Sierra Pintada: qué es la remediación ambiental y cómo se tratarán los residuos de uranio

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


En el complejo minero fabril Sierra Pintada hay tachos enterrados con desechos uranio desde hace 30 años. Qué es la remediación ambiental.
Sierra Pintada es la mina con mayor cantidad de reservas de uranio conocida del país y hace 31 años que se dejó de explotar. Desde ese momento, en el complejo minero fabril hay 5.223 tachos enterrados con residuos de uranio y agua contaminada en las canteras que esperan ser tratados en el plan de remediación ambiental.

¿Ya comenzó el plan de remediación ambiental en Sierra Pintada?
En 1995, el complejo minero fabril Sierra Pintada dejó de extraer uranio de las canteras por la caída de los precios internacionales. Hubo un intento de reabrir la mina en 2003 pero quedó trunco tras la presentación de un recurso en la Justicia y la sanción de la ley provincial 7722 que prohibió el uso de arsénico.
En este marco, la Justicia le ordenó a la Comisión Nacional de Energía Atómica remediar los pasivos ambientales y recién en 2019 la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza emitió la Resolución 259 otorgando la Declaración de Impacto Ambiental a la CNEA.
En octubre de 2019, el Gobierno de Mendoza anunció el inicio de la remediación ambiental y el mes pasado -en una visita a Mendoza- los funcionarios de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación remarcaron en varias oportunidades: "La remediación se está haciendo, es falso que esté todo abandonado". Sin embargo, todavía no se han abierto los tachos con residuos de uranio ni se ha tratado el agua de cantera.
 Según los sitios especializados se entiende por remediación ambiental al conjunto de acciones orientadas a descontaminar áreas que han sufrido alteraciones por agentes físicos, químicos o biológicos. Estas acciones buscan disminuir los niveles de contaminación a estándares seguros, establecidos por normativas ambientales nacionales e internacionales, y varían de acuerdo al tipo de contaminante, la extensión del daño y las características del medio afectado.
 En este sentido amplio la remediación ambiental ya comenzó en Sierra Pintada porque el plan de trabajo se está ejecutando, la planta de procesamiento se reacondicionó para hacer el tratamiento de uranio y se está construyendo la planta para tratar radio y arsénico. El objetivo es comenzar a destapar los tachos con residuos sólidos y tratar el agua de cantera el año que viene.
En este sentido, la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi, insistió en que los 54 empleados de Sierra Pintada están trabajando. "El complejo no está abandonado, se ha estado trabajando en esto dos últimos años. Hemos hecho el vaso cuatro, se hizo el tratamiento de lodos y afluentes del dique DN3. Se hizo vaso cinco, el dique pulmón, el dique de disposición final, el recondicionamiento de la planta de uranio en la que tuvimos que cambiar más de 100 válvulas y comenzó la construcción de la planta de radio y arsénico", puntualizó.
"El año pasado conseguimos la licencia de parada prolongada de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Queremos entrar en contacto con la comunidad para obtener licencia social. Retomamos el plan de comunicación con la Provincia y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos falta terminar la planta y el sistema de riego pero si se puede a fin del año 2027 queremos empezar a tratar el agua de cantera", cerró.

El tratamiento de los residuos de uranio
La subgerente del Compejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García, explicó en detalle el proceso de tratamiento de los residuos de uranio. La primera parte se llevará adelante en la antigua planta que fue reacondicionada en los últimos meses y que ya está operativa. Allí se procesarán residuos líquidos y sólidos. Una línea tiene capacidad para tratar 20 metros cúbicos por hora.
"Por las líneas de columna de fijación vamos a absorber el uranio que está contenido en agua de cantera y en residuos sólidos. De esta manera disminuimos a menos de 100 miligramos por litro la concentración de uranio que es lo que exige el Departamento General de Irrigación", dijo García.
"Después se conduce hacia la planta de tratamiento de radio y arsénico, donde por medio del agregado de reactivos químicos disminuimos la concentración de radio y de arsénico. Recién ahí podemos hacer el vertido en acre por medio de un sistema de riego", agregó.
El acre es un área de cultivos restringidos especiales, habilitada por Departamento General de Irrigación para hacer el riego con agua tratada. "El agua que va a cumplir con los controles de calidad. Vamos a hacer los estudios en nuestros laboratorios y con Irrigación", dijo la subgerenta.

Paso a paso cómo se la remediación
El agua de cantera es el agua de lluvia y subterránea que se acumula en los huecos de la cantera y que entra en contacto con zonas mineralizadas. Uno de los objetivos es mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la cantidad de uranio, radio y arsénico.
El agua de cantera ingresa por cañerías a la planta de tratamiento donde pasa por las líneas de columnas con resinas que absorberán el uranio. Cuandos estas resinas se saturen, se las vaciará para volver a reutilizarlas y el uranio desprendido se envasará y almacenará en un sector de acopio dentro del predio.
El agua de cantera se transportará a una segunda planta para eliminar radio y arsénico. Luego se colocará en un dique de decantación para que con correr del tiempo, el agua limpia quede en la superficie y el barro en el fondo.
El agua tratada ingresa al dique decantación, con el tiempo las impurezas se van decantando y en el fondo se asienta el barro. Arriba queda el agua limpia habilitada para riego.
El dique de deposición final tiene una tecnoloóga moderna y segura para los efluentes y respeta las normas de proytección ambiental. Tiene una membrana de polietileno de alta densidad, drenaje de seguridad superior, geored de seguridad, drenaje de seguridad inferior, una segunda membrana de polietileno de alta densidad, arcilla impermeabilizante natural y capas de grava clasificada.
Una vez que se obtenga el agua tratada y sea monitoreada por los organismos de control, el Departamento General de Irrigación dispondrá su uso para el riego de un ACRE (área de cultivos restringidos especiales).
Los residuos sólidos son residuos de tratamiento de purificación del concentrado de uranio en forma de pulpa. Están dispuestos transitoriamente en tambores recubiertos de cola de mineral, que serán extraídos y transportados hacia la planta de tratamiento.
Los residos sólidos ya sin uranio serán transferidos a la segunda planta donde se los neutralizará con cal. Para gestionar los residuos sólidos, los tambores serán abiertos de forma segura mediante un dispositivo especialmente diseñado. Luego se lavarán con agua de cantera y posteriormente se realizará la disolución en la planta de tratamiento para disminuir la concentración de uranio.
El efluente de los residuos sólidos, con muy bajo contenido de uranio, será neutralizado y colocado en el dique de disposición final.
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Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
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Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: San Juan


Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.
Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.
“La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.
Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.
Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.
En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

Un escenario tóxico
Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.
La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.
Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

Veinte años de tóxicos en el agua
La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.
El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.
Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.
En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

El oxígeno y una hipótesis descartada
“Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.
Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.
Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Una sopa de químicos
Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.
“En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.
Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

Pesca sin advertencias
“Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.
No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.
En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.
Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.
En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir
“Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.
La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.
En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

Del silencio a la censura oficial
Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.
Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

Un historial de derrames
Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.
No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.
Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

Impunidad y premios para la empresa
Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.
Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).
“Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.
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Del laboratorio a la Puna salteña: buscan validar una herramienta biotecnológica para recuperar un histórico pasivo ambiental minero

Fecha de Publicación: 09/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Salta


Un equipo del CONICET La Plata estudia desde hace más de una década la antigua Mina Concordia, ubicada en Salta, cuyos residuos tienen un fuerte impacto sobre el ambiente. La investigación permitió desarrollar un bactericida natural para inhibir la biogeneración del llamado drenaje ácido de minas –agua ácida con bajos niveles de pH– y abrió nuevas líneas de trabajo orientadas a la restauración integral de sitios degradados y contaminados por emprendimientos mineros inactivos o abandonados
Comprender cómo se comportan los contaminantes en antiguos sitios mineros, evaluar su impacto ambiental, desarrollar herramientas biotecnológicas para mitigar sus efectos y restaurar sitios contaminados con metales pesados. Esos son los objetivos que persigue Josefina Plaza Cazón, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), quien estudia desde 2015 diferentes pasivos ambientales mineros (PAM) del Noroeste Argentino (NOA). Los PAM son instalaciones mineras abandonadas o inactivas que, por los residuos, emisiones y efluentes producto de sus operaciones, constituyen un riesgo permanente de contaminación que podría afectar la salud humana y el ambiente. En particular, el trabajo de Plaza Cazón se centra en el PAM “La Concordia”, un antiguo sitio de explotación minera ubicado en plena Puna salteña, a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Antonio de los Cobres, dentro del departamento Los Andes.
Conocido desde la época colonial, cuando se lo utilizaba artesanalmente para la obtención de plata, alrededor de 1900 el sitio comenzó a ser explotado intensivamente para la extracción de ese metal precioso y otros como cobre, plomo y zinc, hasta su cierre definitivo en 1986. Aunque la actividad extractiva finalizó, en el lugar aún permanecen acumulados los desechos mineros que no pudieron lixiviarse, o disolverse, durante el proceso de explotación. Estos residuos se almacenan en cuatro cavas o diques de cola, cuyos murallones fueron construidos con material del entorno a lo largo del arroyo Concordia, afluente del río San Antonio –que llega a su vez hasta el pueblo homónimo– y sus bases carecen de impermeabilización.
“Como el arroyo nace en el socavón de la mina, la acción del agua, sobre todo en épocas de lluvia –que van de diciembre a marzo–, disuelve los minerales acumulados y se produce un proceso que se conoce como drenaje ácido minero (DAM), es decir agua ácida, con bajo pH y alta concentración de metales pesados que escurre y se dispersa en el ambiente aguas abajo. Además, los suelos de la Puna son arenosos-limosos, por lo tanto, el DAM percola, o filtra, a través del perfil del suelo”, cuenta Plaza Cazón. La experta apunta que, en tiempos de sequía, otro responsable de la dispersión de los contaminantes es el viento: los minerales precipitan sobre unas sales presentes en ese sitio y se dispersan hasta puntos muy alejados al lugar de origen de la contaminación, incluso aguas arriba en dirección a los vientos predominantes.
Para conocer en profundidad las características del PAM, y evaluar y diagnosticar el grado de contaminación que presenta, el equipo dirigido por Plaza Cazón realizó una caracterización integral del sitio mediante diversos análisis fisicoquímicos del agua y de los suelos, determinando el pH y el nivel de concentración de los metales pesados presentes. Asimismo, los y las profesionales identificaron los microorganismos responsables de catalizar o acelerar las reacciones químicas que generan el DAM, y estudiaron especies vegetales nativas que crecían en la zona de influencia del PAM para determinar las estrategias fisiológicas y fitorremediadoras que utilizan para desarrollarse en condiciones ambientales tan extremas, sumado al estrés por la contaminación por metales pesados. En este último caso, para evaluar su potencial aplicación en planes de remediación y restauración de sitios contaminados por metales pesados producto del inadecuado manejo de desechos mineros.
Todo ese conocimiento generado a partir del análisis del PAM “La Concordia” fue el punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas. "Las condiciones ambientales de la Puna son muy particulares, por eso entendimos desde el comienzo que no podíamos replicar tecnologías desarrolladas en otros países, sino que debíamos generar soluciones innovadoras utilizando los propios recursos del lugar, de manera que pudieran sostenerse en el tiempo", señala la investigadora, quien junto a su grupo desarrolló un bactericida natural, basado en compuestos bioactivos de una planta nativa de la zona, que es capaz de inhibir el crecimiento de los microorganismos hierro y/o azufre oxidantes presentes en los desechos mineros, que son aquellos que catalizan las reacciones químicas de generación de DAM. El próximo paso será validar el funcionamiento de esa tecnología in situ en el PAM.
Por otra parte, en colaboración con un grupo del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE, CONICET-UNLP), el equipo de Plaza Cazón obtuvo un subsidio internacional para estudiar hongos micorrícicos –aquellos que tienen como característica establecer una relación simbiótica “mutualista”, o asociativa, con las raíces de las plantas– capaces de desarrollarse en las condiciones extremas como las de la Puna y, en particular, en suelos contaminados con metales pesados. “El objetivo es identificarlos y estudiarlos para, en un futuro, poder aplicarlos en alguna herramienta biotecnológica, ya sea como bioestimulantes o para la restauración del sitio, gracias a la capacidad que tienen de absorber contaminantes”, apunta la profesional.
El PAM se encuentra dentro del área protegida Los Andes, donde habita la Comunidad Kolla El Desierto, cuyos integrantes al igual que los pobladores de San Antonio de los Cobres, son quienes sufren directamente los efectos ambientales provocados por el antiguo emprendimiento minero. El proyecto del CINDEFI buscó involucrar a sus miembros desde el comienzo: "Las comunidades tienen derecho a conocer lo que investigamos, qué estamos haciendo con sus recursos cuando realizamos una campaña, y cuál es el estado de situación. Además, su participación y colaboración resulta fundamental para construir soluciones sostenibles en estos ambientes", afirma Plaza Cazón, quien recientemente brindó una charla ante esa comunidad a partir de la que se acordó, con el aval de su cacique, que algunos jóvenes de origen kolla que forman parte de ella y que cursan carreras universitarias vinculadas con los recursos naturales serán partícipes de las próximas campañas de muestreo a realizarse en octubre.
Nacida en Salta y graduada allí como ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Plaza Cazón fue becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y hace casi dos décadas se estableció en La Plata donde desarrolló su carrera científica en el CINDEFI. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con el territorio donde nació y que hoy constituye el eje de sus investigaciones: "Uno ama lo que conoce. La Puna es un ambiente único, con un paisaje increíble, de otro planeta, y yo veo en ese lugar una riqueza enorme de conocimiento y desarrollo. Siempre sentí que el conocimiento que generamos tenía que transformarse en soluciones concretas que tengan impacto ambiental y social en el territorio. En este caso en particular, sobre los PAM, buscando soluciones que sean aplicables y sostenibles en el tiempo", reflexiona.
Para finalizar, Plaza Cazón destaca que el caso del PAM “La Concordia” demuestra que el impacto ambiental de la actividad minera puede persistir durante décadas cuando no existe una adecuada gestión y manejo responsable en la disposición final de los residuos: “Si no se hacen las cosas bien desde el principio, los efectos sobre el paisaje son a muy largo plazo” apunta la experta, quien se entusiasma con la oportunidad de generar conocimiento y desarrollar herramientas que contribuyan tanto a mitigar o reducir el impacto ambiental de los desechos y promover la potencial restauración de los sitios degradados, como a sentar las bases para el diseño de estrategias más sostenibles para la actividad minera.
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El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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Bahía San Antonio: los residuos de una mina cerrada hace 40 años siguen filtrándose en el mar patagónico

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Río Negro


Un análisis que cruzó 25 años de datos científicos confirmó que el plomo, el cobre y el zinc de la vieja fundición se mantienen activos en el ecosistema. Qué descubrieron sobre el impacto en la fauna local.
La minería dejó de operar en Bahía San Antonio hace más de cuatro décadas, pero el impacto de sus desechos todavía se siente. Las escorias de fundición y los residuos químicos que quedaron abandonados a la intemperie continúan liberando metales pesados hacia las marismas y el agua de mar, afectando a las especies locales.
La Bahía de San Antonio es un Área Natural Protegida ubicada en el Golfo San Matías (Patagonia, Argentina). Famosa por sus extensas playas, aguas cristalinas y un ecosistema marino único, abarca localidades como San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este.
Esta es una de las conclusiones centrales de una revisión científica realizada por investigadoras del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El equipo analizó 33 estudios de campo publicados entre 2000 y 2025 para armar el primer panorama integral sobre la contaminación metálica en la costa atlántica patagónica. Los resultados se publicaron en la revista especializada Environmental Research.

El circuito de la contaminación en la bahía
El estudio determinó que Bahía San Antonio es el único punto de toda la costa patagónica con una presencia crítica de metales de origen puramente industrial. Cada vez que llueve, el agua arrastra los componentes de los residuos mineros (es decir, el drenaje ácido) hacia las zonas bajas del ecosistema marino.
Como estos contaminantes (plomo, cobre y zinc) están en formas químicas inestables, los organismos de la zona los absorben con mucha facilidad. Las mediciones en la fauna costera muestran datos concretos:
- Cangrejos: registraron concentraciones de plomo de entre 10 y 13,2 microgramos por gramo de tejido, niveles vinculados de forma directa a la vieja fundición.
- Mejillones y vegetación: también muestran acumulación de estos metales. Si bien las plantas de las marismas retienen parte del plomo en sus raíces ayudando a frenar su avance, las autoras aclaran que este proceso natural no soluciona el problema de fondo ni reemplaza la necesidad de una remediación ambiental efectiva.

Desmitificando el daño de los metales
El trabajo también sirvió para separar los factores humanos de los naturales y derribar una creencia común en la biología costera: la idea de que a mayor cantidad de metal acumulado en un organismo, mayor es el daño biológico inmediato.
El trabajo, realizado por investigadoras del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Buenos Aires, analizó 33 estudios publicados entre 2000 y 2025 para construir el primer panorama integral sobre la presencia de metales en organismos marinos que habitan desde el Golfo San Matías hasta el Canal Beagle.
Al analizar los biomarcadores de estrés oxidativo -los indicadores bioquímicos que alertan sobre el daño en las células-, las investigadoras descubrieron que estos niveles no siempre subían ante concentraciones más altas de metal. Esto demuestra que la toxicidad real depende de múltiples factores ambientales y biológicos, y no solo de la dosis acumulada.
Por otra parte, el estudio identificó otros metales en la Patagonia que no tienen que ver con la mina:
- Cadmio: aparece en toda la cadena alimentaria, pero su origen es natural. Las corrientes provenientes de la Antártida transportan este metal disuelto, que luego es absorbido por el fitoplancton y transferido a organismos ubicados en niveles superiores de la red alimentaria.
- Mercurio: se detectó en niveles elevados en el hígado de mamíferos marinos como delfines y ballenas, un fenómeno ligado a su edad, dieta y posición al tope de la cadena alimentaria.

Unificar los datos para poder actuar
El mayor obstáculo que encontraron las científicas al revisar estos 25 años de evidencia es la falta de un criterio unificado. Los laboratorios utilizaron metodologías y formas de muestreo muy distintas a lo largo de las décadas, lo que vuelve muy difícil comparar con precisión cómo evoluciona la contaminación en el tiempo.
Hoy faltan análisis continuos en el agua de mar y un seguimiento de cómo se transfieren los metales entre especies. Por eso, el estudio concluye con una recomendación clave: instalar estaciones permanentes de monitoreo en Bahía San Antonio y unificar los protocolos de medición. Solo con datos estables y continuos se podrá gestionar el pasivo ambiental de una de las regiones costeras más importantes del país.
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Más de 10 toneladas de basura en playas de Chubut: el estudio que expone el verdadero origen del plástico marino

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Chubut


Un estudio relevó campañas de limpieza en las costas de Chubut: en menos de un año se removieron más de diez toneladas de residuos plásticos, en su mayoría de origen pesquero. Pero la investigación advierte que, sin una gestión integral a bordo y en los puertos, limpiar la playa no ataca la raíz del problema.
Caminar por algunas playas de Chubut significa pisar arena mezclada con microplásticos y esquivar botellas, guantes y restos de redes de pesca. Más de diez toneladas de residuos fueron retiradas de las costas chubutenses en menos de un año, un dato que refleja la magnitud de un problema que dejó de ser una postal aislada para convertirse en un desafío estructural, asociado al crecimiento de las ciudades y, sobre todo, a una industria pesquera que mueve grandes volúmenes de merluza y langostino.
Un estudio realizado en las costas de Chubut retiró más de diez toneladas de residuos plásticos y concluyó que las limpiezas son indispensables, pero insuficientes si no se reduce la contaminación generada por la actividad pesquera y la gestión de residuos.
El plástico marino no es solo un asunto estético. Estos materiales se acumulan durante décadas, afectan a la fauna y a los ecosistemas, e impactan en el turismo, la navegación y la propia pesca. Cuando se fragmentan, además, ingresan en la cadena trófica en forma de microplásticos y terminan representando un riesgo para la salud humana. Es un problema global que en la Patagonia tiene una firma local muy clara.
Frente a ese panorama, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y el Proyecto MaRes analizó campañas de limpieza en playas contaminadas del litoral chubutense. El trabajo, con el que Maile Taboada se graduó en la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, fue dirigido por Diego González Zeballos, investigador del CONICET, y María Semmartin, docente de esa facultad. Su conclusión central es tan valiosa como incómoda: limpiar es necesario, pero no suficiente.

El plástico que llega del mar y de los barcos
Buena parte del estudio, publicado por la divulgación científica de la FAUBA (Sobre la Tierra), consistió en medir qué se acumula y qué se logra retirar en dos playas muy distintas entre sí. En La Galesa, cercana al puerto y a la ciudad de Rawson, dos jornadas con 48 voluntarios permitieron recolectar 70 kilos de residuos en 500 metros y 75 kilos en un kilómetro de costa. Lo que más aparecía eran botellas PET y los guantes amarillos de uso diario en la actividad pesquera, que por su composición hoy no se reciclan.
El contraste con la otra playa relevada es revelador. En Cormoranes, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés y lejos de los centros urbanos, dos campañas con 42 participantes retiraron 10.000 kilos en diez kilómetros de costa y, más tarde, otros 1.800. Allí dominaban los cajones de barcos pesqueros, las sogas y las botellas. Que una playa alejada de toda ciudad concentre semejante volumen confirma que gran parte de esos residuos no se generan en la costa: llegan desde el mar.
Esa distinción es clave para entender el origen del problema. Según la investigación, los residuos plásticos terminan en el agua y en las playas por la escasa prevención, regulación y gestión de los desechos, tanto a bordo de los barcos como en los puertos. La cita que sintetiza la magnitud pertenece a la propia autora: "Se estima que cerca del 85% de los residuos que encontramos en el mar y en las costas corresponde a materiales plásticos", afirmó Taboada. Limpiar la arena, entonces, es atacar el final de una cadena que empieza mucho antes.

De limpiar playas a evitar que el plástico llegue al mar
Las campañas de limpieza siguen siendo una herramienta indispensable porque recuperan ambientes costeros, protegen la biodiversidad y generan información útil para conocer la magnitud del problema. Sin embargo, el estudio concluye que por sí solas no alcanzan: la solución pasa por prevenir que los residuos lleguen al mar mediante una mejor gestión en los barcos, los puertos y las ciudades.
En las últimas décadas, la Patagonia avanzó hacia una mayor coordinación entre científicos, organismos públicos, ONG y empresas vinculadas a la pesca. Hoy más de veinte instituciones trabajan de manera conjunta para mejorar la gestión de los plásticos, mientras que iniciativas como el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y las mesas multisectoriales impulsan estrategias de economía circular y reciclaje.
La investigación propone consolidar ese camino con medidas concretas: fortalecer la infraestructura portuaria, mejorar la trazabilidad y el reciclado de los materiales utilizados por la flota pesquera y unificar protocolos para medir la contaminación. El mensaje final es claro: el verdadero desafío ya no es solo limpiar las playas, sino impedir que el plástico llegue a ellas.
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Contaminación ambiental: habrá un nuevo juicio contra Conarpesa

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Radio Cadena 3 Patagonia
Provincia/Región: Chubut 


Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar a la impugnación presentada por la Fiscalía y ordenó la realización de un nuevo juicio en la causa por contaminación ambiental vinculada al vertido de efluentes industriales sin tratar al Golfo Nuevo.
La resolución deja sin efecto la absolución que había sido dictada en agosto de 2025 por la jueza Patricia Reyes y dispone que otro tribunal vuelva a analizar la prueba producida durante el proceso judicial.
La causa tiene como imputados a Nadine Parry, responsable ambiental de la Conarpesa, y a Yosef Vargas, jefe de la planta de efluentes de la pesquera. Ambos habían sido absueltos en el juicio oral, una decisión que fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal.
Tras conocerse el veredicto absolutorio, la Fiscalía anunció que recurriría la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia, al considerar que existían elementos suficientes para una revisión de la resolución.
Durante el debate oral, los fiscales habían solicitado penas de prisión de cumplimiento efectivo de 3 años y 6 meses para Parry y de 3 años y 3 meses para Vargas, al atribuirles responsabilidad en la contaminación ambiental ocasionada por el vertido de líquidos contaminantes al mar.
Por su parte, las defensas particulares sostuvieron que no existían pruebas concluyentes para una condena y reclamaron la absolución de los acusados bajo el principio del beneficio de la duda.
Con la decisión adoptada por el máximo tribunal provincial, la causa deberá ser nuevamente juzgada por un tribunal diferente, que tendrá la tarea de evaluar las pruebas y determinar si corresponde o no la responsabilidad penal de los imputados.
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A Tribunales por la contaminación

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Junto a vecinos y organizaciones sociales, el concejal pidió que se investigue el vertido de efluentes en el arroyo Ludueña.
Junto a organizaciones sociales, ambientales, vecinas y vecinos de Fisherton, el concejal Julián Ferrero presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por contaminación en el Arroyo Ludueña. La misma llega luego de “reiterados episodios de contaminación documentados en la zona noroeste”, y -según se indicó- apunta a que se investigue el origen de posibles descargas contaminantes detectadas en un sector crítico de la cuenca.
La presentación del edil que preside la comisión de Ecología del Concejo llega luego de varios reclamos de vecinos que vienen advirtiendo cambios en el color del agua, espuma y olores nauseabundos. El planteo se apoya además en un “exhaustivo relevamiento” del concejal junto a la ciudadanía, en relación a “imágenes aéreas y un informe técnico que detectó indicadores compatibles con vertidos de efluentes, además de los antecedentes que dan cuenta de un deterioro sostenido de la calidad del agua”.
Ferrero indicó que “la información disponible muestra que no estamos frente a un episodio aislado. Estamos frente a un patrón de contaminación que se repite: todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora. Hay antecedentes, denuncias vecinales, monitoreos previos y ahora evidencia técnica que justifica una investigación para saber qué está pasando y quiénes son los responsables”, señaló Ferrero.
El edil agregó que la presentación judicial se da luego de reclamos ante organismos provinciales y municipales. Según indicó, “en marzo le exigimos a la Municipalidad, a través del Decreto N° 69.043, que inspeccione el sector en cuestión y controle el vertido de efluentes de esos barrios para identificar a los responsables. Aún no recibimos ninguna respuesta”.
Según el informe, la situación no muestra señales de mejora sostenida, en relación a contaminación orgánica, presencia de bacterias y otros indicadores de deterioro ambiental.
En ese sentido, el edil sostuvo que se va a la Justicia “para investigar los hechos, para que sea la justicia la que pueda impulsar un proceso de investigación que dé con los responsables”.
La presentación, apunta a que se investiguen “actos de contaminación ambiental con residuos peligrosos en el Arroyo Ludueña, más precisamente en el tramo de la cuenca comprendido entre Autopista Ruta Nacional 9 Rosario-Córdoba y avenida Jorge Newbery”.
El escrito sostiene que “por la naturaleza de la materia ambiental en juego y, en virtud de los principios precautorios y de prevención, deben ordenarse pruebas que en forma inmediata hagan cesar el daño que venimos a poner en conocimiento”.
Al describir los hechos, la denuncia presentada con patrocinio de las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, plantea: “Hace años recibimos denuncias de vecinos y vecinas de la zona noroeste, respecto a olores nauseabundos, líquidos espumosos, aguas turbias, blanquecinas y verdosas. En 2024 éstas se originaron a partir de episodios que ocurrían en el sector del arroyo lindante con las calles Schweitzer y Bello, aparentemente contaminantes del Arroyo Ludueña. Los mismos dan cuenta de la presencia de efluentes cloacales en un conducto pluvial a cielo abierto que representa a simple vista un riesgo sanitario para la población”.
En la misma línea, indica que desde diciembre de 2025, en las intersecciones del arroyo con calle Ingeniero León Miglierini y calle República los vecinos advierten aguas residuales vertidas “sin su respectivo tratamiento”. Este episodio, según el testimonio de los denunciantes, “se presenta cotidianamente, en el mismo sector y franja horaria. Estaría vinculado a un aparente conducto pluvial que descarga en el cuerpo de agua, específicamente en las inmediaciones del barrio privado Los Pasos de Jockey, a 350 metros aproximadamente de la estación elevadora de Aguas Santafesinas”.
Al respecto, el escrito sostiene que “estas circunstancias, que resultan evidentes para el ojo humano, llevaron a vecinos y vecinas a pensar que era probable que existiera un daño ambiental mayor aún al que resulta visible”. Así, “en defensa de la salud pública, vecinos y vecinas se organizaron para investigar en la medida de lo posible las causas del daño ambiental que observaban”. Por ello, reunieron material fotográfico y archivos de video para probar la situación”. Ese material fue adjuntado en la presentación.
Además, expresa que el 14 de febrero pasado se realizó un relevamiento aéreo del sector, donde “se identifica el daño ambiental y el posible desagüe que descarga en el arroyo”.
Ante ese estado de situación, solicitaron al Centro de Ingeniería Sanitaria de la UNR, “la toma de muestras y elaboración de un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua superficial”, que también sumaron a la presentación judicial. “De acuerdo a la interpretación técnica de los parámetros arrojados por el análisis del agua, en la muestra se identificó: alta carga orgánica, reducida cantidad de oxígeno disuelto, elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, y un alto nivel de conductividad eléctrica, propia de la concentración de sales”.
Edgardo Orellano, uno de los vecinos y referente de la Organización Civil Bocacha Orellano, dijo en LT8 que “hace dos, tres años que le venimos diciendo a la provincia y al municipio, llevándole fotos, videos y pruebas, no nos llevan el apunte, por lo tanto se decidió hacer una denuncia penal”.
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Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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La contaminación sonora afecta a miles de personas: las zonas más ruidosas de Buenos Aires 

Fecha de Publicación: 25/06/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: CABA


La contaminación sonora en Buenos Aires se convirtió en uno de los problemas ambientales más extendidos de la vida urbana. A diferencia de la contaminación del aire o la basura, el ruido no deja rastros visibles. Pero está presente todo el tiempo.
La Ciudad funciona las 24 horas. Tránsito permanente, actividad comercial, vida nocturna y obra pública generan un paisaje acústico intenso. Lo que durante años se consideró una consecuencia inevitable del crecimiento urbano hoy se revisa desde una perspectiva sanitaria más estricta, indica el periodista Andrés Sanguinetti en un articulo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
Especialistas, organismos internacionales y autoridades locales coinciden en un punto: la exposición prolongada a niveles elevados de sonido tiene efectos concretos sobre la salud y la calidad de vida, desde trastornos del sueño hasta problemas cardiovasculares.

Una ciudad que nunca frena: 3 millones de residentes y el doble en movimiento
Buenos Aires tiene alrededor de tres millones de habitantes. Pero su dinámica diaria involucra casi el doble de personas si se cuenta el flujo desde el Área Metropolitana.
Tal como informó EconomiaSustentable.com, trabajadores, estudiantes, turistas y visitantes se desplazan todos los días hacia oficinas, universidades, centros comerciales y espacios culturales. Este movimiento masivo genera una presión constante sobre calles, avenidas, autopistas y transporte público.
El sistema opera al límite de su capacidad en determinados horarios. La circulación de vehículos se intensifica y, con ella, el nivel de ruido general. La convivencia entre zonas residenciales y áreas de actividad económica amplifica la exposición acústica.
El resultado es una ciudad altamente productiva, pero sometida a una tensión ambiental constante. El ruido aparece como una de las expresiones más claras de esa intensidad, añade la nota de EconomiaSustentable.com.

El tránsito vehicular: la principal fuente de ruido urbano
Diversos estudios coinciden: el tránsito vehicular es la principal fuente de contaminación sonora en la Ciudad. Automóviles particulares, colectivos, motos, camiones de reparto y servicios de transporte configuran una red de circulación que se extiende durante todo el día y parte de la noche.
El Mapa Estratégico de Ruido elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA) muestra que los niveles más altos se concentran en avenidas principales, corredores de alto flujo y autopistas urbanas. Estas zonas coinciden con los puntos de mayor densidad vehicular.
A esto se suma un parque automotor significativo. Las estimaciones indican que entre 1,5 y 1,8 millones de vehículos transitan diariamente por la ciudad, incluyendo los que ingresan desde el conurbano bonaerense. Esa cifra explica la magnitud del fenómeno acústico.
Una investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo reveló que el 93% de los encuestados identifica al tránsito como la principal fuente de ruido urbano. El mismo estudio señala que obras en construcción, actividades nocturnas y espacios de entretenimiento aparecen como factores secundarios, aunque cada vez más relevantes.

Qué barrios están más expuestos al ruido constante
La contaminación sonora no afecta de manera uniforme a toda la ciudad. Existen zonas donde la combinación de tránsito intenso, actividad comercial y alta densidad poblacional genera niveles de ruido superiores al promedio, destaca la nota publicada en EconomiaSustentable.com.
Entre los sectores más afectados se destacan:
- Microcentro y área financiera: convergen oficinas, transporte y actividad económica concentrada
- Palermo: fuerte desarrollo gastronómico y vida nocturna intensa
- Recoleta y Barrio Norte: atravesados por avenidas de alto tránsito
- Belgrano: especialmente el corredor de avenida Cabildo, con circulación constante de vehículos y transporte público
- Almagro y Balvanera: atravesados por arterias de gran flujo como Rivadavia o Corrientes
- Villa Crespo y Chacarita: incremento del ruido asociado al crecimiento gastronómico
- Caballito, Núñez y Villa Urquiza: desarrollo inmobiliario y expansión de construcciones
Las avenidas Corrientes, Santa Fe, Rivadavia, Cabildo, Juan B. Justo y la 9 de Julio se consolidan como algunos de los corredores con mayor presión sonora de toda la ciudad.

Qué dice la OMS sobre el impacto del ruido en la salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó la contaminación sonora dentro de los factores ambientales que afectan la salud pública. Según sus estudios, la exposición prolongada a ruidos elevados puede generar trastornos del sueño, estrés, dificultades de concentración y problemas cardiovasculares.
Uno de los aspectos centrales es que el daño no depende únicamente del volumen del sonido. También influyen su duración, frecuencia y momento de ocurrencia. En este sentido, el ruido nocturno resulta especialmente perjudicial, ya que interfiere con los ciclos de descanso y recuperación del organismo.
Además, la OMS advierte que la contaminación acústica tiene una dimensión social. No todas las personas están expuestas en las mismas condiciones. Quienes viven cerca de avenidas, zonas de entretenimiento, corredores logísticos o áreas con obras permanentes suelen estar más expuestos que el resto de la población.
En una ciudad donde la convivencia entre actividades residenciales, comerciales e industriales ocurre en distancias muy reducidas, el problema se vuelve estructural.

Más allá del tránsito: obras, gastronomía y logística que suman ruido
El ruido urbano en Buenos Aires proviene de múltiples fuentes que se combinan entre sí. Las obras en construcción son una de las principales, especialmente en barrios donde el crecimiento inmobiliario fue acelerado en los últimos años.
Demoliciones, excavaciones y uso de maquinaria pesada generan niveles de sonido elevados y prolongados. En algunos casos, esas obras se extienden durante meses o años, afectando la rutina de vecinos cercanos.
El sector gastronómico y de entretenimiento también contribuye de manera significativa. Bares, restaurantes, locales nocturnos y eventos masivos generan actividad intensa en determinados barrios, especialmente en Palermo, Villa Crespo, Chacarita y San Telmo.
Si bien estas actividades impulsan el empleo y la economía local, también generan conflictos vecinales vinculados al ruido, los horarios y la circulación de personas.
Otro factor en crecimiento es la logística urbana. El aumento del comercio electrónico incrementó la circulación de vehículos de reparto y distribución dentro de la ciudad, lo que suma nuevas fuentes de ruido en horarios extendidos.

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El grupo Eurnekian, condenado por sus aplicaciones de agroquímicos: Un fallo responsabilizó a dos de sus empresas por intoxicaciones y contaminación en comunidades originarias de Chaco

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal BichosDeCampo
Provincia/Región: Chaco


En un reciente fallo, la Justicia chaqueña acaba de responsabilizar al gobierno provincial y a dos empresas agropecuarias del grupo que dirige Eduardo Eurnekian por el impacto de las fumigaciones sobre comunidades originarias de Pampa del Indio y Presidencia Roca.
El caso remite a denuncias radicadas de forma ininterrumpida desde hace 20 años por sucesivos hechos de intoxicación, pérdida de cultivos de autoconsumo y hasta la contaminación de reservas de agua con niveles muy elevados de glifosato. La decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa retoma ese histórico reclamo y sienta un precedente en la materia.
Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Las comunidades campesinas que lo rodean son en su amplia mayoría Qom, no cuentan con acceso a la red de agua potable y necesitan de pozos, aljibes y reservorios propios para saciar sus necesidades básicas.
Ese amplio predio, ubicado en el Departamento General San Martín, pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que hoy abarca toda la cadena. Ambas son parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Uno de los estudios toxicológicos elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA junto al CONICET establece que el 90% de las muestras de agua analizadas en la región no son aptas para consumo humano, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
Ello se complementa con una serie de estudios biomédicos del proyecto internacional Sprint, llevado adelante por el INTA, que detectó hasta 10 plaguicidas distintos en muestras de sangre y entre 6 y 13 en muestras de orina, con presencia de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato, entre otras sustancias.
El punto más crítico del caso ocurrió en octubre del 2021, cuando la deriva deriva de herbicidas e insecticidas llegó hasta la Colonia San Francisco, el casco urbano de Presidencia Roca, y a orillas del Río Bermejo.
Ello motivó una amplia investigación que acreditó el impacto de las actividades en la zona. Se detectó el necrosamiento de árboles y cultivos, se perdieron colmenas, al menos 200 personas exhibieron síntomas gastrointestinales y respiratorios y dos niños de 5 años tuvieron que ser hospitalizados. En aquel entonces, incluso la subsecretaria de Ambiente, María Lidia Garrafa, formuló una denuncia penal.
Existía ya una medida cautelar de 2012 que protegía a las comunidades de la zona, pero era incumplida. Fruto de la masiva intoxicación, el juez de garantías Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar y suspendió todo tipo de fumigaciones por algunos meses. Que luego, desde ya, se reanudaron.
El último capítulo de esta larga historia lo escribieron las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas días atrás, cuando declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas y apuntaron directamente a las firmas del grupo Eurnekian por el impacto sobre las comunidades de la zona.
Cabe destacar que en la provincia, esa normativa prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y las terrestres a menos de 500 metros de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua.
Pero, en vistas de lo ocurrido, el tribunal asegura que no sólo fue desoída por las empresas, sino por el propio Estado chaqueño, que hizo una interpretación inconstitucional e incumplió su rol de fiscalizador, ya que la “línea agronómica” -que delimita dónde pueden aplicarse agroquímicos de acuerdo a la ley provincial- fue trazada sin contemplar las viviendas y reservorios de agua utilizados por las familias campesinas y originarias.
Además, también remarcaron que la provincia nunca constituyó el Registro Epidemiológico que exige la propia Ley de Biocidas para realizar el seguimiento sanitario de las poblaciones expuestas.
El fallo vertido por la justicia provincial obliga al gobierno de Leandro Zdero a rediseñar de manera urgente -en un plazo no mayor a 48 horas, ya cumplido- las zonas de exclusión para fumigaciones. La nueva traza de la “línea agronómica” deberá incorporar a las viviendas rurales, pozos de agua, aljibes y reservorios de las comunidades vecinas.
Asimismo, también ordena la inmediata creación e implementación del Registro Epidemiológico provincial, debiendo el Gobierno informar periódicamente al tribunal respecto de los avances logrados en la materia.
Para las empresas involucradas, establece que, una vez que el Estado defina formalmente los nuevos límites, tanto Marfra como Unitec Bio deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de aplicación fitosanitaria dentro de ese perímetro de resguardo.
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