Presupuesto 2026: el Gobierno asignó el número más bajo de la historia para la protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Vida Silvestre Argentina alertó que el proyecto enviado al Congreso adjudica apenas el 3,5% de lo previsto por la Ley 26.331. Con ese nivel de recursos, advierten, las provincias no podrán fiscalizar ni restaurar áreas degradadas y la deforestación continuará avanzando.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 contempla el financiamiento más bajo desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007. 
Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, la propuesta del Poder Ejecutivo destina apenas el 3,5% de los fondos que establece la norma, una reducción que representa el desfinanciamiento más grave en casi dos décadas de implementación.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos estableció que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. 
Para 2026, ese monto equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto oficial prevé solo $15.843 millones, a los que se suman $1624 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
“La Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

El impacto del desfinanciamiento
Los especialistas advierten que la falta de fondos limita la capacidad de las provincias para fiscalizar y controlar desmontes ilegales, al tiempo que desalienta a los propietarios a conservar y restaurar sus tierras.
En paralelo, la deforestación continúa avanzando en zonas donde está expresamente prohibida, producto de la expansión agropecuaria, forestal, urbanística y vial.
Las áreas incendiadas o degradadas tampoco están siendo restauradas como indica la normativa. A esto se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta clave que permitiría articular sanciones y políticas públicas para desincentivar las violaciones a la ley.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente”, agregó Jaramillo.
“Excepto en los inicios de la Ley, el presupuesto nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, sostuvo el experto en ambiente.
Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad: cumplen funciones esenciales para la sociedad y la economía. Contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, sirven como hábitat para miles de especies y sostienen a comunidades locales.
Además, proveen alimentos, agua potable, medicinas y materias primas, y ayudan a prevenir fenómenos extremos como inundaciones y erosión.
Su pérdida, advierten los especialistas, implica consecuencias sociales, económicas y ambientales muchas veces irreversibles. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación”, enfatizó Jaramillo.
El desfinanciamiento de la Ley de Bosques también pone en riesgo compromisos internacionales asumidos por la Argentina. El país se propuso alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y reducir la deforestación, en línea con el Acuerdo de París de 2015 y el Convenio de Diversidad Biológica.
“Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia”, concluyó el director de Vida Silvestre.
El proyecto de presupuesto será debatido en el Congreso en las próximas semanas. Desde las organizaciones ambientales advierten que el resultado de esa discusión será determinante para el futuro de la Ley de Bosques y para la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
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Agenda 2030 a bajo costo: Desde la cartera ambiental piden que se reconozcan a los Paisajes Productivos Protegidos (PPP) dentro de esas metas

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


El programa de Paisajes Productivos Protegidos (PPP) es implementado desde 2010 por la fundación ProYungas de la mano de empresas privadas en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. El objetivo de la iniciativa es reservar zonas de conservación dentro de las explotaciones para generar a cambio mayor valor agregado en la producción y hasta alianzas que permitan el acceso a vías de financiamiento.
Como lo lleva a cabo el sector privado, no necesita de aportes del Estado, que igualmente puede verse beneficiado de esa iniciativa. Eso es lo que buscan en la subsecretaría de Ambiente de la Nación, desde donde impulsan el reconocimiento del PPP como parte del cumplimiento argentino de la Agenda 2030.
En particular, la cartera que dirige Fernando Brom evalúa que el programa de ProYungas puede ayudar al país a cumplir específicamente con uno de esos objetivos ambientales, la Meta 30×30.
Se trata de una de las 23 metas que 190 países asumieron como compromiso en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, y que tiene como propósito conservar el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030.
Según informaron desde la subsecretaría de Ambiente, la idea es “alcanzar 10 millones de hectáreas bajo el esquema PPP en Argentina, lo que equivaldría a un aporte adicional de 6 millones de hectáreas y representaría el 14 % de la meta nacional de conservación”.
Y eso, con costo cero, ya que la adhesión de las empresas productoras de granos, frutas, forestación, ganado, azúcar, lácteos y demás es voluntaria. La motivación está en que se puede convertir la conservación de la diversidad en valor económico, demostrando además que ser sustentable no es necesariamente poco rentable, sino todo lo contrario.
En ese esquema, los llamados “bonos verdes”, el financiamiento internacional o el plus de valor con certificaciones ligadas a ciertas normativas globales -como lo será, a futuro, la famosa resolución de la Unión Europea- son un importante incentivo.
El anuncio de este trabajo conjunto con el programa de ProYungas fue realizado en el cuarto Encuentro Anual Regional de la Red PPP, que tuvo lugar en Corrientes y reunió a empresas, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil. “Producción y conservación no son opuestos, sino que juntos son motores del desarrollo sostenible”, aseguró allí el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo.
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Javier Milei redobló su rechazo a la Agenda 2030 ante la Organización de las Naciones Unidas

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En su intervención en la Asamblea General, el presidente además cuestionó la autoridad del organismo como ente supranacional. Eduardo Sartelli, Sixto Cristiani y Daniel Lipovetzky debatieron en "Comunistas" cómo diseñar una política ambiental que no conspire contra el desarrollo nacional. 
"Los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso porque veíamos en esta agenda un mal gasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento", expresó este miércoles el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Oficialmente conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 17 desafíos globales que la componen interconectan metas en términos de erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente contra el cambio climático y garantizar prosperidad para todas las naciones. En esa línea, Milei aseguró que tales metas no deben imponerse por encima de la libertad individual, y denunció que la ONU ha derivado hacia un gobierno supranacional de burócratas que “pretenden decidir qué debe hacer cada Estado”.
La tensión que subyace en la Agenda 2030 criticada por el mandatario fue abordada por los integrantes de la mesa en "Comunistas". El historiador Eduardo Sartelli planteó que la agenda ambiental —y en general las dimensiones ecológicas del desarrollo— no pueden pensarse por separado de las estructuras económicas. Citó como ejemplo las políticas ambientales de Francia, que en su visión también responden a la protección de su sector agrícola contra las importaciones de otros países productores de sus mismas materias primas provenientes del campo.
Para Sartelli, el problema ambiental más urgente en Argentina no es "salvar ballenas", sino enfrentar realidades concretas como las que sufren diariamente las millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo. “Se soluciona con un plan de desarrollo que diga ‘no’ a la destrucción innecesaria, y que avance hacia paradigmas eléctricos”, afirmó, criticando severamente lo que calificó como un "ambientalismo cínico” que, según él, protege fronteras externas pero deja al país sin cambios necesarios para la población.​
También invitado al programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Sixto Cristiani, candidato a diputado nacional y licenciado en Administración de Empresas, asumió un giro doctrinal: “Si sos libertario, vamos a tener que transformar la economía hacia una de matriz ecológica”, apuntó. Advirtió que China ya está avanzando en la transición energética que va de los combustibles fósiles a las energías alternativas y que, de no transformarse,  Argentina perderá los "empleos del siglo XXI". No obstante, propuso que el país exporte recursos fósiles como petróleo o gas mientras que a nivel doméstico evolucione hacia energías renovables, ambivalencia por la que Sartelli le salió al cruce y la criticó.
Por su parte, Daniel Lipovetzky, candidato a diputado nacional y abogado con experiencia en comercio internacional, sostuvo que el cambio climático no puede utilizarse como un “obstáculo” para el desarrollo, sino como una materia que permitra articular la defensa de los recursos con la equidad. Según Lipovetzky, el desafío argentino radica en no caer en extremos: ni negar el problema ni quedar atrapado en regulaciones que paralicen la actividad productiva.
El debate encendido en "Comunistas" a partir de la crítica ensayada por Milei mantiene relevancia internacional en un contexto donde el alza de las temperaturas globales no se detiene, al tiempo que a nivel geopolítico se produce un reordenamiento de fuerzas donde las naciones buscan posicionarse política y comercialmente de la manera más favorable a sus propios intereses.
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Política ausente, futuro incierto: el ocaso de la ley que impulsó las energías limpias en Argentina

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde la urgencia por frenar la crisis climática debiese acelerar la transición energética, Argentina camina en sentido opuesto. Con una matriz energética construida sobre una base fósil, el gas y el petróleo componen más de 80 % del consumo a nivel nacional, una dependencia que ya cumple décadas y condiciona cualquier intento de transición.
En medio de esta trayectoria, la sanción de la Ley Nacional 27.191 en 2015 representó para el país un punto de quiebre, con metas obligatorias para diversificar la matriz energética, previsibilidad jurídica e incentivos fiscales. Hoy apenas 16 % de la generación proviene de fuentes limpias, lejos de 20 % fijado por la ley.
Con el vencimiento de la Segunda Etapa del régimen, la legislación – y el sector renovable- enfrenta un panorama incierto. Con instrumentos de financiamiento vacíos, un gobierno que niega el cambio climático y una prórroga de la ley centrada solo en incentivos económicos, la situación se agrava para las renovables no convencionales.
Pero Argentina no es solo su gobierno nacional. Al interior del territorio varias provincias ensayan hace casi una década modelos descentralizados y esquemas propios anclados en sus recursos, capacidades y prioridades locales. Sin certezas sobre cómo continuará el respaldo legal de las renovables, ¿podrán estos modelos asumir temporalmente el liderazgo de la transición energética? ¿Hasta qué punto puede sostenerse la agenda nacional cuando hoy su motor son experiencias provinciales dispersas?

Un marco legal que se queda atrás y uno nuevo que no acelera
En 2015, con la sanción de la Ley 27.191, Argentina dio un paso importante al fijar metas nacionales para el desarrollo de energías renovables. Estructurada en dos partes, la Segunda Etapa de la 27.191 fijó como meta 20 % de participación de renovables en la matriz energética argentina para diciembre de 2025, con incentivos para acompañar su crecimiento; un objetivo que hoy está lejos de alcanzarse.
La 27.191 surgió tras múltiples intentos previos. La Ley 25.019 de 1998 y la Ley 26.190 de 2006 sentaron precedentes, pero sus resultados fueron limitados por la ausencia de mecanismos financieros sólidos y la dependencia de fondos estatales en un país con macroeconomía inestable.
Con alto riesgo país, costo de capital elevado y marcos jurídicos poco confiables, los inversores de grandes proyectos no tenían garantías de retorno. Como señala Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
“en Argentina, invertir en renovables requiere capital intensivo, lo que en Argentina es extremadamente caro. Sin garantías de pago, sin fondos de respaldo y con volatilidad cambiaria, el riesgo percibido por los inversores hace que muchos proyectos no sean viables”, afirma.
Ante este escenario, la 27.191 buscó corregir parte de estas falencias. Además de las metas obligatorias, creó un marco jurídico más claro para inversores y mecanismos como el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), que ofrecía garantías de pago, préstamos e inversión en proyectos.
También incorporó beneficios fiscales como devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), amortización acelerada de bienes de capital, exenciones sobre ganancias y dividendos y franquicias para importar equipos. Herramientas que generaron previsibilidad y permitieron a los grandes usuarios cumplir obligaciones de consumo con contratos seguros y precios de referencia, fomentando además la diversificación de la matriz.
En 2017 se sumó la Ley 27.424 de generación distribuida, que habilitó a usuarios residenciales, pymes y cooperativas a convertirse en “prosumidores”, instalando paneles solares y volcando excedentes a la red, ampliando así la participación de actores pequeños en la transición energética.
Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la institucionalidad de las renovables se debilitó. El Foder quedó prácticamente inactivo y la Ley 27.424 sufrió la derogación de capítulos clave mediante el Decreto 70/2023, lo que debilitó su implementación.
En paralelo, la Ley 27.742 de 2024 otorgó beneficios fiscales y facilidades cambiarias al sector de hidrocarburos, consolidando un marco aún más favorable a los combustibles fósiles.
Ante la ausencia de una estrategia estatal clara, el desarrollo de renovables depende hoy de actores privados que priorizan la maximización de beneficios económicos.
Una lógica que, para Álvarez,  es insostenible ya que “ningún país del mundo, ni de economía planificada, ni de economía capitalista, ni mixta, deja que la matriz energética la resuelva el mercado».
«La decisión política define el rumbo; los privados compiten entre sí para ver quién lo hace más eficiente y/o más barato, una vez dada la estrategia, la tecnología y las fuentes elegidas. Nunca se deja librado a que gane el más barato solo considerando el valor presente del KWh generado como único parámetro tomado en cuenta para decidir”, añadió.
En paralelo, la 27.191 enfrenta este año lo que se conoce como su próximo “vencimiento”, la finalización de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento de Energías Renovables, prevista para el 31 de diciembre de 2025. Esa fecha marca el plazo para que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo eléctrico nacional, según el artículo 5.
Más allá del plazo, y aunque tanto la ley como los capítulos sobre incentivos fiscales, acceso a fuentes renovables y el Foder continúan operando, este año también expiran beneficios promocionales condicionados a la ejecución de proyectos dentro de la Segunda Etapa.
Según el artículo 6 de la Ley 27.191, los emprendimientos iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025 acceden a devoluciones de IVA, amortizaciones aceleradas y otros incentivos. Pasada esa fecha, las nuevas inversiones quedarían fuera de estas ventajas.
Sin una prórroga o una Tercera Etapa, las metas y beneficios para nuevos proyectos dejan de aplicarse, generando un vacío para la expansión renovable y un retroceso de las condiciones óptimas de mercado para el desarrollo de grandes proyectos.
A pesar de este escenario de “transicione el que pueda”, las renovables se mantienen atractivas como instrumento de inversión y generación de divisas, lo que dialoga con la visión no intervencionista del actual gobierno.
Tal es ese atractivo que en agosto de 2025 un grupo de más de veinte legisladores oficialistas presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para extender la vigencia de la Ley 27.191 hasta diciembre de 2045. La iniciativa busca mantener exenciones de impuestos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal, y resguardar la seguridad jurídica para que el uso de renovables no impacte la rentabilidad de los proyectos. E
El texto también prevé modificaciones estructurales, eliminando la obligación de que los grandes consumidores compren energía renovable a través de Cammesa, flexibilizando los precios máximos en contratos y facultando cambios en el régimen para fomentar la diversificación tecnológica y geográfica, la incorporación de medición inteligente y la gestión de la demanda.
Con estas reformas, el marco normativo se orienta a dar mayor libertad y previsibilidad a la inversión privada, facilitando la expansión de proyectos renovables de gran escala, aunque sin traducirse necesariamente en una política de transición energética integral.
Como explica Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “para que las renovables cumplan un rol estratégico en la matriz energética es necesario articular más actores, definir la demanda y construir una narrativa común sobre qué tipo de energías se desea promover, no librarlas a los megaproyectos”.
En la misma línea, Álvarez también advierte que “este proyecto de continuidad de la 27.191 se limita a asegurar beneficios fiscales y la intangibilidad de los contratos hasta 2045. Sirve para un sector de la industria, para los inversores en grandes parques, que demandan grandes inversiones, pero en términos de política sectorial, no es suficiente. Hace falta un plan de transición, con una hoja de ruta asociada”.

Un país atrapado en los fósiles y en el desorden
Una pregunta válida para cualquier lector, incluso para quien escribe estas líneas, es por qué, siendo las renovables más baratas y con recursos solares y eólicos abundantes, Argentina no logra abrirse camino hacia una transición energética. La respuesta no es simple pues el país arrastra una dependencia estructural de los combustibles fósiles que condiciona cualquier intento de cambio.
Esto se explicaría, en parte, por un esquema de subsidios que refuerza la inercia en el país. Solo en el primer trimestre de 2025 el Estado destinó más de 420 000 millones de pesos (310 millones de dólares) a empresas hidrocarburíferas, frente a apenas 2889 millones (2,13 millones de dólares) asignados a renovables y eficiencia energética, el nivel más bajo en cinco años según el Monitor de Presupuesto de FARN.
Sin embargo, el desequilibrio no se explica únicamente por la composición de la matriz, sino también por la infraestructura que la sostiene.
El Sistema Argentino de Interconexión lleva dos décadas con escasa expansión, y sin nuevas líneas de transmisión resulta imposible despachar la energía limpia generada en regiones como la Patagonia o el noroeste argentino.
Como comenta Elisabeth Möhle en conversación para esta nota, el problema de la transición radica también en la infraestructura paralizada. “Sin una red de transporte modernizada, la transición energética queda atrapada en promesas que caen en saco roto”, asegura. 
En ese sentido, Möhle aclara, además, que, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi, régimen promocional quea proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares) funcionó para algunos grandes parques.
Pero, añade, «el Rigi no resuelve para las renovables los problemas de infraestructura y los problemas más políticos de si va a estar esa demanda de seguir avanzando con la transición. Para mí, puede haber funcionado para algunos parques, pero si hubieses tenido la infraestructura, ahí van a entrar más proyectos renovables, porque al final son grandes inversiones”.
Ante este panorama, surge la pregunta de cómo ordenar todo esto para abrir un camino viable hacia la transición energética. Para algunos, la respuesta no está solo en la macroeconomía, los subsidios o la infraestructura, sino en un marco legal que provea consenso político.
En este sentido, Möhle destaca que “lo importante es que haya una ley, la ley que ordene y dé cierta previsión. Que puedas remontar, revalidar ese consenso que tuviste en 2015 con la sanción de la ley”.

Provincias en resistencia de la mano de la generación distribuida
Argentina hoy se encuentra en un punto de inflexión, con un eclipse institucional y político que sin embargo alumbra otros aspectos, quizás relegados detrás de las lógicas de mercados, que también alzan la bandera de la transición. Al interior del país, diversas provincias han comenzado, incluso antes de la sanción de la 27.191, a diseñar estrategías propias para no quedar atrapadas en la dependencia fósil.
Para aquellas que no poseen grandes yacimientos hidrocarburíferos, las renovables son tanto una oportunidad de diversificación económica como de soberanía energética.
La provincia de Santa Fe, por ejemplo, despliega hace años un modelo de transición energética propio que no convoca únicamente al gran inversor. “Estamos trabajando para posicionar un modelo de transición energética subnacional que lidere a nivel nacional”, comentó Cecilia Mijich, subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética en la provincia.
En 2006, la Legislatura de Santa Fe sancionó la Ley 12.692, que estableció un régimen promocional provincial para la investigación, desarrollo, generación y uso de energías renovables no convencionales.
Esa norma marcó el inicio de la transición energética santafesina, al sentar las bases legales para proyectos solares y eólicos (entre otras), con beneficios fiscales por 15 años para los emprendimientos habilitados.
Desde entonces, la provincia no ha dejado de avanzar, institucionalizando el proceso a través de nuevos marcos como la Ley 14.259, que consolidaron un piso regulatorio para dar continuidad a los programas.
Hoy, con el Programa Prosumidores 4.0, se amplió la potencia máxima permitida a 1,5 MW y se ofrecen tarifas diferenciales durante ocho años, lo que asegura previsibilidad a quienes invierten. “Cualquier usuario que se anote en Prosumidores 4.0 tiene garantizados los incentivos por cinco años. Incluso si cambia el gobierno, eso no se puede revertir”, subraya Mijich.
El programa, que ya tuvo versiones anteriores, desde el piloto inicial en 2016 hasta la reformulación de 2020, ha sumado cientos de usuarios residenciales, pymes, cooperativas y municipios.
A agosto de 2025, según datos compartidos por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia, esta cuenta con 1.407 usuarios generadores conectados y una potencia renovable instalada de 10.277,1 kW en todos los programas vigentes, lo que refleja un crecimiento sostenido de la generación distribuida año tras año.
“Son cientos de prosumidores que producen su energía y la inyectan a la red, y eso crea un efecto demostración muy fuerte en toda la provincia”, remarcó Mijich,
El esquema se sostiene, además, con herramientas como el Fondo de Energías Renovables, líneas de crédito provinciales con tasas bonificadas y convenios con bancos, que facilitan el acceso a equipamiento solar y eólico para pequeños y medianos usuarios.
“La clave está en que no se trata de una política coyuntural, sino de una política pública con horizonte de largo plazo. En Santa Fe tenemos un marco provincial, financiamiento propio y actores preparados para sostener la transición”, destacó Mijich.
Señala también cómo “ese andamiaje [legal y financiero] es lo que da confianza.  Cuando una pyme invierte en solar, sabe que el Estado provincial respalda esa decisión y que no se va a caer con el próximo cambio de gestión”.
Al marco de incentivos financieros se le suma un capital técnico y científico que es clave para la provincia, con más de 160 proveedores vinculados a energías renovables y eficiencia energética, gestores capacitados, etiquetadores de vivienda y magísteres en energías renovables formados en universidades públicas.
Esta red territorial asegura que la política energética no dependa de cambios de administración y que los proyectos puedan concretarse en distintos niveles, desde pequeños sistemas residenciales de 3 kW hasta parques solares privados de varios megavatios que venderán energía directamente a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe.
“El ecosistema santafesino tiene una ventaja enorme, hay proveedores locales, hay investigación aplicada y hay formación de recursos humanos. Eso garantiza que la transición energética sea una realidad productiva y tecnológica”, enfatiza Mijich. “Lo que construimos es un círculo virtuoso, usuarios que instalan, empresas que proveen, universidades que forman, y un Estado que articula. Ese es el verdadero sentido de la transición”, asegura.

¿El camino es la descentralización?
Donde el Estado nacional se retira, los modelos provinciales pueden momentáneamente hacer frente al desinterés. Pero surge la pregunta inevitable: ¿pueden estas iniciativas locales sostener una transición energética en mayor escala?
“El desarrollo de la generación distribuida en Argentina está muy atrasado si nos comparamos con Brasil”, señala Möhle. “Tenemos mucho menos capacidad instalada, y eso afecta varias dimensiones: transporte, inversión, financiamiento. Incluso la falta de metas claras es un obstáculo crítico por sí sola. La electricidad sigue siendo muy barata comparada con otros países, y eso desincentiva a individuos y empresas a instalar sistemas propios”, agrega.
Möhle explica que, aun cuando las provincias avanzan, las soluciones de menor escala no transforman la matriz energética nacional. “En muchas provincias del sur o patagónicas, donde la elección tecnológica no es tan evidente, los gobernadores priorizan eficiencia económica o energética antes que motivos climáticos”, dice.
A esta perspectiva, Álvarez agrega que las provincias tienen una ventana de oportunidad para liderar la transición en redes de distribución y generación distribuida, pero advierte que el modelo descentralizado puede profundizar desigualdades, dadas por la diferente dotación de recursos, tintes políticos y articulación entre carteras ministeriales intra provincia.
“No es deseable que cada provincia se ‘salve sola’. Santa Fe, Córdoba y Mendoza podrán avanzar; otras provincias del centro o norte verán pasar las oportunidades. La brecha se ensanchará y el individualismo provincial, en las que cuentan con recursos propios, podría tender a crecer”, sostiene.
Desde esta perspectiva, aunque el liderazgo provincial no puede reemplazar un marco nacional, genera evidencia, capacidades técnicas y marcos regulatorios que podrían ser un insumo clave para políticas nacionales más sólidas.
Para Mercure, aunque la descentralización no garantiza la transición, probar y sostener iniciativas locales es indispensable frente a la incertidumbre nacional.
“Cuando asumió la administración de Milei, nos enfocamos [desde Farn] primero en política climática nacional, y vimos que con este gobierno no iba a pasar nada. Entonces empezamos a mirar a otros niveles, identificando provincias con iniciativas en generación distribuida. La gran mayoría tenía algún tipo de plan subnacional, aunque coordinar con áreas de energía, agro o industria sigue siendo un desafío. Aun así, hay ganas de avanzar, y debemos aprovecharlo”, explica.
Mercure subraya que estas experiencias locales no son perfectas, pero que son dignas de rescatar y visibilizar aún más cuando el gobierno nacional se ausenta: “No me parece imposible mayor protagonismo por parte de las provincias. Hay que buscar soluciones, escuchar a las provincias, apoyar sus ideas. La generación distribuida también puede solventar problemas sociales, ambientales, fomentar inclusión y desarrollo local. Por lo menos necesitamos intentar y sostener la transición frente a la incertidumbre”.
En cuanto a la prórroga de la Ley 27.191 enviada a la Cámara de Diputados, esta podría asegurar la continuidad de incentivos hasta 2045, aunque no contempla objetivos de participación de energías renovables.
Respecto a las expectativas,  Álvarez subraya que “si no hay metas claras, la acción provincial y comunitaria no puede compensar la inacción nacional».
«Tenemos la oportunidad de transformar esta situación mediante una ley de transición con una hoja de ruta asociada que posibilite al país al financiamiento climático internacional y así bajar el precio de la energía local al mismo tiempo que se genera más empleo por unidad de energía generada. Es lo que tenemos, y tenemos que aprovecharlo”, considera.
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Guardaparques de Misiones, referentes en conservación y reconocidos entre los mejores de Latinoamérica

Fecha de Publicación: 20/09/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


El mérito de esta distinción se sustenta en un plan de capacitación continua, que prepara a cada agente para enfrentar los desafíos del terreno. Los entrenamientos abarcan medicina táctica, manejo progresivo de armas, técnicas de rastreo y cartografía, lo que garantiza respuestas eficaces en situaciones de emergencia.
El Cuerpo de Guardaparques de Misiones fue distinguido como uno de los mejores de América Latina y el Caribe, un reconocimiento que resalta su excelencia en conservación, formación profesional y compromiso con la biodiversidad.
Con más de 130 integrantes, los guardaparques misioneros se destacan no solo por la vigilancia territorial y la protección de los ecosistemas, sino también por la prevención de delitos ambientales y la educación ambiental en comunidades locales, consolidándose como un modelo de gestión en la región.

Formación constante y profesionalismo
El mérito de esta distinción se sustenta en un plan de capacitación continua, que prepara a cada agente para enfrentar los desafíos del terreno. Los entrenamientos abarcan medicina táctica, manejo progresivo de armas, técnicas de rastreo y cartografía, lo que garantiza respuestas eficaces en situaciones de emergencia.
“Esta formación es clave para nuestros agentes, ya que los prepara para los desafíos diarios en el terreno”, afirmó Jorge Bondar, intendente del Cuerpo de Guardaparques.
Las capacitaciones, avaladas y financiadas por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, combinan instancias teóricas y prácticas que se actualizan periódicamente. Un ejemplo reciente fue el curso de Medicina Táctica, donde los agentes aprendieron protocolos de atención de heridas por armas de fuego y evacuación de víctimas.

Proyección y próximos pasos
El plan de formación 2025 incluye un ciclo de cuatro cursos, de los cuales ya se realizaron dos. Los próximos están programados para noviembre y diciembre, consolidando la preparación de los agentes frente a distintos escenarios.

Más allá de la vigilancia
El rol de los guardaparques va mucho más allá del control y la custodia de los recursos naturales. También realizan tareas de educación ambiental, prevención de delitos ecológicos y acompañamiento a las comunidades que viven en entornos naturales. Su labor, muchas veces en condiciones adversas, es clave para la sostenibilidad de los recursos de Misiones y el fortalecimiento de la identidad ambiental de la provincia.
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Contra el negacionismo climático: un informe revela cómo se construye la acción climática desde las provincias argentinas

Fecha de Publicación: 19/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde el negacionismo climático se ha instalado en el discurso oficial, las provincias argentinas comienzan a marcar el rumbo en materia de adaptación y mitigación.
La Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras presentó el primer Informe sobre Compromisos Climáticos Provinciales, un relevamiento integral que compara avances en planes, inventarios, marcos normativos, financiamiento y participación ciudadana.
Radiografía federal de la acción climática
El informe sistematiza datos oficiales de todas las jurisdicciones del país. Entre los hallazgos más relevantes se destacan:
- Planes provinciales validados: solo La Pampa, Jujuy y Misiones cuentan con planes de respuesta convalidados por el gobierno nacional
- Institucionalidad climática: el 54 % de las provincias tienen áreas específicas dedicadas al cambio climático
- Inventarios de GEI: 7 provincias elaboraron sus propios inventarios (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe)
- Leyes marco: 8 jurisdicciones cuentan con legislación específica (CABA, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa)
- Emisiones concentradas: la provincia de Buenos Aires representa el 34 % de las emisiones nacionales

Financiamiento limitado y dependencia de fondos nacionales
El acceso a recursos internacionales sigue siendo una barrera estructural.
La mayoría de las provincias dependen del Consejo Federal de Inversiones (CFI) o de cooperación nacional, con escaso acceso a financiamiento internacional.
Esta limitación pone en riesgo la sostenibilidad de los planes climáticos y la capacidad de respuesta ante eventos extremos como sequías, inundaciones e incendios.
“El federalismo climático está en construcción. La capacidad de las provincias será clave para cumplir los compromisos internacionales”, señaló Mariano Villares, cofundador de la Fundación.

Negacionismo climático: una amenaza global con impacto local
Rechazo a la evidencia científica, intereses económicos y desinformación estructural.
El informe se publica en un momento donde el negacionismo climático se manifiesta como:
- Rechazo del consenso científico sobre el calentamiento global
- Presión de industrias extractivas, como la de los hidrocarburos
- Mecanismos psicológicos de negación frente a amenazas existenciales
- Manipulación informativa y ocultamiento de pruebas, como imágenes satelitales de pérdida de hielos
- Resistencia a políticas climáticas que transformen sectores económicos clave

Visibilizar, comparar y aprender: el valor del informe
Una herramienta para reducir asimetrías y fortalecer la gobernanza ambiental. El documento no establece rankings, sino que ofrece una fotografía comparativa que permite:
- Tomar decisiones informadas
- Aprender entre pares
- Ordenar la información pública disponible
En un país donde el gobierno nacional niega la crisis climática, son las provincias las que intentan construir respuestas concretas desde sus territorios.
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Presupuesto. Denuncian fuertes ajustes en la política ambiental

Fecha de Publicación: 18/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según los especialistas, el proyecto del Gobierno impulsa menores partidas para la protección de bosques, el control de la contaminación y el manejo del fuego
El proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei presentó este lunes expone con claridad, según los expertos consulados por LA NACION, la marginación que su agenda asigna a la protección ambiental y a la atención de la crisis climática. Para los especialistas, la reducción de fondos destinados a este área no constituye un hecho aislado ni sorpresivo: es, más bien, la confirmación de una línea de continuidad en la administración libertaria desde su llegada al poder en diciembre de 2023.
Según se detalla en el proyecto de ley de presupuesto 2026, la función de Ecología y Medio Ambiente enfrentará una caída del 21% en términos reales respecto de lo designado en el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a 213.721 millones de pesos. Hasta agosto pasado se había ejecutado poco menos del 60% de lo aprobado, lo que anticipa un fuerte impacto sobre gran parte de las políticas de conservación y protección de bosques nativos.
La contracción no se limita a un área en particular: alcanza a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, a la protección de bosques nativos y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). “El presupuesto para bosques nativos es 96% inferior a lo que debería según lo estipula la ley y cayó un 31,27% con respecto a la asignación de 2025”, advirtió Ariel Slipak, economista e integrante del equipo de análisis presupuestario de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Los fondos destinados a bosques se dirigen principalmente a productores agrícolas, bajo la lógica de incentivar la conservación y la reforestación dentro de un ordenamiento territorial aprobado por los gobiernos provinciales. Sin embargo, la reducción casi total de esos recursos compromete la eficacia de esos planes. “Sin financiamiento, los ordenamientos pierden su función. No hay presupuesto para que se implementen correctamente”, señaló Matías Cena Trebucq, analista económico en FARN.
En paralelo, la asignación de fondos a la Subsecretaría de Ambiente tendría una baja en términos reales del 32,7%. En la Administración de Parques Nacionales se proyecta un incremento real del 25,68% con respecto a este año, aunque, al comparar con los recursos disponibles en 2023, todavía implica una caída acumulada del 26,3%. Este tipo de contrastes, advirtieron los expertos, muestra cómo los aumentos anunciados en algunos rubros no logran compensar la pérdida de capacidad presupuestaria que viene arrastrándose desde hace dos años.
La organización FARN también enfatizó que, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el empeño del Gobierno de expandir actividades productivas como la minería, la energía y la agricultura, la política ambiental debilitada suma presión sobre ecosistemas que ya enfrentan altos niveles de degradación. Cena Trebucq destacó en particular el Programa de Evaluación y Control Ambiental, destinado a financiar estudios de impacto ambiental previos a proyectos de envergadura.
Estos estudios son fundamentales para prevenir daños en cuerpos de agua, suelos, biodiversidad o incluso en la salud de las comunidades. “En el nuevo proyecto de presupuesto se contempla una caída del 54,2% [en el Programa de Evaluación y Control Ambiental]”, precisó el economista, y agregó que las reducciones no se limitan a lo financiero: también disminuye la cantidad de inspecciones destinadas a controlar efluentes industriales y residuos peligrosos.
Otro de los recortes significativos se observa en el SNMF. Según los cálculos de FARN, para el año próximo habría una caída del 51,85% del presupuesto que se asignó a ese servicio para este año. La comparación muestra una reducción drástica de la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, un problema que en los últimos años ha escalado en magnitud. Si bien el presupuesto del manejo del fuego no solo se compone de lo designado al SNMF, los expertos plantean que es un primer indicador. “Falta analizar cuánto asignará Parques Nacionales y el Ministerio de Seguridad a este tema”, añadió Slipak. 
“Esto refleja lo que Milei sostiene en sus discursos. Ni el ambiente ni el clima son contemplados. El Gobierno ve como única política económica el recorte presupuestario para sostener el equilibrio fiscal. Pero si ocurren inundaciones como la de Bahía Blanca o incendios como los de la Patagonia y eso significa déficit fiscal, ¿qué hacemos?”, cuestionó el economista de FARN.
En conjunto, los datos del presupuesto 2026 muestran que, lejos de priorizar el fortalecimiento de la política ambiental en un contexto de crisis climática global, el Gobierno profundiza el sendero de desinversión en el área. “En caso de que la inflación promedio sea mayor a la proyectada por el Gobierno, que apunta a 13,9%, las caídas podrían ser superiores a las analizadas”, destacó Cena Trebucq.
Para los especialistas, este rumbo implica no solo menos recursos, sino también una menor capacidad del Estado para responder a emergencias ambientales, cumplir con compromisos internacionales y garantizar condiciones básicas de protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen directamente de ella.
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Córdoba asumió la presidencia del Parlamento Federal del Clima

Fecha de Publicación: 16/09/2025
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz (Córdoba)
Provincia/Región: Nacional


El gobernador Martín Llaryora recibió en el Centro Cívico a referentes del Parlamento Federal del Clima, luego de la histórica sesión llevada a cabo en la Legislatura de Córdoba.
En esta oportunidad, Córdoba asumió la presidencia del espacio interprovincial con una agenda propositiva, que incluye la transición energética, gestión del agua, protección de la biodiversidad y adaptación frente a los impactos del cambio climático, con una mirada federal y productiva.
Llaryora intercambió ideas respecto de los lineamientos trazados por el espacio que integran los presidentes de las Comisiones de Ambiente de las 24 legislaturas provinciales del país.
El mandatario cordobés se pronunció en reiteradas oportunidades contra el negacionismo climático e instó a bregar por la cuestión ambiental de manera urgente.
El encuentro significó el relanzamiento del Parlamento Federal del Clima, que desde su nacimiento en 2017 no había vuelto a sesionar porque los sucesivos Gobiernos nacionales no lo convocaron.
Está formado por los presidentes de las Comisiones de Ambiente de las 24 legislaturas provinciales del país y tiene como objetivo elaborar proyectos de ley, declaraciones e informes vinculados al ambiente.
El presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de la Provincia de Córdoba, el legislador Abraham Galo, estará al frente del órgano hasta 2027.
“Hoy en Córdoba vivimos un acontecimiento histórico, la segunda sesión del Parlamento Federal del Clima, con la participación de la mayoría de las provincias. Fue un verdadero grito federal, donde gobiernos de distintos signos políticos coincidimos en el cuidado del medio ambiente”, dijo Galo durante el encuentro con el gobernador.
El legislador cordobés subrayó que “frente a un Estado nacional negacionista, las provincias nos unimos y defendemos la preservación del ambiente pensando en el futuro. En Córdoba lo pregonamos hace tiempo; el gobernador Martín Llaryora creó el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que trabaja de manera transversal con todas las áreas del Gobierno”.
De esta manera, se busca reactivar el accionar de este organismo y sesionar al menos tres veces al año, en los meses de marzo, junio y septiembre, en distintas localidades.
Así, se podrán consensuar acciones y leyes marco en bloque para todas las cámaras del país.
El objetivo es coordinar políticas federales y mostrar que, más allá de las diferencias, el ambiente debe ser política de Estado.
La diputada correntina María Eugenia Mancini se mostró satisfecha con el relanzamiento del espacio interprovincial. “Se tardó mucho tiempo en tomar conciencia de lo que el cambio climático nos iba a hacer. Los legisladores de las provincias estamos entendiendo que si no nos aunamos en esfuerzos para tratar de llevar una agenda ambiental argentina en común, será muy difícil abordar estos desafíos”, afirmó.
Y completó: “Siempre que vengo a Córdoba, me voy enriquecida con nuevas ideas y me llevo mucho por hacer con este intercambio que hacemos de proyectos y programas”.
Dorys Lilián Arkwright, legisladora del Chaco, valoró positivamente su participación en el Parlamento y resaltó “la impronta que le está dando Córdoba. Estuvimos en esta charla con el gobernador, que nos comentó todo lo que viene haciendo la provincia por el cambio climático”.
Gloria Liliana Cozzi, senadora de Entre Ríos, señaló la importancia de instar al compromiso de la sociedad con la cuestión ambiental. “Me llevo una gran impresión de cómo trabaja Córdoba, una experiencia interesante como para comentarla en el Senado entrerriano”, apuntó.
También participó del encuentro Carlos Daniel Camy, senador de la República Oriental del Uruguay, quien expuso la experiencia del país vecino en el combate del cambio climático.
“Esta convocatoria ha tenido a Córdoba como matriz, con una visión de futuro que ya había escuchado del gobernador en la Conferencia Climática Ambiental celebrada en julio, sobre los beneficios que tiene para nuestros países alinearse a esta visión verde, que es conceptualmente racional”, dijo.
La presencia de representantes de gran parte de las provincias confirma que este Parlamento tiene futuro y va a ser un actor clave en la construcción de consensos ambientales para la Argentina.
Estuvieron presentes además la vicegobernadora Myrian Prunotto, la ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, Victoria Flores .
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Desmontes en Chaco: organizaciones advierten por el incumplimiento de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/09/2025
Fuente: Organización FARN
Provincia/Región: Chaco


Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas señalaron que el veto parcial a la Ley 4157-R no resuelve los problemas estructurales de la política forestal chaqueña. Alertaron que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo.
Ante el reciente veto parcial del Poder Ejecutivo de Chaco a la Ley N° 4157-R, las organizaciones Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Aves Argentinas advierten que, si bien la supresión del artículo 45 bis impide consolidar un mecanismo de blanqueo de madera ilegal, la medida resulta claramente insuficiente y mantiene intactos los principales problemas estructurales de la política forestal provincial. 
El artículo finalmente vetado permitía la obtención de descuentos en las multas y el uso de la madera incautada en casos de deforestación ilegal, bajo la presentación de un ambiguo “contrato de restauración del daño”. Esta figura, carente de definición normativa, generaba graves riesgos jurídicos y ambientales.
Tal como advirtieron oportunamente las organizaciones al momento de su sanción, este mecanismo contradecía los principios y disposiciones de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, al consolidar incentivos perversos para continuar con el desmonte.
No obstante, el veto parcial no resuelve en absoluto los problemas estructurales que enfrenta la política forestal en Chaco. La madera proveniente de desmontes ilegales se sigue blanqueando mediante el otorgamiento de “autorizaciones especiales” que en 2024 representaron más de la mitad de la madera circulante legalmente en la provincia, instaurados por una interpretación laxa del artículo 53° de la Ley 2079-R, aún vigente pese a la reforma. Aún más, los infractores acceden a descuentos de hasta el 50% y planes de pagos en hasta 12 cuotas por imperio de los artículos 32° y 9° de la misma ley, también vigentes pese a la reforma. 
Adicionalmente, la provincia continúa operando con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) regresivo y acreditado solo parcialmente, según la Disposición 734/2025 de la autoridad nacional. Esta situación deja importantes áreas sin categorización ni protección efectiva, generando vacíos legales y operativos que comprometen la gestión sostenible del bosque. Si bien el polígono regresivo de mayor superficie fue observado por la Autoridad Nacional de Aplicación, se convalidó la regresión en cientos de miles de hectáreas por fuera de dicho polígono en el resto del OTBN. De hecho, recientemente, mediante la Resolución 668/2025, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la provincia ordenó que se dé curso a todas las solicitudes de permisos forestales en el marco de la implementación del OTBN, respetando la observación de la Autoridad Nacional de Aplicación y exceptuando a aquellas solicitudes de cambio de uso de suelo que estén comprendidas en la medida cautelar iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Por ello, las organizaciones firmantes reiteran la urgencia de completar la zonificación del OTBN chaqueño, bajo criterios participativos y de acuerdo con la Ley 26.331. 
Asimismo, insisten en que es necesario fortalecer un régimen sancionatorio realmente disuasivo, transparente y eficaz, que permita combatir el desmonte ilegal, rechazando que se haya avanzado en esta reforma sin un proceso de consulta amplio, abierto y con el rigor que la temática exige.
Finalmente, reafirman que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo. Solo con un enfoque robusto en materia legal y de política pública será posible revertir la acelerada pérdida de bosques nativos que afecta a la región chaqueña y al país.
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“Sería absurdo irnos del Acuerdo de París”: la máxima autoridad ambiental habló por primera vez sobre su gestión

Fecha de Publicación: 29/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Fernando Brom sostiene que la gestión ambiental debe mantenerse “sin ideologías”, incluso frente al negacionismo climático; advirtió que la producción es prioridad y anticipó que pretenden reformar la ley de glaciares
Hace poco más de seis meses, Fernando Brom asumió el cargo de subsecretario de Ambiente de la Nación. Es la máxima autoridad gubernamental en la materia, pero el organismo tiene mucha menos gravitación de la que tienen sus pares en otros países de la región como Brasil, Colombia, Chile o Uruguay.
Aunque su cargo es político, el subsecretario, de 74 años, se ve a sí mismo como un gestor. “Cuando Daniel Scioli me llamó, me dijo que faltaba gestión. Lo peor es que esta subsecretaría es transversal a toda decisión que se tome en algún área del sector público”, describió Brom en una entrevista con LA NACION, la primera que brinda desde su nombramiento. 
La subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial: uno que catalogó al ambientalismo como una bandera detrás de la que el marxismo se esconde y que dijo frases como “ojalá Argentina contaminara más”. En este contexto, la gestión de Brom enfrenta la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Él afirmó que están trabajando “más que nunca”.
Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento y pasó a ser asesora del diputado nacional, Carlos D’Alessandro (Coherencia). 
Con Francos se conocieron en los 90: ambos militaron en el Partido Federal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió el prólogo de uno de sus libros, publicado en 2023, cuando era precandidata a la Presidencia.
Brom es licenciado en Administración de Empresas y se doctoró en Negocios. No tiene ningún tipo de formación en asuntos ambientales, aunque sí posee más de 30 años de experiencia dentro del sector privado, en especial en el rubro alimentos, como director comercial y gerente general. También fue profesor universitario y tiene posgrados en Stanford y el MIT vinculados a la gestión empresarial. Dentro del sector público, siempre bajo el mandato de Javier Milei, fue primero vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Para temas ambientales, descansa en sus respectivas direcciones, que tienen más un perfil técnico que político y cuyos representantes llevan en la subsecretaría varios períodos. Ellos trabajan como nexo entre el multilateralismo y las provincias; desarrollan estudios técnicos y estrategias generales para que se implementen en territorio. “Nuestro rol es el de buscar financiamiento internacional y empoderar a las provincias a que impulsen sus propios programas. Buscamos federalizar la gestión”, señaló Brom. También, añadió, asesoran de las provincias sobre temas ambientales.
En la entrevista con LA NACION, Brom expresó que “sería absurdo irnos del Acuerdo de París”, así como su intención de modificar la Ley de Glaciares para abrir paso a la minería.

–¿Cómo ejecutar una buena gestión ambiental en este contexto?
–Es trabajar más allá de las ideologías. El arte no es hacer equilibrio tratando de parecer una cosa, sino que es al revés. Yo creo que gestionar dentro de la legalidad todo y sin ideología que contamine los objetivos o la eficiencia.

–¿Eso incluye la ideología del Presidente?
–No incluye la ideología del Presidente. Yo creo que el Presidente, en cuanto sepa un poco más de ambiente, no me cabe duda de que va a tomar mejores decisiones.

–¿Y cómo convencerlo?
–Informándolo. Mi línea de reporte es [Daniel] Scioli, [Lisandro] Catalán y [Guillermo] Francos. Con ellos tengo muy buena línea de gestión. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones basándonos en la ideología y mucho menos con la cantidad tremenda de donaciones que todos los días le dan trabajo a por lo menos 200 personas externas. Acá tenemos 300 personas internas y 200 personas externas que están financiadas por organismos internacionales.

–¿Asistirán a la Cumbre del Clima (COP 30) en noviembre en Brasil?
–Todavía no se ha definido, y esto depende de la Cancillería y del Presidente. Estamos preparando las nuevas Contribuciones Nacionales Determinadas [es un documento que plantea los objetivos de reducción de emisiones, ahora para 2035]. Esperamos cerrarlo en noviembre.

–¿Pretenden salir del Acuerdo de París?
–Sería absurdo irnos de algo que no nos cuesta plata y que, si lo adaptamos a los intereses nacionales, nos rinde mucho beneficio en bosques, en gestión del clima, en residuos a cielo abierto...

–Hace poco, se filtró el Plan de Inteligencia Nacional y en este documento había un capítulo expreso en el que hablaban tareas de inteligencia sobre activistas ambientales. ¿Cuál es su posición sobre esto?
–No me voy a poner a criticar algo que haga otra dependencia de la administración pública. Pero para mí, la libertad tiene que ser absoluta. La libertad no admite recortes. La libertad de pensamiento, la libertad de acción dentro de la ley. Obviamente, libertad con responsabilidad. En cuanto le pones persecución ideológica a esto, empezás a transformar esto en cualquier cosa.

–¿Producir o conservar?
–Las dos. No es una dicotomía. En la vida pasa eso. La declaración de impacto ambiental tiene que hacerla la empresa, que es la que se compromete a prevenir remediar, mitigar, y la provincia tiene que decir en qué áreas o, por ejemplo, en qué crioforma piensan hacer alguna extracción minera. No una ley como tiene la Argentina que prohíbe todo.

–¿Van a apuntar una reforma a la Ley de Glaciares?
–Sí, obvio. No puede ser un DNU, porque cuando analizamos el problema dijimos: “¿Y entonces qué hacemos?” El DNU sería una locura, se nos viene en contra media Argentina por mala interpretación de la ley.

–¿Esto se vincula a los proyectos de cobre en San Juan?
–Tienen ubicados 30.000 millones de dólares en un área de ocho kilómetros de largo, que es exactamente simétrica a lo que hay del otro lado de la cordillera en Chile. Ahora, si eso hace que la vid y los cultivos se vean perjudicados, va a tener que ser la minera la que diga con su informe de impacto ambiental: “Me comprometo a prevenir o remediar. Me comprometo a todo lo que debería”. 

–¿Qué están haciendo para dar seguridad a sectores como el vitivinícola de que los riesgos de la minería no van a ocurrir?
–Hay dos formas de mentir, con palabras y con estadísticas. Cuando los ambientalistas te dicen que los glaciares representan el 90% del agua dulce no te dicen que casi todo es la Antártida. Tratemos de jugar limpio. No va a haber extracción en el glaciar Perito Moreno, pero tenemos que producir también.

–Pero ciudades como Mendoza o La Rioja son consideradas como ciudades oasis que, en un caso extremo, su población sí dependen de un 30% del agua de deshielo…
–De deshielo, por supuesto. Eso es sagrado.

–Explíqueme, entonces.
–Una cosa es el deshielo de nieve y otra cosa, nieve perenne, nieve eterna; por otro lado, escombros de glaciares o formaciones de agua que en dos años desaparece.

–Pero el agua que llega a esas ciudades viene de ambos, tanto de la nieve eterna como la temporal.
–Sí, tenés razón. Pero con un correcto manejo y evaluación de impacto ambiental es suficiente. Que analicen esa cuenca. Si hay declaración de impacto ambiental por parte de las empresas y una evaluación ambiental estratégica por parte de la provincia, esto pasa. Sobre los glaciares, la peor forma de proteger es prohibir. Hay que semaforizar como con la Ley de Bosques.

–Hay temor desde el sector ambientalista que los criterios ambientales dentro del Gobierno se vuelvan flexibles, acorde a este interés nacional en ciertos sectores productivos como la minería, o los hidrocarburos y otros contemplados dentro del RIGI. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no?
–Es fundamental respetar que en la sociedad moderna de este siglo XXI hay cuatro jugadores esenciales. El primer jugador es el Estado, que es el gobierno. El segundo es la empresa privada que tiene una empresa y accionistas que buscan rentabilidad sustentable. El tercer actor es la sociedad civil, y el cuarto y fundamental es la ciencia, la academia, la universidad, donde está el conocimiento.

–¿Se escucha de la misma forma a estos cuatro sectores? Se lo pregunto porque en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el secretario Scioli habló de la importancia de la relación con las empresas. No mencionó a la sociedad civil, no mencionó a la ciencia...
–Esto fue algo que dijo en una reunión, pero es importante resaltar que la sociedad civil y la academia, la ciencia, la evidencia científica hay que tenerla en la mano con toda decisión que se toma. Por otra parte, en un acto previo a la reunión del Cofema, Scioli entregó donaciones por manejo de bosques al gobierno de Salta y por prevención de incendios al de Tierra del Fuego.

–Las cifras generales hablan de un 30% de caída de presupuesto en ciencia. ¿De dónde sacamos la información si este sector tambalea?
–Primero, el sector científico no es mi responsabilidad. Eso sí, no te comas la estadística de que con un 30% menos de gasto se produce un 30% menos de conocimiento. Hablé con toda la planta de la subsecretaría, 40 se fueron y tres tuvieron la valentía de decir que no trabajaban. Casi ninguno se fue en conflicto con ATE ni con UPCN y te aseguro que trabajamos mucho más que antes. Los científicos también, hay buenos y malos.

–¿A criterio de quién?
–La productividad es fundamental, porque si no, ahí es donde empezás a tener altísima ineficiencia.

–En el escenario de la tragedia de Bahía Blanca o del norte de provincia de Buenos Aires, con eventos como estos que se prevé sean más intensos y frecuentes, ¿cuáles son las líneas que pretenden seguir en términos de adaptación al cambio climático?
–Mi primera medida, el segundo día de estar acá, me tocó transferir todo el tema manejo del fuego, que era el 40% de mi presupuesto, a la Agencia Federal de Emergencias. Atiende toda catástrofe climática y humana, terremoto, incendios, lluvias, lo que sea. 

–Las personas que no tienen cuenta de banco o domicilio no tienen acceso al Suplemento Único para la Reconstrucción. ¿Qué pasa con la gente más vulnerable?
–Es la primera vez que hay una transferencia de presupuesto, sin intermediarios; uno por uno cobró lo correspondiente en el caso de Bahía Blanca. Con muchos que no tenían ni siquiera la casa a su nombre, pero a partir de una regularización fue al banco y cobró lo que le correspondía. O sea, eso es un muy buen ejemplo de que en emergencias el Estado está presente.

–Hay intendentes del norte de la provincia de Buenos Aires que tienen la preocupación de que las personas no tengan acceso al suplemento por la informalidad en la que viven. ¿Cómo está viendo esto el gobierno nacional?
–Eliminar la inflación es lo primerísimo que hay que hacer. Vos me decís que a los pobres les impacta el cambio climático. Antes que el cambio climático, hay que ver que el pobre está debajo de la lona.

–Pero el problema es que sobre eso está el cambio climático…
–Cuando vos vinculás el cambio climático con la pobreza y, voy un poquito más allá, con género y con todo el abanico de temas sociales y no ambientales, podés tener razón. Pero empezás a ideologizar el ambiente y entonces transformás a esta subsecretaría en una que tiene que asistir y dar de comer, dar techo, dar trabajo, con lo cual se te fue el demonio al ambiente.

–En el último boletín de la reunión del Cofema hablaron de la creación de un Fondo de Adaptación.
–No estamos con fondos, hoy tenemos presupuesto, no tenemos fondo porque si tenés fondo, tenés reparto de dinero.

–¿Y qué pasa con el Plan Nacional o la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global?
–Para eso tenemos muchos programas de PNUD, PNUMA, FAO y otros, que están funcionando, tenemos cientos de millones de dólares que hoy, además de pagar sueldos a consultores, están haciendo cosas de mitigación.

–Generalmente, los proyectos que impulsa Naciones Unidas y la banca multilateral son pruebas piloto…
–Es verdad, no son masivos.

–Entonces, ¿cómo esto se convierte en un plan nacional de adaptación si son proyectos piloto?
–Bueno, la intención de estos financiamientos en general es incentivar al Estado a ver que funcionan de cierta manera los estados. Voy a ver cuáles se transformaron en planes provinciales.
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Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño

Fecha de Publicación: 28/08/2025
Fuente: Portal ChacoOnLine
Provincia/Región: Chaco


Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
El territorio desmontado, documentado por Greenpeace, tiene una superficie equivalente al tamaño de ocho ciudades de Buenos Aires. “Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia. Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos. Es muy triste comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas de amortiguamiento, estratégicas para la preservación de áreas protegidas”, advierte Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En su recorrida por el Norte de la provincia de Chaco, la organización ecologista documenta desmontes ilegales en cuatro fincas ubicadas cerca de la localidad de Taco Pozo, del Parque Nacional Copo y de la Reserva Provincial Loro Hablador. Los activistas colocan carteles en los desmontes, denunciando el crimen ambiental.
Según datos oficiales y del relevamiento satelital de Greenpeace, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 en Chaco se deforestan ilegalmente 167.684 hectáreas.
En 2019, Greenpeace presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El  máximo tribunal declara su competencia en la causa y se espera su fallo.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes”, señala Cruz.
Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país ha firmado en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se consideren como un delito penal. Ya han participado más de 267.000 personas.
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La Fundación Ambiente y Recursos Naturales aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos ambientales

Fecha de Publicación: 25/08/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional

El presupuesto destinado a la deuda pública durante 2025 podría financiar 37 veces el total de las partidas ambientales. Y si el Gobierno así lo estableciera, la mayoría de este tipo de áreas podrían ser cubiertas con una pequeña parte del superávit fiscal, lo que pondría fin al ajuste en los principales organismos de protección ambiental en el país.
En lo que va del mandato de Javier Milei, el recorte en términos reales del presupuesto total entre 2023 y 2025 se estima en 26,5 por ciento. Sin embargo, la caída es desigual: nueve de las diez partidas ambientales se recortaron entre un 28,1 y un 83,2 por ciento.
La conclusión surge de un informe publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al analizar los recursos que destina la Casa Rosada a los organismos que se encargan de tareas tales como la limpieza del Riachuelo, la prevención y el combate de los incendios forestales, el cuidado de los parques nacionales y hasta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre otras. Por segundo año consecutivo, la prórroga del Presupuesto dio al Gobierno un margen de maniobra inusual para modificar, reasignar o recortar partidas, en este caso, en perjuicio de las áreas de protección del ambiente, el clima y la biodiversidad, así como ya ocurrió en otros sectores sociales, publicó el portal de Infobae.
“Nosotros tenemos el Monitor del Presupuesto ambiental en Argentina, lo sacamos cada tres meses. Los niveles de asignación presupuestaria son bajos, pero lo que más alarma es la no ejecución. Estamos hablando de partidas y programas que se ejecutan el 5% en el año”, anticipó durante esta semana Andrés Nápoli, director de FARN, en diálogo con Infobae en vivo.

El Riachuelo, sin fondos
Según las estimaciones de la ONG ambientalista, el organismo que más sufrió la poda de recursos fue la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que se creó para el saneamiento de la cuenca contaminada desde hace décadas. El presupuesto destinado a este objetivo se desplomó en términos reales 83,2% respecto a 2023.
Los recortes coinciden con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar, el año pasado, la causa “Mendoza”. Es el proceso judicial que dio origen a Acumar, tras un reclamo de vecinos que sufrían los altos niveles de polución en la región. El último fallo cerró uno de los casos de jurisprudencia ambiental más emblemáticos de la historia del país.
En el primer semestre de 2025, el informe elaborado por el economista Matías Cena Trebucq estimó que las partidas presupuestarias destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo registraron la ejecución más baja de los últimos cinco años: apenas el 31,3% del presupuesto vigente fue utilizado ($28.451 millones sobre $90.967 millones). Si bien entre 2021 y 2023 la ejecución de estas partidas fue del 100%, en 2024 alcanzó apenas el 56,8 por ciento.
En el saneamiento de la cuenca del Riachuelo aún contaba con objetivos pendientes. Según FARN, apenas se pudo cumplir con el 42,5% de las soluciones habitacionales del Plan de Viviendas 2010, la cobertura de red cloacal de la cuenca Matanza-Riachuelo registra el 56,8%, y falta que el 25,9% de los establecimientos industriales declarados “Agentes Contaminantes” adecúen sus procesos productivos a los estándares ambientales.

Bosques nativos y Manejo del Fuego, en baja
En 2025, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) volvió a carecer del financiamiento legalmente establecido por la Ley 26.331. La misión de esa “caja” otorga la facultad de realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, en iniciativas y medidas para fortalecer la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, permitiendo controlar la deforestación.
Según FARN, las partidas para la protección de los bosques están integradas únicamente con aportes del presupuesto nacional, y no logra alcanzar el 0,3% estipulado. Tampoco se garantiza el cumplimiento del aporte del 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias exigido por la norma. Así, durante la primera mitad de 2025, la estimación del FNECBN registró una ejecución de apenas el 10,1%, es decir, $1.009 millones sobre un total de $10.027 millones. Representa una caída de 77,8% en comparación a la ejecución de 2023, consignó el portal de Infobae.
Otro organismo clave es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el cuidado de los bosques. Recientemente, el personal especializado del sector se transfirió al ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich. Aquella decisión fue cuestionada por los especialistas en ambiente, ya que implica subordinar una mirada socioambiental a una lógica de control y de seguridad.
“La reestructuración del Fondo Manejo del Fuego, pasó de un fondo fiduciario a un fondo del Ministerio de Seguridad. Una cosa es tener un fondo fiduciario, que además mucha parte proviene del sector por el cobro de las primas de seguro, y otra cosa es que esté finalmente en un Ministerio, que lo puede manejar para muchas cosas. Lamentablemente, como se manejó en el último enfrentamiento en la Patagonia, se puso la plata cuando se prendió fuego”, ejemplificó Nápoli.
En concreto, el informe señala que el Servicio del Manejo del Fuego dispone, en 2025, de solo dos tercios de los fondos ejecutados en 2023, pese a que 2024 registró la mayor cantidad de focos de incendio de los últimos ocho años. Se ejecutaron solo 22% de sus fondos disponibles ($7.739 millones sobre un total de $33.142 millones) correspondientes a Nación.
“En caso de que se utilicen la totalidad de los fondos destinados para este año, la ejecución reflejará una pérdida del 47,4% con respecto a 2023 y será el menor presupuesto de los últimos 4 años”, señala el reporte, elaborado por Trebucq.

La previsión climática y los parques nacionales
La Subsecretaría de Ambiente, que depende del secretario de Ambiente, Deportes y Turismo, Daniel Scioli, en el último año fue afectada por renuncias, y una reducción real del 68,9% de su presupuesto frente a 2023. Otro organismo clave, como la Administración de Parques Nacionales (APN), sufrió una baja del 40,1%, de acuerdo a FARN.
Los cambios son también cualitativos en estos sectores de la administración pública. “Se flexibilizan los contratos laborales de brigadistas, profesionales y el personal administrativo, alcanzando apenas un mes de duración. Esto imposibilita una proyección estratégica para el cuidado del patrimonio natural del país”, apunta la ONG ambientalista.
Las partidas orientadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética, siempre según el informe de FARN, reciben 93 veces menos financiamiento que los subsidios asignados a empresas hidrocarburíferas. En este marco, los ambientalistas cuestionan que la expansión de la frontera hidrocarburífera offshore en Argentina avance sin licencia social en los territorios costeros, como en el Golfo San Matías, de Río Negro. Este impulso coincide con una disminución del 28,1% en términos reales del presupuesto para el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, resaltó el portal de Infobae.
Por otro lado, en relación al contexto de crisis climática, caracterizado, según el informe, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, el Servicio Meteorológico Nacional perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
En relación al contexto de crisis climática, caracterizado, por una mayor frecuencia de sequías, inundaciones, incendios y tormentas severas, coincide con el hecho de que Servicio Meteorológico Nacional (SMN) perdió un 36,5% de su presupuesto real frente a 2023.
Más allá del ajuste, una de las conclusiones más llamativas del reporte apunta a que utilizando el 88,58% del superávit financiero acumulado en el primer semestre de 2025, equivalente a $2.741.572 millones, podría evitarse la reducción presupuestaria en áreas de alto impacto como el Funcionamiento Hospital Garrahan, el Desarrollo de la Educación Superior y todas las partidas ambientales, sin afectar el equilibrio fiscal. Aun después de esa reasignación, el Estado dispondría de un superávit de $353.514 millones, indican desde la ONG.
Pero incluso si este tipo de reajustes impactara a favor en las áreas ambientales, no parece probable que aquella decisión vaya a ocurrir. En más de una oportunidad, Javier Milei se declaró en contra de la “Agenda 2030″ y atribuyó a la mirada ambientalista sobre el cambio climático como parte de la cosmovisión “socialista”. En noviembre pasado, en coincidencia con el presidente norteamericano Donald Trump, el Gobierno retiró la delegación argentina de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP 29), que se desarrolló en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
“No veo que la cuestión climática esté en discusión en ningún lado. Estamos desarmando nuestros compromisos internacionales, yendo para atrás”, lamentó Nápoli.
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