La muerte de un joven con plomo en sangre destapó una planta clandestina de baterías en Tortuguitas

Un trabajador de 20 años murió con niveles de plomo cuatro veces superiores al máximo permitido, y la investigación derivó en el allanamiento de una planta de desarme de baterías y una fundición donde 14 personas trabajaban en condiciones de explotación.

La muerte de un joven de 20 años con niveles críticos de plomo en sangre permitió descubrir una planta clandestina de desarme de baterías y una fundición en Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde 14 trabajadores fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. Vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde manipulaban, sin protección, residuos de óxido de plomo y ácido.
El caso salió a la luz a partir de la muerte del trabajador, oriundo de Misiones, cuyos análisis registraron 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuatro veces el máximo admitido para un trabajador expuesto, según el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La información oficial no establece que la intoxicación haya sido la causa del fallecimiento.

Dos establecimientos, 23 trabajadores
Por orden de la Justicia federal, se allanaron dos establecimientos en Tortuguitas: una planta de desarme de baterías de plomo y una fundición. Uno de los predios no estaba declarado ante ninguna autoridad. En el lugar se relevaron 23 trabajadores, de los cuales 14 fueron identificados como presuntas víctimas de trata.
Los inspectores constataron jornadas de 12 horas, falta de elementos de protección personal y contacto directo con residuos tóxicos. Se labraron actas por indicios de explotación laboral, y las víctimas quedaron bajo la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
El 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por trata de personas y reducción a servidumbre. La presentación se basó en un reporte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en un informe de la aseguradora y en el testimonio de un familiar del joven.
En el operativo participaron, además, la Dirección Provincial de Inspección, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, el Departamento de Delitos Ambientales, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología.

Un metal sin nivel seguro
El plomo es un metal tóxico que se acumula en el organismo y afecta el sistema nervioso, los riñones, la sangre y el sistema cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un nivel de exposición al plomo que se considere seguro, y sus efectos son especialmente graves en niños y embarazadas. La exposición prolongada a altas concentraciones puede provocar anemia, daño neurológico, convulsiones e incluso la muerte.
El reciclado informal de baterías de plomo es una de las principales fuentes de contaminación por este metal en el mundo. Durante el desarme y la fundición se liberan polvo y humos con plomo que no solo afectan a los trabajadores, sino que pueden depositarse en el suelo y contaminar el aire y el agua de los alrededores. Por eso, la intervención del Departamento de Delitos Ambientales y de los equipos de toxicología resulta clave para determinar el alcance del daño.

Ambiente y derechos humanos
El caso expone el cruce entre la contaminación ambiental y la explotación laboral. Las baterías en desuso de autos y motos contienen plomo y ácido sulfúrico, por lo que su tratamiento debería realizarse en plantas habilitadas, con controles sanitarios y ambientales, ya que se trata de residuos peligrosos alcanzados por la Ley nacional 24.051. Cuando ese proceso se hace en la clandestinidad, el costo recae sobre los trabajadores más vulnerables, muchas veces trasladados desde otras provincias, y sobre los barrios cercanos.
Hasta el momento no se informó si hubo detenidos ni si se realizaron estudios de contaminación en el entorno de los establecimientos. Tampoco se conoció si otras personas del barrio presentan niveles elevados de plomo.
Las autoridades recordaron que las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de manera confidencial ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, al 0800-666-2187, y que la línea 145 recibe denuncias por trata de personas las 24 horas, en forma gratuita y anónima.

Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná

La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.

Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.

La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.

Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe 
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

Mujeres originarias de Pichanal exigen respuestas por la contaminación del pozo de Lomas de Olmedo

La Organización de Mujeres Kuape Äi pidió información oficial sobre el pozo petrolero abandonado que libera gases y líquidos en el norte de Salta, conocido como el “Chernobyl salteño”, y denunció años de silencio.

Mujeres de comunidades originarias de Pichanal, en el norte de Salta, exigieron respuestas oficiales sobre la contaminación que provoca un antiguo pozo petrolero abandonado en la zona de Lomas de Olmedo, que desde hace años libera gases y líquidos con hidrocarburos sin control. La Organización de Mujeres Kuape Äi presentó un pedido de acceso a la información pública ante el municipio, la provincia y el resto de las autoridades con responsabilidad sobre el caso, y denunció que reina el silencio.
“Hasta acá yo sé que han pasado unos años y no hay nada, hay un silencio, hay un desconocimiento”, afirmó Leticia Quispe, integrante de la organización. Las mujeres quieren saber qué estudios se realizaron, qué sustancias se detectaron, cuáles fueron los resultados de las pericias, quién es hoy responsable del pozo y si existe un programa de saneamiento. También expresaron su preocupación por la salud de los habitantes de La Estrella y Pichanal, y advirtieron que no tienen certeza sobre si las emanaciones ya están afectando el aire que respiran.

Un pozo de más de 40 años
El pozo, conocido como Lomas de Olmedo X-10 o Puesto Guardián, fue perforado en 1983 por YPF, en el departamento Orán, y luego quedó inactivo. Su última concesionaria fue la empresa President Petroleum S.A., cuya quiebra se declaró en 2025. En 2023 ya se habían registrado problemas ambientales, y la Secretaría de Minería y Energía provincial intimó a la empresa a realizar el cierre definitivo del pozo, algo que no se concretó por presentaciones legales.
En marzo de 2025 se denunció una nueva fuga activa de gases y líquidos desde un cráter formado en la estructura. A fines de ese año, la provincia declaró la caducidad de la concesión y transfirió el manejo del área a la empresa con participación estatal REMSa. Salta también inició una demanda contra la última concesionaria.

Un bosque convertido en zona muerta
El impacto es visible. Según Greenpeace, que inspeccionó el lugar, cerca de 20 hectáreas de bosque nativo quedaron completamente secas en el perímetro del pozo, y la afectación podría extenderse según el viento, la presión y la temperatura. Se trata de un área de quebrachales, cebiles y palo de papel, en la transición entre el Chaco Seco y el piedemonte de las Yungas, considerada un ecosistema prioritario para la conservación.
“Los líquidos y gases se esparcían sobre el suelo y la vegetación”, describió Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina, tras recorrer la zona. Los productores locales atribuyen a la fuga la muerte de unas 350 cabezas de ganado desde 2023, además de caballos, zorros, aves y otros animales silvestres. La situación valió al caso el apodo de “Chernobyl salteño”.

La causa judicial
La Fiscalía Penal de Pichanal, a cargo de María Sofía Fuentes, intervino tras la denuncia de 2025, restringió el acceso al área y exigió la contención de los fluidos y la realización de análisis ambientales. En mayo de ese año, el Senado salteño aprobó una declaración de preocupación y respaldó la exigencia de un plan de contingencia y de estudios de impacto ambiental.
En octubre de 2025, el juez de Garantías Gustavo Ramiro Morizzio encabezó una inspección ocular en el lugar. Los informes técnicos incorporados al expediente dan cuenta de un daño grave al ecosistema en superficie, aunque la investigación todavía busca determinar su magnitud y las responsabilidades. En julio de este año, tres resoluciones judiciales rechazaron planteos de la defensa de uno de los imputados, y la fiscal continúa al frente de la causa.

Sin respuestas
Pese a la causa judicial y a los reclamos, hasta mediados de este año no se había realizado ninguna acción efectiva para contener la fuga, según Greenpeace, que reclama a la provincia la publicación de los estudios realizados y un plan integral de remediación. El municipio, la provincia y la empresa tampoco respondieron públicamente al nuevo pedido de las mujeres de Pichanal.
El caso muestra una de las caras menos visibles de la actividad petrolera: los pozos que quedan abandonados cuando las empresas se retiran, y cuyos costos ambientales terminan recayendo sobre los territorios y las comunidades que habitan cerca de ellos.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Nuevo Diario de Salta, Ministerio Público Fiscal de Salta

La investigadora que el INTA busca exonerar presentó su estudio sobre plaguicidas en personas

Virginia Aparicio expuso en Balcarce los resultados del proyecto europeo SPRINT, que detectó residuos de múltiples plaguicidas en el agua, el suelo, los animales y los cuerpos de vecinos del sudeste bonaerense, mientras enfrenta un sumario que podría costarle su cargo.

La investigadora Virginia Aparicio, a quien el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) busca exonerar tras un sumario administrativo, presentó en Balcarce los resultados del estudio internacional que coordinó en la Argentina sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas. Los datos muestran residuos de múltiples sustancias en el suelo, el agua, los animales y los cuerpos de los participantes del sudeste bonaerense.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA Balcarce y del Conicet, durante la charla abierta a la comunidad. El INTA, por su parte, se desligó de la presentación.

El proyecto SPRINT
La investigación formó parte del proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020, que analizó la presencia de más de 200 plaguicidas en distintos países. La Argentina se sumó en septiembre de 2020, a través del INTA, como el único país no europeo participante. Aquí, el trabajo abarcó diez partidos del sudeste bonaerense, entre ellos Balcarce, Tandil, Necochea y Tres Arroyos, y contó con 73 voluntarios de zonas rurales y urbanas.
Con protocolos de muestreo armonizados con los equipos europeos, se analizaron suelos, aguas superficiales, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos, además de muestras de sangre, orina y materia fecal de las personas. Los participantes también usaron durante siete días pulseras de silicona que captan las sustancias a las que están expuestos.

Lo que encontraron
Los resultados son contundentes. Ninguna muestra de agua superficial estuvo libre de residuos, con un valor típico de 20 sustancias por muestra. En el polvo de las viviendas rurales se halló una mediana de 75 plaguicidas por muestra, con casos de hasta 121. Según los datos difundidos del estudio, el glifosato apareció en la sangre del 86% de los participantes argentinos y el clorpirifos, un insecticida prohibido en la Unión Europea, en el 37,7%, frente al 3,7% registrado en Europa.
Un relevamiento complementario sobre 154 muestras de agua de red y de pozos de la región pampeana, tomadas entre 2019 y 2022, detectó atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. El 9% de las muestras de red y el 18% de los pozos rurales superaron el umbral de referencia de la Unión Europea. La investigadora también señaló que se registraron aplicaciones con dosis de hasta 20 veces las recomendadas en las etiquetas.

Del silencio al sumario
El camino de estos resultados fue accidentado. En 2023, la conducción del INTA decidió retirar al organismo del proyecto y suspendió una reunión prevista para informar los resultados a los voluntarios. Aun así, los datos argentinos permanecieron en la base del proyecto, que concluyó en febrero de este año.
Desde comienzos de 2025, Aparicio enfrenta un sumario administrativo en el que se le imputan ocho hechos, entre ellos ocultar información a sus superiores y causar un perjuicio económico al Estado. El INTA, que preside Nicolás Bronzovich, propuso su exoneración, la sanción más grave de la administración pública, que implicaría la pérdida de su cargo en el organismo y también en el Conicet. Los cuestionamientos se centran en los procedimientos de toma y análisis de muestras humanas, el envío de muestras al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a los datos de los participantes, y no en los análisis ambientales.
Su defensa rechaza las acusaciones, sostiene que todas las acciones fueron informadas y que los fondos del proyecto provinieron de Europa y fueron rendidos, y anticipó que, si la exoneración se confirma, recurrirá a la Justicia. El INTA indicó que esperará la resolución del sumario antes de pronunciarse públicamente.

Rechazo y reclamos
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales, agrupaciones científicas y la asociación del personal del INTA impulsan una campaña contra la exoneración y reclaman que los resultados se difundan públicamente. En Balcarce, vecinos que asistieron a la charla pidieron actualizar la legislación, ampliar los controles sobre el agua y los alimentos y estudiar el impacto de los plaguicidas sobre las abejas y la apicultura.
El caso reabre el debate sobre la libertad de investigación en el sistema científico público y sobre el acceso a la información en un país que es uno de los mayores consumidores de agroquímicos del mundo, donde la exposición de las comunidades rurales sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto SPRINT (Unión Europea).

Diez años de monitoreo en playas bonaerenses registraron más de 280.000 residuos, la mayoría plásticos

El Censo Provincial de Basura Costera Marina cumple una década con una serie histórica que confirma que cuatro de cada cinco residuos hallados en la costa de Buenos Aires son plásticos.

Más de 280.000 residuos registrados en diez años de relevamientos en las playas de la provincia de Buenos Aires, y una proporción que casi no cambia: alrededor del 80% son plásticos. Ese es el balance de una década del Censo Provincial de Basura Costera Marina, impulsado por la Red Costera Bonaerense (RECOBO), que se convirtió en el registro más extenso sobre la contaminación de las costas de la provincia.
La iniciativa comenzó en 2016, en el marco de las actividades del Programa de Acción Nacional para Reducir la Interacción de las Tortugas Marinas con los Residuos Marinos. Desde entonces, se repite cada año con una metodología común y relevamientos simultáneos a lo largo del litoral, lo que permite comparar los resultados entre localidades y entre temporadas. En esta década participaron más de 20 localidades bonaerenses y miles de voluntarios.
“Diez años después contamos con una valiosa serie histórica”, destacó Diego Albareda, coordinador de Paisajes Costero-Marinos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, una de las organizaciones que integran la red. Según explicó, esa información muestra que el problema persiste y aporta la evidencia necesaria para impulsar soluciones.

Qué se encuentra en la arena
El último censo con resultados completos, el octavo, se realizó entre septiembre y octubre de 2025. Participaron 50 organizaciones y organismos públicos y 457 voluntarios, que recorrieron 172.359 metros cuadrados de playa en 17 localidades y puntos turísticos. Allí contabilizaron 39.826 residuos.
Los plásticos representaron el 78,36% del total. El ítem más frecuente fueron los fragmentos plásticos, con el 27,32%, restos de objetos que se rompen con el sol, el viento y las olas y que, con el tiempo, se transforman en microplásticos. Les siguieron las colillas de cigarrillos, con el 21,43%; los envoltorios plásticos, con el 8,9%; las bolsas plásticas, con el 8,17%, y el telgopor, con el 7,06%.
La composición de la basura se repite con pocas variaciones año tras año: botellas, tapas, envoltorios y descartables de un solo uso aparecen de manera constante en las playas, tanto en las del Río de la Plata como en las de la costa atlántica. Albareda advirtió en la presentación de esos resultados que los plásticos ya no son un problema exclusivo de la fauna, porque los microplásticos también llegan a las personas a través del agua y los alimentos.

Una amenaza para la fauna marina
El origen del censo explica su foco. Las tortugas marinas que llegan a las aguas bonaerenses, como la tortuga verde, la cabezona y la laúd, confunden bolsas y otros plásticos con su alimento, como las medusas, y los ingieren. Esos residuos pueden obstruirles el sistema digestivo y provocarles la muerte. Lo mismo ocurre con aves, peces y mamíferos marinos, que además pueden quedar enredados en redes, sogas y otros desechos.
Las colillas de cigarrillos, el segundo residuo más frecuente, también tienen un impacto ambiental importante: sus filtros están hechos de un plástico llamado acetato de celulosa y liberan sustancias tóxicas al agua y a la arena.

El censo de este año
Los relevamientos de 2026 ya se realizaron en San Pedro, Vicente López, San Clemente del Tuyú, Villa Gesell, Necochea, Quequén, Monte Hermoso, Miramar, Sauce Grande, Villa del Mar y Bahía Blanca, entre otras localidades. Algunos censos todavía están pendientes por cuestiones climáticas, por lo que los resultados de esta edición se conocerán más adelante.
Para las organizaciones que integran la red, la continuidad del monitoreo es tan importante como sus cifras. Una serie de diez años con la misma metodología permite identificar qué residuos predominan, dónde se concentran y si las políticas de reducción de plásticos de un solo uso tienen efectos concretos en las playas.
Los datos refuerzan además un mensaje que las organizaciones repiten en cada edición: la basura que llega a la costa no se genera solo en la playa, sino también en las ciudades, los ríos y los desagües. Por eso, reclaman medidas que apunten a reducir el uso de plásticos descartables, mejorar la gestión de los residuos y promover la responsabilidad de quienes producen y comercializan envases, además de la participación ciudadana en la limpieza de las costas.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Red Costera Bonaerense (RECOBO), Fundación Vida Silvestre Argentina.

Tucumán anuncia obras de saneamiento para recuperar el río Salí, que hace 50 años era balneario

Las familias tucumanas se bañaban y pescaban en el Salí en los años setenta. Hoy los análisis detectan coliformes fecales miles de veces por encima de lo permitido, Tras los análisis que detectaron coliformes fecales hasta 2.400 veces por encima de lo permitido, la provincia promete plantas depuradoras incluidas en el presupuesto nacional 2027 y controles más estrictos a las industrias.

El gobierno de Tucumán anunció que busca recuperar la cuenca Salí-Dulce con obras de saneamiento cloacal y mayores controles a las industrias que vuelcan efluentes al río Salí. La respuesta oficial llega en medio de la alarma por los análisis de este año, que detectaron coliformes fecales hasta 2.400 veces por encima de lo permitido en un río que, hace apenas medio siglo, era un balneario de aguas cristalinas.
“La provincia no es ajena a la situación del río Salí”, sostuvo el secretario de Producción provincial, Eduardo Castro, quien reconoció que el problema es histórico, con entre 40 y 50 años de antigüedad, y que combina residuos industriales con vertidos cloacales sin tratamiento.

Plantas depuradoras frenadas
Según el funcionario, el plan de obras se definió desde el inicio de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, en 2023. En junio de 2024, la provincia firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para construir plantas depuradoras de líquidos cloacales en Alderetes, Banda del Río Salí, San Andrés, San Felipe, Famaillá, Aguilares y Concepción.
Pero la iniciativa se detuvo. Castro atribuyó la paralización a la política nacional y afirmó que “la obra pública en el marco de este Gobierno nacional no ha sido tenida como prioridad”. Ahora, la provincia logró incluir en el proyecto de presupuesto nacional 2027 las plantas de Alderetes y Banda del Río Salí, con sus sistemas de recolección, además de instalaciones para San Andrés, San Felipe y Concepción. Famaillá y Aguilares quedaron fuera de ese listado, y no se informaron montos ni plazos de ejecución.
En paralelo, la Dirección de Fiscalización Ambiental provincial controla a ingenios, citrícolas y frigoríficos, entre ellos tres plantas frigoríficas que vierten al Salí. El gobierno asegura que es muy estricto con esos controles y que trabaja para contener los vertidos de los asentamientos ubicados a la vera de canales y del río. Santiago del Estero, adonde llegan las aguas, realiza sus propios monitoreos, y la Nación efectúa controles trimestrales en el marco de un convenio con esa provincia vigente desde 2009. Castro defendió, al mismo tiempo, que Tucumán es una provincia netamente industrial y que debe seguir impulsando sus economías locales, un equilibrio que atraviesa todo el debate sobre el río.

Del balneario a la contaminación
El contraste con el pasado es fuerte. En los veranos de los años setenta y principios de los ochenta, las familias tucumanas usaban el Salí como balneario y zona de pesca, con especies de gran tamaño que hoy desaparecieron o escasean. Sergio Pérez, presidente de la Federación de Organizaciones Ambientales de Tucumán, recordó que entonces se pescaban hasta dorados.
Hoy el panorama es otro. Los análisis de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en un muestreo coordinado por el ingeniero Mario Amado junto al legislador José Seleme, encontraron los peores valores en el sector del puente Barros. “Hemos perdido al río por la degradación ambiental”, resumió Martín Sirombra, biólogo de la cátedra de Ecología de la Universidad Nacional de Tucumán.
Entre las causas figuran las descargas cloacales sin tratamiento desde Banda del Río Salí, los efluentes de asentamientos que llegan por el canal Norte, las deficiencias de la planta depuradora de San Felipe, la basura acumulada en canales y basurales clandestinos y el crecimiento urbano sin planificación.

Advertencias de hace tres décadas
Las alertas no son nuevas. En 1996, el ingeniero Antonio García, entonces jefe de Control Sanitario de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, presentó un estudio sobre unos diez kilómetros del cauce que identificó como fuentes de contaminación a la industria citrícola, a los ingenios Concepción y San Juan, a tres frigoríficos y a los vertidos de los canales Norte, Sur y San Cayetano.
La organización Tucumanos en Acción fotografió los mismos canales en 2019 y volvió a hacerlo en agosto de este año. Su representante, Alejandro Gómez, aseguró que en esos siete años la situación prácticamente no cambió.
Con obras que dependen del presupuesto nacional del año próximo y una contaminación que se arrastra desde hace décadas, la recuperación del Salí, y de la cuenca que comparte con Santiago del Estero, sigue siendo una deuda pendiente.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Diario La Gaceta, Portal Tucumán a las 7, Portal Contexto Tucumán, Gobierno de Tucumán

Denuncian que lixiviados del Centro Ambiental de Villa La Angostura llegan al lago Nahuel Huapi

Una denuncia vecinal puso bajo la lupa el Centro Ambiental de Villa La Angostura, el predio donde la localidad neuquina dispone sus residuos sólidos urbanos. Según la presentación, los lixiviados, los líquidos contaminantes que se forman cuando el agua atraviesa la basura, estarían filtrándose y rebalsando desde las celdas hacia el arroyo Calfuco, que desemboca en el lago Nahuel Huapi.

La denuncia fue presentada el jueves 8 de octubre ante la Defensoría del Pueblo local y en pocos días sumó más de cien adhesiones. Su principal impulsor es el vecino Gerardo Minnaard, quien advirtió que la contaminación afecta la biodiversidad, la salud pública y la integridad ecológica del área protegida que rodea a la localidad.

Piletas que rebalsan
El Centro Ambiental funciona en el sector Loma Guacha, sobre la ruta nacional 40, cerca de zonas de bosque andino patagónico. De acuerdo con la presentación, cuando llueve el agua y el escurrimiento desde terrenos más altos ingresan a las celdas y hacen rebalsar las piletas de contención, que desagotan su capa superior, “donde flotan sustancias aceitosas combinadas con lixiviados”, hacia el entorno natural. Los denunciantes hablan de un vuelco grave y continuado de efluentes sin tratar.
La presentación también alerta sobre el riesgo de incendio. En el predio se acumulan residuos forestales, vehículos en desuso y electrodomésticos, y se recuerdan episodios previos de ignición. Según la denuncia, el agua usada por los bomberos para controlar esos focos se suma a la generación de lixiviados, y en verano las celdas llegan a rebalsar.

Advertencias que no se atendieron
El problema no es nuevo. El predio fue destinado a la basura en 1991 por la ordenanza municipal 442, y en 2013 comenzó a funcionar el Centro Ambiental, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2018, un diagnóstico técnico encargado por el propio municipio advirtió que la evaporación en la pileta de lixiviados era casi nula y que existía riesgo de desborde hacia el arroyo: sobre la celda caen unos 13.000 metros cúbicos de lluvia por año, frente a una pileta con capacidad para 800. Un ensayo de octubre de ese año midió 6.505 microgramos de plomo por litro en el líquido de la pileta. El proyecto de adecuación, estimado en hasta 1,06 millones de dólares, nunca se concretó.
En 2019, la ordenanza 3614 reconoció los problemas de capacidad y ordenó la clausura, el cierre y la remediación de la celda, además de informes semestrales. Los vecinos aseguran que no encontraron constancias de esa clausura ni de los informes. En 2021, una inspección de la Dirección Provincial de Fiscalización Hídrica no detectó afectación en el arroyo ese día, aunque en la pileta midió una demanda química de oxígeno de 1.004 miligramos por litro. Desde entonces no hay análisis actualizados, y de las 30 estaciones de la red oficial de monitoreo del lago Nahuel Huapi, ninguna está sobre el Calfuco. El predio, además, limita en tres de sus lados con el Parque Nacional Nahuel Huapi.

La Defensoría toma el caso
El defensor del Pueblo, Sebastián Baltanás, visitó el Centro Ambiental, se comunicó con la Secretaría de Servicios Públicos del municipio y le solicitó una serie de informes. Al evaluar la presentación, consideró que está fundamentada. “No se trata, por tanto, de una presentación genérica o carente de fundamento”, señaló.
Entre las medidas pedidas figuran una inspección urgente de las geomembranas y las piletas de lixiviados, la toma de muestras de agua y sedimentos en el arroyo Calfuco, en su desembocadura y en las costas del lago, un relevamiento térmico de las celdas y acciones inmediatas para contener los vertidos, controlar el ingreso de agua de lluvia y reducir el material combustible. El denunciante plantea incluso evaluar la clausura definitiva de las celdas y aplicar sanciones si se comprueban incumplimientos.
Hasta el momento no se conoce una respuesta pública del municipio, y las afirmaciones de la denuncia todavía requieren análisis de laboratorio que las confirmen.
Minnaard ya había promovido en 2024 un amparo colectivo por el vertido de líquidos cloacales en la localidad, en el que un peritaje confirmó la presencia de líquido séptico crudo. Ahora, la mirada vuelve sobre el lago, esta vez desde el lugar donde termina la basura de la ciudad.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
Provincia/Región: Neuquén 
Fuentes Consultadas: Diario El Cordillerano, Portal La Angostura Digital, Diario Andino, Portal Economía Sustentable

Tras 27 años, la causa de tres vecinos de Ensenada contra YPF espera la definición de la Corte

La demanda por la contaminación del Canal Lateral Oeste, iniciada en 1999 por vecinos de El Dique, ya tiene condenas en dos instancias y la petrolera admitió en su balance que podría derivar en indemnizaciones.

En 1999, tres vecinos de El Dique, en Ensenada, decidieron enfrentar a algunas de las empresas más poderosas del país. Pedro Salagre, Jorge Mario Pezado y Miguel Ángel Casadas denunciaron la contaminación del Canal Lateral Oeste, el curso de agua que corre junto a la Refinería La Plata de YPF y se conecta con el Canal Lateral Este y el Río Santiago. Veintisiete años después, su reclamo acumula dos sentencias favorables y espera la última palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda no busca solo una compensación económica. Los vecinos pidieron que cese la contaminación y que se recomponga el ambiente dañado, un objetivo que los tribunales ya les reconocieron en dos instancias.

Dos fallos a favor de los vecinos
El 7 de febrero de 2022, YPF fue notificada de la sentencia de primera instancia de la Justicia Federal. El fallo tuvo por acreditado el daño ambiental en los canales vinculados a la refinería, ordenó su cese y recomposición y repartió las responsabilidades. El 90% recayó sobre YPF y el Estado Nacional, en una proporción de 80% y 20% entre ambos. El 10% restante quedó a cargo de Petroquímica Cuyo, ex Petroken, y de Garovaglio y Zorraquín.
El 29 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la obligación de cesar y recomponer el daño. Los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo ordenaron presentar un plan de recomposición del pasivo ambiental del canal. El plan debe contemplar el efecto sobre la salud y la seguridad públicas, la prevención de daños futuros y el plazo necesario para la reparación. Lo evaluarán el Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Universidad Nacional de La Plata y las autoridades ambientales de la Nación, la provincia y el municipio de Ensenada. En su fallo, el tribunal sostuvo que “la protección del ambiente es prevalente” frente al desarrollo económico.
Los codemandados llevaron el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que todavía no fue resuelto y que, desde mayo de 2025, circula por una de las vocalías del máximo tribunal.

Lo que admite YPF
La causa volvió a tomar estado público porque la propia petrolera la incluyó en un documento presentado a sus accionistas en febrero de este año. Allí reconoció reclamos por “supuestos daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental” y admitió que podrían implicar nuevas obligaciones económicas. Para cubrirlas previsionó fondos en su balance, sin precisar montos. Por su parte, Garovaglio y Zorraquín informó que “el monto económico de la condena aún no estaba determinado”.
En su defensa, YPF se apoyó en un estudio concluido en 2021 según el cual entre el 88% y el 91% de los hidrocarburos presentes en los sedimentos del canal se habría depositado antes de 1991. Con ese dato, la empresa planteó la responsabilidad del Estado Nacional por las condiciones de la privatización de la compañía. Las resoluciones judiciales, además, no atribuyen a la refinería todas las enfermedades denunciadas por los vecinos.

Un polo bajo la lupa científica
La Refinería La Plata, con capacidad para procesar unos 210.000 barriles diarios, forma parte del Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada, uno de los complejos industriales más grandes del país. Distintas investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET analizaron su impacto durante años.
Un relevamiento del Área de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas identificó el agua y la atmósfera como las principales vías de impacto. Entre 2014 y 2016, un proyecto conjunto de la UNLP y el CONICET monitoreó aire, agua y sedimentos en El Dique, Villa Argüello, Villa Nueva, Berisso, Ensenada y el barrio Mosconi. Otros trabajos analizaron compuestos como el benceno, el tolueno y los xilenos, además de material particulado e hidrocarburos aromáticos policíclicos, conocidos por sus propiedades cancerígenas.
A esos estudios se suman episodios que los vecinos recuerdan bien. En abril de 2013, durante la inundación de La Plata, un incendio dejó hidrocarburos en la vegetación del Canal Oeste. En 2022 y 2024 hubo nuevos incendios dentro del complejo.
Mientras la Corte analiza el expediente, la historia de los vecinos de El Dique ya dejó una marca. Demostró que un reclamo iniciado por tres personas puede obligar a una de las mayores empresas del país a reconocer, ante sus propios accionistas, el costo de la contaminación.


Fecha de Publicación: 12/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Portal La Plata 1, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, CONICET

Santiago del Estero inspeccionó diez ingenios tucumanos por la contaminación del Salí-Dulce

La Defensoría del Pueblo santiagueña, junto con organismos de Tucumán y de Nación, revisó plantas sucroalcoholeras en plena zafra para verificar que no haya vuelcos de vinaza ni cenizas a la cuenca compartida.

En plena zafra, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero volvió a cruzar el límite provincial para revisar de cerca la industria que durante años fue señalada como una de las principales fuentes de contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Durante dos jornadas, un equipo encabezado por su titular, Daniel Escobar Correa, inspeccionó diez establecimientos sucroalcoholeros de Tucumán.
El recorrido incluyó el ingenio y la destilería Bella Vista, y los ingenios Santa Rosa, Corona, Marapa, Santa Bárbara, Famaillá, San Juan, Concepción, La Florida y Leales. Fue la tercera inspección del año. Participaron también el ingeniero Guillermo Silva, de la Defensoría del Pueblo de Tucumán; el ingeniero Marcelo Lizárraga, de la Secretaría de Medio Ambiente tucumana, y el ingeniero Javier Finkelstein, junto con técnicos del área de Ambiente de la Nación.

Tres controles clave
Los inspectores verificaron tres variables. La primera fue el cumplimiento de la meta de "vinaza cero", es decir, que ese residuo no llegue a los cursos de agua. La segunda, la de "ceniza cero", referida a los restos de la quema del bagazo en las calderas. La tercera, el reciclado del agua utilizada para lavar la caña.
La vinaza es el principal desafío ambiental de la producción de bioetanol de caña de azúcar. Por cada litro de alcohol se generan unos 13 litros de este efluente, un líquido con una altísima carga orgánica. Cuando llega a ríos y embalses sin tratamiento, consume el oxígeno disuelto en el agua y puede provocar la muerte masiva de peces.
Los controles se realizan antes del inicio de la zafra, hasta dos veces durante la molienda y al cierre de la temporada. Algunas plantas que producen bioetanol todo el año reciben inspecciones adicionales. Las fuentes consultadas no informaron hallazgos ni incumplimientos concretos detectados en esta recorrida.

Un acuerdo con supervisión de la Corte
Las inspecciones se apoyan en un acuerdo interprovincial firmado el 30 de diciembre de 2011 por los entonces gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y José Alperovich, de Tucumán. Del convenio también participaron la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo santiagueña, y habilita a una provincia a controlar las industrias de la otra y sus vuelcos.
El origen del acuerdo fue un amparo ambiental que Santiago del Estero presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a través de su Fiscalía de Estado y su Defensoría del Pueblo, por la contaminación de la cuenca. Toda la información que surge de los controles se eleva al máximo tribunal, que supervisa el cumplimiento.
La cuenca Salí-Dulce se extiende por cinco provincias, abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados y en ella viven cerca de 2,5 millones de personas. El río Salí atraviesa Tucumán y desemboca en el embalse de Río Hondo. Ya en territorio santiagueño, continúa como río Dulce hasta la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. Sus aguas se usan para riego, producción y consumo humano y animal. La contaminación del río y del embalse motivó en 2007 la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca.

Monitoreo permanente
Desde mayo de 2012, la Defensoría santiagueña monitorea los 365 días del año 32 puntos de control de efluentes, el embalse de Río Hondo y los afluentes industriales. Es un control diario que busca detectar a tiempo cualquier vuelco. Desde el Gobierno tucumano sostienen que la calidad del río mejoró en materia de residuos industriales gracias a los controles semanales que se realizan en conjunto con Santiago del Estero antes de que el cauce ingrese en esa provincia.
Sin embargo, el Salí sigue enfrentando otros problemas. Un estudio difundido esta semana, con muestras analizadas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, no encontró valores significativos de metales ni sustancias químicas en su paso por el Gran Tucumán. Pero sí detectó una fuerte contaminación de origen cloacal, con niveles de coliformes fecales que llegaron a superar 2.400 veces el máximo de referencia a la altura del puente Ingeniero Barros.
Para la cuenca compartida, el desafío es doble: sostener los controles sobre la industria azucarera, que durante la zafra concentra el mayor riesgo, y avanzar sobre los efluentes urbanos que todavía llegan sin tratamiento al río.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Fuentes Consultadas: El Liberal, Nuevo Diario de Santiago del Estero, Contexto Tucumán, Ministerio de Ambiente de la Nación (Cuenca Salí-Dulce)

Un estudio halló en el río Salí materia fecal hasta 2.400 veces por encima del máximo de referencia

Un relevamiento en cuatro puntos del cauce, analizado por la Estación Experimental Obispo Colombres, mostró que la contaminación bacteriológica se dispara al atravesar el Gran Tucumán y reavivó el debate por el saneamiento de la cuenca.

El río Salí, principal curso de agua de Tucumán, llega contaminado al Gran Tucumán y sale de él en peores condiciones. Esa es la conclusión central de un relevamiento sobre la calidad del agua en el tramo que atraviesa el Área Metropolitana, que detectó en el puente Ingeniero Barros, el que une la Capital con Alderetes, concentraciones de coliformes fecales hasta 2.400 veces superiores al valor máximo que los investigadores tomaron como referencia normativa.
El trabajo fue coordinado por el ingeniero Mario Amado, del equipo técnico del legislador provincial José Seleme. Las muestras se extrajeron el 13 de mayo ante escribana pública y se enviaron a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) identificadas solo con un número.

Cuatro puntos sobre el cauce
Para comparar cómo entra el agua al conglomerado y cómo lo abandona, se eligieron cuatro sitios: el dique La Aguadita, al norte; el puente Barros; el puente Lucas Córdoba, entre la Capital y Banda del Río Salí, y la zona de las canteras, al sur y ya fuera del aglomerado.
La EEAOC analizó metales pesados y sustancias químicas, como plomo, arsénico, éter etílico y detergentes, además de coliformes totales y fecales. En el primer grupo no aparecieron valores significativos. El panorama cambió por completo con los indicadores bacteriológicos.
Aun tomando como base La Aguadita, donde el agua ya llega contaminada, los coliformes totales se multiplicaron por 5,6 en el puente Barros y por 25,6 en el Lucas Córdoba, para volver a 5,6 veces el valor inicial en las canteras. Los coliformes fecales, asociados a desechos humanos o animales, crecieron 32 veces en el puente Barros, 10 en el Lucas Córdoba y 5,7 en las canteras. Frente al límite normativo usado en el estudio, la brecha es mayor: La Aguadita lo supera 75 veces; el puente Barros, 2.400; el Lucas Córdoba, 750, y las canteras, 430.
Las muestras se tomaron tras un período de lluvias abundantes y antes de la zafra, un momento que el equipo consideró favorable para el río. Por eso estimó, sin haberlo medido, que con menor caudal y plena actividad industrial los valores podrían ser más altos. Un trabajo de investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET publicado en 2006 ya había observado ese patrón con indicadores químicos: la alteración que provoca el Gran San Miguel de Tucumán sobre el Salí se intensifica en la época seca, cuando la carga contaminante duplica la del período húmedo.

Cloacas, canales y asentamientos
Los técnicos atribuyeron las diferencias a múltiples fuentes urbanas: la planta depuradora de Las Talitas, que recibe los líquidos cloacales de esa ciudad, de Tafí Viejo y de Villa Carmela; el bajo porcentaje de viviendas conectadas a la red en algunos sectores; los canales Norte, Sur, San Cayetano y ex Aeropuerto, y comunas sin cloacas donde los efluentes terminan en pozos ciegos, canales o directamente en el agua.
El informe advierte que el contacto con esta agua puede causar cuadros gastrointestinales e infecciones de piel, ojos y oídos, con mayor riesgo para niños y adultos mayores. El dato pesa porque hay familias asentadas en las márgenes, muchas sin servicios básicos, y porque varios tramos se usan para pescar.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, del que depende el área ambiental, una fuente oficial describió el cuadro como una crisis socioambiental que no se resuelve solo tratando el agua. Admitió que los controles provinciales probablemente coincidan, pero pidió repetir los muestreos en otras épocas del año y sostuvo que los residuos industriales disminuyeron gracias a controles semanales compartidos con Santiago del Estero.
Ese control conjunto tiene historia. La cuenca Salí-Dulce abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados en cinco provincias, donde viven cerca de 2,5 millones de personas, y su contaminación motivó en 2007 la creación de un Comité Interjurisdiccional y, en 2011, un acuerdo entre Nación, Tucumán y Santiago del Estero para reducirla.

"Miremos al río"
Con estos resultados, Seleme presentó el proyecto de ley "Miremos al río", en cuyos fundamentos sostiene que el Salí atraviesa un "estado de emergencia ambiental" en buena parte de su cuenca, agravado en el Gran Tucumán, donde vive cerca de un millón de personas. La iniciativa propone cuatro ejes: saneamiento hídrico, recuperación del ecosistema ribereño, gestión de riesgos e integración urbana, e inclusión social, con foco en los barrios de las riberas.
Los investigadores concluyeron que hacen falta más estudios para identificar con precisión las fuentes y políticas públicas para reducir los riesgos. Para el legislador, la magnitud del deterioro exige una política de Estado sostenida en el tiempo.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Contexto Tucumán, Diario Primera Fuente

Denuncian que AySAM vuelca cloacas en un predio de Maipú cercano al humedal Leyes-Tulumaya

Una organización civil llevó a la Justicia los vertidos de efluentes sin tratar que la empresa estatal de agua realiza desde 2015 en un campo de 12 hectáreas, a pocos metros del arroyo Leyes y de lagunas protegidas, con riesgo de que la contaminación alcance las napas.

En un campo de unas 12 hectáreas sobre calle Los Pinos, en el departamento mendocino de Maipú, se formó con los años una laguna que no figura en ningún mapa hídrico. La alimentan los líquidos cloacales sin tratar que Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), la empresa estatal de agua de la provincia, deriva allí desde 2015. La situación llegó a la Justicia a partir de una denuncia de la organización Fiscalía Ciudadana, que advierte por el riesgo de contaminación de las napas y de un sistema de humedales cercano.
El predio está ubicado a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza, junto al trazado de la Colectora Máxima Noreste, el caño que conduce los efluentes cloacales hacia la planta depuradora El Paramillo. A poca distancia corre el arroyo Leyes y se extienden las lagunas El Viborón, La Paloma y Soria. Esas lagunas integran el sistema Leyes-Tulumaya, declarado de interés para su conservación en 2020.

Una emergencia que duró once años
La propia empresa reconoció los vertidos. AySAM explicó que la derivación hacia el campo funciona como un mecanismo de emergencia ante las fallas estructurales de la colectora, un caño construido en la década de 1980 que se fracturó en 2015. También sostuvo que los vuelcos se producen de manera "esporádica y eventual", solo ante contingencias como tormentas que elevan los caudales. En los momentos de mayor descarga, la superficie afectada llegó a abarcar unas 40 hectáreas.
Las constataciones realizadas en junio pusieron en duda esa explicación: se registraron descargas aun cuando no había llovido en los días previos. Marcos Neirotti, vicepresidente de Fiscalía Ciudadana, sostuvo que la situación ya era conocida por las autoridades de control y que, pese a ello, el daño ambiental continuó durante años.
Los antecedentes le dan sustento a ese planteo. El Departamento General de Irrigación ya había intimado a AySAM el 3 de agosto de 2021 a frenar los vertidos y presentar un plan de remediación, y reiteró el pedido seis días después. Cuando el caso se reactivó este año, el expediente físico de aquellas actuaciones no pudo ser localizado.

La denuncia y la respuesta oficial
Fiscalía Ciudadana presentó su denuncia ante Irrigación el 29 de mayo, a partir de denuncias anónimas, y luego promovió una querella penal. Ese mismo día, el organismo labró un acta en la que intimó a la empresa a sanear el área y a retirar el caño que descargaba desde una boca de registro del colector. La intimación se basó en una resolución destinada a prevenir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En la inspección no se observaron vuelcos activos, pero sí una extensa superficie de agua estancada con olor característico de efluentes cloacales.
Dos días después de la denuncia, el 31 de mayo, AySAM firmó un acuerdo con el propietario del campo para utilizarlo como área de contención ante contingencias. La empresa proyecta construir allí una laguna de contención con terraplenes perimetrales y avanzar con el reemplazo progresivo de la vieja colectora. Esas obras cuentan con un financiamiento de 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El principal riesgo señalado por los denunciantes es la infiltración. Como el suelo del predio no está impermeabilizado, los efluentes podrían alcanzar las aguas subterráneas y, desde allí, el sistema de humedales, aunque ese impacto todavía no fue acreditado judicialmente. El caso ya involucra a Irrigación, a la autoridad ambiental provincial y a la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.

Un patrón que se repite
La denuncia de Maipú no es el primer frente judicial de AySAM por vuelcos cloacales. El 26 de mayo, el fiscal Gabriel Blanco imputó al presidente de la empresa, Humberto Mingorance, al gerente general Darío Hernández y al gerente de Operaciones Carlos Sifuente por los derrames en Los Corralitos, en Guaymallén. Los cargos son daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación del agua peligrosa para la salud. Unas semanas antes, Irrigación había multado a la empresa con 100.000 unidades de agua, unos 120 millones de pesos, por esos mismos vertidos.
En ambos casos aparece el mismo telón de fondo: una infraestructura cloacal envejecida cuyas fallas, según los denunciantes, terminan descargándose sobre suelos, canales y humedales de la provincia.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes Consultadas: Portal La Política Ambiental, Portal Data24, Departamento General de Irrigación de Mendoza

Fijan para marzo el juicio contra Comarsa por acopiar residuos petroleros en Neuquén

Tres directivos de la empresa enfrentarán un debate oral con unos 150 testigos por la contaminación con desechos de Vaca Muerta en el Parque Industrial neuquino, aunque antes el Tribunal Superior de Justicia deberá resolver un último planteo de las defensas.

Después de seis años de investigación, varias idas y vueltas judiciales y un intento fallido de cerrar la causa sin debate, el caso Comarsa ya tiene fecha. Tres directivos de la empresa de tratamiento de residuos peligrosos serán juzgados entre el 15 de marzo y el 23 de abril de 2027. Están acusados de contaminar con desechos de la actividad petrolera terrenos del Parque Industrial de Neuquén, en una zona que hoy forma parte del área de expansión urbana de la capital provincial.
La Oficina Judicial Penal (Ofiju) programó un juicio oral y público en el que declararán alrededor de 150 testigos y peritos. La acusación estará a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, acompañado por dos querellas: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.

Hornos que no se usaron
Comarsa fue habilitada en 2011 para remediar suelos contaminados con hidrocarburos mediante hornos de tratamiento térmico. Según la acusación, desde mediados de ese año la firma acopió grandes cantidades de material contaminante sin tratar, tanto en su propio predio como en tierras lindantes que no le pertenecían, y lo hizo sobre terrenos sin impermeabilizar.
Los fiscales sostienen además que los directivos emitieron certificados de tierras tratadas sin haber realizado efectivamente esa tarea, mientras la planta seguía recibiendo residuos de las operadoras que trabajan en Vaca Muerta. La imputación se encuadra en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, 24.051, por contaminación ambiental.
Las consecuencias de esa práctica todavía están a la vista. Los desechos permanecen acopiados en el Distrito 6, uno de los sectores hacia donde crece la ciudad de Neuquén, y frenaron obras de urbanización sobre la calle Soldi. A la afectación del suelo se suma el impacto sobre la calidad del aire en la zona.

Un camino judicial sinuoso
El expediente atravesó varias etapas antes de llegar a esta instancia. El año pasado, los acusados obtuvieron una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, que les habría permitido evitar el debate oral a cambio de cumplir determinadas condiciones. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación revocó ese beneficio y devolvió la causa al camino del juicio.
En agosto, el juez de garantías Juan Manuel Kees elevó formalmente el caso a juicio. En esa audiencia rechazó los pedidos de sobreseimiento de dos de los imputados y sostuvo que "será a través de un juicio donde se determine la participación de cada uno". También definió que el caso lo resolverá un tribunal colegiado de jueces profesionales y no un jurado popular, como había solicitado la fiscalía. El magistrado explicó que en Neuquén los juicios por jurados se reservan para delitos contra la integridad sexual o con resultado de muerte o lesiones graves cuya pena supere los 15 años.
El último obstáculo antes del debate es una queja que las defensas de los tres empresarios presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en su intento por revertir la revocación de la probation. El máximo tribunal provincial deberá pronunciarse antes del 5 de noviembre. Si la rechaza, el calendario fijado por la Ofiju quedará firme.

El basurero de Vaca Muerta
La causa pone el foco en un eslabón poco visible de la explotación no convencional: el destino de los residuos que genera la extracción de hidrocarburos. El esquema era sencillo. Las operadoras enviaban sus desechos a Comarsa y la empresa debía devolverlos como suelo remediado, con un certificado que lo acreditara. Según la acusación, esos papeles no se correspondían con lo que realmente ocurría en el predio, donde el material se seguía amontonando sin ningún tratamiento.
Mientras el expediente avanzaba entre recursos y audiencias, los residuos siguieron en el mismo lugar. Más de una década después de que comenzara el acopio, el material continúa en el Distrito 6, a la espera de una definición judicial. Esa definición también incidirá sobre el futuro de esos terrenos, sobre su eventual remediación y sobre los planes de crecimiento urbano de la ciudad.
Si el Tribunal Superior no altera el cronograma, el debate oral comenzará el lunes 15 de marzo y se extenderá durante casi seis semanas. En ese tiempo, los testigos y peritos deberán reconstruir qué pasó en la planta a lo largo de esos años.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Diario Neuquino, Diario Río Negro, Poder Judicial de Neuquén

Los arroyos Crespo y El Espinillo vuelven a teñirse de rojo y vecinos señalan al parque industrial

La Red Cuenca Las Conchas constató una nueva coloración rojiza en dos arroyos de Entre Ríos, junto a la descarga de las piletas de tratamiento de Crespo. Denuncia que ocurre cada octubre desde hace tres años y que solo dos de las ocho industrias del parque industrial tienen certificado ambiental. Hay una denuncia presentada ante la Secretaría de Ambiente, sin respuesta oficial por ahora.

Los arroyos Crespo y El Espinillo volvieron a verse teñidos de rojo, según alertó la Red Cuenca Las Conchas tras una constatación a campo el 1 de octubre, con fotos y videos. Integrantes de la organización siguieron el rastro hasta la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la ciudad de Crespo. Los dos cursos desembocan en el arroyo Las Conchas, en el departamento Paraná. La Red sostiene que el episodio se repite cada octubre desde hace tres años.

Qué denuncia la Red
La organización presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y espera respuesta. Según Era Verde, la Secretaría estaba al tanto y habría hecho un recorrido y un muestreo, algo que no pude confirmar por otra vía. La sospecha apunta al Parque Industrial de Crespo y a un posible desborde de las piletas de tratamiento de efluentes, aunque la Red no presenta una conclusión definitiva, sino una repetición y un punto de descarga. Un informe municipal de diciembre de 2025 indica que ocho industrias del parque vuelcan efluentes tratados al sistema cloacal municipal, y solo dos cuentan con certificado ambiental. La Red pide regularizar la situación y poner fin a los vertidos en unos arroyos que describe como fuente de vida, trabajo y esparcimiento. También reconoce que las autoridades municipales respondieron siempre a sus consultas, pero dice que la persistencia del problema le genera preocupación e impotencia.

Por qué los controles no lo detectan
La Red cita un informe científico publicado en julio, "Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas". Según su lectura, los monitoreos convencionales y escasos no captan los pulsos de contaminación breves pero intensos, que se producen cuando los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales desbordan con las lluvias y arrastran lo acumulado de una sola vez. Por eso va a pedir reuniones con las industrias del sector y el diseño participativo de un monitoreo adecuado para la cuenca.

Qué se sabe y qué no
Ninguna de las fuentes informa qué sustancia produce el color rojo, ni hay resultados de laboratorio del agua. Tampoco aparecen datos sobre posibles efectos en la salud de quienes usan los arroyos para trabajar o recrearse. Esos resultados, de los muestreos que habría hecho la Secretaría de Ambiente, son el dato clave que falta. No encontré declaraciones del municipio de Crespo ni de las industrias del parque.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
Provincia/Región: Entre Ríos
Fuentes Consultadas: Diario Uno Entre Ríos, Portal Elonce

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Tres laboratorios independientes analizaron piedras de granizo recogidas en Funes, Santa Fe, después de que productores notaran que algunas tardaban hasta 48 horas en derretirse pese al calor. Los resultados preliminares detectaron microplásticos y una decena de metales, aunque los especialistas remarcan que todavía no se puede determinar su origen.

Un análisis preliminar realizado sobre muestras de granizo recolectadas en Funes, en el sur de la provincia de Santa Fe, detectó la presencia de microplásticos, metales y distintos elementos químicos. Las muestras fueron enviadas a tres laboratorios independientes -dos de Rosario y uno de Córdoba- y los resultados abrieron interrogantes sobre la composición de las partículas presentes en la atmósfera. El estudio surgió después de que productores de la zona observaran que algunas piedras de granizo permanecían parcialmente sin derretirse durante entre 24 y 48 horas, pese a que posteriormente se registraron temperaturas de hasta 27°C. La tormenta, que dejó piedras de un tamaño similar al de un huevo, también provocó daños en viviendas y vehículos.

Qué se encontró
Entre las sustancias identificadas en los primeros análisis aparecen calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc, además de partículas de microplásticos. Sin embargo, los resultados se encuentran todavía en una etapa preliminar, y la sola detección de estos elementos no permite establecer por sí misma de dónde provienen ni cómo llegaron a las piedras de granizo. El médico epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, integrante de Epidemiólogos Argentinos y quien participó en la logística vinculada con el envío de las muestras, planteó la necesidad de profundizar los estudios y ampliar la cantidad de material analizado, repitiendo los análisis e incorporando nuevas muestras durante un período prolongado para determinar si se trata de un fenómeno aislado o de un patrón que se repite.

Por qué puede haber microplásticos en el granizo
Las precipitaciones pueden incorporar partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera: en el caso del granizo, estas pueden quedar atrapadas durante los distintos procesos de congelamiento y crecimiento que ocurren dentro de las nubes de tormenta. Los microplásticos pueden encontrarse en el aire y ser transportados por las corrientes atmosféricas a diferentes distancias antes de depositarse nuevamente sobre la superficie mediante precipitaciones. Entre las posibles fuentes de estas partículas atmosféricas se cuentan actividades industriales, el tránsito vehicular, la combustión, actividades agrícolas, residuos, polvo del suelo y el transporte de materiales desde otras regiones. Algo similar ocurre con los metales, cuya presencia puede responder a fuentes naturales o antrópicas y requiere estudios específicos para establecer concentraciones, distribución y procedencia.

La hipótesis sobre la modificación climática
Los resultados también dieron lugar a una hipótesis relacionada con la siembra de nubes o la modificación artificial del clima. Salazar Cisneros planteó que algunos de los elementos identificados podrían actuar como núcleos de hielo, partículas alrededor de las cuales puede producirse el congelamiento de agua dentro de las nubes. No obstante, la presencia de esos elementos no demuestra que hayan sido incorporados artificialmente a las nubes: las partículas que actúan como núcleos de hielo pueden tener distintos orígenes naturales y humanos. Para establecer una eventual relación con técnicas de modificación meteorológica sería necesario contar con evidencia adicional, analizar las características y concentraciones de las partículas, compararlas con muestras de referencia, estudiar las condiciones meteorológicas del momento y reconstruir las trayectorias de las masas de aire.

Qué estudios serían necesarios
Para avanzar sobre el origen de los materiales encontrados haría falta ampliar el monitoreo ambiental y realizar análisis comparativos con muestras de aire, agua, suelo y otras precipitaciones, además de nuevos ejemplares de granizo recolectados en distintos puntos y durante diferentes tormentas. También sería relevante incorporar información meteorológica, especialmente sobre las condiciones atmosféricas y el desplazamiento de las masas de aire durante el episodio. La presencia de microplásticos en el ambiente no es, de todos modos, un fenómeno exclusivo del granizo: distintas investigaciones ya documentaron estas partículas en ecosistemas terrestres y acuáticos de la Argentina, incluidos cursos de agua alejados de grandes centros urbanos, lo que muestra que pueden desplazarse y depositarse en lugares distantes de sus fuentes originales. Por el momento, la principal conclusión es que se necesitan más muestras, nuevos análisis de laboratorio y monitoreos ambientales para establecer si se trata de un episodio aislado o de un fenómeno que pueda repetirse.


Fecha de Publicación: 05/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Diario La Capital, Diario Uno Santa Fe, Diario Río Negro