Chaco, primera y única provincia del NEA que se defiende de acusaciones de desmontes

Fecha de Publicación: 05/08/2025
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco


En los pasillos del Ministerio de Producción de Chaco, es un secreto a voces que causó malestar las acusaciones que la Asociación de Abogados Ambientalistas -AAA- efectuó sobre los desmontes insinuando "imputaciones genéricas o indiscriminadas, sin distinción ni respaldo serio, que pretendan instalar un estado de sospecha injustificada sobre la totalidad de los actores o autoridades comprometidas en la gestión ambiental".
Por esa cuestión –lanzada a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube—trascendió que el titular de la cartera productiva chaqueña tomó al toro por las astas y habría dicho: "Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia", dicen haberlo dicho expresar.

Carta documento
A los pocos días, Agroperfiles pudo confirmar en off que Oscar Pablo Dudik resolvió enviar una carta documento a la AAA.
 "Por todo lo expuesto, lo/los intimo formalmente a que cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales; se abstengan de divulgar cualquier tipo de información falsa; y a que, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles posterior a la recepción de la presente, aporte el material técnico, documental probatorio u otros que respalde esas afirmaciones vertidas en sus presentaciones públicas", habrían sido las palabras textuales.

Sobre la presión contra la jueza Niremperger
A la par, se supo que en igual término, intima a ratificar y a ofrecer pruebas a la AAA sobre todo aquello cuanto refiere a "…poderosos intereses económicos-gubernamentales presionaron para que la jueza federal se declare incompetente, sin siquiera petición de parte". Todo bajo apercibimiento de que si así no se hiciere se procederá unilateralmente a promover medidas judiciales que importen de parte de Ud/s. el suministro de todo el material "base" a los fines de producir las imputaciones como lo ha hecho, y así iniciar las acciones legales que correspondan —sean civiles, penales o administrativas— incluyendo los reclamos por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de las personas afectadas.

Rechazo de plano
En otros aspectos, sostiene el documento legal presentado por Dudik que "el Gobierno de la Provincia reafirma su disposición al diálogo con todos los actores sociales, técnicos y ambientales, siempre que se haga sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable. Se rechaza de plano cualquier intento de generar alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico".
"Decir por decir, en pos de generar una impresión pública de un estado de cosas —desde ya contraria a la realidad— resulta no solo abusivo, sino también despiadado, insolente y comprometedora para la buena fe del debate social y ambiental".
Es preciso destacar que las políticas adoptadas por el Gobierno Provincial chaqueño promueven un modelo de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en consonancia con la legislación nacional y la Constitución, donde la preservación de la biodiversidad coexiste con el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo y a la dignidad.
El objetivo del Gobierno Provincial no se limita únicamente a garantizar un uso responsable, planificado y técnicamente supervisado de los recursos forestales, sino que además se sustenta en el respeto irrestricto al marco legal y a las decisiones judiciales que, en ejercicio de su competencia, pudieran dictarse, sean estas favorables o contrarias a las políticas públicas en materia de forestación y uso del monte nativo.
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El Congreso sigue en silencio frente a la crisis ambiental

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La agenda ambiental en el Congreso de la Nación atraviesa un preocupante estancamiento. En lo que va de 2025, ninguna de las dos cámaras legislativas logró sancionar leyes vinculadas al cuidado del ambiente, constató AIM tras acceder al último informe del Círculo de Políticas Ambientales.
Según pudo saber AIM, el balance legislativo del primer semestre muestra una clara falta de avance: los proyectos se acumulan en comisiones, sin dictamen ni tratamiento en el recinto. Incluso las reuniones informativas, cuando se realizan, no derivan en acuerdos sustantivos ni movimientos concretos.
Entre las iniciativas paralizadas se destacan:
-La prórroga del régimen de promoción de energías renovables, que vence a fin de año.
-La ley de envases con inclusión social y la gestión de neumáticos fuera de uso.
-La trazabilidad pesquera.
-La creación de una norma federal para la evaluación de impacto ambiental.
“Nunca vimos tan poca actividad. No hay debate, los proyectos no avanzan y las reuniones informativas quedan en la nada”, advirtió María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, en declaraciones recogidas en el informe al que tuvo acceso AIM.
Desde el organismo remarcaron que el Congreso tiene una responsabilidad ineludible: legislar con una mirada estratégica y de largo plazo en materia ambiental. Sin embargo, el panorama actual muestra un rol legislativo debilitado y sin rumbo.
Supo AIM que organizaciones de la sociedad civil y referentes del sector ya alertaron sobre las consecuencias de esta parálisis institucional, que compromete los compromisos internacionales del país y frena la transición hacia un modelo sostenible.

 Para leer el informe completo, acceder al siguiente link.
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La Justicia ratificó la realización de la audiencia pública de PSJ Cobre Minero en Uspallata

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La Justicia provincial ratificó la realización de la audiencia pública del proyecto minero PJS Cobre Mendocino, que se llevará adelante el próximo sábado 2 de agosto, en las inmediaciones del yacimiento, en la alta montaña de Uspallata.
La Asociación Civil Oikos Red Ambiental y el exsenador provincial Marcelo Romano presentaron acciones de amparo ambiental para que se ordene como medida cautelar la suspensión de la audiencia pública y la autoridad ambiental minera convoque otra en un “lugar de fácil acceso” como el centro urbano de Uspallata.
Particularmente la ONG sostenía que se generaba “un daño irreparable a los derechos colectivos de participación ciudadana efectiva, acceso a la información pública y a un ambiente sano, consagrados en el Acuerdo de Escazú”.
La jueza Cecilia Landaburu, del Tribunal de Gestión Nº 2, respondió que “según surge del informe evacuado por la parte demandada, toda la documentación técnica del proyecto —incluyendo el Informe de Impacto Ambiental, dictámenes de organismos provinciales y nacionales e informes sectoriales— está disponible en el sitio oficial de la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental”.
“Por otra parte, se ha dispuesto que los oradores intervendrán en orden cronológico según su inscripción. Primero, lo harán quienes participen de manera presencial y, una vez finalizadas esas exposiciones, será el turno de los inscriptos en la modalidad virtual. El listado de oradores y el cronograma se publicarán en los sitios oficiales del Gobierno”, agregó.
Luego, añadió más detalles de la audiencia pública y afirmó que “para quienes deseen seguir el evento sin intervenir, la audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente”.
“A la luz de lo arriba transcripto, no advierto prima facie el humo de buen derecho que justifique la procedencia de la medida bajo análisis, siendo insuficiente el simple temor subjetivo de los peticionantes, quienes no han aportado elementos ajenos a su mera subjetividad, que permitan tener por acreditado que existe un riesgo cierto de afectación a los derechos a la información y a la partición política de los amparistas”, sostuvo la jueza-
Y completó: “Como consecuencia de lo expuesto y siendo innecesario entrar al análisis de los demás requisitos que determina la ley para la viabilidad de una medida precautoria, corresponde el rechazo de la misma”.
Este martes la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró el fallo citando el principal argumento de la jueza y afirmó que “la audiencia sigue en pie”.
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Ex embajador argentino en la OEA denunció plan de EEUU para controlar el agua del país

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Carlos Raimundi advirtió que el futuro embajador de los Estados Unidos busca controlar recursos hídricos para fracking y criptomonedas, al tiempo que calificó de «coloniales» las declaraciones de Peter Lamelas ante el Senado estadounidense.
El ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, cuestionó duramente las declaraciones de Peter Lamelas, propuesto como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, y advirtió sobre un presunto plan para controlar los recursos hídricos del país.
En declaraciones radiales, Raimundi calificó de «colonial e inaceptable» la postura de Lamelas, quien ante el Senado norteamericano expresó su intención de «viajar por las provincias, apoyar al presidente Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia».
«Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso interviene en nuestra soberanía», denunció el exfuncionario.

El plan detrás de las provincias
Raimundi advirtió que detrás del discurso de Lamelas se esconde un intento de «balcanizar la Argentina», debilitando el rol del Estado nacional al proponer relaciones directas con los gobiernos provinciales. «Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación», criticó.
Las declaraciones de Lamelas ante una comisión del Senado estadounidense generaron controversia al asegurar que procurará «limitar la influencia maligna del régimen de Xi Jinping» y que buscará «apoyar» al presidente Milei.

Intereses económicos estratégicos
El exembajador vinculó el desembarco de Lamelas con intereses económicos específicos. «Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios con recursos naturales, especialmente el agua», alertó.
Según información publicada, Lamelas es efectivamente un empresario millonario que fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de Florida, que luego vendió.
Raimundi conectó estas intenciones con el proceso de privatización de AySA que impulsa el gobierno de Milei: «No es casual que esto ocurra al mismo tiempo que Milei avanza con la privatización de AySA».

El agua para fracking y criptomonedas
Según el exembajador, detrás de esta movida está el interés de Estados Unidos en controlar las reservas hídricas del país para alimentar industrias específicas: «Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, y sobre todo, la inteligencia artificial y las criptomonedas».
También apuntó contra Mecorot, la empresa estatal israelí señalada como posible compradora de AySA: «Mecorot hoy controla el suministro de agua para el pueblo palestino. Imaginen si eso pasa acá».

Rechazo político generalizado
Las declaraciones de Lamelas generaron el rechazo de varios gobernadores provinciales, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, quienes expresaron que «no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos».
Un grupo de diputados propuso declarar persona no grata a Peter Lamelas antes de que asuma como embajador.

Herramientas legales para frenar la privatización
Raimundi llamó a resistir la privatización de AySA recordando que existen instrumentos jurídicos: «Hay un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza que la mayoría accionaria de AySA siga siendo estatal. Además, puede requerir mayoría especial en el Congreso».
El exembajador también cuestionó la hipocresía de que Estados Unidos exija justicia en casos como el atentado a la AMIA: «Le recordé a un embajador estadounidense que ellos nunca resolvieron quién mató a Kennedy. No tienen autoridad para darnos lecciones».

«Perdimos la batalla cultural»
Raimundi consideró que muchas de las decisiones que hoy permite el Congreso son consecuencia de una «derrota más profunda»: «Perdimos la batalla cultural. Hoy hay gobernadores y legisladores que aceptan pasivamente estas cosas, por miedo o conveniencia».
Sin embargo, expresó su esperanza de revertir la situación: «Tenemos que volver a construir sentido y trabajar con humildad para explicarle a cada argentino lo que está en juego».
Finalmente, pidió al Parlamento rechazar públicamente las declaraciones de Lamelas: «Es inadmisible que un futuro embajador nos diga con quién comerciar o qué rol debe tener nuestra vicepresidenta. El Parlamento debería pronunciarse en bloque».
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Peligra la causa contra la Mafia del Desmonte: Niremperger se declaró "incompetente" y alertan riesgo de impunidad

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal.
Petición ambientalista. Detrás de esta maniobra está la presión directa de la #MafiaDelDesmonte sobre la justicia federal.
Organizaciones ambientales y comunidades del Chaco denuncian que la causa que investiga a una red de desmontes ilegales podría quedar en manos de juzgados locales, más expuestos a presiones políticas y económicas. Reclaman que la Cámara Federal de Resistencia revierta la decisión.
La investigación que sacó a la luz las operaciones ilegales de desmonte en el Chaco —conocida como la causa contra la Mafia del Desmonte— está en riesgo de desarticularse. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente” para continuar con el expediente, pese a la existencia de pruebas que vinculan a empresarios, funcionarios y operadores judiciales en una trama delictiva compleja y con impacto ambiental masivo.
La decisión de Niremperger habilita que la causa se fragmente y pase a la órbita de juzgados provinciales, algo que desde distintas organizaciones consideran “una maniobra funcional a la impunidad”. Señalan que esos fueros son más permeables a presiones de sectores económicos interesados en seguir desmontando tierras protegidas por la Ley de Bosques y habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
“La justicia federal debe sostener su competencia en esta causa si se quiere llegar a los responsables reales. Si se pierde, se abren las compuertas para más desmontes, más violaciones de derechos humanos y más expulsiones de familias del campo chaqueño”, afirmaron desde las organizaciones que impulsan la investigación.
Además, advierten que la presión para desactivar la causa proviene directamente de los actores denunciados: “Estamos viendo cómo la #MafiaDelDesmonte opera también sobre el sistema judicial para garantizar su impunidad”, agregaron.
Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal. Diversas agrupaciones sociales, ambientales y territoriales iniciaron una campaña pública para exigir que no se frene la causa.
 “El monte nos necesita y esta causa puede marcar un antes y un después en la lucha contra el ecocidio en el norte argentino. Es ahora o nunca”, sostienen desde las comunidades que firmaron la petición, disponible en este enlace.
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Facultades delegadas: los impactos en la protección y el cuidado del ambiente

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El camino no es la motosierra ni la desregulación absoluta. Exigir mayor calidad, trabajo, transparencia y control debería ser el rumbo a tomar.
El 8 de julio venció el plazo de la delegación de facultades legislativas al Presidente. Esta norma habilitó al Poder Ejecutivo, durante el plazo de un año, a reorganizar y reducir la estructura estatal, modificar o eliminar competencias de organismos y disolver fondos fiduciarios.
Entre los 65 decretos promulgados por el Presidente, se eliminaron fondos y disolvieron o modificaron organismos claves para la protección y el cuidado del ambiente, incumpliendo tanto leyes nacionales como así también acuerdos internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional.
El Decreto 888/2024 eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Este fondo fue creado a través de la Ley 27.431 para implementar medidas relacionadas con la protección de los bosques, en el marco de la contribución nacional presentada por la Argentina al Acuerdo de París, y mejorar la eficiencia y transparencia en la administración y ejecución de los montos destinados a la conservación de estos ecosistemas.
El Decreto 1020/2024 disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Si bien este decreto dispuso la transferencia de los recursos materiales y financieros del ENOHSA al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, la gestión y ejecución de obras de agua potable y saneamiento a nivel nacional podrían verse afectadas por no contar con un ente especializado que las supervise de manera integral.
El Decreto 396/2025 fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR). El SEGEMAR produce información sobre los recursos geológicos y mineros del país, mientras que el INPRES evalúa proyectos como hidroeléctricas, fracking o minería, se especializa en estudios sismológicos y en prevención del riesgo sísmico.
Bajo ningún punto este organismo debería ser reemplazado por el SEGEMAR, ya que este se encuentra al servicio del sector minero. Además, la Ley Bases prohíbe la disolución del INPRES. Si bien el Decreto 396/2025 no lo realiza, los términos de la fusión establecida con SEGEMAR implican vaciarlo de contenido.
El Decreto 463/2025 disolvió el Fideicomiso Financiero para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, lo que genera incertidumbre acerca de cómo se financiarán ahora tareas clave como la contratación y capacitación del personal, las obras de prevención y control, los estudios e investigaciones, y la logística para combatir incendios.
Además, este decreto se da en un contexto de subejecución de la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que, en 2024, tuvo una caída en términos reales del 81% y que durante el primer mes de 2025, mientras habían múltiples focos de incendio en la Patagonia y en Corrientes, no tuvo ejecución presupuestaria.
El principio de integración, contenido en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), establece que la variable ambiental debe estar presente en cada actividad que desarrolle el Estado. Esto se ve lesionado cuando se eliminan fondos o se disuelven organismos claves para la protección y el cuidado del ambiente.
Si se hubieran comprobado irregularidades o detectado ineficiencias, se deberían haber evaluado alternativas con el objeto de mejorar su ejecución y funcionamiento antes que su disolución o reducción.
El camino no es la motosierra ni la desregulación. Exigir mayor calidad, trabajo, transparencia y control debería ser el rumbo a tomar por el Estado. Es la única manera de poder llevar adelante políticas ambientales que se encuentren a la altura de los desafíos climáticos de nuestros días.

Por Cristian Fernández - Coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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Desmontes sin control: el Gobierno de Insfrán admitió lo que negó durante años

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal PrensaLibreFormosa
Provincia/Región: Formosa


El columnista Juan Slash puso en evidencia el forzado e involuntario reconocimiento del Gobierno de Formosa sobre la pérdida de miles de hectáreas de monte nativo. La admisión oficial llegó justo después de la embestida judicial contra Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni, los opositores más votados y promotores de la intervención federal.
Tras años de negaciones sistemáticas, relativizaciones oficiales y silencios cómplices, el Gobierno de Gildo Insfrán finalmente reconoció la existencia de desmontes ilegales y sin control en distintas zonas del territorio formoseño. Así lo reveló una nota difundida por la agencia estatal AGENFOR, donde el propio ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, admitió que "estos desmontes irregulares —sin permisos o con permisos excedidos— representan una grave afectación al ambiente y a los recursos naturales".
El reconocimiento tardío, interesado e involuntario, se produce en el contexto de una jugada política del gobierno provincial para atacar judicialmente a dos de los principales referentes de la oposición: el senador Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quienes fueron recientemente condenados y embargados por supuestas irregularidades ambientales, apenas días después de haberse convertido en los candidatos más votados del campo opositor y de haber impulsado la intervención federal de la provincia.
En su columna, Slash fue contundente al destacar: "Por fin el Gobierno Provincial reconoció que se pierden miles de hectáreas sin control", y Slash tiene razón aunque el reconocimiento no fue por honestidad política ni por compromiso ambiental, sino como parte de una maniobra para justificar la cacería judicial contra quienes se atreven a desafiar al régimen".
La nota de AGENFOR el ministro Lucas Rodríguez, circunscribe los desmontes exclusivamente a las zonas donde trabajan Paoltroni y Basualdo, asegurando que las irregularidades se concentran principalmente al sur de Las Lomitas y alrededores de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Subteniente Perín e Ibarreta. Las cifras son alarmantes: 120 hectáreas desmontadas en Ibarreta, 478 en Subteniente Perín, 659 en Las Lomitas. En total, solo en estos casos, se han perdido más de 1250 hectáreas de monte nativo.
Lo que el gobierno provincial nunca pudo tapar con discursos, hoy lo exponen las imágenes satelitales. Desde hace años, Greenpeace viene alertando sobre la acelerada destrucción del monte nativo en varios departamentos de Formosa. Hernán Geraldini, coordinador de Campañas de Bosques de la organización, denunció que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, la tasa de deforestación se cuadruplicó en la provincia.
El trasfondo de esta catástrofe ambiental está en la manipulación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, donde Formosa decidió ir a contramano de lo que hicieron otras provincias.
Mientras jurisdicciones como Salta o Chaco protegieron hasta el 80% de sus masas forestales bajo zonas rojas o amarillas (donde no se puede desmontar), Formosa clasificó el 70% de sus bosques como "zona verde", permitiendo desmontes con simples permisos administrativos.
"El resultado está a la vista: en lo que va de 2024, ya se perdieron unas 36.000 hectáreas de monte formoseño, la mayoría con aval del propio Estado provincial", denunció Geraldini.
Lo que Slash, tal vez sin desearlo desnuda en su análisis no es solo la gravedad ambiental, sino la hipocresía política: "El gobierno que encubre desmontes ilegales y hace la vista gorda con grandes terratenientes, es el mismo que ahora persigue judicialmente a dos dirigentes opositores con el argumento de proteger los bosques".
La paradoja es brutal: el Estado que destruye, simula cuidar. El régimen que desmonte tras desmonte consolidó su poder, ahora acusa de ecocidas a quienes -alguna vez autorizó a desmontar -y hoy lo enfrentan en las urnas.
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Concluyó la Conferencia Climática Internacional, con líneas de acción rumbo a la COP30

Fecha de Publicación: 05/07/2025
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional - Córdoba 


La primera Conferencia Climática Internacional y la 5ª Cumbre Mundial de Economía Circular organizadas por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba concluyeron ayer jueves marcando líneas de acción conjunta de cara a la COP30 que se celebrará en noviembre en Brasil. 
A lo largo de tres jornadas de intensa actividad, participaron cinco gobernadores y una vicegobernadora, 120 intendentes, legisladores y funcionarios, académicos y especialistas de Argentina y otros 20 países que formaron parte de 28 paneles.
La CCI realizada en el Centro de Convenciones Córdoba tuvo un fuerte acompañamiento de público, con más de 6 mil asistentes, además de las personas que siguieron las alternativas del evento mediante las transmisiones en vivo.
En un enfático llamado a la acción, el gobernador Martín Llaryora cuestionó en su mensaje inaugural el “negacionismo climático” y remarcó que uno de los  objetivos centrales de la CCI fue “elevar nuestra voz para defender el ambiente”.
Esta postura fue refrendada posteriormente en acuerdo histórico firmado por los mandatarios de seis provincias argentinas, que fue ratificado además por 120 intendentes de todo el país y recibió el acompañamiento de autoridades de gobiernos e instituciones de 20 países de Latinoamérica, Europa y Asia.
El encuentro en Córdoba fue designado por Naciones Unidas como “Evento conmemorativo por los 10 años del Acuerdo de París”, reconocimiento otorgado por la decisión de  aumentar la ambición y obtener resultados tangibles en la acción climática.
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Córdoba y otras cinco provincias formaron un bloque subnacional contra “el negacionismo climático del Gobierno nacional”

Fecha de Publicación: 04/07/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba


Convocados por Llaryora, varios gobernadores firmaron compromisos ambientales para ir en bloque a la COP 30, un evento que no tendrá representación de la Nación por orden de Javier Milei.
“Hoy lamentablemente la Argentina ha salido de la visión de la defensa del clima. Estamos en un país negacionista del cambio climático. No lo compartimos. Si estamos aquí es porque estamos en la resistencia”, con estas palabras, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le imprimió el tono fuertemente crítico del Gobierno nacional que precedió a la firma de compromisos ambientales de seis provincias, una movida que busca no perder la silla que dejará vacante la ausencia de representación del país en la Conferencia de las Partes (COP) 30, en Brasil.
“Los que estamos acá nos vamos a hacer cargo de lo que Argentina no hace hoy, vamos a elevar nuestra voz para defender el ambiente”, remarcó Llaryora.
Luego, tras compartir escenario son los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Jujuy, Carlos Sadir; y con la vicegobernadora Alicia Aluani, de Entre Ríos; se firmó un compromiso que tenía entre sus ejes proteger la biodiversidad y promover la adaptación de los ecosistemas frente a los impactos climáticos, acelerar la transición hacia la economía circular, invertir en una transición energética justa y equitativa, potenciar la perspectiva de género y diversidad en las políticas climáticas y fomentar la educación ambiental y la sensibilización pública.
Otro aspecto del compromiso es de impulsar la gobernanza multinivel y crear gabinetes y consejos climáticos subnacionales para gestionar políticas climáticas globales. Esto es clave dentro de las metas del grupo.
El bloque subnacional -transversal en representaciones partidarias y diverso en geografías y fortalezas productivas- dejó una fuerte expresión política, pero principalmente plantea una estrategia común para colarse en la COP 30 y tratar de no quedar afuera de las posibilidades de acceso a financiamiento para programas con componentes de adaptación y mitigación del cambio climático, justo cuando se decidió incrementar los fondos de ONU y la conferencia en Brasil tiene como objetivo principal pasar a la fase de implementación de proyectos con más rapidez.
Hay otras provincias que podrían sumarse al bloque, como Misiones -que no tuvo representación a último momento-.
En el punto 2 del compromiso firmado se dice expresamente que una de las metas será “impulsar mecanismos financieros que faciliten el acceso directo de los gobiernos subnacionales a recursos climáticos”.

Producción con estándares sostenibles
El gobernador patagónico Ignacio Torres, luego de cuestionar una nueva manifestación de la grieta de unitarios y federales con el manejo de los recursos nacionales, resaltó otra grieta que entiende inútil: “siempre se quiere tener una mirada agrietada de la importancia de apostar a la producción versus la importancia de hacerlo de manera sostenible. Ya no hay que discutir minería sí o minería no, sino cómo. Y esa discusión tiene que darse con objetividad y responsabilidad”. 
En la misma línea, su par Sergio Zillioto, de La Pampa, instó a “buscar un punto de equilibrio sustentable para generar desarrollo”.
Para Llaryora, la solución es una síntesis superadora: “Se puede producir de una manera sustentable y avanzar respetando el clima. Ahí es donde se pone el modelo de economía circular”. “Los líderes que no entiendan la economía circular van a hacer quedar atrás a su gente”, vaticinó.
El acceso a los fondos que están en peligro por la actitud negacionista del Gobierno nacional fue vista como una actitud sobreideologizada y poco pragmática en la mesa. “Las soluciones son locales. Se pierde el tiempo hablando con los presidentes, más si se trata de negacionistas”, remarcó Llaryora.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; señaló que “esto es una batalla cultural que tenemos que dar en Argentina, no solo el equilibrio fiscal, sino también el cuidado del ambiente tiene que serlo y defenderlo en el país”. Y anticipó que para garantizar que la agenda ambiental sea una política de Estado incluirá el compromiso en la redacción de la nueva constitución provincial.
Carlos Sadir, de Jujuy, dijo que “las provincias seguimos trabajando por el ambiente y en contra del cambio climático, y lo seguiremos haciendo con o sin financiamiento, porque hay una decisión que va más allá de los recursos”.
“No es el medio ambiente contrario al desarrollo, se puede desarrollar cuidando el medio ambiente”, planteó la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, quien hizo énfasis, también, en la educación ambiental.

Respaldo institucional
Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), felicitó a los gobernadores por “la valentía de esta propuesta, que parece contracultural en el mundo que vivimos. Pero es una acción urgente y necesaria”.
En una línea parecida se expresaron Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en el país; Romain Nadal, embajador de Francia; y David Markey, vice embajador del Reino Unido. “Es una estrategia inteligente, además, conformar un bloque subnacional para la representación en la COP”, valoraron los diplomáticos.
“Desde Córdoba hoy se gesta una alianza desde el interior del país. Somos parte de quienes no niegan el cambio climático, y somos parte de los gobiernos que quieren actuar. Debemos ponemos de acuerdo, trabajar y accionar en conjunto. Somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo por revertirlo”, valoró, en la apertura de la Conferencia Climática, la ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores.
El evento tuvo una gran convocatoria, con un auditorio que lució completo en el momento de la mesa de los gobernadores. Según fuentes oficiales, había más de 5.500 inscriptos.

El compromiso ambiental
El compromiso firmado establece que los estados subnacionales son actores claves en el sistema internacional y protagonistas fundamentales en la construcción de un futuro climático justo y sostenible, con una biodiversidad única, un enorme capital natural y un alto protagonismo político.
“Se trata de una hoja de ruta y una declaración política que busca posicionar la voz de América Latina en las negociaciones climáticas globales, reconociendo el papel de los gobiernos subnacionales en el liderazgo climático y en la gobernanza multinivel para una acción climática integrada, ambiciosa y cooperativa”, explicaron.
La Conferencia Climática (CCI) tendrá otros dos días de deliberaciones, conferencias, talleres y espacios de intercambio.
Naciones Unidas seleccionó a la CCI como “evento conmemorativo por los 10 años del Acuerdo de París”. 

Expo Climática
En paralelo a las conferencias se desarrolla la Expo Climática, una exposición donde el público podrá interactuar directamente con productos y servicios centrados en la economía circular, la reutilización de recursos y las prácticas sostenibles.
La Expo Climática se realizará en los espacios verdes frente al Centro de Convenciones Córdoba, de 9 a 17 horas los días martes y miércoles, y de 9 a 14 horas el jueves.
Diversas empresas privadas, instituciones públicas, emprendedores y organizaciones, incluyendo el CONICET, el INTI y varias universidades, estarán presentes para exhibir sus proyectos y tecnologías relacionadas con la sostenibilidad y la economía circular.
La participación en la Expo Climática es gratuita, pero requiere inscripción previa.
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La impactante muestra que expone la brutalidad de la caza de trofeos

Fecha de Publicación: 24/06/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


A pesar del amplio rechazo social, el Argentina siendo un destino clave para el comercio de partes de animales cazados, lo que amenaza la biodiversidad de múltiples ecosistemas. Cómo la exposición fotográfica “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza” busca generar conciencia
La caza de trofeos es una práctica que genera fuertes debates a nivel mundial debido a su crueldad y a las consecuencias que trae consigo para las especies en peligro de extinción. En países como Argentina, que figura entre los principales importadores de trofeos de especies amenazadas de mamíferos, su comercio sigue siendo una práctica legal.
Sin embargo, la creciente preocupación por el bienestar animal y la preservación de la biodiversidad motivó un movimiento global para prohibir esta actividad.
En el país, un proyecto de ley busca establecer restricciones sobre la importación de trofeos de caza. Su objetivo es alinearse con las políticas internacionales que protegen a los especímenes más vulnerables.
A pesar del creciente apoyo popular y del respaldo de varias organizaciones que defienden los derechos de los animales, los intereses de una pequeña fracción de la sociedad que promueve esta práctica, así como la falta de urgencia por parte de los legisladores, continúan siendo barreras significativas para la implementación de esta legislación.
En este contexto, diversas iniciativas, como la exhibición de la muestra fotográfica “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza” de Britta Jaschinski en la Cámara de Diputados de la Nación, tienen un rol clave al intentar sensibilizar a la opinión pública y, especialmente, a los legisladores sobre los efectos negativos de la caza de trofeos.
Argentina se enfrenta a una situación paradójica: mientras que un 92% de la población está en favor de la prohibición de la importación de trofeos de caza, el país es el 3er mayor importador de estos trofeos en toda América Latina.
Las especies que se ven vulneradas por estas prácticas forman parte de la lista confeccionada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta busca proteger a los animales de una explotación comercial que amenace su supervivencia.
Marina Ratchford, de la organización de protección animal Humane World for Animals (HWA), explicó que, cuando comenzaron a abordar esta problemática en Argentina, muchos ciudadanos desconocían el rol que el país ocupa en el comercio global de trofeos.
“Cuando empezamos a trabajar en esto en Argentina, la mayoría de la gente no sabía el rol que el país tiene en esta industria global de trofeos de caza. Por eso, aunque la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo que debería haber una prohibición, ha sido dificultoso hacer que esto sea una prioridad para los políticos y actores que deciden al respecto”, señaló en diálogo con Infobae.
El proyecto de ley presentado por la diputada Soledad Carrizo busca prohibir la importación de trofeos de caza. En especial de especies como el elefante africano, el león y la jirafa, que están en grave peligro debido a la caza furtiva y la caza por trofeos. Ratchford destacó que, a través de la exposición de esta problemática, se pretende presionar a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley, buscando una regulación efectiva que limite esta actividad.
“Esperamos que los legisladores vean esta muestra y apoyen al proyecto de ley, a lo largo de sus etapas en comisiones, así como su debate y aprobación en la Cámara de Diputados y Senadores”, aseveró.
Esta legislación es un paso clave para regular una práctica que, según organizaciones como HWA, sigue siendo una amenaza para la biodiversidad global. Además, complementando este esfuerzo, la Resolución 133/2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación implementó restricciones a la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies autóctonas.
Aunque la resolución representó un avance importante, no abarca completamente las especies extranjeras que continúan siendo objeto de comercio. Tanto el proyecto de ley como la resolución forman parte de un marco normativo que busca reducir la presión sobre los ejemplares más vulnerables y fomentar un cambio en la postura del país frente al mercado de los trofeos de caza.
Más allá de los efectos visibles de la caza de trofeos sobre los animales, esta práctica tiene un impacto considerable sobre los ecosistemas. Matar a los individuos más fuertes de una especie, generalmente machos reproductores, reduce la capacidad de regeneración de las poblaciones y aumenta el riesgo de extinción.
Desde HWA advierten que esta actividad genera una “erosión genética”, lo que disminuye la diversidad y la resiliencia de las especies. Esto las deja más vulnerables a otros factores como el cambio climático y la destrucción de su hábitat.
En palabras de Ratchford, “esta práctica no debería tener un lugar en nuestra sociedad moderna”. Además, desde la organización destacan que las leyes de protección animal en Argentina no son suficientes para frenar esta amenaza, y que una prohibición más estricta contribuiría significativamente a la conservación de las especies más vulnerables.
En este contexto, la muestra fotográfica “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza” de la fotoperiodista de vida silvestre Britta Jaschinski llega a la Argentina con un mensaje claro: visibilizar la brutalidad de esta práctica y llamar a la reflexión sobre la relación entre los seres humanos y la fauna. La exposición, que se presenta en la Cámara de Diputados de la Nación, tiene como objetivo sensibilizar tanto al público general como a los legisladores sobre los efectos destructivos de la caza de trofeos.
“Mis fotos ofrecen una visión escalofriante de la indiferencia humana hacia otras especies. No se trata solo de la pérdida insensata de muchas vidas; estos trofeos representan la pérdida de nuestra integridad. Es profundamente preocupante que la caza de trofeos no solo sea nuestro pasado, sino también nuestro presente y, posiblemente, nuestro futuro si no actuamos. La buena noticia es que podemos tomar mejores decisiones. Gobiernos y legisladores, por favor, observen estas fotografías. ¿Es así como realmente imaginamos el mundo que nos rodea?”, declaró Jaschinski en un comunicado.
Ratchford resalta la importancia de la muestra como una herramienta clave para generar conciencia: “A través de estas imágenes emotivas, esperamos que el público ponga presión a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley que ha presentado la diputada Carrizo”.
Este tipo de exposiciones tienen la capacidad de movilizar a la sociedad y poner en la agenda política una problemática que, a pesar del consenso popular en su contra, sigue siendo ignorada debido al enfoque persistente en otros proyectos que abordan asuntos diversos.
El debate sobre la caza de trofeos no se limita a Argentina, sino que forma parte de un movimiento global.
Países como Colombia y Singapur implementaron restricciones significativas sobre la importación y exportación de trofeos de caza, estableciendo un precedente para que otras naciones sigan sus pasos. Argentina, con un fuerte apoyo de la sociedad, tiene la oportunidad de convertirse en un referente en la región en cuanto a la protección de las especies amenazadas.
De acuerdo con HWA, las restricciones comerciales sobre los trofeos de caza son esenciales para proteger a las especies que ya están luchando por sobrevivir. Enfatizan la urgencia de avanzar en legislaciones, como la propuesta en Argentina, que podrían tener un impacto positivo en la conservación de especies vulnerables.
El futuro de los animales en peligro depende de decisiones políticas valientes y de una legislación que defienda la biodiversidad de manera efectiva.
A través de la aprobación del proyecto de ley y el apoyo a iniciativas como la muestra “Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza”, Argentina puede dar un paso importante hacia un futuro libre de la caza de trofeos.
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El organismo clave en Mendoza que está amenazado por la motosierra de Javier Milei

Fecha de Publicación: 23/06/2025
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Nacional


Por medio de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) que cumple tareas fundamentales en la provincia, será puesto bajo el ala del Ministerio de Economía. Desde el ente expresaron una gran incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del ente tras este anuncio. 
La “motosierra” del Gobierno nacional pasó sobre una institución estatal con presencia en Mendoza. A partir de un decreto, el Instituto Nacional del Agua (INA) pasará a formar parte de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. La nueva situación generó una gran incertidumbre en el ente local.
El Decreto 396/2025, firmado por Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Economía, determina que el INA dejará de ser un organismo que administre sus propios recursos, tenga autonomía, pueda firmar convenios y hacer asesoramientos externos, entre otras cosas.

Incertidumbre por los puestos laborales y el edficio
El Instituto Nacional del Agua cuenta con una presencia en Mendoza desde 1973, cuando inició sus actividades como Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCyTH).
Aunque Santiago Ruíz Freites, subgerente del INA Centro Regional Andino, lo describió como “un organismo pequeño“, resaltó su “alto nivel técnico y científico” debido a los servicios que presta.
Actualmente, más de treinta personas, entre empleados de planta y contratos temporales, conforman su equipo en la provincia. A nivel nacional, el organismo cuenta con aproximadamente 300 empleados, divididos en siete subgerencias, una de las cuales tiene asiento en Mendoza.
El presupuesto general del INA para la totalidad del ente es de 8.357 millones de pesos, el mismo que en 2024. En esa suma está contemplado el pago de sueldos de todo el personal nacional y el mantenimiento operativo en general del  costo de los edificios que hay en los distintos centros regionales. 
Para Ruíz Freites, “la cifra es irrisoria al lado de otros organismos y absolutamente desactualizada”.
Si bien el Gobierno nacional sostiene que este cambio no afectaría la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo y que las competencias del INA podrán ser desarrolladas con igual eficacia desde la administración centralizada, existe preocupación en Mendoza por la posible pérdida de puestos de trabajo y la discontinuidad de algunas de sus tareas.
José Pozzoli, exsubgerente del INA y actual concejal en Guaymallén por el Partido Justicialista, consideró que el proceso de centralización de Nación “es un primer paso para terminar de liquidar el instituto o reducirlo a su mínima expresión”.
Más allá de las justificaciones del Gobierno, amparada por el recorte de gastos estatales, el exfuncionario indicó que parte de la medida del Estado se corresponde en parte por un “tema inmobiliario”:
“Yo creo que desde el Gobierno Nacional están viendo con muy buenos ojos hacer un negocio inmobiliario con los bienes que tiene el INA. Especialmente en Ezeiza, donde tiene 70 hectáreas en un lugar muy codiciado por varios emprendimientos privados“, denunció Pozolli.
En Mendoza, la sede local se encuentra en Belgrano al 210, de Ciudad de Mendoza, junto a la Universidad Tecnológica Nacional. Para el concejal justicialista, es “un edificio con muy buena ubicación y que creo que la intención por ahí también es usarlo para otra cosa”. 
Este inmueble pertenece a la Nación, siempre y cuando siga existiendo el INA. En caso de desaparecer el edificio pasaría a la Provincia y ésta debe compensar los gastos al Gobierno nacional. Así lo determinó el convenio de cooperación firmado entre los gobiernos en 1980.

Las funciones del INA en Mendoza
A pesar de no tener el control del recurso hídrico en la provincia, el INA lleva adelante una amplia gama de tareas científicas que son cruciales para la gestión del agua en Mendoza. Según señaló Pozzoli: “En el INA se investiga, se publica y se trabaja con los distintos actores”.
En el ámbito de la meteorología y las lluvias, el instituto elabora estudios sobre el comportamiento de las precipitaciones y su impacto en los recursos hídricos. Para ello, utilizan modelos a escala y una red de pluviómetros y estaciones meteorológicas en el Pedemonte.
Esta red proporciona información sobre las propiedades de escalamiento temporal de intensidades máximas de lluvias de corta duración, conformando un sistema de alerta temprana clave para prevenir y gestionar los impactos de las lluvias torrenciales, que junto a Defensa Civil aporta en el cuidado de comunidades vulnerables, principalmente las que están ubicadas a la orilla de los canales provinciales.
También brindan asistencia técnica, colaborando con el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, por ejemplo, el convenio para el monitoreo de la cuenca de la zona de la destilería de Luján de Cuyo, donde Irrigación envía estos informes al INA para que el instituto realice el monitoreo de las cuencas subterráneas.
Pozzoli indicó que “con Irrigación la relación quedó a medias“, ya que, a su entender, el ente provincial “siempre ha desperdiciado la posibilidad de que el Instituto procesara y trabajara sobre datos que Irrigación tiene y que muchas veces no tuvieron acceso”.
El INA también se dedica al estudio de la calidad del agua subterránea, realizando monitoreos, entre ellos, en la subcuenca del río Tunuyán Inferior, fundamental para el control de la composición química del agua destinada a riego, que se hizo en febrero de 2024. Dada la vital importancia del agua subterránea para el consumo humano, el INA ha estado involucrado durante años en los controles previos al suministro a la población.
La investigación del agua y la vitivinicultura es otra área prioritaria, dada la relevancia económica de esta actividad en Mendoza. Según Ruíz Freites, actualmente están inmersos en un proyecto de investigación sobre la relación entre el agua y la viticultura.
Además, el INA ha realizado evaluaciones de impacto ambiental, produciendo dictámenes técnicos para asegurar que los proyectos y actividades en la provincia cumplan con los estándares ambientales y no comprometan los recursos hídricos.
El estudio del escurrimiento andino es fundamental para el INA, ya que monitorean constantemente el agua que desciende de la Cordillera de los Andes, principal fuente de agua superficial para la provincia.
A la vez, el INA se encarga de la auditoría de pasivos ambientales petroleros, buscando mitigar la contaminación y proteger el medio ambiente en las zonas con presencia de esta industria. Un ejemplo de estos trabajos fue la remediación de pasivos ambientales en obras de YPF, bajo la supervisión de la Dirección de Protección Ambiental.
Finalmente, el instituto colabora en proyectos con otros organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, universidades locales y el INTA, llevando adelante diversas investigaciones.
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Polémica y denuncia: la SIDE contempla monitorear también a organizaciones ambientalistas e impulsoras de la agenda climática

Fecha de Publicación: 21/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, pueblos indígenas, científicos y miembros de organismos internacionales que promueven la agenda climática pueden ser sujetos de espionaje por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Así fue estipulado de manera expresa en el Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), cuya existencia fue revelada por LA NACION hace poco menos de un mes.
Este medio tuvo acceso a una copia del documento y pudo corroborar la relevancia que los distintos grupos ambientalistas tienen dentro del PIN. Si bien una buena parte del texto se compone de objetivos históricos de los servicios de inteligencia, hay párrafos que ponen de manera explícita a estas organizaciones –tanto nacionales como internacionales– y organismos que promuevan la agenda climática como sujetos en la mira de la SIDE.
Su incorporación puso en vilo a representantes del sector, que tildaron de “escalofriante” la decisión oficial e, incluso, avanzaron este jueves con la presentación de una denuncia penal por abuso de autoridad contra el director del organismo, Sergio Neiffert, y su director general de Operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.
En octubre del año pasado, hubo una reunión secreta de la cúpula de la agencia de inteligencia con los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. En ese encuentro, diputados y senadores cuestionaron la ambigüedad y los riesgos que depara el PIN.
Luego, lo que era un documento comenzó a tener concreciones. En una directiva secreta que emitió a fines de enero pasado, la SIDE ordenó “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local. No fueron específicos en los grupos objetivos, pero sí se sabe que la directiva fue firmada por Kravetz, que años atrás se desempeñó como abogado especialista en derecho ambiental.
Mientras que el Gobierno ha negado en distintos momentos lo difundido en medios de comunicación sobre el PIN, el viernes pasado la revista Crisis publicó una investigación en la que revelaron algunas partes del documento sobre objetivos específicos de la agencia de inteligencia, muchos de ellos, vinculados al sector ambientalista.
El trabajo de inteligencia sobre grupos ambientalistas o asociados a la agenda climática está concentrado casi enteramente en uno de los lineamientos estratégicos del documento. Este apartado se compone, sobre todo, de objetivos asociados a los recursos naturales estratégicos e incidencias sobre la biósfera que sean de “interés nacional”.
Incluye “identificar, reunir y analizar información” sobre “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de recursos naturales estratégicos presentes en el territorio nacional”.
También tienen interés en seguir actores, hechos o circunstancias que, “en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales, deriven en la obstrucción de proyectos”. La razón de todo esto se vincula con la posible interferencia y conflictividad que estos actores suponen para el gobierno nacional sobre la “exploración y explotación” de recursos naturales estratégicos. ¿A qué se refieren con eso?
No es explícito en el documento qué recursos naturales son estratégicos, aunque sí se menciona al sector energético, la petroquímica, la producción agropecuaria y minerales como el cobre, el aluminio y el acero. También se plantea un interés particular por minerales y tecnología asociados a la transición energética. Buscan monitorear políticas y mercados relacionados con las “economías bajas en carbono y resilientes a la variación climática. Por otro lado, incluyen el análisis de información sobre procesos climáticos –como las tormentas, sequías y olas de calor– y de contaminación que puedan afectar a la producción, a la vida y al patrimonio.
Así, parece haber dentro de la SIDE un reconocimiento claro del cambio climático y de los actores involucrados en este fenómeno, que científicos de todo el mundo asocian con la liberación de gases de efecto invernadero derivados, en especial, de la producción industrial. Desde la agencia de inteligencia ven imperante la recopilación de información vinculada a la política internacional asociada a la agenda climática, según surge del documento. En especial, la impulsada por organismos que tengan “posturas restrictivas” vinculadas a la “gestión” de los “efectos del cambio climático que busquen condicionar la explotación de recursos naturales por parte de actores estatales”. También buscan monitorear la evolución de políticas sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
El miércoles pasado hubo otra reunión de Neiffert con la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, con el diputado Leopoldo Moreau como vicepresidente. El funcionario negó que el organismo a su cargo tenga previsto realizar tareas de espionaje sobre diferentes actores de la sociedad civil, tal como podría interpretarse del contenido del Plan de Inteligencia Nacional.
El encuentro sirvió como marco para que tanto las autoridades de la agencia como los miembros de la comisión comiencen a trabajar en adecuar el PIN a las sugerencias formuladas por los legisladores. “La SIDE respondió las preguntas que se le hicieron por escrito y se quedó en seguir trabajando sobre el Plan de Inteligencia Nacional”, explicó el martes pasado una fuente consultada por LA NACION.
Este medio se contactó con cuatro de los catorce miembros de la comisión bicameral para saber cuáles eran las sugerencias y para corroborar la información obtenida; solo uno respondió. No negó la presencia de estos párrafos en el PIN, aunque advirtió que no revelaría ningún punto de este documento. Lo que explicó es que se abrió una línea de investigación por la filtración del documento. Además, LA NACION contactó a Neiffert para corroborar la información a la que accedió; sin embargo, no obtuvo respuesta.

La reacción de las organizaciones
El viernes pasado, empezó a circular la poca información disponible entre varias organizaciones ambientalistas. No quieren emitir declaraciones oficiales y sus representantes tampoco están seguros de que lo planteado en el documento sea definitivo. A pesar de ello, son conscientes de su existencia. “El simple hecho de que se haya escrito ya vulnera la seguridad. Si el texto es real, estaríamos hablando de una política de Estado en contra del sector ambientalista”, ponderó Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Otros activistas e intelectuales ambientalistas catalogaron de “escalofriante” que la SIDE contemple a las organizaciones ambientalistas como objetivos dentro del Plan de Inteligencia Nacional. “La totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, somos el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado –especularon en una nota editorial publicada el miércoles pasado, con la firma de Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y la investigadora Maristella Svampa–. Todo ello nos plantea las preguntas acerca de qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre nosotros. ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Penetran o infiltran nuestras comunicaciones y redes sociales? ¿Preparan ‘operaciones’ mediáticas para desprestigiarnos?“.
Otras organizaciones ambientalistas consultadas decidieron no hacer declaraciones. Sin embargo, confirmaron que comenzaron discusiones internas para tomar medidas al respecto. En particular, en diálogo con LA NACION Viale explicó que desde la organización que dirige están reuniéndose con organismos de derechos humanos y también recurriendo a organismos internacionales por el “cuidado de nuestra integridad, nuestra intimidad y nuestros derechos más elementales”.
Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), planteó que, más allá de que no es nuevo que se utilicen los servicios de inteligencia con fines políticos, ve que ahora se hace “a todas luces”. Refiere así a que el documento se alinea en varios puntos con los objetivos políticos que el Gobierno expresa de manera pública en distintos canales. Esto, afirma, infringe la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).
En ese contexto, este jueves el CELS presentó una denuncia penal en contra de Neiffert y Kravetz. La figura bajo la que los acusa es la de abuso de autoridad estipulada en el artículo 248 del Código Penal.
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Alarma por un inminente decreto para modificar la Ley de Glaciares: “Vienen por el agua, es un hecho”

Fecha de Publicación: 18/06/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


“La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció el abogado ambientalista Enrique Viale. Ya hubo un primer intento por reducir la protección de glaciares a través de la Ley Bases, pero el punto fue eliminado del documento final. Ahora el Gobierno vuelve a la carga.
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad. Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma”. Lo decía el abogado ambientalista Enrique Viale en octubre del año pasado. En los últimos días y ante la inminencia de un decreto presidencial para modificar la Ley 26.639, la preocupación recrudeció: “Vienen por el agua, es un hecho”, alertó el letrado.
Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno modificará la ley de Glaciares mediante un decreto para ampliar las áreas habilitadas de explotación a través de la reducción de zonas protegidas. Según consignó TN, se busca también darles atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias, supuestamente tras exigir informes de impacto ambiental.
La intención de modificar la Ley de Glaciares no es nueva. Hubo un primer intento antes de la sanción de la Ley de Bases. En una primera versión de esa normativa el Gobierno nacional incluyó los cambios a la ley “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, pero fue eliminada del documento final por falta de apoyo legislativo y cuestionamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó al proyecto de “regresivo”.
Luego, a fines del año pasado, la entonces subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió ante la prensa que se estaba trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. No hubo precisiones y la funcionaria renunció en febrero de este año. Pero el objetivo sigue firme.

«Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares»
Siempre bajo el argumento de priorizar el fomento de inversiones extranjeras, el Gobierno apunta a un cambio en la normativa que resguarda los glaciares. “Quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió la presidenta de la agrupación Jóvenes por el Clima Argentina, Nicole Becker.
A través de su cuenta de Instagram remarcó que “en Argentina tenemos más de 16.000 glaciares. Como todos los glaciares del mundo, nuestros glaciares cada vez están derritiéndose más. El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol”.
Sobre los riesgos que implica desproteger los glaciares, enfatizó: “Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.

“Lo escribió la Barrick”
“Lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold”, denunció Viale en diálogo con CNN Radio. Añadió que la iniciativa “es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua”.
“Gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar –insistió- las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo”.
“Estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional”, pronosticó. Y remató: “La afectación de esto es para siempre”. Después, no habrá vuelta atrás.

Más Información:

Tiempo Sur - Presentan proyecto en repudio a posibles cambios en la Ley de Glaciares
Diputados de Santa Cruz propusieron una resolución para rechazar cualquier intento del Ejecutivo nacional de modificar por decreto la Ley N.º 26.639, que protege los glaciares y ambientes periglaciares. 
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