Científicos argentinos afirman que el fondo del mar argentino es un foco de contaminación irreversible

Fecha de Publicación: 29/08/2026
Fuente: Portal Weekend
Provincia/Región: Nacional


Una expedición internacional logró filmar y documentar la alarmante acumulación de desechos atrapados a casi 4.000 metros bajo la superficie. Si bien la mayoría de los elementos hallados son plásticos y redes, un insólito objeto de los años 80 asombró a los investigadores. ¿De qué se trata? 
Un equipo conformado por 26 prestigiosos investigadores pertenecientes al CONICET documentó una preocupante realidad al detectar 29 tipos de residuos de origen humano ocultos en las profundidades del mar argentino. El histórico y alarmante hallazgo sistemático se logró tras relevar 55 kilómetros de suelo submarino, por lo que las alarmas de la comunidad ambiental global se encendieron de inmediato ante la impactante evidencia física.
Los datos corresponden a una investigación que fue publicada recientemente en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science y que se llevó a cabo puntualmente en tres profundos cañones submarinos ubicados en la Patagonia argentina Utilizando el sofisticado robot subacuático SuBastian, los científicos lograron registrar imágenes en alta definición nunca antes vistas hasta el presente. Los dispositivos operaron a profundidades extremas que oscilaron entre los 400 y los 4.000 metros y confirmaron que, en esas zonas abisales y completamente oscuras, la basura humana ya alteró por completo el paisaje natural.

Mar Argentino: sumidero alarmante
Los elementos contaminantes más predominantes en las profundidades correspondieron a envoltorios, recipientes y a bolsas de plástico comerciales. Si bien también se identificaron numerosos restos de artes de pesca abandonados, incluyendo sogas, líneas y redes enteras, el objeto que más desconcertó a los expertos fue un cassette de video VHS que encontraron, en perfecto estado, a 2.000 metros de profundidad. 
Los especialistas también señalaron que el fondo continental funciona actualmente como un sumidero irreversible. "Debido a la ausencia total de luz solar y de oxígeno, los plásticos tardarán siglos en degradarse. Los microorganismos y peces de la región ingieren estos componentes nocivos de manera involuntaria al confundirlos con alimento. Destruyendo hábitats biológicos completos, la remoción manual de estos materiales resulta tecnológicamente inviable en la actualidad", agregaron los científicos argentinos.
Por último, explicaron que la procedencia de los desechos no responde a un foco local único, sino a múltiples actividades. "Las corrientes marinas del Atlántico Sur arrastran la basura desde la plataforma continental hacia las fosas. Para mitigar esta crisis ambiental hace falta un abordaje integral con urgentes normativas internacionales aplicadas. Regular de manera estricta la navegación y la explotación pesquera comercial global representa el único camino de salvación", concluyeron..
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Pese a las promesas de cierre, la última central a carbón de la Argentina sigue activa y preocupa a los vecinos

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa AES y su filial argentina prometieron abandonar el carbón, pero su termoeléctrica de San Nicolás de los Arroyos aún funciona; el impacto ambiental y sanitario, y los argumentos de la compañía
La Central Térmica de San Nicolás de los Arroyos sobrevivió a la hegemonía del petróleo, al auge del gas natural y, ahora, al avance de la transición energética. Es hoy la única central eléctrica en el país que funciona con carbón, el combustible fósil más contaminante de todos. Y, pese a anuncios empresariales que apuntaban a su reconversión, al conflicto con vecinos y a una causa judicial en curso, la empresa que la opera sigue sin tomar una decisión definitiva sobre su cierre.
Habitantes de la zona reclaman la reconversión o, al menos, la mitigación y control de los contaminantes de la central, como ocurrió con otras plantas cercanas. “Sopla viento del norte y el olor se hace más intenso. Puede durar horas y hasta días. Nos afecta todo el tiempo”, contó Gabriel Godoy, que vive a menos de dos kilómetros de la central y del polo industrial.
Desde AES Argentina Generación SA, la empresa que hoy opera la central térmica, reiteraron a LA NACION su compromiso con la descarbonización. “La intención sigue firme”, aseguraron. “AES trabaja en planes para progresivamente eliminar el carbón de su matriz de generación. Durante los más de 30 años de operación, hemos mantenido una relación cercana con la comunidad, con la que activamente cooperamos”, agregaron. Tanto la filial argentina como su casa matriz habían anunciado públicamente que avanzarían en la transición energética para contribuir con su responsabilidad global y local.
En 2023, como parte del Carbon Disclosure Project, The AES Corporation afirmó que avanzaría hacia cero emisiones netas para 2050 y que eliminaría por completo el carbón de su cartera para 2025 mediante cierres, ventas o reconversiones, mientras expandía sus inversiones en energías renovables. Para impulsar esa meta, la empresa implementó incentivos de desempeño para sus ejecutivos a nivel global.
Este compromiso coincidía con el giro de la política energética de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, representado en el Inflation Reduction Act, el conjunto más grande de políticas ambientales de la historia de ese país, que promovió el mayor paquete de descarbonización. Actualmente, su página de internet muestra que la empresa basa el 54% de su producción en renovables, un 29% en gas y un 15% en carbón. En Chile y República Dominicana vendió tres termoeléctricas a carbón.
Sin embargo, esos compromisos dejaron de aparecer con la misma claridad. En los documentos enviados a accionistas para las asambleas anuales de 2024 y 2025, The AES Corporation destacaba su “estrategia de transición energética para abandonar la generación a base de carbón”. Esa definición desapareció en 2026, aunque la empresa mantuvo referencias a trabajar para reorientar la cartera “hacia fuentes de generación con menores emisiones de carbono”. El cambio no es menor: se trata de documentos sensibles para compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.
El vencimiento del plazo para abandonar el carbón coincidió con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el recorte de fondos verdes internacionales y un giro de la política ambiental estadounidense hacia los combustibles fósiles bajo el gobierno de Donald Trump. En ese contexto, AES Global avanza además en su venta a un consorcio liderado por BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, lo que también deja en suspenso cuál sería la dirección si el cambio de dueños se consolida.
En la Argentina, AES también prometió avanzar hacia la salida del carbón. En 2023, el CEO local, Martín Genesio, anunció la reconversión de la central de San Nicolás y afirmó que trabajaban con el Gobierno para evitar el impacto sobre sus 550 empleados. Aunque la empresa redujo de forma significativa el consumo de carbón, la planta continúa operativa y el retiro definitivo permanece en suspenso. Así lo revela esta investigación de LA NACION realizada en el marco de Las Ruinas del Carbón, un proyecto regional liderado por Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre la salida de la energía a carbón en América Latina.
Instalada sobre el río Paraná en la década de 1950 como parte del segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, la planta fue privatizada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem y hoy pertenece a AES Argentina. Aunque aporta solo el 5,7% de la generación eléctrica local, la compañía es un jugador global. La anunciada eliminación del carbón para 2025 significa solo el recambio de una de las cinco usinas de la planta, ya que el resto funciona a diésel.
La falta de cumplimiento de AES coincidió con un giro de la política climática argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Aunque el país no abandonó el Acuerdo de París, degradó el Ministerio de Ambiente a subsecretaría y decidió no presentar la nueva Contribución Nacional Determinada, el plan con el que los países actualizan sus metas de reducción de emisiones cada cinco años.
Algunos analistas consultados apuntaron a que la dilución de los compromisos gubernamentales puede abrir un margen para que las empresas que lo decidan sigan los mismos pasos. “Cuando los presidentes niegan el cambio climático, validan cualquier flexibilización por parte de las empresas para cumplir con sus objetivos”, opinó Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, desde AES Argentina rechazan esa interpretación y sostienen que el consumo de carbón cae de forma sostenida desde 2023. Para ellos, no cerrar se vincula con cuestiones contractuales y de servicio. “El mercado y la demanda de energía son dinámicas y nuestro rol como compañía es brindar soluciones para satisfacer las necesidades energéticas del país. Si bien en un momento se habló de fechas concretas, el proceso de descarbonización responsable está sujeto a la seguridad y suficiencia del sistema eléctrico. La planta de San Nicolás sigue desempeñando un rol importante para asegurar la confiabilidad y resiliencia del sistema”, señalaron.
Para Slipak es necesario dar señales claras que apunten a una descarbonización: “Mientras no haya un plan en el que la empresa se haga cargo de la sustitución de los combustibles por otras fuentes, con la correspondiente consideración del empleo, no es transición energética, sino una adhesión energética”. Por adhesión, el experto se refirió a una diversificación de fuentes más que a un abandono.
Pese a haber reducido más de un 50% su consumo desde 2021, la central sigue siendo la segunda mayor importadora de carbón mineral de la Argentina, al menos hasta inicios del año, según datos obtenidos por LA NACION vía pedidos de acceso a la información pública y registros de UN Comtrade, el registro de comercio mundial que coordina Naciones Unidas.
AES Argentina invirtió, en los últimos años, en grandes hidroeléctricas y también en parques eólicos y proyectos de almacenamiento de energía. De acuerdo con su último reporte de sustentabilidad, de las diez plantas que tienen en el país, solo tres utilizan combustibles fósiles. Poco más de la mitad de la potencia instalada de la empresa sigue siendo fósil, en su mayoría funciona a partir de gas o diésel.
Hay un dilema en cuanto a la expansión de renovables en el país, ya que falta infraestructura clave para el transporte y la transmisión de esa energía. Durante la administración de Alberto Fernández esto había sido un compromiso a cumplir, algo que fue descartado con la llegada de Milei. En ninguna de las dos administraciones hubo políticas públicas concretas que incentivaran la salida del carbón en coordinación con el Estado.
Esa ausencia también queda registrada en documentos oficiales. Según otro pedido de acceso a la información dirigido a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y a la Secretaría de Energía, no existen “actos administrativos, planes de metas, acuerdos o cronogramas” que formalicen el retiro de la central ni su transición energética.
Mientras tanto, el carbón sigue llegando. El último dato disponible muestra que en enero de este año se importaron más de 40.000 toneladas. En el caso de AES, provienen principalmente de Colombia y de minas operadas por Drummond, una empresa basada en Estados Unidos y una de las mayores controlantes de la producción de carbón en ese país.
La discusión en San Nicolás no se agota en los compromisos corporativos. La central es investigada hoy en una causa por contaminación, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de esa ciudad, por los riesgos que su operación podría representar para la salud y el ambiente.

Los contaminantes de la planta
Según el mapa de la organización internacional Climate Trace, la central térmica de AES Argentina redujo sus emisiones de casi cinco megatoneladas de CO2 equivalente en 2021 a poco más de tres en 2025. Es todavía una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero de San Nicolás. Además de dióxido de carbono, el registro incluye emisiones de monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, carbón negro y otras partículas que podrían contener metales pesados como mercurio y plomo.
Natalia Magnani, investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, explicó que la exposición prolongada a estas sustancias puede derivar en enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. “Estos contaminantes pueden afectar los tejidos directamente, pero también combinarse con el agua”, señaló. El riesgo, precisó, no proviene solo de los gases, sino también de las partículas suspendidas liberadas tras la combustión del carbón.
“Cuanto más pequeñas, más peligrosas. Quedan suspendidas en el aire por más tiempo y penetran más profundamente en los tejidos”, explicó Magnani sobre las partículas derivadas de la combustión. Según detalló, ingresan al cuerpo principalmente por la nariz, la boca y los ojos, aunque también pueden atravesar la piel y acumularse en distintos órganos. “En nuestras investigaciones vimos que se concentran especialmente en el corazón y el cerebro, aunque también en otros órganos, lo que podría estar vinculado a distintos tipos de cáncer”, agregó.
AES Argentina aseguró que su sistema integrado de gestión “está en funcionamiento desde hace más de 15 años” y que registra series históricas sobre seguridad, salud laboral y medio ambiente. En sus reportes de sustentabilidad, la empresa sostiene que mantiene valores por debajo de los límites normados para distintos componentes derivados de la combustión. Aun así, vecinos de barrios cercanos continúan denunciando enfermedades y otros padecimientos vinculados al polo industrial.
Desde hace años, habitantes de San Nicolás sostienen que el polo industrial podría estar asociado a problemas crónicos de salud en la zona, desde casos de EPOC, asma y dermatitis hasta muertes por cáncer. Entre los antecedentes mencionados con mayor frecuencia aparece la explosión ocurrida en 2024 en Atanor, que liberó componentes nocivos sobre barrios cercanos.
“Me acuerdo que, al poco tiempo de mudarnos acá, se me declaró el asma. Tenía 7 años”, contó Iván Nappsomoza, de 34 años, vecino del barrio Saavedra, ubicado a menos de dos kilómetros de la planta. Tras la muerte de sus padres por cáncer, él y su madre iniciaron una demanda contra AES Argentina por daño ambiental colectivo. Según relató, su madre padecía carcinoma endometrial mixto, una enfermedad que sus oncólogos asociaron con la contaminación del barrio. Iván asegura sufrir asma severa y dermatitis crónica.
En una recorrida de LA NACION por la zona cercana al polo industrial predominaba un intenso olor metálico y sulfurado. Siete vecinos afirmaron que la exposición a químicos es permanente y describieron síntomas similares: problemas respiratorios, dermatitis y casos de cáncer en familiares y allegados. Fue la oncóloga de la madre de Iván quien le recomendó a Fabián Maggi, abogado especializado en causas de contaminación ambiental en ese polo industrial.
Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y querellante en la causa contra AES Argentina, remarcó la opacidad en el control ambiental sobre las empresas instaladas allí y apuntó al entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), hoy Ministerio de Ambiente, a la Autoridad del Agua bonaerense y a las estadísticas de salud.
Según el Ministerio de Salud bonaerense, los datos disponibles no muestran más casos asociados a la contaminación ambiental en San Nicolás que en otros lugares. Sin embargo, varios testimonios recopilados señalaron que fueron atendidos en hospitales de otras provincias o de la ciudad de Buenos Aires, porque a nivel local los tratamientos resultaron insatisfactorios.
“Fue después de la demanda que pudimos obtener datos de emisiones de AES. No había nada público y tampoco tenían medidores. A pesar de las múltiples sanciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los controles ambientales de la provincia son muy laxos”, sostuvo Maggi.
Pero desde la empresa niegan que los argumentos de Maggi sean verosímiles. “En relación a la causa judicial, no se demostró la validez de los alegatos. Hemos respondido en tiempo y forma a los compromisos asumidos, los cuales son superiores a los estándares ambientales exigidos por la normativa vigente”, indicaron. En los dos informes de sustentabilidad publicados por la empresa se muestran valores normales de estos químicos.
El Ministerio de Ambiente bonaerense aseguró que monitorea el Polo de San Nicolás y que su laboratorio móvil puede evaluar la calidad del aire ante denuncias. Sin embargo, no respondió sobre los cuestionamientos planteados en la causa.
Por su parte, AES Argentina se comprometió desde fines de 2024 a realizar controles semestrales en el marco de la demanda judicial. Pero el abogado Maggi denunció ante la Justicia que la empresa no habría cumplido “adecuadamente” con la presentación de información sobre el monitoreo del agua y el aire.
Consultada, la jueza María Eugenia Sormani respondió que no daría declaraciones sobre causas en curso. La investigación judicial avanza lentamente, pero la chimenea de la planta no espera, continúa activa sobre barrios que todavía reclaman respuestas.
Flavia Royón, quien fue secretaria de Energía en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y hoy es senadora, sintetizó: “AES planteaba ir bajando su huella de carbono e ir retirándose, pero eso no fue más que una charla”. No hubo una hoja de ruta pactada y la interlocución abierta para evitar despidos se fue diluyendo.
Esa preocupación sigue presente. En diciembre de 2025, Genesio reconoció la inquietud por el empleo y afirmó que no habría despidos al menos hasta diciembre de 2026 en un evento de fin de año que compartió con el secretario del sindicato de Luz y Fuerza, seccional San Nicolás, Alberto Noguera. 
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La CIDH abrió el caso por la contaminación de Porta Hermanos

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Vecinos de barrio San Antonio y FUNDEPS lograron una instancia internacional clave en su demanda ante el Estado argentino, ante la falta de respuestas de la justicia local.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión trascendental al abrir el caso contra el Estado argentino por la contaminación ambiental generada por la fábrica de la empresa Porta Hermanos, ubicada en la periferia sur de la ciudad de Córdoba. Esta resolución representa un avance significativo para las familias afectadas y para la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), quienes decidieron acudir a esta instancia internacional en busca de las respuestas que no lograron obtener en los ámbitos judiciales locales ni nacionales.
Ananda Lavayén, abogada de FUNDEPS, explica que la presentación conjunta con las vecinas nucleadas en VUDAS se realizó en el año 2024. Al respecto, la letrada señala: «decidimos acudir como a esta instancia internacional buscando respuestas que tanto en el ámbito local como a nivel nacional no hemos logrado en hasta el día de la fecha». La causa judicial, que se tramita desde el año 2016, tuvo un extenso recorrido de idas y vueltas que incluyó una llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal argentino rechazó el recurso mediante el mecanismo de certiorari, una desestimación por cuestiones formales que evitó que los jueces se expidieran sobre el fondo del asunto.
Tras una primera revisión formal de admisibilidad realizada el año pasado, la novedad actual es que la CIDH resolvió abrir formalmente la petición como un caso. Según detalla Lavayén, «pasaron esta etapa primero porque están cumplidos los requisitos y segundo porque nosotros pedimos información al Estado y nunca contestó», explica la abogada, y añade que, ante este escenario, «hay una presunción de que hay violaciones derechos humanos donde el Estado argentino no acusa recibos«.
Debido a la gravedad de la situación y a la total inacción estatal, la CIDH ha decidido analizar el expediente bajo la modalidad de tratamiento urgente. Lavayén destaca la excepcionalidad de este logro al señalar que es «uno de los pocos casos que llega a esta instancia en la Comisión Interamericana y donde particularmente se da un caso de contaminación ambiental en una zona urbana». Aunque aclara que las resoluciones de la CIDH no son vinculantes, remarca que «sí tienen un gran peso» político y jurídico.
Consultada si podía influir que el caso Porta fue nombrado entre las causas que tienen en contra los camaristas de la Cámara Federal local Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, por presuntas dádivas de la empresa, Lavayen señala: » esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación viene a dar un poco de respuestas a sentencias que nos llamaba la atención que siempre estos dos camaristas resolvían a favor de la empresa«. Al respecto, agrega: «nuestras sospechas estaban fundadas, pero ahora es una investigación que se está llevando adelante, están imputados, pero todavía no hay una condena». Para la letrada, este aspecto es crucial, ya que señaló que «la justicia adecuada, sin corrupción, también es un derecho humano«.
Mientras el proceso internacional avanza —un camino que Lavayén estima que llevará años-, la planta de Porta Hermanos continúa funcionando en el barrio San Antonio, lo que representa la mayor preocupación para la comunidad. A pesar de que a lo largo del proceso, diversos jueces determinaron que la empresa debe realizar de manera obligatoria una evaluación de impacto ambiental. No obstante, la firma se ha opuesto sistemáticamente a cumplir con este requisito en todas las instancias, una postura que ha contado con el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que tanto dentro como fuera del expediente judicial ha sostenido que la fábrica no requiere dicho estudio.
Recientemente, a principios de agosto, la Cámara Federal -sin los dos camaristas investigados- emitió una nueva resolución en la que ratificó que Porta tiene la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el tribunal realizó un fuerte llamado de atención a la Secretaría de Ambiente, advirtiendo que la planta opera únicamente bajo habilitaciones administrativas y un sistema de auditorías, omitiendo el procedimiento de evaluación ambiental que es de carácter obligatorio por ley.
La persistencia de esta situación mantiene en vilo a los habitantes de la zona y es por eso que la demanda se dirige contra el Estado argentino en todos sus niveles —nacional, provincial y municipal— por priorizar una actividad privada por sobre la salud de la población. “Muchos vecinos del barrio siguen padeciendo diversos problemas de salud derivados de la actividad de la planta y a esto se suma un peligro físico inminente: un estudio de carga de fuego realizado recientemente por las propias vecinas reveló que la fábrica posee una carga de fuego cien veces mayor a la permitida para esa zona urbana”, concluyó la letrada. Por eso, y a pesar de todo, la apertura del caso en la CIDH se presenta así como la última esperanza para revertir años de desprotección estatal y peligro socioambiental.
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Comarsa: a juicio el histórico caso de contaminación en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre la suspensión del juicio a prueba (probation), un beneficio concedido en primera instancia y revocado posteriormente por un tribunal de impugnación. 
Luego de tres intensas audiencias en las que las partes debatieron las acusaciones y el material probatorio, el juez de garantías de la ciudad de Neuquén, Juan Manuel Kees, resolvió elevar a juicio oral y público al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Al cierre de la etapa de control de acusación, el magistrado dio lugar al pedido de la fiscalía y las dos querellas. Asimismo, aceptó la mayor parte de la prueba y los testigos presentados, pero no hizo lugar al pedido de que el juicio se realice mediante un jurado popular. Con anterioridad, había sobreseído a los acusados por el delito de administración fraudulenta, argumentando distintos motivos en cada caso.

La acusación
El fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, realizó una extensa apertura de la acusación en la que describió su teoría sobre el caso y las pruebas con las que cuenta. Posteriormente, su presentación fue acompañada por las dos querellas.
Breide Obeid informó que, con el inicio de la explotación de fracking en Vaca Muerta, se multiplicó la generación de residuos petroleros. En ese período, Comarsa pasó de ser una planta de tratamiento a un predio de acopio que llegó a ocupar 17 hectáreas con residuos sin procesar. Según la acusación, la empresa entregaba certificados ficticios a las operadoras petroleras, fundamentalmente YPF, y disimulaba el pasivo en los balances. Esa operatoria contable les permitía retirar ganancias mientras los barros y líquidos tóxicos se acumulaban en un terreno que se fue ampliando y en el que se instalaron, sin autorización, piletas de grandes dimensiones sin impermeabilizar, para lo que se conseguía certificaciones parciales de la oficina ambiental de Neuquén.
“Pasó de ser una tratadora a ser una acumuladora de residuos sin capacidad de darle tratamiento real, por lo que implementó una serie de piletas que llegaron a ser 10, muchas de ellas sin habilitación”, describió el fiscal. 
Por otro lado, explicó que los 210 mil metros cúbicos de residuos que Comarsa está trasladando a la planta de disposición final de Indarsa no constituyen la totalidad de lo acumulado en la planta, son sólo los que están en la superficie. “No sabemos cuánto hay enterrado”, reiteró el fiscal, quien en audiencias previas informó que en los allanamientos habían encontrado residuos ocultos bajo la tierra.
Además, el fiscal señaló que se desconoce la calidad de las napas, ya que el estudio que la Subsecretaría de Ambiente provincial encomendó a Comarsa nunca se realizó.
Por todo eso, solicitó que el juez elevara la causa a juicio con los tres imputados por contaminación con riesgo para la salud y fraude. Debido a la importancia del caso, también pidió que el juicio se realizara con un jurado popular. El fiscal convocó a 91 testigos para el juicio, entre los que se encuentran vecinos y vecinas de la planta, técnicas, policías, empleados de YPF y funcionarios de la oficina de Ambiente provincial.
Tanto la querella de la Asociación de Abogades Ambientalistas, cuya representación estuvo a cargo de Emanuel Roa Moreno y Santiago Britos, como la de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), cuyos abogados fueron Bruno Vadalá y Pedro Perlata, acompañaron los planteos y testigos de la Fiscalía.

Las defensas
Durante la audiencia, las defensas solicitaron sobreseimientos y cuestionaron distintos aspectos de las acusaciones. Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la atribución de responsabilidades individuales dentro de Comarsa.
La defensa de HB, director de la compañía, sostuvo que, por su función como director suplente, no tenía capacidad para tomar decisiones de manera autónoma ni integraba formalmente la mesa directiva de la empresa. En ese sentido, cuestionó que pudiera atribuírsele responsabilidad por la defraudación y la contaminación producida en el predio y puso en duda que la documentación contable presentada fuera suficiente para demostrar su participación en las maniobras investigadas.
Por su parte, la defensa de JML, dueño de Comarsa, se enfocó en la acusación por administración fraudulenta. Señaló que no se había determinado con precisión quién habría sido perjudicado, ni cuál sería el monto económico del fraude y cuestionó que las empresas generadoras que contrataron a Comarsa para gestionar sus residuos no hubieran realizado denuncias por haber sido estafadas o por el incumplimiento del tratamiento contratado.
Finalmente, la defensa de FP, gerente general de Comarsa, cuestionó la falta de precisión sobre la conducta concreta atribuida a su defendido. Sostuvo que la acusación no permitía identificar qué acción específica habría realizado y, por ello, solicitó su sobreseimiento.
Los abogados de los imputados objetaron parte de la prueba testimonial ofrecida para un eventual juicio. Solicitaron excluir a dos de los autores del informe “La basura del fracking” y se opusieron a la participación de diez vecinos de las inmediaciones de Comarsa. Al respecto, la Fiscalía defendió su incorporación argumentando que podían dar cuenta de aspectos como los olores, el humo negro, los malestares físicos y otras situaciones de las que padecieron durante años en los alrededores de la planta.
Por último, las defensas se opusieron a que el eventual juicio se realizara mediante jurado popular y cuestionaron la aplicación del Acuerdo de Escazú como fundamento para esa modalidad.

La probation
En la semana, además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realizó una audiencia para analizar el recurso que presentaron las defensas, que insisten en la aplicación de una probation para suspender el proceso penal, que había sido concedida en primera instancia y fue revocada posteriormente por el Tribunal de Impugnación. Y al cierre de la jornada, se anunció que la decisión podría demorarse hasta el 5 de noviembre.
En la audiencia del TSJ, además de las partes, intervinieron los amicus curiae del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, estuvieron presentes distintas organizaciones y referentes que acompañaron el proceso como legisladores de distintas fuerzas y organizaciones mapuches, ambientales, sindicales y políticas.

Comarsa hoy: trasladar no es remediar
El avance de la causa judicial no puede separarse de lo que continúa ocurriendo en el predio. Después de años de planes incumplidos, las montañas de barros tóxicos permanecen en el Parque Industrial de Neuquén. Actualmente, y desde pocos meses después de concretarse la imputación, parte de ese material está siendo trasladado fuera de Comarsa al predio de disposición final de Indarsa en Añelo.
Los materiales acumulados durante años están siendo transportados más de 100 kilómetros sin haber sido previamente tratados en Comarsa. Toneladas de residuos peligrosos atraviesan distintas localidades antes de llegar a un nuevo destino. Este proceso, aprobado por la ministra de Ambiente Leticia Esteves, comenzó en diciembre de 2024 y debe finalizar en diciembre de 2026. Sin embargo, hasta la fecha, con más del 80 por ciento del tiempo previsto transcurrido, Comarsa sólo trasladó el 50 por ciento del material. A este material superficial hay que sumarle, además, lo que la causa demostró que fue enterrado.
Pero, como si esto fuera poco, la desaparición progresiva de las montañas del paisaje del Parque Industrial no puede confundirse con la remediación del daño, una interpretación sostenida públicamente incluso por funcionarios de ambiente.
El proceso de remediación implica tareas que no fueron incluidas en el plan que Ambiente aprobó. A la fecha, no se dio a conocer ningún programa técnico de remediación integral que aborde las afectaciones sobre el suelo, el agua y el aire del predio de 17 hectáreas de Comarsa y sus alrededores. Esto en un contexto en el que las obras de urbanización ya se ubican a menos de 100 metros de los paredones que rodean la planta.
De este modo, el publicitado traslado de los barros tóxicos que siguen contaminando y la supuesta remediación que dicen estar realizando parece ser una lavada de cara para la empresa que dejó uno de los peores pasivos ambientales de la ciudad. 

Más de 10 años de historia 
Detrás de la causa hay más de una década de organización, denuncia, investigación y acompañamiento para evitar que los residuos no tratados en Comarsa se naturalicen y queden en el olvido.
La intensidad de explotación inherente al fracking genera altos volúmenes de desechos que se enmarcan dentro de lo que la ley argentina comprende como “residuos peligrosos”. La explotación de hidrocarburos no convencionales a partir del acuerdo Chevron-YPF en 2013 generó un crecimiento exponencial de esos desechos.
En octubre de 2014 reventó una “pileta clandestina” del basurero Indarsa del Parque Industrial de Neuquén y derramó 100 metros cúbicos de un líquido espeso y negro. Posteriormente, la empresa recibió una multa de 1,75 millones de pesos, la multa ambiental más cara hasta ese momento. Ese mismo mes, se presentó públicamente la asamblea Fuera Basureros Petroleros que agrupaba a familias vecinas a la planta de Comarsa y a organizaciones que acompañaban sus reclamos. Esa organización en conjunto con Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, denunció los impactos de Comarsa.
A fines de 2015, ante la movilización del espacio Fuera Basureros Petroleros y la presión en la Legislatura provincial, el Ejecutivo firmó el Decreto N° 2263 que establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas, dando cuenta de la peligrosidad de los residuos. Esta normativa fijó dos años de plazo para que las compañías se adecuaran, período que venció en noviembre de 2017. Sin embargo, Comarsa dejó de ingresar camiones recién a mediados de 2018. Por entonces, la empresa había comenzado a construir una nueva planta en Añelo y había retirado los hornos de la de Neuquén.
Con el tiempo, ese proceso de movilización y denuncia continuó en el ámbito judicial. En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas realizó una denuncia contra Comarsa, las operadoras petroleras y los funcionarios públicos que permitieron que el desmanejo de Comarsa se sostuviera sin mayores controversias. Posteriormente, se sumó la APDH, motorizada por la idea de que el derecho a un ambiente sano es parte de la lucha de los derechos humanos de hoy.
En ese contexto publicamos “La basura del fracking en Vaca Muerta” junto a La Izquierda Diario y Taller Ecologista, un trabajo en el que sistematizamos la información sobre Comarsa que obtuvimos a partir de un pedido de informes a la oficina de Ambiente. Durante todo este tiempo, distintas organizaciones y referentes sostuvieron el seguimiento de este extenso y complejo proceso.
La persistencia de quienes denunciaron, investigaron, acompañaron las audiencias y mantuvieron públicamente el reclamo permitió que, más de una década después, la discusión sobre las responsabilidades por la contaminación de Comarsa siga abierta. El juicio será una nueva instancia en este recorrido y una oportunidad para insistir en una demanda que atravesó todo el proceso, y es que los responsables por contaminación no queden impunes.

Los temas pendientes
La elevación a juicio es un paso importantísimo en la búsqueda de justicia y en el señalamiento de que el fracking implica una profunda degradación del ambiente. Este proceso permite advertir que aún queda mucho por investigar en relación a los residuos que genera la explotación petrolera:
- Las responsabilidades de las grandes petroleras que firmaron contratos con Comarsa, como YPF y otras tantas, responsables últimas por los “residuos peligrosos” que producen, cuyo tratamiento de los residuos era a todas luces ineficiente.
- La situación de la planta de Comarsa de Añelo, que opera de manera similar a la del Parque Industrial de Neuquén.
- La inevitable connivencia de funcionarios estatales que hasta la actualidad habilitan el trabajo de este tipo de instalaciones.
- Las otras tres compañías de basureros petroleros que funcionan en la provincia: Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén (SAN).
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Cianobacterias activan alerta naranja en 17 municipios de Buenos Aires por contaminación del agua

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Buenos Aires


La presencia de cianobacterias en aguas de 17 municipios bonaerenses lleva a prohibir el ingreso a esas zonas y el consumo de alimentos de allí. Se recomienda precaución a la población.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires han declarado el estado de alerta naranja en 17 municipios debido a la detección de cianobacterias en el agua. Como medida preventiva, se prohíbe el ingreso a las aguas afectadas y el consumo de productos alimenticios provenientes de esos sectores.
El Sistema de Alerta Temprana ha señalado un aumento en la concentración de estos organismos en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar esta decisión. Los municipios afectados incluyen a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Ante esta situación, se ha establecido la bandera sanitaria, indicando un riesgo potencial para la salud. Las recomendaciones incluyen evitar bañarse en estas aguas contaminadas y no consumir alimentos provenientes de las áreas afectadas.
Los especialistas advierten que la presencia de cianobacterias puede ser identificada por la aparición de rayas, grumos o manchas verdes en el agua. Según el Ministerio de Salud, estas son organismos microscópicos que poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, siendo comúnmente conocidas como algas verde-azules. Se encuentran en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.
Además, algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas que, al ser liberadas en el agua, constituyen un problema significativo para la salud humana y el medio ambiente. Su proliferación está relacionada con el aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, así como con condiciones ambientales como altas temperaturas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es un proceso natural que se ha visto acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
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ACUMAR aprobó un plan integral de reforestación para toda la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 17/08/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Dirección General de Gestión Política y Social del organismo oficializó el Plan Integral de Reforestación (PIR), que contempla especies nativas para las zonas alta, media y baja de la cuenca y se enmarca en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en la causa "Mendoza"
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) aprobó este jueves, a través de su Dirección General de Gestión Política y Social, el "Plan Integral de Reforestación para la Cuenca Matanza Riachuelo" (PIR). La medida, oficializada mediante la Disposición 1/2026 y firmada por el director general Cristian Botana, se enmarca en el "Programa de Multiplicación de Especies Nativas, Talleres de Huerta y Mitigación de la Huella de Carbono" (MENTaHC), aprobado en 2024 por el organismo.
Según los considerandos de la norma, el plan busca dar cumplimiento a los tres objetivos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó a ACUMAR en el fallo dictado en 2008 en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios": la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición ambiental y la prevención de daños. En particular, la disposición señala que el plan se vincula con la manda judicial de limpieza de márgenes del río y con la transformación de la ribera en un área parquizada.

ACUMAR lanzó un plan integral para reforestar la Cuenca Matanza-Riachuelo
El PIR se propone, según el anexo aprobado, la "restauración integral de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR)", con foco en la recomposición del paisaje nativo, el aumento de la biodiversidad y la mejora de la calidad socioambiental. El documento detalla que gran parte de los ambientes de la cuenca se han empobrecido respecto de su fisonomía original, en parte por el avance de especies exóticas invasoras como la acacia negra y el ricino, que reducen el espacio vital de la flora nativa.
La cuenca Matanza-Riachuelo es una región hídrica de unos 2.200 km² , que mide 64 km, nace en la provincia de Buenos Aires, marca el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. El plan divide la cuenca en tres zonas con características ecológicas propias (baja, media y alta) e incluye un listado de flora autóctona apta para cada una de ellas, distribuido en árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas. Entre los sitios de intervención previstos figuran espacios verdes públicos, áreas protegidas, zonas de influencia cercanas a esas áreas, sitios de valor ambiental, arborización lineal urbana y periurbana, biocorredores viales y ferroviarios, e intervenciones institucionales y particulares, como reforestación en hospitales, clubes, escuelas o huertas comunitarias.
La norma también fija criterios de intervención que incluyen la evaluación previa del sitio, la capacitación técnica a la comunidad, la conformación de equipos de trabajo para el control de especies exóticas invasoras y la promoción de la participación activa de las comunidades locales en todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta el monitoreo.
La ejecución del plan quedará a cargo de la Coordinación de Gestión de Áreas Protegidas, con supervisión de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Territorial, ambas dependientes de la Dirección General de Gestión Política y Social.
El anexo también prevé estrategias de mantenimiento diferenciadas según el tipo de sitio, capacitaciones dirigidas tanto a equipos ya abocados a tareas de restauración como a comunidades organizadas interesadas en sumarse, y un esquema de monitoreo y seguimiento que contempla la recolección de datos ecosistémicos y sociales. La disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
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El plástico ya llegó a la alta montaña y científicos buscan medir su impacto ambiental

Fecha de Publicación: 15/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de especialistas chilenos y argentinos trabajan en un proyecto internacional que analiza la presencia de macro y microplásticos en glaciares, montañas y la Puna.
La contaminación por plásticos ya no se limita a las ciudades, los ríos o al mar, como registraron especialistas en el fondo del Mar Argentino. Un proyecto internacional que llevan adelante Argentina y Chile busca determinar hasta qué punto estos residuos llegaron a algunos de los ecosistemas de alta montaña más remotos de la región, como el Aconcagua, el Parque Nacional Los Glaciares, el Cerro Catedral y la Puna jujeña.
La iniciativa se llama “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”, comenzó en 2025 y es financiada por la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS/UNEP). 
En Argentina, el trabajo es coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través del Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur (CRBAS), con la participación de especialistas en plásticos, química y ambiente.
El objetivo es ampliar el conocimiento sobre la presencia de macroplásticos -residuos de más de cinco milímetros- y microplásticos, partículas de menor tamaño que pueden dispersarse por el aire, el agua y el suelo, incluso en ambientes alejados de las actividades humanas.

Dónde se realizó la investigación
En el país, el proyecto incluyó relevamientos en cuatro sitios piloto: el Cerro Catedral, en Río Negro; el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza; el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y las localidades de Susques y Paso de Jama, en Jujuy.
En cada uno de estos puntos se realizaron muestreos de microplásticos en cuerpos de agua y relevamientos de macroplásticos en zonas terrestres mediante transectos. Además, se desarrollaron jornadas de capacitación y sensibilización con instituciones, investigadores y comunidades locales para abordar el impacto de estos residuos sobre los ecosistemas de montaña.
La información obtenida permitirá comparar los resultados con los relevamientos realizados en Chile y contribuir al desarrollo de futuras estrategias conjuntas para la protección ambiental en ambos países.

Más información sobre la contaminación por plásticos
La última etapa del trabajo de campo se desarrolló en las localidades jujeñas de Susques y Paso de Jama, una zona estratégica por su cercanía con el paso fronterizo hacia San Pedro de Atacama, en Chile.
Durante las tareas se recolectaron cerca de 30 kilos de residuos sobre la Ruta Nacional 52, de los cuales aproximadamente la mitad correspondía a plásticos.
Además, los investigadores realizaron muestreos de agua superficial en el río Pastos Chicos utilizando redes de fitoplancton con una malla inferior a 50 micrones. En cada punto se filtraron alrededor de 200 litros de agua para detectar la posible presencia de microplásticos.
Las muestras fueron enviadas a Buenos Aires, donde serán analizadas para identificar tanto la composición de los macroplásticos recolectados como la existencia y el tipo de microplásticos presentes en el agua.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, que aportó equipos técnicos, acompañamiento territorial y logística durante las campañas de campo. También participaron la iniciativa provincial GIRSU e investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy.
Los resultados permitirán comprender mejor cómo llegan los residuos plásticos a ecosistemas considerados remotos y aportar información científica para fortalecer las políticas de conservación en la región andina.
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Presentan una demanda judicial para anular el acuerdo entre Chubut e YPF

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Nacional


Es un amparo colectivo contra la ley que libera a la petrolera de responsabilidad ambiental. Lo presentaron un vecino y una Asociación Argentina de Abogados, con duros cuestionamientos a la ley que ratificó el convenio. Al recurso lo analizará la Justicia Federal. 
Jorge Spíndola, vecino de Comodoro Rivadavia, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, representada por su presidente Enrique Viale, promovieron una acción de amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional, YPF SA y la Provincia del Chubut, para que se declare la nulidad del Acta Acuerdo firmada el 26 de junio entre la Provincia e YPF, ratificada por la Ley XVII N° 166. También se solicitó la citación como tercero de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Según recordó el parte de prensa, la ley aprueba la transferencia de las concesiones de explotación de las áreas El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, y libera a YPF de toda responsabilidad pasada, presente y futura por los pasivos ambientales generados en más de cien años de explotación petrolera en esas áreas.
A cambio, la petrolera se comprometió a una compensación de USD 25.000.000 y a la donación de vehículos y terrenos, mientras que la Provincia asumió a su cargo cualquier contingencia futura derivada de esos pasivos.
El texto incorpora, además, sin fundamentación específica ni contraprestación asignada, la liberación de responsabilidad sobre el área marina Restinga Alí, donde según el padrón oficial de la Secretaría de Energía de la Nación se contabilizan 560 pozos, más de un tercio de los cuales no registra estado de abandono.
Como principio, se sienta en la demanda que el acuerdo entre Chubut e YPF violenta de modo flagrante el orden público ambiental consagrado y garantizado constitucional y convencionalmente.
Entre otros puntos se cuestiona la falta de una auditoría ambiental independiente, ya que el estudio en que se basó el acuerdo fue encargado y pagado por la propia YPF sin control técnico del Estado provincial.
Se suman la contradicción con las propias disposiciones administrativas de la Secretaría de Ambiente del Chubut, que reconocen que aún restan relevarse pasivos ambientales "no individualizados" en las áreas involucradas.
La presentación agrega la falta de participación ciudadana previa a la firma del acuerdo, en violación de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
También el riesgo sanitario de los miles de pozos inactivos o mal sellados dentro del ejido urbano, algunos ubicados bajo viviendas, asociados a la exposición a sustancias como benceno, tolueno y xilenos.
El recurso advierte sobre la inclusión del área marina Restinga Alí, sobre la que —según los demandantes— no existe auditoría específica ni acto administrativo que respalde la liberación de responsabilidad, pese a tratarse de un bien de dominio público inalienable.
Los demandantes consideran que se pactó una compensación arbitraria e insuficiente frente al costo real de remediación: solo el sellado definitivo de los pozos abandonados en el ejido urbano de Comodoro —donde hay 6.000 pozos, de los cuales cerca de 3.700 fueron catalogados como abandonados y 1.700 como inactivos— podría demandar entre USD 240 y 740 millones, según las estimaciones incluidas en el escrito.
Se cita como parámetro de comparación, el acuerdo alcanzado entre YPF y Santa Cruz, que contempló un resarcimiento de USD 335 millones junto con un plan de remediación obligatorio.
También se cuestiona la absoluta ausencia en el Acta Acuerdo del Estado Nacional responsable de importante proporción del pasivo ambiental.
Además de la nulidad del Acta Acuerdo y, como consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley provincial que la aprueba, la demanda solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional por los pasivos ambientales anteriores al 31 de diciembre de 1990 y de YPF por los posteriores a esa fecha.
Como medida cautelar urgente, se pidió la suspensión de los efectos del acuerdo y de la ley que lo ratifica, la prohibición de ceder las concesiones a terceras empresas mientras dure el proceso, y la prohibición de realizar operaciones de sellado o abandono de pozos sin notificación previa a la parte actora, a fin de preservar la prueba sobre el estado real de contaminación.
A Spíndola lo patrocinan José Raúl Heredia, Alfredo Pérez Galimberti, Estrella Gerez, Alejandro Fernández Vecino, Eduardo Acevedo, Verónica Heredia, Eduardo Hualpa y Marco Castro.
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La cruda revelación de Irrigación sobre la contaminación en los cauces de agua de Mendoza: “La basura está en todos lados”

Fecha de Publicación: 10/08/2026
Fuente: Portal NDI
Provincia/Región: Mendoza


El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli advirtió sobre las consecuencias de arrojar desechos en los canales de riego. Además, habló de los vuelcos industriales en el Pescara.
El estado de los canales de riego de Mendoza volvió a estar bajo la lupa. En las últimas horas el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, hizo un análisis sobre los vuelcos industriales y la acumulación de basura en los cauces de agua. En ese sentido, lanzó una dura advertencia.
En ese contexto, el canal Pescara aparece como uno de los puntos bajo seguimiento del organismo, que ya aplicó multas y clausuras a establecimientos por la contaminación de sus efluentes.

Marinelli advirtió por la contaminación de los cauces
Marinelli explicó que “los vuelcos industriales son localizados, pero la basura en cauces es permanente y en todos lados, en todos los cauces de riego” de Mendoza.
El funcionario señaló además que el problema alcanza a los cauces aluvionales, que pueden arrastrar grandes cantidades de residuos cuando se producen lluvias intensas. Esa basura puede avanzar por la red de riego y terminar afectando las tierras productivas. “El agua degradada por la basura en su recorrido llega en muchos casos a las tierras productivas porque se cuela en la red secundaria“, advirtió Marinelli.
Si bien Marinelli recordó una campaña realizada junto con los municipios para advertir sobre el impacto de los residuos que se arrojan en el área metropolitana, también anticipó que Irrigación volverá a impulsar esa campaña para generar conciencia sobre el impacto que tiene arrojar residuos en los cauces de riego.
“Esa basura que se tira en el área metropolitana luego vuelve, vuelve en las verduras que se consumen en la ciudad que provienen del campo y que fueron regadas con agua degradada por la basura en cauces de riego“, explicó el superintendente de Irrigación.

La situación de los vuelcos industriales en el canal Pescara
Según explicó Marinelli, unas 70 empresas están conectadas al Pescara y deben contar con sus propias plantas para minimizar los parámetros de contaminación de los efluentes. Cabe resaltar que dicho cauce atraviesa buena parte del cinturón industrial del oasis Norte de Mendoza y recibe los efluentes de numerosas actividades que utilizan agua en sus procesos.
“En Irrigación hemos hecho un registro y la calidad del ducto al que se conectan es pésima, por lo tanto, venimos de forma permanente poniendo multas“, afirmó Marinelli. En ese marco, recordó el caso del frigorífico San Javier, aunque no es el único establecimiento sancionado. También fueron multadas una papelera y una bodega, mientras que Irrigación continúa realizando inspecciones sobre los establecimientos.
En el caso de San Javier, el organismo clausuró el punto de vuelco. El establecimiento continúa trabajando, pero actualmente debe retirar sus efluentes mediante camiones. El funcionario señaló que la sanción se determinó de acuerdo con la gravedad de la contaminación y que las multas aumentan conforme al incumplimiento del establecimiento.
“La idea no es recaudar, sino que no baje la calidad del agua y que la empresa invierta en un sistema de saneamiento“, explicó Marinelli.
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Comodoro Rivadavia demandará a YPF por los pasivos ambientales que dejó la actividad petrolera

Fecha de Publicación: 07/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Chubut 


La Municipalidad presentará una acción judicial para que una prueba científica independiente establezca si la petrolera cumplió con la obligación constitucional de recomponer los daños ambientales. La carta.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que en los próximos días promoverá una acción judicial contra YPF para que la Justicia determine, mediante pruebas científicas independientes, si la empresa cumplió con la obligación constitucional de recomponer los pasivos ambientales generados durante décadas de actividad hidrocarburífera dentro del ejido urbano.
A través de un comunicado, el municipio sostuvo que, si bien reconoce el papel histórico de la petrolera en el desarrollo de la ciudad y del país, “esa misma historia tiene otra cara que ya no puede seguir siendo postergada”.
Según el documento, la explotación petrolera dejó “pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados, restricciones al uso del territorio y numerosos pasivos ambientales cuya recomposición integral aún constituye una cuestión abierta”.

La demanda buscará determinar si hubo recomposición ambiental
Desde la Municipalidad afirmaron que la decisión se basa en información documentada durante años mediante expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono y programas de remediación.
“No se trata de afirmaciones retóricas. Se trata de hechos documentados durante años por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono, programas de remediación y actuaciones de organismos públicos”, señalaron.
Asimismo, sostuvieron que la propia documentación elaborada por YPF demuestra que “numerosos sitios continúan siendo objeto de monitoreo, evaluación, saneamiento o programas de intervención”, lo que, a su criterio, confirma que la problemática requiere una respuesta integral.
Por ese motivo, el municipio explicó que acudirá al Poder Judicial para que determine si la obligación constitucional de recomposición ambiental fue efectivamente cumplida.

También presentarán el caso ante la CNV
Además de la demanda judicial, la Municipalidad informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según argumentó, considera que la controversia resulta “objetivamente relevante” para una empresa que participa del mercado de capitales argentino e internacional y que asumió compromisos públicos en materia de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
El comunicado aclara que la decisión “no constituye un acto de confrontación”, sino “el ejercicio responsable de las competencias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica Municipal confieren al Municipio”.

El municipio cuestionó el acuerdo entre YPF y Chubut
La Municipalidad también sostuvo que el acuerdo firmado entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve la controversia ambiental.
Según indicó, ese convenio “no puede producir efectos respecto de derechos colectivos cuya tutela corresponde también al Municipio ni extinguir una obligación constitucional de orden público como es la recomposición del daño ambiental”.
En ese sentido, agregó que “la Constitución Nacional no autoriza reemplazar la recomposición efectiva del ambiente por una compensación económica cuando subsisten dudas razonables acerca de la restauración integral de los sitios afectados”.

Convocatoria al diálogo con la petrolera
Pese al anuncio de las acciones judiciales, el municipio aseguró que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución institucional con la empresa.
“Todavía es posible abrir una instancia de diálogo institucional serio, transparente y técnicamente fundado que coloque en el centro la recomposición efectiva del ambiente y no la discusión acerca de quién debe asumir esa obligación”, expresó.
El comunicado concluye señalando que “YPF tiene hoy la oportunidad de demostrar que su compromiso con la sostenibilidad no se limita a declaraciones, reportes o instrumentos financieros” y que la Municipalidad ejercerá “todas las acciones administrativas, judiciales e institucionales que resulten necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
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Vecinos de Salta denuncian que un pozo petrolero mal cerrado arrasó todo un ecosistema y los dejó sin su modo de subsistencia

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Salta


Señalan que sale gas permanentemente y que se formó una pequeña laguna de una sustancia aceitosa en medio de un bosque. Algunos tuvieron que irse y perdieron desde cabezas de ganado hasta sus hogares
Un pueblo de Salta en medio del bosque previo a las yungas cambió por completo desde hace tres años a partir de un pozo petrolero en la zona que dejó de ser explotado y que, aseguran, se cerró de manera incorrecta. Esto derivó en una contaminación constante del aire producto de una fuga de gas que brota desde el suelo y la formación de una laguna con una sustancia aceitosa, que provocaron la contaminación del suelo y la muerte de cientos de cabezas de ganado, principal actividad con la que subsistían los habitantes de la zona, quienes tuvieron que mudarse.
Los pobladores de Lomas de Olmedo, ubicado a unos 260 kilómetros al noreste de la ciudad de Salta, comenzaron a reclamar hace más de dos años por gas que sale sin parar desde el suelo y por la formación de una suerte de laguna con una sustancia aceitosa en una zona boscosa. Esta situación afectó a unas 20 hectáreas de un ecosistema particular, por tratarse de una zona de transición entre dos ecorregiones diferentes.
Desde 1983 hasta la actualidad, pasaron seis empresas que explotaron ese pozo petrolero. La última lo hizo hace tres años, pero tanto las personas que vivieron hasta hace un tiempo en el área como Greenpeace denuncian que, tras cesar la explotación, el yacimiento se cerró incorrectamente y eso derivó en la situación actual.

Vida interrumpida
La población de Lomas de Olmedo subsistía, sobre todo, en base a la ganadería. Pero todo cambió desde que comenzaron las fugas: se contabilizaron más de 350 animales muertos en tres años, sin contemplar la fauna silvestre, y la contaminación del entorno fue tal que muchos tuvieron que abandonar el lugar.
Al no contar con otros ingresos, algunos tuvieron que mudarse a otros lugares, como Pichanal (a unos 80 kilómetros), y volver diariamente a Lomas de Olmedo a mantener las pocas cabezas de ganado que quedaron en pie. Esto no es un simple trayecto porque demanda recorrer caminos rurales que son difíciles de transitar, que se complican todavía más si llueve.
El problema es por partida doble: pobladores que deben mudarse y cambiar su modelo de subsistencia, además de un retroceso del bosque nativo.
Vecinos que dialogaron con TN pero pidieron no ser identificados afirman que se sienten abandonados porque, en algunos casos, se está perdiendo diariamente el esfuerzo de tres generaciones de lugareños de la zona, que viven de la ganadería y no tienen otra manera de subsistir.
Desde el comienzo de las fugas, hace tres años, los animales fueron los principales perjudicados. Al principio, la mayoría pensaba que se trataba de alguna enfermedad, pero conforme iban aumentando las fugas del pozo se dieron cuenta que el problema era mucho más grave.

El “Chernobyl argentino”
El biólogo Matías Arrigazzi forma parte de Greenpeace y fue uno de los testigos directos de la situación en Lomas de Olmedo. El relevamiento de la zona se hizo difícil, recordó, porque el aire está totalmente viciado: “Tenés que ir saliendo y entrando porque no se puede respirar”.
El entorno es tierra arrasada: tierra anaranjada y una laguna aceitosa que va cambiando de color, con predominio de tonos amarillos, hacen que la zona sea irreconocible. Estas anomalías le valieron a la zona ganarse el mote de “Chernobyl argentino”, una de las primeras cosas que sintió el equipo de la ONG que se dirigió al lugar.
Arrigazzi relató que el ruido que provoca la salida del gas desde el suelo es casi ensordecedor y que esto varía según las condiciones atmosféricas: “Cuando baja la presión atmosférica, aumenta el chorro de salida, el gas sube con más fuerza y en ese momento no se puede respirar. El ruido es ensordecedor”.
De todos modos, describió que lo más impactante es una “lluvia aceitosa” que cae luego de que el gas inunda el ambiente, formando un círculo nocivo para el ecosistema: “Eso se deposita en el suelo y en las plantas, que se cubren también de tierra y hacen que los árboles pierdan su color. Y, por estar cubiertos, no pueden fotosintetizar y terminan muriendo de pie”.

Ecosistema único
Las 20 hectáreas de bosque nativo forman parte de una región de transición. Según explicó Arrigazzi, se trata de un pase natural del Chaco seco a la selva pedemontana previa a las yungas. Por eso el objetivo, además de buscar responsables y cerrar correcta y definitivamente el pozo petrolero, es intentar que el bosque pueda resurgir.
“En ese sector se da la fusión de dos ecosistemas que generan una particularidad única, que cuenta con especies endémicas (que no están en otra parte del mundo), y que es prioritario para la conservación a nivel provincial y un área importante para la conservación de aves a nivel internacional”, detalló el biólogo. Y sumó que en esa región “hay especies amenazadas como el ocelote, la corzuela o el pecarí”.
Los registros sobre la flora hechos por el equipo arrojaron que los bosques siguen siendo resilientes, pero cada día que pasa sin remediarse el ambiente es crucial porque le va sacando posiblidades al ecosistema para que se recupere correctamente: “Encontramos brotes, pero salían y morían jóvenes, y nunca llegaban a ser plantas maduras. Cada día que pasa, aumenta la probabilidad de que el daño sea irreversible”.

Volver a la normalidad
“Animal que cruza por ahí, animal que se muere. Es triste, muy triste”, afirmó uno de los pobladores, para sumar que ya vio morir vacas, quirquinchos y corzuelas: “Ni siquiera se puede pasar”.
“Nos pidieron que nos vayamos a dormir a otro lado porque la concentración de gas es mayor a la noche, así que nos tenemos que ir todos los días. Es un sacrificio más del que ya tenemos”, detalló otro lugareño. Por eso, el pedido a esta altura es unánime: que cierren correctamente el pozo para retomar sus vidas cotidianas. “No estamos pidiendo nada de otro mundo, queremos que se cierre el pozo para volver a vivir tranquilos y que se dejen de morir los animales y las plantas”, afirmó.
En octubre del 2025, en el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Penal de Pichanal en la que, a su vez, se lleva a cabo una actoría civil ambiental, realizaron una inspección ocular en la zona la titular de esa Fiscalía, María Sofía Fuentes, la fiscal civil Marcela Fernández y el juez Gustavo Ramiro Morizzio, del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán.
Dos meses después, a principios de diciembre del año pasado, el gobierno salteño declaró, a través del decreto 826/25 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, la caducidad de la explotación a President Petroleum S.A., la última firma que trabajó sobre el área. En la normativa, también se dispone que el área de explotación no convencional de hidrocarburos, denominada “CNO-8 ‘Puesto Guardián’”, pase a manos del Estado provincial, “con todas las instalaciones, pozos, mejoras y demás elementos afectados a la actividad”.
En tanto, el mismo decreto faculta al entonces Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable (hoy, la cartera es de Producción y Minería) a “suscribir los acuerdos necesarios para establecer una operación de mantenimiento y resguardo de emergencia, a los fines de asegurar la continuidad operativa, ambiental y de seguridad” respecto del área en cuestión. TN realizó consultas con el Ministerio de Producción y Minería provincial para conocer cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevaron adelante los acuerdos para los que está facultado, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas.
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Atanor y sus agrotóxicos se van de San Nicolás: enfermedad, organización vecinal y complicidades

Fecha de Publicación: 31/07/2026

Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Buenos Aires


Después de veinte años de lucha, vecinas y vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás lograron que la multinacional Atanor se fuera de la ciudad. La empresa acumula seis causas en tribunales, probados hechos de contaminación, afectación de la salud y complicidades políticas y judiciales. Dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental que provocó?¿Quién se hará cargo de la remediación ?
Gabriel Godoy salió de su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y vio los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones. Era el 4 de junio y, así, confirmaba que la multinacional comenzaba a abandonar la ciudad. La escena se daba en las mismas calles donde en marzo de 2024, tras la explosión de un reactor de atrazina dentro de la planta, había visto llover ‘polvo’ blanco sobre casas y veredas; el mismo barrio donde durante años convivió con olores nauseabundos y un aire por momentos irrespirable. Por todo eso, se subió a la moto y siguió a los camiones con tambores durante varias cuadras mientras gritaba “¡Fuera Atanor!”.
“Ahora lo pienso y me parece una pavada pero en el momento sentí tanta satisfacción —cuenta Godoy a Tierra Viva—. Cuánta gente nos decía: ‘No le van a ganar porque son poderosos’. Hoy vemos cómo están desmontando la planta y sentimos que es un momento histórico”.
Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa.
En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba) y otra en Pilar (Buenos Aires). La tercera estaba en San Nicolás. Allí, la empresa producía glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.
Después de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la explosión de 2024, Atanor comenzó a desmantelar la planta en San Nicolás en junio pasado.
La noticia más reciente es que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de la empresa en el marco de una de las causas por contaminación. En ese expediente también están imputados funcionarios bonaerenses.
El desmantelamiento abre una nueva etapa: determinar cuál es la dimensión real del impacto ambiental provocado por décadas de actividad, qué tareas de remediación serán necesarias y quién o quiénes serán responsables de llevarlas adelante.

Tres décadas de contaminación
Godoy vive en el barrio Los Fresnos desde antes de 2000, a pocos metros de la planta. Su primer recuerdo de los problemas ambientales asociados a la fábrica se remonta a la década del 90, cuando una nube amarillenta cubrió la zona. “Dijeron que era cloramina (mezcla de amoniaco con cloro), pero no teníamos idea de lo que era la contaminación. No había formación sobre temas ambientales y pasó como un evento más”, recuerda.
Mientras crecía la discusión sobre el impacto de los agrotóxicos, vecinas y vecinos comenzaron a investigar qué ocurría en los alrededores de la planta. Una de esas tareas fue la elaboración del llamado “Mapa de muerte”, un relevamiento popular que registró más de 200 personas fallecidas por cáncer alrededor de la fábrica.
En la madrugada del 20 de marzo de 2024, las personas que viven alrededor de la planta escucharon una explosión e inmediatamente les comenzaron a arder los ojos y la garganta. Durante horas no recibieron ninguna comunicación, pero al salir a la calle vieron el fuego y la “lluvia” de unas partículas blancas que —luego supieron— era atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida. El explosión fue precisamente en uno de los reactores que fabricaba este agrotóxico.
“Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de ‘nieve’ enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua. Acá no podemos tomar de la canilla porque hace muchos años sabemos que está contaminada”, cuenta Miriam González, vecina del Barrio Química que como Los Fresnos, es lindante a la planta.
González, que hoy tiene 69 años, vive en este lugar desde hace medio siglo. Al igual que Godoy, también recuerda la “nube amarilla” de mediados de los 90 y las primeras veces que sintió olor nauseabundo: “Primero fue ese olor ácido, como a podrido. Pero después empezaron los dolores de cabeza, las náuseas, mucha gente con conjuntivitis, y comenzaron a aparecer los casos de cáncer de colon, esófago, mamas, y se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra”, describe.
La mujer no está ajena a ese impacto: “Ya voy por la quinta operación del riñón porque mi organismo genera cálculos. Los médicos no saben decirme por qué me pasa esto”, señala.
Durante años, la respuesta que recibieron fue similar a la que suelen escuchar quienes denuncian conflictos ambientales: que estaban en contra del trabajo. Atanor era una fuente laboral importante para la zona y el conflicto quedó atravesado por una tensión entre la necesidad de empleo frente al derecho a vivir en un ambiente sano.

Las causas judiciales
En 2009, trabajadores de la empresa denunciaron enterramientos de residuos peligrosos y vuelcos clandestinos de efluentes líquidos hacia las barrancas del río Paraná; esto fue comprobado en varios estudios posteriores.
“Esta denuncia, presentada en el fuero penal de la Provincia, fue el puntapié inicial. De ella derivó el amparo ambiental —la segunda causa, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense— y que, tras doce años de litigio, terminó con una condena a la empresa para recomponer el ambiente y pagar una multa. De ese mismo expediente también surgió la orden de relocalización”, explica el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
La tercera denuncia, que está en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, fue por infracción a la ley de residuos peligrosos, atentado a la salud pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En esta tenemos la noticia reciente de las fechas del llamado a indagatoria a Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Lluy y Angel Vergara del Carril, todos directivos de Atanor, y falta que se confirme la fecha las audiencias de los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también están imputados”, detalla Maggi.
Y continúa: “Después tenemos una cuarta causa penal en la Provincia por la explosión del reactor de atrazina, que tramita en el Juzgado Correccional 3 de San Nicolás y en la que también fueron citados a indagatoria directivos de la empresa. Además, hay otra causa civil en el Juzgado Civil y Comercial 3, iniciada por la construcción de la planta de atrazina granulada. Esa obra se realizó en 2019, mientras seguía vigente el amparo ambiental, y fue precisamente esa planta la que terminó explotando”.
“También está en curso una investigación por la impugnación de los Certificados de Aptitud Ambiental, la sexta causa, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 1. A eso se suma la presentación que vecinas, vecinos y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reclamo que actualmente se encuentra en trámite”, explica Maggi.

Batalla ganada, batallas pendientes
“Hace unos días salí al patio y vi unos pajaritos. Durante muchos años no hubo aves. Me sentí feliz. A la vez, pensé en la gente de los barrios donde se va a ir la planta. Por otro lado, hay vecinos que me dicen que se quedaron sin trabajo por mi culpa y eso me pone mal, porque la lucha para que Atanor deje de contaminar fue también para que ellos no se enfermen”, reflexiona Miriam González.
Después de la explosión la planta fue clausurada y nunca reabrió. En parte por decisiones judiciales, en parte porque la propia empresa definió relocalizar la producción en sus otras plantas.
“A veces decimos que tuvimos la ‘suerte’ de que pase la explosión pero es contradictorio porque nos enfermó a todos. Cuesta demostrar que lo que uno dice es verdad, pero en un momento los hechos nos dieron la razón y como uno viene sembrando —a veces en la soledad, otras en el desconcierto— lo logramos”, dice.
Mientras la empresa desmantela la planta, Maggi explica que la tarea actual es la de “caracterización del pasivo ambiental”: “Es una etapa fundamental en la que se tiene que establecer cuál es la real dimensión de esa contaminación. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua vienen minimizando el impacto”, denuncia.
El abogado describe que estudios recientes demostraron que durante el desarme hubo nuevos hechos de contaminación provocados por la empresa: “En esto hay una responsabilidad directa y exclusiva del Estado que cede a las presiones de Atanor que termina manejando y gestionando estos pasivos ambientales de la peor manera ”, sostiene.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ambiente bonaerense no respondió las consultas realizadas sobre los trabajos de fiscalización, estudios para medir el impacto y responsabilidades. Tampoco la empresa respondió las consultas por ninguno de los canales de comunicación.
En este contexto, las y los vecinos saben que el desmantelamiento de la planta no es final. “Es una gran victoria, pero ahora hay que lograr la remediación del lugar porque sabemos que la contaminación durará por años. También tenemos que evitar que se instale este tipo de empresas —afirma Gabriel Godoy y añade con orgullo—. En ese sentido, que como pueblo hayamos logrado que se vaya Atanor es un buen precedente”.
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Basura en el Mar Argentino: científicos encontraron casi 30 tipos de residuos y el fondo continental es un “sumidero irreversible”

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Una investigación desarrollada en tres cañones submarinos determinó que la gran mayoría de los desechos son plásticos. Piden reforzar la prevención para evitar que se sigan acumulando.
El buque Falkor too, desde donde se transmitió la expedición Talud Continental IV que atrapó a todo el país mostrando criaturas marinas durante varias semanas, no se limitó solamente a la exploración de especies en el fondo continental argentino. El mismo barco se usó para registrar los múltiples tipos de residuos que se encuentran en el lecho marino argentino y que, por su ubicación, convirtieron al área en un “sumidero irreversible”.
Los datos surgen de una investigación llevada a cabo por 26 científicos y publicada en la revista de oceanografía y biología marina Frontiers in Marine Science. El artículo se denomina “Acumulación de residuos antropogénicos en aguas profundas de la Argentina: la evidencia de un sumidero irreversible” y en él también se muestran imágenes en alta definición de la basura encontrada, tomadas gracias al ROV SuBastian que también su usó para mostrar la biodiversidad marina durante el streaming del Conicet.
En total, se registraron, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, 29 tipos de residuos tras un relevamiento de 55,6 kilómetros del lecho marino distribuidos en diversos cañones submarinos ubicados en aguas argentinas. La mayoría de ellos, especificó en diálogo con TN la investigadora Melisa Fernández Severini, que fue parte del equipo de trabajo, se concentró en el área de los cañones de Colorado-Rawson.
“Los elementos predominantes fueron plásticos representados por bolsas, envoltorios y recipientes, seguidos por artes de pesca (líneas, sogas y redes). También se observaron otros objetos, como prendas de vestir de tela y de goma, y una cinta VHS”, detalló quien integra el Instituto Argentino de Oceanografía (Iado - Conicet) y es directora del Grupo de Investigación en Química de Ambientes de Transición, en Bahía Blanca.
La mayoría de artículos de plástico encontrados, resaltó, “coincide con los patrones globales reportados para ecosistemas bentónicos profundos, donde este material representa la categoría de basura más persistente y extendida”.
Esos patrones globales mencionados por la investigadora son reflejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plástico en los océanos y si no se toman medidas, esta crisis podría triplicarse hacia 2040.

Irreversible
El título del artículo que publicó Fernández Severini junto a otros 25 investigadores de la Argentina, Uruguay y Estados Unidos remite a una situación irreversible en el fondo marino argentino.
La científica explicó que se basaron en “tres argumentos principales” para catalogar la situación de esta manera. Las zonas casi inaccesibles donde se alojan los residuos, la persistencia de los mismos en el tiempo y su impacto sobre la biodiversidad explican por qué el lecho marino argentino es un “sumidero irreversible”.
“Las zonas donde se hicieron los estudios presentan corrientes que favorecen la acumulación de sedimentos y material externo, incluso la basura. En ausencia de luz y oxígeno, tanto los plásticos como las artes de pesca pueden quedar en el ambiente por décadas o siglos, provocando la destrucción de hábitats y daños físicos prolongados. Los plásticos pueden ser ingeridos de manera involuntaria por los organismos”, agregó.
Estas razones hacen que la eliminación natural de estos residuos sea casi nula y que por las profundidades alcanzadas por esos residuos (entre 1000 y 4000 metros, especificó la investigadora) tampoco sea posible hacerlo de manera manual: “No existen tecnologías viables ni escalables para la remoción de residuos a las profundidades relevadas”.

Fuentes de contaminación
Consultada sobre los orígenes de los residuos, la científica indicó que no hay una única fuente y que tampoco es local.
Al tratarse de una zona tan compleja, la basura puede provenir de muchas fuentes tanto marinas como terrestres: “Los cañones submarinos actúan como conductos que canalizan material desde la plataforma continental hacia las profundidades. La basura detectada en el mar Argentino puede tener origen tanto en actividades desarrolladas en el país como en otras regiones del Atlántico Sur”.
Estos múltiples orígenes plantean un desafío a la hora de pensar en, al menos, reducir la cantidad de residuos en el lecho marino. En ese sentido, Fernández Severini dijo: “Requiere un abordaje integral. Implica, por un lado, políticas nacionales en gestión de residuos y regulación de la actividad pesquera. Y por otro la coordinación a nivel internacional, porque una parte significativa de la basura puede provenir de la navegación y de la pesca en aguas internacionales”.

Prevención
La finalidad del trabajo es establecer una base sobre la situación del “mar profundo argentino”, dijo Fernández Severini, para diseñar políticas que apunten a su conservación.
Si bien consideró que eliminar por completo los plásticos del océano es “un objetivo lejano”, se puede ir hacia una reducción significativa de las fuentes que aportan esos contaminantes al ecosistema.
Mencionó por caso al Tratado Global de Plásticos, una herramienta que aún no logra consensos a nivel internacional a pesar de que se viene discutiendo hace años: “Si logran establecer metas vinculantes para reducir la producción de plásticos de un solo uso, mejorar la gestión de residuos a nivel global y regular los materiales utilizados en la pesca y la navegación, tendrán un impacto directo en la cantidad de basura que finalmente alcanza el lecho marino”.
De todos modos, aclaró que el consenso actual en el ámbito científico internacional es que la prevención debe ser la primera opción ante esta problemática para que dejen de depositarse residuos en el lecho marino, por sobre posibles intentos de remover los que ya están allí.
Se trata de un problema global, por lo que requiere soluciones en la misma medida, indicó la científica. Y afirmó que “la única manera efectiva de proteger el mar profundo argentino es evitar que continúe ingresando basura”.
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