de diciembre de 2022) y “Científicos definen estrategias para enfrentar el Cambio Climático en Argentina y la región” (22 de julio de 2022).
De 2023, “El calor extremo en América del Norte, Europa y China en julio de 2023 es mucho más probable debido al cambio climático” (publicada el 25 de julio de 2023), “A mitad de camino en la Agenda 2030, no estamos cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (14 de septiembre de 2023), “Cambio climático sin tregua: la Tierra supera nuevos límites con el septiembre más caluroso” (6 de octubre de 2023), “El círculo vicioso del cambio climático se agrava en América Latina y el Caribe” (4 de julio de 2023) y “Las olas de calor podrían restarle 0,6 puntos al PBI global” (11 de diciembre de 2023).
De 2024, solo se pudieron rescatar dos notas: “'Niños meteorólogos', la campaña global para movilizar la acción urgente por el clima” (21 de marzo de 2024) y “El Niño y los efectos del cambio climático azotaron América latina y el Caribe en 2023” (19 de mayo de 2024).
Quién mirará las catástrofes naturales en Argentina
“En el SMN tenemos una función clave en el día a día, que es operativa y de investigación”, explicó una de las voces consultadas. Decepcionada, compartió el plan estratégico de cuatro años, ahora casi diluido, en el que venían trabajando: “En 2023 terminamos uno y se inició otro, también para mejorar la forma de trabajo del Servicio. Debería terminar en 2027. Se establecían las iniciativas para poder llegar a distintas metas de seguimiento anual”.
Una de las metas consiste en, de a poco, reemplazar las estaciones de observación manual que el SMN tiene en todo el país, por estaciones automáticas. Es decir, que la tarea que en fatigantes turnos de 12 horas hoy hace buena parte del personal del SMN para elaborar pronósticos de corto plazo, sea reconvertido (en una transición pensada) hacia tareas analíticas o de investigación, y reemplazado por estaciones automatizadas. Nadie niega que esa modernización, a largo plazo, provocaría una reducción de los recursos humanos del SMN.
Siempre con el temporal de Bahía Blanca sobrevolando en el ambiente, la persona que habló con Clarín fue enfática: "Si no tenés buenas observaciones, no tenés nada, por más que tengas un buen modelo o buenos satélites. Siempre vas a tener que validar o calibrar con la observación meteorológica. Ni hablar de las estaciones con registros valiosos de más de 100 años que tenemos en Argentina. Para cualquier actividad que uno quiera desarrollar en cualquier parte del país, va a precisar conocer datos meteorológicos y del clima, completos y bien elaborados. El dato meteorológico es la base de todo”.
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Ambiente recibió a referentes de organizaciones ambientales para dialogar sobre la implementación de la ley de bosques

Fecha de Publicación: 04/04/2025
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Durante el encuentro se abordaron los avances y mejoras en implementación de la Ley 26.331. Además, se detalló el estado del ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) en el país.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Fernando Brom, recibió a representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales ambientalistas para dialogar sobre la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Durante la reunión, el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo, expuso el estado de aplicación de la ley y los temas abordados con las provincias en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) durante 2024, para el fortalecimiento de la norma: Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques; ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN); planes de manejo y conservación; deforestación y herramientas de apoyo al seguimiento y control de intervenciones en el bosque nativo y el Programa piloto de Pagos basados en resultados de REDD+.
 Asimismo, a través de una presentación, el funcionario detalló las transferencias de recursos del Fondo de Bosques Nativos a las provincias, esto permitió la regularización de rendiciones provinciales. En esta línea, explicó que 19 provincias no tienen deudas y 4 se encuentran en proceso de adecuación.
Además, informó sobre los avances en el Proyecto Pago Basado en Resultados REDD+, con la ejecución de planes de cuencas, planes de prevención de incendios, planes integrales comunitarios (PIC) y de manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI). En ese sentido, mencionó el rol de diversas ONG en la formulación de planes y proyectos para fortalecer la ley de bosques y su implementación efectiva en el territorio.
Del encuentro también participaron la directora de Articulación Ambiental, Paula Monteserin y referentes de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Fundación Vida Silvestre; Wildlife Conservation Society (WSC); Fundación Biodiversidad Argentina; Fundación Avina; Fundapaz; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Aves Argentinas; Fundación Protestante HDO; Jóvenes por el Clima; ACEN Argentina; Fundación Gran Chaco; Red Chaco; ProYungas y REDAF.
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Ecología estudia la calidad del agua de arroyos de Misiones

Fecha de Publicación: 01/04/2025
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Son en total 800 los arroyos que forman parte de la red hidrográfica provincial. Llevan relevados seis cursos de agua.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, lleva a cabo un relevamiento y muestreos de los arroyos para determinar principalmente la calidad del agua in situ y los parámetros que se podrían ver amenazados para el uso potencial del recurso. En estos momentos, el mundo tomó plena conciencia de la importancia del agua dulce y la importancia de abogar por la gestión sostenible, como se hizo en el Día Mundial del Agua, que se celebra anualmente cada 22 de marzo.
Franco García, director de Impacto Ambiental, detalló a El Territorio que en 2024 empezaron a realizar los muestreos de arroyos en Misiones. “Hemos realizado hasta la fecha seis cursos de agua relevados, ellos son los arroyos San Francisco (Andresito), Tupicuá y Casualidad (Wanda), Macuco (Dos de Mayo), Mártires e Itá (Posadas)”.
Sostuvo que ello representa “un punto de partida para continuar realizando muestreos en todo el territorio provincial y generar base de datos de la calidad de nuestros arroyos”.
En cuanto a la cantidad, indicó que actualmente 800 arroyos forman parte de la red hidrográfica provincial, por lo que la idea es seguir realizando muestreos en los municipios.

Ante la sequía
Ante el período de sequía influenciado por el fenómeno de La Niña, señaló como “muy importante que se protejan nuestros cursos de agua y aprovechar también para llamar a conciencia a todos los misioneros y misioneras para el uso racional del agua. Arroyos que garantizaban un caudal mínimo, hoy empiezan a verse amenazados por este fenómeno, provocando la desaparición temporal de los cursos de agua. Es por ello, que se debe abordar la gestión de nuestros recursos hídricos de manera integral y articulada con los municipios afectados”, añadió García.

Procedimiento del muestreo
En cuanto a la logística que se tiene en cuenta a la hora de realizar los muestreos, indicó que consiste en una planificación agendada, ya que hay que preparar todo el equipo para salir a campo y tener en cuenta que los días previos no haya pronosticadas precipitaciones en el área, ya que los resultados obtenidos pueden verse alterados.
“El procedimiento de muestreo consiste en un análisis previo del punto de toma de muestra mediante imágenes satelitales en gabinete y un análisis local y regional de la cuenca hidrográfica en la cual se encuentra el punto a muestrear para identificar los usos del suelo que pueden llegar a ser potenciales directos al curso de agua muestreado. Una vez realizado dicho análisis, se definen la cantidad de puntos a muestrear, generalmente un punto agua arriba y agua abajo del punto de muestreo. Luego se colectan las muestras de agua mediante frascos estériles, utilizando ropa adecuada y guantes y se colocan dentro de una conservadora refrigerada con geles refrigerantes, a modo de conservar las muestras, para luego ser enviadas al laboratorio”.
A su vez, detalló que, realizada la toma de muestras, se envían al laboratorio central de la provincia de Misiones, dependiente del Ministerio de Industria ubicado en el Parque Industrial de Posadas, que es el encargados de llevar a cabo los análisis en función de los parámetros a analizar.
Sobre los resultados obtenidos, el director de Impacto Ambiental explicó “hasta el momento, de los muestreos que hemos realizado en diferentes municipios los resultados que nos han arrojado son de buena calidad, por lo que seguiremos trabajando para conseguir mayores resultados y tener un análisis a escala provincial”.

De cara al 2025
Respecto a los desafíos para este año, indicó que tienen previsto “seguir aumentando el número de muestreos en los municipios de la provincia, por lo que próximamente tenemos agendado realizar muestreos en el municipio de Puerto Esperanza, Jardín América y Salto Encantado. Por ello nos ponemos a disposición de los municipios para llevar este servicio ambiental y que puedan conocer la calidad de agua de sus arroyos, para poder luego definir políticas públicas aplicadas a una gestión integrada del recurso hídrico”.
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Primera asamblea del año del Consejo Federal de Medio Ambiente

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Diario La Reforma
Provincia/Región: Nacional


Con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se celebró la Asamblea Ordinaria Nº 110 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), cuya apertura estuvo encabezada por Fernando Brom, subsecretario de Ambiente, y Martín Recaman, ministro de Ecología de Misiones y presidente del consejo.
En ese marco, Scioli se refirió a la importancia de facilitar, desde la Secretaría a su cargo, “este gran objetivo que tenemos, que es el desarrollo de la producción, del trabajo en armonía con el ambiente”. “Para nosotros resulta clave que podamos llevar a cabo, en colaboración, con un alto sentido de la responsabilidad, estos retos que tenemos que enfrentar sobre el manejo y la conservación en las provincias y temas que influyen en todos los procesos productivos”, agregó.
El funcionario nacional también destacó “la firma de las cartas acuerdo de Misiones y Santa Fe con la Organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que representan un millón de dólares a cada provincia, una inversión directa en las cuencas forestales de Yabotí, en Misiones, y Villa Guillermina, en Santa Fe”.
Por su parte, Brom agradeció la presencia de las autoridades reunidas y resaltó la importancia del COFEMA como ámbito de concertación federal de políticas ambientales. En esta línea, el subsecretario mencionó: “Es mi deseo que trabajemos en equipo y entablemos diálogo entre Nación, provincias y municipios para encontrar las soluciones que nuestro país demanda. Y es nuestro deber seguir fortaleciendo la agenda conjunta con una visión que contemple las particularidades de cada territorio para generar soluciones concretas”. Y prosiguió:” Quiero aprovechar para elogiar y reconocer la labor de las provincias que asumen sus responsabilidades primarias y constitucionales en pos del bienestar de sus ciudadanos, turistas y ambiente”.
Luego, el subsecretario presentó a su equipo de gestión: Octavio Pérez Pardo, a cargo del área de Recursos Naturales; Paula Monteserin, al frente de Articulación Ambiental; Candela Nassi, responsable de Evaluación y Control Ambiental, y Nazareno Castillo Marín, en la Dirección del Desarrollo Sostenible y Gestión Climática.

Ley de Bosques
En su discurso, Recaman repaso del trabajo realizado el pasado año e hizo hincapié en el particular interés que tuvo el tratamiento de la Ley de Bosques, en especial en la labor conjunta del COFEMA de encontrar la salida para dar respuesta a los fondos que se encontraban en el fideicomiso y su posterior derivación a las diferentes provincias.
Cabe mencionar que, en la presencia del secretario Scioli, se llevaron a cabo las firmas de dos cartas acuerdo entre la representante interina de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Argentina, Maya Takagi, y las entidades técnicas formuladoras elegidas por las provincias de Misiones y Santa Fe; documentos que se enmarcan en el Proyecto Pago por Resultados FAO-Fondo Verde del Clima, destinados a las cuencas forestales de Yabotí, en Misiones, y Villa Guillermina, en Santa Fe.
Durante la jornada, desarrollada bajo formato híbrido, referentes de las distintas comisiones compartieron el trabajo realizado en materia de bosques, educación ambiental, biodiversidad, prevención del fuego, gestión climática y asesoramiento legislativo. También, vinculado al tema residuos, se elevó para la consideración de los representantes reunidos un documento sobre principios y lineamientos de la economía circular. Además, la Asamblea declaró de interés ambiental tres resoluciones vinculadas a la Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado, a OMEC -como nueva figura de conservación de la biodiversidad- y a los lineamientos generales para diagramar una estrategia de responsabilidad extendida del productor y economía circular.
Por la tarde, funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente llevaron a cabo una serie de exposiciones sobre los lineamientos principales de gestión de las áreas a su cargo.
En primer lugar, Candela Nassi desarrolló una presentación que incluyó la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) 2025/2040 y su instancia de aprobación en abril; el estado de situación de los residuos peligrosos; la actualización del Sistema de Manifiesto en Línea (SIMEL) -que asienta la generación, operación y transporte de los residuos peligrosos dentro del territorio nacional-, la trazabilidad de los residuos en general y la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios.
A su turno, Octavio Pérez Pardo se pronunció sobre la situación actual de las transferencias provinciales del Fondo de Bosques Nativos. En ese marco, explicó que 19 provincias no tienen deudas y 4 se encuentran en proceso de regularización. En este sentido, se aspira a que las jurisdicciones puedan llevar a cabo proyectos con triple impacto: social, económico y ambiental.
Luego, Nazareno Castillo Marín explicó a la Asamblea las principales actividades planificadas para el 2025 con las jurisdicciones provinciales. Y subrayó la importancia de aprovechar las oportunidades de negocio que puedan surgir de los mercados de carbono para poder implementar medidas de reducción de emisiones en un contexto de desarrollo sostenible.
Por último, Maya Takagi, de FAO Argentina, llevó adelante una ponencia sobre el proyecto Pagos por Resultados de REDD+ del Fondo Verde para el Clima, en la que informó el estado de su implementación en el país y los pasos a seguir.
Participaron en esta primera asamblea las siguientes autoridades provinciales: Yanina Fasano, subgerenta operativa de Organismos Interjurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental de Buenos Aires; María Victoria Flores, ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba; Mariano Moro, subsecretario de Ambiente de Chaco; Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut; Rosa Hojman, secretaria de Ambiente de Entre Ríos; Natalia Lupia, subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; María Inés Zigarán, ministra de Ambiente de Jujuy; Vanina Basso, secretaria de Ambiente de La Pampa; Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja; María Judith Jimenez, secretaria de Ambiente de Río Negro; José Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta; Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero; Federico Ríos, secretario de Ambiente de San Juan; Enrique Estévez, ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe; Federico Cacace, secretario de Estado de Ambiente de San Luis; Federico Ríos, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan; Facundo Moreno Majnachs, subsecretario de Ambiente de Tucumán, y Oscar Dudik, ministro de la Producción de Chaco.
Además, formaron parte del encuentro representantes de Catamarca, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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Transición energética en Argentina: en manos del mercado y con un Estado ausente

Fecha de Publicación: 29/03/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Sin un plan, Argentina avanza con una transición energética en manos del mercado, beneficiada por los signos de recuperación económica y moldeada por la ausencia del Estado.
A pesar de que en Argentina hay una Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético bajo la órbita del Ministerio de Economía, hasta la fecha no existe ningún plan en ejecución para llegar a dicha transición. El gobierno libertario de Javier Milei decidió apartarse de la dirección que las administraciones anteriores desarrollaron y prefirió dejar la expansión de las energías renovables en las manos invisibles del mercado.
Esto no quiere decir que antes de Milei, en el poder desde diciembre de 2023, la transición energética caminara a pasos agigantados. El país viene arrastrando un estancamiento de por lo menos siete años.
Tampoco significa que fuera impulsada por empresas del Estado… ni siquiera nacionales.
A nivel mundial, el desarrollo de las renovables, en especial las no convencionales como la eólica y la solar, se ha visto marcado por una fuerte dinámica comercial internacional. Y en especial para los países de América Latina y el Caribe, la importación de ciertos componentes clave es aún imposible de evitar.
En este marco, hasta hace menos de dos décadas era impensable un desarrollo expansivo de las renovables en la región hasta que llegó una rotunda caída en los precios, en particular de la energía solar.
América Latina empezó un proceso desde lo económico, pero también desde lo legal, para prepararse para estas distintas transiciones que, dependiendo de cada contexto, tomaron formas diferentes… Argentina incluida.
A partir de 2015 se desarrollaron en el país políticas como las tres jornadas de RenovAr, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), que impulsaron un sustancioso crecimiento de la matriz eléctrica en el país bajo el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía.
Programas como el del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable, también dieron pie a los acuerdos privados para el desarrollo de fuentes como la eólica y solar.
En un año (2015) la matriz renovable pasó de 2 % a 5,6 %. Sin embargo, para el país sudamericano, esto duró poco. Según el propio régimen, para este año el país debería tener 20 % de potencia renovable instalada, no obstante, ha habido un estancamiento que a rastras tocó 14,5 % a mediados del año pasado, según información del Ministerio de Economía.
El desorden macroeconómico, sumado a la alta tasa de inflación, provocó un efecto dominó en todo tipo de importaciones. Los programas que el macrismo había desarrollado quedaron estériles ante el contexto económico. Esta situación se desdibujó aún más durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023).
A pesar de que, durante aquel gobierno, se elaboró el Plan Nacional de Transición Energética -que punteaba ambiciosos objetivos para la mitigación de emisiones y contemplaba derechos laborales, justicia y sustentabilidad- y el Ren MDI -una jornada de licitaciones para instalar 600 megavatios renovables-, la implementación de estos proyectos siguió viéndose moldeada por el contexto económico argentino y después por el cambio de gobierno.
Actualmente, la situación parece estar invirtiendose. Las condiciones macroeconómicas y fiscales muestran signos de mejora, lo que puede potenciar este recambio, sin embargo, el Estado no está dispuesto a ordenarlo.
“En principio llevamos un año del gobierno de Milei y no hay un plan energético. El plan anterior era de diagnóstico y declamativo, porque no era vinculante. Pero por ahora, esta administración tampoco da muestras más allá del estandarte de Vaca Muerta como el futuro del desarrollo”, explica Ignacio Sabbatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet-Flacso especializado en transición energética.
Si bien desde el Ministerio de Economía no quisieron hablar del tema, Mariela Beljansky, que hasta diciembre fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético del gobierno libertario, reveló que se planteó un “cambio de mirada”.
En términos sencillos, lo que buscó la funcionaria fue mejorar las condiciones para que los mercados asociados a la transición energética se desarrollen en el territorio. Todo con la menor intervención estatal posible.
“No es el Estado quien se comprometió con el Acuerdo de París, sino la República Argentina, y la República somos todos, tanto el sector público como el privado. Nosotros pretendíamos generar instrumentos para que todos cumplamos con nuestros compromisos”, explicó Beljansky.
Ella aclara que no sabe con certeza si esta perspectiva se mantiene hasta hoy, pues no tiene contacto con Antonio Milanese, quien la sustituyó. Se trató de contactar tanto a este funcionario, así como a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que trabaja este tema en coordinación con la oficina dirigida hoy por Milanese. Hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
Tanto Sabbatella como expertos regionales consultados, coincidieron en que, a pesar de no haber un plan, rgentina sigue avanzando aunque no con el potencial máximo. Y esto se debe a distintas variables políticas y económicas que no solo moldean la velocidad de la transición, sino también la forma que toma.

Una transición energética sin Estado
Si hablamos de la transición energética argentina en términos amplios, Sabbatella identifica dos grandes cuellos de botella: las condiciones macroeconómicas y fiscales, y el transporte de la energía eléctrica. Un problema de mercado y otro técnico-industrial.
El primero ha sido determinante en el desarrollo general del país, y es también una de las razones de la popularidad del gobierno de Milei. Y a pesar del negacionismo climático y la falta de prioridad de estos temas desde el oficialismo, para la transición energética, el mercado también es clave.
Hace dos años, en un pódcast llamado “Diálogos para la transición energética”, Sabbatella explicó que se vivía un “momento histórico de la explosión de la transición a nivel mundial coincidente con una grave escasez de dólares en la Argentina”.
Esa escasez, sumado a la altísima tasa de inflación que vino después y que llegó a un pico interanual de 215 %, limitó las posibles inversiones para expandir las renovables. Era difícil conjuntar fondos para aquel desarrollo y la importación de componentes era casi imposible de concretar.
“Esto no es menor, pero no es la única variable que explica el retraso de la transición energética y el desarrollo de renovables”, añade.
Sabbatella se refiere también a los subsidios a la electricidad que durante la administración libertaria se recortaron sustancialmente para los sectores residenciales, y en el caso de la industria, las pequeñas y medianas empresas, se eliminaron.
Esto explicaría que el sector que en el último año invirtió más para un recambio a energía solar y eólica fue el industrial -sin descartar los parques que se integraron al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi).
Son varios los proyectos solares y eólicos -el último registro cuenta 3,2 gigavatios instalados– que se han anunciado hasta el inicio de este año, algunos bajo el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi).
Ese esquema propone exenciones impositivas, regulatorias y arancelarias por 30 años con la condición de hacer inversiones superiores a los 200 millones de dólares y dirigidas a estas industrias:  la agrícola, la de infraestructura, la forestal, la minera, la de gas y petróleo, la siderúrgica, la de energía y la de tecnología.
A pesar de que hay alrededor de seis proyectos renovables bajo este esquema -entre los aprobados y los que se anunciaron como potenciales-, las propuestas más grandes están vinculadas a Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas no convencionales que se ubica en la región de la Patagonia.
“Hay proyectos off-grid (fuera de la red) como los de la minería, que van a ser un gran demandante energético y muchas empresas buscan descarbonizarse. La minería de cobre demanda mucha energía y ya hay anuncios de posible desarrollo de renovables para reducir el consumo de fósiles y el costo también”, describe Sabbatella.
Y añade: “Acá muchos de los procesos son de abajo hacia arriba porque hay empresas comprometidas con transicionar o porque hay todo un mercado internacional”.
Abajo hacia arriba, quiere decir, según Sabbatella, así como para el director del programa de transiciones energéticas y clima del Diálogo Interamericano, y exsecretario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Alfonso Blanco, una transición energética impulsada por los usuarios y no por el Estado como organismo planificador.
Carlos Salgado, especialista energético regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), ve central el desarrollo de planes estatales, no solo para organizar la transición energética de forma justa, sino que también para potenciar las propias inversiones extranjeras.
“En el mundo, el año pasado, las renovables recibieron el doble de inversión que la industria fósil. Sin embargo, en América Latina esto no fue igual y aquí veo dos grandes razones: el riesgo político y el impacto al desarrollo que significa la inversión”, destaca el experto.
“Tenemos que hacer un derisking (reducción de riesgos) en la región, y por supuesto en la Argentina. Y una de las primeras herramientas que se me ocurren es la de desarrollar políticas de estabilidad para que los inversores puedan poner su dinero allí”, añade Salgado.
En el caso argentino, esas políticas de estabilidad no están necesariamente dirigidas a la promoción de renovables no convencionales. Tampoco existen regímenes de promoción específicos a pesar de los proyectos que permanecen dormidos en el legislativo Congreso Nacional, como el régimen de promoción al hidrógeno verde.
El segundo factor que destaca Salgado se vincula con el planeamiento energético a nivel territorial, pero también con un análisis sobre las poblaciones en donde estos proyectos se instalan.
“En ese sentido nosotros siempre promovemos pensar en el impacto social, de género y en la biodiversidad que los parques solares o eólicos pueden provocar”, aclara y advierte que, sin el Estado presente, estas consideraciones pueden no ser tomadas en cuenta.

El desarrollo de renovables con leyes fosilizadas
Blanco reconoce que esto es más que relevante. Sin embargo, también advierte que «si vos no tenés una planeación y tenés un marco de leyes enfocado a las leyes fósiles, el libre mercado no permite desrrolar las renovables.
Este punto es clave, pues las renovables, aún siendo más competitivas que antes, se despliegan en un país cuyas leyes de promoción siguen inclinándose hacia los combustibles fósiles.
Esto queda en evidencia en los anuncios del gobierno vinculados a la energía, en los subsidios y desregulaciones al mercado gasífero que aún prevalecen e, incluso, en los informes trimestrales de coyuntura energética que la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético expide, y cuyos datos corresponden, en su gran mayoría, a los combustibles fósiles.
“Si planificas, tendrías una optimización de la asignación de recursos. Y es que el marco habilitante fue diseñado para un mundo fósil. Hoy el mercado no termina asignando de forma eficiente los recursos”, señala Blanco.
Salgado resalta que los países de la región que han podido transicionar más rápido son, sin duda,  los que no tienen yacimientos hidrocarburíferos en sus territorios.
“Uruguay tenía que diversificarse porque importaba mucha energía. Sin embargo, que un país sea productor petrolero no excluye que sea una potencia en renovables. Mira a Brasil”, plantea el experto.
Si bien Argentina está apostando mucho más al gas natural, combustible fósil que es considerado por algunos como “de transición”, reconoce que no hay una vinculación entre el crecimiento de este sector y el renovable.
En esa línea, Juan Ignacio Arroyo, economista, asesor y comunicador argentino especializado en la transición energética, propone ver a YPF, la empresa estatal petrolera, como un potencial impulsor de políticas para la transición energética, y a esto no se refiere la participación en la producción de gas que tiene esta industria, sino a la inversión que ha hecho y puede hacer en el desarrollo de renovables.
“YPF Luz es un gran ejemplo de esto, también Y-TEC, pero si la empresa se corre, esto se deja a decisión de los privados”, advierte el economista.
En 2023, Sabbatella escribió un artículo científico titulado “Transición energética: el cuadrilema argentino”, que retoma el planteamiento del Consejo Mundial de Energía sobre los retos energéticos contemporáneos.
Este organismo categoriza a la seguridad y equidad energética, y a la sostenibilidad ambiental como las tres variables a equilibrar para el desarrollo de los nuevos esquemas energéticos.
Sin embargo, Sabbatella aclara que, para los países del Sur global como Argentina, la capacidad técnica-industrial es un cuarto factor necesario a considerar.
Entonces, la posibilidad de que un país genere nueva infraestructura se vuelve fundamental para poder moldear el tipo de transición energética que necesita.
Antiguas industrias podrían jugar un rol, como lo plantea Arroyo con YPF, o también otras como las metalúrgicas.
En este caso en particular, Sabbatella trae a colación la reciente venta de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), una empresa estatal que producía infraestructura para la producción de hidrocarburos, pero también de renovables.
“En términos de capacidad industrial, el cierre de Impsa da cuenta de lo poco estratégico que el gobierno contempla  este tipo de vectores para el desarrollo de un plan energético”, concluye el sociólogo.
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El fin del Riachuelo

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR. Lo que fue y será.
El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.
La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.
“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.
“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo
¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?
Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.
A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad
A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.
Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.
En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.
Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

Tiro de gracia
El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.
El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.
En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.
“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%
Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.
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Ley agroforestal en Córdoba: el árbol que oculta al bosque

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal PeriodismoAmbiental
Provincia/Región: Córdoba


En el año 2017, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a las reformas de la Ley de Bosques en Córdoba -propuestas por CARTEZ, la Sociedad Rural y Juan Schiaretti- Sergio Busso, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería (hoy ministro de la misma cartera pero con otro nombre: Ministerio de Bioagroindustria) impulsaba lo que el gobierno llamaba un ambicioso plan de forestación y reforestación en el territorio provincial: lo impulsaría la Ley Agroforestal N°10467.
El ministro Busso de entonces es el mismo que el de ahora y viene demostrando como funcionario, desde hace 8 años, un profundo compromiso con el empresariado rural y por eso el actual gobierno de Córdoba conformó lo que denomina “Mesa Técnica para la Actualización de la Ley Agroforestal N° 10.467, en el marco del Plan Provincial Agroforestal” para informar los cambios aprobados en la Legislatura en diciembre pasado y avanzar sobre la reglamentación de la ley.
La última de esas reuniones fue realizada el 21 de febrero, motorizada por el Área Agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria. Allí, los funcionarios informaron a representantes del empresariado rural, de universidades y organismos públicos los futuros cambios que el gobierno de Llaryora planea aplicar a la Ley Agroforestal.
Claro que la Mesa Técnica no funcionó como un órgano de consulta e intercambio amplio de opiniones respecto de las modificaciones, sino más bien como una invitación para dar a conocer las decisiones ya tomadas por el gobierno provincial.
En ese sentido, en la convocatoria oficial no pasó desapercibida la ausencia de ONGs de la sociedad civil, por ejemplo aquellas que hace unos años en el nacimiento de la Ley Agroforestal cuestionaron algunas especies permitidas por el Plan Provincial, entre las que figuraban varias exóticas invasoras.

 
Bonos “verdes” a la cordobesa
Para comprender las nuevas modificaciones a la Ley Agroforestal cordobesa imaginemos que existiera una “ley de patios hogareños” que indicara que usted tiene que tenerlo con un 2 % a un 5% cubierto con árboles (sabor a poco el porcentaje ¿no?).
De todas maneras, suponga que usted vive en Carlos Paz y está en falta con esa ley porque decide sacar los pocos árboles que tiene ya que quiere cubrir su patio de cemento. Entonces, se convierte en infractor de la legislación vigente. Está en falta, pero las autoridades le dicen no importa: En Cruz del Eje hay un vecino que tiene 3 árboles en su patio, comprelé un bono que le dio el gobierno por tener esos tres árboles y se acaba el problema.
El vecino infractor no tuvo que plantar ni un árbol, nadie reforestó: la zona en donde vive el vecino no tiene los árboles que debería tener porque bastó que le pagara un bono a quien tiene los árboles en la otra punta de la provincia. ¿Se reforestó el lugar donde vive? ¿Tiene más árboles entonces? ¿La ciudad cuenta con más árboles a partir de esa ley? No, lo que tiene ahora es un mercado de bonos verdes…
“Nadie quiere reforestar un campo de soja en la zona de Marcos Juárez, por ejemplo, entonces «cumplen» reforestando en otro lugar que tienen tierras baratas e improductivas económicamente”, señaló a Sala de Prensa Ambiental un especialista en el tema que pidió no ser mencionado.
El espíritu de la Agroforestal, en su inicio, era “elevar el piso ambiental” de algunos ecosistemas, enfocado principalmente en la región del Espinal, un ecosistema completo de bosques nativos que desapareció hace unas décadas por el avance de la frontera agropecuaria, de la mano de un gran cambio de uso de suelo que dejó graves problemas de inundación y de erosión en el sureste cordobés.
 
Atributos ambientales: un tema que todavía está verde
El espíritu inicial de la Ley Agroforestal cordobesa era elevar el piso ambiental de esa región, para lo cual cada cuenta catastral (terrenos, campos) tenía que cumplir teniendo entre el 2% y el 5% de su superficie forestada.
En esta actualización de la Ley Agroforestal llevada a cabo en la Legislatura en diciembre pasado se cambiaron básicamente dos aspectos importantes:
El primero es que antes de la actualización, si un propietario no tenía entre el 2% y 5% de cobertura forestal en su campo, tenía que forestar o reforestar en su cuenta catastral (terreno o campo), o bien en otra cuenta catastral pero que estuviera dentro de la misma cuenca hídrica.
Ahora se pueden hacer dos cosas diferentes. Una, si un propietario tiene que forestar el 2% de su cuenta catastral puede hacer un acuerdo con otro privado y forestar en los predios de ese otro propietario en cualquier lugar de la provincia. Para el gobierno provincial ya no es necesario que sea dentro de su cuenca.
Otra cuestión con estas actualizaciones a la Ley Agroforestal cordobesa está relacionada con los “atributos ambientales”.
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está determinando los atributos ambientales de las cuentas catastrales que están en zona roja de bosque nativo. Por eso, informan que han desarrollado una fórmula que tiene en cuenta el secuestro de carbono, la huella hídrica y la biodiversidad. Según las autoridades de Ambiente, con esos tres factores pueden determinar el valor del atributo ambiental de una cuenta catastral en zona roja de bosques nativos.
Según pudo averiguar Sala de Prensa Ambiental, los funcionarios del área que comanda la política ambiental de la provincia, estiman que recién en octubre de este año estaría operativa esa herramienta. Entonces, cualquiera que esté en una zona agrícola desforestada podrá comprar sus “atributos ambientales” a otro propietario que tenga su terreno o campo en zona roja de bosque nativo conservado. Lo importante de esto: no hace falta plantar un solo árbol para cumplir con la ley.
“Me parece perfecto que la zona roja pueda vender sus atributos ambientales, lo que no me parece bien es que alguien de la zona agrícola los pueda comprar, porque en ese caso la ecuación a nivel ambiental no aporta nada”, indicó otra fuente consultada por Sala de Prensa Ambiental.
Además de los lógicos cuestionamientos a la actualización de la Ley Agroforestal, muchos de los concurrentes no ocultaron su malestar con las autoridades porque la invitación a la “Mesa Técnica” no fue otra cosa que informarles lo que el gobierno provincial junto al empresariado rural ya tiene decidido.

Una vez más: una política agroforestal que no apunta a mejoras ambientales
Desde el punto de vista ambiental, las modificaciones previstas para la Ley Agroforestal no tienen sentido: una zona que está erosionada, inundable y degradada va a seguir estándolo, e incluso empeorando, porque está comprando bonos de otro lugar sin plantar un solo árbol.
El gobierno de Llaryora, reafirma una vez más, su criterio economicista sobre los ecosistemas provinciales: la naturaleza como mercancía y los servicios ambientales como bien de cambio para unos pocos.
En Córdoba, se reafirma la idea que el derecho a gozar de una ambiente sano es para quienes puedan arrasar un territorio y luego tengan los medios económicos para poder desplazarse a otro. Eso sí: comprando bonos verdes para estar dentro de la ley.
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Ley Yolanda: la lucha por mantener viva la ley de formación ambiental

Fecha de Publicación: 06/03/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Aunque inicialmente fue un éxito, la aplicación de la norma se estancó bajo la presidencia de Javier Milei, por lo que ambientalistas pelean para que siga en pie.
Yolanda Benjamina Ortiz fue una química argentina nacida en 1926. Empezó su vida profesional trabajando en Shell y luego pasó a la función pública.
Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente de Argentina en 1973, nombrada por el entonces presidente Juan Perón, tras su exilio en España. Creía en la inextricable conexión entre cuestiones medioambientales y económicas, y afirmaba que “necesaria y urgente una revolución mental” para mejorar la relación de la sociedad con la naturaleza. Su política sigue siendo muy apreciada.
En 2015, el año en que Ortiz cumplió 90 años, se creó en Argentina una ONG llamada Eco House, centrada inicialmente en la educación ambiental, pero que más tarde pasó a centrarse en la política.
Cuatro años más tarde, justo antes de la pandemia de coronavirus, Eco House empezó a reunirse con legisladores de todo el espectro político para discutir un problema que había detectado: que la educación ambiental en Argentina simplemente “no estaba ocurriendo”.
“Teníamos muy claro que teníamos que hacer algo”, dice María Aguilar, directora de educación de Eco House.
En una reunión en la oficina de Eco House con la entonces diputada Camila Crescimbeni, se formó un plan para exigir a todos los que ocuparan un cargo público que se informaran sobre cuestiones medioambientales clave. “Todo ocurrió en esta conversación”, dice Aguilar.
Intentar que todo el mundo se sumara a la idea fue difícil. “Tuvimos muchas, muchas, muchas reuniones con distintos políticos de distintos partidos, intentando activar esto”, dice Aguilar. “Nadie estaba en contra, pero [siempre había] cuestiones políticas de por medio”. No obstante, la idea cobró fuerza, con el apoyo de ONG, universidades y activistas juveniles, y una campaña mediática que la respaldaba.
En 2021, la Unesco declaró que la educación ambiental debería ser un componente básico de los planes de estudio de todo el mundo para 2025. Al mismo tiempo, Argentina elaboró una ley paralela que exige la educación ambiental en las escuelas, universidades y otras instituciones públicas.
Pero Aguilar dice que la nueva ley desarrollada con Crescimbeni era especial. “Hay que asegurarse de que la educación ambiental llegue a todos los sectores de la sociedad, no solo a los niños. Siempre se piensa en ese sentido, pero no es suficiente porque no podemos esperar a que esos niños crezcan.”
Julio Díaz, secretario del Juzgado Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, dice que la capacitación ambiental es de “vital importancia” para el Poder Judicial porque permite tomar conciencia de la complejidad de los temas ambientales. Señala que también ayuda a las personas a verse a sí mismas como parte del medioambiente, y advierte que existen responsabilidades comunes y diferenciadas en los impactos que las personas tienen sobre la naturaleza.
Dos senadoras de distintos espacios políticos de Argentina empezaron a trabajar juntas para conseguir la aprobación de la ley. La senadora María Eugenia Catalfamo, de la coalición de centroizquierda Frente de Todos , presentó un proyecto de ley, y pocos días después Gladys González, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, presentó una iniciativa similar en la Cámara Alta. “Fue increíble”, recuerda Aguilar. “Casi se hicieron amigas”.
El proyecto de ley pasó por el Congreso argentino y finalmente fue aprobado, casi por unanimidad, en diciembre de 2020.  
La ley exige que todos los funcionarios públicos, ya sean del poder ejecutivo, legislativo o judicial, reciban formación en cuestiones medioambientales y de cambio climático. Se denominó “Ley Yolanda”, en honor a Ortiz, y los implicados afirman que es la primera de este tipo en el mundo, que ellos sepan.
Una guía de la ley oficial la describe como un “hito”, diciendo: “La aprobación de esta ley no solo cristalizó un momento específico de nuestro país y sus actores, sino también toda la extensa y poderosa tradición de luchas y logros históricos del ambientalismo en Argentina.”
La guía, que incluye un íntimo prólogo de un amigo de Ortiz, dice que la ley es estratégica, que busca abordar temas urgentes y con un objetivo político a largo plazo. “En definitiva, busca que esta perspectiva sea tenida en cuenta a la hora de pensar, planificar y ejecutar programas y acciones desde las instituciones del Estado”.
Aguilar afirma que la aprobación de la Ley Yolanda fue estupenda, pero solo es el principio del desafío. “Argentina tiene un montón de leyes medioambientales muy, muy buenas que son muy difíciles de aplicar. La mayoría no se cumplen en la vida real”.
El gobierno realizó una consulta sobre cómo debía aplicarse la ley. Aguilar señala que la mayoría de los que participaron inicialmente pertenecían a organizaciones agrarias y empresas petroleras. “En Argentina, la agricultura es la base de nuestra economía. Fueron muy cuidadosos con lo que se iba a decir y que no hubiera nada que fuera en contra de la agricultura”.
El gobierno se dirigió a Eco House pidiendo más apoyo medioambiental para atajar este problema. “En aquel momento había gente muy comprometida que intentaba llevar esta aplicación por el buen camino, por suerte”, dice Aguilar.

El desarrollo de la ley
Al final, se acordó que los participantes debían dedicar 16 horas a seis módulos obligatorios y dos optativos sobre temas como la biodiversidad y los ecosistemas, el cambio climático, la economía circular y el desarrollo sostenible.
Según la guía, la “información incluida debe ser clara, precisa y tener base científica, y debe ajustarse a la agencia y al contexto en el que se facilita”. Las personas que no realicen la formación pueden ser multadas, e incluso publicar su nombre en Internet.
A Eco House no le pareció suficiente el plan de formación del gobierno central, que consistía en vídeos y algunas lecturas obligatorias. Así que desarrolló su propio programa, con clases reales en las que los participantes podían interactuar y hacer preguntas, que el gobierno validó.
Aguilar elogia a los equipos que trabajaron en la aplicación de Yolanda y su ley hermana de educación medioambiental. “No eran políticos, eran técnicos, y tenían muchas ganas de trabajar con nosotros, porque saben que los partidos pueden cambiar, pero la sociedad civil es permanente”.
Las provincias tenían que adoptar individualmente la ley (todas menos una lo han hecho) y podían diseñar sus propias directrices. Aguilar dice que Buenos Aires suele ser una de las provincias más progresistas, pero su Ley Yolanda solo exigía tres módulos de 45 minutos cada uno. “Nos preguntaron: ‘¿Qué les parece? Y yo dije: ‘¿Me están cargando? Esto es más corto que la película Titanic'”. En cambio, Chaco, que tiene uno de los peores índices de deforestación del mundo, intentó poner en marcha un ambicioso programa.
Un aspecto clave de la ley es que se aplica a todo el mundo, desde los funcionarios subalternos hasta el más alto cargo del país. Cuando el entonces presidente Alberto Fernández emprendió su formación en 2022, emitió un comunicado de prensa al respecto.
“Todo avanzaba muy rápido para una ley aprobada en 2020”, dice Aguilar. “Yolanda tenía su página web, y se podía ver cuánta gente había hecho el curso, tanto con nosotros como con el gobierno”.

Y entonces todo cambió
En 2023, Argentina eligió como presidente a Javier Milei, un negacionista del cambio climático que rechaza las políticas de deforestación y que ahora se plantea seguir a Estados Unidos en su retirada del Acuerdo de París.
Aunque todavía existe una página web sobre la Ley Yolanda en el sitio web del gobierno argentino, han desaparecido muchos detalles. “No se puede descargar ningún documento sobre la ley, el temario, nada”, dice Aguilar. “No están promoviendo que nadie emprenda eso. Llevo enviando correos desde que empezó este nuevo equipo, y nunca sabes a quién escribir, porque no hay nadie. Al principio dijimos: ‘Bueno, vamos a darles tiempo'”. Pero ya ha pasado más de un año.
No obstante, la formación de los jueces y magistrados en particular ha continuado, con un programa que duró todo el año pasado. Abarca los principios científicos y jurídicos fundamentales sobre una serie de cuestiones medioambientales locales y mundiales. En cuanto al clima, el curso profundiza en la mitigación y la adaptación, los sistemas energéticos y el papel de la legislación nacional e internacional. Una sección explica el Acuerdo de Escazú.
Díaz asegura que el contenido del curso es realmente innovador porque la mayoría de las personas que trabajan en el Poder Judicial no han recibido formación en materia medioambiental, “y mucho menos en sostenibilidad en sus cursos de licenciatura”.
Más de 7.000 personas han recibido formación en el marco de este programa, entre jueces, miembros de salas de los tribunales de apelación argentinos, secretarios, estudiantes y demás personal del servicio de justicia.
 “Por los antecedentes y devoluciones que he tenido de colegas de la oficina judicial, y de muchos otros en la jurisdicción donde trabajo, puedo decir que el aporte [de la capacitación] es significativo y de enorme relevancia para el trabajo cotidiano en la gestión de una causa que tiene como objeto un conflicto ambiental”, dice Díaz. “Con esta formación se está proporcionando un conjunto de herramientas de gestión, tanto para ordenar las actuaciones judiciales dentro de un expediente, como para realizar actos concretos en el entorno afectado.”
Añade que la formación contribuye a “una mejor gestión de los conflictos medioambientales judicializados”.
Esto está ocurriendo a pesar de que nadie parece estar aplicando o haciendo un seguimiento centralizado de La Ley Yolanda, o avergonzando públicamente a quienes no han hecho lo que exige. Las preguntas a una dirección de correo electrónico oficial no obtuvieron respuesta, y no hay ningún departamento de medioambiente al que recurrir.
Aún está por ver si La Ley Yolanda logrará algún día la “revolución mental” por la que trabajó Ortiz, y el objetivo ahora es solo mantenerla viva hasta las próximas elecciones generales. “Es muy triste y muy frustrante, pero una vez que entendés el juego, hay que aprender a jugar y a encontrar aliados donde puedas”, dice Aguilar.
Dice que la campaña consiguió unir a las ONG medioambientales de Argentina como no había ocurrido antes. “Cuando surgió Milei, teníamos mucho miedo al futuro. Dimos muchos pasos atrás. Ahora tenemos que volver otra vez a las discusiones más bajas que se hicieron hace años”.
Milei ha apostado fuerte por la desregulación, intentando suavizar las restricciones a la minería cerca de los glaciares y eliminando protecciones para los bosques, además de colaborar con el avance del posible colapso de la ciencia nacional. También ha estrechado lazos con otros escépticos del clima de derechas, lo que convierte a su administración en una enorme amenaza tanto para el medioambiente argentino como para la acción medioambiental mundial. “Te encontrás hablando de cosas como ‘¿realmente el cambio climático existe?’, dice Aguilar. ”Tenemos que hablar de eso“.
Ortiz falleció en junio de 2019 a los 94 años. Preguntada por lo que cree que habría pensado la química de una ley que lleva su nombre y que contó con tantas otras mujeres que la respaldaron e impulsaron, Aguilar dice: “Creo que estaría muy, muy orgullosa.”
¿Y qué ha pasado desde entonces? “Estuve deprimida. Pero entonces, después de estar deprimida y llorar, dije: Bueno, ahora tengo que trabajar más duro que nunca'”.
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El Gobierno despidió a más de 300 trabajadores de Acumar

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Página12
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El organismo ha quedado paralizado por la falta de personal y recursos económicos. Además, alertan que podrían peligrar las tareas de saneamiento del Riachuelo.
Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa en la previa del fin de semana largo, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
Las notificaciones de los despidos fueron enviadas el viernes a última hora por correo electrónico y según ha detallado Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar, que se desempañaba en el organismo desde hace once años como analista especializada en la gestión de riesgos de inundaciones y en la elaboración de acciones para la prevención.
“Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, dijo Fierro en una entrevista con la AM 750, donde anticipó que el miércoles a las 9 de la mañana harán una manifestación en la sede del organismo, en Esmeralda 255, para reclamar por la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos.
Fierro sostuvo que los despidos y la falta de recursos – Acumar contaba con un presupuesto congelado, el mismo de 2023, como el resto de la administración pública – han llevado a la “parálisis enorme desde el año pasado”. “Estamos diezmados, y a esta situación de suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado dio por cerrada la causa Mendoza”, el histórico expediente iniciado en 2004 por un grupo de vecinos de Villa Inflamable afectados por la contaminación, que ordenó el saneamiento y donde el máximo tribunal de Justicia controlaba las obras y a las empresas contaminantes ubicadas a la vera del río, en sus 64 kilómetros de extensión.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Fierro. Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
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Alerta ambientalista por un proyecto del Gobierno que busca modificar las leyes que protegen la fauna nativa

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Si bien el documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”, las ONG denuncian que fomentaría la caza deportiva
Las luces de alerta de decenas de organizaciones ambientalistas de todo el país se encendieron y pasaron del amarillo al rojo en cuestión de horas, después que se filtrara un documento oficial del área de Ambiente que plantea la modificación de varias resoluciones de protección a la fauna nativa argentina. La intención del proyecto oficial, que tiene fecha del 20 de enero pasado, es modificar reglamentos que protegen a la fauna silvestre, tanto en relación con la llamada “caza deportiva” como a su comercialización.
Ante esto, más de 60 ONG de todas las provincias argentinas, a través de una alianza llamada “Observatorio de lo Silvestre”, pidieron esta semana de manera formal una audiencia con Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación.
Franco Perugino, de Mundo Aparte Rosario (una de las ONG que forma parte del Observatorio) dijo: “[El proyecto oficial] es nefasto para la fauna silvestre argentina ya que implicaría un retroceso de tres o cuatro décadas atrás en materia de protección y conservación”.
El documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Biodiversidad aclararon que no hubo ningún pedido formal de acceder al expediente ni de acceso a la información, y que el único propósito de la resolución es “ordenatorio” ya que busca “emprolijar” normativa que, en algunos casos, está duplicada o nunca se aplicó. Además, señalaron que por ahora se trata de una discusión “interna” que está siendo analizada dentro de cada una de las áreas, pero que no existe nada emanado desde la Subsecretaría.
Desde Pumakawa, una ONG cordobesa que también está dentro del Observatorio, remarcaron que la fauna silvestre no es perjudicial, sino que es indispensable. “Desde lo clandestino, desde los estados provinciales y quizás desde el Nacional, con este proyecto, se está impactando en ella literalmente: con bala. Y de manera ventajosa, con la caza enlatada o garantizada y embalsamando una parte del cuerpo para tenerla de adorno”, dijo Kai Pacha, presidenta de Pumakawa.
Para las organizaciones socioambientales, lo que se está debatiendo “son discusiones ya resueltas”. Así lo subrayó Perugino, quien citó dos ejemplos de la normativa que el Gobierno nacional pretendería modificar: una resolución de 1986 que prohíbe la comercialización de animales autóctonos silvestres vivos, y otra del año 2022 que prohíbe los criaderos de fauna silvestre para fines cinegéticos (de caza). “Si se avanza con esto se habilitaría lo que hoy es tráfico ilegal de fauna silvestre, así como la cría de animales nativos como el puma, solo para que luego sean cazados. Es nefasto, regresivo y anticonstitucional”, señaló el especialista.
Todo esto ocurre en el medio de renuncias masivas dentro de la Subsecretaría de Ambiente, hasta hace dos semanas a cargo de Ana Lamas, antigua funcionaria de esa cartera durante la década de los 90, quien decidió dejar su función alegando motivos personales. Su lugar fue ocupado por Fernando Jorge Brom, quien venía desempeñando funciones como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proyecto
El pasado 20 de enero, desde el área de Ambiente se presentó un proyecto cuyo objetivo es “propiciar la derogación y modificación de reglamentos de fauna silvestre”, bajo el argumento principal que muchas de esas normas “están duplicadas” y que otras infringen o limitan la capacidad constitucional de las provincias de ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.
El documento busca derogar y/o modificar resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. Nº 24/1986 Res. Nº 63/1986 Res. Nº 793/1987 Res. Nº 53/1991), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. Nº 351/1995), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 208/1998 Res. Nº 460/1999), de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 437/2006) y del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Res. Nº 133/2022).
Esas normativas, aún vigentes, sirven para regular y limitar la actividad cinegética (la llamada “caza deportiva”), así como para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona.
Las ONG consideraron que varias de estas normas “resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad”.
A eso se suma —según la carta presentada al Gobierno desde el Observatorio de lo silvestre— la “evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.
“Por estas razones, vemos con muchísima preocupación este desatinado proyecto y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en pos de la protección y conservación de nuestra fauna autóctona”, agregaron.
Para Perugino, la caza no puede ser objeto de fomento como política de estado, ya que además está asociada a otros delitos como el tráfico de armas y la trata de personas. “Sorprende el poder de lobby de los empresarios de la caza, para que sea el propio Estado el que salga a decir que debe fomentarse. Argentina no necesita fomentar la caza, necesita controlarla, es en la línea en la que avanza la humanidad toda”.
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El Gobierno oficializó a Fernando Brom como nuevo subsecretario de Ambiente

Fecha de Publicación: 21/02/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El funcionario fue designado en el cargo mediante el Boletín Oficial; su nombramiento se retrasó por unas declaraciones que realizó sobre los incendios en el sur, que no gustaron en el Ejecutivo
Tras el ida y vuelta por sus declaraciones antes de asumir, el Gobierno oficializó la designación de Fernando Jorge Brom como subsecretario de Ambiente. El funcionario, que reemplaza a Ana Lamas, renunció recientemente como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo que también está bajo la órbita dela jefatura de Gabinete comandada por Guillermo Francos, para asumir su nuevo cargo.
Por medio de la Resolución 75/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció: “Dase por aceptada, a partir del 13 de febrero de 2025, la renuncia presentada por el licenciado Fernando Jorge Brom al cargo de vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
En tanto, el Decreto 107/2025 estableció: “Desígnase, a partir del 14 de febrero de 2025, en el cargo de subsecretario de Ambiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Fernando Jorge Brom”.
Si bien el nombramiento había sido anunciado el 13 de febrero, la oficialización fue puesta en pausa por unas declaraciones que Brom realizó, las cual van a contramano con la postura del Gobierno. En relación a los incendios en la Patagonia, el subsecretario dijo que las autoridades “no están actuando correctamente” y señaló en Radio Mitre: “Es un tema que es una desgracia, no solamente ecológica, sino humana, así que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir, y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios, como el de Seguridad [a cargo de Patricia Bullrich]. Hay que trabajar mucho y lo que hay que hacer es tratar de prevenir, evidentemente no lo hemos hecho bien”.
Además, sumó: “Yo creo que es un reconocimiento a tareas que deben tener no solamente una previsión, sino un presupuesto adecuado; lo tienen, pero muchas veces no están los recursos en el lugar que tienen que estar, en el momento que tienen que estar”.
En el Gobierno molestaron los dichos de Brom porque, a su vez, brindó una entrevista antes de asumir al cargo. Sin embargo, tal como informó LA NACION, no aplicaron la “guillotina” en este caso ni dieron marcha atrás con el nombramiento.
Uno de los encargados de calmar las tensiones fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó tras las declaraciones de Brom: “Todavía no es funcionario, no ha asumido, son las expresiones de alguien que no se interiorizó en la función y en lo que hemos hecho por los incendios; no es ni más ni menos que eso. Se pondrá en contacto con la profundidad de los temas cuando asuma; no es funcionario, le falta información como para hablar con datos certeros”. También se refirió el presidente Javier Milei en una entrevista con TN, en la que delegó la responsabilidad de designar funcionarios a los ministros de la respectiva cartera.
Brom, de 67 años, es licenciado en administración de empresas y cuenta con una vasta trayectoria dentro del sector comercial y alimenticio. Fue gerente general durante 35 años ininterrumpidos en empresas como Quickfood SA, La Delicia Felipe Fort, Kraft Foods Argentina, Unilever de Argentina, Activa Anticipar AFJP, Roberts Participaciones / Labelcor SA, Fratelli Branca Destilerías, Carrefour Argentina, Scott Paper Arg. y Té Crysf SA, tal como dice su currículum.
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Advierten por falta de transparencia en acceso a la información pública en la pesca argentina

Fecha de Publicación: 21/02/2025
Fuente: Portal ParteDePesca
Provincia/Región: Nacional


El Círculo de Políticas Ambientales y la fundación ‘Sin Azul No Hay Verde’ presentaron un reciente trabajo conjunto en el cual advierten sobre las dificultades para contar con libre acceso a la información pública, sobre las empresas y buques que tienen asignadas concesiones estatales para la explotación de recursos naturales.
“Hacia finales del año pasado, y tal como lo establece la normativa vigente, culminó el proceso de asignaciones de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies cuotificadas, las que regirán desde el 1° de enero de 2025 por un plazo de 15 años. A pesar de que se trata del reparto de un bien público (recursos comunes de aguas de jurisdicción nacional) que genera derechos exclusivos para un aprovechamiento privado por muchos años, en generalial, este proceso es desconocido por la mayor parte de la sociedad”, dice el estudio de las ONGs.
Y agregan que “si bien las empresas pagan por el derecho a la extracción, y recientemente se ha aplicado un canon a la actividad, ello no excluye el derecho a saber de los ciudadanos acerca de la explotación de un bien público: ¿Quiénes lo explotan? ¿Cómo? ¿Cuál es el estado de los recursos?”, se interrogan en el trabajo interdisciplinario.

Por debajo de los radares del escrutinio público
Asimismo, sostienen que “como en muchos países, la pesca en la Argentina es una actividad que se mantiene por debajo de los radares del escrutinio público debido a múltiples causas, entre ellas, la falta de información pública clara y accesible, y la ausencia de espacios de participación de actores que no sean las empresas dedicadas a la actividad, los sindicatos, los gobiernos subnacionales con litoral marítimo y la autoridad nacional
En otro tramo, señalan que “la información sobre las empresas pesqueras y su desempeño y sobre los derechos de explotación de especies no es de fácil acceso público. En general, la asignación de cuotas es informada públicamente una vez hecho el reparto (de acuerdo con una ponderación establecida por la autoridad en el marco del Consejo Federal Pesquero), a través de un acta que incluye el resultado del proceso que es publicada en un sitio web oficial. Para obtener más información sobre el proceso, sobre los propietarios de las empresas o embarcaciones beneficiadas, sobre su historial de sanciones, etc., es necesario recurrir a pedidos especiales de acceso a la información a través de un procedimiento administrativo -no siempre conducente- ya que, o los datos requeridos no están publicados o están diseminados por diferentes sitios; no están accesibles al público en general o no son legibles o interpretables para actores no especializados”, aducen en el estudio realizado.

“Es muy difícil acceder a información”
El Círculo de Políticas Ambientales y la fundación ‘Sin Azul No Hay Verde’ advierten que actualmente, “la información referida a las embarcaciones y a las empresas que explotan los recursos pesqueros de jurisdicción nacional no se encuentra disponible de forma accesible, ni de manera parcial ni en su totalidad”.
“Para poder conocer datos sobre alguna embarcación específica es necesario ingresar en los registros contenidos en las actas y resoluciones del CFP. En las mismas se puede hallar información fragmentada y desordenada sobre alguna embarcación y/o sus representantes legales, así como también datos sobre especies a las que ha tenido acceso a través de permiso de pesca y/o CITC. Para los casos en que cuestiones relacionadas a embarcaciones y/o empresas no hayan requerido ser tratados dentro del CFP, y éste no se haya expresado sobre las mismas, es muy difícil acceder a información”, insisten las fundaciones que realizaron el estudio.
Asimismo, dicen que “también es posible obtener datos a través de la realización de un Pedido de Información Pública a una institución determinada mediante la plataforma de Trámites a Distancia. Esta metodología no siempre resulta exitosa, y la información que se obtiene raramente cumple en responder a lo solicitado”.
No obstante, señalan que a diferencia de otros países, “la Argentina no cuenta con un registro público de las embarcaciones de pesca, sus permisos y o CITC, sus propietarios/beneficiarios directos, sus beneficiarios finales, los derechos de explotación con los que cuentan, historial de su conducta y/o sanciones”.
Finalmente, proponen que “es necesario que las autoridades comiencen a interpretar a la Ley Federal de Pesca en el entramado más amplio de la normativa ambiental, desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental”.
En este marco, “queda claro que el acceso a la información pública clara y accesible es un derecho de todos los ciudadanos y que la pesca no es una excepción. En esa línea, la creación de un registro de embarcaciones en línea, instrumento con el que vienen trabajando varias naciones del mundo, es un primer paso para transparentar la actividad, la toma de decisiones y el desempeño de las autoridades y del sector privado”, concluyen.

Link al Informe completo
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