Otras 'sorpresas' en la expedición científica del Conicet
Una bolsa con inscripciones chinas? Las otras sorpresas del fondo marino de una expedición científica que alerta sobre la huella humana
Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En una transmisión en vivo desde el Cañón Submarino de Mar del Plata, entre especies nunca vistas y paisajes fascinantes aparece el rastro inconfundible de contaminación
A unos 3000 metros de profundidad y a más de 100 kilómetros de la costa bonaerense, una bolsa de plástico con inscripciones en chino en el fondo marino sorprendió a los investigadores que participan de una expedición científica internacional en el Cañón Submarino Mar del Plata. El hallazgo, registrado por el robot submarino ROV SuBastian, dejó en evidencia que incluso los ambientes más remotos del planeta no están libres del impacto humano.
Durante casi ocho horas de transmisión en vivo —seguida por miles de personas en todo el mundo— el vehículo exploró las profundidades del lecho marino, revelando un contraste inquietante: junto a restos de contaminación, también aparecieron escenas impactantes de biodiversidad. Una estrella marina a 1200 metros de profundidad, un pequeño pulpo y un cangrejo que se desplazaba entre formaciones rocosas fueron algunos de los organismos captados por las cámaras del ROV, que transmite en alta definición. Las imágenes despertaron asombro tanto entre los científicos como entre el público general, pero también dejaron una señal de alerta: la huella humana está presente incluso en las zonas más inaccesibles del océano.
“La gran diferencia de esta campaña respecto a la que habíamos hecho en 2012 y 2013. a bordo del buque Puerto Deseado, es el uso del ROV, que nos permite filmar en alta definición. Antes podíamos capturar ejemplares con redes, pero no observar el contexto ni su comportamiento”, explicó Daniel Lauretta, investigador del Conicet y jefe científico de la expedición, que se desarrolla junto con la Fundación Schmidt Ocean Institute, que puso a disposición el barco Falkor (Too).
Esta nueva campaña tiene como objetivo central estudiar la diversidad y la distribución de los invertebrados marinos y peces bentónicos en la zona del cañón, aunque también se abordan otros temas como la presencia de microplásticos en el agua y el sedimento, el ciclo del carbono, la sedimentología y la química del agua.
La transmisión en vivo, que atrajo a más de 18.000 espectadores, no fue una iniciativa del equipo argentino, sino un requisito del buque de investigación: “El barco tiene como condición que todo lo que se filma en el fondo se transmita automáticamente por YouTube en vivo y en directo. Nosotros sumamos nuestra impronta a esa experiencia, interactuando con el público y explicando lo que se va viendo”, relató Lauretta. Parte del equipo está conformado por docentes universitarios, que aprovecharon esa instancia para responder preguntas y compartir conocimiento en tiempo real. “Eso parece que a la gente le gustó”, agregó.
Uno de los espectadores que siguió la transmisión con atención fue Andrés Snitcofsky, quien compartió en la red social X capturas e impresiones de lo que ocurría en el fondo marino. “A 300 km de Mar del Plata, a 1.2 km de profundidad: una bolsa de plástico. Definitivamente caracteres chinos, ¿no?”, escribió. Luego agregó que el hallazgo no era tan sorpresivo si se consideraba la cercanía con la milla 200, una zona de intensa actividad pesquera legal e ilegal, especialmente por parte de embarcaciones extranjeras, sobre todo chinas.
Lauretta destacó el valor de esta apertura comunicacional: “Muchísima gente no tiene contacto con científicos. En proporción, somos muy pocos en el país. Entonces no entienden bien qué se hace, cuál es la importancia. Estas transmisiones ponen rostros al Conicet y acercan la ciencia a la gente. Si la sienten más propia y ven que es útil, hay más razones para apoyarla y financiarla”.
Además del valor educativo y divulgativo, trabajar con un buque de última generación les está permitiendo a los científicos argentinos adquirir herramientas clave para futuras misiones. “Este buque es de lo más avanzado que hay. Nos está enseñando cómo planificar campañas de manera más precisa. Algunos instrumentos también existen en barcos argentinos, pero nunca los habíamos operado de esta forma. Ahora estamos aprendiendo a interpretar datos y señales que antes no teníamos, lo que aumenta enormemente la calidad de los resultados”, explicó.
La transmisión, según detalló Lauretta, se realiza gracias a una conexión satelital, que garantiza una señal estable. “Aunque no fue idea nuestra, nos resulta una herramienta muy valiosa. Permite que cualquiera se conecte con el Mar Argentino, con sus especies, y también con el trabajo que hacen nuestros científicos. Eso, en última instancia, genera mayor cercanía, valoración social y apoyo a la ciencia local”, reflexionó.
La campaña, titulada Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV, cuenta con la participación de científicos del Instituto de Biología de Organismos Marinos (Ibiomar, Conicet), junto con más de 30 investigadores de otras instituciones argentinas. El foco está puesto en generar nuevo conocimiento sobre ecosistemas profundos del Mar Argentino, un territorio vasto y poco explorado, pero clave para comprender la biodiversidad y las dinámicas ambientales del país.
En este sentido, la expedición no solo busca avanzar en el conocimiento científico sobre los ecosistemas marinos profundos, sino también contribuir a una toma de conciencia más amplia sobre el impacto humano en áreas remotas del planeta. La imagen de una simple bolsa de plástico, flotando a más de un kilómetro de profundidad, funciona como símbolo de una problemática global: la contaminación marina no reconoce fronteras ni profundidades.
Para los investigadores argentinos, este tipo de campañas también representa una oportunidad única de interacción con tecnología de punta, acceso a datos inéditos y colaboración internacional. “Estamos aprendiendo mucho no solo sobre el mar, sino sobre cómo trabajar en ciencia de manera más eficiente, con más recursos y mejor planificación”, señaló Lauretta.
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Atanor. Una historia de contaminación e impunidad
Atanor en San Nicolás: una historia de contaminación e impunidad
Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Buenos Aires
La planta de Atanor en San Nicolás fue clausurada por segunda vez tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Demuestra la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución.
Hace unos días, autoridades de la provincia de Buenos Aires ordenaron la clausura preventiva total de la planta de Atanor en San Nicolás tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Fue detectado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) tras una inspección en junio pasado. Esta es la segunda clausura en menos de dos años, y demuestra, una vez más, la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución pese a las reiteradas denuncias de contaminación contra la empresa durante décadas en la localidad bonaerense.
El escandaloso accionar de esta empresa ha expuesto a la comunidad de San Nicolás a la contaminación ambiental en varias oportunidades, dejando a la población en un estado de permanente riesgo y vulnerabilidad. Entre ellos, el daño irreversible al Río Paraná reconocido en un fallo judicial en 2023 y producto de una causa iniciada por los vecinos de San Nicolás hace más de una década, quienes con esfuerzo y coraje han buscado justicia todo este tiempo frente a la indiferencia institucional.
En las muestras tomadas el mes pasado, provenientes del vuelco clandestino y analizadas por ADA, se detectaron más de 30 sustancias contaminantes, entre ellas glifosato, atrazina y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, entre otros, lo cual confirma que efectivamente se trataba de efluentes industriales. Esto no es un accidente ni una falla aislada: es la expresión de una irresponsabilidad sistemática, agravada por el hecho de que la empresa solo contaba con autorización para descargar efluentes cloacales. A su vez, en las muestras se encontraron niveles por sobre los parámetros legales de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, lo cual evidencia el desprecio por las normativas vigentes y la salud pública.
La Autoridad del Agua ordenó hace semanas la clausura preventiva, el cierre del ducto industrial y la limpieza del líquido contaminante, además de exigir un plan para desmantelar la planta. Además, el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y egreso de camiones.
Para Atanor, la contaminación ambiental es historia conocida. La planta ya había sido responsable de una explosión en su reactor de atrazina en marzo del año pasado. Producto de dicha explosión, un equipo de Greenpeace tomó muestras en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de la planta. Los resultados fueron contundentes: había presencia de atrazina, un agroquímico altamente contaminante. En los últimos días y en el marco de la nueva clausura, fueron citados a indagatoria los gerentes y un representante legal de la empresa por dicha explosión, imputados penalmente por delitos graves como contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública y violaciones a las leyes de residuos peligrosos y de ambiente.
A raíz de las denuncias y la presión ejercida por los vecinos a lo largo de más de una década, la empresa finalmente anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva hacia otras plantas que tiene en el país, en las ciudades de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Sin embargo, en el predio de San Nicolás quedaría en funcionamiento un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar. Esta situación aún representa un riesgo persistente para la salud y el ambiente local que no podemos pasar por alto: trasladar el problema no es una solución sino una forma de perpetuar la contaminación y el peligro para las comunidades. Además, la presencia de este centro mantendrá la circulación de sustancias peligrosas en una zona que ya cuenta con graves antecedentes de contaminación.
En el marco de la relocalización, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires también exigió que Atanor lleve adelante un plan urgente de remediación ambiental en San Nicolás, advirtiendo que la empresa tiene una responsabilidad indeclinable. Este reclamo debe ser escuchado y cumplido.
Atanor es un claro ejemplo de impunidad, que ha generado graves daños al ambiente y a la comunidad nicoleña durante años. Si bien se espera que el proceso de relocalización le lleve tiempo a la empresa, no podemos permitir que evada su responsabilidad por los pasivos ambientales que dejará en San Nicolás, tal como ya ocurrió en otras localidades dónde se retiró sin hacerse cargo de los costos ambientales que dejó atrás su producción.
Desde Greenpeace, seguiremos de cerca las operaciones de esta empresa, que se irá de San Nicolás dejando atrás décadas de contaminación y daño hacia el ambiente y la comunidad. La relocalización no puede ser un escape para evadir responsabilidades. La defensa del ambiente y el acompañamiento a la comunidad seguirán siendo prioridad.
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Buenos Aires. Corte obliga a dar agua sin arsénico
La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico
Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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Atanor, piden un plan de remediación ambiental
Exigen un “urgente plan” de remediación ambiental tras la salida de Atanor de San Nicolás
Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
El pedido fue realizado desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. Piden a la provincia “diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados”.
Ante la reciente salida de San Nicolás de la empresa de agroquímicos Atanor, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ) hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” plan que la empresa lleve a cabo un plan de remediación ambiental.
Desde el organismo pidieron que Atanor cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
En ese marco, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación” indicaron.
Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Los antecedentes de Atanor señalados por el Consejo Profesional de Química
Desde la entidad profesional recordaron que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso “la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná”.
La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron “la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país)” así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a esto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años” sostuvo.
Y se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?” cuestionó.
Además dejó otros interrogantes: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?” advirtió.
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Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por contaminación
Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por grave contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires
La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires clausuró preventivamente la planta de Atanor en San Nicolás tras detectar, durante una inspección realizada el 9 de junio, una grave violación a las normas ambientales. Los análisis de laboratorio confirmaron el vertido ilegal de efluentes industriales con altos niveles de agroquímicos (como glifosato, atrazina y clorpirifos) y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, entre otros) directamente al Río Paraná. La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales.
Vecinos, organizaciones como FOMEA y Greenpeace habían denunciado la situación, que fue calificada como una acción deliberada y clandestina, con posibles consecuencias penales. Como respuesta a la presión social y legal, Atanor anunció el traslado de su producción, aunque mantendrá un centro logístico en el predio, lo que preocupa a la comunidad por el posible almacenamiento continuo de sustancias peligrosas.
Greenpeace y representantes legales de los vecinos exigen que la empresa asuma su responsabilidad por el daño ambiental generado, se impida el uso futuro del sitio para actividades con riesgo químico y se garantice una remediación integral del área afectada.
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La amenaza silenciosa: microplásticos en el suelo
La amenaza silenciosa: microplásticos en el suelo
Fecha de Publicación: 14/07/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La relación entre el agro y los plásticos comenzó en 1950. En esa década se empezaron a usar las primeras películas de polietileno en los invernaderos. En los '60 su uso se expandió gracias al “mulching”. Llegaron luego las tuberías plásticas de los sistemas de riego por goteo, hasta que el consumo explotó literalmente en los '80 con la llegada de los envases de agroquímicos y a un significativo aporte argentino: los silos bolsas.
Según la FAO, en 2019 la agricultura utilizó aproximadamente 12,5 millones de toneladas de productos plásticos. Si a ello le sumamos los 37,3 millones de toneladas en envases de alimentos, la producción de alimentos demandó -aproximadamente- el 11,2% del consumo global de plásticos. Y, además, se estima que su uso aumentará un 50% para 2030. El agro se ha convertido en un jugador tan importante para la industria plástica que ha sido necesario crear una nueva expresión: plasticultura.
Este aluvión no ha sido gratis para el ambiente. Desde hace algún tiempo, es visible para todos, una de sus consecuencias más manifiestas. Pocas imágenes más desagradables que encontrarnos con esas montañas de bidones vacíos amontonados junto a los molinos. Afortunadamente, gracias a la sanción de la Ley 27.279 en el año 2016, se establecieron requisitos mínimos de protección ambiental para el transporte, el almacenamiento, la recuperación y el reciclado de estos envases.
A consecuencia de esta ley, en 2018, las principales compañías fabricantes y comercializadoras de agroquímicos crearon Campo Limpio, una fundación que coordina un programa de recuperación y gestión responsable de los envases. Un esfuerzo loable, sin dudas, pero que urge acelerar, pues, a pesar de su sostenido crecimiento, el porcentaje de recuperación apenas alcanza al 15% de los bidones que se venden anualmente.
Sin embargo, el principal impacto ambiental de los plásticos no es visible a nuestros ojos, y es mucho más grave de lo que -a priori- podemos imaginar: estamos hablando de los microplásticos. Pequeños fragmentos de plástico, menores a 5 mm, que resultan de la descomposición de los mismos debido a la exposición al sol y las condiciones climáticas y que son extremadamente difíciles de eliminar.
El termino se popularizó gracias a un trabajo publicado por Richard Thompson en Science. Su estudio mostró -por primera vez- que estas pequeñas partículas estaban presentes, de forma generalizada, en los océanos. Progresivamente, las mismas han sido detectadas en todos los rincones del planeta: desde la nieve de la Antártida hasta el aire que respiramos y el agua que bebemos. Estudios recientes incluso los han encontrado en placentas humanas, pulmones y sangre; o sea que ya forman partes de nuestros cuerpos.
Si bien el problema comenzó mucho antes, recién en los últimos 20 años la comunidad científica y los organismos internacionales pudieron dimensionar la magnitud y complejidad del fenómeno, y solo en la última década se ha vuelto un tema prioritario para las políticas ambientales y sanitarias. Hasta hace poco tiempo, la principal preocupación era la contaminación de los océanos, sin embargo, recientemente, la FAO alertó que la acumulación en los suelos agrícolas podría ser mucho más grave. Se estima que entre 4 y 23 veces más microplásticos podrían estar siendo liberados en los suelos agrícolas que en los océanos, cada año, debido principalmente a la plasticultura, la contaminación y al hecho que los plásticos en la agricultura están en contacto constante con factores que aceleran su fragmentación. La contaminación del suelo es una amenaza invisible pero potencialmente más severa, con impactos directos sobre la producción de alimentos, la salud del suelo y la biodiversidad.
En Argentina, las investigaciones sobre micro plásticos en la agricultura están ganando relevancia. Estudios del CONICET y universidades como la Universidad Nacional de General Sarmiento los han detectado en suelos agrícolas, particularmente en zonas donde se usan acolchados plásticos en cultivos hortícolas. También investigaciones realizadas en cursos de agua cercanos a áreas agrícolas han revelado su presencia. La Universidad Nacional de Rosario y el CONICET están realizando estudios para monitorear la presencia de micro plásticos en el agua y su posible impacto en la producción agrícola.
La única solución para esta amenaza es comenzar a reemplazarlos por productos biodegradables. Afortunadamente son varios los emprendedores y los investigadores que están trabajando detrás de este objetivo. Estos son algunos de los casos que vale la pena mencionar:
1. Bionbax: está construyendo una planta en Roldán, Santa Fe, para producir bioplásticos a partir de aceite de soja, buscando reemplazar los plásticos convencionales por materiales biodegradables. Se espera que esta planta esté operativa este año, convirtiéndose en la primera de Latinoamérica en producir bioplásticos a partir de insumos locales.
2. INMET: se especializa en la modificación genética de microorganismos para producir bioplásticos derivados de glicerina, un subproducto de los biocombustibles.
3. Mycorium Biotech: este startup desarrolla biomateriales utilizando hongos y residuos orgánicos. Su tecnología permite crear envases biodegradables y comestibles.
Sirva este artículo como un llamado de atención frente a esta silenciosa amenaza a nuestro recurso más valioso. Como decimos siempre, para poder tener una verdadera dimensión del problema es clave comenzar a medir, sólo a partir de allí podremos tomar medidas antes que sea demasiado tarde.
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El gobierno tucumano quiere 'cenizas cero' en ingenios
"Cenizas cero": inspecciones ambientales en diez ingenios de Tucumán
Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
La Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, junto a organismos nacionales y defensorías del pueblo controlan el tratamiento y la disposición final de cenizas, vinaza y agua de lavado de caña.
Este miércoles, la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Producción, en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y las Defensorías del Pueblo de Santiago del Estero y Tucumán, llevaron adelante nuevas inspecciones en ingenios sucroalcoholeros de la provincia, con el objetivo de verificar que cumplan sus compromisos de “cenizas cero” y “vinaza cero”.
Desde Casa de Gobierno se informó que el subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Abg. Facundo Moreno Majnach, participó de las tareas de supervisión, acompañado por el equipo técnico del Programa de Reconversión Industrial (PRI), perteneciente a la Dirección de Protección Ambiental (DiPrA), y detallaron que estas actividades dan continuidad a las inspecciones conjuntas que se llevan a cabo antes del inicio de la zafra.
El objetivo de las mismas es verificar, conforme al marco normativo vigente, el tratamiento y la disposición final de cenizas, vinaza y agua de lavado de caña (en caso de que se utilice). De este modo, se busca evitar el vertido de cenizas generadas por los filtros de calderas en los efluentes líquidos residuales (“ceniza cero”), impedir el vuelco de vinaza a cuerpos de agua receptores (“vinaza cero”) y garantizar la recuperación total del agua utilizada en el lavado de caña de azúcar.
En ese sentido, detallaron que las inspecciones se realizan de forma trimestral y continua durante todo el año. Luego de cada visita, se labra un acta que registra el cumplimiento de los puntos establecidos en el Acuerdo, la cual es firmada por todas las partes presentes. Este procedimiento tiene como finalidad fortalecer el trabajo articulado en la reducción de la contaminación en la cuenca.
Posteriormente, se elabora un informe que, de manera trimestral, es presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del amparo promovido por la provincia de Santiago del Estero.
En este contexto, funcionarios y equipos técnicos recorrieron distintos ingenios sucroalcoholeros, organizados en tres comisiones de trabajo que permitieron cumplir con el cronograma establecido durante dos jornadas. En total, se visitaron diez ingenios: Bella Vista, Famaillá, Santa Rosa, La Corona, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Concepción, Leales y La Florida.
Durante el recorrido estuvieron presentes, por parte de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Lic. Javier M. Finkelstein, el Lic. Luis Tournier, Ing. Pablo Martin y el Lic. Leonardo Di Paolo; y, por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, el subsecretario Abg. Facundo Moreno Majnach, el director de Protección Ambiental Lic. Marcelo Lizárraga, y la Lic. Noemí Santillán, a cargo del equipo del PRI junto a la Lic. Nadia Obrist, Lic. Mariano Robles, Ing. Agustín Samaniego y el Ing. Emanuel Castro.
El defensor del pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa y, por parte de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, la Abg. Silvina Bosio y Abg. Teresita Albornoz Mena, junto a sus equipos técnicos.
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Atanor otra vez investigada por delitos ambientales
La Justicia investiga otra vez a Atanor por vertidos de efluentes industriales con una conexión clandestina
Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
La irregularidad en la fábrica de agroquímicos de San Nicolás, que estuvo cerrada durante varios meses en 2024 tras la explosión de un reactor, fue constatada por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires. La firma cuenta con una condena por daño ambiental en su haber
En marzo de 2024, la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás, que fábrica agroquímicos, sufrió la explosión de un reactor que obligó a evacuar los barrios aledaños y a clausurar el predio donde funciona. Tras ese episodio, reabrió sus puertas en noviembre pasado. Pero una inspección del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires en junio de este año marcó una grave inconsistencia por vertidos de efluentes industriales en el suelo que está dentro del mismo predio y que se encuentra muy cercano a la barranca del río Paraná.
Esta irregularidad surge de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), organismo que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios del ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.
El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes del ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.
Desde Greenpeace, ONG que sigue de cerca las acciones de la firma, detallaron a este medio que el sector en cuestión está muy cerca de la barranca del río Paraná, “por lo que la descarga representa un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica”.
El acta que hicieron los agentes de la ADA dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace.
Condena reciente
El abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
La referencia del letrado es hacia una condena que ya pesa sobre Atanor. A principios de 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva y dictó una sentencia definitiva contra la firma por considerar que ocasionó contaminación ambiental tras volcar sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin ser correctamente tratadas.Por esta reiteración de infracciones, Maggi indicó que se presentó el pedido una medida cautelar para “tratar de frenar el desmanejo que la empresa hace de sus efluentes industriales, que son residuos peligrosos por la actividad que despliega”.
“Pese a estar clausurado el vuelco, siguen volcando a través de bombas clandestinas y de mangueras”, resaltó en diálogo con La Capital. Y profundizó sobre la medida cautelar solicitada a la jueza Díaz Bancalari: “Se intenta darle un corte al circuito de agua. Si Atanor no puede extraer agua de las napas subterráneas y no puede usar el agua del río, le impedimos la posibilidad de que genere efluentes líquidos industriales y, de esa manera, logramos proteger el ambiente impidiendo que vuelquen clandestinamente como lo vienen haciendo hasta ahora.
Incumplimientos de Atanor
En línea con el abogado, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra, que forma parte del equipo de Greenpeace, remarcó: “Este nuevo vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales, y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población”.
“No estamos ante un accidente sino frente a un patrón sistemático de contaminación, y estamos frente a una empresa reincidente que ya fue condenada por causar daño irreversible al río Paraná. Es urgente que la Justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir”, agregó.
Por parte, Maggi puntualizó que no sólo la firma reincide sino que, además, viola compromisos asumidos que fueron pactados con la jueza para poder reabrir su planta a finales del año pasado. Este fue el principal motivo por el que el abogado que representa a Fomea ingresó el pedido de medida cautelar.
Tras la audiencia del 13 de junio, Díaz Bancalari notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que investiguen la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa.
Por su parte, la magistrada pidió que esta nueva irregularidad detectada por la ADA se sume al expediente asociado a la medida cautelar que, en marzo del año pasado, había clausurado la actividad en la planta tras la explosión. A su vez, solicitó al organismo dependiente del Ministerio de Ambiente bonaerense otro informe para magnificar el impacto ambiental por los vuelcos y sus riesgos asociados.
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Fracking sigue sumando causas en la justicia, negocios turbios
Probation para un empresario petrolero: tenía un lavadero clandestino para caños del fracking
Fecha de Publicación: 26/06/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Una jueza le concedió una probation tras reconocer el delito de contaminación. Operaba en el predio de un exjuguera en zona de chacras con otras empresas.
El dueño de una empresa de servicios petroleros que operaba en el predio de la ex Juguera de Centenario accedió a una suspensión de juicio a prueba, tras ser acusado por el Ministerio Público Fiscal por contaminación. Se comprobó que arrojaba residuos peligrosos y del fracking, a los canales de desagüe rurales que conducen al río Neuquén.
La jueza de garantías Carina Álvarez homologó este lunes el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de F.D.O., responsable de la firma Monali SAS, que vertía líquidos contaminantes -provenientes del lavado de maquinaria pesada utilizada en la industria del fracking- directamente al sistema de riego de la ciudad.
La causa penal se inició en 2024 luego de múltiples denuncias de vecinos y de informes técnicos de la Municipalidad de Centenario. El lugar es en el edificio de la exjuguera, cerca del cementerio, una zona que aún es rural, pero que persisten algunas empresas de servicios petroleros.
La probation se extenderá por tres años y durante ese plazo, el imputado deberá cumplir con reglas de conducta, llevar a cabo tareas de remediación ambiental en el predio afectado y presentar la compra de materiales de construcción por un monto de 300 mil pesos, destinados a una organización civil sin fines de lucro.
Contaminación por residuos del fracking: dónde operaba la empresa
Además, el acuerdo impone que se presente un plan de saneamiento ante la Secretaría de Ambiente provincial, el cual debe incluir el vaciamiento y cauterización de piletas, la limpieza de contenedores, y la eliminación de residuos con trazabilidad.
La jueza Álvarez justificó su decisión en que el imputado no posee antecedentes penales y la pena prevista para el delito ambiental es de ejecución condicional. De hecho, es una persona que no es de Neuquén, sino de la vecina provincia de Río Negro, que había apostado a reconvertir la juguera en una empresa de servicios petroleros.
El caso tomó notoriedad porque la empresa Monali SAS, radicada en la ciudad de Neuquén y constituida en 2019, operaba en un edificio emblemático de Centenario. Es de la ex Jugos del Sur SA, una planta agroindustrial que supo dar trabajo a decenas de personas y que hoy está desmantelada y convertida en un predio compartido por firmas vinculadas al negocio petrolero.
Allí funcionaba un lavadero de flota pesada, donde se limpiaban camiones, tolvas y tubos de perforación con agua subterránea. También se limpiaban caños de perforación empetrolados.
Los residuos eran efluentes cargados de hidrocarburos, considerados peligrosos por la Ley Nacional 24.051 y especiales por la Ley Provincial 1875. Sin tratamiento alguno, se constató que eran arrojados de forma sistemática al desagüe que corre paralelo a las chacras y desemboca en el río Neuquén.
Los vecinos advertían desde hace años un movimiento inusual en la zona rural con camionetas petroleras, operarios, un tanque de almacenamiento y hasta el montaje de una torre ficticia, visible desde el cementerio. Todo a simple vista, entre las alamedas de un área agrícola. Los rastros de hidrocarburos en el agua llamaron la atención de los vecinos que todos los días pasaban por esa zona, cerca del Loteo Cabezas y de quienes practicaban deportes cerca del predio. Presentaron denuncias y se labraron actas. Pero durante la pandemia, ninguna inspección oficial detectó las maniobras. Recién a partir de abril de 2024, el Municipio de Centenario logró comprobar el vertido ilegal.
Las inspecciones documentaron que un caño clandestino llevaba directamente los fluidos contaminantes al desagüe entre el cementerio y un camino colector de la calle 4N y el edifico de la exjuguera. El acta del 12 de abril de 2024, que luego se reforzó con otra inspección el 10 de mayo, advertía del incumplimiento de los plazos y la persistencia del daño ambiental.
En su momento, la jueza de Faltas, Carolina Vidal, multó a la empresa con $10,3 millones por el derrame, el mínimo previsto por no tratarse de un infractor reincidente. La compañía fue clausurada preventivamente y se ordenó la adecuación de su sistema de tratamiento, que nunca se realizó.
Otras empresas en el mismo predio
Además de Monali SAS., en el predio funcionan al menos otras dos empresas: un taller de soldadura y la empresa BM Inspecciones. Pero sólo una quedó judicialmente involucrada por los derrames. Las demás están solicitando la licencia comercial, que aún no lograron y llegaron un acuerdo con la comuna para conservar las fuentes laborales, hasta que logren el trámite.
Pero la Municipalidad detectó otras irregularidades La firma no estaba inscripta como generadora de residuos peligrosos: no tenía permiso de Recursos Hídricos para usar agua subterránea; nunca presentó el tratamiento final de los residuos generados y funcionó casi cuatro años con avales dudosos y sin cumplir requisitos ambientales básicos.
El funcionamiento de empresas petroleras, o de servicios, ligadas a Vaca Muerta, en zona rural de Centenario, es un debate que está en boga y desde la comuna vienen advirtiendo que no harán cambio en el uso del suelo.
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Escuelas rurales. Entre Ríos regula fumigaciones
Entre Ríos regula el uso de agroquímicos cerca de escuelas rurales
Fecha de Publicación: 25/06/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La provincia aprobó un protocolo que establece zonas de aplicación, requisitos técnicos y condiciones de notificación para proteger la salud de estudiantes y docentes. El sector agropecuario cuestionó algunos puntos por considerarlos “excesivos”.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó, mediante la Resolución N.º 1109/25, el “Protocolo de actuación ante casos de aplicaciones con productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales”. El documento establece zonas de exclusión, amortiguamiento y libre aplicación según la distancia a los establecimientos educativos y el tipo de equipo utilizado.
“Este protocolo pone en el centro la salud de niñas, niños y adolescentes del ámbito rural, sin desatender la producción”, declaró la secretaria del área, María Inés Farías.
Zonas de aplicación y condiciones técnicas
El protocolo define tres zonas:
Zona de Exclusión: se prohíbe toda aplicación en un radio de 15 a 500 metros, dependiendo del equipo utilizado.
Zona de Amortiguamiento: permite el uso solo de productos de baja toxicidad (bandas azul y verde), con requisitos estrictos de aviso, supervisión técnica y condiciones climáticas.
Zona de Libre Aplicación: habilita el uso de todos los tipos de fitosanitarios sin necesidad de notificación previa.
Además, en la zona intermedia se deberá notificar con al menos 48 horas de anticipación, ajustar las aplicaciones a contraturno escolar, y garantizar la presencia de un asesor fitosanitario habilitado.
Reacciones dispares: el campo pide revisión
Desde el sector rural, surgieron críticas. Carlos Luján, referente de la Federación Agraria de Entre Ríos, sostuvo que “si bien coincidimos en la necesidad de regulación, los límites establecidos son desmedidos para la escala de muchos pequeños productores. Pedimos diálogo para evitar parálisis productiva”.
El protocolo también establece cómo actuar en caso de denuncias de aplicaciones indebidas, señalando como vía principal la exposición policial con documentación detallada y pruebas complementarias.
Una herramienta para la convivencia rural
Con esta resolución, Entre Ríos busca marcar una hoja de ruta que equilibre la actividad agropecuaria con el derecho a un ambiente sano para los entornos escolares. Ahora resta ver cómo se instrumentará en el territorio y si se abrirá la mesa de diálogo con el sector productivo para lograr consensos.
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El problema silencioso de agroquímicos y abejas
Abejas en peligro: el impacto de los agroquímicos
Fecha de Publicación: 24/06/2025
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los agroquímicos no solo amenazan la biodiversidad: estudios recientes revelan cómo afectan los sentidos, el aprendizaje y la vida social de las abejas melíferas
En los campos argentinos, donde los cultivos se despliegan en vastas extensiones, un problema silencioso pero profundo amenaza el equilibrio de los ecosistemas.
Las abejas, fundamentales para la polinización de un tercio de los cultivos agrícolas, enfrentan un enemigo silencioso: los agroquímicos. ¿Qué consecuencias tiene esta exposición en las colmenas?
Un estudio pionero realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), junto con otras instituciones, destapa un panorama preocupante que podría comprometer la sustentabilidad del agro.
La polinización, un proceso esencial que une flores y frutos, trasciende lo estético al ser clave para la producción agrícola y la biodiversidad. Es una base insustituible de la producción agrícola. Sin embargo, las abejas melíferas, principales aliadas de este proceso, están en peligro.
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Las abejas, al polinizar, entran en contacto con estos productos, los cuales se acumulan en la colmena, afectando a toda la colonia”, explicó Jorge Zavala, investigador de la FAUBA y del CONICET.
El estudio reveló que los agroquímicos, especialmente el glifosato, impactan en las abejas a múltiples niveles: desde sus capacidades sensoriales y cognitivas hasta su comportamiento social.
Ivana Macri, profesional del INTA y autora principal de la investigación, comentó que estas sustancias alteran genes esenciales, debilitando las defensas y complicando actividades vitales como la higiene y la recolección de alimento.
En condiciones reales de campo, los investigadores instalaron colmenas en distintos lotes y monitorearon a las abejas antes y después de las aplicaciones de agroquímicos. “Hallamos residuos químicos en el polen y en las abejas recolectoras. Esto generó una exposición múltiple que debilitó a toda la colonia”, señaló Macri.
Los resultados fueron contundentes: las abejas expuestas perdieron capacidad para asociar olores de flores con recompensas y fueron menos sensibles al néctar, recolectando menos alimento para la colmena.
El daño no se limitó a las habilidades individuales. “Cuando se altera un gen vinculado al cerebro, el comportamiento social se ve afectado, reduciendo la eficiencia en la recolección de alimento y comprometiendo la supervivencia de la colonia”, agregó Macri.
La exposición a agroquímicos también redujo la calidad y diversidad de los recursos alimenticios disponibles, acentuando las dificultades.
¿Podemos imaginar un futuro sin abejas? Su rol en la polinización no solo sustenta la producción agrícola, sino que también garantiza la diversidad en los ecosistemas.
Estos insectos trabajan incansablemente, moviéndose de flor en flor, asegurando la continuidad de cientos de especies vegetales. Su declive no solo impactaría la economía agrícola, sino también la estabilidad ambiental.
Para Jorge Zavala, la conclusión es clara: “Si se afecta la capacidad de las abejas para recolectar alimento y transmitir información, la polinización a largo plazo se verá comprometida”.
Por su parte, Macri adelantó que el equipo continuará investigando, profundizando en cómo los agroquímicos afectan a las abejas según sus diferentes edades y tareas en la colmena. Además, buscarán entender cómo estos compuestos alteran la flora intestinal de las abejas, clave para su inmunidad y nutrición.
La relación entre la producción agrícola intensiva y el impacto en los polinizadores plantea interrogantes cruciales. Abordar esta problemática será esencial para garantizar un equilibrio entre la agricultura sostenible y la conservación de los ecosistemas.
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Entre Ríos. Amparo colectivo por contaminación de arroyos
Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud
Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema.
Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados.
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública.
Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.
El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.
Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa
Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense
Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés.
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta.
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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Río Paraná. Confirmal elevados niveles de glifosato
El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes
Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino
El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.
Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.
Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.
Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.
De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”.
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.
Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.
Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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Argentina en la UNOC3
ONGs ambientales le piden a Milei que Argentina ratifique el Tratado conservacionista de Alta Mar
Fecha de Publicación: 12/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Aprovechando la presencia del presidente argentino en esta cumbre ambiental, un grupo de organizaciones conservacionistas le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina.
Ayer se conmemoró el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por las Naciones Unidas con el propósito de reflexionar sobre la importancia de los océanos para la vida y promover acciones para su protección. En ese marco inicia hoy la III Cumbre Mundial de los Océanos de la ONU (UNOC3), en Francia, y a la que asistió el presidente Javier Milei.
Aprovechando su presencia en dicha Cumbre un grupo de organizaciones ambientales le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), también conocido como Tratado de Alta Mar.
El país, que firmó el Acuerdo en 2024, aún no ha avanzado en el proceso legislativo para su aprobación debido a que el Poder Ejecutivo no envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación.
El Tratado de Alta Mar es complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) e introduce nuevas herramientas para proteger y conservar la alta mar mediante una mejor cooperación y coordinación de las distintas naciones. Tiene como objetivos promover la investigación científica a nivel mundial y garantizar el acceso justo y equitativo a los beneficios monetarios y no monetarios que resultan del aprovechamiento de los recursos genéticos marinos.
'Es fundamental que Argentina ratifique el Tratado de Alta Mar, no sólo porque la vida en el planeta depende de la salud de los océanos, sino porque no podemos quedarnos fuera de las negociaciones globales para su conservación y aprovechamiento responsable', manifestó desde Niza, Francia, Milko Schvartzman, encargado de conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales.
Y agregó: 'la presencia del primer mandatario argentino en la Cumbre de los Océanos es para destacar, pero ello debe ser acompañado por acciones concretas y una de ellas es sumar al país al grupo de países que ya son parte del Tratado'.
Participantes claves
De esta UNOC3, que cuenta con el impulso de Francia, participan mandatarios de varios países, entre ellos el de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva; Pedro Sanchez del Gobierno de España; el presidente costarricense Rodrigo Chaves y el presidente Javier Milei por la Argentina.
También asistirán los líderes de la ONU, el portugués António Guterres, y de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen. El gobierno de Emmanuel Macron busca que este encuentro comprometa a los gobiernos a garantizar la pronta entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y así comenzar a establecer reglas para su uso.
Las zonas fuera de la jurisdicción nacional (o alta mar) representan cerca de dos tercios del océano y son un bien global común. En la actualidad, esas áreas están siendo sometidas a crecientes presiones con impactos cada vez más significativos en lo ambiental, económico, social y cultural.
El acuerdo incluye, además, una serie de principios, entre ellos el que garantiza que ni éste ni sus disposiciones podrán utilizarse para realizar reclamaciones de soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. También establece los órganos que serán necesarios para su implementación, las disposiciones de financiación, orientaciones sobre cómo resolver conflictos, etc. Fue adoptado por consenso el 19 de junio de 2023, luego de 20 años de negociaciones.
Las razones para este acuerdo
El océano cubre más del 70 % de la superficie terrestre, produce más de la mitad del oxígeno que se respira y proporciona alimentos, empleo y medios de subsistencia a millones de personas en todo el mundo. No obstante, las cifras actuales son alarmantes: cerca del 90 % de las grandes especies de peces se encuentran sobreexplotadas y alrededor del 50 % de los arrecifes de coral han sido degradados.
En ese contexto, “Maravillas oceánicas: conservar lo que nos sostiene”, lema elegido por Naciones Unidas para la campaña 2025, resume el espíritu de esta jornada: generar conciencia, incentivar la educación ambiental y alentar la acción colectiva en favor de la sustentabilidad marina.
La Conferencia de los Océanos de la ONU se desarrolla del 9 al 13 de junio en Niza, Francia. El encuentro internacional busca acelerar el cumplimiento de la Meta 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), centrada en la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y sus recursos.
La República Argentina, por su ubicación geográfica, es un país marítimo. Cuenta con 4.725 kilómetros de costa continental, que se suman a los 11.325 kilómetros de las costas de la Antártida argentina e islas australes. Asimismo, posee una extensa Zona Económica Exclusiva y un importante volumen de comercio internacional que se desarrolla por vía marítima.
Más Información:
Qué es el tratado de altamar, que se espera que sea ratificado por Javier Milei
Argentina firmó el Acuerdo en 2024, pero todavía no avanzó en el Congreso para su aprobación. Hasta ahora ha sido firmado por 116 países y ratificado por 31 (principalmente europeos y del Pacífico), así como por la Unión Europea.
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La triple amenaza sobre el mar argentino
Día mundial de los océanos: cuál es la triple amenaza sobre el mar argentino y por qué debemos preservarlo
Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Canal26
Provincia/Región: Nacional
El 8 de junio se celebra, por disposición de la ONU, el Día Mundial de los Océanos, para concientizar sobre su importancia para la vida. Argentina tiene un enorme litoral marítimo sobre el Atlántico que hoy está en riesgo por la sobrepesca, la basura plástica y la exploración offshore.
Más del 70% de la superficie del planeta Tierra está, en realidad, cubierta por agua. Los océanos juegan un rol central en la actual crisis ambiental como reguladores de la temperatura, repositorios de biodiversidad y captadores de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Además, son fuente de alimentación y empleo para millones de personas en todo el mundo.
Pero hoy los océanos están en peligro por el aumento de las temperaturas globales, la sobreexplotación pesquera, el vertido de basura plástica y prácticas como la exploración sísmica de hidrocarburos.
Para concientizar sobre la importancia de su preservación, las Naciones Unidas dispusieron que cada 8 de junio se celebre el Día Mundial de los Océanos. Y este año, el foco está puesto en volver a la pesca sostenible.
1. Sobrepesca
La pesca de arrastre y el descarte de millones de ejemplares está poniendo en riesgo la biodiversidad marina. Y en este aspecto, el Mar Argentino no es una excepción. Con más de 5.000 kilómetros de costa, nuestro país tiene una plataforma marítima sobre el Atlántico equivalente a casi el 50% de su territorio continental, que además encierra una gran biodiversidad y riqueza de recursos.
Sin embargo, esa riqueza está siendo sobre-explotada por flotas -generalmente extranjeras- que extraen los recursos en el límite de nuestra plataforma continental, sin dejar divisas para el Estado.
La pesca ilegal y depredadora desarrollada durante años por flotas industriales en la plataforma continental y la zona económica exclusiva, amenaza el desarrollo sostenible y la existencia de varias especies marinas, principalmente el calamar.
Según cálculos de la ONG “Sin Azul no hay Verde” entre 350 y 500 barcos chinos operan en la región, causando pérdidas económicas que se estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales para la Argentina.
2. Exploración de hidrocarburos
Pero la sobrepesca no es la única actividad humana que está devastando los océanos. “Los fondos marinos están siendo explorados y explotados en busca de hidrocarburos, y eso afecta enormemente a la vida subacuática”, advierte Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Programa de Conservación Costero Marino de WCS Argentina.
Para esto, los buques de prospección sísmica realizan intensos “bombardeos acústicos” para detectar distintas formaciones geológicas.
El problema es que estos sonidos se solapan con los rangos de audición y vocalización de los mamíferos marinos, tortugas, peces e invertebrados. Esto puede provocarles desde un deterioro de la audición, la orientación y cambios de comportamiento, hasta lesiones graves e incluso la muerte.
A esto se suma, durante una eventual explotación de hidrocarburos, el riesgo de derrames petroleros.
3. Un mar de plásticos
Hoy, el problema más urgente y visible en los océanos es la creciente acumulación de residuos plásticos. A tal punto que el lema propuesto por Naciones Unidas para el Día Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio, fue “eliminar los plásticos del océano”.
Cada año, se vuelcan a los mares unas 13 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a descargar un camión de basura por minuto. Siete “islas de plástico” ya fueron descubiertas en los mares del mundo, y para el 2050, habrá más plástico que peces, según proyecciones de la WWF (World Wildlife Fund).
Las bolsas y botellas plásticas son, junto con las colillas de cigarrillos, el elemento más presente entre la basura en las playas, según el último Censo Provincial de Basura Costera Marina que se lleva a cabo anualmente en enero en 21 balnearios de la provincia de Buenos Aires.
Este es un creciente factor de mortalidad de peces y mamíferos acuáticos, que al ingerirlas mueren asfixiados. Pero el problema va más allá, porque los plásticos al degradarse por la erosión marina, se fragmentan en porciones microscópicas que son ingeridas por animales, plantas, y personas que se alimentan de ellos.
Los efectos de los microplásticos en la salud están siendo estudiados. De acuerdo al informe “Plásticos, Salud y Perturbadores Endocrinos”, muchos aditivos plásticos de uso cotidiano interfieren en el funcionamiento hormonal. Estos compuestos “contribuyen a generar diferentes tipos de cáncer, diabetes, daños en los riñones, el hígado y la tiroides, desórdenes metabólicos, impactos neurológicos y alteraciones en la fertilidad”, advierte el trabajo elaborado por la Sociedad Mundial de Endocrinología e IPEN, una red internacional de organizaciones que promueve la eliminación de plásticos y contaminantes químicos.
Por un tratado mundial para salvar a los océanos.
Esta semana, en el marco del Día Mundial de los Océanos, del 9 al 13 de junio se celebrará en Niza, Francia, la 3era Conferencia de Naciones Unidas para la protección oceánica. Esta cumbre reunirá a más de 10.000 participantes, entre jefes de Estado, diplomáticos, científicos y activistas ambientales, para lograr nuevos compromisos en materia de eliminación de plásticos (especialmente los de un solo uso), protección de las zonas ultramarinas (que está fuera de las jurisdicciones de cada país), y la preservación de la biodiversidad marina.
De acuerdo al tratado de Biodiversidad 30x30, firmado por 150 países en 2022, para el año 2030, se deberá proteger al menos el 30% de los ambientes terrestres y marinos. Argentina, con un 8% de sus áreas marinas protegidas (y cerca del 16% de áreas terrestres), aún está lejos de ese objetivo.
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