Ambiente y Economía obtuvo una gran asignación para 2025

Fecha de Publicación: 29/11/2024
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Se detallaron los recursos asignados para los programas de las cinco secretarías, la Autoridad de Cuencas, y Policía Ambiental
La ministra de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, María Victoria Flores, presentó el presupuesto 2025 para esas áreas durante una reunión de comisiones en la Legislatura cordobesa. El monto destinado al funcionamiento del Ministerio alcanzó $ 1.830.278.000, según informó Flores.
En esta reunión participaron también funcionarios clave, incluyendo a los secretarios de Ambiente, Economía Circular, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Flores destacó la relevancia de contar con un ministerio enfocado en la protección del ambiente, afirmando que “la inversión en políticas ambientales es fundamental para el futuro de nuestra provincia”.
En total, el Fondo de Asistencia Ambiental de Cuencas dispuso de $4.129.773.000, con el fin de implementar programas de reducción y remediación ambiental en colaboración con gobiernos locales y comunidades regionales.
El programa de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas recibió un presupuesto de $845.600.000 para iniciativas de conservación y restauración, mientras que la Secretaría de Economía Circular y Empleo Verde previó $1.614.478.000 para la gestión sostenible de residuos y la educación en economía circular. Entre los programas que se financiarán se encuentran “Composta”, “Hacelo girar” y “Fortalecimiento de cooperativas de reciclado”, entre otras.
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Fuerte polémica por la baja de una resolución ambiental en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Marcelo Rucci salió al cruce porque ya no se obligará a las petroleras al uso de las mantas oleofílicas para absorber derrames en los pozos.
La decisión de la secretaría de Ambiente de Neuquén, a cargo de Leticia Esteves, que elimina la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas para contener derrames en los pozos petroleros, desató una polémica en el corazón de la industria de Vaca Muerta.
Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, calificó la medida como un retroceso y advirtió sobre las consecuencias ambientales y laborales que podría acarrear esta decisión.
Rucci, en diálogo con radio Capital, dijo que habló personalmente con el gobernador Rolando Figuroa para manifestarle su preocupación por la decisión que tomó la funcionaria provincial. Y que le dejó en claro que “en Vaca Muerta no vale todo”.
Según el sindicalista, la conversación con el mandatario provincial se centró en la posibilidad de revertir la resolución, a la que el sindicalista calificó como un error que habilita prácticas obsoletas que atentan contra el medio ambiente y la seguridad en los yacimientos.

Marcelo Rucci: "Retrocedemos a viejas prácticas"
Se trata de la Resolución 159/24, publicada en el Boletín Oficial de Neuquén el 5 de noviembre, que derogó normas vigentes desde 2014 que establecían el uso obligatorio de mantas oleofílicas orgánicas, absorbentes y no inflamables en tareas de exploración, explotación, perforación y servicios de apoyo a pozos.
El sistema fue creado para contener derrames y evitar la contaminación del suelo, había sido promovido como un estándar ambiental clave en la región, pero con el mercado de tres o cuatro emperras que ofrecían ese servicio.
Rucci no dudó en señalar que esta decisión “nos hace retroceder a viejas prácticas”, y se refirió a que, en el pasado, las empresas contenían esos derrames con bandejas colectoras y otros métodos que, según él, ya demostraron ser ineficientes y perjudiciales. “Si hay algo mejor que las mantas para absorber los derrames, no lo conocemos”, afirmó Rucci.
El sindicalista subrayó que la medida no solo pone en riesgo al medio ambiente, sino también el empleo de más de 500 trabajadores vinculados a la industria. También cuestionó las motivaciones detrás de la resolución. “Las petroleras buscan ahorrar y beneficiarse lo más que puedan, pero eso no puede ser a costa del medio ambiente ni de los puestos de trabajo”, sentenció.
“Son de las industrias que más beneficios han tenido en los últimos años, pero no podemos permitir que la presión empresarial nos haga volver atrás”, indicó. Uno de los puntos más destacados por Rucci fue la afectación directa a las pequeñas y medianas empresas proveedoras del servicio de mantas oleofílicas.

Tres empresas prestan servicios
En la Cuenca Neuquina, tres firmas dominaban este mercado: AESA (subsidiaria de YPF), Environmental Services y Real Work. La primera, al ser proveedora de la petrolera estatal, lideraba en volumen, mientras que las otras dos compartían el resto de la demanda.
El cambio normativo deja a estas empresas en una posición incierta, especialmente en el caso de Real Work, que según fuentes de la industria mantenía vínculos históricos son el sindicato petrolero.
La insistencia en el cambio de la normativa ambiental no es nueva en la agenda de las grandes operadoras. Desde 2018, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) venían presionando para eliminar la obligatoriedad de las mantas oleofílicas. Argumentaban que el sistema “restaba competitividad” y proponían reemplazarlo por soluciones técnicas superadoras.
Rucci sostuvo que esta decisión “no favorece a nadie” y marca un retroceso en un momento crítico para la explotación hidrocarburífera. “La presión empresarial no puede estar por encima de la seguridad ni del medio ambiente. Creo que hay límites y es la seguridad y eso nos corresponde en gran parte a nosotros y el medio ambiente, pero mucho más al gobierno provincial”, aseguró y afirmó que mantuvo una conversación directa con el gobernador Figueroa, a quien le planteó su preocupación por el impacto de la medida.

¿Darán marcha atrás?
“Fue un error. Lo importante es que se está evaluando y se revisa la situación”, expresó el gremialista. Según el sindicalista, el gobernador mostró apertura para analizar el tema, aunque aún no hay confirmación de un posible retroceso en la norma.
“No se puede permitir que el desarrollo de Vaca Muerta pase por encima del medio ambiente y de los trabajadores”, sostuvo. Además, reiteró que la seguridad es una prioridad que no puede estar en discusión.
La derogación de las resoluciones 506/14, 982/14 y 561/15 no solo afecta a los trabajadores y proveedores, sino que no obliga a las operadoras a contratar este servicio, que se dio de alta cuando comenzó el boom de Vaca Muerta.
La pelota está en la cancha del gobierno provincial, que deberá definir si rectifica su camino o enfrenta las consecuencias de una resolución que generó una fuerte fricción con el sindicato petrolero.
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Provincias rechazan retiro de Argentina de la Convención de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 19/11/2024
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Nacional


Las provincias que integran el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) rechazaron la reciente e intempestiva decisión del presidente Javier Milei de ordenar el retiro de la delegación argentina de la COP29, la cumbre mundial sobre cambio climático organizada por la ONU.
En la última asamblea extraordinaria del Cofema, realizada el viernes, La Pampa propuso el tratamiento de este tema. A través de su representante, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático Vanina Basso, se logró incluir este item en el temario.
A raíz de ello, se discutió y aprobó la Resolución N°550/2024, que expresa un enérgico rechazo de las provincias a esta medida unilateral que “margina al país de un espacio clave en las negociaciones climáticas internacionales, poniendo en evidencia que la decisión presidencial no responde a una estrategia consensuada ni a los intereses federales”, en palabras de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
La resolución del consejo destaca que “la ausencia de Argentina no solo limita su capacidad de influir en las decisiones globales sobre cambio climático, sino que también afecta directamente a las provincias, que dependen de estos foros para acceder a mecanismos de financiamiento climático y apoyo técnico para enfrentar los desafíos ambientales”.
“El Cofema demostró así que el compromiso ambiental no puede quedar supeditado a las decisiones de una administración central que actúe en contra de los intereses federales. En su lugar, reafirmó la necesidad de una estrategia coordinada que permita a los gobiernos subnacionales mantenerse como actores relevantes en el ámbito internacional, en defensa de sus territorios y del bienestar de sus comunidades”, sostuvieron desde la cartera pampeana de Ambiente.

Implicancias.
Una delegación argentina, con funcionarios de la Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, había viajado a la cumbre climática de la ONU que se desarrolla desde el lunes en Bakú, Azerbaiyán. Pero el miércoles recibieron la orden de suspender su agenda y regresar a Buenos Aires de manera inmediata.
La decisión generó rechazo en diversas esferas políticas y sociales nacionales e internacionales, y el distanciamiento del país de las negociaciones climáticas globales, “pone en jaque no solo la posición internacional de Argentina, sino también los intereses y necesidades de las provincias, de que enfrentan desafíos directos debido al cambio climático”, consideraron.
“La COP, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un espacio esencial para coordinar acciones frente a la crisis climática”, sostuvieron desde el Cofema. “La ausencia argentina en Bakú, limita gravemente nuestra capacidad de influir en decisiones globales clave y perjudica las posibilidades de acceso a recursos fundamentales”.
Sostuvieron que no solo las negociaciones se ven afectadas, sino también la percepción internacional del país como socio confiable en la lucha contra el cambio climático: “En un contexto donde países como Brasil y Chile refuerzan su presencia, el vacío dejado por Argentina es evidente y preocupante”.
La cartera ambiental pampeana resaltó que las acciones climáticas en las provincias “necesitan respaldo en el ámbito internacional, donde las negociaciones multilaterales definen estrategias y mecanismos de financiamiento”. “Esta decisión de Milei envía un mensaje equivocado al mundo y a las provincias que dependen de estas instancias para promover soluciones frente a los impactos del cambio climático. Es imperativo que el Gobierno nacional garantice la participación en futuras cumbres. Mientras tanto, las provincias como La Pampa demuestran que el compromiso ambiental no debe depender de la visión unilateral de un gobierno nacional, sino de un esfuerzo conjunto que articule los niveles subnacionales”, concluyeron.
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Argentina evalúa abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático

Fecha de Publicación: 18/11/2024
Fuente: The New York Times
Provincia/Región: Nacional


El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del acuerdo climático que busca frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: Donald Trump.
El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del Acuerdo de París, cuyo objetivo es frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: el expresidente Donald Trump, quien retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.
El país sudamericano está considerando abandonar el acuerdo de 2015 como parte de una amplia reevaluación de sus políticas climáticas, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.
La revisión por parte de Argentina del histórico acuerdo climático se produce cuando el mundo se prepara para una prevista segunda retirada de los acuerdos por parte del presidente electo Donald Trump. Si Milei también abandona el acuerdo, a algunos les preocupa que pueda desencadenar un efecto dominó, impulsando a otros países a reconsiderar su propia participación.
El país aún no ha tomado una decisión sobre si abandonará los acuerdos, según el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. Pero está reconsiderando su participación en un acuerdo que “tiene un montón de cosas” con las que el gobierno de Milei no está de acuerdo.
“Estamos reevaluando nuestra estrategia en todos los temas relacionados con el cambio climático”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Hasta ahora no tomamos ninguna otra decisión más que desensillar hasta que aclare”.
Un día antes, Milei retiró inesperadamente a la delegación argentina de la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, que este año se celebra en Bakú, Azerbaiyán, y se conoce como COP29 este año. En el pasado, Milei, un libertario de derecha, ha calificado la crisis climática de “mentira del socialismo”.
Cuando se le preguntó por qué la delegación había interrumpido su participación, Werthein dijo que, aunque el gobierno de Argentina no niega la existencia del cambio climático, el debate sobre las causas del calentamiento era “un tema filosófico”.
“Tenemos divergencia de las razones”, dijo. “Consideramos que está vinculado a ciclos naturales y coincidimos con la necesidad de tomar medidas para mitigarlo”.
“Decidimos retirar nuestra delegación y reevaluar nuestra posición, nada más”, añadió. “Creo que es un derecho soberano”.
La retirada de Argentina del acuerdo sobre el clima asestaría un duro golpe al histórico Acuerdo de París en un momento crucial de la lucha mundial para contener el cambio climático.
Las investigaciones demuestran que la Tierra ya se ha calentado, principalmente debido a la quema de carbón, petróleo y gas para producir energía, y que la última década ha sido la más calurosa jamás registrada.
Las Naciones Unidas han advertido de que los países deben reducir sus emisiones en un 42 por ciento para 2030 y en un 57 por ciento para 2035 para evitar que las temperaturas aumenten 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin estas reducciones, el mundo se encamina hacia un aumento de la temperatura de 2,6 a 3,1 grados centígrados a lo largo de este siglo, lo que dificultará que las sociedades puedan hacer frente a la situación.
Estados Unidos es la única nación que se ha retirado del Acuerdo de París, adoptado por 196 naciones en 2015 para ayudar a alcanzar esos objetivos.
Cuando el entonces presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, ningún otro país siguió su ejemplo. Y, en 2021, el presidente Biden se reincorporó al acuerdo y amplió los compromisos de Estados Unidos de luchar contra el cambio climático y reducir sus emisiones.
Pero Trump ha prometido ir en dirección contraria cuando vuelva a asumir el cargo. Ha prometido “perforar, perforar, perforar” en busca de petróleo y gas, y retirar de nuevo a Estados Unidos de los acuerdos climáticos de París.
La coincidencia de tono entre Milei y Trump no es una sorpresa.
El presidente argentino ha expresado con frecuencia su admiración por Trump y ha vitoreado su victoria electoral en las redes sociales, publicando imágenes generadas por IA de sí mismo junto al presidente electo. “Haz que América vuelva a ser grande”, dijo Milei. “Puedes contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea”.
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Javier Milei ordenó retirar a la misión argentina de la cumbre de cambio climático

Fecha de Publicación: 14/11/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La ya disminuida delegación argentina que participaba esta semana en Azerbaiyán de la conferencia de lucha contra el cambio climático y sus efectos, conocida como la COP 29, se retiró de las sesiones por orden del gobierno de Javier Milei afirman otros participantes de la misma.
El Presidente tiene una posición contra las políticas de lucha contra el cambio climático similares a Donald Trump, a quien va a ver entre este jueves y viernes, en Florida, Estados Unidos.
A diferencia de la administración demócrata, del saliente presidente Joe Biden, Trump amenaza nuevamente con salirse del todo del acuerdo de París.
El martes Clarín preguntó en el Ministerio De Turismo y Deporte que comanda Daniel Scioli por qué ellos habían enviado una delegación y no la Cancillería, como en otros años. Como no hay ministerio de medio ambiente, la presencia argentina fue dudosa. A los diplomáticos se les había prohibido participar.
"La representación de la Subsecretaría de Ambiente estaba dada por técnicos que viajaron porque a fin de año hay que presentar el Informe de Transparencia y iban a tomar unas capacitaciones para ver cómo llevar a cabo este trabajo", dijeron en Buenos Aires las fuentes consultadas sobre por qué había tan escasa presencia.
"Los equipos técnicos van a ilustrarse sobre el modo de llevar a cabo estos informes, reportes y presentaciones que hay que hacer ante la Convención, en cumplimiento de los compromisos internacionales que tomó la Argentina", agregaron.
Ahora, hasta esa pequeña delegación se levantó para "no entorpecer las negociaciones y las decisiones con las que no están de acuerdo". En el encuentro también se vio a Mariángeles Bellusci, embajadora argentina en Azerbaiyán.
Y también Cancillería envió a sus técnicos. Se los vio en el Estadio Olímpico donde se desarrolla la Cumbre. Tal vez, para no arriesgar su puesto exageraron con el hermetismo, tanto en los pasillos como en las negociaciones en acuerdos en los que Argentina tiene mucho para ganar, ya que es uno de los países que puede recibir fondos millonarios para acelerar la incorporación de energías renovables o enfrentar pérdidas ocasionadas por las catástrofes climáticas.
La delegación de Cancillería fue de cuatro personas bajo la batuta de Luciana Alonso. Es un área que ha quedado desmantelada cuando desplazaron junto a Diana Mondino a la máxima experta en estos temas, Marcia Levaggi. Su sucesora, Corina Lehman, prefirió no asistir y envió a Alonso en lo que muchos leen como otra contradicción: ir a un foro para no estar.
La Cumbre cobija a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y en tiempos de Mondino se los había convocado a una reunión el último septiembre para definir una postura.
Es curioso nadie del Gobierno nacional se preocupó por llamar a los representantes de las provincias, a las ONG, miembros sindicales, de la Iglesia y consultores rompiendo una larga tradición.
Ni siquiera la embajadora, María Ángeles Bellusci, abrió las puertas de su residencia y tampoco se la pudo ubicar en las reuniones. Hoy se supo el motivo con el retiro de la delegación.
Pero no hay más que darse una vuelta por los pabellones para darse cuenta de la ausencia argentina. Brasil descolla en su stand con permanentes debates y hasta Chile se luce junto a Islandia.
Las negociaciones suceden de manera permanente en un área especial en el primer piso del Estadio. Son 159 países que se han dividido en bloques. Argentina juega en dos. Uno es el grupo de los 77 más China que expresa a los países en desarrollo. El otro es el Grupo Sur junto a Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador.
Por cierto, la decisión de retirar a los enviados argentinos causó conmoción en los dos grupos de negociaciones en los que participa la Argentina: el grupo sur con Brasil, Uruguay y Paraguay y el G77 más China.
La delegación no pudo ingresar esta mañana siquiera al estadio olímpico donde se desarrolla la cumbre, ya que esperaban una orden desde Buenos Aires.
Argentina no puede retirarse del Acuerdo de París que firmó en 2015 y fue ratificado por el Congreso en 2016 El trámite de retiro de la COP 29 lleva un año.
Incluso se dice en Bakú que cuando Trump se retiró del acuerdo de París en 2016 dejó de manera permanente a los negociadores de EE.UU.
Hay quienes relacionan esta drástica decisión de Milei con la llegada de Emmanuel Macron a Buenos Aires en una señal intempestiva ante el francés que es uno de los líderes globales en la lucha contra el cambio climático.
Y no deja de llamar la atención ya que en el comunicado oficial sobre la posición argentina ante esta Cumbre se indica que el país seguirá adelante con las mediciones sobre las emisiones que produce, uno de los compromisos del Acuerdo de París.
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Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas

Fecha de Publicación: 12/11/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay. Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios. Es la primera votación en ese organismo desde que Gerardo Werthein asumió como embajador
Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que se deliberó esta mañana en Nueva York. Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
La resolución ingresó a la ONU el 22 de octubre de 2024 y se sometió a votación de la Asamblea General este mediodía. Aborda la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, destaca el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. Al respecto, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos” y sostiene la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales.
Con esta decisión, Argentina ratifica la posición que Javier Milei le imprime a su política exterior, que se diferencia de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y es renuente a algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. La última votación en ONU, aún con Ricardo Lagorio como representante argentino en ese organismo, había sido en favor de que Estados Unidos concluya con el embargo a Cuba. Fue el hecho que generó el desplazamiento de Diana Mondino de la Cancillería y el desembarco de Werthein.
Por discrepancias con esa impronta de Milei en la política exterior, Lagorio había presentado su renuncia al cargo en octubre. El Presidente designó a Francisco Tropepi, que estaba como segundo de Werthein en la Embajada argentina en Washington, para sucederlo. El diplomático está por estas horas en Buenos Aires contribuyendo con el canciller en la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quien está en este momento a cargo de la representación argentina en ONU es Fabian Oddone, diplomático de carrera, que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Nueva York. Hace más de cuatro años que trabaja en esa legación y tiene expertise en temas de derechos humanos. Según supo Infobae, el diplomático recibió la instrucción desde Buenos Aires para votar en contra de la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que Milei alineó la agenda exterior de Argentina con Estados Unidos e Israel, especialmente en temas geopolíticos y estratégicos. En el caso de esta resolución sobre derechos de los pueblos indígenas, Washington votó a favor y Tel Aviv estuvo ausente. En tanto que se abstuvieron seis países: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.
A lo largo de sus 16 páginas, la resolución se explaya también sobre los efectos que el cambio climático produce sobre los pueblos indígenas. En ese sentido, subraya que “el cambio climático supone una amenaza para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas”. En esa línea, exhorta a los países de la ONU a incluir a las comunidades indígenas en la formulación de políticas ambientales.
A su vez, el documento impulsa la protección de la cultura de los pueblos ancestrales al señalar que se debe “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas”. La ONU insta a implementar planes para reconocer el valor cultural y social y resalta que el fortalecimiento de sus lenguas es “crucial” para la identidad de esas comunidades.
Desde la perspectiva del multilateralismo, la resolución de Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela insta a la cooperación continua entre los gobiernos, la ONU y los pueblos indígenas para estimular la igualdad de derechos y el respeto a sus culturas y modos de vida.
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La Provincia acudirá a la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


La ministra Daniela Vilar anunció que la Provincia de Buenos Aires acudirá a la Corte Suprema para frenar la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos.
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expresó enérgicamente su rechazo a la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), una medida tomada por el gobierno nacional a través del Decreto 888/2024. Según Vilar, esta decisión representa un grave retroceso en las políticas ambientales y en la lucha contra la deforestación, afectando de manera directa a la Ley de Protección de Bosques Nativos, el federalismo y la capacidad de las provincias para avanzar en sus propios planes de conservación.
A raíz de esta medida, el gobierno provincial decidió llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad del decreto y la transferencia inmediata de los fondos que, según Vilar, ya están comprometidos en varios proyectos de manejo y conservación en territorio bonaerense. "Desde la Provincia no nos quedamos de brazos cruzados. Demandamos al Estado nacional ante la Corte Suprema", afirmó la ministra en su cuenta de X (antes Twitter), donde también cuestionó las declaraciones de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien justificó la eliminación del fondo.
Vilar desmintió las afirmaciones de Adorni, quien había señalado que el FOBOSQUE "se usó para financiar cajas de la política" y que no contaba con indicadores claros para medir resultados. "Esto es completamente falso", señaló la ministra. Según Vilar, el fondo ha sido clave para reducir la tasa de deforestación desde su creación en 2018, y ha garantizado la correcta distribución de los recursos entre las provincias, así como la continuidad de políticas públicas en defensa de los ecosistemas de bosques nativos.

¿De qué trata el fondo que eliminó el Estado Nacional?
El Decreto 888/2024, que elimina el FOBOSQUE, ha sido criticado también por su falta de consulta previa con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde participan representantes de todas las provincias, y donde se consensuaron durante años los lineamientos de la ley. "Este decreto desconoció el trabajo colectivo y federal de muchas administraciones provinciales que, en conjunto, han logrado avances significativos en la protección de los bosques nativos", indicó Vilar.
Además de la preocupación por la deforestación, la ministra alertó sobre los peligros que esta medida implica en el contexto de la crisis climática y la llegada de un verano de altísimas temperaturas, lo que incrementa la amenaza de incendios forestales. "Cuidar los bosques es una forma de combatir los efectos de la crisis climática. Esta eliminación del fondo nos debilita frente a una problemática que cada vez se vuelve más urgente", afirmó la titular de la cartera ambiental de la Provincia.
La ministra también hizo referencia a la importancia del Fondo Fiduciario en la sostenibilidad de las políticas provinciales, ya que, sin este fondo, las provincias no pueden acceder a nuevas transferencias de dinero sin presentar las correspondientes rendiciones ante el gobierno nacional. "Este recorte se convierte en un obstáculo para que las provincias podamos avanzar en la implementación de nuestros planes estratégicos de bosques, como el que tenemos en la Provincia de Buenos Aires", concluyó.
Con la demanda ante la Corte Suprema, la Provincia de Buenos Aires busca frenar la eliminación de un fondo que, según Vilar, es esencial no solo para la protección de los bosques nativos, sino para la salud y calidad de vida de los ciudadanos. El conflicto marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la Nación y las provincias por el manejo de los recursos destinados a la protección ambiental y el combate contra la deforestación.
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Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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El peligroso “silencio positivo” en la autorización de trámites ambientales

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. E impactó en un instituto singular: el silencio estatal "positivo" frente a particulares. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases (Ley 27.742) implica una reforma del Estado no sólo en su estructura interna sino también en sus relaciones con la ciudadanía. Por ello, bajo el pretexto de actualizar los procedimientos administrativos y en sintonía con los avances y trámites digitales de estos tiempos, la Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. Más allá de la regulación de principios que definen el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, plazos, reclamos y recursos que pueden interponer ciudadanas y ciudadanos ante los organismos públicos, la Ley Bases impactó en un instituto singular: el silencio estatal frente a pretensiones ciudadanas. ¿Cómo debe interpretarse ese silencio? ¿De forma negativa o positiva? Esa es la cuestión.
La regla general enseña que el silencio de los organismos públicos debe ser interpretado como negativa. La excepción a esta regla se da cuando una norma expresamente confiera a ese silencio una connotación positiva. Así, cualquier autorización administrativa solicitada por los particulares sin mediar respuesta concreta de las autoridades podría ser validada de manera tácita por el mero transcurso del tiempo a partir de una ficción legal conocida como “silencio positivo”. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases estableció que el silencio positivo “no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público”. Pero, existe una excepción: “cuando la norma específica otorgue sentido positivo al silencio”.
De la reglamentación de la Ley Bases (Decreto 695/2024) surge que la Jefatura de Gabinete será la encargada de aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos mediante los cuales tramiten autorizaciones administrativas. Ese cronograma fue aprobado por la Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete que dice que, a partir del 1 de noviembre de 2024, los organismos públicos deberán implementar el silencio positivo frente a autorizaciones solicitadas a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD).  
No perdamos de vista que existen numerosos trámites de autorizaciones ambientales que pueden solicitarse desde la Plataforma TAD. Entre ellos, se encuentran:
- la exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo
- la exportación de residuos peligrosos
- la generación eventual de residuos peligrosos
- la importación de pilas y baterías
- la inscripción en el Registro de Importación y Exportación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
- la inscripción en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental
- la inscripción al Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre
- el certificado de importación, exportación y reexportación de productos, subproductos y trofeos de caza de la fauna silvestre
- el Certificado Ambiental Anual por primera vez
- el certificado de flora silvestre
- la declaración jurada anual de efluentes líquidos industriales
- la renovación de Seguro Ambiental Obligatorio
- la renovación automática del Certificado Ambiental Anual
- el movimiento transfronterizo de muestras
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos en el Puerto de Buenos Aires
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en plataforma continental

La Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete se refiere a los trámites TAD de manera genérica. Omite excluir a los citados trámites ambientales. En este contexto, se genera incertidumbre acerca de si las autorizaciones tácitas generadas a partir del silencio positivo alcanzan o no a los trámites digitales sobre las cuestiones ambientales mencionadas con anterioridad.
El panorama se torna preocupante en virtud de que ha iniciado la cuenta regresiva para que los trámites a distancia puedan avanzar como consecuencia de autorizaciones tácitas. En este sentido, de no aclararse esta cuestión, podría suceder que, a partir del próximo 1 de noviembre, por ejemplo, una consultora ambiental con escasa capacidad técnica, financiera y experiencia profesional se inscriba a través de la Plataforma TAD en el Registro Nacional de Consultoras en Evaluación Ambiental y sólo deba esperar que transcurra el plazo legal sin obtener respuesta para poder ingresar al listado de consultoras de la Subsecretaría de Ambiente. Lo mismo sucederá con empresas que persigan la exportación de residuos peligrosos, renovaciones de certificados y seguros ambientales y que pretendan sortear, bajo el pretexto del silencio, los controles estatales robustos que amerita una herramienta de política ambiental fundamental como lo es la evaluación de impacto ambiental de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a partir de las 12 millas marinas.
El “silencio positivo” en trámites con implicancias e impactos en el ambiente, sin presencia ni control de las autoridades, sin ponderación de parámetros ambientales ni de criterios técnicos y sin sanciones en caso de eventuales incumplimientos formales de los particulares nos transporta a un terreno de ilegalidad e irresponsabilidad estatal absoluta. Este escenario es contrario al deber constitucional de las autoridades de preservar el ambiente y la biodiversidad y constituye un retroceso inadmisible para la protección ambiental vulnerando así el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú.
Silencio que no es silencio. Es sinónimo de la peor inactividad estatal y de la indiferencia frente a las consecuencias que la omisión de supervisión y fiscalización podría ocasionar a los derechos humanos en asuntos ambientales. Por ello, el Jefe de Gabinete debe dictar, antes del próximo 1º de noviembre, una nueva Decisión Administrativa que aclare que los trámites ambientales no se encuentran alcanzados por el silencio positivo.
Toda autorización de trámites ambientales debe ser siempre expresa y fundada. Nunca tácita, porque el silencio no es parte del idioma ambiental.
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COP 16: Argentina presentó su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 ante la Convención de Diversidad Biológica

Fecha de Publicación: 04/11/2024
Fuente: Portal Economis
Provincia/Región: Nacional


En el marco de la COP16 en Cali, Colombia, se presentó el documento en un momento crucial. De esta manera, se esperan definiciones sobre la línea de implementación con metas y planes específicos para avanzar en la conservación efectiva de la naturaleza de nuestro país
En 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), mediante el cual la Argentina y otros 195 países adoptaron y se comprometieron a cumplir 23 metas para 2030 (alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y 4 objetivos a 2050, para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y hacer frente a la crisis ambiental.
Entre los compromisos asumidos, cada país debía presentar ante la Conferencia de las Partes 16 (COP16) su Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción a 2030 (ENBPA o NBSAP en inglés), o como mínimo alienar sus metas anteriores al GBF. Argentina así lo ha hecho al presentar su ENBPA, luego de un proceso realizado durante 2024, en el marco de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO). Este documento es fundamental en a las negociaciones que están teniendo lugar en la COP16 llevada a cabo en la ciudad de Cali (Colombia) centradas en acceso a recursos financieros y monitoreo del cumplimiento del GBF, entre otros temas.
Para el armado de la ENBPA existió un proceso de participación en el que organismos estatales nacionales y provinciales, y diferentes sectores de la sociedad que son parte de la CONADIBIO, hicieron sus aportes a las consultas realizadas por las autoridades. En base a estos aportes, la Subsecretaría de Ambiente de Nación elaboró una propuesta de ENBPA que fue enviada a la Cancillería para su revisión a los fines de realizar la entrega formal ante la Convención de Diversidad Biológica.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina afirmó: “Desde Fundación Vida Silvestre Argentina reconocemos la importancia de este proceso y valoramos el cumplimiento por parte del país de presentar su ENBPA actualizada, dado que es la herramienta principal para cumplir con los objetivos del GBF. Sin embargo, vemos con preocupación algunos puntos; creemos que aún hay que profundizar el trabajo para mejorar aspectos vinculados a las metas, finales e intermedias, la falta de temporalidad en muchas de las generadas y la ausencia de indicadores que permitan medir el progreso”.

¿Cuáles son los puntos positivos de la ENBPA presentada por Argentina?
Incorpora la meta de frenar la perdida de áreas importantes para la biodiversidad (meta 1), resaltando que serán incluidas bajo un marco general de un ordenamiento ambiental del territorio, siguiendo la Ley General del Ambiente.
Incorpora las metas de restaurar (meta 2), conservar y gestionar (meta 3) de manera efectiva el 30% de los ecosistemas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas a 2030.
Plantea garantizar las medidas para detener las causas de extinción de las especies, haciendo foco en la relación entre los humanos y la naturaleza (meta 4), así como en la prevención de introducción y permanencia de especies exóticas invasoras (meta 6).
Incorpora la meta 10, mediante la cual se busca garantizar la gestión sostenible de las áreas destinadas a uso agrícola, pesca y silvicultura de manera que se conserve y restaure la biodiversidad.
Plantea garantizar la integración de la biodiversidad en políticas, reglamentos, procesos de planificación y desarrollo, erradicación de la pobreza y las evaluaciones de impacto ambiental (meta 14).
Incorpora garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia (meta 20), y garantizar la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, y efectiva a pueblos indígenas y comunidades locales (cumplimiento al Acuerdo de Escazú y la aplicación del Convenio Nº169 de la OIT).

¿Cuáles son las limitaciones de la ENBPA de Argentina?
En muchos casos, las líneas de base propuestas para medir progresos son deficientes, y en otros, las metas intermedias solamente se enfocan en líneas de base, diagnósticos o identificación de mecanismos. Faltan metas intermedias que incluyan la implementación de acciones que ayuden a cumplir con las metas a 2030.
La meta 2 de restauración no establece una línea de base, no explicita si se definirán áreas prioritarias ni cómo será monitoreado su progreso.
La meta 3 de conservación y restauración no establece años para el cumplimiento de metas intermedias fundamentales, como son el incremento de la superficie de áreas protegidas o la medición de la efectividad de la gestión de las áreas protegidas y conservadas.
La meta 4 sobre extinción de especies dispone metas intermedias como la revisión de planes de manejo de especies, cuando muchas aun ni siquiera tienen un plan nacional (como por ejemplo el pecarí quimilero o el tatú carreta, entre otros).
Además, establece programas de conservación de especies vegetales, pero no detalla cuáles, con qué objetivos medibles, ni en qué año deben estar finalizados.
Si bien Argentina adoptó la mayoría de las metas del GBF, se agruparon y realizaron modificaciones a las metas relativas a género. Mientras que el GBF tiene metas específicas sobre la participación con perspectiva de género (meta 22) y garantizar la igualdad de género en la aplicación del marco nacional (meta 23), en la ENBPA se opta por un lenguaje de “perspectiva integral” y “enfoque equitativo”.
En todas las metas nacionales, se incorporan dos metas intermedias que se repiten, una relacionada a la implementación de legislación y otra a la implementación de planes, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de la meta. En ambos casos, es deseable que las metas sean especificas a cada meta nacional, con tiempos establecidos y un plan de monitoreo para su implementación.

Triple crisis ambiental: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad
A pesar de los esfuerzos mundiales, la pérdida de diversidad biológica sigue aumentando a tasas alarmantes y sin precedentes, lo cual se agrava y retroalimenta con la crisis del cambio climático y de contaminación. Según el último Informe de Planeta Vivo 2024, la región de América Latina y el Caribe presenta una disminución del 95% de la población de especies vertebradas, siendo el peor indicador en comparación a otras regiones del mundo desde 1970. Dentro de las causas de esta pérdida se encuentran, principalmente, el cambio de uso del suelo y la conversión para producción de alimentos por parte de la agricultura y la ganadería, así como también la urbanización. Esto afecta los medios de vida de millones de poblaciones locales que dependen directamente de la naturaleza, a la vez que pone en riesgo la seguridad alimentaria y las fuentes de sustento de toda la humanidad.
Argentina no se encuentra fuera de este contexto. Según la categorización de los mamíferos de Argentina realizada en 2019 por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), de las 417 especies evaluadas, 24,7% se encuentran en estado de vulnerabilidad o en algún estado de peligro. La pérdida de biodiversidad de nuestro país está sobre todo relacionada con las actividades productivas: en el caso de los bosques, pastizales y sabanas del Gran Chaco, las Pampas y la Selva Misionera, la deforestación y conversión de los ecosistemas para la producción ganadera y agrícola impacta de manera directa en la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos vitales para las personas. Lo mismo ocurre en las zonas costeras y el mar argentino, donde la sobreexplotación pesquera genera impactos en las poblaciones de especies marinas amenazadas y atenta contra la provisión de los recursos.
La pérdida de la biodiversidad avanza de forma alarmante, afectando a las personas, las actividades humanas y los medios de vida. La presentación de las estrategias nacionales de biodiversidad en el marco de la COP16 resalta la importancia de que tanto los gobiernos como las empresas actúen de forma urgente para eliminar las actividades que tienen efectos negativos sobre la biodiversidad y el clima, y redirigir el financiamiento de prácticas nocivas hacia actividades que permitan acceder a los recursos para alcanzar los objetivos globales”, afirmó Jaramillo.
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Presentan un recurso ante la Corte contra el cierre de la causa por la contaminación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina. La queja fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.
La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.
“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.
El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.
En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.
En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.
El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.
Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.
“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.
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“El Presidente es una persona muy disruptiva”: desde la COP, la subsecretaria de Ambiente defiende la posición argentina

Fecha de Publicación: 31/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Para la subsecretaria de Ambiente, Ana Vidal de Lamas, que Javier Milei niegue el cambio climático es un error de interpretación. “Él se adhiere a las ideas científicas que dicen que no es enteramente provocado por el ser humano”, explicó en rueda de prensa la funcionaria. A pesar de que estudios plantean un 99,9% de consenso de la comunidad científica sobre esta crisis, el Presidente se aferra a la propuesta minoritaria. Ella plantea que más que un sesgo ideológico, la postura del mandatario es simplemente “disruptiva”.
Es también disruptivo su constante ataque a temas vinculados a la Agenda 2030, como la equidad de género y demás temas discutidos en una diversidad de convenciones internacionales a los que el Presidente acusa de “socialismo del siglo XXI”. La Cumbre Mundial sobre Biodiversidad (COP 16), que se realiza en esta ciudad colombiana, no es la excepción. A pesar de ello, la Argentina envió a una delegación de la Cancillería y a Vidal de Lamas para representar al país en temas de financiamiento para proteger a la biodiversidad, la protección de la naturaleza y el respeto a los derechos humanos, las diversidades, las comunidades indígenas y también las locales.
Aquí, el oficialismo se vio obligado a desarrollar una Estrategia Nacional y un Plan de Acción a 2030 para cumplir con los acuerdos internacionales discutidos dentro del marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Hoy se publicará el documento que LA NACION adelantó que excluye todos los temas de equidad de género planteados por el organismo internacional. Y aunque el documento debería haber sido entregado ante Naciones Unidas la semana pasada, la preocupación de algunos sectores no es tanto la entrega, sino la implementación de este plan en un contexto de recorte y desfinanciamiento de la política ambiental en la Argentina.

–¿Por qué no entregaron la Estrategia Nacional?
–Porque iba y venía de Cancillería. Le fueron haciendo algunas correcciones, unas palabritas.

–¿Qué tipo de palabras?
–Algo vinculado a lo que postula el Presidente para que no queden expresos temas con los que no está de acuerdo.

–¿Palabras como género y cambio climático?
–Claro, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero nada más de fondo.

–¿Quién hizo la revisión?
–La hizo la gente de Cultura y Civilización, y la gente de Ambiente de Cancillería.

–¿Nahuel Sotelo?
–Él, Nahuel Sotelo. Por ahí pasó.

–¿No hay una contradicción en participar en estas conferencias y declarar que no se adhieren a la Agenda 2030?
–Esa es tu impresión. Ahora te voy a dar la mía. Yo creo que el Presidente está enrolado en una posición científica que no es la del IPCC (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático). Hay científicos que están enrolados en otra cosa y él se adhiere a eso, que dice que el cambio climático no es un 100% responsabilidad de las actividades humanas. Ahora, nunca tuvimos una instrucción de salir de esta convención. Entonces nosotros seguimos yendo a la Cumbre del Clima, seguimos presentando todos los reportes que estamos obligados por la convención.

–¿Hay una crítica discursiva, pero no hay instrucción de salirse de ningún acuerdo?
–No tengo ninguna bajada de línea de salir de ningún acuerdo. Tengamos en cuenta también que todo el tema del cambio climático tiene que ver, como ustedes saben bien, con el tema de gases de efecto invernadero y todas las barreras que nos están poniendo por todos lados si no cumplimos con ciertas metas de reducción. Entonces hay que tomarlo como un tema de mercado. O sea, si nosotros no acatamos ciertas cosas, nos vamos a quedar fuera de ciertos mercados, y esto el Presidente lo entiende perfectamente.

–¿Qué va a pasar con los fondos para la conservación y atención al cambio climático que provienen de préstamos de organismos multilaterales como el BID, CAF y demás?
–El gobierno nacional no quiere seguir, por lo menos en los temas ambientales, con ningún crédito. Es más, tenemos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para temas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y lo están deteniendo donde está. Conclusión: las obras que estén avanzadas en un 80% se van a terminar, el resto quedan canceladas.

–Hay una parte del dinero que hay que devolverla igual...
–Hay una parte que hay que devolverla igual y se va a devolver. Eso lo está trabajando el Ministerio de Economía.

–¿Y qué pasa con las provincias que también están pidiendo créditos aquí en la COP?
–La Nación no quiere créditos, tampoco quiere que hagamos territorio, entonces es muy lógico que las provincias salgan a buscar su financiamiento. Vinieron acá también a buscar sus métodos de financiar su todos sus proyectos. Sé que estuvieron hablando con la CAF, estuvieron haciendo sus avances.

–¿Y ustedes darán el aval desde la Nación?
–Tenemos que dar la garantía soberana de los créditos que tomen. Evidentemente eso va a haber que hablarlo con cada una de las provincias y ver qué crédito van a tomar. Se va a ver en cada caso.

–¿Quién lo decidiría?
–Eso es el Ministerio de Economía.

–La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires dice que también hicieron recortes a su provincia…
–Tres proyectos. Sí, porque eran créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. A los de Santiago del Estero también les cortamos. El crédito lo tiene Nación. Desde Nación tiene que salir el dinero suyo para pedir un el crédito. Es muy distinto al aval.

–¿Cuál sería la función de la Subsecretaría de Ambiente bajo este nuevo esquema de gobierno?
–Nosotros somos autoridad de aplicación de todos los convenios internacionales porque cuando las internalizamos, hacemos leyes y en esa ley quedamos como autoridad de aplicación. Y esto es para las conferencias de Biodiversidad, Cambio Climático, Desertificación, todas las de residuos, Rotterdam, Basilea, todas. Entonces nosotros, desde las leyes de presupuestos mínimos, vamos bajando una guía y la trabajamos con el Cofema.

–¿Cuál es el posicionamiento sobre la exigencia de pedir financiamiento a países desarrollados?
–Si va a ser cooperación, créditos no.

–¿Están buscando financiamiento aquí en la COP 16?
–Estamos tratando de buscar operaciones. Quizá si las provincias están buscando financiamiento para ellas o financiamiento de crédito, nosotros también podemos hablar con ese mismo organismo que les dé algo a ellos, para que nos ayude a nosotros en una cooperación a la Nación. Para hacer, por ejemplo, una evaluación estratégica que les ayude también a las provincias, a hacer un proyecto homogéneo de toda la nación, pues si no cada provincia se mueve por su lado.

–Hay nueve leyes de presupuestos mínimos, cuyo financiamiento nunca llega a lo que los presupuestos que estipulan las propias leyes. En un contexto de recortes, como la eliminación del fideicomiso de Fobosque, ¿de dónde obtendrán los fondos?
–Para la Ley de Bosques, del mismo lugar de siempre, del fondo de la fuente 11, que es presupuesto nacional y de las retenciones a las exportaciones. Por ahora seguirá así. Ahora estamos liquidando los fondos de bosques.

–¿Cuánto se está liquidando?
–Como 16.000 millones de pesos. Este gasto es el que venía del año pasado. Lo mismo nos pasó con la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego. Solo que no había plata cuando llegamos. Entró después.

–¿Cuáles son las posiciones fuertes que traen a la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad?
–Estamos trabajando mucho en las discusiones sobre Digital Sequence Information (DSI). Estamos bastante encima. Yo no les puedo dar muchas explicaciones de estas discusiones que involucran a la genética. Pero sí estamos defendiendo posiciones, porque nosotros tenemos muchos recursos genéticos y tenemos que tener un control sobre el envío de la información digital. Eso y lo que conté de financiamiento.

–Una preocupación en cuanto al financiamiento es la del recorte presupuestario a las provincias, tanto en cuanto a coparticipación como en los fondos internacionales. Parecería que la única salida son opciones que afectan a la naturaleza como las vinculadas al RIGI. ¿Cómo medirán con esto las provincias que tienen que cumplir estos acuerdos internacionales?
–Todo va a estar sobre la mesa y los financiamientos de estos organismos que vemos acá son todos muy flexibles, son casi a 12 años. Entonces no creo que haya problema en darles la garantía soberana. Tampoco puedo decir que todo va a ser de rosas. Se tiene que acercar la provincia y explicar qué tipo de financiamiento quiere tomar. Creo que van a ser las dos cosas: fondos ambientales y RIGI. Me parece importante que busquen algún tipo de reforzamiento y de capacidades institucionales en las provincias, para atajar toda esta situación que antes la Nación facilitaba.

–¿Tienen diálogo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, conformado por representantes de Nación y de las provincias, órgano máximo de decisión ambiental?
–Estamos hablando de residuos con el Cofema. Hablamos de bosques, ya los reunimos cuatro o cinco veces. Estamos abriendo todas las posibilidades para facilitarnos entre todos la gestión. Vos le preguntás a cualquier provincia y saben que siempre tienen las puertas abiertas en la Subsecretaría para ayudarlos en lo que necesiten. Hace poco sacaron el tema del fideicomiso sobre bosques, y desde Cofema dijeron que era inconstitucional y bueno, está bien visto que lo hagan por consenso, que avancen.

–¿Cuál es la posición del Gobierno sobre las propuestas de canje de deuda por naturaleza?
–No vamos a hacerlo, eso te lo digo de entrada. Tenemos instrucciones en Economía de no hacerlo. Y el por qué es que a la larga esa estrategia es inflacionaria.

–¿En qué más pondrán énfasis en la Estrategia Nacional?
–Vamos a hacer bastante hincapié en todos los temas de restauración. Se detectaron más de 400 sitios para restaurar. Así que vamos a trabajar en temas de soluciones basadas en la naturaleza, a ver qué podemos hacer con todos esos. Para eso vamos a buscar presupuesto acá.

–Durante el coloquio IDEA de este año, algunos empresarios pidieron que el Gobierno haga cambios en la Ley de Glaciares para reducir el área protegida. ¿Han recibido alguna instrucción sobre impulsar alguna modificación?
–Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo, si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Un poco lo que se está trabajando es ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos.

–En el borrador de la Estrategia Nacional y Plan de Acción no se menciona ni la palabra “género” ni “cambio climático”, además de que la meta 23 de género no está. ¿La versión final será igual?
–De género seguramente no, pero temas de gestión climática va a haber. Igual, se hizo bien esa estrategia con mucha participación, solo con 30 organizaciones no gubernamentales, con universidades. O sea, fue muy participativa y muy consensuada.

–¿Y comunidades indígenas?
–No, no se llegó hasta eso.

–¿Y el tema de género?
–Sobre el tema de género, Milei habla de mujeres, no habla de género y no me parece mal.

–¿Y la Agenda 2030?
–Yo les pregunto a ustedes, ¿se cumplió con la Agenda 2030?

–No se ha incumplido enteramente, pero el argumento es que marca una tendencia...
–Sé que hay que poner metas un poquito ambiciosas para tener una tendencia hacia eso, pero también tienen que ser un poco realistas. Fijate, el cambio climático lleva 29 convenciones, ¡una barbaridad! La Agenda 2030 tiene objetivos que nadie puede cuestionar. El tema hambre, nadie puede cuestionar eso. Pero los indicadores que establecieron es un montón de burocracia; también hay cosas con las que el Presidente no está de acuerdo y lógicamente tiene que correrse de eso.

–¿A eso se refiere Javier Mieli cuando dice que esta es una agenda socialista?
–Lo que él postula es que este tipo de organismos muchas veces te imponen cosas que los países no pueden cumplir, sobre todo los subdesarrollados. Yo lo que les quiero explicar es que quizá el Presidente es una persona muy disruptiva. O sea, él fue a Naciones Unidas y dijo cosas que enloquecieron a todo el mundo; pero si ustedes escuchan lo que se está hablando acá, es muy similar a lo que él está diciendo. Milei dice “Hay una burocracia que nos traba con todo” y acá todos están diciendo que las organizaciones que dan fondos también son muy burocráticas.
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Biodiversidad. Cuál es la estrategia argentina para proteger a la naturaleza y cumplir con los acuerdos globales

Fecha de Publicación: 28/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En Colombia se desarrolla la COP 16, América Latina es la región que tiene más problemas en sus ecosistemas; cambio climático y futuro, el debate
El territorio argentino, como el mundo entero, sufre una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia humana y el gobierno nacional corre con el tiempo en contra para actuar. En nuestro país son varias las especies amenazadas, especialmente por actividades humanas directas, como el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos o humedales, la contaminación del agua, la sobrepesca y el tráfico de especies. Pero también, los ecosistemas están amenazados por factores humanos indirectos, como el cambio climático que acentúa e intensifica sequías o lluvias torrenciales. América Latina es la región más afectada por la pérdida de biodiversidad, según el último informe de Planeta Vivo.
Desde hace poco más de 30 años se han tratado de generar acuerdos mundiales para atender esta gran crisis. Y 196 países, incluída la Argentina, han conformado equipos de trabajo y diseñado estrategias para atender esta problemática en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo el problema persiste. Y aunque acuerdos pasados han sido poco efectivos para tratar este aprieto, los países miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) tienen la confianza de que este año será determinante.
Esto se debe a que aquí, en Cali, Colombia, durante la decimosexta Cumbre Mundial de Diversidad Biológica (COP 16), se discuten puntos del Protocolo de Cartagena sobre sobre Seguridad de la Biotecnología como el de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, y se pretende poner en marcha uno de los acuerdos más ambiciosos en materia de biodiversidad: el Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Este último documento compromete a las naciones firmantes, a cumplir cuatro objetivos y 23 metas para recuperar, restaurar y conservar la biodiversidad en cada uno de sus territorios contemplando los derechos humanos, de las comunidades locales e indígenas y la equidad de género.
Este es el contexto en el cual el Gobierno tuvo que redactar y entregar una Estrategia Nacional y un Plan de Acción ante Naciones Unidas para atender todas las amenazas que vulneran a la biodiversidad en la Argentina, con un tiempo límite de seis años, hasta 2030. Son dos documentos que pretenden delimitar objetivos asequibles y una especie de hoja de ruta para cumplirlos.
Se esperaba que a principios de esta semana, la Argentina entregará los documentos ante Naciones Unidas. Sin embargo, hasta el momento no han sido recibidos por el ente internacional. “Si la entregamos durante la COP 16, va a ser al final”, explican a LA NACION fuentes del Gobierno.
El documento, elaborado por la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio) está aún en revisión por parte de Cancillería, aunque desde el Poder Ejecutivo aseguran que el trabajo está por ser aprobado y casi alineado con el Marco de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, que establece 23 metas para 2030. En esta estrategia hay 22 metas. Esto fue porque el Gobierno decidió eliminar la última, vinculada con asegurar una perspectiva, equidad y responsabilidad de género en la implementación de las políticas.
Otra omisión en la redacción fue la del concepto de “cambio climático” que sí está en el acuerdo internacional, pero que, al menos dentro los borradores, tanto de la Estrategia Nacional, como del Plan de Acción 2030 a los que LA NACION tuvo acceso, no aparece.
Para Ana Di Pangracio, directora de Fundación Ambiente y Recursos Naturales y una de las argentinas que más siguen las negociaciones de esta COP, “la falta de claridad, después, puede dificultar la implementación, que es la clave”. Ella explica que, tanto está COP como el documento que la Argentina tiene que presentar, tienen el más concreto objetivo de la implementación. “Implementar, implementar, implementar”, repite la experta.

La biodiversidad en la Argentina y sus amenazas
En ese sentido, Di Pancracio opina que la Estrategia y Plan anterior, los que antecedieron a este borrador, “dejaron la vara muy alta”. O sea que el resultado que esperaban se cumplió parcialmente. Varias de las metas que se habían planteado no se lograron, así lo plantea un análisis propio del oficialismo. Pero, ¿en qué estado se encuentra la biodiversidad en el país y cuáles son los puntos clave que el Gobierno debería incluir en su estrategia?
En los 3,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, nuestro país cuenta con 18 ecorregiones; zonas con condiciones biológicas y climáticas similares. Ocho de estas regiones son de la más alta prioridad para la conservación: la Pampa, el Chaco Seco, los Yungas, el Delta e Islas del Paraná, la Selva Paranaense, la Puna y los Bosques Patagónicos.
En la Argentina hay más de 9000 especies; un 18% son originarias. No hay que pensar solo en animales conocidos como el yaguareté o el carpincho; hay plantas, árboles, insectos, hongos y microorganismos que conforman los ecosistemas de los que dependemos estrechamente. Regulan la temperatura y la humedad, albergan componentes que utilizamos para nuestras industrias y nuestra salud, y nos dan alimento.
El mayor problema, según el borrador de la Estrategia Nacional que aún debe ser aprobado, es el cambio de uso de suelo y mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación, la invasión de especies exóticas, y finalmente, la no planificación del avance de actividades humanas sobre el territorio. “La degradación y desertificación de las tierras trae aparejada la pérdida de la biodiversidad y una progresiva disminución de la productividad”, explica el documento.
Este contexto supone una serie de acciones complejas e interrelacionadas con diferentes dependencias del Gobierno y también con habitantes y con la sociedad civil. Incluso, durante la elaboración de estos documentos se abrió la puerta a comentarios y sugerencias de la sociedad civil que forma parte de la Conadibio.

Una cuestión de plata
La pérdida de biodiversidad no es un problema nuevo, son décadas de trabajo en temas de protección, conservación y restauración de ecosistemas. Sin embargo, los expertos consultados por LA NACION destacan que hay puntos importantes a trabajar. “Nosotros celebramos que, en un contexto de ajuste y tensión política, está por aprobarse un documento como este. Además de que hubo un proceso participativo y trabajo detrás. Pero de ahí a que hagan algo concreto con eso, es otra cuestión”, explica la representante de una ONG argentina, que prefirió reservar su identidad.
Las razones por la falta de acción pueden ser varias, incluída la voluntad política del poder central, la falta de articulación con las provincias o gobiernos locales o conflictos de interés en las zonas a conservar.
También se han priorizado ciertas ecorregiones y especies a la hora de elaborar estrategias de protección. “Por ejemplo, más allá del funcionamiento, el yaguareté tiene estrategias de protección y conservación, pero eso no se extrapola a todas las especies amenazadas”, explica Daniela Gomel, representante de Fundación Vida Silvestre en la COP 16.
No obstante, una de las trabas más grandes para la ejecución de esta estrategia son los fondos. Hay muy poco presupuesto para conservar y proteger los ecosistemas. Con el simple hecho de que no haya habido un presupuesto nacional específico para 2024, la degradación de los fondos para esta área cayó estrepitosamente. Si a eso se suma el recorte a las provincias y la eliminación de fondos fiduciarios como el Fobosque, el margen de acción es estrecho.
Según el último informe de partidas ambientales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), publicado hace apenas unos días atrás, la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales presentan una caída en sus presupuestos en términos reales de entre el 26,4% y el 37,4% y el 7,1% al 20,9%, respectivamente, de acuerdo con distintas estimaciones inflacionarias. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos tiene asignados apenas $10.000 millones, solo el 2,84% de lo que debería recibir según la ley 26.331 ($352.664 millones).
Y sus cálculos para el año que viene tampoco prometen una mejora. El proyecto de ley de presupuesto 2025 elimina los programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables, incluyendo el Programa de Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables, el de Fomento de la Generación Distribuida y el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer).
Pero las vicisitudes relacionadas con el financiamiento de la conservación no se reducen a un Estado. En este momento, en Cali, este es el punto más tenso de las negociaciones, por lo que probablemente el acuerdo final se demore. Grupos de países pertenecientes al sur global como la Argentina, Colombia y Brasil están exigiendo no solo un aumento de flujos de recursos a sus territorios, además piden que estos sean accesibles y que no estén condicionados por los países donantes para una región o reglamento.
El argumento de estos estados, como de los demás países llamados “en vías de desarrollo”, es que son las zonas más afectadas por la pérdida de biodiversidad, y que, históricamente, los que propiciaron esto son los países desarrollados, por lo que tienen mayor responsabilidad.

Claves de la Estrategia
La propuesta que debería aprobarse al final de esta cumbre tiene 22 metas, seis ejes transversales y nueve estratégicos para cumplir con los postulados del Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Y si bien hay objetivos claros como la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad, llegar a un 30% de áreas protegidas en la tierra y en el mar, o la conexión entre la academia, la política y las comunidades locales, uno de los puntos más importantes tiene que ver con ordenar el territorio.
Son varias leyes como la de Bosques Nativos o la ley general del ambiente que plantean como herramienta fundamental el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT). “Esto nunca se ha implementado de forma integral”, comenta Gomel. Para ella, sin esta organización, es difícil poder incluso mantener las 53 áreas protegidas tanto en tierra como en el mar argentino y el resto de las áreas provinciales.
Un claro ejemplo es la construcción de gasoductos y oleoductos que están en proceso o proyectan desarrollarse en el Golfo San Matías; varios de ellos colindantes con el Parque Nacional Islote de Lobos, un albergue histórico de la ballena franco austral y una diversidad de especies más.
Uno de los puntos que el borrador argentino destaca es el monitoreo de la conservación y recuperación de la biodiversidad. Los instrumentos para cumplirlo aún se están decidiendo en la Cumbre de Biodiversidad, en Cali, y se espera que en el cierre, la Argentina pueda adoptarlos en su Estrategia Nacional. No solo permitiría tener mayor control sobre lo que pasa en el territorio, sino que admite a organismos internacionales dispuestos a donar dinero para la conservación a asegurarse que su inversión tuvo efecto.
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