Crespo: amparo colectivo por presunta contaminación de arroyos y afectación a la salud

Fecha de Publicación: 20/06/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Vecinos denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles en la ciudad. Los análisis de laboratorio indican la presencia de tóxicos en dos cursos de agua.El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, encabezó este miércoles una audiencia clave en el marco del amparo ambiental colectivo presentado por un grupo de vecinos de Crespo, quienes denunciaron presuntos daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia del uso de agua de arroyos contaminados para el riego de calles de tierra en la ciudad.
Durante la audiencia, el magistrado escuchó a todas las partes involucradas y, si bien aún no resolvió sobre el fondo del planteo, decidió mantener vigente la medida cautelar que prohíbe esta práctica, mientras se avanza con la producción de nuevos informes técnicos y se exploran alternativas para dar una respuesta integral al problema. 

Lo que piden los vecinos
Los vecinos, representados por Luciano Lell y Maximiliano Pérez Viecenz, acompañados por el asesor técnico Alcides Alanis, solicitan mediante el amparo que se ordene al Municipio de Crespo:
-Cesar el riego de calles con agua extraída de arroyos que contendrían efluentes cloacales sin tratamiento.
-Reparar y poner en funcionamiento el sistema cloacal mediante sus estaciones elevadoras.
-Diseñar y dar a conocer un plan de mantenimiento de dichas estaciones.
-Implementar un Plan de Saneamiento con participación ciudadana para recomponer los cursos de agua contaminados. 
Según se detalló en el expediente, los análisis de laboratorio adjuntados como prueba indican la presencia de coliformes totales y Escherichia coli en las descargas cloacales vertidas en los arroyos Hondonada de la Cruz y S30052, afluentes del arroyo Espinillo. Los vecinos señalaron que esta situación no solo compromete el ambiente, sino también representa un riesgo directo para la salud pública. 

Participación de autoridades y organismos
En la audiencia estuvieron presentes representantes del Municipio, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, de Fiscalía de Estado, y del Ministerio Público Fiscal. Entre los participantes se encontraban la viceintendenta Jacinta Eberle (a cargo del Ejecutivo), los abogados municipales Lilian Caballero y Francisco Ferrer, así como funcionarios provinciales como María Valdez, Osvaldo Fernández y Andrea Pérez, entre otros.
El juez Vergara mostró especial interés en los detalles técnicos del caso y promovió el diálogo entre las partes para avanzar hacia posibles soluciones consensuadas. También hizo hincapié en la necesidad de informes imparciales y verificables, para lo cual destacó el rol técnico de la Secretaría de Ambiente y la intervención del Ministerio Público.

El estado del sistema cloacal
Desde el Municipio, se reconocieron los problemas de infraestructura y se indicó que se está en proceso de búsqueda de financiamiento a nivel provincial y nacional, ya que los recursos locales no serían suficientes para encarar las obras necesarias. Los vecinos, por su parte, insistieron en la necesidad de contar con garantías concretas sobre la ejecución de los trabajos prometidos, publicó Paralelo32.
Los arroyos involucrados en la denuncia forman parte de la cuenca alta del arroyo Espinillo, que alimenta al arroyo Las Conchas, el cual a su vez desemboca en el río Paraná. Cabe recordar que, a fines de 2024, se registró una importante mortandad de peces en esta zona, lo que motivó la intervención del equipo de Fiscalización Ambiental de la provincia y el hallazgo de una “gran carga de materia orgánica” en el agua.

Lo que sigue
El juez Vergara se retiró a deliberar sobre las distintas posiciones presentadas y en los próximos días podría emitir una resolución sobre el amparo colectivo. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente, prohibiendo el uso de agua de arroyos para el riego de calles sin pavimentar, hasta que se esclarezca la situación y se implementen medidas correctivas.
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Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense

Fecha de Publicación: 19/06/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés. 
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta. 
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

Fecha de Publicación: 16/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


El registro científico de la contaminación de los cursos de agua de Entre Ríos que desembocan en el Paraná se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental
Encontrar en uno de los arroyos que desembocan en el río más importante de Argentina la concentración con glifosato más alta de Sudamérica, debería encender alguna alarma que derive en acciones urgentes. Por esa razón, el grupo de científicos que realizó éste y otros descubrimientos preocupantes en relación a la contaminación extrema de los cursos de agua que confluyen en el río Paraná, fueron divulgados recientemente en una revista científica y en un foro internacional de salud socioambiental.
Tal como lo vienen haciendo desde hace años, el biólogo Rafael Lajmanovich junto a un equipo de científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali), realizaron nuevos estudios que confirmaron la contaminación extrema de cuatro cursos de agua ubicados en Entre Ríos y que desembocan en el río Paraná.
Las conclusiones que fueron recientemente publicadas en la revista científica Water Environment Research, se presentaron ante el auditorio del VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se desarrolló entre el 10 y el 12 de junio en Rosario, bajo la consigna “El rol de las ciencias ante la crisis civilizatoria”.

Reconocimiento
La investigación fue aceptada previamente por un comité de expertos, para ser publicada en la prestigiosa revista de divulgación científica como el “paper” titulado “Impacto ecotoxicológico de la agroindustria en los arroyos de una cuenca sudamericana: renacuajos anfibios como indicadores de salud ambiental”.
El propósito del trabajo de investigación fue “evaluar la contaminación compleja causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en cuatro arroyos de Entre Ríos, Argentina (Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas), siendo el primero la principal fuente de agua de la reserva de conservación riparia (ribereña) subtropical Parque Escolar Rural Enrique Berduc ”.

Agroquímicos y medicamentos
En el paper se demostró que “las industrias agrícolas contribuyen a la contaminación del agua, liberando agroquímicos, materia orgánica, nutrientes y medicamentos veterinarios”.
El estudio tuvo como objetivo “evaluar la calidad del agua y los efectos ecotoxicológicos de un arroyo que recibe efluentes agroindustriales de la producción lechera a escala industrial y la escorrentía pluvial de las actividades agrícolas”.
Abordó además un análisis integral de parámetros fisicoquímicos, metales, pesticidas, medicamentos veterinarios y aspectos microbiológicos en tres sitios de muestreo ubicados aguas arriba, cerca de una descarga de drenaje lechero y también aguas abajo. Se evaluaron bioensayos de ecotoxicidad crónica letal y biomarcadores en larvas de Rhinella arenarum.
La exposición de Lajmanovich en el congreso de salud sociambiental, contó con la presentación de imágenes actuales e impactantes de grandes cañerías volcando efluentes en los arroyos de la cuenca del Paraná, así como de fauna con malformaciones.

Arroyos peligrosos
Concretamente en los arroyos Las Tunas y Crespo en Entre Ríos “se documentaron condiciones de extrema toxicidad: cocteles de agrotóxicos, coloración negra, olor pútrido, oxígeno disuelto por debajo de niveles críticos y niveles de Escherichia coli miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática. En bioensayos, el 100% de los renacuajos expuestos murieron tras 24 horas”, de acuerdo a lo explicado por Lajmanovich.Lajmanovich resaltó que “este estudio está dedicado a Daniel Verzeñassi, activista ambiental y miembro del Foro Ecologista de Paraná, por su labor social y sus esfuerzos para detener el uso de pesticidas agrícolas en alimentos y seres humanos” .
El equipo de investigadores estuvo conformado por Ana Cuzziol Boccioni, Rafael Lajmanovich, María Rosa Repetti, Andrés Attademo, Cristina Zalazar, Agustina Manassero, Karen Russell-White, María Lancelle, Ayelén Muchiutti, Evelina J. León y Paola Peltzer. Los científicos integran distintas cátedras y laboratorios del Conicet, la UNL, el Inta, y el Inali. El grupo de científicos reunió diferentes disciplinas como la química, la biología y la microbiología, entre otras.
“Tuvimos el objetivo de estudiar en profundidad un fenómeno que veníamos ya dilucidando hace muchos años, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que es la contaminación de los cursos de agua, sobre todo los arroyos, que desaguan en el río Paraná”, indicó el biólogo.

De larga data
De acuerdo a lo manifestado por el investigador la contaminación se registra desde hace muchos años. “Desde 2008 teníamos antecedentes de estudios en el arroyo Las Tunas; ya para esa época, estaba muy contaminado. Tuvimos unos antecedentes recientes en el arroyo Salto (cerca de Diamante), que también tenía altísimo grado de contaminación y alta cantidad de residuos de pesticidas”.
Agregó que “después realizamos estudios en el arroyo Los Troncos de Santa Fe, que como todos, vuelca en el Paraná. Ahí también detectamos gran contaminación y mortandad de fauna. Y tomando en cuenta lo que había ocurrido este verano con los volcados clandestinos y varios fenómenos de volcados en distintos cursos de agua que terminaban en el arroyo Espinillo y luego en el arroyo Las Conchas, decidimos estudiar toda la cuenca del arroyo Las Conchas; unas 200 mil hectáreas”. 
El biólogo apuntó que los resultados “fueron alarmantes. Con unos niveles de toxicidad extremadamente altos, en especial se destaca el arroyo Las Tunas, donde se encuentran los mayores cocteles contaminantes, agroquímicos y una gran contaminación bacteriana. Es un proceso de contaminación de muchos años. En los otros sitios parecería ser algo más reciente, pero está impactando gravemente”.

Siempre el glifosato
Destacó que “todo está inmerso en un sistema productivo con acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Y eso encontramos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. El sedimento del arroyo Las Conchas presentó la mayor concentración de glifosato registrada en Sudamérica (5002 µg/kg) y los bioensayos mostraron una letalidad del 100% en los tratamientos sin diluir".
“Estos hallazgos resaltan la alarmante degradación ambiental que amenaza el concepto ‘Una sola salud’, enfatizando la necesidad de prácticas sustentables y un control severo por parte de la ciencia y el gobierno para proteger y restaurar ecológicamente las fuentes de agua dulce”.

Conclusiones
“Se encontró mala calidad del agua cerca de los puntos de descarga industrial, caracterizada por niveles elevados de amonio, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y altas concentraciones de metales que excedían las pautas ambientales”, explicó el resumen de la investigación.
También advirtió que “en todos los sitios, se detectaron aspectos microbianos, coliformes totales y coliformes fecales, junto con detergentes, residuos de pesticidas e ivermectina en altas concentraciones, que exhibieron perfiles diversos. Los bioensayos de toxicidad crónica mostraron mortalidad en larvas de anfibios”.
Finalmente el estudio puso énfasis en “la urgente necesidad de mejorar la gestión y la normativa de efluentes en la región para proteger las fuentes de agua dulce y subterránea, la fauna acuática y la salud humana”.
Ahora resta esperar para ver quién recoge el guante de esta realidad que hace tiempo viene siendo denunciada desde diferentes sectores ambientalistas y que la ciencia avaló con sus estudios.
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ONGs ambientales le piden a Milei que Argentina ratifique el Tratado conservacionista de Alta Mar 

Fecha de Publicación: 12/06/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Aprovechando la presencia del presidente argentino en esta cumbre ambiental, un grupo de organizaciones conservacionistas le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina. 
Ayer se conmemoró el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por las Naciones Unidas con el propósito de reflexionar sobre la importancia de los océanos para la vida y promover acciones para su protección. En ese marco inicia hoy la III Cumbre Mundial de los Océanos de la ONU (UNOC3), en Francia, y a la que asistió el presidente Javier Milei.
Aprovechando su presencia en dicha Cumbre un grupo de organizaciones ambientales le reclamó al gobierno argentino que avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), también conocido como Tratado de Alta Mar.
El país, que firmó el Acuerdo en 2024, aún no ha avanzado en el proceso legislativo para su aprobación debido a que el Poder Ejecutivo no envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación. 
El Tratado de Alta Mar es complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) e introduce nuevas herramientas para proteger y conservar la alta mar mediante una mejor cooperación y coordinación de las distintas naciones. Tiene como objetivos promover la investigación científica a nivel mundial y garantizar el acceso justo y equitativo a los beneficios monetarios y no monetarios que resultan del aprovechamiento de los recursos genéticos marinos.
'Es fundamental que Argentina ratifique el Tratado de Alta Mar, no sólo porque la vida en el planeta depende de la salud de los océanos, sino porque no podemos quedarnos fuera de las negociaciones globales para su conservación y aprovechamiento responsable', manifestó desde Niza, Francia, Milko Schvartzman, encargado de conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales.
Y agregó: 'la presencia del primer mandatario argentino en la Cumbre de los Océanos es para destacar, pero ello debe ser acompañado por acciones concretas y una de ellas es sumar al país al grupo de países que ya son parte del Tratado'.

Participantes claves
De esta UNOC3, que cuenta con el impulso de Francia, participan mandatarios de varios países, entre ellos el de Brasil, Ignacio “Lula” da Silva; Pedro Sanchez del Gobierno de España; el presidente costarricense Rodrigo Chaves y el presidente Javier Milei por la Argentina.
También asistirán los líderes de la ONU, el portugués António Guterres, y de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen. El gobierno de Emmanuel Macron busca que este encuentro comprometa a los gobiernos a garantizar la pronta entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y así comenzar a establecer reglas para su uso.
Las zonas fuera de la jurisdicción nacional (o alta mar) representan cerca de dos tercios del océano y son un bien global común. En la actualidad, esas áreas están siendo sometidas a crecientes presiones con impactos cada vez más significativos en lo ambiental, económico, social y cultural. 
El acuerdo incluye, además, una serie de principios, entre ellos el que garantiza que ni éste ni sus disposiciones podrán utilizarse para realizar reclamaciones de soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. También establece los órganos que serán necesarios para su implementación, las disposiciones de financiación, orientaciones sobre cómo resolver conflictos, etc. Fue adoptado por consenso el 19 de junio de 2023, luego de 20 años de negociaciones.

Las razones para este acuerdo
El océano cubre más del 70 % de la superficie terrestre, produce más de la mitad del oxígeno que se respira y proporciona alimentos, empleo y medios de subsistencia a millones de personas en todo el mundo. No obstante, las cifras actuales son alarmantes: cerca del 90 % de las grandes especies de peces se encuentran sobreexplotadas y alrededor del 50 % de los arrecifes de coral han sido degradados.
En ese contexto, “Maravillas oceánicas: conservar lo que nos sostiene”, lema elegido por Naciones Unidas para la campaña 2025, resume el espíritu de esta jornada: generar conciencia, incentivar la educación ambiental y alentar la acción colectiva en favor de la sustentabilidad marina.
La Conferencia de los Océanos de la ONU se desarrolla del 9 al 13 de junio en Niza, Francia. El encuentro internacional busca acelerar el cumplimiento de la Meta 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), centrada en la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y sus recursos.
 La República Argentina, por su ubicación geográfica, es un país marítimo. Cuenta con 4.725 kilómetros de costa continental, que se suman a los 11.325 kilómetros de las costas de la Antártida argentina e islas australes. Asimismo, posee una extensa Zona Económica Exclusiva y un importante volumen de comercio internacional que se desarrolla por vía marítima.

Más Información:

Qué es el tratado de altamar, que se espera que sea ratificado por Javier Milei
Argentina firmó el Acuerdo en 2024, pero todavía no avanzó en el Congreso para su aprobación. Hasta ahora ha sido firmado por 116 países y ratificado por 31 (principalmente europeos y del Pacífico), así como por la Unión Europea. 
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Día mundial de los océanos: cuál es la triple amenaza sobre el mar argentino y por qué debemos preservarlo

Fecha de Publicación: 11/06/2025
Fuente: Canal26
Provincia/Región: Nacional


El 8 de junio se celebra, por disposición de la ONU, el Día Mundial de los Océanos, para concientizar sobre su importancia para la vida. Argentina tiene un enorme litoral marítimo sobre el Atlántico que hoy está en riesgo por la sobrepesca, la basura plástica y la exploración offshore.
Más del 70% de la superficie del planeta Tierra está, en realidad, cubierta por agua. Los océanos juegan un rol central en la actual crisis ambiental como reguladores de la temperatura, repositorios de biodiversidad y captadores de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Además, son fuente de alimentación y empleo para millones de personas en todo el mundo.
Pero hoy los océanos están en peligro por el aumento de las temperaturas globales, la sobreexplotación pesquera, el vertido de basura plástica y prácticas como la exploración sísmica de hidrocarburos.
Para concientizar sobre la importancia de su preservación, las Naciones Unidas dispusieron que cada 8 de junio se celebre el Día Mundial de los Océanos. Y este año, el foco está puesto en volver a la pesca sostenible.

1. Sobrepesca
La pesca de arrastre y el descarte de millones de ejemplares está poniendo en riesgo la biodiversidad marina. Y en este aspecto, el Mar Argentino no es una excepción. Con más de 5.000 kilómetros de costa, nuestro país tiene una plataforma marítima sobre el Atlántico equivalente a casi el 50% de su territorio continental, que además encierra una gran biodiversidad y riqueza de recursos.
Sin embargo, esa riqueza está siendo sobre-explotada por flotas -generalmente extranjeras- que extraen los recursos en el límite de nuestra plataforma continental, sin dejar divisas para el Estado.
La pesca ilegal y depredadora desarrollada durante años por flotas industriales en la plataforma continental y la zona económica exclusiva, amenaza el desarrollo sostenible y la existencia de varias especies marinas, principalmente el calamar.
Según cálculos de la ONG “Sin Azul no hay Verde” entre 350 y 500 barcos chinos operan en la región, causando pérdidas económicas que se estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales para la Argentina.

2. Exploración de hidrocarburos
Pero la sobrepesca no es la única actividad humana que está devastando los océanos. “Los fondos marinos están siendo explorados y explotados en busca de hidrocarburos, y eso afecta enormemente a la vida subacuática”, advierte Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Programa de Conservación Costero Marino de WCS Argentina.
Para esto, los buques de prospección sísmica realizan intensos “bombardeos acústicos” para detectar distintas formaciones geológicas.
El problema es que estos sonidos se solapan con los rangos de audición y vocalización de los mamíferos marinos, tortugas, peces e invertebrados. Esto puede provocarles desde un deterioro de la audición, la orientación y cambios de comportamiento, hasta lesiones graves e incluso la muerte.
A esto se suma, durante una eventual explotación de hidrocarburos, el riesgo de derrames petroleros.

3. Un mar de plásticos
Hoy, el problema más urgente y visible en los océanos es la creciente acumulación de residuos plásticos. A tal punto que el lema propuesto por Naciones Unidas para el Día Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio, fue “eliminar los plásticos del océano”.
Cada año, se vuelcan a los mares unas 13 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a descargar un camión de basura por minuto. Siete “islas de plástico” ya fueron descubiertas en los mares del mundo, y para el 2050, habrá más plástico que peces, según proyecciones de la WWF (World Wildlife Fund).
Las bolsas y botellas plásticas son, junto con las colillas de cigarrillos, el elemento más presente entre la basura en las playas, según el último Censo Provincial de Basura Costera Marina que se lleva a cabo anualmente en enero en 21 balnearios de la provincia de Buenos Aires.
Este es un creciente factor de mortalidad de peces y mamíferos acuáticos, que al ingerirlas mueren asfixiados. Pero el problema va más allá, porque los plásticos al degradarse por la erosión marina, se fragmentan en porciones microscópicas que son ingeridas por animales, plantas, y personas que se alimentan de ellos.
Los efectos de los microplásticos en la salud están siendo estudiados. De acuerdo al informe “Plásticos, Salud y Perturbadores Endocrinos”, muchos aditivos plásticos de uso cotidiano interfieren en el funcionamiento hormonal. Estos compuestos “contribuyen a generar diferentes tipos de cáncer, diabetes, daños en los riñones, el hígado y la tiroides, desórdenes metabólicos, impactos neurológicos y alteraciones en la fertilidad”, advierte el trabajo elaborado por la Sociedad Mundial de Endocrinología e IPEN, una red internacional de organizaciones que promueve la eliminación de plásticos y contaminantes químicos.

Por un tratado mundial para salvar a los océanos.
Esta semana, en el marco del Día Mundial de los Océanos, del 9 al 13 de junio se celebrará en Niza, Francia, la 3era Conferencia de Naciones Unidas para la protección oceánica. Esta cumbre reunirá a más de 10.000 participantes, entre jefes de Estado, diplomáticos, científicos y activistas ambientales, para lograr nuevos compromisos en materia de eliminación de plásticos (especialmente los de un solo uso), protección de las zonas ultramarinas (que está fuera de las jurisdicciones de cada país), y la preservación de la biodiversidad marina.
De acuerdo al tratado de Biodiversidad 30x30, firmado por 150 países en 2022, para el año 2030, se deberá proteger al menos el 30% de los ambientes terrestres y marinos. Argentina, con un 8% de sus áreas marinas protegidas (y cerca del 16% de áreas terrestres), aún está lejos de ese objetivo.
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Mal olor y alumnos descompuestos: polémica por una planta de residuos al lado de una escuela de Quilmes 

Fecha de Publicación: 09/06/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Estalló en las últimas horas la polémica en Quilmes por una planta de tratamiento de residuos administrada por la municipalidad y que fue denunciada públicamente por alumnos de una reconocida escuela técnica de la zona que aseguraron haberse descompuesto producto de los olores y gases generados en la planta. Los vecinos del área ribereña se quejan también por la contaminación generada por el predio Ecoparque, el nombre con que la gestión de Mayra Mendoza bautizó al predio.
La cuestión salió a flote por la denuncia de los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº7 "Taller Regional Quilmes", más conocida en esa ciudad como IMPA, realizaron en las últimas horas: reiteradas descomposturas sufridas por varios de ellos, resultado de los olores y los gases emanados del "Ecoparque". Así es como se conoce al predio de 15 hectáreas en el que funciona una planta de tratamiento de residuos de la municipalidad.
"El basural se encuentra a 100 metros de donde está el comedor de mil alumnos", se quejó Mario, el padre de un alumno de la IMPA, institución dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, que la inauguró en 1957. Otros padres se quejaron porque varios alumnos tuvieron que ser retirados de la escuela por mareos y náuseas generados por los olores nauseabundos que emanan las cuantiosas toneladas de residuos que se procesan en la planta.
Gisela, otra madre, sumó su queja. "Nos enteramos por un grupo de padres y madres, donde una de las madres dijo que iría a retirar a su hijo porque se sentía mal por los fuertes olores", sostuvo en un informe de "Telenoche". "No le prestamos atención hasta que fueron cada vez más chicos, y cuando averiguamos acerca del Ecoparque vimos que recibiría casi 16 mil toneladas de basura domiciliaria".
Mario, padre de otro alumno, añadió: "¡A cien metros del comedor de los alumnos! Hay mil alumnos que estudian todo el año a cien metros de donde están tratando basura".
El predio Ecoparque fue inaugurado por el municipio de Quilmes bajo la gestión de Mayra Mendoza. Recibió habilitaciones parciales en distintas ocasiones, como en 2023, cuando más del 90 % de las instalaciones estaban en condiciones de comenzar a operar. Es una obra que la jefa comunal se arroga con orgullo. "Construimos el complejo Socio Ambiental EcoParque Quilmes porque nos comprometimos a lograr una ciudad más limpia y sustentable. Estos espacios no solo mejoran la gestión de residuos, sino que también generan trabajo y conciencia ambiental", dijo en marzo pasado la intendenta, que se encuentra en su segunda etapa al frente del municipio.
Juan Cabandié, exministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, arengó en 2024: "Conocé el nuevo EcoParque en Quilmes. Un Estado presente, que le mejora la vida a la gente". Su ministerio anunció el 3 de julio de 2020 la "Licitación pública nacional N°1 01/2020": "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a los licitantes a presentar una oferta para el diseño, construcción y operación de complejo socioambiental Ecoparque Quilmes, en el marco del Préstamo BID 3249/OC-AR".
La obra de diseño y construcción de la planta se llevó a cabo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por más de 456 millones de pesos y otros 1,4 millones de dólares adjudicados a una unión transitoria de empresas que se ocupó de erigir el Ecoparque. La intención del municipio quilmeño era, en principio, que la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento amainara la cantidad de basurales y microbasurales a cielo abierto que funcionaban y siguen funcionando en el partido.
"No tiene nada ni de 'eco' ni de 'parque'. Es en realidad un basural municipal instalado al lado de un colegio. Los olores nauseabundos que emanan de la transferencia de basura están perjudicando la salud de los alumnos, profesores y trabajadores de la escuela", denuncia un reel creado por la cuenta @impapadres, que además varios vecinos de la zona ribereña de Quilmes compartieron en las redes sociales. En especial los del barrio El Fortín, uno humilde que configura, con sus pocas manzanas, la última traza de la costa norte de la ciudad.
"Desde hace un mes no podemos entrar al predio por el agua acumulada desde que llovió. No podemos ni jugar ni entrenar", se quejó Ezequiel, un joven vecino, ante las cámaras por la anegación de la cancha del club El Fortín. En el informe televisivo se veía que varias calles de los alrededores acumulaban centímetros de agua. Por eso también apuntan contra la obra.
"Esta es la cuarta inundación, y esto no ocurría antes. Esto comenzó cuando se inauguró el Ecoparque, porque para construirlo elevaron el terreno cuatro metros. Esto no es agua, estos son fluidos que quedan del tratamiento de la basura", continuó.
Los padres de los alumnos de la IMPA emitieron un comunicado para notificar al ministro de Defensa, Luis Petri, de quien depende la Fuerza Aérea (de la que depende, a su vez, la escuela quilmeña), sobre la situación: "No al 'ecobasural', no a los olores nauseabundos en el aula, no a los gases tóxicos de la basura, no a las ratas invadiendo la escuela".
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Químicos advierten sobre la grave contaminación en aguas bonaerenses y exigen controles

Fecha de Publicación: 06/06/2025
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


El Consejo Profesional de Química advirtió sobre la grave contaminación del agua en la Provincia y exigió controles al Estado por los daños ambientales y sanitarios irreversibles.
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación por el alarmante estado de contaminación que presentan distintos cursos de agua en territorio bonaerense, muchos de los cuales desembocan en el Río de La Plata. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre “irreversibles daños tanto a la población como al ambiente” derivados de esta problemática.
Desde el organismo señalaron que las causas de esta situación crítica están vinculadas a la “falta de control absoluta por parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y organismos vinculados”, apuntando directamente a la ausencia de fiscalización sobre los sectores industrial, agropecuario y sobre las empresas encargadas del tratamiento de residuos sólidos urbanos y efluentes cloacales.
Como ejemplo del deterioro ambiental, el Consejo de Química mencionó la presencia de “altos niveles de metales pesados y productos fitosanitarios en las aguas del Río de La Plata”, así como casos emblemáticos como el arroyo Sarandí “teñido de rojo”, las manchas de aguas servidas en el puerto de San Pedro, y los desechos cloacales arrojados al río en la localidad de Berisso, donde acusaron a la empresa estatal ABSA de no realizar ningún tipo de tratamiento.
“Estos casos son representativos de cientos de accionares que vulneran cotidianamente el derecho de la población a un ambiente sano”, denunciaron desde la institución, y sostuvieron que tales situaciones se producen en un contexto de “libre hacer” promovido por la falta de aplicación de normativas y sanciones por parte del Estado provincial.
Frente a este panorama, el Consejo Profesional de Química reclamó el cumplimiento estricto de la Ley 7020, que exige la matriculación obligatoria de todo el personal que manipule productos químicos y establece un marco normativo de seguridad e higiene. Según remarcaron, esta legislación es clave para garantizar prácticas responsables en todos los sectores involucrados.
Finalmente, la entidad instó al gobierno bonaerense a tomar medidas urgentes. “Es imprescindible que, a través del Ministerio de Ambiente y demás organismos competentes, se apliquen políticas que garanticen que las actividades industriales y empresariales se desarrollen bajo el cumplimiento ineludible de la Ley y los protocolos sanitarios y ambientales vigentes”, concluyeron.
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Biodiversidad: un estudio de la FAUBA detectó efectos nocivos de los agroquímicos en las abejas

Fecha de Publicación: 05/06/2025
Fuente: Portal InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Según la investigación realizada a campo, muchas abejas pierden sus sentidos, defensas y capacidad de aprender y comunicarse, cuando viajan a polinizar plantas y cultivos, y consumen de manera accidental agroquímicos.
La polinización es fundamental para mantener los rindes agrícolas: el 33% de los cultivos depende de ella. Sin embargo, en los agrosistemas, los polinizadores enfrentan un peligro: la exposición constante a agroquímicos.
La gran pregunta a menudo difícil de contestar es qué daños producen estos compuestos. Para intentar contestarla, se realizó un estudio pionero de la FCEyN-UBA, la FAUBA y otras instituciones, en condiciones reales de campo.
La conclusión a la que llegaron es que las aplicaciones provocaron en abejas melíferas fallas sensoriales, dificultades para aprender y comunicarse, y alteraciones en genes esenciales para su vida social. Una presión invisible que compromete la sustentabilidad del agro.

Los riesgos de los agroquímicos para las abejas
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Cuando las abejas melíferas —Apis mellifera— polinizan los cultivos, entran en contacto con estos productos y los llevan a la colmena, donde los transmiten por contacto o por el alimento. El glifosato es especialmente riesgoso: como no las ahuyenta, los daños son potencialmente mayores”, dijo Jorge Zavala, docente de Zoología en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
Zavala, quien también es investigador del CONICET, señaló que en investigaciones previas realizadas en el Laboratorio de Insectos Sociales (FCEyN) por el grupo que lidera Walter Farina se comprobó que los agroquímicos dañan las capacidades sensoriales de las abejas, necesarias para recolectar alimento.
También modifican el funcionamiento de genes vinculados al cerebro, al sistema inmune y a proteínas detoxificadoras.
Para estudiar estos efectos en condiciones de campo, el equipo de investigación instaló colmenas en tres lotes con distintos cultivos en la Ea. San Claudio (FAUBA), al O de Buenos Aires. Allí monitoreó a las abejas antes y después de la floración y de las aplicaciones de agroquímicos.
“Usamos trampas de polen para identificar qué flora habían visitado —cultivos o plantas silvestres— y para detectar residuos químicos”, comentó.

Impacto en las colmenas
Ivana Macri, profesional del INTA y primera autora del trabajo publicado en la revista científica One Earth, resaltó que el experimento detectó los mismos efectos que en laboratorio.
Los agroquímicos impactaron en las colmenas a varias escalas, desde la genética hasta el comportamiento.
“Comprobamos que todos los efectos se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando se altera un gen vinculado a funciones cerebrales, termina afectando el comportamiento individual y reduciendo la eficiencia de recolección de alimento”, puntualizó Ivana, quien también es investigadora en el instituto IFIBYNE (CONICET-UBA).
 Macri aseguró que los fitosanitarios afectaron genes relacionados con la vida social de A. mellifera. “Les complicó desde la higiene hasta la reproducción, poniendo en jaque la supervivencia de la colonia. También redujo su capacidad de aprender y de transmitir información a las compañeras”, amplió
“Las abejas expuestas a la toxicidad fueron menos capaces de asociar los olores de las flores con recompensas en polen y néctar, y menos sensibles a los azúcares. Estos son problemas graves cuando la diversidad floral es baja —cuando florecen los cultivos— porque al final del día recolectan menos alimento, afectando la nutrición de la colonia”, explicó al medio Sobre la Tierra de la Fauba.
En este sentido, Ivana remarcó que también se registró una caída en la cantidad, la calidad y la diversidad de los recursos alimenticios después de la floración de los cultivos. Esto potenció aún más la reducción de las capacidades sensoriales y cognitivas de las abejas.

Completar el rompecabezas
Jorge Zavala, coautor del trabajo, se refirió a los mensajes que surgen del estudio. “Mi conclusión principal es que, al verse afectada la posibilidad de transmitir la información entre las recolectoras, de orientarse y todo lo que comenté antes, es inevitable que a largo plazo resulte comprometida la polinización en general y, en última instancia, la producción de los cultivos”, advirtió.
“Nuestro trabajo se destacó por abordar un sistema real muy complejo en el que, sin embargo, pudimos identificar un patrón consistente desde el nivel de cultivo hasta la expresión génica, pasando por la colmena, los individuos, el comportamiento y el alimento. Todas las escalas mostraron alteraciones relacionadas entre sí”, afirmó.
Macri, por su parte, adelantó nuevos aspectos a estudiar. “Queremos seguir trabajando a campo, donde se puede ver concretamente qué pasa. Por ejemplo, nos interesa profundizar en las respuestas de A. mellifera a los agroquímicos según las diferentes edades y tareas en la colmena. Y tratar de determinar en qué etapa del desarrollo son más vulnerables”.
Por otra parte, sostienen que otro desafío será entender cómo los agroquímicos alteran la flora intestinal de las abejas —esencial para su inmunidad y nutrición—, y descubrir los mecanismos moleculares detrás de los síntomas que se observan.
“En este sistema complejo, las bacterias juegan un rol cada vez más importante y nos parece fundamental esclarecerlo”, concluyó la investigadora.
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Crece el problema de contaminación ambiental en Guaymallén: ¿qué sucederá con los cultivos?

Fecha de Publicación: 02/06/2025
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Más de 500 hectáreas cultivadas se vieron afectadas por desechos cloacales y crece la preocupación por la contaminación en los alimentos y el agua.
 La problemática en torno a la contaminación del agua y las zonas cultivadas en Guaymallén se acrecienta con el correr de los días. Entre los organismos intervinientes se pasan la pelota por la responsabilidad e injerencia que tienen en 500 hectáreas de cultivos que están contaminados con bacterias peligrosas para la salud como escherichia coli debido al impacto ambiental que generó el derrame de líquidos cloacales en un canal del Gran Mendoza.
Los olores nauseabundos y las aguas servidas en los canales de Guaymallén son parte del paisaje y ahora se suma un potencial riesgo para la población ya que 500 hectáreas cultivadas se encuentran contaminadas. Desde hace años los vecinos de la zona denuncian el colapso de las colectoras cloacales pero también el vertido de fluidos en canales e hijuelas que son utilizadas para el riego de cultivos que luego son comercializados.
 La colectora máxima Noreste transporta los líquidos cloacales de más de 600.000 mendocinos (Luján, Maipú, Guaymallén y parte de Godoy Cruz). Según informaron desde Aguas Mendocinas (Aysam), la misma presentaba un elevado grado de sedimentación en su interior, causado por la escasa pendiente y colapsos en colectores aguas arriba de la zona crítica de Los Corralitos, en donde se transporta un caudal de más de 1800 litros por segundo.
Como medida transitoria, se decidió el derrame de líquidos cloacales en el Canal Pescara que fue autorizado por el Departamento General de Irrigación lo que generó un gran impacto ambiental que pondría en riesgo la salud de las personas que viven en la zona pero también de todos aquellos que consuman verduras contaminadas.

La situación de los cultivos
“El relevamiento de cultivos realizado por personal técnico del Departamento General de Irrigación en estas zonas, y documentado, confirma la afectación de más de 490 hectáreas cultivadas con especies no permitidas según la Resolución N° 400/03. Se trata de productos de consumo directo”, alerta el informe oficial que también dictamina que la producción contaminada no puede ser puesta a la venta para el consumo.
Según el informe de las zonas contaminadas, en ese sector se cultivan verduras de consumo directo que habitualmente no están entre los productos habilitados para las Áreas de Cultivos Restringidos Especiales (ACREs) que son áreas agrícolas destinadas al aprovechamiento productivo de los efluentes tratados que provienen de plantas depuradoras de líquidos cloacales.
Por ese motivo, se notificó a los agricultores afectados que "a fin de evitar un daño a la salud en particular y a la comunidad en general, no podrá utilizarse de manera alguna (consumo, comercialización) los cultivos existentes aguas abajo de la zona donde se produjo el colapso y consecuente vuelco". En la notificación presentada ante Irrigación, Aysam asume "el compromiso de ofrecer recursos y apoyo técnico y económico tendientes a asegurar que el cultivo sea apto para el consumo" y se le comunica al productor que "no podrá utilizar de manera alguna, sea para consumo, comercialización, etc. sus cultivos, hasta que se pueda determinar que no existe riesgo alguno en su consumo”. Los productores tuvieron que deshacerse de las verduras (especialmente rastreras) que se encontraban contaminadas y la empresa de Aguas Mendocinas se vieron obligados a resarcir a los damnificados.
"Fui al centro de salud con un fuerte dolor de panza, vómitos y diarrea. El médico me preguntó si había consumido verduras crudas y me dijo que evite ese tipo de alimentos porque están contaminados. Me recomendó que hierva las verduras y lave muy bien las frutas", contó una vecina de Corralitos. Ese testimonio se suma a otros casos similares que se fueron conociendo las últimas semanas y puertas adentro de los centros de salud que hay en Guaymallén comienzan a mirar con preocupación la situación ya que no en todos los casos, los afectados acuden a los efectores de salud. No obstante, según la cartera sanitaria de la provincia de Mendoza, el problema no revestiría de gravedad ya que aseguraron que se está monitoreando de forma constante la situación desde febrero y no se observan indicadores que determinen un riego potencial a la salud pública.
La zona afectada por la contaminación ambiental es la circundante al canal Pescara, en varios departamentos. “El agua utilizada para riego en las zonas afectadas presenta altos niveles bacteriológicos, especialmente en el Canal Colonia y el Auxiliar Tulumaya”, agrega el informe oficial del Departamento General de Irrigación, organismo que autorizó a la empresa Aguas Mendocinas (Aysam) a volcar líquidos cloacales directamente al canal por los desbordes y la crisis de infraestructura que hay.

Pase de facturas y deslinde de responsabilidades
Tras conocerse el impacto de la contaminación ambiental en el agua y las zonas cultivadas, las respuestas por parte de los organismos oficiales fueron diversas pero la coincidencia está en el hecho de que "la culpa es del otro".
Aguas Mendocinas pidió la habilitación para el vertido de efluentes cloacales al canal Pescara por 45 días de manera excepcional y días atrás solicitó una prórroga porque no está solucionado el problema de fondo. Irrigación accedió con algunos condicionantes, entre los que se encuentra la admisión de responsabilidad de los problemas colaterales que arrastrará la contaminación ambiental. Incluso desde Irrigación temen por las consecuencias legales que pueda haber por el impacto ambiental. “Resulta imperioso preservar la responsabilidad institucional del organismo y prevenir posibles consecuencias legales ante afectaciones a la salud pública o reclamos de terceros”, mencionan en la documentación.
Actualmente se descargan 300 litros por segundo de líquidos cloacales al canal Pescara y ese volumen termina en zonas cultivadas. Si bien el vuelco de los desechos por parte de Aguas Mendocinas era una medida excepcional, desde la empresa solicitaron una prórroga ya que no han finalizado los trabajos de limpieza y destape de la colectora.
El titular de Aysam, Humberto Mingorance fue categórico al afirmar que "al realizar las mediciones y controles de la calidad del recurso hídrico antes y después de la puesta en funcionamiento del bypass que posibilita el vertido de los desechos cloacales en el Canal Pescara, el agua presentaba los mismos niveles de contaminación y no fueron alterados". Dicho en otras palabras... la contaminación del agua que fluye por ese canal ya estaba contaminada desde antes y el vertido de los desechos cloacales de más de 480 mil mendocinos no afectó la composición química del agua del Canal Pescara.
Por otra parte, el titular de Irrigación, Sergio Marinelli aseguró: "En las zonas bajas de Mendoza hay un problema que tiene que ver con cómo funcionan las empresas y la gente. Cuesta controlar los vuelcos a lo largo de todo el trayecto del canal. Hay muchos barrios de Guaymallén, loteos y asentamientos. Tenemos muchos problemas y los vamos a seguir teniendo, la solución es la inversión y obras que se postergaron durante muchos años y hoy se están llevando a cabo. Hay que cambiar la cultura de los agricultores también que utilizan el agua que tiene una carga orgánica importante. Estamos tratando de conducir a procesos más serios donde esté todo controlado. Tenemos una reglamentación y estamos aplicando las multas correspondientes".
"El canal Tulumaya tiene una toma directa del río porque eventualmente se puede usar para transportar agua a otros canales agua abajo. Se empieza a usar donde están las empresas en la Ruta 60, allí hay un punto donde se realizan vuelcos por parte de la Municipalidad de Maipú que fue multada por ese motivo", destacó Marinelli y agregó: "Con el volumen extra del vuelco de Aysam, solicitamos que venga una empresa de Brasil para colaborar con los trabajos. El volumen de líquido es mayor porque hubo que prender los pozos porque además de clorar es necesario diluir y eso provoca un aumento considerable en el caudal de agua del Pescara. Ese incremento provoca que caiga en el Cacique Guaymallén y más abajo descargan las tomas de distintos canales de Lavalle. Nosotros evitamos que el agua entre en la Hijuela Esteban pero entró en el canal Colonias y al Tulumaya donde hay riego de cultivos. Ante esa situación pedimos la intervención del Ministerio de Salud, se hicieron evaluaciones y se llegó a la conclusión de que no hay riesgo para la vida".
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Auditoría sobre el Riachuelo: “No se puede monitorear lo que no se mide”

Fecha de Publicación: 31/05/2025
Fuente: Portal NoticiasUrbanas
Provincia/Región: Riachuelo


La Auditoría General de la Ciudad publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe el cual analizó la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). que reveló serias deficiencias en la planificación, control y transparencia de los aportes del Gobierno de la Ciudad destinados a mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Entre los principales hallazgos, se destaca que no se informa de manera clara la apertura programática de las inversiones, lo que impide identificar y evaluar las acciones vinculadas al saneamiento. “No se puede monitorear lo que no se mide. La falta de metas físicas asociadas a los programas hace imposible establecer un marco de referencia que oriente la ejecución y control del plan”, señaló el auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz.
Además, el informe señala que tanto la Corporación Buenos Aires Sur como Autopistas Urbanas (AUSA) no identificaron en sus presupuestos las acciones previstas para el año auditado y esto genera que no se puedan controlar los fondos públicos.
El informe también alerta sobre la falta de avances concretos en dos líneas clave del PISA: el Plan Sanitario de Emergencia y la Urbanización de villas y asentamientos precarios. En el primer caso, no se llevaron adelante investigaciones esenciales para el diagnóstico sanitario de niños y niñas menores de 6 años, como el estado nutricional, desarrollo cognitivo y las enfermedades respiratorias. En cuanto a la urbanización, no se ejecutaron obras de vivienda nueva en toda el área de la Cuenca y gran parte de la población continúa viviendo en condiciones de alto riesgo ambiental. “En el periodo auditado solo se entregaron 2 soluciones habitacionales de las 1251 previstas en el Convenio. A este ritmo, la relocalización es una promesa vacía, como decimos todos los años al hacer este informe, no son errores es una decisión política”, remarcó Teszkiewicz.
En termino de presupuestarios, se ejecutaron más 62 mil millones de pesos de acciones no vinculadas al PISA, que fueron registradas como inversiones del saneamiento, al tiempo que la ejecución presupuestaria del programa, fue apenas el 38,47%. Pero el porcentaje real es menor porque se registran inversiones en programas que no se corresponden con los criterios definidos en el Manual de Información y Control Presupuestario PISA aprobado por Resolución de la ACUMAR N° 295/2014.
Por otra parte, no se ha avanzado en dar cumplimiento a la obligación de identificar de modo especial los montos destinados a vivienda nueva o mejoramientos en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo de acuerdo a lo ordenado en la sentencia del 16/12/2021.
Otra preocupación destacada por la AGCBA es la cantidad de modificaciones en la estructura orgánico-funcional, lo que impacta negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades primarias. También se identificaron inconsistencias entre la información provista por los organismos auditados y la que maneja ACUMAR.
Por último, se observó que no se cumplieron los aportes correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental establecido por la Ley 26.168, y que los créditos destinados a Gastos de Capital quedaron reducidos a cero, mientras que los Gastos Corrientes sufrieron una pérdida del 75%.
“Es evidente que el Pro no prioriza el saneamiento ambiental ni la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cuenca. Se trata de una deuda histórica que sigue creciendo por falta de voluntad política y transparencia en la gestión. Esta necesidad que surgió como respuesta a una exigencia judicial, a más de quince años de la sentencia y con al menos dos siglos de contaminación, sigue siendo una deuda con la calidad de vida de los habitantes y con la recomposición del agua, el suelo y el aire de la Cuenca.”, concluyó Teszkiewicz.
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Lomas de Olmedo: La Justicia ordena medidas por el pozo petrolero fuera de control

Fecha de Publicación: 30/05/2025
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Tras la audiencia convocada por la fiscal María Sofía Fuentes, se exigió a la empresa President Petroleum un plan de contingencia inmediato. 
La Justicia ordenó ayer una serie de medidas urgentes para contener el grave daño ambiental generado por el pozo petrolero Lomas de Olmedo x-10 (LO-x10), operado por President Petroleum S.A., ubicado en el área de Puesto Guardián, en el noreste salteño. La decisión judicial surge a raíz de una audiencia convocada en el marco del Plan Piloto de Oralidad, solicitada por la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien interviene en la causa tras múltiples denuncias por derrames de hidrocarburos y emisiones de gases sin control.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a los pedidos del Ministerio Público Fiscal y resolvió, entre otras medidas, intimar a la empresa a presentar un plan de contingencia inmediato, ampliar el perímetro de seguridad del pozo, designar un responsable técnico del operativo, y crear un Comité de Crisis con intervención de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. La empresa, que fue debidamente notificada, no se presentó en la audiencia.
Entre las resoluciones más importantes dictadas por el juez se destacan:
- La presentación urgente de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
- La entrega de un diagnóstico de impacto ambiental en el corto plazo y un estudio de impacto ambiental y social en el mediano.
- La formulación inmediata de un plan de contingencia para contener el pozo y sus derrames, y la ampliación del perímetro cercado ante el riesgo de hundimiento del terreno, según advirtió el perito del CIF, José Luis Manzano.
- La designación de un nexo técnico con las autoridades, con canal de comunicación permanente.
- Todos los gastos deberán ser afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros.
La Secretaría de Minería y Energía de Salta deberá constituir de inmediato un Comité de Crisis y presentar el contrato de concesión y sus antecedentes de los últimos 12 meses.
Todas estas medidas deben cumplirse en los plazos fijados bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
La resolución judicial llega tras la creciente alarma ambiental por el pozo LO-x10. Según las denuncias de vecinos, el pozo está fuera de control desde 2023 y ha derramado hidrocarburos sobre suelos, cursos de agua, vegetación y ganado de la zona. Las erupciones se intensificaron en las últimas semanas, con imágenes viralizadas que evidencian columnas de gas y petróleo brotando violentamente del terreno.
Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, fue uno de los primeros en denunciar la situación. Afirmó que los derrames provocaron la muerte de cerca de 300 animales, incluidos vacunos, caballos, zorros y aves silvestres. El impacto alcanzó napa freática, flora nativa y aguas superficiales contaminadas con espuma blanca y olor a gasolina.
Las críticas de los pobladores no solo apuntan a la empresa operadora, sino también a la pasividad de los organismos estatales competentes. El antecedente más temido es el del pozo Martínez de Tineo 14, también en Puesto Guardián, que estuvo fuera de control entre 2006 y 2010 y requirió más de seis años para su sellado definitivo tras un largo proceso judicial con YPF y otras operadoras.
El cuadro se agrava por la delicada situación económica de President Petroleum. En 2024, la compañía de capitales británicos se presentó en concurso preventivo de acreedores, con una deuda de 61,3 millones de dólares. Esta falta de solvencia pone en duda su capacidad para afrontar los costos millonarios que implica el cierre técnico de un pozo descontrolado, que requiere equipos especializados, insumos y personal calificado.
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Fumigaciones ilegales: la Corte intimó al gobierno municipal a ejecutar diversas medidas

Fecha de Publicación: 29/05/2025
Fuente: Portal QueDigital
Provincia/Región: Buenos Aires


Se hizo eco de los diversos incumplimientos a la prohibición de fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos y ordenó medidas.
La causa que desde hace más de diez años mantiene suspendidas las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata tuvo novedades. Todavía sin sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia le volvió a exigir al gobierno municipal que haga cumplir la cautelar, pero además lo intimó a ejecutar diversas medidas ordenadas como la difusión masiva de la vigencia de la restricción y la notificación individual a todos los establecimientos productivos, además de informar al máximo tribunal la existencia de denuncias y la constatación de infracciones.
Además, los jueces ordenaron la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y le solicitó a la Fiscalía General que detalle las denuncias presentadas y aquellas causas sobre la temática que estén en trámite.
La nueva resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte bonaerense durante la semana pasada y oficializada este lunes. Se produjo en el marco de la causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos por la que desde septiembre de 2014 se mantienen suspendidos en Mar del Plata los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza 21.296 que, al momento de su promulgación, permitían fumigar con agroquímicos a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales.
Esa decisión en forma de medida cautelar se tomó hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en torno a la pretendida declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza, algo que todavía, pese al paso de tantos años, no sucedió.
En ese sentido, una de las últimas resoluciones que había dictado la Corte había sido en 2019 cuando ratificó la suspensión de los artículos clave de la ordenanza y le exigió al gobierno local que procurara “por todos los medios a su disposición su efectivo cumplimiento” teniendo en cuenta las reiteradas denuncias de fumigaciones por fuera de los mil metros fijados por la norma de 2008 que quedó en vigencia.
Pero a pesar de ese nuevo pedido nada de eso se cumplió y las denuncias por las constantes fumigaciones en incumplimiento de la medida no dejan de sucederse. Incluso el año pasado por un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 ante la tramitación de una nueva denuncia, la secretaría del máximo tribunal bonaerense había respondido con la ratificación de que la cautelar seguía en vigencia.
En ese contexto, en abril la tramitación de la causa empezó a reactivarse. La Corte formalizó su nueva composición para este caso -el paso de tantos años derivó en diversos cambios de integración- con Hilda Kohan, Sergio Torres, Daniel Soria y Mario Kohan (juez de Casación) y finalmente en las últimas horas emitió una nueva resolución en la que hace foco en los múltiples incumplimientos de la cautelar denunciados con el paso de los años y apunta directamente contra la responsabilidad de la Municipalidad.
De esa manera, postuló una serie de exigencias y medidas que el gobierno de Guillermo Montenegro deberá cumplir con plazos específicos.

Las medidas exigidas por la corte
En primer lugar, la Corte le ordenó a la Municipalidad que dé a conocer, por todos los medios de comunicación masiva de la zona -periódicos, radios, redes sociales o inclusive televisión- la medida cautelar en vigencia. La realización de las gestiones para cumplir con esa medida la deberá notificar en un plazo no mayor a 15 días.
También la Corte exigió que el gobierno municipal deberá notificar individualmente a todos los establecimientos productivos que se ubiquen dentro de la zona de influencia, es decir en el Partido de General Pueyrredon. En esa notificación deberá enfatizar en la vigencia de la suspensión de cuatro de los artículos de la ordenanza de 2013 y por lo tanto que debe cumplirse la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las plantas urbanas o núcleos poblacionales además del resto de las medidas de prevención y protección de daños al ambiente y a la salud de la población establecidas en la ordenanza de 2008 y en los artículos de la de 2013 que no fueron suspendidos.
Entre los notificados de la decisión de la Corte estará el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para que den a conocer entre sus matriculados la continuidad de la vigencia de la medida cautelar.
Con respecto al Municipio, otras de las imposiciones de la Corte son tener que presentar en el plazo de 60 días un informe detallado en el que consten todos los productores o establecimientos agropecuarios (con el nombre, dirección y tipo de actividad) alcanzados por las ordenanzas en cuestión junto a la remisión de un plano en el que se ubiquen geográficamente a todos ellos. Y también deberá incluir a escuelas, centros de salud y espacios asistenciales, culturales y deportivos ubicados en la zona de influencia.
También deberá informar la existencia de denuncias que involucren a los establecimientos productivos o si se han constatado infracciones de parte de ellos.
Otros de los requerimientos va dirigido a la Fiscalía General de Mar del Plata para que detalle las denuncias radicadas por fumigaciones o conflictos con agroquímicos y desde esa base todas las causas activas, paralizadas y archivadas, en particular, aquellas radicadas ante la Fiscalía N°11 que entre sus temáticas de investigación incluye los delitos contra el ambiente.
Y también le pide al Ministerio de Ambiente bonaerense que eleve una nómina de establecimientos agrícolas que, por el tipo de actividades que realizan, requieren de una Declaración de Impacto Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio para el uso de agroquímicos en el Partido de General Pueyrredon así como también una nómina de vendedores y aplicadores de fitosanitarios o agroquímicos y maquinaria para su uso registrados en el partido.

Estudio de agua, aire y suelo
A lo largo de la tramitación de la causa, uno de los pedidos de los demandantes había sido la realización de un estudio y análisis del agua, el aire y el suelo de las distintas regiones del Partido de General Pueyrredon, lo cual fue avalado en la resolución de la Corte aunque en lugar de ordenar la conformación de un equipo interdisciplinario para que lo lleve a cabo entendió que debe estar a cargo de una “institución que, por su competencia y labor reconocida, garantice información confiable”.
En esa línea, designó como adecuada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por su “experticia y cercanía geográfica”.
En concreto, deberá confeccionar un informe que detalle el estado actual de las matrices ambientales de la zona con la especificación de “si hay presencia de sustancias contaminantes y/o tóxicas y/o de desconocidos efectos para la salud y el ambiente” aunque previamente el organismo nacional deberá notificar si se encuentra en condiciones de prestar su colaboración.

Agua en la zona oeste rural
En 2021 se encendió la alarma en cinco instituciones educativas próximas de la Zona Oeste Rural -de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco- por el hallazgo de agroquímicos como el glifosato en el agua de pozo de la cual se abastecen y que, según el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la hacían no apta para consumo humano. Esa conclusión encontró oposición en el gobierno municipal a través de su empresa Obras Sanitarias que expuso diferencias de criterio para el análisis de resultados que se centran en qué normativa se utiliza de referencia.
Y la resolución de la Corte también se hizo eco de aquel informe del Grupo Aguas que fue aportado a la causa y así en base a esos resultados le ordenó al gobierno municipal “garantizar en el término de cinco la provisión de agua apta para el consumo en los establecimientos educativos en los cuales el recurso hídrico muestreado ha sido considerado subestándar” entre los  que se encuentran las primarias 8, 46 y 51, la Secundaria 50 y el Jardín de Infantes N°918.
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Campesinos denuncian mortandad de animales por derrame de hidrocarburos

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Pequeños productores sostienen que un pozo petrolero que operaba la empresa President Petroleum emana gases tóxicos, contamina las napas y está matando a animales domésticos y fauna y flora silvestre. Las denuncias datan de 2023 pero el alerta se disparó ahora porque el pozo se agrandó y despide mayor cantidad de hidrocarburos acompañados de un intenso ruido como de trueno.
Productores ganaderos de la finca El Estanque, en Lomas de Olmedo, a casi 70 kilómetros de la localidad de Pichanal en el norte de la provincia de Salta denuncian el daño ambiental y económico que viene provocando el derrame de petróleo y gases tóxicos que emanan de un pozo abandonado por la empresa President Petróleum SA.
La denuncia fue difundida por Greenpeace, que puso de resalto el daño ambiental que está provocando este derrame.
Si bien las emanaciones datan de 2018 y en 2023 se abrió una boca que expulsa hidrocarburos, la situación se agravó el pasado 19 de mayo porque "reventó" el pozo conocido como "Olmedo 10", de donde están emergiendo más líquido y gases con una fuerza que provoca un ruido como de trueno, lo que causa temor en los habitantes cercanos, quienes reclaman la intervención urgente de las áreas de Minería y Energía de la provincia.
Los pequeños productores cuya finca está siendo afectada por este derrame vienen denunciando formalmente este daño desde agosto del 2023, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas de remediación.
El productor Aureliano Reyes, que hace 40 años reside en esa zona, hizo constar en su denuncia que por 2018 se intensificó el olor a gas en la zona. En agosto de 2023 se abrieron cráteres que emanaban un líquido blanco acompañado de un fuerte ruido similar a una garrafa abierta. En esa época comenzaron a morir animales.
Reyes difundió un video en el que muestra como se enciende el líquido semejante a gas oil que vomitó una vaca que murió luego de agonizar 15 minutos. Ese animal había bebido poco antes, por eso los productores aseguran que el pozo está contaminando las napas.
Según aseguraron los campesinos, ya murieron unos 350 animales vacunos, además de otros animales domésticos como caballos, y fauna silvestre como zorros y aves de toda clase.
President Petroleum es subsidiaria de la empresa británica President Energy, que está instalada en Salta en en lugar conocido como "Dos Puntitas”, en el paraje La Estrella.
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